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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
En primer término, corresponde continuar la discusión general del proyecto de reforma de la Carta, en segundo trámite constitucional, en materia de gobierno y administración regional, con nuevo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3436-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite, sesión 85ª, en 22 de enero de 2008.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 77a, en 9 de diciembre de 2008.
Gobierno (nuevo), sesión 86ª, en 14 de enero de 2009.
Discusión:
Sesiones 78ª, en 10 de diciembre de 2008 (vuelve a Comisión); 91ª, en 3 de marzo de 2009 (queda pendiente su discusión general).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Cabe recordar a la Sala que en la sesión de ayer quedó pendiente la discusión general.
Se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra los Honorables señores Espina, Gazmuri, Ávila, Prokurica, Arancibia, Gómez, Letelier, Escalona, Muñoz Aburto, Zaldívar y Naranjo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Continúa la discusión general del proyecto.
El señor ÁVILA.-
¿Y si reducimos los tiempos, señor Presidente?
El señor BIANCHI.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente , solicito que, si lo tienen a bien la Mesa y mis Honorables colegas, se abra la votación de este proyecto -ya lo hemos venido tratando en extenso desde ayer y, como se ha señalado, varios Senadores no han hecho uso de la palabra-, sin perjuicio de que se conceda un tiempo adecuado para intervenir.
Lo planteo porque, según entiendo, algunos colegas deben retirarse antes de que se levante la sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Quiero acceder a esa petición, pero siempre y cuando no se restrinjan los tiempos, pues varios señores Senadores me han manifestado su interés por intervenir. Estamos ante una materia no menor, que tiene que ver con nuestro orden interno y reviste toda la importancia que Su Señoría le atribuyó en su brillante exposición del día de ayer.
En consecuencia, si le parece a la Sala, abriremos la votación, pero conservando el tiempo normal para las intervenciones.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
¿No debía comenzar el Senador señor Espina?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Sí. Estaba inscrito antes, pero no se halla presente.
Perdón, pero Su Señoría acaba de llegar.
El señor ESPINA.-
¿Se puede cambiar el orden, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
No hay problema.
¿Senador señor Ávila?
El señor ÁVILA.-
En seguida viene el Honorable señor Gazmuri.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Así es. Sin embargo¿
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, el orden de los inscritos es el siguiente: Honorables señores Espina, Gazmuri, Ávila, Prokurica, Arancibia, Gómez¿
El señor PROKURICA.-
Yo estoy en condiciones de comenzar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Recuerdo a la Sala que estamos en votación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Así es.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , me habría gustado que tanto las reflexiones de ayer como las de hoy se hubieran podido efectuar a la luz de un proyecto que tuviera un verdadero contenido regionalista, de más autonomía económica y política, y que avanzara en favor de un sector importante del país que se siente postergado y que, con justicia, reclama mayor protagonismo en la vida nacional.
El futuro de las Regiones frente al exacerbado centralismo existente hoy día sigue siendo poco alentador.
A modo de ejemplo, cabe puntualizar que las Regiones del norte enfrentan muchas veces el abandono del gobierno central.
Recordemos que solo las pérdidas del Transantiago acumuladas durante los primeros cuatro meses del año 2008 equivalían a la totalidad de los fondos asignados al FNDR de las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Y para este año el FNDR destinado a la Región Metropolitana supera en casi 4 mil millones de pesos los recursos fijados para Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama .
Atacama , la Región que represento, enfrenta muchas carencias. Pero una de las principales es la atención de salud: un hospital regional que desde hace más de ocho años, pese al compromiso de dos Presidentes de la República distintos, espera una remodelación; más de 17 mil pacientes en listas de espera; hospitales sin médicos para atender a la población, y una carencia dramática de especialistas.
¡Cómo es posible que en el servicio público, para casi una Región completa, exista solo un par de especialistas cardiólogos para atender a todos los enfermos!
Otro punto que no puedo dejar de tratar es la distribución de los recursos del royalty, que se ha visto aquí, en la Sala, muchas veces: ¡a la Región Metropolitana se le asigna lo mismo que a la de Atacama, que recauda unos 50 millones de dólares por ese concepto! Y el Gobierno sigue insistiendo en retrasar el envío de un proyecto de ley que retribuya justamente a las Regiones mineras. En último término, puede patrocinar la iniciativa que el colega Orpis y otros Senadores presentamos para hacer justicia a estas Regiones.
Eso, sinceramente, es inaceptable y constituye un ejemplo de cómo los habitantes de las zonas más alejadas del país sufren cada día por el aislamiento.
Hace un mes, por iniciativa del Presidente del Senado, inauguramos la Sala Pedro León Gallo, en honor a uno de los más importantes regionalistas de la historia de nuestra patria.
A 150 años de la revolución constituyente, encabezada por el caudillo, lamentablemente siguen vigentes las causas por las cuales ese político se levantó e incluso formó un ejército. Había un profundo deseo de autonomía y justicia social para las Regiones frente al despojo de las riquezas aportadas por ellas al desarrollo del país y que hasta hoy se quedan en la Capital para financiar proyectos que en nada las tocan o favorecen.
Aquel ex regidor, sin duda, querría hoy también levantarse una vez más para defender a las Regiones mineras, como la de Atacama.
Llegó la hora, señor Presidente , de avanzar contra la tradición centralista, contra un Estado que no valora ni da real protagonismo a los distintos territorios. Desde las Regiones miramos con estupor el centralismo, que es malo no solo para ellas, sino además para el propio Santiago. La concentración de talentos, riquezas y oportunidades sigue en la Capital.
Hemos escuchado durante esta larga sesión distintas opiniones en el sentido de que el proyecto que hoy nos convoca, en algunos casos, significa un paso muy lento y no todo lo importante que quisiéramos, e incluso, que sería innecesario.
Efectivamente, me gustaría que hubiese un avance más profundo, porque esta iniciativa tiene muy poco de fomento para una descentralización real y mucho menos de regionalización verdadera.
Sí, incluye un elemento relevante para el ejercicio democrático: la elección directa de los consejeros regionales.
Esa es una cuestión que no puede seguir esperando. Ahora los consejeros regionales serán conocidos y más cercanos a la gente, y podremos hacerles exigencias e indicarles sus responsabilidades y su trabajo, lo que hoy en día resulta más difícil.
Y algo muy significativo: por la vía planteada se evitará un foco de corrupción que se ha ido generando en ese sector. Todos lo conocemos, nadie lo dice, pero es así: ¡hay un foco de corrupción en la forma como se nombra hoy día a los consejeros regionales!
Señor Presidente , quiero destacar la labor realizada en este debate por el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización (CONAREDE), y en especial, la de Heinrich von Baer y Miguel Cellino -nos acompañan esta tarde en las tribunas-, quienes han dado pasos muy fundamentales a los efectos de comprometer a los parlamentarios y a los partidos políticos para avanzar hacia la regionalización, aunque el de ahora es muy pequeño.
Pero también quiero reparar en que, pese a que la totalidad de los sectores políticos aquí representados están convencidos de que Chile debe hacer más por sus Regiones, la mayor prueba de centralismo es la actitud de los partidos, que definen sus candidatos a cargos de elección popular sin considerar un aspecto esencial: que ellos sean en lo posible oriundos de las Regiones, que conozcan los problemas de los lugares por los que postularán.
En los próximos meses veremos cómo, una vez más, las colectividades partidarias distribuyen a candidatos salidos de Santiago para pelear cupos parlamentarios en Regiones del país que a veces ni siquiera conocen.
Amigos de la CONARADE, amigos de la regionalización, esa es quizás una de las razones por las cuales todos nos hallamos en contra del centralismo y a favor de la regionalización.
Pero nada cambia.
Por último, resulta penoso que no tengamos ocasión de realizar un debate especial, dedicado, profundo sobre estos temas y nos veamos respaldando un proyecto hecho "en la medida de lo posible", en lugar de una iniciativa sólida, que realmente entregue a las Regiones el protagonismo que merecen, para llegar al Bicentenario con un Chile derechamente alcanzando un pleno desarrollo, sin las crueles y absurdas diferencias existentes entre las Regiones y Santiago.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero adherir al reconocimiento hecho por el Honorable señor Prokurica a la labor que en materia de regionalización y descentralización ha llevado a cabo desde hace muchos años el CONAREDE, en especial a través de su Presidente , señor Heinrich von Baer , y de don Miguel Cellino , quienes no han limitado su actuación al proyecto que hoy nos ocupa. Ellos son pioneros y han desplegado esfuerzos extraordinariamente importantes para hacer conciencia, no solo en los parlamentarios de Regiones sino también en aquellos que representan a ciudades más grandes, de que la regionalización es una cuestión de interés nacional. Creo que esa labor demuestra la enorme relevancia que tienen las organizaciones de ciudadanos para llevar adelante iniciativas como las que ellos han impulsado durante varios años.
Además, hago tal reconocimiento, fundamentalmente, porque dichos personeros iniciaron su trabajo en la Región de la Araucanía, a la que represento en el Senado.
En consecuencia, me parece bueno que en la Versión Oficial de esta sesión quede testimonio del esfuerzo gigantesco que ellos han realizado para crear conciencia sobre la imperiosa necesidad de fortalecer la regionalización.
Señor Presidente , el artículo 3° de la Constitución Política dice: "El Estado de Chile es unitario.".
Pero quiero recordar que en la última reforma que aprobó el Senado se incorporó a esa norma un inciso tercero que expresa: "Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.".
Recuerdo perfectamente -porque me tocó integrar la Comisión de Constitución- el momento en debatimos tal norma. Y se difundió en las Regiones, forjándose una gran esperanza en que todas las actividades de los órganos del Estado iban a apuntar a fortalecer la regionalización.
Digo eso porque la ley -nosotros concurrimos a su formación junto con el Ejecutivo- tiene poco valor si no va a acompañada de la voluntad política de ponerla en práctica.
Nos hemos llenado de leyes en los últimos años. Pero cuando uno las evalúa y hace un seguimiento, ve que muchas ellas son letra muerta. Porque una cosa es que en su texto se postule la regionalización y otra la voluntad efectiva del Gobierno de llevar adelante un proceso que la fortalezca como una manera de propender al desarrollo armónico del país.
Yo siento que a ese respecto se ha avanzado muy poco. Porque si uno analiza la legislación dictada en los últimos años se percata de que, al final de cuentas, prácticamente ninguno de los textos se dirige a los cuatro ejes que deben tenerse presentes cuando hablamos de fortalecer la regionalización.
La iniciativa que nos ocupa hoy, sin duda, constituye un avance y apunta en el sentido correcto.
En primer lugar, la forma de generación de las autoridades.
No es lo mismo que las autoridades encargadas de administrar los recursos regionales sean designadas por el gobierno central o elegidas por la Región. ¡La diferencia es enorme!
El intendente, que es el representante del Presidente de la República en las Regiones -me parece bien que haya uno en cada una de ellas-, puesto en la disyuntiva de defender los intereses regionales cuando aparezcan en contraposición con los del gobierno central, ciertamente que optará por los de este, pues su cargo es de exclusiva confianza del Primer Mandatario. De manera que, ante un dilema de tal índole, el intendente no toma la decisión final pensando en qué favorece más a la Región, sino mirando los intereses de quien lo nombró en su cargo.
Por consiguiente, el hecho de que las autoridades no surjan del gobierno central es, sin duda, una manera real de fortalecer el proceso de regionalización. Y no tengo dudas de que la elección de los consejos en forma directa por la ciudadanía dará más autonomía, más independencia, al gobierno regional y a quien sea su presidente para defender los intereses locales.
En segundo término se halla lo de las competencias. Este aspecto queda entregado a la Ley Orgánica Constitucional. Y me alegra que así sea, porque en el texto anterior se hallaban establecidas en la Carta, lo que a mi juicio era un error, en la medida en que se trata de una materia que se puede ir modificando con el transcurso de los años. Parece correcto que la Ley Orgánica Constitucional sea la que señale expresamente los ámbitos de competencia que irán asumiendo las distintas Regiones.
Sobre el particular, señor Presidente, se plantea un argumento muy recurrente: "No deleguemos atribuciones en las Regiones, porque quizás en ellas no se encuentre la gente suficientemente capacitada en la toma de decisiones vitales para el país".
Por mi parte, me pregunto: ¿y por qué van a tener más capacidad, más noción de la realidad, más percepción y sentido social, quienes viven a cientos de kilómetros de donde se deben tomar tales decisiones?
Entonces, el ámbito de competencia, en cualquier democracia, presenta un aspecto central: que sean las propias Regiones las que vayan materializando el mayor número de determinaciones respecto de lo que a ellas mismas les afecta.
En tercer lugar -y recuerdo que un señor Senador lo dijo en la sesión pasada- se encuentra lo atinente a los recursos.
La verdad de las cosas es que estas reformas son letra muerta si finalmente los recursos no se entregan a las Regiones en la forma y cantidad requeridas. Podemos acordar la elección de los consejos regionales y otorgarles competencias, pero si no se distribuyen de una manera razonable los fondos para que las Regiones propendan a su desarrollo, lo demás pasa a ser, de uno u otro modo -repito-, letra muerta.
Ese es un asunto pendiente que hace urgente fortalecer los procedimientos sobre entrega de recursos a las Regiones y los mecanismos de control para que sean bien administrados. Porque si hay algo que la sociedad chilena ha aprendido, a través de los años, es que no basta con proporcionarlos. Hay Regiones que los reciben, pero ni siquiera se alcanzan a gastar por completo.
Y así me lo corrobora el Senador señor Muñoz Barra , con quien hemos visto tantas veces, en la Región de La Araucanía, que se otorgan a Obras Públicas fondos para infraestructura y no se gastan como corresponde, se despilfarran o, simplemente, no se ocupan y se deben devolver.
Esto último ocurrió dos o tres años atrás, cuando más de 10 mil millones de pesos destinados a ese rubro no se gastaron nunca y hubo que reintegrarlos al Gobierno central. Eran dineros que se perdieron, en vez de ser empleados en inversiones que habrían ayudado mucho al desarrollo, en particular de las zonas rurales, donde los déficits de infraestructura son más notorios, más importantes y afectan más al desarrollo económico y, por ende, a la calidad de vida de la gente.
Por lo tanto, el tercer elemento, muy relevante, dice relación a la entrega, control y fiscalización oportunos de los recursos para las Regiones.
Y un cuarto elemento, no mencionado en el debate y que quiero incorporar, son los incentivos para la inversión privada a lo largo del territorio.
Salvo en las zonas australes extremas, no existen estímulos para que las empresas prefieran instalarse, generar mano de obra y desarrollarse en Regiones. Les resulta siempre más cómodo y, desde el punto de vista inicial -así lo creen-, más rentable el ubicarse lo más cerca posible de las grandes ciudades y, en especial, de Santiago.
Los países que logran un desarrollo equitativo son aquellos que crean incentivos de carácter tributario o para contratación de mano de obra a fin de que las empresas opten por irse a regiones, y, adicionalmente, fijan un costo más alto para las que siguen operando en el área metropolitana. Así ha acontecido en Estados Unidos; en España, Francia y otras naciones europeas, y sucede actualmente, incluso, en muchas partes de Asia.
Entonces, el cuarto elemento, consistente en lograr, mediante incentivos, que la empresa se desarrolle en Regiones resulta esencial, porque es hoy día el motor del crecimiento de la economía de un país.
En síntesis, señor Presidente , he hecho esta narración de los que, a mi juicio, constituyen los cuatro pilares fundamentales del fortalecimiento de la regionalización por creer que el proyecto que nos ocupa es un avance significativo, aunque no tan profundo como lo será finalmente.
Y me alegro de que se hayan suprimido diversas disposiciones que en la sesión anterior sostuve que no estimaba correcto incluir en la Carta, porque no me parecían propias de ella, y de que se haya dejado el debate respectivo para cuando se modifique la Ley Orgánica Constitucional. Otras, derechamente, carecían de sentido, como aquella que establecía, según recuerdo, que los intendentes y gobernadores tendrían fuero respecto de las acciones judiciales que se pudieran entablar contra ellos, pues estimé que era algo que no tenía nada que ver con una iniciativa sobre descentralización o regionalización del país.
La iniciativa en debate va en la línea correcta. Espero que se enriquezca con las indicaciones que en su momento se formulen.
Sin embargo, la prueba de fuego no radicará solo en ella -como tampoco residió en el inciso tercero del artículo 3° de la Constitución, que ya establece, como señalé, la obligación de los órganos del Estado de promover el fortalecimiento de la regionalización-, pues si no hay voluntad política para la concreción, en definitiva se siembran esperanzas y después se cosechan desilusiones.
Por tal motivo, señor Presidente, anuncio que votaré a favor del texto en examen.
Y confío en que esta sea la primera etapa de un proceso de regionalización acentuado que Chile viene anunciando hace muchos años. Ello se mira con esperanza en Regiones, pero también con gran escepticismo, ya que estos proyectos finalmente no logran su objetivo por no existir detrás voluntad política. Ojalá en esta oportunidad sí la haya, no solo en el Gobierno actual, sino también en los futuros, con el propósito de alcanzar el crecimiento del país en forma más armónica, más justa y más equitativa y con mayor fuerza para el desarrollo regional.
Por las razones expuestas, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , también me pronunciaré a favor de la presente reforma de la Carta , en primer lugar porque su finalidad principal es una cuestión planteada prácticamente durante los últimos veinte años por todos quienes consideramos fundamental que un organismo como el consejo regional tenga su origen en el ejercicio directo de la soberanía popular.
Hoy día existe una situación bastante anómala. Los consejos regionales son autoridades de relevancia creciente al administrar por lo menos una parte de la inversión local a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el que ha ido aumentando de manera bastante sustantiva durante los últimos Gobiernos. Y, como cuerpos colegiados, poseen atribuciones en materia presupuestaria regional que, por analogía, son incluso mucho mayores que las del Congreso Nacional, pues no aprueban, como nosotros, grandes partidas, sino inversiones específicas, concretas y hasta de poca monta. El que sean elegidos mediante un sistema indirecto carece de sentido.
Desde el punto de vista de la ciudadanía, son entidades invisibles, opacas y sin responsabilidades directas con la gente, pese a su progresiva importancia.
Al margen de cualquier otra consideración sobre los aspectos de la regionalización, el elemento que señalo tiene mérito por sí mismo. En efecto, el fortalecer la representatividad de los consejos regionales apunta a robustecer la identidad política de las Regiones.
No es casualidad que haya habido una resistencia muy fuerte -a veces, soterrada y transversal- en el propio Congreso Nacional a que los consejeros regionales fueran elegidos en forma directa. Y por las peores razones: las de defensa corporativa de pequeños privilegios parlamentarios. En algunas iniciativas anteriores se llegó a incluir una disposición a mi juicio escandalosa -felizmente, no figura en la que estamos analizando-, pues impedía que los consejeros regionales designados en esa forma postularan a cargos de representación parlamentaria en la elección siguiente. Ello indica con claridad cómo a veces los celos corporativos, incluso de los Congresos, operan en sentido contrario a la democratización del país y al desarrollo de las Regiones.
Los procesos de regionalización, descentralización y autonomía, en todas las naciones donde se han llevado a cabo, obedecen básicamente a tradiciones nacionales, a reclamos ciudadanos, a representación política de las Regiones. Nuestro proceso de regionalización, en cambio, tuvo un origen completamente distinto: fue una decisión político-administrativa de un Gobierno autoritario. No recogió, salvo una demanda genérica, un gran movimiento ciudadano.
Tanto es así, que las Regiones no fueron producto de acuerdos políticos entre las antiguas provincias. Todas las dificultades que enfrentamos hoy día con motivo de la reivindicación de partes de sus territorios, de provincias específicas, para constituir nuevas Regiones son consecuencia del antecedente que he señalado. Ya hemos despachado dos leyes dividiendo las Regiones originales establecidas por el Régimen militar.
Y se formulan muchas otras demandas. En la circunscripción que represento existe un cierto movimiento subregionalista de las provincias en las cuales no se encuentra la capital regional. También imagino que las viejas y antiguas provincias de San Felipe y Los Andes pueden no sentirse cómodas por una resolución inventada administrativamente. Y veo que mis coterráneos chillanejos asimismo reivindican la regionalización de la provincia de Ñuble, porque, desde el nacimiento de la República, nunca han sido penquistas.
Entonces, se presenta un problema de muy diversa naturaleza.
Como no podemos dibujar de nuevo todo el mapa de las Regiones, me parece que la elección directa del Consejo Regional es, por lo menos, un gran avance. Imagino que en la Ley Orgánica Constitucional habrá que establecer que esa representación deberá hacerse sobre una base provincial. Ello dará fortaleza a la identidad política de las provincias, que sí la registran en su identidad histórica. Porque, en Chile, las provincias -las 27 que los de nuestra generación aprendimos en el liceo-, salvo algunas de las nuevas que se crearon también de manera puramente administrativa, exhibían una fuerte identidad regional.
Por este elemento, voy a votar a favor.
Sin embargo, lamento la tardanza: ¡veinte años! Esperaba que la elección directa se llevara a cabo en los pasados comicios municipales o en los parlamentarios próximos. Sin embargo, quedaremos hasta 2009. Seguimos con el ritmo cansino intolerable de reformas políticas indispensables en aspectos que no hacen otra cosa que rigidizar el sistema político.
Lo dice el Senador que habla: ¡Chile se halla en una crisis de representación política brutal! Creo que este es el país, entre los que conozco en el mundo, que elige menos autoridades por sufragio popular. Ignoro si en alguna democracia existen consejos o asambleas comunales tan pequeños como los nuestros. No cabe el debate de los problemas de una ciudad en un organismo formado por seis miembros. ¡Sencillamente, no cabe!
En cualquier ciudad media, europea o sudamericana, esos consejos los integran treinta o cuarenta personas. Pero cuando uno plantea ese punto en Chile pareciera que fuese un extraterrestre. Y le dicen: "¡Pero cómo vamos a gastar tanto en viáticos a los concejales!".
Y la democracia representativa ya tiene problemas en el mundo, porque, en sociedades diversas, estratificadas como las nuestras, desiguales, representar al resto de los ciudadanos es una tarea difícil. Antes, ello era más fácil en sociedades más homogéneas política, social y culturalmente. Nosotros registramos un déficit brutal en el sistema referido.
El proyecto apunta tardíamente en la buena dirección, porque recién vamos a corregir en cinco años más esta anomalía tan destacada. Me parece un tiempo fastidiosamente largo para reformas indispensables.
Quiero, además, felicitar por el trabajo de la Comisión, pues creo que ha sido serio. Se han introducido aspectos no incluidos en la consideración original y que apuntan al corazón de los procesos de mayor autonomía regional. Y se fijan criterios, por lo menos, para el traspaso de competencias, las cuales podrán ser solicitadas al Ejecutivo por un quórum importante del Consejo Regional, estableciéndose, en caso de una negativa, una suerte de instancia arbitral -en este caso sería el Senado-, de manera que el planteamiento de las Regiones no quede restringido a una suerte de derecho de petición.
Me parece inteligente la fórmula de que las Regiones puedan pedir dicho traspaso, lo que permite, además, que lo soliciten aquellas con capacidad para administrar competencias. Porque el otro elemento que se ve en todos los procesos de descentralización en el mundo es que no todas tienen igual aptitud de gestión de sus propios asuntos. Y ello es difícil afirmarlo, pues puede parecer que uno menoscaba a una Región en detrimento de otra. Pero es evidente que una Región como la del Biobío, que cuenta con recursos económicos, humanos, tecnológicos y científicos, tiene mayor capacidad de gestión de sus propios asuntos -no quiero aludir a nadie en especial- que la de Atacama o la de Aisén.
El señor PÉREZ VARELA .-
¡Que la Séptima!
El señor GAZMURI.-
La Séptima es intermedia.
Si además las quieren partir por la mitad, cada vez van a tener menos capacidad de autogestionar sus asuntos públicos. O sea, la disminución al extremo fortalece al centralismo, en definitiva, de una manera evidente. Ello, si queremos tener Regiones que puedan generar su propio dinamismo, lo que, en general, me parece bien.
Me queda claro que se encuentra pendiente un debate a fondo sobre la regionalización. Tienen razón quienes han señalado que el proyecto de ley, en la medida en que constituye una reforma de la Carta, avanza criterios, principios, que deberán ser concretados en leyes orgánicas específicas.
La materia que nos ocupa es central, señor Presidente , por quedar expuesta, como aquí se ha dicho, la visión de futuro que tenemos de Chile, en cuanto a su balance territorial, considerando el problema que ha sido denunciado en la Sala, o sea, la tendencia a la concentración en la megalópolis del Gran Santiago, al que se va a unir muy rápidamente el Gran Valparaíso, lo cual ahoga al país. Y esa tendencia es imparable, salvo que medie una política de Estado muy fuerte en contra.
La dinámica de la economía de mercado lleva a la superconcentración. Ese efecto se provoca -ello es evidente- por las grandes ventajas que presenta la concentración en todo orden de cosas. Y es algo que vemos.
Incluso, es cada día más difícil que los equipos directivos de las empresas que logran desarrollarse en Regiones permanezcan en ellas. Así lo hemos observado en la Región del Maule. Esa fue una de las razones por las cuales me opuse a la privatización de Colbún, que, en la condición de empresa pública, podía mantener una dimensión regional. Sin embargo, contra todas las promesas formuladas, lo primero que hizo Colbún -y era natural, desde el punto de vista de una transnacional- fue cerrar la oficina central en la ciudad de Talca y trasladarse a Santiago. Solo dejaron allí a un encargado de la represa.
Lo que señalo es evidente. Si no hay políticas públicas de estímulo, como lo han dicho aquí otros señores Senadores -habrá que estudiarlas-, el proceso concentrador, en la lógica de la economía de mercado y sin un Estado fuerte que descentralice, es inevitable. Lo otro son palabras al viento, dígase lo que se diga. Y eso significa, además, que inicialmente "se pierden" oportunidades, porque es más caro establecerse en Regiones para muchos asuntos.
Falta realizar ese debate.
Mi impresión, señor Presidente , es que la discusión, que es muy central, no va a poder ser llevada a cabo al margen del conjunto de cuestiones constitucionales pendientes en el país.
Y con esta reflexión finalizo.
En ese caso se encuentra un acuerdo de dicha índole. En los primeros tiempos de la transición ello no aparecía con la misma urgencia que hoy, porque era preciso normalizar el país. Veníamos saliendo de una grave ruptura nacional y, por tanto, reconstituir en democracia la unidad mínima de la nación determinaba que las grandes cuestiones constitucionales no estuvieran en el primer plano del debate público. Pero tenemos una Carta que hemos ido reformando por partes.
Recuerdo que la primera reforma se refirió a un asunto muy discutido, y que hoy parece obvio: la elección directa de los concejos comunales. Me acuerdo de un distinguido Senador de las bancas de enfrente cuando en la primera conversación sobre la materia, en 1992, nos dijo: "Probemos cuatro o cinco años si el sistema municipal previsto en la Constitución de Pinochet funciona o no". Así comenzaron en la Sala estos debates. Felizmente, no tenía razón mi distinguido amigo -puedo decir hoy su nombre porque después contribuyó a la reforma- el ex Presidente del Senado don Sergio Díez .
Esa primera enmienda constitucional -reitero- fue hecha en 1992.
Lo relativo al sistema binominal en su minuto lo discutimos, desde los acuerdos -se encuentra presente el Ministro Viera-Gallo-, entre el gabinete de Pinochet, presidido por el Ministro del Interior de la época, y la Concertación, que había ganado el plebiscito. En esa oportunidad se manifestó: "Hagamos un sistema por ocho años y después lo cambiamos". ¡Veinte años! ¡Desde hace veinte años venimos con el mismo asunto, con los mismos argumentos!
Todos señalan que las atribuciones de nuestro Congreso aparecen tremendamente disminuidas en comparación con cualquier democracia presidencialista del mundo. Supuestamente estamos todos de acuerdo. ¡Veinte años! ¡Veinte años!
O sea, el inmovilismo institucional entra en contradicción creciente con el dinamismo de la sociedad y del mundo. Por tanto, creo que a poco andar tendremos que enfrentar el tema de una nueva Constitución. No me imagino que se pueda resolver bien la cuestión regional si no es en el marco de una reforma general de nuestro sistema institucional.
¡Señor Presidente , veo que me quitaron la electricidad de una manera arbitraria...!
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
¡Aquí también hay un problema de centralismo...!
El señor GAZMURI.-
¡Seguimos con esto¿!
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Señor Senador, tiene un minuto adicional para concluir su intervención.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, muchas gracias por haberme "reconectado" el sistema.
Una última idea.
Existe un planteamiento que al principio, hace dos, cinco años, me parecía un poco extraño, aunque todavía lo es para mucha gente. Celebro que uno de los precandidatos de la Concertación a la Presidencia de la República , el Senador señor Frei , haya planteado por primera vez desde esa posición la necesidad indiscutible que tiene nuestro país de ponernos como perspectiva -y ello debe ser común- una nueva Constitución para el Bicentenario. Si no, el conjunto de asuntos respecto de los cuales reclamamos no encontrará solución armónica.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, en este momento ha llegado a la Mesa una comunicación de la Comisión de Economía mediante la cual pide abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica el DFL Nº 1, de Economía, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , hasta el 10 de marzo, a las 16, en la Secretaría de la Comisión.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la solicitud.
--Así se acuerda.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Minería y Energía -entiendo que usted la dirigirá dentro de poco-, solicito que el proyecto que establece una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos sea analizado por aquella en su parte técnica. Se trata de una materia particularmente compleja, como bien lo hemos ido aprendiendo los miembros de dicho órgano técnico.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición.
--Así se acuerda.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , no me voy a extender en consideraciones acerca de la descentralización, porque es la gran ausente en el proyecto.
El texto que nos ocupa refuerza algunos conceptos ya conocidos e introduce una corrección democrática a la elección de los consejeros regionales. Estas autoridades, curiosamente, venían siendo elegidas bajo la modalidad que impera en Estados Unidos respecto de sus presidentes, esto es, a través de representantes. Este rol lo desempeñaban los concejales, quienes, en una segunda instancia, después de haber sido investidos por el favor popular, quedaban con la potestad para elegir a los consejeros regionales.
Ahí se estaba produciendo un nivel de perversión francamente preocupante. En muchas partes se abrieron auténticas subastas, con el propósito de favorecer determinados nombres. Quienes son elegidos bajo una modalidad asentada en la corrupción naturalmente no ofrecen ninguna garantía de comportamiento digno y apegado a las normas de probidad imperantes en nuestra legislación.
Con la decisión que hoy adoptemos dejaremos atrás un mecanismo híbrido de elección que arrojó una experiencia lamentable para el sistema institucional del país.
El texto posee un mérito: suscitar debates acerca de la descentralización. Pero se trata de discusiones bizantinas. Hay dos conceptos: la descentralización y la participación, que llenan la retórica política de los últimos tiempos. De pocas cosas se habla con más abundancia que de estos dos aspectos consignados en nuestra legislación, pero se encuentran allí como un decorado, ya sea constitucional o legal.
Al final de su intervención, antes de que lo "desconectaran", el Senador señor Gazmuri efectuó una afirmación que apunta a lo medular del problema. Decía que mientras no contáramos con un nuevo Texto Constitucional difícilmente tendríamos la capacidad como Estado para producir un reordenamiento a lo largo y ancho del país.
Lo que sucede es que esta es una institucionalidad cautiva por una Carta Fundamental que impide el pronunciamiento de la ciudadanía acerca de materias que resultan fundamentales para el buen desarrollo del país en todos sus aspectos.
Se da el caso absurdo, como todos sabemos, de que muchos alcaldes, para determinar si los bares deben abrir a una hora u otra, pueden convocar a consultas populares. Claro que las efectúan a su modo. Pero, más o menos, se cumple con la idea de que haya una elemental participación en los asuntos comunales. Sin embargo, cuando se trata de materias relativas al desarrollo de la nación en sus ámbitos más centrales, la ciudadanía se ve privada de emitir un pronunciamiento.
En fin, no podría ser de otro modo.
Esta Constitución tiene un origen fascista. Y ello no constituye un epíteto gratuito que se le formula a la suprema creación de algunos talentos muy iluminados que en su minuto trabajaron en el tema. Fue prácticamente una copia de las actas constitucionales que a la sazón tuvieron vigencia en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Y estas, a su vez, fueron el fiel reflejo de las actas del Gobierno de Pétain, en Francia, para la época del dominio nazi.
Cuando un país se gobierna sobre la base de un texto que tiene el germen del fascismo instalado en su esencia, todo lo que se desprenda de allí no puede sino apuntar a un poder central por excelencia.
Por ello, durante todos estos años ha sido un verdadero calvario ir lentamente aflojando los nudos autoritarios existentes en la Carta Fundamental.
Pero la situación no da para más.
He dicho más de alguna vez que como conglomerado de Gobierno, como Concertación, nos hemos ido cocinando en nuestra propia tinta a lo largo ya de dos decenios.
El punto está en que la Constitución no le sirve ni siquiera a sus propios creadores, porque nos deja en una condición de minusvalía respecto de otras naciones en un mundo globalizado.
Las constituciones no deben significar una tranca para el desarrollo. Tampoco pueden ser el origen de una institucionalidad pétrea en un mundo esencialmente dinámico y donde es indispensable enfrentar los problemas con gran flexibilidad desde todo punto de vista, pero, fundamentalmente, con oportunidad y agilidad. Esto no lo puede tener una institucionalidad que presenta las características que antes señalé.
En fin, esa discusión da para largo.
Yo solo deseo poner énfasis en un punto. Me hubiera gustado mucho que estuviese presente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo para que se hubiera referido a él.
Observo que en el diseño que lleva a cabo el proyecto estamos instalando una suerte de bomba de tiempo, un área de discordia, por el choque de competencias que necesariamente en su minuto llegará a producirse.
El texto de la iniciativa crea el cargo de presidente del consejo regional como una autoridad distinta del intendente.
El señor LARRAÍN .-
¿En qué proyecto está eso? ¡A lo mejor Su Señoría se equivocó de discusión!
El señor ÁVILA.-
¡Cómo en qué proyecto!
El señor LARRAÍN.-
Eso no figura en el articulado.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
¿Quiere solicitar una interrupción, Senador señor Larraín?
El señor LARRAÍN .-
No.
El señor ÁVILA.-
En realidad, me está haciendo una sigilosa observación, que atenderé una vez que culmine mi intervención.
En todo caso -por si algún asidero pudiere tener lo que me acaba de manifestar el Honorable señor Larraín -, de existir una disposición como la que cito, me parece que generaría un foco de conflicto por las competencias en pugna que chocarían una vez que cada una de esas autoridades desarrolle la función que estima propia de su cargo.
En resumen, señor Presidente , el tema de la institucionalidad en Chile es el principal obstáculo para la descentralización del país. Y esto se resuelve con una nueva Constitución.
Como se trata de lo que denominé una "corrección democrática", naturalmente apoyaré la elección directa de los consejeros regionales. Y quedaremos a la espera, como siempre, de que las medidas que apunten a una auténtica descentralización sean debidamente consideradas, pero no como hasta ahora, bajo impulsos espasmódicos del Estado, sino mediante la solución de fondo, cual es, llamar a una nueva Asamblea Constituyente para que en el futuro nos rija la Carta Fundamental del Bicentenario.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , anuncio que votaré a favor del proyecto en debate.
Sin embargo, quiero formular algunas observaciones que estimo importante discutir más adelante.
En primer lugar, deseo manifestar mi preocupación por la modificación de la norma relacionada con la forma de renovación de los Senadores. El artículo 49, inciso segundo, dice: "Los Senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, correspondiendo hacerlo en un período a los representantes de las regiones de número impar y en el siguiente a los de las regiones de número par y de la Región Metropolitana.".
La iniciativa propone eliminar la última parte de dicho inciso. Señala: "Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.".
Es preciso dejar claro que dicha ley tendría que estar vigente mucho antes de que se produzca la renovación de los Senadores. Porque la ley Nº 18.700 no resuelve esa situación. Y tendríamos problemas de interpretación respecto de cómo se va renovar la Cámara Alta, pues se modifica la Constitución.
Lo planteo como inquietud, que habrá que resolver prontamente.
En cuanto al tema de fondo, que es el que importa, debo señalar que, en general, se proponen enmiendas a los gobiernos regionales y a las administraciones comunales. Y en verdad cada una de las reformas o planteamientos tienden -diría yo- a mejorar un poco el sistema, pero no a reafirmar de manera efectiva la regionalización. Porque los gobiernos regionales, que son órganos descentralizados, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente, cuentan con ciertas facultades; pero dependen fundamentalmente del Gobierno central. Por lo tanto, no disponen de plenas facultades ni capacidades, sino que más bien administran las políticas impartidas desde aquel.
En consecuencia, no se están dando atribuciones a las Regiones para que realicen un trabajo desde el punto de vista de su propia estructura, de su forma de vida, del desarrollo que eventualmente pudieran lograr realmente con un gobierno regional.
Y, en esa perspectiva, es importante lo que se plantea: que los consejeros regionales sean elegidos por sufragio universal, de acuerdo con la ley orgánica respectiva que se dictará. Por lo menos, ese es un componente que va a permitir que las personas que participen en ellos sean elegidas por votación popular.
Sin embargo, el problema radica en que no basta con ser elegido. Si no se dispone de un elemento esencial después de la elección, que es contar con recursos que puedan ser analizados, proyectados y definidos por la propia Región, se seguirá administrando de acuerdo a lo que en definitiva resuelva el Gobierno central.
En consecuencia, creemos indispensable fijar un criterio. Porque si nos atenemos al tenor del artículo 113, conforme al cual corresponderá al consejo regional aprobar los planes de desarrollo de la Región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional, ajustados a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación, resulta claro que hay una definición exacta y precisa del Gobierno central hacia el regional.
Por consiguiente, es conveniente determinar que haya autoridades regionales elegidas y establecer claramente recursos propios para las Regiones. Pero no aquellos que surgen del 65 por ciento de las ventas de las propiedades fiscales, ni del 70 por ciento de las patentes mineras, ni los que provengan eventualmente de los casinos. La idea es que si, por ejemplo, la Región de Antofagasta necesita 50 mil millones de pesos para su inversión y desarrollo, se le asignen esos fondos y que ella con sus autoridades decidan lo que será su futuro progreso, para que no tengan que discutir en Santiago, en el Ministerio de Hacienda, la construcción de una carretera o de una escuela, ni pedir autorización para tales efectos. Porque así es como funcionan actualmente las Regiones.
Por lo tanto, sin perjuicio del avance que pudiera haber en la materia, no se observa la autonomía necesaria que debería tener una Región para planificar su desarrollo.
Cada una de ellas presenta sus propias particularidades. De manera que lo razonable es que cuenten con facultades, con sus autoridades y con recursos, sin perjuicio de los fondos nacionales y de si el Gobierno central decide realizar inversiones en hospitales, lo que puede estar sujeto a cierto análisis.
Ciertamente, los recursos vienen del Gobierno central. Pero hay asuntos que son propios de la Región y que nunca serán bien resueltos de la manera como se plantea en el proyecto.
En cuanto a la transferencia de funciones, cabe señalar que el artículo 114 dice: "La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.".
A este respecto, cabe destacar que es relevante la discusión en cuanto a introducir o no en la Constitución esa norma. Porque en virtud de ella se está dando una facultad al Presidente de la República , que no es obligatoria, para transferir funciones.
Por eso, cuando se analizó la posibilidad de que algunas funciones se podían transferir de acuerdo con la Carta Fundamental, se concluyó que eso era importantísimo para la descentralización. Y lo que se hace aquí es dotar de facultades. No se están transfiriendo funciones.
En todo caso, eso también es absurdo, ya que el gobierno regional debería necesariamente contar con funciones propias. Ciertas normas de tránsito, algunas de educación u otras, no pueden ser definidas por el Gobierno central.
Si el artículo en cuestión permanece igual, de ninguna manera habrá la transferencia de funciones que todos esperamos; los gobiernos regionales no tendrán autoridades elegidas ni contarán con atribuciones y recursos para el desarrollo.
Si seguimos con el sistema de tutelaje desde el Gobierno central, no se conseguirá lo que finalmente esperan todas las personas que viven en lugares distintos a la Capital: disponer simplemente de las mismas facultades y condiciones con que se desarrolla y se desenvuelve la Región Metropolitana o el centro del país.
Por eso, señor Presidente, voy a votar favorablemente la iniciativa. Sin embargo, me parece que algunas normas deben ser corregidas, toda vez que, de lo contrario, se generarán expectativas en orden a que se está regionalizando cuando en realidad estamos constituyendo un elemento de transferencia de funciones, con la misma tutela del Gobierno central hacia las Regiones. Y creo que eso necesariamente debe ser corregido.
Termino mis palabras diciendo, primero, que las autoridades de que trata el proyecto deberían ser elegidas; y segundo, que resulta necesario que las que administran el gobierno interior del país cuenten con recursos propios, asignados y definidos en ellas mismas, sin perjuicio de los fondos nacionales que se entreguen, a fin de que haya realmente regionalización, autonomía y decisión regional.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , yo no estaba presente cuando ayer se dio cuenta del ingreso del proyecto que modifica la Ley de Riego, el que fue tramitado a la Comisión de Obras Públicas.
Estimamos que dicha iniciativa, por su naturaleza, debería también ser remitida a la de Agricultura.
Por lo tanto, pido que se recabe la anuencia del Senado para que así ocurra.
No tengo inconveniente en que sea tratada en Comisiones unidas, si así lo resuelve la Sala, o bien en forma separada. Lo importante, a mi juicio, es que debe haber un informe del órgano técnico en agricultura, dada la transcendencia que reviste para la actividad agrícola cualquier modificación relacionada con la estructura de riego del país.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Si no hay inconveniente, se accederá a la petición.
--Así se acuerda.
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