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La señora MATTHEI.- Señor Presidente , los Gobiernos de la Concertación han permitido o alentado la concentración de diversas industrias: en 1990 había 40 bancos; hoy solo llegan a 19. Ese año se formaron 14 AFP; hoy son 5. Lo mismo ha sucedido con el retail, con las farmacias y con innumerables industrias.
Esta concentración es sumamente complicada, tanto desde el punto de vista social como económico y político. No resulta sostenible un modelo donde la mayoría de los activos de los chilenos terminen en manos de unas pocas familias y empresas, lo que por desgracia ha ocurrido sostenida y sistemáticamente en los Gobiernos de la Concertación.
Venimos denunciando esto desde hace mucho tiempo. En particular, el Senador señor Longueira ha llevado adelante una verdadera cruzada al respecto.
El proceso de concentración ha sido visto con mucha indiferencia por parte de la coalición gobernante, que no ha tenido una preocupación verdadera por las pymes. Recordemos, por ejemplo, el episodio en que, cansados de esta situación, votamos en contra del proyecto de depreciación acelerada.
Mayor concentración en una industria no significa necesariamente que haya probabilidad de colusión o de comportamiento monopólico. Pero igual es indeseable, porque políticamente no resulta sostenible y porque desde el punto de vista social, significa que la mayoría de los chilenos serán empleados de unos pocos; y, además, porque esos pocos a la larga tendrán una influencia política, social y económica inevitable.
Decía que mayor concentración no implica necesariamente mayor probabilidad de colusión. A veces, por el contrario, se da una competencia descarnada.
Ella se materializa muchas veces en los precios. Probablemente lo que más dañó a las farmacias pequeñas fue la guerra de precios que sostuvieron las grandes cadenas por un tiempo muy prolongado. Naturalmente, los consumidores estaban felices, pues pagaban precios bajísimos por los medicamentos. Pero las farmacias pequeñas no podían competir. Se quejaron hasta el cansancio, y nadie hizo nada. Las grandes poseen el capital suficiente y además tienen acceso al crédito para soportar las pérdidas. Pero las pequeñas no las resisten y han ido cerrando de manera sistemática.
¿Dónde ha estado la Fiscalía Nacional Económica en las guerras de precios desarrolladas en diferentes industrias, en el retail, en los supermercados, en las farmacias?
Son conocidos en diversas ciudades, por ejemplo, los casos de guerras de precios en la locomoción colectiva cuando se quiere instalar una nueva línea. La que ya está funcionando baja los precios a valores irrisorios, hasta que la nueva quiebra. Y después, naturalmente, los suben más allá de los existentes originalmente.
¿Dónde han estado la Fiscalía Nacional Económica y su acción? ¿Dónde figura la penalidad para eso?
Por ello, creo que en primer lugar hay una responsabilidad de los Gobiernos de la Concertación, lo cual ha permitido esta mayor concentración en todo Chile, hecho absolutamente incuestionable.
Ahora, si lo que se persigue es el acceso de los chilenos a los medicamentos a menor precio -creo que es una preocupación de todos-, quiero manifestar que la actuación del Instituto de Salud Pública ha sido deplorable. ¡Deplorable!
Desde hace al menos seis años, durante la discusión de la Ley de Presupuestos -me ha correspondido participar en el estudio del sector salud-, hemos venido señalando que el Instituto de Salud Pública debe hacer los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad respecto de los fármacos de marca y los genéricos; o al menos aceptar y publicar las numerosas investigaciones realizadas por la FDA, de Estados Unidos, o por la EMEA, de Europa.
Menciono lo anterior porque, ¿cómo puede saber un médico si un remedio caro es intercambiable con otro que tiene los mismos componentes activos pero que vale la décima o la vigésima parte? ¿Cómo puede saberlo el paciente? Solo si se han hecho esos estudios o se han publicado.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay un sistema de información pública de precios y también mucha transparencia acerca de los estudios de equivalencia. A pesar de que lo hemos pedido a gritos, en Chile el Instituto de Salud Pública nunca ha hecho eso. Ahora, por fin, ha lanzado un programa según el cual se harán investigaciones de bioequivalencia respecto de cinco productos. Esos estudios ya se hicieron hace años en Estados Unidos y Europa.
Por esta situación no solo han sufrido los consumidores, sino también nuestro aparato público.
Por ejemplo, es conocido el caso de la ciclosporina. Los médicos en general han demandado la Ciclosporina Neoral (la de marca), que es la cara, en circunstancias de que hay otros fármacos con los mismos principios activos y que cuestan menos del cincuenta por ciento. Los hospitales de Chile se podrían haber ahorrado más de cinco mil millones de pesos anuales sencillamente con este cambio de medicamentos.
¿Dónde están los estudios del ISP? ¿Qué ha hecho sobre el particular? Nada. En cambio, dicha entidad se dedica a otorgar autorización a las cremas para el cuerpo que se venden en Estados Unidos y en Europa desde hace veinte años. Si quieren comercializarlas en Chile, hay que pasar por el ISP, realizar grandes estudios, pagar a muchos químico-farmacéuticos para lograr la autorización. Más parece un negociado que otra cosa.
Respecto de la insulina pasó lo mismo. Había solo dos laboratorios que se compartían el mercado. Gracias a que la nueva administración de CENABAST salió al extranjero a buscar otros laboratorios, se ha logrado ahorrar miles de millones de pesos para los hospitales chilenos y para el sistema público de salud.
Por otra parte, es sabido que los laboratorios premian a algunos médicos por recetar ciertos fármacos. Regalan pasajes al extranjero, participación en congresos médicos en el exterior, etcétera. Ello es ampliamente conocido. ¿Vamos a tolerar eso? ¿Cómo sabe el paciente si su doctor le está recetando un fármaco caro, porque cree que es el mejor o porque está recibiendo un premio? ¿Y cómo determinar si efectivamente el producto de marca es intercambiable con uno genérico?
Señor Presidente , ojalá alguna vez el ISP "se ponga las pilas". Debiéramos contar con un listado de todos los medicamentos intercambiables. Porque reemplazar las recetas es perfectamente factible. Se habla de que los médicos son casi dioses; que son los únicos que pueden recetar, y que no es posible cambiar nada. Mientras no tengamos la seguridad de que algunos de ellos no están recibiendo premios, yo preferiría que hubiera absoluta transparencia en la biodisponibilidad y bioequivalencia de los distintos remedios y que el mismo paciente pudiera decidir si compra uno más barato o no.
Por otro lado, hay diferencias enormes -¡enormes!- y no justificadas en el precio con que los laboratorios venden a CENABAST, a las cadenas de farmacias y a las farmacias pequeñas. Si se considera el volumen de compras, las diferencias de precios no se justifican. ¿Ha investigado al respecto la Fiscalía Nacional Económica? ¿Cómo sabemos si esos laboratorios están dando valores por debajo del costo a CENABAST y recargándoselos después a los privados? ¿Cómo lo podemos saber? Esos estudios, esas investigaciones nunca se han realizado. Y se ha reclamado muchas veces que las diferencias de precios no se justifican por el mero volumen de venta. ¿Será que se está pagando en el sector privado a los visitadores médicos? ¿Cuánto contribuyen estos a tal situación?
Aquí hay muchas cosas que investigar.
También debo señalar que en la Sala se ha hablado de colusión en términos muy incorrectos, porque dicha palabra significa que distintos oferentes se comprometen a vender a un precio mayor al competitivo, es decir, se comportan como monopolio.
Esa colusión es altamente reprochable, atenta gravemente contra el sistema de economía social de mercado y debe ser castigada en la forma más severa posible.
Sin embargo, aquí se supone que hay colusión cuando, por ejemplo, ha existido una guerra de precios y esta ha terminado. Obviamente, cuando se ha producido una situación semejante, los precios suben. Pero eso no necesariamente es colusión, pues si el precio final a que se llega es competitivo -o sea, da cuenta de todos los gastos en que han incurrido los vendedores, además de un margen de rentabilidad-, significa que no ha habido colusión, sino, sencillamente, un aumento de los valores de venta, al término de una guerra de precios.
En verdad, la Fiscalía Nacional Económica ha sido extraordinariamente vaga y, a mi juicio, poco clara en señalar si, en el caso en cuestión, el alza de los medicamentos se debió al fin de una guerra de precios o si realmente obedeció a un comportamiento monopólico, esto es, se vendió a un precio muy superior al competitivo. No lo sabemos. Porque está claro que lo que sucedió en esa época fue el término de una guerra de precios existente entre las farmacias.
Asimismo, considero que el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica y Fasa es extraordinariamente delicado. La delación compensada requiere la entrega de información verdadera y eficaz para descubrir si hubo o no colusión. A mí no me parece conveniente que se haya aceptado por anticipado, antes de agotarse la investigación. Tampoco me parece adecuada la multa de un millón de dólares, bajísima si se tienen en cuenta los perjuicios que según la Fiscalía se habría ocasionado a las personas, a la vez que las ganancias obtenidas, que serían no lícitas. Y tampoco me parece acertado que no se continúe investigando si los principales gerentes y directores de Fasa sabían del comportamiento de los gerentes "pillados".
Señor Presidente , pienso que la Fiscalía Nacional Económica ha contribuido en una cosa. Así como en su minuto la Superintendencia de Valores y Seguros enfrentó en forma brutal y eficaz el tema de la información privilegiada -con eso, probablemente, evitará cualquier tentación en el futuro-, en este caso, por la forma en que reventó el escándalo, creo que nadie se va a atrever a incurrir en las mismas conductas en el futuro.
Sin embargo, esa es la única gracia que le encuentro a la actuación de la Fiscalía.
Lo cierto es que la multa es inexplicablemente baja. Más aún, en el acuerdo ni siquiera se hablaba, en principio, de multa, sino casi de una donación al Fisco.
Además, en mi opinión, el acuerdo no se debió haber aceptado hasta comprobar efectivamente que la información proporcionada era verdadera y eficaz.
Finalmente, no comprendo por qué no se investiga si los principales gerentes y directores de Fasa estaban al tanto de toda la situación. Porque la verdad es que las multas pueden aplicarse no solo a las empresas, sino también a cada uno de los directores y gerentes que sabían lo que estaba ocurriendo.
Por lo tanto, señor Presidente, estimo que el acuerdo a que se llegó es extraordinariamente delicado.
Asimismo, creo que la Fiscalía Nacional Económica tiene que empezar a dar mayor información al público, porque se ha generado mucho escándalo. Debemos saber efectivamente si el alza de los medicamentos tuvo lugar al final de una guerra de precios o si sencillamente reflejó un comportamiento monopólico que llevó los valores a niveles que no se sostenían desde el punto de vista competitivo.
Señor Presidente , me parece que aquí ha habido una cadena de errores, negligencias y comportamientos inaceptables, a la vez que poca preocupación de los Gobiernos de la Concertación, de la Fiscalía Nacional Económica y de muchos otros organismos en el pasado.
El Senador señor Kuschel leyó , entre otras cosas, las conclusiones a que llegó sobre la materia una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados hace muchos años. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada al respecto.
En cuanto al Instituto de Salud Pública, reitero que tengo la peor opinión acerca de su funcionamiento. ¡La peor opinión! Y lo he expresado -Sus Señorías lo pueden corroborar- en todas las intervenciones que he efectuado al analizar su financiamiento con motivo de la discusión de la Ley de Presupuestos.
Por otro lado, los estudios de bioequivalencia y de biodisponibilidad son fundamentales para asegurar a los chilenos medicamentos a bajo costo. No obstante, tampoco se ha hecho nada sobre el particular.
He dicho.
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