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El señor OMINAMI.- Señor Presidente , en primer término -no voy a repetir los contenidos del informe que sintetizó el Honorable señor Ruiz-Esquide , titular de la Comisión de Salud-, debo señalar que lo ocurrido reviste extraordinaria gravedad, es francamente vergonzoso. Y no se trata de un hecho puntual, sino de algo de gran magnitud: 220 medicamentos, de acuerdo al fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , experimentaron un aumento promedio de 48 por ciento. Tales fármacos cubren un amplio espectro, y los perjudicados, en consecuencia, pertenecen a un sector muy extenso de la población, dentro del cual se cuentan personas particularmente vulnerables, por las enfermedades que las afectan.
Todo aquello muestra que tenemos un problema muy serio como país.
Algo discutimos al respecto hace pocos días a propósito del proyecto de modernización del Estado, de mejoramiento de la calidad de las políticas públicas.
Aquí, el problema de fondo radica en que se ha sobrepasado con creces la línea entre lo que puede ser un negocio lícito y lo que debe ser una oferta de bienes públicos.
En gran parte de los países, los medicamentos básicos para los sectores más modestos son bienes públicos. No son objeto, en consecuencia, de un negocio posible, ni menos aún de un negocio ilícito como el que ha quedado de manifiesto en Chile con la colusión entre cadenas farmacéuticas y laboratorios.
Hay, entonces, un problema muy de fondo, que tiene que ver con la provisión de bienes públicos, con qué puede ser negocio y con qué no puede serlo.
Nosotros no creemos que la provisión de medicamentos para los sectores más pobres pueda ser objeto de un negocio.
Desde ese punto de vista, en Chile tenemos un sistema bastante imperfecto: los afiliados al FONASA reciben una parte de sus medicamentos básicos -40 a 45 por ciento, si no me equivoco-; pero debería entregárseles (y esa es una reforma mayor que podríamos impulsar) 100 por ciento, en forma de sacar del ámbito de los negocios la provisión de los fármacos fundamentales.
Una segunda reflexión, señor Presidente, tiene que ver con la forma como nació el problema.
El origen no fue la acción de un órgano del Estado, sino simplemente la denuncia de una joven egresada de Derecho, Melissa Hohmann , quien hizo llegar un conjunto de antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica a propósito del alza del precio de un anticonceptivo: el Norvetal 20, producido por el laboratorio Organon .
A mi juicio, eso habla bien de la ciudadanía, en particular de la joven que hizo la denuncia, pero también deja en evidencia las falencias de la institucionalidad pública sobre este asunto.
Ahora, señor Presidente , quiero traer a colación algo no menor.
El Colegio Médico presentó el año 2000 una denuncia muy bien documentada sobre integración vertical en la industria farmacéutica del país. Y la Comisión Preventiva -hoy ya no existe-, que es el antecedente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la rechazó por unanimidad argumentando que no había ningún atisbo de tal integración.
Por otra parte, me interesa destacar los problemas que tiene la institucionalidad pública para enfrentar este tipo de situaciones.
Reviste importancia que la Fiscalía Nacional Económica haya podido accionar, aunque es discutible la forma como se resolvió la situación: Fasa quedó libre de polvo y paja tras pagar una multa de un millón de dólares (podría haber llegado a 15 millones).
Es cierto que la Fiscalía logró generar un medio de prueba que de otra forma habría sido difícil conseguir. Pero no deja de ser inquietante el argumento de que uno puede delinquir, pagar una multa bastante inferior a los beneficios obtenidos mediante el ilícito y posteriormente quedar libre de polvo y paja.
Es muy complejo el problema que se nos plantea, señor Presidente.
También reviste complejidad lo atinente a la compensación al público. Me he informado de que esta es voluntaria. Dependerá de lo que los ejecutivos de Fasa tengan a bien establecer para compensar por la colusión que llevaron a cabo.
De otro lado, en los dos minutos que me quedan, deseo connotar la existencia de una falla general del sistema.
Hay un oligopolio concentrado, que representa 92 por ciento de la oferta total de medicamentos. Existen problemas con los incentivos perversos: los empleados de las farmacias tenían un sueldo base -quizá habrá que corregirlo- de 26 mil pesos y el resto de sus ingresos derivaba de comisiones por venta, con lo cual, perversamente, fomentaban el consumo de solo determinados productos. No se observa una política de medicamentos. Hay manipulaciones comerciales, como las promociones, los descuentos por compra de grandes volúmenes. Existen dificultades con las multas, con las sanciones.
Empero, nosotros también tenemos un problema. Y es el momento de que hagamos una autocrítica.
El año 2003 el Parlamento despachó un proyecto que se convirtió en la ley N° 19.911, que eliminó las penas de cárcel por la comisión de los delitos en comento. Creo que sería importante disponer de un instrumento de ese tipo en las condiciones actuales.
Termino, señor Presidente , haciendo presente la necesidad de que no dejemos pasar la ocasión para, en conjunto con el Gobierno, sacar adelante una legislación que nos permita enfrentar las enormes debilidades que tiene el marco regulatorio en el sector farmacéutico y dar una respuesta no contingente sino de fondo a una situación muy delicada.
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