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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en verdad, asistimos a un debate que se aproxima a cumplir 19 años en el Parlamento.
Por cierto, la iniciativa de un grupo de Senadores de la Oposición, encaminada a incorporar este tema en la discusión, podría ser digna de mérito, en cuanto, efectivamente, se trata de un asunto que es necesario debatir.
No obstante, el punto expresado por el Honorable señor Muñoz Barra en relación a que en el informe no consta ni una opinión de los invitados no se subsana con el anexo hecho llegar por la Mesa. En realidad, se trata de documentos de la Biblioteca. No existe allí -como digo- una sola opinión.
Entonces, como no tuve oportunidad de participar en el debate en la Comisión, no puedo saber hoy qué dijo la comunidad lafquenche, la huilliche; qué señalaron los institutos de investigación, de cualquier tipo, ni qué plantearon las autoridades de Gobierno. Solo se consigna el punto de vista de los Senadores, quienes, mayoritariamente, corresponden a los que patrocinaron el proyecto.
Así, queda limitada la posibilidad de que esta Corporación discuta el tema debidamente informada. Por ende, este proceso de debate se halla absolutamente viciado. Y lo digo con toda claridad: viciado.
Los Senadores no hemos tenido ninguna oportunidad de conocer el parecer de las comunidades indígenas invitadas. Al calor de este proyecto, se ha omitido, se ha cercenado o, digámoslo abiertamente, se ha censurado la opinión de dichas comunidades. Repito: solo aparece en el informe el punto de vista de los autores de una de las iniciativas, lo cual significa un poco jugar "ocultando las cartas".
Señor Presidente , yo solicito formalmente a la Mesa que averigüe por qué el documento que tenemos en nuestros escritorios no contiene la opinión de los invitados.
Cuando fui Presidente de la Comisión de Educación, se realizaron audiencias públicas sobre la LGE durante cuatro meses, con más de cien instituciones invitadas. Y ahí están los planteamientos de cada una de ellas, para que el Senado pueda discutir debidamente informado.
El voluminoso documento que se le ha hecho llegar al Honorable señor Muñoz Barra -lo he visto- contiene los informes técnicos, pero no incluye el parecer de las personas consultadas.
Señor Presidente, mi posición en torno a la forma y el fondo de este proyecto de reforma constitucional -a este "gesto", como se le ha llamado- debe ponderarse de acuerdo con el actual clima y condición de los supuestos beneficiados.
Se requieren dos tercios para aprobar esta propuesta de reconocimiento.
Siento que se ha carecido del más mínimo debate y, en particular, de la necesaria aplicación de un criterio básico: el consentimiento previo, es decir, el derecho a ser escuchado y a no ser pauteado.
Aquí hay un debate abierto.
Me parece que la Ministra de MIDEPLAN, Paula Quintana, tiene la mejor de las intenciones respecto al procedimiento para consultar a los pueblos originarios sobre el asunto de contar con parlamentarios indígenas.
No obstante, se trata de un procedimiento normado; o sea, se entregan las preguntas hechas. Y el Convenio Nº 169 es claro en cuanto a que el proceso de consulta debe hacerse de la mano con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios, para determinar qué y cómo se va a preguntar. El que se plantea es un test que más bien parece un censo.
Este proyecto de reforma constitucional se ha presentado con urgencia y mediando un procedimiento de total ilegalidad en la consulta indígena que lleva adelante CONADI, cuando ya tenemos un grave conflicto instalado por aplicación de la Ley Antiterrorista a decenas de mapuches detenidos y procesados.
Este debate lo tuvimos también en un momento muy complejo, a propósito de la denominada "Verdad Histórica y Nuevo Trato", época en que se mantenía presos por una ley especial a los loncos Aniceto Norín y Pascual Pichún .
Recordemos que la Presidenta se comprometió a no aplicar más la Ley Antiterrorista. Me parece adecuado, porque está claro que cuando el Estado quiere resolver los problemas de arrastre, de deuda histórica con los pueblos originarios, no lo logra con carabineros, pues, en definitiva, el resultado de esa política solo arroja mapuches muertos. Por fortuna, ni un policía ni un huinca ha perdido la vida en estos conflictos; solo mapuches.
El año 2007 se gastaron 11 millones de dólares únicamente en mantener a miles de carabineros custodiando los predios forestales de la Novena Región ¡Once millones de dólares! Está en el informe de la institución uniformada.
Lo he dicho diez veces en este Hemiciclo: el total de recursos para comprar tierras indígenas en el mismo período fue de 10 mil millones de pesos. Y se gastaron 5 mil 300 millones -el informe de Carabineros es indesmentible- solo en custodia de los predios forestales, es decir, el 50 por ciento del presupuesto para adquirir tierras y devolverlas, en mi opinión, a sus legítimos dueños, que son las comunidades mapuches.
Hemos dicho que Carabineros sigue utilizando subametralladoras UZI, consideradas armamento de guerra, para custodiar dicho predios en, por ejemplo, Temucuicui y Ercilla . Y se han denunciado varios peritajes en procesos tendientes a esclarecer el origen de los atentados. Nadie está a favor de amparar algún tipo de atentado contra la propiedad privada. Estamos por que actúe el Derecho, pero que lo haga en igualdad de condiciones. Porque, como se ha dicho, aquí hay un sujeto de derecho más vulnerable, situado en una posición más feble y que ha sido avasallado de manera permanente e histórica.
No se trata de evaluar hoy las causas del conflicto indígena. Algunos dirán que el origen de toda la problemática lo constituyen el vestuario, la educación, las condiciones de vida. En definitiva, harán un discurso social. Pero en una reforma constitucional lo que se discuten son derechos políticos, derechos sociales, del mismo nivel que el de los derechos para la subsistencia diaria, que son los que tienen todos los chilenos.
Claramente, los pueblos originarios no quieren renunciar a su cultura; si no, los tendríamos de cuello y corbata.
Visité Rapa Nui este fin de semana. Ahí estaba Alfonso Rapu , líder de la revolución en la década de los sesenta, cuando los indígenas de su etnia eran azotados públicamente; cuando el gobernador firmaba decretos para que no se hablara allí el idioma nativo, y cuando a sus habitantes se los mantenía confinados en Hanga Roa porque el Estado chileno había arrendado a la empresa ovejera Williamson Balfour la totalidad de la isla.
¡Eso es lo que hacíamos hace no más de 50 años con el pueblo rapa nui!
Por suerte, hubo personas como Alfonso Rapu, como las "nua", como las ancianas y ancianos del lugar, que se rebelaron contra el Estado chileno, el cual, bajo la premisa de apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas, no ha hecho sino someterlos.
Por eso, señor Presidente, siento que este debate, en particular sobre si es necesario efectuar hoy un reconocimiento constitucional, resulta absolutamente indispensable.
Sin embargo, ¿cuál es el tema fundamental? ¿Se ha consultado a los pueblos originarios? Su opinión ni siquiera se halla consignada en el informe. ¿Se ha preguntado al pueblo huilliche si quiere el puente de Chacao? Les aseguro que la respuesta sería una negación. ¿Se ha consultado a los rapa nui si desean el nuevo aeropuerto o qué forma de vida quieren llevar? Vayan a la isla y sabrán que allí hay opiniones que no han sido recogidas.
No se ha consultado apropiadamente el parecer de los pueblos indígenas acerca del proyecto en debate. Ni la Derecha ni el Gobierno han efectuado ese trámite.
¿Por qué creen que la CONADI está consultando -entre comillas- a los pueblos indígenas? Porque todos saben que el derecho a consulta que se hace sobre las políticas indígenas debe ser ajustado al Derecho Internacional.
Por eso me preocupa enormemente, Senador Larraín , la opinión que se consigna en el informe de la Comisión de Constitución respecto de que a usted "le parece peligroso que se pueda dar a la expresión `pueblos indígenas¿ un significado que erosione el esfuerzo de construir una identidad nacional que abarque a todos sus componentes, con los mismos derechos y las mismas obligaciones".
¿Es la misma identidad nacional que quisimos instaurar en Rapa Nui? ¿A latigazos? ¿Marginando al pueblo rapanui?
¿Es la misma identidad que queremos para la zona mapuche, para la zona aimara cuando les decimos: "Sí, tienen derechos, porque serán reconocidos por el Estado", pero no los proveemos ni de una gota de agua para que puedan hacer producir sus tierras?
En el mismo informe se lee: "Entiende Su Señoría" -el Senador Larraín- "que el Convenio N° 169 de la OIT establece que el empleo del término `pueblos¿ no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferírsele en el derecho internacional".
La verdad es que hemos dicho que todo convenio o tratado internacional suscrito por Chile es ley de la República. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Costa Rica y el conjunto de tratados internacionales sobre la misma materia.
Sin embargo, el Senador Larraín nos dice que en este Convenio en particular el término "pueblos" no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicancia alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferírsele en el Derecho Internacional. Y esto se agrava porque Su Señoría participó en el análisis del proyecto en la Comisión de Constitución.
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