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El señor CANTERO.- Señor Presidente , en verdad, la colusión de precios de las farmacias Salcobrand, Fasa y Cruz Verde constituye un escándalo nacional, una vergüenza, una situación sin precedentes en la cual intereses económicos subalternos atropellan la dignidad de millones de personas en forma francamente inmisericorde.
Ese hecho pone de manifiesto la relevancia de analizar el rol del mercado versus el rol del Estado.
El mercado no puede cometer tales abusos sin un Estado con debilidad para actuar. Y, en tal sentido, me parece que las instituciones encargadas de controlar evidencian una clara falta de recursos para cumplir su función.
En el mercado existe la tentación, en algunas circunstancias particulares, de cometer esa clase de abusos arbitrarios, ilegales, inhumanos. El punto es que el Estado debe estar en condiciones de evitar que ocurran. En consecuencia, es necesario dotarlo de instrumentos y facultades que le permitan efectivamente ejercer ese rol. En mi opinión, en el caso en comento ello no se da. Ya veremos cuáles son las instituciones llamadas a intervenir con mayor fuerza en dicho ámbito.
Por otro lado, se valora la actuación de la sociedad civil, que ha tenido un papel activo en el proceso de denuncia. En efecto, más allá de la información que puedan entregar el Sernac y otras reparticiones vinculadas con el problema, lo cierto es que la sociedad civil ha cumplido un rol activo y sustancial en la denuncia y en poner frente a la opinión pública la situación en referencia.
Hay otro asunto que me interesa resaltar.
Es preocupante lo que sucede cuando existe esta concentración de la propiedad: concentración en materia de producción; concentración por la vía de las patentes industriales; concentración en la distribución, y también, muchas veces con nuestra propia complicidad, concentración en la comercialización al no permitir, mediante una serie de restricciones legales, que algunos fármacos sean expendidos en ciertos lugares de acceso público.
Tal concentración es extremadamente peligrosa. Y lo peor de todo es que hoy se ha hecho evidente en la colusión escandalosa para elevar el precio de los remedios que se ha producido.
Pero no es el único caso. Acontece también en otras áreas. En esta misma Sala hemos escuchado reclamos por lo que acontece en las AFP; en los bancos; en las empresas de servicios sanitarios, con el agua; en las compañías de electricidad, con la energía eléctrica; etcétera. Y a menudo comprobamos en terreno que el ámbito del rol del Estado resulta insuficiente para cautelar adecuadamente los intereses de los particulares.
Es una institución nacional la quemazón de equipos, producto de la mala calidad en el suministro de energía eléctrica. Ocurre con gran frecuencia y, sin embargo, las empresas se dan maña para no responder nunca por los perjuicios.
Estas acciones monopólicas, esta alta concentración de la propiedad -repito- requiere un Estado más empoderado. Y para ello reclamo que la Fiscalía Nacional Económica tenga las facultades pertinentes que le permitan operar, controlar, regular y evitar ese tipo de abusos. Lo mismo pido respecto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Ojalá el Parlamento aprobara un marco legal más restrictivo. Hoy la opinión generalizada es que hay una legislación ambigua y permisiva que entrega escasas facultades a las entidades llamadas a preocuparse por esta situación.
Otro aspecto del problema lo representan los grandes conglomerados que, por la v��a de la concentración de propiedad, parecen estar dominando muchos ámbitos del quehacer nacional. Eso ya se señaló en esta Sala.
El año 2005 una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados denunció el problema de la concentración en las redes de distribución y en el manejo de los laboratorios. Las cadenas de farmacias eran presionadas por los laboratorios o se estimulaba a los médicos para que recetaran determinados remedios. Pero, a poco andar, hemos comprobado que tal situación se invirtió.
También hemos escuchado quejas de parte de ciertos laboratorios en el sentido de que, dada esa concentración en la propiedad de las farmacias, los obligan a bajar los precios o, en caso contrario, no les compran a ellos, pero sí a otros.
La verdad es que, en uno y otro sentido, se produce una suerte de cartel, que finalmente no beneficia a la ciudadanía, sino que la daña al terminar afectándose los precios de los productos.
El Colegio Médico se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el problema.
Hay otro aspecto: al leer el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional referido al problema en análisis, llama la atención la importancia que adquiere la figura de la delación que, en este caso, no es tal. Constituye un hecho clave en la historia de la Fiscalía Nacional Económica el que por primera vez se pueda tener una figura parecida a la delación por la vía de declaraciones hechas por ejecutivos de Farmacias Ahumada (Fasa). Esta entidad reconoció que concertó el precio de 222 medicamentos con sus similares Cruz Verde y Salcobrand, lo que ha generado escándalo público. Se fijó una multa de un millón de dólares. Sin perjuicio de que es cuestionable esa suma, sentará las bases para hacer justicia, de una vez por todas, con pruebas contundentes.
¿Y por qué me parece relevante? Porque esta es una historia que ya tiene algún recorrido. Como dijimos, el informe de la Cámara de Diputados de 1993 consigna los diagnósticos, las sugerencias o "recetas" -para emplear la jerga usada en el caso que nos ocupa- y las propuestas de solución, sin perjuicio de que, en definitiva, no se adoptara ninguna.
En relación con este caso particular, el 10 de diciembre de 2008 la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en contra de las farmacias Ahumada, de la familias Codner y Falabella; de Cruz Verde, de Guillermo Harding, y de Salcobrand, del grupo Yarur , por el alza concertada de precios de 222 medicamentos de 36 categorías, entre noviembre de 2007 y marzo de 2008.
¿Qué ocurrió entremedio? Cruz Verde acudió al Tribunal Constitucional, requiriendo las pruebas para defenderse y negando categóricamente esa situación.
¿Qué pasó con Salcobrand? Presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia su rechazo a los cargos y la petición de que se mostraran las pruebas.
El 24 de marzo de 2009 se dio a conocer un acuerdo de conciliación entre farmacias Ahumada y la Fiscalía Nacional Económica para poner término al litigio, que fue firmado el 13 de este mes y que hoy día fue ratificado. En dicho documento se establece que efectivamente hubo colusión para subir los precios de algunos medicamentos.
¿Qué dice este acuerdo en términos generales? En él se señala lo siguiente: "Algunos ejecutivos de Fasa mantuvieron contacto con algunos laboratorios que les propusieron alzar coordinadamente los precios de las tres compañías, lo cual estos aceptaron. Tanto Cruz Verde como Salcobrand habrían hecho lo propio.".
También señala: "Ni la Vicepresidencia Ejecutiva ni su Directorio tuvieron conocimiento del hecho.".
En resumen, Fasa se comprometió a pagar un millón de dólares de multa.
¿Qué ocurre ante esta situación? Cruz Verde declara que nunca ha regulado coordinadamente los precios. Por su parte, Fasa reitera su posición. ¿Pero cuál es el punto? 27 mil millones de pesos extras habrían ganado las farmacias. ¡27 mil millones de pesos de ganancias ilegítimas, según sostiene la Fiscalía Nacional Económica, contra un millón de dólares, equivalentes aproximadamente a 500 millones de pesos!
Tiene razón la ciudadanía de indignarse frente a esta permisividad. Sin perjuicio de ello, valoro el hecho de que el acuerdo logrado nos permita, por primera vez, comprobar un hecho de esa naturaleza.
En todo caso, tampoco es la primera vez. En 1995 la Comisión Resolutiva de la Fiscalía Nacional Económica multó a Fasa, a Brand y Salco -en ese entonces estaban separadas-, con 41 millones de pesos, y a Cruz Verde con 20 millones de pesos, luego de que esta última contara detalles de las maniobras de sus competidores.
La vida es una paradoja, porque ahora ocurre exactamente al revés.
Entonces, conviene valorar la importancia de la delación compensada. Ella, a mi juicio, es relevante y ha generado distintas opiniones. Algunas coinciden en que debiera pasar del ámbito criminal al del comercio, particularmente cuando hay colusión y se ha detectado la existencia de verdaderos carteles que atentan contra los derechos de la población.
La ciudadanía pregunta: Y toda esta verborrea, ¿qué nos trae? Que los Senadores presenten distintos proyectos de ley para remediar el problema.
Quiero resaltar el trabajo de la Comisión en que yo participo, que encabeza el Honorable señor Espina e integran, aparte del que habla, los Senadores señores Chadwick , García y Horvath . Y presentamos una moción que busca no solo multar pecuniariamente en la magnitud que corresponda, sino también establecer penas adicionales de cárcel de presidio menor en cualesquiera de sus grados; es decir, desde 61 días a cinco años.
Se trata de una medida necesaria y conveniente, para que de una vez por todas se acaben estas situaciones tan escandalosas, que afectan la dignidad humana y ponen en descrédito un modelo económico que debe ser regulado adecuadamente por la acción del Estado.
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