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El señor NAVARRO.- Señor Presidente , quiero referirme a una situación absolutamente reñida con los derechos de los trabajadores, configurada por las denominadas "listas negras" de aquellos que mantienen litigios con empresas de determinados sectores.
En ese caso se encuentran Jeanette Gallardo, Rosa Pérez, Claudia Ojeda, Álvaro Jara, Pedro Cayupe, Manuel Alvarado, Álvaro Garrido, Jezar Igor Monsalve, Carlos Levicoy, Jorge Cuitiño, Ángel Gallardo y José Ulloa, quienes presentaron ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, junto al Senador que habla, un recurso de protección en contra de la sociedad de abogados Schirmer & Asociados por la publicación de una lista negra en su página web.
Los hechos son los siguientes.
En noviembre de 2008, el estudio jurídico de ese nombre, de Puerto Montt, incurrió en dicha acción al exponer por tal vía un listado de personas que habían interpuesto una demanda en contra de sus empleadores o sido objeto de una querella por parte de una empresa, detallando nombres, apellidos, cédulas de identidad y funciones: JEFES Y ADMINISTRATIVOS, EMBARCADOS, OPERARIOS, DIRIGENTES SINDICALES.
Esa oficina profesional representa a varias empresas del salmón y sus derivados, entre ellas Pesquera Los Fiordos, Trusal, Aguas Claras, Antarfood, Salmones Ice Val, Productos Mar Ventisquero.
Los trabajadores denunciaron, en su oportunidad, que la medida mencionada es un atentado contra la intimidad de quienes aparecen en esa lista negra, la cual incluye sus nombres y cargos, así como detalles propios de un proceso laboral, con la clara intencionalidad de perjudicarlos. Señalaron que se infringe, en forma arbitraria e ilegal, la libertad de trabajo consagrada en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales ratificados por Chile, ya que no se entiende su sentido sino sobre la base del propósito aludido.
Todo lleva a concluir que, con posterioridad, si esas personas buscan otro trabajo, no podrán encontrarlo o tendrán dificultades para que las acepten, porque serán consideradas como problemáticas al demandar a sus empleadores. Se trata de una difusión absolutamente innecesaria por parte del estudio jurídico, la cual no tiene más sentido -repito- que el de perjudicar en forma directa a un grupo de trabajadores que ha hecho uso de sus derechos constitucionales: ejercer acciones judiciales cuando sus derechos han sido atropellados.
La Ilustrísima Corte de Apelaciones, en fallo dividido, resolvió en duros términos la denuncia, calificando la conducta de los abogados como "arbitraria".
En el considerando QUINTO de la sentencia señala que los antecedentes aportados por los recurrentes -los trabajadores-, y también por la empresa, permiten "arribar la convicción que tal publicación no tuvo la finalidad que expone la recurrida al contestar el recurso, puesto que ya del solo título de la misma se evidencia que la finalidad perseguida es mantener una lista de trabajadores de distinta categoría que han demandado a sus empleadores; en efecto, bajo el título "Demandantes Noviembre 2008", se señala "Han interpuesto demanda en contra de sus empleadores o han sido objeto de querella por parte de la empresa, los siguientes trabajadores", y luego se procede a una lista en las que se les separa por secciones bajo el título de "jefes y administrativos", "Embarcados", "Operarios", y "Dirigentes sindicales".
O sea, no es un servicio de información relacionado de modo directo con otras personas, sino, como argumentaron los trabajadores, de un listado de quienes, por presentar demandas, son segregados, discriminados, con la clara obsesión de que no se les brinde empleo.
Incluso, en el considerando SEXTO, la Corte de Apelaciones hace suyo el concepto a que he hecho referencia, al consignar que, "en consecuencia, la publicación de tal información, en su página web, sea de acceso público o restringido a sus clientes principalmente empresarios de la industria de pesca y salmonicultura- es un acto arbitrario, por cuanto con su actuar la sociedad de abogados recurrida, perturba la libertad de trabajo de los recurrentes al publicitar una verdadera "lista negra" de empleados y operarios, que han demandado a sus empleadores o han sido objeto de querellas por parte de estos, actuación que aparece revestida de una caprichosa intencionalidad de poner sobre aviso a sus clientes, sobre el nombre de potenciales trabajadores conflictivos, lo que no puede tener otra finalidad que desincentivar su contratación, amagando en definitiva el derecho de estos a optar a un trabajo en igualdad de condiciones con los demás postulantes, en otras palabras amagándose su libertad de trabajo y el derecho a la libre elección y contratación".
Finalmente, señor Presidente , los abogados Ronald Schirmer Prieto , Gabriel Brunetti Barroso y Javier Tampe Rehbein fueron condenados a retirar de Internet la cuestionada información.
En conclusión, queremos celebrar esta victoria de los trabajadores, pues en épocas de crisis vemos que sus derechos se tornan más vulnerables.
No vamos a permitir persecuciones contra el sector laboral por defender sus derechos, como ha ocurrido en el caso de las empresas operadoras del Transantiago, ni tampoco la que se realiza a través de listas negras, existentes en muchas otras.
Esta última conforma una estrategia muy similar a la aplicada por el Senador republicano Joseph McCarthy , en Estados Unidos, en la década de los cincuenta del siglo pasado, quien estableció listas negras hasta respecto de la industria del cine en Hollywood, a la cual no podían acceder los artistas que participaban en películas que no le gustaban a ese país.
Tal sistema, lamentablemente, es una realidad en Chile. Los trabajadores son sospechosos solo por el hecho de demandar a sus empleadores, aun cuando ello no significa ser socialista, comunista ni de Izquierda, sino defender derechos. Y no se debe politizar ni hacer ideología respecto de ello. Lo que hacen, por esencia, es resguardar su fuente laboral. Ciertamente, el procedimiento del cual he informado causó un daño a la industria salmonera, que ojalá no vuelva a ocurrir.
De otro lado, en el ámbito del conflicto entre indígenas y el Estado también se ha presentado la cuestión de las listas negras. A muchas organizaciones no gubernamentales se las ha sindicado como relacionadoras o financistas de acciones indígenas. Muchas de esas entidades apoyan de manera absolutamente legal a agrupaciones de los pueblos originarios y son objeto de persecución o discriminación, al igual que los dirigentes sindicales.
Por nuestra parte, debemos revisar lo que sucede en el Senado cuando nos visitan miembros de comunidades indígenas o trabajadores, a los cuales se les revisan los bolsos. En cambio, el Senador que habla ha visto entrar a ejecutivos de grandes empresas a quienes no se les pide abrir sus carteras ni exhibir el contenido de sus portadocumentos.
Ojalá aquí se examine el punto con los encargados de la seguridad. Porque a las personas que llegan ataviadas conforme a la usanza tradicional de los pueblos originarios no se les permite el acceso y se les registra. Y esto último se extiende a los trabajadores. No así, como dije, a los empresarios, muchos de los cuales transitan a diario por el edificio efectuando lobby, al cual espero que podamos regular prontamente.
Hace pocos días, un actor conocido en Chile llegó a La Moneda ataviado como mapuche. Lo revisaron y no le permitieron el ingreso. Al poco rato regresó vestido de turista yanqui, con bermudas y cámara fotográfica, y no solo lo dejaron entrar, sino que también le dieron todas las facilidades necesarias para conocer el recinto.
Eso constituye una abierta y franca discriminación.
Espero que el Senado de la República aplique un sistema que realmente garantice la seguridad, pero que no discrimine.
Ahora bien, la sociedad de abogados Schirmer & Asociados apeló del fallo del tribunal de alzada de Puerto Montt. Confiamos en que la Corte Suprema lo ratificará.
Quisiera manifestarles a los integrantes de ese estudio jurídico -quienes, según han señalado, luchan por salvar su reputación- que estaremos del lado de los trabajadores; que no lograrán el objetivo que perseguían; que no volverán a hacer ninguna publicación como la consignada, y que esta es una señal muy nítida para que ningún empleador y ningún bufete en el país dé a conocer listas negras.
Vamos a ganar, señor Presidente , en la senda de vencer la censura, la persecución, pues el procedimiento mencionado es una verdadera tortura para los trabajadores. En efecto, no hay nada más duro para ellos que saber que se hallan condenados a no conseguir empleo porque alguien los persigue más allá de una disputa legal.
Pido que se oficie a la Dirección del Trabajo con el objeto de que nos informe cuántas denuncias ha recibido sobre este tipo de prácticas antisindicales, que lamentablemente existen en Chile; si ha intervenido en juicios a fin de castigar a quienes han cometido el ilícito a que hago referencia y si ha aplicado tal medida a empresas, en cualquier Región, producto de la situación que nos ocupa; y si está considerando el establecimiento expreso, dentro de la normativa laboral, de la prohibición de tales procedimientos o su sanción administrativa, los cuales han recibido hoy día una justa pena, en opinión de muchos trabajadores, de parte de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
He dicho.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Agradecemos la presencia de los amigos que nos visitan.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
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