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El señor GIRARDI.- ¿Teníamos ocho minutos, señor Presidente?
El señor NAVARRO .- Déjeme uno, señor Senador.
El señor GIRARDI.- Así lo haré.
Señor Presidente , nos hallamos ante un tema muy relevante, ya que ha sido objeto de una tremenda connotación pública. Porque estamos haciendo referencia a medicamentos y políticas de salud. El medicamento, muchas veces, cierra el proceso de salud. Y cuando ocurre el tipo de interferencias e interacciones que nos ocupan se está violando un derecho humano fundamental -a mi juicio, se trata de políticas criminales-, pues muchas personas, de todo tipo, se han visto impedidas de tomar sus fármacos.
Conozco jubilados que no han podido comprar anticancerígenos no incluidos en el AUGE cuyos precios han subido por encima de 60 mil pesos, así como enfermos de hipertensión maligna a quienes no les ha sido posible adquirir sus hipotensores o diabéticos que tampoco han accedido a sus medicinas.
¿De qué se trata? Con el Diputado señor Silber formulamos una denuncia, en mayo del año pasado, ante la Fiscalía Nacional Económica, sobre la base de que se había iniciado una investigación respecto del precio de los anticonceptivos, que había aumentado en más de ciento por ciento. ¿De qué nos dimos cuenta? A los precios de referencia de la CENABAST, que compra al por mayor, les aplicamos el IVA y diez por ciento de margen de utilidad, y los comparamos. Porque la adquisición es igual a la de las farmacias. Y advertimos que eran hasta mil por ciento más caros.
¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, me ha tocado indicar un tratamiento a niños afectados por bronquitis obstructiva, los que necesitan dos inhaladores: salbutamol y budesonida, y un antialérgico. El salbutamol, en vez de costar mil pesos, valía seis mil; la budesonida, en vez de mil 600 pesos, 16 mil, y la cetirizina, en vez de mil pesos -como mucho-, 6 mil. Entonces, los señores Senadores se darán cuenta de que una receta que debía representar poco más de 3 mil pesos ascendía a cerca de 30 mil.
¡De eso estamos hablando: de la violación de un derecho fundamental!
¿Por qué ocurre lo anterior? Por varios problemas.
En primer lugar cabe mencionar la integración vertical. En la medida en que las farmacias recurran a ella, actúan con el incentivo de vender sus propios productos y les pagan a sus dependientes estímulos para hacerlo. Estos últimos no tienen más alternativa, pues ganan 26 mil pesos.
En mi poder se encuentran correos electrónicos -los presentaré el próximo viernes al Ministerio Público- que demuestran cómo esos establecimientos instruyen a sus empleados para expender determinados productos. Si venden el genérico, reciben cinco pesos por cada uno; si se trata del mismo producto, pero de marca -que cuesta mil por ciento más-, 180 ó 200 pesos. Y en el computador, detrás del mostrador, ven una lista de precios y a cuánto asciende el incentivo que logran por colocar cada uno de los artículos.
Por eso, cuando una persona va a comprar un genérico, le contestan: "No hay". Mas no es eso. La explicación se encuentra en lo que acabo de señalar. ¡Y constituye un escándalo, un robo a mano armada, una vergüenza!
Queremos, entonces, que no solo la Fiscalía Nacional Económica, sino también el Ministerio Público sancione esas acciones, porque corresponden a los tipos consagrados en los artículos 285 y 286 del Código Penal, relativos al aumento fraudulento de los precios.
Además, presentamos una denuncia no solamente ante la Fiscalía Nacional Económica, en mayo del año pasado, sino también en el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, porque no se exhibía la lista de precios. ¡Recorrimos todas las farmacias de cadena en dicha comuna y ninguna lo hacía!
¿Qué significa eso? El artículo 30 de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores dispone que los precios deben estar indicados en forma permanente. Sin embargo, no lo están. Si mis Honorables colegas van a una farmacia, hacen la fila y piden un medicamento, pasan a este por la maquinita y les dan el precio. ¡Ustedes tienen derecho a ver todo el listado de paracetamoles -llámense "Kitadol" o como sea- y decidir de acuerdo con el costo! Hoy día eso está denegado. A pesar de que fueron sancionadas por ello, ninguno de los locales de las cadenas indica la lista de precios.
Debo recordar que Farmacias Ahumada, en octubre del año pasado, al igual que ahora, reconoció que carecía de esa lista y que la prepararía. En cambio, Salcobrand y Cruz Verde nunca lo hicieron y nos amenazaron con querellas.
Presentamos otro recurso, en junio del año pasado, al Instituto de Salud Pública (ISP), dando a conocer los pagos ilegales a los dependientes, motivo por el cual se sancionó con una multa de treinta millones de pesos. ¡Y los siguen efectuando!
Tenemos en nuestro poder un registro de ayer, con testimonios gráficos de cómo les continúan pagando primas y los incentivan a vender determinados productos para recibir comisiones especiales.
¡De eso estamos hablando, que es lo que debe terminar!
También se debe concluir con la sustitución de la receta médica. Esta debe ser un instrumento público y tenemos que obligar al facultativo a que señale el genérico. Si quiere poner el de marca, que lo haga, pero que cumpla esa obligación, a fin de que sea el paciente quien resuelva en virtud de los precios.
Asimismo, se requiere establecer sanciones mucho más altas a la violación de las normas.
Nosotros hicimos una comparación de precios durante la semana pasada y los medicamentos no habían bajado en un peso -¡en un peso!- en ninguna de las cadenas.
Por eso, aparte de terminar con la integración vertical, de obligar a que exista lista de precios, de impedir la sustitución de recetas médicas -muchas de estas farmacias, además, las envían a una instancia intermediaria que les indica a los laboratorios qué está prescribiendo cada profesional y violan la información confidencial del paciente-, creemos que es necesario tomar en serio la posibilidad de sancionar penalmente la colusión, de disolver las sociedades cuando se establezca una situación tan grave, y somos partidarios de que la CENABAST pueda venderles a pequeñas farmacias que no son parte de los grupos monopólicos para que logren sobrevivir.
Debiera estudiarse, también, la alternativa de que los consultorios, los hospitales, fuesen vendedores de medicamentos, lo que significaría una gran reforma, porque hoy día no tienen los recursos, ni el personal, ni el espacio físico para ello.
Sin embargo, hay algo muy importante: lo fundamental, para poder superar parte de la situación de inequidad, es que los consultorios y hospitales entreguen cien por ciento de la receta a los beneficiarios del sistema público. Hoy día solo llegan a 45 por ciento de ella.
Nos quedarían FONASA de libre elección y la gente de las ISAPRES. Son temas que tenemos que discutir.
Señor Presidente , dejo hasta aquí mi intervención para que el Senador señor Navarro pueda agregar algo al debate.
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