-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640727/seccion/akn640727-po1-ds2-ds15
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/828
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnres:Participacion
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/2
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/828
- rdf:value = "
El señor SABAG.- Señor Presidente , el país conoció con indignación y espanto, hace algunas semanas, la noticia de que las tres grandes cadenas de farmacias existentes en el país se habrían coludido y concertado para fijar precios a 222 medicamentos. Ese hecho representa un grave atentado a la Ley de Defensa de la Libre Competencia y los responsables deberían recibir las sanciones más drásticas que ella contempla para este tipo de delitos.
Con todo, más allá del simple hecho de trasgresión a una ley de la República, subyace una realidad que no podemos soslayar. Al contrario, debemos desnudarla ante la opinión pública para que no quede ninguna duda acerca de la gravedad del delito cometido en contra de los compatriotas más modestos, más sufrientes y más dignos de toda ayuda: los enfermos. En efecto, se ha pretendido obtener ganancias a costa de ellos, subiendo en forma concertada el precio de los medicamentos que usan todos los días para controlar alguna enfermedad y alcanzar, dentro de lo posible, una mejor calidad de vida.
Por lo anterior, quienes resulten responsables de los hechos denunciados por la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia deberán sufrir todo el rigor de la ley vigente, que establece penas pecuniarias.
Ahora bien, quiero ir más allá todavía y, aunque resulte duro decirlo, señalar que coincido con quienes piensan que deben imponerse penas de privación de la libertad para todos los involucrados en actos como los que nos ocupan. Nadie desea volver a los tiempos en que el burócrata de turno fijaba desde su escritorio los precios de los productos para todo el país; pero, sí, establecer mayores y permanentes regulaciones que permitan evitar tales atropellos a la legislación vigente y a los ciudadanos más necesitados.
En el fondo, aquí se ha vulnerado en su sentido más profundo el sistema de libre mercado, que rige desde mediados de los años setenta en Chile.
En el caso de la colusión de las tres grandes cadenas de farmacias antes mencionado, ellas, en pleno siglo XXI, quisieron cumplir el papel del burócrata de la década de los setenta, cuando no existía el libre mercado. Bien sabemos que la razón principal de este último radica en que la libre concurrencia de vendedores y compradores de bienes y servicios sea el mecanismo que determine el precio. Esta fórmula ha sido eficiente para poner al alcance de todos algunos bienes que antes solo podían estar en manos de unos pocos privilegiados.
Queda claro, entonces, que cuando nuestra legislación protege la libre competencia y sanciona las conductas contrarias a ella busca promover y defender el libre mercado como principio fundamental de nuestro orden público económico.
En ese campo y en ese sentido ha actuado la Fiscalía Nacional Económica al denunciar la colusión llevada a cabo por las tres principales cadenas de farmacias del país: Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, que controlan el 92 por ciento del mercado farmacéutico nacional, formando un pequeño oligopolio.
Ellas se reparten una torta que ya en 2004 se estimaba en aproximadamente 600 millones de dólares al año. Hoy, la cifra debe ser significativamente mayor. Dejan, por lo tanto, el 8 por ciento restante para cerca de 700 farmacias pequeñas que no pertenecen a esas cadenas y que se encuentran repartidas a lo largo del país, hasta en los más apartados rincones.
En América Latina, Chile ocupa el tercer lugar entre los mayores consumidores de medicamentos. Esos 600 millones de d��lares que se facturaron en 2004 corresponden a la venta de cerca de 200 millones de unidades de fármacos.
En 2000 se inició la concentración de las farmacias hasta formar las tres cadenas que conocemos: Ahumada, con más de 130 locales; Salcobrand, con una cantidad casi igual, y Cruz Verde, con más de 140, todos solo en la Región Metropolitana.
La abrumadora presencia de estos gigantes en todas las Regiones y comunas obligaría a multiplicar varias veces tales cantidades, las que cito únicamente como botón de muestra, para entender la magnitud de la concentración. Esta les otorga más fuerza para negociar con los laboratorios. Y ya no solo se dedican a vender medicamentos, sino además otros artículos. Aunque parezca anecdótico, no debemos olvidar que en un momento dado Salcobrand permitía jugar Loto en sus locales. Ahora incluso se pueden recargar teléfonos móviles.
Esas cadenas farmacéuticas han entrado también en alianza con las grandes tiendas y casas comerciales, para que la gente compre remedios a través del mismo sistema de tarjetas de crédito y el consiguiente recargo de intereses.
El delito de colusión para subir el precio de 222 medicamentos que se ha denunciado no es nuevo en el historial de las grandes cadenas de farmacias. En mayo de 2006, el Sernac dio a conocer un acucioso estudio realizado sobre ese mercado, en el cual determinó que ninguno de tales conglomerados cumplía con el absoluto de la publicidad que emitían por radio, televisión y medios escritos, e inducían a error o a engaño al comprador, llevando a la práctica estrategias de mercadeo similares, tendientes a convencer al cliente de que cada uno de ellos vende más barato.
Resulta curioso, pero aquí nos encontramos hablando de mercado, de técnicas de mercado y de publicidad engañosa como si nos refiriéramos a productos que se pueden comprar en cualquier lugar.
Los medicamentos no son mercancías comunes y corrientes. Sirven para mantener la buena salud de la población. Y aquí empieza el conflicto de intereses: por una parte, el legítimo derecho de la industria a obtener ganancias por su trabajo, y por la otra, el derecho a la salud que corresponde a todo ser humano. Siempre se trata de justificar los altos precios de los fármacos con el uso de nuevas técnicas para producirlos; la fabricación de moléculas más complicadas, y el empleo de aparatos cada vez más caros.
Existe, pues, un conflicto entre la enorme riqueza que la industria farmacéutica genera y los daños que los ciudadanos deben asumir.
Quienes critican al sector señalan que los costos de producción han disminuido bastante por el uso de tecnología, menos mano de obra y procesos de producción más eficientes. Se sabe que hoy en día los mayores costos provienen del mercadeo o marketing, el que implica millonarios desembolsos, y no de la investigación, como se suele afirmar.
A partir de la indagación y de la consiguiente denuncia que se presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se suscitó a nivel nacional un debate, en el cual, como pocas veces antes, se han involucrado los ciudadanos consumidores.
Me parece que el caso de las farmacias no es el único intento de atropello a la normativa vigente. Bien sabemos o sospechamos que en otros rubros pueden estar ocurriendo situaciones parecidas, aún no investigadas.
La reacción del país frente a la colusión de las farmacias ha sido ejemplar, tanto de parte del Estado como de los propios ciudadanos y de las entidades involucradas en estos procesos económicos. Además, se han aplicado sanciones pecuniarias y de privación de libertad ejemplarizadoras -ojalá vuelva a imperar la ley-, a fin de asegurarnos a todos un buen resguardo para evitar, en el futuro, ese tipo de zarpazos a los presupuestos de tantas familias chilenas.
He dicho.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640727
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640727/seccion/akn640727-po1-ds2