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El señor ESPINA.- Señor Presidente , me parece muy importante el recuerdo que ha hecho el Honorable señor Kuschel con respecto al informe que años atrás analizó una materia extraordinariamente relevante.
Coincido en que el caso de denuncia de colusión en contra de tres cadenas de farmacias, conocido hace algunas semanas, reviste especial gravedad. Ello, porque es de la esencia de un modelo de economía social de mercado la libre competencia, así como de esta última lo es el respeto a la fe pública.
Es decir, la libre competencia funciona en la medida que quienes estén dispuestos a entrar a las reglas del juego compitan lealmente con el propósito de intentar vender los productos de la mejor calidad al menor precio. Y cuando tal relación se rompe, se afecta la credibilidad en un modelo que trae progreso a las sociedades si sus reglas se respetan.
En ese sistema el Estado no es neutral. Es cierto que cumple un rol subsidiario, pero ello no significa que no haya que poner el acento en lo que tiene que hacer, y no solo en lo que no debe realizar.
El Estado debe efectuar a lo menos dos cosas: primero, ser eficiente en el uso y distribución de los recursos que pertenecen a todos los chilenos (porque de ellos provienen); y, en segundo lugar, actuar donde las normas de la libre competencia no sean capaces de resolver problemas sociales acuciantes y graves.
Pero, sobre todo, el Estado ha de regular adecuadamente a fin de que se respeten las reglas del juego.
Señor Presidente , cuando se critica a la Administración Pública por actos de corrupción, y ello se señala clara y categóricamente, no puede haber un doble estándar. Deben criticarse con la misma fuerza y decisión los actos corruptos que se cometen en la empresa privada. Y precisamente por ser tales, gran parte de las legislaciones del mundo tipifican con sanciones penales los actos de colusión, porque significan concertarse en forma fraudulenta para alterar las normas de la libre competencia en perjuicio de los usuarios, y en el caso que nos ocupa, de quienes reciben nada menos que medicamentos.
Al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia le corresponderá determinar la efectividad de las denuncias, y, posteriormente, a la Corte Suprema. Pero hay un hecho evidente: una de las cadenas de farmacias involucradas confesó formar parte de una colusión, antecedente que gatilla finalmente el que hoy día exista el proceso de connotación pública a que nos hemos referido.
Obviamente, los tribunales deberán resolver sobre el particular y las partes tendrán derecho a exponer sus puntos de vista. Mas, frente a tal situación no es posible ser neutral y, por lo tanto, es preciso manifestar que deben sancionarse con la misma fuerza los actos irregulares cometidos tanto en el sector privado como en el sector público, sobre todo si en ellos está en juego la fe pública.
Junto con los Honorables señores Chadwick , Cantero , García , Horvath , Allamand y otros Senadores presentamos un proyecto que tiene por finalidad sancionar penalmente la colusión, como ocurre en muchos países del mundo. Y no hay que tenerle miedo a establecer una normativa de tal naturaleza, porque se trata de un acto de defraudación a la fe pública.
No quiero referirme al caso particular en comento, porque -repito- tendrá que ser resuelto por la justicia. Pero digamos las cosas como son: se ha afectado la credibilidad de un sistema en el que yo, a lo menos, creo profundamente.
Por lo tanto, en esta materia debemos proceder en forma categórica, clara y sin doblez.
En seguida, la incorporación de la delación compensada -con esto termino, señor Presidente - representa un gran acierto. Porque mediante esa norma el Estado declara: "Con tal de que se desarticule una red organizada en perjuicio de los usuarios, estoy dispuesto a aminorar la sanción al involucrado que confiese el hecho". Se trata de una herramienta que habrá de ponerse en práctica y perfeccionarse, pero, sin duda, constituye un avance importante para descubrir casos de colusión, que representan acciones corruptas en las cuales la prueba siempre es muy difícil.
En consecuencia, señor Presidente, el hecho de que las instituciones funcionen como corresponde, lejos de debilitar el modelo de economía social de mercado, lo fortalece.
No es pertinente adelantar culpabilidades, porque en una democracia y en un Estado de Derecho ellas deben ser resueltas por los tribunales. Pero sí lo es el tener conciencia de que cuando estos actos se cometen en el sector público o en el privado debemos ser claros y categóricos en orden a no aceptar que ello continúe ocurriendo.
He dicho.
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