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El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente , el llamado "caso Fasa" ha provocado consternación pública en razón del reconocimiento explícito de una grave conducta anticompetitiva por parte de uno de los involucrados (Farmacias Ahumada) y de la obstinada negación de ella por las restantes cadenas de farmacias comprometidas en la investigación.
Como es evidente, en un ilícito de colusión se requiere más de un partícipe.
Los motivos que explican en alguna medida la airada reacción social frente a un hecho a todas luces incuestionable guardan especial relación con la naturaleza del mercado en que inciden las conductas reprochadas. En efecto, aquí no solo está en juego la libre competencia, sino también, derechamente, el acceso de todos los ciudadanos a medicamentos de calidad y precios razonables.
He ahí el quid del asunto y el porqué se hace indispensable que el legislador, con racionalidad y tranquilidad, adopte medidas y oriente las políticas públicas de salud de cara a la ciudadanía y no de cara a las cadenas farmacéuticas.
Sin embargo, la autoridad tiene gran confusión en cuanto a cómo actuar y a qué medidas concretas debe tomar. De hecho, muchas de las anunciadas son simbólicas y no traen como resultado un aumento de la intensidad competitiva para proteger al consumidor, porque no atacan el fondo del problema, cual es que al consumidor se le resguarda incrementando el nivel de competencia real entre los oferentes y acrecentando su nivel de información.
Es un hecho innegable -y de él, responsablemente, como Poder Legislativo, debemos encargarnos- que en el pasado hemos contribuido de manera equivocada a disminuir el nivel de competencia en el referido mercado y, con ello, limitado el acceso a los medicamentos.
Con franqueza digo que al aprobar diversos instrumentos internacionales en materia de protección a la propiedad intelectual, así como tratados de libre comercio (por ejemplo, el suscrito con Estados Unidos), descuidamos el acceso de nuestros ciudadanos a los medicamentos.
También, olvidamos que la protección a las patentes industriales impone de hecho un monopolio legal para la comercialización de muchas medicinas. Pero lo más grave es que crea un incentivo perverso en la industria farmacéutica internacional para prolongar, a cualquier costo y mediante todo tipo de arbitrios, dicho monopolio.
No nos engañemos: gozar de un monopolio por expreso mandato de la ley es un sueño en cualquier negocio.
Hoy existe una clara influencia de empresas extranjeras en las autoridades del Instituto de Salud Pública con el propósito de limitar la oferta de fármacos y lograr monopolios de mercado otorgados por la entidad sanitaria. Se ponen trabas a la concesión de nuevos registros sanitarios; se trata de dilatar administrativamente y, en otros casos, judicialmente la aparición de nuevos medicamentos.
Es por ello que cuando vamos a una farmacia podemos comprobar el alto precio de los productos de marcas internacionales y, asimismo, ver cómo aquel baja apenas aparecen competidores nacionales.
Hay un caso emblemático -incluso, llegó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia- de un laboratorio multinacional que retrasó ilegítimamente dos años la aparición de un fármaco competidor para el tratamiento de la leucemia ("imatinib" es el nombre del compuesto). Durante ese lapso, en que se valió de todo tipo de estrategias judiciales y administrativas, lucró en más de 10 millones de dólares a expensas de la salud de quienes padecían ese terrible mal. Y lo mismo ha ocurrido con las terapias contra el sida y otras graves enfermedades.
Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿es eso lo que queremos para nuestros ciudadanos? Ciertamente, no. Se debe incentivar la innovación, pero no al costo de sacrificar la salud de los chilenos.
Si a lo anterior le sumamos el hecho de que el nivel de competencia real en la industria farmacéutica ha disminuido drásticamente por la concentración de la distribución de medicamentos al público, que alcanza a sobre 90 por ciento en tres actores, es indudable que los incentivos a la colusión son máximos.
Todavía más.
Todos somos testigos diariamente, cuando vamos a una farmacia, de cómo se sustituye el medicamento prescrito en la receta de nuestro médico -y no necesariamente por un fármaco similar de menor costo, sino muchas veces por uno de mayor valor- aduciéndose que se encuentra agotado, discontinuado, etcétera.
La verdad pura y simple es otra: en Chile NO SE RESPETA LA RECETA MÉDICA, con lo que se genera un incentivo adicional para que quienes detentan el oligopolio de la distribución de medicamentos "elijan" cuáles prefieren vendernos.
Nuestro Código Sanitario, con buen criterio, entregó la decisión correspondiente al médico. Pero, como ha quedado en evidencia en este caso de colusión, son los mismos personajes que se coluden para fijar los precios los que dan las pautas sobre qué medicamentos se deben priorizar en la venta. Seguramente eligen aquellos que les otorgan un margen más elevado de utilidad o los que son más caros y, por lo mismo, aportan mayores ingresos a las farmacias. Les conviene más vender un medicamento caro de una transnacional que uno de marca nacional, pues los ingresos reales son superiores.
En tal virtud, el "caso Fasa" solo es resultado de colusión por concentración de mercado. Pero las patentes y el patentamiento administrativo; la sustitución de medicamentos por productos propios más caros, y la concentración de poder de las cadenas en los fármacos genéricos (sobre 40 por ciento de las unidades vendidas en el mercado privado) provocan y provocarán en el consumidor costos más altos que la propia colusión de precios, de no mediar nuestra urgente atención.
Por lo mismo, estimo indispensable:
1) Impedir la relación comercial entre cadenas farmacéuticas y con sus empresas asociadas.
2) Fiscalizar cualquier intento de sustitución de la receta médica; prohibir incentivos al personal respectivo de las farmacias por vender determinado medicamento, y sancionar severamente con multa y clausura de toda la cadena por cierto lapso.
3) Radicar en el químico farmacéutico y en los dueños de cada establecimiento la responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo señalado en el número precedente, e involucrar a dicho profesional en las penas por las transgresiones. Con ello se provocaría un doble control: de los químico farmacéuticos y de los propietarios.
4) Modificar el sistema de registro sanitario de medicamentos, a fin de que sea más rápido y abreviado para productos similares. Los fármacos ya aprobados en Estados Unidos (por la FDA) y en Europa deberían tener registro sanitario automático en Chile, en forma de facilitar la rápida incorporación de competidores nacionales con productos similares. Ello aumenta el número de competidores y la velocidad con que aparecen. La competencia al incrementarse la cantidad de productos baja los precios drásticamente. Esa ha sido la realidad en nuestro país.
5) Crear figuras penales y de libre competencia especiales para los casos en que se usen procedimientos administrativos y judiciales destinados a establecer barreras artificiales a la entrada de medicamentos.
¡Con la salud no se puede jugar ni lucrar mañosamente!
Además, se debe establecer que si, a juicio del Instituto de Salud Pública, una empresa farmacéutica multinacional se ha valido de procedimientos indebidos para retrasar a su competidor, debe denunciarlo de inmediato al Fiscal Nacional Económico.
Esa es la posición del Partido que represento en el Senado.
He dicho.
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