SITUACIÓN DE INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN CHILE El señor NOVOA ( Presidente ).- Esta sesión especial ha sido convocada con el propósito de analizar la situación de la industria farmacéutica en Chile. De acuerdo con lo requerido por los señores Senadores que solicitaron su celebración, fueron invitados los señores Ministros de Economía , Fomento y Reconstrucción y de Salud y el señor Superintendente de Valores y Seguros. Este último se excusó de asistir a esta reunión. Deseo informar que el titular de Economía fue sometido a una intervención quirúrgica, por lo que se encuentra presente en la Sala el Ministro subrogante. Conforme a la distribución de los tiempos, en primer lugar, se concederá la palabra al Senador señor Ruiz-Esquide , Presidente de la Comisión de Salud , por un lapso de 10 minutos como máximo. El señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor NOVOA ( Presidente ).- Sí, Su Señoría. El señor GAZMURI.- Me gustaría que la Mesa indicara cuál será la distribución de los tiempos por bancada, para programar las intervenciones. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Según lo acordado por los Comités, la asignación de tiempos es la siguiente: Senador señor Ruiz-Esquide , 10 minutos; Partido Unión Demócrata Independiente, 17; Partido Renovación Nacional, 15; Independientes, 13; Partido Socialista, 15; Partido Demócrata Cristiano, 13; Partido Por la Democracia, 8, y Partido Radical Social Demócrata, 8, cuyo tiempo lo ha cedido. Los señores Ministros disponen de 20 minutos para responder. Todo ello suma un total de 124 minutos. Es decir, estaríamos pasados en 4 minutos. Pero esa es la única manera de proceder. El señor NOVOA (Presidente).- Por lo tanto, la sesión durará hasta las 20:35. Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide. El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , dada la brevedad del tiempo de que disponemos, se ha entregado a la Mesa una reseña más pormenorizada de la discusión habida en la Comisión de Salud y de las personas que invitamos y asistieron a ella. Por lo tanto, solo expondré un resumen de las propuestas generales que se hicieron en la Comisión para ser presentadas a la Sala: -Rectificar, a corto plazo, la estructura de mercado: se trata de un oligopolio concentrado cuyo rasgo predominante es la escasa capacidad de regulación por parte del sector público; -Terminar la integración vertical de laboratorios y farmacias; -Ausencia de una política de medicamentos más específica; -Recurso a incentivos perversos en el ámbito laboral; -Eliminar el uso abusivo de información confidencial por parte de los centros de expendio, que informan a los laboratorios los fármacos recetados por los médicos, en franca violación de la privacidad de los pacientes; -Reservas respecto de la procedencia de una multa como resultado de un avenimiento; -Incertidumbre sobre la manera de aplicar las compensaciones al público afectado. Como criterio universal, la definición de políticas debería ser parte de un marco regulatorio de aplicación general y no dejarlo al arbitrio o decisión del infractor. -Obligar a los establecimientos a tener una lista de precios que esté en forma permanente expuesta al consumidor; -Prohibir la sustitución de la receta por parte del dependiente del local, con la consiguiente sanción penal; -Establecer la obligación para que los médicos, junto con el medicamento prescrito, enuncien expresamente el principio genérico del respectivo fármaco, y -Sancionar el pago de comisiones a los dependientes. Por otra parte, la Comisión de Salud visualiza que hay otros aspectos de definición política, cuya resolución es materia de debate posterior. Ante todo, así como ocurre en otros países, se debe calificar a los medicamentos como un bien público. Sobre el particular, existen diversas opciones. La primera, que el sistema de salud entregue la receta completa. Y esta debiera ser una política de equidad sistemática, que se podría incluir en el debate posterior. En la actualidad, se suministra aproximadamente el 40 por ciento de lo que los beneficiarios de FONASA necesitan. Por lo tanto, las personas que concurren a los consultorios y hospitales reciben una parte en estos establecimientos, y la otra, la deben comprar a los privados. La segunda opción consiste en fomentar las pequeñas farmacias, permitiendo que la Central de Abastecimiento (CENABAST), que es un gran comprador de medicamentos, las provea de estos. Debe consignarse que la Central no los adquiere a un valor menor, sino al mismo precio de mayorista que lo hacen las farmacias, solo le agrega el IVA y un margen de utilidad de 10 por ciento, mientras que las farmacias aplican un porcentaje notoriamente superior. Sin embargo, para posibilitar lo anterior se requeriría habilitar a CENABAST como proveedor de los pequeños. Una tercera modalidad para enfrentar el tema de fondo serían las farmacias públicas; esto es, que los medicamentos se pudieran ofertar a través de la red institucional, ya que todos los hospitales y consultorios cuentan con su propia farmacia. Hoy esto no es posible debido al endeudamiento que experimenta CENABAST, porque los municipios, hospitales y servicios de salud no le pagan adecuada y oportunamente. Además, dichas farmacias carecen del personal y de la infraestructura necesarios, punto que se agrega a los anteriores. Cabe insistir en que si se optara por esta alternativa, sería preciso fortalecer las farmacias de los consultorios con la contratación de químicos farmacéuticos y la implantación de un estándar similar a los expendios comerciales, a fin de permitir una atención adecuada al público. Asimismo, señor Presidente , resulta imprescindible debatir, en particular, la eficacia y pertinencia de las propuestas señaladas por el Ejecutivo -las leeré posteriormente-, como también analizar una sugerencia recaída en el proyecto de ley que presentamos junto con la Senadora señora Alvear , que regula los incentivos comerciales a la venta de medicamentos que se expenden bajo receta médica y prohíbe todo incentivo, de cualquier índole, que induzca a los profesionales, dependientes o consumidores a la venta o consumo de un determinado producto. Se entiende por incentivo toda oferta al público, comisión de venta, o cualquier acción realizada por laboratorios farmacológicos y establecimientos farmacéuticos que promuevan el consumo de algunos productos. Asimismo, para mejorar la atención de los farmacéuticos en las farmacias, se dispone que todo establecimiento deberá contar con un químico farmacéutico por cada 500 recetas vendidas. A su vez, es preciso considerar un planteamiento hondamente sentido por la población y que se ha reiterado desde hace mucho tiempo: el anuncio de la disponibilidad del Ejecutivo para asumir la reposición de turnos éticos en la atención de las farmacias. Finalmente, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en concordancia con el Ministerio de Salud, hizo saber a la Comisión que estaban disponibles para implementar las siguientes 8 propuestas, que podrían coincidir, en buena parte, con lo discutido en el mencionado órgano técnico. 1°.- Se implementará en las farmacias la venta de los medicamentos que no requieran prescripción médica, sin necesidad de la intermediación; es decir, con la sola colocación en góndolas, de modo que los consumidores puedan comparar presentaciones y precios. 2°.- SERNAC elaborará un informe público quincenal acerca de los precios de los medicamentos más habituales. 3°.- Se instituirá la obligación para las farmacias de tener siempre disponibles los 140 medicamentos genéricos más esenciales. 4°.- CENABAST deberá informar a la ciudadanía, a través de su sitio web, los precios con que distribuye los medicamentos en el sector público, a fin de que las personas puedan comparar valores. 5°.- Se exigirá una presentación estandarizada de los precios en las farmacias para hacerlos más comprensibles y comparables. 6°.- Se realizará una mayor fiscalización del cumplimiento de la disponibilidad en las farmacias de los productos, así como de las condiciones de almacenamiento y venta de fármacos. 7°.- Se instaurará la obligatoriedad de que exista acceso a las farmacias las 24 horas, para lo cual se instruirán -lo hemos dicho con anterioridad- a nivel nacional los criterios a utilizar en los turnos, lo que ya ha sido dado a conocer públicamente por el Ministerio, y 8°.- Se establecerá un sistema de fiscalización efectivo para combatir el uso de datos sensibles por parte de farmacias, laboratorios e Isapres, dada la relación transversal y, al mismo tiempo, vertical de los dos primeros. Señor Presidente , como antecedente de todo lo anterior, debo señalar que la Comisión estima de la mayor importancia para el país la materia en análisis. Y, en virtud de ello, considera que no solo se trata de un problema de carácter comercial -como sucedió con la colusión de las farmacias-, sino que tiene que ver también con temas fundamentales de la salud. En definitiva, estamos señalando aquí que hay tres áreas básicas: la vinculada con la producción de medicamentos, sus precios y distribución; la concerniente con la forma de evitar las incorporaciones en fuentes verticales, y la que dice relación a lo que debemos hacer para lograr la educación suficiente y el término de situaciones como la que se conoció en el último tiempo. Finalmente, la Comisión estimó razonable un plazo de 60 a 90 días para concordar con el Gobierno la elaboración de una propuesta global que ataque a fondo la situación planteada, a efectos de que a la brevedad se materialicen los anuncios del Ministerio de Salud en materia de modificaciones legales y se resuelva la acumulación de las distintas iniciativas parlamentarias sobre la materia. Es cuanto puedo informar. El informe de la Comisión de Salud -entiendo- ha sido entregado a todos los señores Senadores. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- En el tiempo del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente , el llamado "caso Fasa" ha provocado consternación pública en razón del reconocimiento explícito de una grave conducta anticompetitiva por parte de uno de los involucrados (Farmacias Ahumada) y de la obstinada negación de ella por las restantes cadenas de farmacias comprometidas en la investigación. Como es evidente, en un ilícito de colusión se requiere más de un partícipe. Los motivos que explican en alguna medida la airada reacción social frente a un hecho a todas luces incuestionable guardan especial relación con la naturaleza del mercado en que inciden las conductas reprochadas. En efecto, aquí no solo está en juego la libre competencia, sino también, derechamente, el acceso de todos los ciudadanos a medicamentos de calidad y precios razonables. He ahí el quid del asunto y el porqué se hace indispensable que el legislador, con racionalidad y tranquilidad, adopte medidas y oriente las políticas públicas de salud de cara a la ciudadanía y no de cara a las cadenas farmacéuticas. Sin embargo, la autoridad tiene gran confusión en cuanto a cómo actuar y a qué medidas concretas debe tomar. De hecho, muchas de las anunciadas son simbólicas y no traen como resultado un aumento de la intensidad competitiva para proteger al consumidor, porque no atacan el fondo del problema, cual es que al consumidor se le resguarda incrementando el nivel de competencia real entre los oferentes y acrecentando su nivel de información. Es un hecho innegable -y de él, responsablemente, como Poder Legislativo, debemos encargarnos- que en el pasado hemos contribuido de manera equivocada a disminuir el nivel de competencia en el referido mercado y, con ello, limitado el acceso a los medicamentos. Con franqueza digo que al aprobar diversos instrumentos internacionales en materia de protección a la propiedad intelectual, así como tratados de libre comercio (por ejemplo, el suscrito con Estados Unidos), descuidamos el acceso de nuestros ciudadanos a los medicamentos. También, olvidamos que la protección a las patentes industriales impone de hecho un monopolio legal para la comercialización de muchas medicinas. Pero lo más grave es que crea un incentivo perverso en la industria farmacéutica internacional para prolongar, a cualquier costo y mediante todo tipo de arbitrios, dicho monopolio. No nos engañemos: gozar de un monopolio por expreso mandato de la ley es un sueño en cualquier negocio. Hoy existe una clara influencia de empresas extranjeras en las autoridades del Instituto de Salud Pública con el propósito de limitar la oferta de fármacos y lograr monopolios de mercado otorgados por la entidad sanitaria. Se ponen trabas a la concesión de nuevos registros sanitarios; se trata de dilatar administrativamente y, en otros casos, judicialmente la aparición de nuevos medicamentos. Es por ello que cuando vamos a una farmacia podemos comprobar el alto precio de los productos de marcas internacionales y, asimismo, ver cómo aquel baja apenas aparecen competidores nacionales. Hay un caso emblemático -incluso, llegó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia- de un laboratorio multinacional que retrasó ilegítimamente dos años la aparición de un fármaco competidor para el tratamiento de la leucemia ("imatinib" es el nombre del compuesto). Durante ese lapso, en que se valió de todo tipo de estrategias judiciales y administrativas, lucró en más de 10 millones de dólares a expensas de la salud de quienes padecían ese terrible mal. Y lo mismo ha ocurrido con las terapias contra el sida y otras graves enfermedades. Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿es eso lo que queremos para nuestros ciudadanos? Ciertamente, no. Se debe incentivar la innovación, pero no al costo de sacrificar la salud de los chilenos. Si a lo anterior le sumamos el hecho de que el nivel de competencia real en la industria farmacéutica ha disminuido drásticamente por la concentración de la distribución de medicamentos al público, que alcanza a sobre 90 por ciento en tres actores, es indudable que los incentivos a la colusión son máximos. Todavía más. Todos somos testigos diariamente, cuando vamos a una farmacia, de cómo se sustituye el medicamento prescrito en la receta de nuestro médico -y no necesariamente por un fármaco similar de menor costo, sino muchas veces por uno de mayor valor- aduciéndose que se encuentra agotado, discontinuado, etcétera. La verdad pura y simple es otra: en Chile NO SE RESPETA LA RECETA MÉDICA, con lo que se genera un incentivo adicional para que quienes detentan el oligopolio de la distribución de medicamentos "elijan" cuáles prefieren vendernos. Nuestro Código Sanitario, con buen criterio, entregó la decisión correspondiente al médico. Pero, como ha quedado en evidencia en este caso de colusión, son los mismos personajes que se coluden para fijar los precios los que dan las pautas sobre qué medicamentos se deben priorizar en la venta. Seguramente eligen aquellos que les otorgan un margen más elevado de utilidad o los que son más caros y, por lo mismo, aportan mayores ingresos a las farmacias. Les conviene más vender un medicamento caro de una transnacional que uno de marca nacional, pues los ingresos reales son superiores. En tal virtud, el "caso Fasa" solo es resultado de colusión por concentración de mercado. Pero las patentes y el patentamiento administrativo; la sustitución de medicamentos por productos propios más caros, y la concentración de poder de las cadenas en los fármacos genéricos (sobre 40 por ciento de las unidades vendidas en el mercado privado) provocan y provocarán en el consumidor costos más altos que la propia colusión de precios, de no mediar nuestra urgente atención. Por lo mismo, estimo indispensable: 1) Impedir la relación comercial entre cadenas farmacéuticas y con sus empresas asociadas. 2) Fiscalizar cualquier intento de sustitución de la receta médica; prohibir incentivos al personal respectivo de las farmacias por vender determinado medicamento, y sancionar severamente con multa y clausura de toda la cadena por cierto lapso. 3) Radicar en el químico farmacéutico y en los dueños de cada establecimiento la responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo señalado en el número precedente, e involucrar a dicho profesional en las penas por las transgresiones. Con ello se provocaría un doble control: de los químico farmacéuticos y de los propietarios. 4) Modificar el sistema de registro sanitario de medicamentos, a fin de que sea más rápido y abreviado para productos similares. Los fármacos ya aprobados en Estados Unidos (por la FDA) y en Europa deberían tener registro sanitario automático en Chile, en forma de facilitar la rápida incorporación de competidores nacionales con productos similares. Ello aumenta el número de competidores y la velocidad con que aparecen. La competencia al incrementarse la cantidad de productos baja los precios drásticamente. Esa ha sido la realidad en nuestro país. 5) Crear figuras penales y de libre competencia especiales para los casos en que se usen procedimientos administrativos y judiciales destinados a establecer barreras artificiales a la entrada de medicamentos. ¡Con la salud no se puede jugar ni lucrar mañosamente! Además, se debe establecer que si, a juicio del Instituto de Salud Pública, una empresa farmacéutica multinacional se ha valido de procedimientos indebidos para retrasar a su competidor, debe denunciarlo de inmediato al Fiscal Nacional Económico. Esa es la posición del Partido que represento en el Senado. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- A continuación... El señor MUÑOZ BARRA.- Excúseme, señor Presidente . Nosotros teníamos destinados 16 minutos, y entiendo que los Senadores señores Girardi y Navarro van a hacer uso de la palabra. El señor NOVOA ( Presidente ).- No hay problema. Se encuentran inscritos el Honorable señor Ominami y otros dos Senadores del Partido Socialista. Por lo tanto, deseo consultarles si desean intervenir consecutivamente. El señor OMINAMI.- Sí, señor Presidente. El señor NOVOA (Presidente).- Perfecto. Tiene la palabra el Honorable señor Ominami. El señor OMINAMI.- Señor Presidente , en primer término -no voy a repetir los contenidos del informe que sintetizó el Honorable señor Ruiz-Esquide , titular de la Comisión de Salud-, debo señalar que lo ocurrido reviste extraordinaria gravedad, es francamente vergonzoso. Y no se trata de un hecho puntual, sino de algo de gran magnitud: 220 medicamentos, de acuerdo al fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , experimentaron un aumento promedio de 48 por ciento. Tales fármacos cubren un amplio espectro, y los perjudicados, en consecuencia, pertenecen a un sector muy extenso de la población, dentro del cual se cuentan personas particularmente vulnerables, por las enfermedades que las afectan. Todo aquello muestra que tenemos un problema muy serio como país. Algo discutimos al respecto hace pocos días a propósito del proyecto de modernización del Estado, de mejoramiento de la calidad de las políticas públicas. Aquí, el problema de fondo radica en que se ha sobrepasado con creces la línea entre lo que puede ser un negocio lícito y lo que debe ser una oferta de bienes públicos. En gran parte de los países, los medicamentos básicos para los sectores más modestos son bienes públicos. No son objeto, en consecuencia, de un negocio posible, ni menos aún de un negocio ilícito como el que ha quedado de manifiesto en Chile con la colusión entre cadenas farmacéuticas y laboratorios. Hay, entonces, un problema muy de fondo, que tiene que ver con la provisión de bienes públicos, con qué puede ser negocio y con qué no puede serlo. Nosotros no creemos que la provisión de medicamentos para los sectores más pobres pueda ser objeto de un negocio. Desde ese punto de vista, en Chile tenemos un sistema bastante imperfecto: los afiliados al FONASA reciben una parte de sus medicamentos básicos -40 a 45 por ciento, si no me equivoco-; pero debería entregárseles (y esa es una reforma mayor que podríamos impulsar) 100 por ciento, en forma de sacar del ámbito de los negocios la provisión de los fármacos fundamentales. Una segunda reflexión, señor Presidente, tiene que ver con la forma como nació el problema. El origen no fue la acción de un órgano del Estado, sino simplemente la denuncia de una joven egresada de Derecho, Melissa Hohmann , quien hizo llegar un conjunto de antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica a propósito del alza del precio de un anticonceptivo: el Norvetal 20, producido por el laboratorio Organon . A mi juicio, eso habla bien de la ciudadanía, en particular de la joven que hizo la denuncia, pero también deja en evidencia las falencias de la institucionalidad pública sobre este asunto. Ahora, señor Presidente , quiero traer a colación algo no menor. El Colegio Médico presentó el año 2000 una denuncia muy bien documentada sobre integración vertical en la industria farmacéutica del país. Y la Comisión Preventiva -hoy ya no existe-, que es el antecedente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la rechazó por unanimidad argumentando que no había ningún atisbo de tal integración. Por otra parte, me interesa destacar los problemas que tiene la institucionalidad pública para enfrentar este tipo de situaciones. Reviste importancia que la Fiscalía Nacional Económica haya podido accionar, aunque es discutible la forma como se resolvió la situación: Fasa quedó libre de polvo y paja tras pagar una multa de un millón de dólares (podría haber llegado a 15 millones). Es cierto que la Fiscalía logró generar un medio de prueba que de otra forma habría sido difícil conseguir. Pero no deja de ser inquietante el argumento de que uno puede delinquir, pagar una multa bastante inferior a los beneficios obtenidos mediante el ilícito y posteriormente quedar libre de polvo y paja. Es muy complejo el problema que se nos plantea, señor Presidente. También reviste complejidad lo atinente a la compensación al público. Me he informado de que esta es voluntaria. Dependerá de lo que los ejecutivos de Fasa tengan a bien establecer para compensar por la colusión que llevaron a cabo. De otro lado, en los dos minutos que me quedan, deseo connotar la existencia de una falla general del sistema. Hay un oligopolio concentrado, que representa 92 por ciento de la oferta total de medicamentos. Existen problemas con los incentivos perversos: los empleados de las farmacias tenían un sueldo base -quizá habrá que corregirlo- de 26 mil pesos y el resto de sus ingresos derivaba de comisiones por venta, con lo cual, perversamente, fomentaban el consumo de solo determinados productos. No se observa una política de medicamentos. Hay manipulaciones comerciales, como las promociones, los descuentos por compra de grandes volúmenes. Existen dificultades con las multas, con las sanciones. Empero, nosotros también tenemos un problema. Y es el momento de que hagamos una autocrítica. El año 2003 el Parlamento despachó un proyecto que se convirtió en la ley N° 19.911, que eliminó las penas de cárcel por la comisión de los delitos en comento. Creo que sería importante disponer de un instrumento de ese tipo en las condiciones actuales. Termino, señor Presidente , haciendo presente la necesidad de que no dejemos pasar la ocasión para, en conjunto con el Gobierno, sacar adelante una legislación que nos permita enfrentar las enormes debilidades que tiene el marco regulatorio en el sector farmacéutico y dar una respuesta no contingente sino de fondo a una situación muy delicada. El señor NOVOA ( Presidente ).- Solicito autorización -y doy disculpas al señor Ministro por no haberlo hecho antes- para que ingrese a la Sala el Director Nacional de CENABAST, señor Mario Jerez . --Se accede. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. El señor GAZMURI.- Señor Presidente , compartiendo el enfoque general del Senador señor Ominami , quiero referirme a un punto muy específico. Cualesquiera que sean las modificaciones de fondo que deban hacerse para permitir que la ciudadanía acceda a los medicamentos a precios razonables, existe un elemento central que hemos de cuidar en toda esta situación, cual es que por fin en Chile se ha logrado desarrollar una industria farmacéutica nacional que produce básicamente genéricos y ha tenido una influencia muy positiva al cumplir cierto rol de regulación de los mercados. La competencia son las grandes trasnacionales farmacéuticas, y normalmente el conflicto de intereses se ha planteado en todas las cuestiones que tienen que ver con el patentamiento y la legislación sobre la propiedad industrial. Hemos efectuado dos modificaciones a la ley de propiedad industrial para hacerla compatible con nuestros compromisos TRIP. También hemos debido introducir enmiendas a raíz de los tratados de libre comercio firmados por nuestro país. Sin embargo, de manera sistemática hemos sido requeridos por las instituciones que representan a las trasnacionales, e incluso por gobiernos -por ejemplo, el de los Estados Unidos-, para reformar nuestra legislación en materia de propiedad industrial. La institución más activa en esa dimensión ha sido el Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. El señor ESPINA.- ¿Cómo se llama? El señor GAZMURI.- Si Su Señoría lo desea, puedo traducirlo al español: Investigadores y Fabricantes Farmacéuticos de Estados Unidos. Sus líneas de ataque han ido por dos lados. Primero, por decir que nuestra legislación no es completa en materia de la vinculación existente entre el Instituto de Salud Pública y la autoridad de patentamiento. A eso hemos contestado que nuestra legislación se halla completamente en línea con los acuerdos internacionales. Segundo, por sostener que nuestro ordenamiento legal sería insuficiente en cuanto a exclusividad de datos; vale decir, que se protegen, según la ley, ciertos antecedentes que se entregan a la autoridad, sea de patentes o sanitaria, para el registro y la autorización de determinado fármaco. Nuestra respuesta es que las leyes chilenas en materia de exclusividad de datos también están completamente en línea con los compromisos TRIP. Y esto tiene que ver tanto con los artículos 89, 90 y 91 de la ley de propiedad industrial como con el decreto supremo N° 153, del Ministerio de Salud, de 2005, que regula este aspecto. Llamo la atención -y quiero hacer una solicitud muy formal al señor Ministro - en el sentido que desde 2007 circula un proyecto de decreto sustitutivo del N° 153, sobre exclusividad de datos. Y, como no dispongo de tiempo, me limitaré a señalar que por lo menos sus artículos 2°, 4°, 7°, 8°, 9° y 11 van más allá de aquello a lo que estamos obligados, y que aun el artículo 8°, entre otros preceptos, contraría la ley de patentamiento industrial, ya que incluye en la protección de datos no divulgados "sales y complejos de un principio activo", elementos que, según señala explícitamente aquella, no son resguardados. Esta tarde, entonces, le pido al señor Ministro de Salud que paralice el referido proyecto de decreto. El decreto N° 153 ha funcionado; y si hubiera que introducirle alguna enmienda, deberíamos analizarla con mucha calma. La verdad es que una industria nacional de genéricos es parte de la solución a los problemas existentes. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier, por los cuatro minutos que le restan al Comité Socialista. El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, quienes tuvimos el honor de pertenecer a la otra rama del Congreso en los años noventa sabemos que el tema no es nuevo. Quiero recordar que hubo un Diputado , el señor Mario Hamuy , que encabezó una Comisión investigadora conformada precisamente para ocuparse en el asunto que nos ocupa, la cual dejó en evidencia no solo el problema de la concentración de la propiedad en las cadenas farmacéuticas -crítica ácida planteada por la Unión de Dueños de Farmacias de Chile (UNFACH)-, sino que también dio lugar a que se manifestara inquietud en torno al vínculo de los laboratorios con ellas. ¿Qué quiero decir? Que no se trata -repito- de algo nuevo. Cabe advertir varias dimensiones en la situación, sin duda. Una de ellas dice relación a lo moral. A veces, se discuten aquí los aspectos éticos o morales como si fueran solamente de carácter sexual; pero no cabe duda de que estamos ante una cuestión de la máxima importancia en ese plano cuando se abusa de los adultos mayores en estado de necesidad al jugar con los precios de los medicamentos. Este es uno de los puntos donde el mercado evidencia fallas tremendas. Existe, entonces, un problema moral, a raíz de las consecuencias de que el libre mercado funcione en el ámbito del acceso a dichos productos. Es algo complejo, y no quiero simplificarlo. La segunda afirmación que se puede formular es que la autorregulación no funciona en esta área. Y no tengo la menor vacilación al estimar que nuestra legislación es insuficiente. Incluso el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica también lo es. Desde los años noventa, algunos hemos planteado la importancia de acoger políticas y normas como las de la Clayton Patterson Act, de Estados Unidos, en las cuales se establece un concepto diferente de la libre competencia, se regulan los oligopolios y se reduce la concentración económica en pocas manos. Por desgracia, ello no existe en Chile. En ese país no se permite que uno o dos grupos económicos controlen más de 30 por ciento del mercado en áreas de estas características. Sabemos que Recalcine y Laboratorio Chile recurren a políticas discriminatorias -el mercado se los permite- al facilitar a las cadenas precios menores por volumen. Existen criterios comerciales muy distorsionadores, cuyos beneficios no necesariamente pasan al consumidor. La práctica de "la canela", por medio de la cual se premia a los trabajadores por la venta de un producto, con relación a otro, es un dato conocido y reconocido en la industria y constituye una distorsión. Debemos abordar estas situaciones, señor Presidente. No podemos jugar a la "política del avestruz". ¿Cuál es la solución, más allá de la acción de la Fiscalía Nacional Económica y la pena? Aplicar una política de Estado que permita el acceso a los medicamentos a todas las chilenas y chilenos que los requieren, especialmente a los de primera necesidad. Si ello se garantiza a través de una política de la Central de Abastecimiento y los consultorios municipales u hospitales, debemos hacerlo. Es preciso saber dónde restringir el accionar del mercado. Y no cabe duda de que en el acceso a los medicamentos, sobre todo a los que resultan fundamentales, no es conveniente una lógica de libre mercado, como la existente. No emitiré un juicio moral sobre los accionistas, pues ese no es el punto. Lo único que puedo aseverar es que lo que hoy tenemos no es lo mejor para el Chile del futuro. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi, en el tiempo que resta al Partido por la Democracia. El señor GIRARDI.- ¿Teníamos ocho minutos, señor Presidente? El señor NAVARRO .- Déjeme uno, señor Senador. El señor GIRARDI.- Así lo haré. Señor Presidente , nos hallamos ante un tema muy relevante, ya que ha sido objeto de una tremenda connotación pública. Porque estamos haciendo referencia a medicamentos y políticas de salud. El medicamento, muchas veces, cierra el proceso de salud. Y cuando ocurre el tipo de interferencias e interacciones que nos ocupan se está violando un derecho humano fundamental -a mi juicio, se trata de políticas criminales-, pues muchas personas, de todo tipo, se han visto impedidas de tomar sus fármacos. Conozco jubilados que no han podido comprar anticancerígenos no incluidos en el AUGE cuyos precios han subido por encima de 60 mil pesos, así como enfermos de hipertensión maligna a quienes no les ha sido posible adquirir sus hipotensores o diabéticos que tampoco han accedido a sus medicinas. ¿De qué se trata? Con el Diputado señor Silber formulamos una denuncia, en mayo del año pasado, ante la Fiscalía Nacional Económica, sobre la base de que se había iniciado una investigación respecto del precio de los anticonceptivos, que había aumentado en más de ciento por ciento. ¿De qué nos dimos cuenta? A los precios de referencia de la CENABAST, que compra al por mayor, les aplicamos el IVA y diez por ciento de margen de utilidad, y los comparamos. Porque la adquisición es igual a la de las farmacias. Y advertimos que eran hasta mil por ciento más caros. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, me ha tocado indicar un tratamiento a niños afectados por bronquitis obstructiva, los que necesitan dos inhaladores: salbutamol y budesonida, y un antialérgico. El salbutamol, en vez de costar mil pesos, valía seis mil; la budesonida, en vez de mil 600 pesos, 16 mil, y la cetirizina, en vez de mil pesos -como mucho-, 6 mil. Entonces, los señores Senadores se darán cuenta de que una receta que debía representar poco más de 3 mil pesos ascendía a cerca de 30 mil. ¡De eso estamos hablando: de la violación de un derecho fundamental! ¿Por qué ocurre lo anterior? Por varios problemas. En primer lugar cabe mencionar la integración vertical. En la medida en que las farmacias recurran a ella, actúan con el incentivo de vender sus propios productos y les pagan a sus dependientes estímulos para hacerlo. Estos últimos no tienen más alternativa, pues ganan 26 mil pesos. En mi poder se encuentran correos electrónicos -los presentaré el próximo viernes al Ministerio Público- que demuestran cómo esos establecimientos instruyen a sus empleados para expender determinados productos. Si venden el genérico, reciben cinco pesos por cada uno; si se trata del mismo producto, pero de marca -que cuesta mil por ciento más-, 180 ó 200 pesos. Y en el computador, detrás del mostrador, ven una lista de precios y a cuánto asciende el incentivo que logran por colocar cada uno de los artículos. Por eso, cuando una persona va a comprar un genérico, le contestan: "No hay". Mas no es eso. La explicación se encuentra en lo que acabo de señalar. ¡Y constituye un escándalo, un robo a mano armada, una vergüenza! Queremos, entonces, que no solo la Fiscalía Nacional Económica, sino también el Ministerio Público sancione esas acciones, porque corresponden a los tipos consagrados en los artículos 285 y 286 del Código Penal, relativos al aumento fraudulento de los precios. Además, presentamos una denuncia no solamente ante la Fiscalía Nacional Económica, en mayo del año pasado, sino también en el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, porque no se exhibía la lista de precios. ¡Recorrimos todas las farmacias de cadena en dicha comuna y ninguna lo hacía! ¿Qué significa eso? El artículo 30 de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores dispone que los precios deben estar indicados en forma permanente. Sin embargo, no lo están. Si mis Honorables colegas van a una farmacia, hacen la fila y piden un medicamento, pasan a este por la maquinita y les dan el precio. ¡Ustedes tienen derecho a ver todo el listado de paracetamoles -llámense "Kitadol" o como sea- y decidir de acuerdo con el costo! Hoy día eso está denegado. A pesar de que fueron sancionadas por ello, ninguno de los locales de las cadenas indica la lista de precios. Debo recordar que Farmacias Ahumada, en octubre del año pasado, al igual que ahora, reconoció que carecía de esa lista y que la prepararía. En cambio, Salcobrand y Cruz Verde nunca lo hicieron y nos amenazaron con querellas. Presentamos otro recurso, en junio del año pasado, al Instituto de Salud Pública (ISP), dando a conocer los pagos ilegales a los dependientes, motivo por el cual se sancionó con una multa de treinta millones de pesos. ¡Y los siguen efectuando! Tenemos en nuestro poder un registro de ayer, con testimonios gráficos de cómo les continúan pagando primas y los incentivan a vender determinados productos para recibir comisiones especiales. ¡De eso estamos hablando, que es lo que debe terminar! También se debe concluir con la sustitución de la receta médica. Esta debe ser un instrumento público y tenemos que obligar al facultativo a que señale el genérico. Si quiere poner el de marca, que lo haga, pero que cumpla esa obligación, a fin de que sea el paciente quien resuelva en virtud de los precios. Asimismo, se requiere establecer sanciones mucho más altas a la violación de las normas. Nosotros hicimos una comparación de precios durante la semana pasada y los medicamentos no habían bajado en un peso -¡en un peso!- en ninguna de las cadenas. Por eso, aparte de terminar con la integración vertical, de obligar a que exista lista de precios, de impedir la sustitución de recetas médicas -muchas de estas farmacias, además, las envían a una instancia intermediaria que les indica a los laboratorios qué está prescribiendo cada profesional y violan la información confidencial del paciente-, creemos que es necesario tomar en serio la posibilidad de sancionar penalmente la colusión, de disolver las sociedades cuando se establezca una situación tan grave, y somos partidarios de que la CENABAST pueda venderles a pequeñas farmacias que no son parte de los grupos monopólicos para que logren sobrevivir. Debiera estudiarse, también, la alternativa de que los consultorios, los hospitales, fuesen vendedores de medicamentos, lo que significaría una gran reforma, porque hoy día no tienen los recursos, ni el personal, ni el espacio físico para ello. Sin embargo, hay algo muy importante: lo fundamental, para poder superar parte de la situación de inequidad, es que los consultorios y hospitales entreguen cien por ciento de la receta a los beneficiarios del sistema público. Hoy día solo llegan a 45 por ciento de ella. Nos quedarían FONASA de libre elección y la gente de las ISAPRES. Son temas que tenemos que discutir. Señor Presidente , dejo hasta aquí mi intervención para que el Senador señor Navarro pueda agregar algo al debate. El señor NOVOA (Presidente).- Le resta un minuto, Su Señoría. El señor ALLAMAND.- ¡Que sintetice¿! El señor LARRAÍN.- Podrá decir: "¡Patagonia sin represas!". El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente , suscribo todo lo expuesto por el Senador señor Girardi . Solo agregaré que es necesario legislar sobre los funcionarios de confianza y, particularmente, en cargos de fiscalización. Me refiero al caso del señor Pedro Mattar . No es posible -es algo que daña la credibilidad pública en la institucionalidad- que un ex Fiscal Nacional sea actualmente el principal asesor de la mayor cadena de farmacias: Cruz Verde. Durante años, recibió las denuncias. Así lo ha expresado el señor Raúl Álvarez , Presidente de la Unión de Dueños de Farmacias de Chile . No resulta razonable, para la transparencia, que el señor Mattar sea hoy el abogado de la principal empresa del sector, habiendo tenido en su poder las denuncias y hecho caso omiso de su procesamiento. Por tanto, se requiere que el Congreso legisle sobre inhabilidades, incompatibilidades, en particular para que los fiscalizadores no puedan defender después a los fiscalizados. Y para eso el Estado tiene que pagar el sueldo por un tiempo prudente, a fin de evitar que tales funcionarios puedan trabajar en el área en la cual fiscalizaban. ¡Patagonia sin represas, señor Presidente! El señor NOVOA (Presidente).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , el 1º de junio de 1993 se dio a conocer, en la Cámara de Diputados, un informe de la Comisión Especial Investigadora de la Comercialización de los Medicamentos y Productos Farmacéuticos, la cual se había formado a raíz de un proyecto de acuerdo aprobado por la Sala "para esclarecer las alzas artificiales en el precio neto de éstos y determinar los cargos que permitan actuar tanto a la Comisión Antimonopolios como a los propios Tribunales de Justicia y al Servicio de Impuestos Internos, haciendo respetar la ley y normalizando así el caótico y discriminatorio sistema de precios, en beneficio de los consumidores.". A su vez, el Colegio Médico formuló una denuncia en el año 2000. Deseo recordar que en esa época invitamos a muchas personas. La Comisión Especial fue presidida por el Diputado señor Juan Pablo Letelier , y la integraron, entre otros, el señor Hosaín Sabag y quien habla. Tomamos conocimiento de los fundamentos y razones que podían explicar la situación, estudiamos los antecedentes y elaboramos proposiciones tendientes a solucionar el problema. El Ministro de Economía de entonces, como lo consigna el informe, era el señor Carlos Ominami Pascual . El señor Luis Sánchez ocupaba el cargo de Director del Servicio Nacional del Consumidor; el señor Gilberto Villablanca se desempeñaba como Fiscal Nacional Económico; el señor Jorge Jiménez de la Jara era el Ministro de Salud , en fin. También asistieron representantes del sector privado. Solicitamos, asimismo, gran cantidad de oficios. Y, sobre la base de todos esos antecedentes -como dije, tengo aquí la opinión de cada uno de los que concurrieron-, establecimos conclusiones que, lamentablemente, son las mismas que estamos escuchando ahora, con la sola diferencia de que en esa época el mercado no estaba tan concentrado. Quiero leer las proposiciones que se formularon, a ver si es posible determinar si algo de eso se ha concretado en los 16 años transcurridos. El informe dice lo siguiente: "La Comisión, con el propósito de efectuar un aporte real, serio, responsable y constructivo en la materia de su competencia, y teniendo en consideración las opiniones planteadas en el seno de ella por los diversos invitados a sus sesiones, como asimismo, las fundadas opiniones de sus Diputados integrantes, somete a la H. Cámara, para su aprobación, las siguientes proposiciones: "1.- Formulación de una POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS que contemple, entre otros, los siguientes aspectos: "A) Modificación del Decreto Supremo 435-81, del Ministerio de Salud Pública, con el objeto de adecuarlo a las necesidades y requerimientos que impone la realidad actual, incorporando entre otras materias: "-Creación del CONSEJO NACIONAL FARMACEUTICO, dependiente de dicho Ministerio, con las facultades de a) supervisar y evaluar la conveniencia del registro de nuevos productos farmacéuticos, en plazos claramente definidos, atendiendo al efectivo aporte terapéutico de los mismos, y b) de fiscalizar los efectivos atributos terapéuticos de los productos naturales y homeopáticos. "-Fortalecimiento de las acciones de control de calidad en todas las fases del proceso, desde la importación de las materias primas utilizadas, la producción de medicamentos y, en especial, en los puntos de venta para el uso efectivo por la población. "-Prohibición de la publicidad en vitrina, así como dentro de la farmacia, de los medicamentos y productos farmacéuticos cuya venta requiere de receta médica. Dicha prohibición debiera hacerse extensiva a todos los medios de comunicación social. "-Obligatoriedad de la presencia de un profesional Químico-Farmacéutico durante la totalidad de la jornada en que esté abierta la farmacia. "B) Modificación del Decreto Ley Nº 211, sobre libre competencia, a fin de que sus disposiciones garanticen la efectiva transparencia en el mercado farmacéutico." ¿Ello se hizo o no se hizo? "Estas modificaciones deben plasmarse en, a lo menos, las siguientes materias: "-La tipificación precisa de las conductas punibles que atenten contra la libre competencia. Esto debe concretarse en la incorporación de un párrafo en el D.L. 211 que tipifique las prácticas desleales. "-Dotar a la Fiscalía Nacional Económica de la estructura tecnológica y de personal que les permita efectuar una fiscalización eficiente y permanente. Este organismo deberá contar con personal con dedicación exclusiva y adecuadamente remunerado, en consideración a sus funciones. "-Obligatoriedad para los laboratorios de publicitar las listas de precios reales sobre los cuales no se podrán fijar descuentos discriminatorios.". ¡De eso mismo estamos hablando! "C) Acentuar el rol subsidiario del Estado en la dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos a fin de garantizar el derecho de todo ciudadano de tener acceso a medicamentos de buena calidad y a costos razonables. Esto se debe traducir, a lo menos, en lo siguiente: "-Garantizar el abastecimiento de un arsenal farmacológico que permita satisfacer la demanda de los usuarios en todos los consultorios municipalizados de atención primaria y, en especial, la de los grupos de riesgo de sectores medios y de escasos recursos (menores de 2 años, tercera edad y enfermos crónicos). "-Generar mecanismos de comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos de prescripción médica en aquellas comunas donde no exista farmacia.". Tenemos muchas comunas y lugares sin farmacia, por ejemplo, en las islas de Chiloé y la provincia de Llanquihue. "D) Modernizar la función de la Central de Abastecimiento propiciando su descentralización; autorizar su funcionamiento como droguería para los servicios de salud estatales y municipales; definir normas más eficientes para la adquisición de productos y revisar su registro de compradores autorizados, eliminando instituciones que no correspondan y abriéndolos a farmacias en territorios donde existe ausencia de competencia y a enfermos crónicos. "E) Revisar criterios respecto a medicamentos que legalmente requieren para su dispensación recetas médicas, incorporando, a lo menos, las siguientes sugerencias: "-Liberar de ella productos cuyo consumo sólo requiere de una adecuada información respecto a su uso y contraindicaciones, pasándolas a la categoría de venta libre. "-Impulsar un programa escalonado para reducir consumo de las benzodiazepinas, tendiendo, en definitiva, a pasar todas sus variedades a recetas médicas retenidas, con apoyo de una campaña educativa al respecto. "2.- Garantizar la transparencia de información en las diferentes etapas de la cadena de comercialización de los medicamentos y productos farmacéuticos, a través de las siguientes sugerencias: "A) Facultar legalmente para que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) pueda solicitar precios de venta al público de medicamentos y productos farmacéuticos a las farmacias. "B) Establecer normas, procedimientos claros y definición de una autoridad fiscalizadora especializada que supervise la calidad de las materias primas, insumos y productos importados destinados al mercado de medicamentos y productos farmacéuticos. "C) Establecer en el Servicio de Impuestos Internos sistemas especializados que permitan la correcta fiscalización tributaria en la comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos, fijando normas más estrictas sobre el uso de notas de créditos y pago de servicios por los laboratorios a las farmacias. "3.- Dignificar y acentuar la función social de los profesionales de la salud como prescriptores de medicamentos y productos farmacéuticos, considerando sugerencias como: "A) Otorgar calidad de instrumento legal a las recetas médicas para evitar su falsificación y tipificar sanciones por la sustitución de ellas. "B) Promover entre los profesionales de la salud la inclusión en sus prescripciones de los nombres genéricos de los medicamentos. "C) Incorporación en el Código de Ética de los profesionales de la salud de normas precisas sobre su vinculación con actores dedicados a la comercialización de productos vinculados a la industria farmacéutica. "4.- Promover la modernización en el funcionamiento de las pequeñas y medianas farmacias a través de la implementación de programas especiales de capacitación para su personal, con el aporte del Programa de Apoyo para Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). "SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE , AL SEÑOR JUAN PABLO LETELIER MOREL .". Señor Presidente , he querido rememorar las proposiciones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados porque, lamentablemente, parece que después de 16 años no hemos avanzado nada. Es cuanto puedo señalar. El señor NOVOA ( Presidente ).- En el resto del tiempo del Comité Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente , me parece muy importante el recuerdo que ha hecho el Honorable señor Kuschel con respecto al informe que años atrás analizó una materia extraordinariamente relevante. Coincido en que el caso de denuncia de colusión en contra de tres cadenas de farmacias, conocido hace algunas semanas, reviste especial gravedad. Ello, porque es de la esencia de un modelo de economía social de mercado la libre competencia, así como de esta última lo es el respeto a la fe pública. Es decir, la libre competencia funciona en la medida que quienes estén dispuestos a entrar a las reglas del juego compitan lealmente con el propósito de intentar vender los productos de la mejor calidad al menor precio. Y cuando tal relación se rompe, se afecta la credibilidad en un modelo que trae progreso a las sociedades si sus reglas se respetan. En ese sistema el Estado no es neutral. Es cierto que cumple un rol subsidiario, pero ello no significa que no haya que poner el acento en lo que tiene que hacer, y no solo en lo que no debe realizar. El Estado debe efectuar a lo menos dos cosas: primero, ser eficiente en el uso y distribución de los recursos que pertenecen a todos los chilenos (porque de ellos provienen); y, en segundo lugar, actuar donde las normas de la libre competencia no sean capaces de resolver problemas sociales acuciantes y graves. Pero, sobre todo, el Estado ha de regular adecuadamente a fin de que se respeten las reglas del juego. Señor Presidente , cuando se critica a la Administración Pública por actos de corrupción, y ello se señala clara y categóricamente, no puede haber un doble estándar. Deben criticarse con la misma fuerza y decisión los actos corruptos que se cometen en la empresa privada. Y precisamente por ser tales, gran parte de las legislaciones del mundo tipifican con sanciones penales los actos de colusión, porque significan concertarse en forma fraudulenta para alterar las normas de la libre competencia en perjuicio de los usuarios, y en el caso que nos ocupa, de quienes reciben nada menos que medicamentos. Al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia le corresponderá determinar la efectividad de las denuncias, y, posteriormente, a la Corte Suprema. Pero hay un hecho evidente: una de las cadenas de farmacias involucradas confesó formar parte de una colusión, antecedente que gatilla finalmente el que hoy día exista el proceso de connotación pública a que nos hemos referido. Obviamente, los tribunales deberán resolver sobre el particular y las partes tendrán derecho a exponer sus puntos de vista. Mas, frente a tal situación no es posible ser neutral y, por lo tanto, es preciso manifestar que deben sancionarse con la misma fuerza los actos irregulares cometidos tanto en el sector privado como en el sector público, sobre todo si en ellos está en juego la fe pública. Junto con los Honorables señores Chadwick , Cantero , García , Horvath , Allamand y otros Senadores presentamos un proyecto que tiene por finalidad sancionar penalmente la colusión, como ocurre en muchos países del mundo. Y no hay que tenerle miedo a establecer una normativa de tal naturaleza, porque se trata de un acto de defraudación a la fe pública. No quiero referirme al caso particular en comento, porque -repito- tendrá que ser resuelto por la justicia. Pero digamos las cosas como son: se ha afectado la credibilidad de un sistema en el que yo, a lo menos, creo profundamente. Por lo tanto, en esta materia debemos proceder en forma categórica, clara y sin doblez. En seguida, la incorporación de la delación compensada -con esto termino, señor Presidente - representa un gran acierto. Porque mediante esa norma el Estado declara: "Con tal de que se desarticule una red organizada en perjuicio de los usuarios, estoy dispuesto a aminorar la sanción al involucrado que confiese el hecho". Se trata de una herramienta que habrá de ponerse en práctica y perfeccionarse, pero, sin duda, constituye un avance importante para descubrir casos de colusión, que representan acciones corruptas en las cuales la prueba siempre es muy difícil. En consecuencia, señor Presidente, el hecho de que las instituciones funcionen como corresponde, lejos de debilitar el modelo de economía social de mercado, lo fortalece. No es pertinente adelantar culpabilidades, porque en una democracia y en un Estado de Derecho ellas deben ser resueltas por los tribunales. Pero sí lo es el tener conciencia de que cuando estos actos se cometen en el sector público o en el privado debemos ser claros y categóricos en orden a no aceptar que ello continúe ocurriendo. He dicho. El señor NOVOA ( Presidente ).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente , el país conoció con indignación y espanto, hace algunas semanas, la noticia de que las tres grandes cadenas de farmacias existentes en el país se habrían coludido y concertado para fijar precios a 222 medicamentos. Ese hecho representa un grave atentado a la Ley de Defensa de la Libre Competencia y los responsables deberían recibir las sanciones más drásticas que ella contempla para este tipo de delitos. Con todo, más allá del simple hecho de trasgresión a una ley de la República, subyace una realidad que no podemos soslayar. Al contrario, debemos desnudarla ante la opinión pública para que no quede ninguna duda acerca de la gravedad del delito cometido en contra de los compatriotas más modestos, más sufrientes y más dignos de toda ayuda: los enfermos. En efecto, se ha pretendido obtener ganancias a costa de ellos, subiendo en forma concertada el precio de los medicamentos que usan todos los días para controlar alguna enfermedad y alcanzar, dentro de lo posible, una mejor calidad de vida. Por lo anterior, quienes resulten responsables de los hechos denunciados por la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia deberán sufrir todo el rigor de la ley vigente, que establece penas pecuniarias. Ahora bien, quiero ir más allá todavía y, aunque resulte duro decirlo, señalar que coincido con quienes piensan que deben imponerse penas de privación de la libertad para todos los involucrados en actos como los que nos ocupan. Nadie desea volver a los tiempos en que el burócrata de turno fijaba desde su escritorio los precios de los productos para todo el país; pero, sí, establecer mayores y permanentes regulaciones que permitan evitar tales atropellos a la legislación vigente y a los ciudadanos más necesitados. En el fondo, aquí se ha vulnerado en su sentido más profundo el sistema de libre mercado, que rige desde mediados de los años setenta en Chile. En el caso de la colusión de las tres grandes cadenas de farmacias antes mencionado, ellas, en pleno siglo XXI, quisieron cumplir el papel del burócrata de la década de los setenta, cuando no existía el libre mercado. Bien sabemos que la razón principal de este último radica en que la libre concurrencia de vendedores y compradores de bienes y servicios sea el mecanismo que determine el precio. Esta fórmula ha sido eficiente para poner al alcance de todos algunos bienes que antes solo podían estar en manos de unos pocos privilegiados. Queda claro, entonces, que cuando nuestra legislación protege la libre competencia y sanciona las conductas contrarias a ella busca promover y defender el libre mercado como principio fundamental de nuestro orden público económico. En ese campo y en ese sentido ha actuado la Fiscalía Nacional Económica al denunciar la colusión llevada a cabo por las tres principales cadenas de farmacias del país: Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, que controlan el 92 por ciento del mercado farmacéutico nacional, formando un pequeño oligopolio. Ellas se reparten una torta que ya en 2004 se estimaba en aproximadamente 600 millones de dólares al año. Hoy, la cifra debe ser significativamente mayor. Dejan, por lo tanto, el 8 por ciento restante para cerca de 700 farmacias pequeñas que no pertenecen a esas cadenas y que se encuentran repartidas a lo largo del país, hasta en los más apartados rincones. En América Latina, Chile ocupa el tercer lugar entre los mayores consumidores de medicamentos. Esos 600 millones de dólares que se facturaron en 2004 corresponden a la venta de cerca de 200 millones de unidades de fármacos. En 2000 se inició la concentración de las farmacias hasta formar las tres cadenas que conocemos: Ahumada, con más de 130 locales; Salcobrand, con una cantidad casi igual, y Cruz Verde, con más de 140, todos solo en la Región Metropolitana. La abrumadora presencia de estos gigantes en todas las Regiones y comunas obligaría a multiplicar varias veces tales cantidades, las que cito únicamente como botón de muestra, para entender la magnitud de la concentración. Esta les otorga más fuerza para negociar con los laboratorios. Y ya no solo se dedican a vender medicamentos, sino además otros artículos. Aunque parezca anecdótico, no debemos olvidar que en un momento dado Salcobrand permitía jugar Loto en sus locales. Ahora incluso se pueden recargar teléfonos móviles. Esas cadenas farmacéuticas han entrado también en alianza con las grandes tiendas y casas comerciales, para que la gente compre remedios a través del mismo sistema de tarjetas de crédito y el consiguiente recargo de intereses. El delito de colusión para subir el precio de 222 medicamentos que se ha denunciado no es nuevo en el historial de las grandes cadenas de farmacias. En mayo de 2006, el Sernac dio a conocer un acucioso estudio realizado sobre ese mercado, en el cual determinó que ninguno de tales conglomerados cumplía con el absoluto de la publicidad que emitían por radio, televisión y medios escritos, e inducían a error o a engaño al comprador, llevando a la práctica estrategias de mercadeo similares, tendientes a convencer al cliente de que cada uno de ellos vende más barato. Resulta curioso, pero aquí nos encontramos hablando de mercado, de técnicas de mercado y de publicidad engañosa como si nos refiriéramos a productos que se pueden comprar en cualquier lugar. Los medicamentos no son mercancías comunes y corrientes. Sirven para mantener la buena salud de la población. Y aquí empieza el conflicto de intereses: por una parte, el legítimo derecho de la industria a obtener ganancias por su trabajo, y por la otra, el derecho a la salud que corresponde a todo ser humano. Siempre se trata de justificar los altos precios de los fármacos con el uso de nuevas técnicas para producirlos; la fabricación de moléculas más complicadas, y el empleo de aparatos cada vez más caros. Existe, pues, un conflicto entre la enorme riqueza que la industria farmacéutica genera y los daños que los ciudadanos deben asumir. Quienes critican al sector señalan que los costos de producción han disminuido bastante por el uso de tecnología, menos mano de obra y procesos de producción más eficientes. Se sabe que hoy en día los mayores costos provienen del mercadeo o marketing, el que implica millonarios desembolsos, y no de la investigación, como se suele afirmar. A partir de la indagación y de la consiguiente denuncia que se presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se suscitó a nivel nacional un debate, en el cual, como pocas veces antes, se han involucrado los ciudadanos consumidores. Me parece que el caso de las farmacias no es el único intento de atropello a la normativa vigente. Bien sabemos o sospechamos que en otros rubros pueden estar ocurriendo situaciones parecidas, aún no investigadas. La reacción del país frente a la colusión de las farmacias ha sido ejemplar, tanto de parte del Estado como de los propios ciudadanos y de las entidades involucradas en estos procesos económicos. Además, se han aplicado sanciones pecuniarias y de privación de libertad ejemplarizadoras -ojalá vuelva a imperar la ley-, a fin de asegurarnos a todos un buen resguardo para evitar, en el futuro, ese tipo de zarpazos a los presupuestos de tantas familias chilenas. He dicho. El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Independientes, tiene la palabra el Senador señor Cantero. El señor CANTERO.- Señor Presidente , en verdad, la colusión de precios de las farmacias Salcobrand, Fasa y Cruz Verde constituye un escándalo nacional, una vergüenza, una situación sin precedentes en la cual intereses económicos subalternos atropellan la dignidad de millones de personas en forma francamente inmisericorde. Ese hecho pone de manifiesto la relevancia de analizar el rol del mercado versus el rol del Estado. El mercado no puede cometer tales abusos sin un Estado con debilidad para actuar. Y, en tal sentido, me parece que las instituciones encargadas de controlar evidencian una clara falta de recursos para cumplir su función. En el mercado existe la tentación, en algunas circunstancias particulares, de cometer esa clase de abusos arbitrarios, ilegales, inhumanos. El punto es que el Estado debe estar en condiciones de evitar que ocurran. En consecuencia, es necesario dotarlo de instrumentos y facultades que le permitan efectivamente ejercer ese rol. En mi opinión, en el caso en comento ello no se da. Ya veremos cuáles son las instituciones llamadas a intervenir con mayor fuerza en dicho ámbito. Por otro lado, se valora la actuación de la sociedad civil, que ha tenido un papel activo en el proceso de denuncia. En efecto, más allá de la información que puedan entregar el Sernac y otras reparticiones vinculadas con el problema, lo cierto es que la sociedad civil ha cumplido un rol activo y sustancial en la denuncia y en poner frente a la opinión pública la situación en referencia. Hay otro asunto que me interesa resaltar. Es preocupante lo que sucede cuando existe esta concentración de la propiedad: concentración en materia de producción; concentración por la vía de las patentes industriales; concentración en la distribución, y también, muchas veces con nuestra propia complicidad, concentración en la comercialización al no permitir, mediante una serie de restricciones legales, que algunos fármacos sean expendidos en ciertos lugares de acceso público. Tal concentración es extremadamente peligrosa. Y lo peor de todo es que hoy se ha hecho evidente en la colusión escandalosa para elevar el precio de los remedios que se ha producido. Pero no es el único caso. Acontece también en otras áreas. En esta misma Sala hemos escuchado reclamos por lo que acontece en las AFP; en los bancos; en las empresas de servicios sanitarios, con el agua; en las compañías de electricidad, con la energía eléctrica; etcétera. Y a menudo comprobamos en terreno que el ámbito del rol del Estado resulta insuficiente para cautelar adecuadamente los intereses de los particulares. Es una institución nacional la quemazón de equipos, producto de la mala calidad en el suministro de energía eléctrica. Ocurre con gran frecuencia y, sin embargo, las empresas se dan maña para no responder nunca por los perjuicios. Estas acciones monopólicas, esta alta concentración de la propiedad -repito- requiere un Estado más empoderado. Y para ello reclamo que la Fiscalía Nacional Económica tenga las facultades pertinentes que le permitan operar, controlar, regular y evitar ese tipo de abusos. Lo mismo pido respecto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ojalá el Parlamento aprobara un marco legal más restrictivo. Hoy la opinión generalizada es que hay una legislación ambigua y permisiva que entrega escasas facultades a las entidades llamadas a preocuparse por esta situación. Otro aspecto del problema lo representan los grandes conglomerados que, por la vía de la concentración de propiedad, parecen estar dominando muchos ámbitos del quehacer nacional. Eso ya se señaló en esta Sala. El año 2005 una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados denunció el problema de la concentración en las redes de distribución y en el manejo de los laboratorios. Las cadenas de farmacias eran presionadas por los laboratorios o se estimulaba a los médicos para que recetaran determinados remedios. Pero, a poco andar, hemos comprobado que tal situación se invirtió. También hemos escuchado quejas de parte de ciertos laboratorios en el sentido de que, dada esa concentración en la propiedad de las farmacias, los obligan a bajar los precios o, en caso contrario, no les compran a ellos, pero sí a otros. La verdad es que, en uno y otro sentido, se produce una suerte de cartel, que finalmente no beneficia a la ciudadanía, sino que la daña al terminar afectándose los precios de los productos. El Colegio Médico se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el problema. Hay otro aspecto: al leer el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional referido al problema en análisis, llama la atención la importancia que adquiere la figura de la delación que, en este caso, no es tal. Constituye un hecho clave en la historia de la Fiscalía Nacional Económica el que por primera vez se pueda tener una figura parecida a la delación por la vía de declaraciones hechas por ejecutivos de Farmacias Ahumada (Fasa). Esta entidad reconoció que concertó el precio de 222 medicamentos con sus similares Cruz Verde y Salcobrand, lo que ha generado escándalo público. Se fijó una multa de un millón de dólares. Sin perjuicio de que es cuestionable esa suma, sentará las bases para hacer justicia, de una vez por todas, con pruebas contundentes. ¿Y por qué me parece relevante? Porque esta es una historia que ya tiene algún recorrido. Como dijimos, el informe de la Cámara de Diputados de 1993 consigna los diagnósticos, las sugerencias o "recetas" -para emplear la jerga usada en el caso que nos ocupa- y las propuestas de solución, sin perjuicio de que, en definitiva, no se adoptara ninguna. En relación con este caso particular, el 10 de diciembre de 2008 la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en contra de las farmacias Ahumada, de la familias Codner y Falabella; de Cruz Verde, de Guillermo Harding, y de Salcobrand, del grupo Yarur , por el alza concertada de precios de 222 medicamentos de 36 categorías, entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. ¿Qué ocurrió entremedio? Cruz Verde acudió al Tribunal Constitucional, requiriendo las pruebas para defenderse y negando categóricamente esa situación. ¿Qué pasó con Salcobrand? Presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia su rechazo a los cargos y la petición de que se mostraran las pruebas. El 24 de marzo de 2009 se dio a conocer un acuerdo de conciliación entre farmacias Ahumada y la Fiscalía Nacional Económica para poner término al litigio, que fue firmado el 13 de este mes y que hoy día fue ratificado. En dicho documento se establece que efectivamente hubo colusión para subir los precios de algunos medicamentos. ¿Qué dice este acuerdo en términos generales? En él se señala lo siguiente: "Algunos ejecutivos de Fasa mantuvieron contacto con algunos laboratorios que les propusieron alzar coordinadamente los precios de las tres compañías, lo cual estos aceptaron. Tanto Cruz Verde como Salcobrand habrían hecho lo propio.". También señala: "Ni la Vicepresidencia Ejecutiva ni su Directorio tuvieron conocimiento del hecho.". En resumen, Fasa se comprometió a pagar un millón de dólares de multa. ¿Qué ocurre ante esta situación? Cruz Verde declara que nunca ha regulado coordinadamente los precios. Por su parte, Fasa reitera su posición. ¿Pero cuál es el punto? 27 mil millones de pesos extras habrían ganado las farmacias. ¡27 mil millones de pesos de ganancias ilegítimas, según sostiene la Fiscalía Nacional Económica, contra un millón de dólares, equivalentes aproximadamente a 500 millones de pesos! Tiene razón la ciudadanía de indignarse frente a esta permisividad. Sin perjuicio de ello, valoro el hecho de que el acuerdo logrado nos permita, por primera vez, comprobar un hecho de esa naturaleza. En todo caso, tampoco es la primera vez. En 1995 la Comisión Resolutiva de la Fiscalía Nacional Económica multó a Fasa, a Brand y Salco -en ese entonces estaban separadas-, con 41 millones de pesos, y a Cruz Verde con 20 millones de pesos, luego de que esta última contara detalles de las maniobras de sus competidores. La vida es una paradoja, porque ahora ocurre exactamente al revés. Entonces, conviene valorar la importancia de la delación compensada. Ella, a mi juicio, es relevante y ha generado distintas opiniones. Algunas coinciden en que debiera pasar del ámbito criminal al del comercio, particularmente cuando hay colusión y se ha detectado la existencia de verdaderos carteles que atentan contra los derechos de la población. La ciudadanía pregunta: Y toda esta verborrea, ¿qué nos trae? Que los Senadores presenten distintos proyectos de ley para remediar el problema. Quiero resaltar el trabajo de la Comisión en que yo participo, que encabeza el Honorable señor Espina e integran, aparte del que habla, los Senadores señores Chadwick , García y Horvath . Y presentamos una moción que busca no solo multar pecuniariamente en la magnitud que corresponda, sino también establecer penas adicionales de cárcel de presidio menor en cualesquiera de sus grados; es decir, desde 61 días a cinco años. Se trata de una medida necesaria y conveniente, para que de una vez por todas se acaben estas situaciones tan escandalosas, que afectan la dignidad humana y ponen en descrédito un modelo económico que debe ser regulado adecuadamente por la acción del Estado. El señor NOVOA (Presidente).- En el tiempo del Comité UDI, tiene la palabra la Senadora señora Matthei. La señora MATTHEI.- Señor Presidente , los Gobiernos de la Concertación han permitido o alentado la concentración de diversas industrias: en 1990 había 40 bancos; hoy solo llegan a 19. Ese año se formaron 14 AFP; hoy son 5. Lo mismo ha sucedido con el retail, con las farmacias y con innumerables industrias. Esta concentración es sumamente complicada, tanto desde el punto de vista social como económico y político. No resulta sostenible un modelo donde la mayoría de los activos de los chilenos terminen en manos de unas pocas familias y empresas, lo que por desgracia ha ocurrido sostenida y sistemáticamente en los Gobiernos de la Concertación. Venimos denunciando esto desde hace mucho tiempo. En particular, el Senador señor Longueira ha llevado adelante una verdadera cruzada al respecto. El proceso de concentración ha sido visto con mucha indiferencia por parte de la coalición gobernante, que no ha tenido una preocupación verdadera por las pymes. Recordemos, por ejemplo, el episodio en que, cansados de esta situación, votamos en contra del proyecto de depreciación acelerada. Mayor concentración en una industria no significa necesariamente que haya probabilidad de colusión o de comportamiento monopólico. Pero igual es indeseable, porque políticamente no resulta sostenible y porque desde el punto de vista social, significa que la mayoría de los chilenos serán empleados de unos pocos; y, además, porque esos pocos a la larga tendrán una influencia política, social y económica inevitable. Decía que mayor concentración no implica necesariamente mayor probabilidad de colusión. A veces, por el contrario, se da una competencia descarnada. Ella se materializa muchas veces en los precios. Probablemente lo que más dañó a las farmacias pequeñas fue la guerra de precios que sostuvieron las grandes cadenas por un tiempo muy prolongado. Naturalmente, los consumidores estaban felices, pues pagaban precios bajísimos por los medicamentos. Pero las farmacias pequeñas no podían competir. Se quejaron hasta el cansancio, y nadie hizo nada. Las grandes poseen el capital suficiente y además tienen acceso al crédito para soportar las pérdidas. Pero las pequeñas no las resisten y han ido cerrando de manera sistemática. ¿Dónde ha estado la Fiscalía Nacional Económica en las guerras de precios desarrolladas en diferentes industrias, en el retail, en los supermercados, en las farmacias? Son conocidos en diversas ciudades, por ejemplo, los casos de guerras de precios en la locomoción colectiva cuando se quiere instalar una nueva línea. La que ya está funcionando baja los precios a valores irrisorios, hasta que la nueva quiebra. Y después, naturalmente, los suben más allá de los existentes originalmente. ¿Dónde han estado la Fiscalía Nacional Económica y su acción? ¿Dónde figura la penalidad para eso? Por ello, creo que en primer lugar hay una responsabilidad de los Gobiernos de la Concertación, lo cual ha permitido esta mayor concentración en todo Chile, hecho absolutamente incuestionable. Ahora, si lo que se persigue es el acceso de los chilenos a los medicamentos a menor precio -creo que es una preocupación de todos-, quiero manifestar que la actuación del Instituto de Salud Pública ha sido deplorable. ¡Deplorable! Desde hace al menos seis años, durante la discusión de la Ley de Presupuestos -me ha correspondido participar en el estudio del sector salud-, hemos venido señalando que el Instituto de Salud Pública debe hacer los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad respecto de los fármacos de marca y los genéricos; o al menos aceptar y publicar las numerosas investigaciones realizadas por la FDA, de Estados Unidos, o por la EMEA, de Europa. Menciono lo anterior porque, ¿cómo puede saber un médico si un remedio caro es intercambiable con otro que tiene los mismos componentes activos pero que vale la décima o la vigésima parte? ¿Cómo puede saberlo el paciente? Solo si se han hecho esos estudios o se han publicado. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un sistema de información pública de precios y también mucha transparencia acerca de los estudios de equivalencia. A pesar de que lo hemos pedido a gritos, en Chile el Instituto de Salud Pública nunca ha hecho eso. Ahora, por fin, ha lanzado un programa según el cual se harán investigaciones de bioequivalencia respecto de cinco productos. Esos estudios ya se hicieron hace años en Estados Unidos y Europa. Por esta situación no solo han sufrido los consumidores, sino también nuestro aparato público. Por ejemplo, es conocido el caso de la ciclosporina. Los médicos en general han demandado la Ciclosporina Neoral (la de marca), que es la cara, en circunstancias de que hay otros fármacos con los mismos principios activos y que cuestan menos del cincuenta por ciento. Los hospitales de Chile se podrían haber ahorrado más de cinco mil millones de pesos anuales sencillamente con este cambio de medicamentos. ¿Dónde están los estudios del ISP? ¿Qué ha hecho sobre el particular? Nada. En cambio, dicha entidad se dedica a otorgar autorización a las cremas para el cuerpo que se venden en Estados Unidos y en Europa desde hace veinte años. Si quieren comercializarlas en Chile, hay que pasar por el ISP, realizar grandes estudios, pagar a muchos químico-farmacéuticos para lograr la autorización. Más parece un negociado que otra cosa. Respecto de la insulina pasó lo mismo. Había solo dos laboratorios que se compartían el mercado. Gracias a que la nueva administración de CENABAST salió al extranjero a buscar otros laboratorios, se ha logrado ahorrar miles de millones de pesos para los hospitales chilenos y para el sistema público de salud. Por otra parte, es sabido que los laboratorios premian a algunos médicos por recetar ciertos fármacos. Regalan pasajes al extranjero, participación en congresos médicos en el exterior, etcétera. Ello es ampliamente conocido. ¿Vamos a tolerar eso? ¿Cómo sabe el paciente si su doctor le está recetando un fármaco caro, porque cree que es el mejor o porque está recibiendo un premio? ¿Y cómo determinar si efectivamente el producto de marca es intercambiable con uno genérico? Señor Presidente , ojalá alguna vez el ISP "se ponga las pilas". Debiéramos contar con un listado de todos los medicamentos intercambiables. Porque reemplazar las recetas es perfectamente factible. Se habla de que los médicos son casi dioses; que son los únicos que pueden recetar, y que no es posible cambiar nada. Mientras no tengamos la seguridad de que algunos de ellos no están recibiendo premios, yo preferiría que hubiera absoluta transparencia en la biodisponibilidad y bioequivalencia de los distintos remedios y que el mismo paciente pudiera decidir si compra uno más barato o no. Por otro lado, hay diferencias enormes -¡enormes!- y no justificadas en el precio con que los laboratorios venden a CENABAST, a las cadenas de farmacias y a las farmacias pequeñas. Si se considera el volumen de compras, las diferencias de precios no se justifican. ¿Ha investigado al respecto la Fiscalía Nacional Económica? ¿Cómo sabemos si esos laboratorios están dando valores por debajo del costo a CENABAST y recargándoselos después a los privados? ¿Cómo lo podemos saber? Esos estudios, esas investigaciones nunca se han realizado. Y se ha reclamado muchas veces que las diferencias de precios no se justifican por el mero volumen de venta. ¿Será que se está pagando en el sector privado a los visitadores médicos? ¿Cuánto contribuyen estos a tal situación? Aquí hay muchas cosas que investigar. También debo señalar que en la Sala se ha hablado de colusión en términos muy incorrectos, porque dicha palabra significa que distintos oferentes se comprometen a vender a un precio mayor al competitivo, es decir, se comportan como monopolio. Esa colusión es altamente reprochable, atenta gravemente contra el sistema de economía social de mercado y debe ser castigada en la forma más severa posible. Sin embargo, aquí se supone que hay colusión cuando, por ejemplo, ha existido una guerra de precios y esta ha terminado. Obviamente, cuando se ha producido una situación semejante, los precios suben. Pero eso no necesariamente es colusión, pues si el precio final a que se llega es competitivo -o sea, da cuenta de todos los gastos en que han incurrido los vendedores, además de un margen de rentabilidad-, significa que no ha habido colusión, sino, sencillamente, un aumento de los valores de venta, al término de una guerra de precios. En verdad, la Fiscalía Nacional Económica ha sido extraordinariamente vaga y, a mi juicio, poco clara en señalar si, en el caso en cuestión, el alza de los medicamentos se debió al fin de una guerra de precios o si realmente obedeció a un comportamiento monopólico, esto es, se vendió a un precio muy superior al competitivo. No lo sabemos. Porque está claro que lo que sucedió en esa época fue el término de una guerra de precios existente entre las farmacias. Asimismo, considero que el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica y Fasa es extraordinariamente delicado. La delación compensada requiere la entrega de información verdadera y eficaz para descubrir si hubo o no colusión. A mí no me parece conveniente que se haya aceptado por anticipado, antes de agotarse la investigación. Tampoco me parece adecuada la multa de un millón de dólares, bajísima si se tienen en cuenta los perjuicios que según la Fiscalía se habría ocasionado a las personas, a la vez que las ganancias obtenidas, que serían no lícitas. Y tampoco me parece acertado que no se continúe investigando si los principales gerentes y directores de Fasa sabían del comportamiento de los gerentes "pillados". Señor Presidente , pienso que la Fiscalía Nacional Económica ha contribuido en una cosa. Así como en su minuto la Superintendencia de Valores y Seguros enfrentó en forma brutal y eficaz el tema de la información privilegiada -con eso, probablemente, evitará cualquier tentación en el futuro-, en este caso, por la forma en que reventó el escándalo, creo que nadie se va a atrever a incurrir en las mismas conductas en el futuro. Sin embargo, esa es la única gracia que le encuentro a la actuación de la Fiscalía. Lo cierto es que la multa es inexplicablemente baja. Más aún, en el acuerdo ni siquiera se hablaba, en principio, de multa, sino casi de una donación al Fisco. Además, en mi opinión, el acuerdo no se debió haber aceptado hasta comprobar efectivamente que la información proporcionada era verdadera y eficaz. Finalmente, no comprendo por qué no se investiga si los principales gerentes y directores de Fasa estaban al tanto de toda la situación. Porque la verdad es que las multas pueden aplicarse no solo a las empresas, sino también a cada uno de los directores y gerentes que sabían lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, señor Presidente, estimo que el acuerdo a que se llegó es extraordinariamente delicado. Asimismo, creo que la Fiscalía Nacional Económica tiene que empezar a dar mayor información al público, porque se ha generado mucho escándalo. Debemos saber efectivamente si el alza de los medicamentos tuvo lugar al final de una guerra de precios o si sencillamente reflejó un comportamiento monopólico que llevó los valores a niveles que no se sostenían desde el punto de vista competitivo. Señor Presidente , me parece que aquí ha habido una cadena de errores, negligencias y comportamientos inaceptables, a la vez que poca preocupación de los Gobiernos de la Concertación, de la Fiscalía Nacional Económica y de muchos otros organismos en el pasado. El Senador señor Kuschel leyó , entre otras cosas, las conclusiones a que llegó sobre la materia una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados hace muchos años. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada al respecto. En cuanto al Instituto de Salud Pública, reitero que tengo la peor opinión acerca de su funcionamiento. ¡La peor opinión! Y lo he expresado -Sus Señorías lo pueden corroborar- en todas las intervenciones que he efectuado al analizar su financiamiento con motivo de la discusión de la Ley de Presupuestos. Por otro lado, los estudios de bioequivalencia y de biodisponibilidad son fundamentales para asegurar a los chilenos medicamentos a bajo costo. No obstante, tampoco se ha hecho nada sobre el particular. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Han concluido los tiempos de los distintos Comités. En consecuencia, ofrezco la palabra a las autoridades presentes. Tiene la palabra el señor Ministro de Salud. El señor ERAZO ( Ministro de Salud ).- Señor Presidente , en primer lugar, quiero resaltar el trabajo efectuado por la Comisión de Salud, organismo al que concurrimos en días pasados y donde tuvimos la oportunidad de dar a conocer el conjunto de medidas que como Gobierno hemos comprometido en el corto plazo, las que van en la dirección de lo que aquí hemos escuchado a los señores Senadores. Sin lugar a dudas, también deberemos avanzar en soluciones de mediano y largo plazo. Por eso, la sesión de hoy tiene especial importancia para nosotros. La confesión de los ejecutivos de una de las tres cadenas farmacéuticas que hay en Chile, que conforman un total de 900 farmacias de las 1.750 existentes en el país, no ha concluido. La información de que se han coludido para fijar los precios de los medicamentos no termina solo con el ofrecimiento de una de las empresas que, junto con confesar el delito, ofreció repartir un millón de dólares a beneficio de obras sociales. Debemos esperar que la investigación concluya. En particular, debemos aguardar lo que finalmente se dictamine en el proceso que lleva el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. No debe terminar la investigación solo con el ofrecimiento de una de estas empresas de pagar una multa de un millón de dólares, acordada con la Fiscalía Nacional Económica, sino que además el Tribunal tendrá que pronunciarse sobre si las otras dos cadenas recibirán una multa y cuál será su monto. Por otra parte, está pendiente la forma como estas empresas van a proponer una indemnización. Estas son todas materias que deberán resolverse en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Creo que lo más importante de lo acontecido, a cuyo respecto el Ministerio de Salud concurrió en su minuto con la información disponible a través de la Central Nacional de Abastecimientos, es que ahora habrá que avanzar en soluciones más de fondo. Nosotros hemos propuesto un conjunto de iniciativas orientadas a transparentar el mercado farmacéutico. De las 1.750 farmacias existentes hoy en el país, 900 pertenecen a alguna cadena. Pero también debo informar que 550 tienen como principal intermediario a SOCOFAR, que forma parte de la cadena Cruz Verde. De ahí la necesidad de activar y generar los incentivos correctos para que las pequeñas farmacias y, particularmente, quienes tengan la oportunidad de acceder al mercado farmacéutico lo puedan hacer. Hay problemas de transparencia, de asimetría de información, que dificultan la elección informada del consumidor, de quien va a comprar a la farmacia. Él enfrenta varios intermediarios: las farmacias, los químicos farmacéuticos, los médicos. Por lo tanto, quien finalmente toma la decisión de adquirir un producto se halla sometido a la credibilidad de los que están al otro lado informándolo. En consecuencia, la responsabilidad de entender que dicho mercado es absolutamente asimétrico nos obliga a establecer mecanismos de regulación distintos, que pongan a resguardo la fe pública pero también el ejercicio y la potestad de la autoridad sanitaria para que no sean instrumentalizados por nadie. Frente a estos hechos, el Gobierno ha resuelto la adopción de un conjunto de medidas encaminadas a fortalecer la acción frente a la colusión y a fomentar la competencia y la transparencia en el sector farmacéutico. En primer lugar, se implementará en las farmacias la venta de medicamentos que no requieran prescripción médica sin necesidad de la intermediación de un dependiente, es decir, con su colocación en góndolas en el mismo local. Hemos discutido largamente este punto; ha sido cuestionado muchas veces, pero pensamos que hoy día no hay razón alguna para impedir que en nuestro país tales productos farmacéuticos sean ofrecidos en esa forma si se sabe que son de libre venta. De esta manera, los consumidores podrán comparar las presentaciones, y los precios, en particular. Para ello se implementarán las modificaciones legales correspondientes. Dicha medida apunta a asegurar el acceso a medicamentos de menor costo. De hecho, la experiencia de otros países muestra que, a medida que tales remedios se llevan a venta libre, se genera una efectiva disminución de precios al público. Además, ello se debe acompañar de la orientación profesional que entrega el químico farmacéutico y de campañas comunicacionales relativas al uso racional de este tipo de alternativas terapéuticas. No hay contradicción en esta materia. Es posible que en las farmacias se ubiquen góndolas y que un número importante de medicamentos de venta libre (entre 350 y 500) no esté sometido a una intermediación que muchas veces no está pensada en quienes compran en dichos establecimientos. Por otra parte, el Servicio Nacional del Consumidor elaborará un informe público quincenal acerca de los precios de medicamentos de uso más habitual, en conjunto con la Central de Abastecimiento. Esto, con la finalidad de que las personas puedan ejercer su derecho de acceder a una información veraz y oportuna sobre los productos ofrecidos y su precio. Los estudios de costo de la CENABAST tendrán que ser actualizados. También implementaremos la obligación para que las farmacias tengan disponibles los medicamentos genéricos más esenciales. Sobre este punto haré un par de precisiones. Primero, se trata de un arsenal básico en cantidad suficiente para garantizar el acceso: 200 medicamentos genéricos en todas las farmacias comerciales. Esto se deberá complementar con un marco normativo y de procesos que permita, por sobre todo, garantizar la calidad, eficacia y oportunidad de ellos. No es cierto que los genéricos carezcan de condiciones de calidad. Pero deberemos asegurarla efectivamente mediante la certificación de buenas prácticas de manufactura y sistemas de registro y de farmacovigilancia. En el caso de productos con estrecho margen terapéutico, es decir, aquellos en que las diferencias de dosis pueden generar resultados diametralmente distintos en cuanto a toxicidad o eficacia, se exigirá, a través de un cronograma de trabajo priorizado, estudios de bioequivalencia terapéutica. Entre otras cosas, esta medida permitirá terminar con la práctica, a veces sistemática, de negación de venta de productos genéricos en las farmacias, lo que en muchas ocasiones obliga a los usuarios a adquirir productos con denominaciones comerciales. En este marco, el documento de la receta médica debe ser protegido, y su uso legítimo, asegurado como instrumento terapéutico. Para ello, apoyaremos la discusión en el Congreso del proyecto de ley sobre receta médica, actualmente en Comisión Mixta. Pero, también en este contexto, la prescripción de medicamentos debe hacerse mediante la formulación de la denominación genérica de los productos farmacéuticos. De esa manera, se dotará a la receta de la máxima protección que la ley pueda brindarle como dato sensible y personal. Paralelamente, debemos enfrentar el problema de los incentivos y estímulos para profesionales y dependientes en las farmacias. Hay muchos testimonios al respecto, suficientes ya para tomar una decisión. Existe una iniciativa legal en trámite que se hace cargo de este asunto, pues la existencia de conflictos de interés en la materia ha demostrado jugar en perjuicio de los derechos de las personas y en contra de la transparencia de estos mercados. Resulta evidente también la necesidad de mantener informada a la población. Para ello, la Central de Abastecimiento, en su proceso de modernización, comunicará a la ciudadanía, a través de su sitio web, los precios con que distribuye los medicamentos en el sector público, de modo que las personas puedan comparar de verdad los valores. El objetivo es reducir las asimetrías existentes. La CENABAST seguirá trabajando en esa dirección y publicará precios actualizados. El Ministerio y las autoridades sanitarias regionales exigirán una presentación estandarizada de los precios en las farmacias, con miras a hacerlos más comprensibles y comparables para los consumidores. Esto, también con la finalidad de que las personas puedan ejercer su derecho de acceder a una información veraz y oportuna sobre los medicamentos ofrecidos y su precio. Así, se facilitará la selección de los productos a consumir. Estas y otras medidas requieren, para ser efectivas, la atención permanente de las autoridades. Por ello, realizaremos una mayor fiscalización del cumplimiento de la disponibilidad de los productos en las farmacias, esencialmente de los obligatorios, así como de las condiciones de almacenamiento y venta de fármacos y de la presencia permanente de profesionales químicos farmacéuticos. También se exigirá el cumplimiento de la normativa que obliga a hacer turnos de 24 horas en las farmacias a lo largo del país. Lo anterior, porque la calidad de la atención en la farmacoterapia es un derecho del usuario de medicamentos. Ello incluye, además, tal como lo hemos dicho, la prescripción basada en la evidencia de la calidad garantizada del producto y la asistencia del profesional farmacéutico en su dispensación. Por otro lado, se establecerá un sistema de fiscalización efectivo para combatir el uso de datos sensibles de los consumidores por parte de farmacias, laboratorios e isapres. Tal información debe ser resguardada. En la actualidad se halla en estudio un caso sobre el particular. También tendremos que normar adecuadamente acerca de este asunto. Además, se presentará un proyecto de ley al Parlamento destinado a establecer una sanción penal por el delito de colusión para subir precios, y se le dará carácter extraterritorial a la acción criminal en esta materia, a fin de poder aplicarla a empresas de otros países con negocios farmacéuticos en Chile. Finalmente, quiero hacer presente que las medidas que hemos adoptado han sido informadas a la Comisión de Salud de esta Corporación y están a disposición de cada uno de los señores Senadores, en particular para considerarlas al momento de realizar la discusión correspondiente, pues muchas de ellas se transformarán en iniciativas legales. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Gracias. Tiene la palabra el señor Ministro de Economía. El señor DUHART ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción subrogante).- Señor Presidente , a lo planteado por el Ministro de Salud con relación a las medidas que ha dado a conocer el Gobierno para mejorar la transparencia y la fiscalización en el ámbito de la venta de fármacos, solo deseo agregar que el caso de colusión de las farmacias para subir precios ha imprimido un sentido de urgencia a la importancia de contar con una institucionalidad reforzada en el país en materia de defensa de la libre competencia, tal como propone el proyecto sobre el particular, en trámite de Comisión Mixta, que esperamos que esta apruebe el día de mañana para que prontamente sea despachado como ley. Cabe recordar que dicha iniciativa lleva casi tres años de tramitación y se inscribe dentro de un proceso largo de perfeccionamiento de la institucionalidad y del sistema de defensa de la libre competencia. Ello no parte solamente con este proyecto. Hay que recordar que ya el año 2003, a través de una iniciativa legal, se le permitió ver la luz al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en un proceso. Quiero insistir en la visión de que en esta materia hay un desafío más permanente en el país, cual es dotarse de las herramientas y capacidades necesarias para hacer frente a un fenómeno que -y me parece bueno mirarlo desde una cierta perspectiva- no solo es local, nacional, criollo, sino que tiene que ver con una creciente concentración -como hicieron referencia varios señores Senadores en sus intervenciones- asociada al proceso de globalización. Frente a lo anterior los distintos países -hemos recogido las mejores experiencias al respecto- necesitan ir sofisticando el tipo de instrumental y fortaleciendo las instituciones, justamente, para prevenir, disuadir y accionar en contra de prácticas antimonopólicas. Lo que hemos hecho en este proyecto -y esperamos que prontamente sea despachado- es procurar herramientas que ojalá hubiéramos podido tener a mano para lidiar con las malas prácticas que han quedado de manifiesto en el último tiempo. Si hubiéramos contado con esta normativa hace un tiempo, habríamos podido utilizar procedimientos, mecanismos, incentivos, como la delación compensada, de una manera perfectamente regulada. Lo que hemos observado son los resultados de herramientas e instituciones que de algún modo han sido puestas en tensión. Pero, ciertamente, el objetivo es contar con capacidades fortalecidas en el corto plazo. Y, en ese sentido, nos parece que esta experiencia, que ha generado alarma pública y gran preocupación, tendrá el beneficio de poner alguna vez en el debate público, en forma muy clara y fuerte, la necesidad de avanzar rápida y decididamente en esta materia, a fin de disponer de instituciones que se hallen a la altura de estos desafíos. Es preciso destacar -y así lo han planteado, por ejemplo, en el marco de la OCDE grupos de trabajo de países desarrollados- la necesidad de ir desarrollando y actualizando las metodologías, las estrategias, para combatir ese tipo de prácticas nocivas, que son, al igual que en otros ámbitos de ilícitos, fenómenos que han ido adquiriendo un nivel de complejidad y de sofisticación que hacen necesario ajustar con cierta regularidad el grado de respuesta y de herramientas con que cuenta la sociedad. Y, evidentemente, eso va mucho más allá del caso farmacéutico. La idea es que dichos mecanismos y esta institución estén en condiciones de poder disuadir y erradicar tales prácticas en numerosos otros sectores donde la tónica será un creciente proceso de concentración, al cual se debe enfrentar con una capacidad de escrutinio y de control de esas acciones. Lo señalado se complementa -como ya lo manifestó el Ministro de Salud - con varias otras medidas, tanto normativas como prácticas, que serán introducidas en las próximas semanas. A esto se suman varios proyectos de ley. Cabe recordar que uno de ellos, relativo a la protección de datos personales, está siendo analizado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y permitirá contar con herramientas para asegurar el debido resguardo de antecedentes sensibles, personales, incluidos, por ejemplo, la información que se maneja en el ámbito de adquisiciones de remedios por parte de pacientes. Junto con lo anterior, hay también dos iniciativas que, en nuestra impresión, recogen varias de las materias planteadas por los señores Senadores en sus intervenciones, por ejemplo, reintroducir la sanción penal para delitos de colusión. Y, finalmente, se hace necesario reforzar, en el marco de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, los procedimientos judiciales vinculados con acciones colectivas que pueda emprender el SERNAC, entre otros, con el objeto de hacer que ellos sean bastante más rápidos, ágiles y efectivos, y así disponer de más herramientas complementarias para luchar, disuadir y accionar frente a este tipo de prácticas. Muchas gracias, señor Presidente. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Salud, quien desea formular un comentario adicional. El señor ERAZO ( Ministro de Salud ).- Señor Presidente , el Senador señor Gazmuri hizo referencia a la normativa relacionada con información no divulgada. Se trata de una iniciativa del Ejecutivo que hoy día está siendo revisada. Al respecto, me parece oportuno señalar que, en el marco de lo que estamos discutiendo acá -y los parlamentarios han coincidido con el Gobierno-, en lo que dice relación a la búsqueda de soluciones de fondo, se halla la posibilidad de revisar esta materia, sin detener el proceso, a fin de enviar un proyecto que concite el máximo acuerdo técnico y político sobre el particular, porque también tiene implicancias en lo que será nuestra política de medicamentos genéricos. Y, por cierto, eso hay que complementarlo y armonizarlo con la normativa que establece la igualdad de condiciones para los productos tanto genéricos como innovadores. Quería reiterar lo anterior porque me pareció oportuno incorporarlo dentro de la discusión y de las propuestas que formularemos como Ejecutivo. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Naranjo , Escalona , Frei , Gazmuri , Girardi , Gómez , Letelier , Muñoz Aburto , Núñez , Ominami , Ruiz-Esquide , Sabag y Vásquez , referido a la industria farmacéutica. El señor NOVOA ( Presidente ).- Solicito el acuerdo de la Sala para incluirlo en el Tiempo de Votaciones de la sesión de mañana y que se vote sin que pase a la Comisión de Salud, como correspondería hacerlo. El señor NARANJO .- Señor Presidente , si hubiese quórum, ¿no sería posible votarlo ahora mismo? El señor PROKURICA .- ¡No lo hemos visto! El señor NARANJO .- Pero se puede leer el texto. El señor NOVOA ( Presidente ).- Posiblemente, Su Señoría, no haya quórum para aprobar el proyecto de acuerdo, por cuanto se requiere un mínimo de 9 votos. Además, creo que muchos Senadores ni siquiera han tenido la posibilidad de leerlo. Pienso que lo más conveniente sería, para que todos puedan estar informados acerca de él, incorporarlo al Tiempo de Votaciones de la sesión de mañana y omitir el trámite de Comisión. ¿Habría acuerdo en tal sentido? El señor NARANJO.- Sí, señor Presidente. --Así se acuerda.
SITUACIÓN DE INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN CHILE