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El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , en primer término, quiero expresar mi reconocimiento al esfuerzo hecho para avanzar en esta materia, porque en períodos de campaña electoral todos ponemos énfasis tremendos en la importancia de la descentralización y la regionalización, pero después entramos en una suerte de invernadero en que esas ideas se guardan y se mantienen latentes hasta los próximos comicios.
En esta oportunidad, deseo reconocer que se avanza en algo que resulta de particular importancia para esta Corporación y para el país: la elección de consejeros regionales. Creo que es lo más relevante del proyecto en discusión.
Ha sido reconocida con mayor o menor elocuencia por los distintos participantes en el debate la perversión del sistema antiguo, en el cual había verdaderas loterías y formas de acceder al cargo que estaban absolutamente reñidas con la moral y la ética pública acordes a nuestra tradición republicana.
Por lo tanto, voy a votar sin ninguna reserva a favor del proyecto en esta etapa, apuntando específicamente a realizar un reconocimiento a la modificación propuesta.
Sin embargo, a pesar de que lo de la descentralización, regionalización -o como le queramos llamar-, si bien queda bosquejada en esta iniciativa la posibilidad de avanzar en tal dirección y de que las leyes orgánicas constitucionales correspondientes logren materializar lo que consensuemos aquí, yo miro el asunto con cierto escepticismo. Porque, como se ha expresado hasta el cansancio, pareciera que desprenderse del poder no obedece al orden natural de las personas.
Por lo tanto, en cuanto a la buena intención de entregar las denominadas "competencias" a los gobiernos regionales, me gustaría ver de qué manera lograremos concretarla en una legislación posterior.
En particular, me referiré a la actual estructura del gobierno regional, su relación con la administración comunal y los CORE en especial. Entre paréntesis, estos últimos nacieron en una ley aprobada en esta Corporación en 1991. Por tanto, no provienen del régimen "dictatorial". Son posteriores, y corresponden al período democrático.
Quiero resaltarlo, porque hubo una referencia al respecto y me gustaría enmarcarla donde corresponde.
Obviando esa consideración, estimo que tenemos un sistema que no funciona bien. Contamos con gobiernos regionales en que las figuras denominadas seremis dependen esencialmente de los Ministerios. Se dice que se relacionan de manera funcional con el Intendente, pero lo cierto es que entre la autoridad de este y la del Ministro del ramo no hay dónde perderse. El Secretario de Estado es quien los designa.
Me tocó participar en una ceremonia donde se nombró a un seremi en cuya designación no estaba de acuerdo el Intendente. ¡Hasta ese punto llega a hacerse público el desencuentro...!
Lo relativo a los seremis -que refleja que la administración central no tiene una contraparte regional- me parece un punto vital.
Por suerte, me tocó administrar una institución que opera a lo largo de todo el país. Y debíamos planificar su desarrollo a través de planes de 10 años, de 4 años y anuales en los que íbamos materializando tales etapas. Esa planificación nacía de un matrimonio entre la propuesta de la Región -de la zona naval en ese caso, que es la que ve las necesidades de desarrollo de su área- y una visión central que permitía asignar recursos a unos y otros de acuerdo a un plan general básico.
La planificación viene de abajo; se analiza en el centro; se reparten los recursos y la ejecución es descentralizada.
Pero eso no ocurre en este sistema.
Hoy día los gobiernos regionales -¡digámoslo con franqueza!- carecen de capacidad de planificación alguna y, si la poseen, no cuentan con influencia en la toma de decisiones en Santiago.
O sea, si queremos avanzar en un sistema de descentralización -estoy dando ideas pragmáticas-, debemos asociar al gobierno regional una muy potente capacidad de planificación que, discutida en el Gobierno central, obtenga los recursos financieros para su materialización y ejecución.
¿Qué tenemos en la actualidad? Unos CORE cuyo origen -se da ya por descontado- va a ser cambiado. Pero lo único que hacen es actuar sobre la base de una preasignación que se les fija. Y si se cuenta con ciento y tantos millones o cincuenta millones, ¿cómo se distribuyen? En los proyectos que presentan las municipalidades más afines a la ideología política del CORE. ¡Hablemos francamente en lo que estamos afirmando!
Se aprueban determinados proyectos. Como los que requieren más de 50 millones deben ir a un proceso más complejo, se presentan todos con una cifra menor. Y si se gastan menos de 50 millones, estamos impulsando un desarrollo regional estúpido, sin destino. Y eso, como sabemos, sucede hoy día.
Entonces, en la medida en que no haya planificación y el CORE se limite a aprobar proyectos presentados por las municipalidades con montos insignificantes, en lo futuro las Regiones seguirán arrastrándose. Y eso me preocupa.
Tiene que haber capacidad de planificación central para decidir hacia dónde va la Región de Valparaíso, la de Atacama, la del Biobío, etcétera. Una vez definido eso, se asignan los recursos anuales para materializar los proyectos de manera descentralizada en las Regiones. Entonces, ahí contaremos con un consejo regional que podrá resolver los grandes problemas regionales con los recursos necesarios y no destinar los que se le entreguen a dos cuadras de pavimentos participativos, que es en lo se gastan los 50 millones con que disponen en este momento.
Si queremos pensar en grande, en una estructura seria, en que las Regiones empiecen a jugar un rol definitivo, importante, participativo en la conducción del país, debemos efectuar una modificación sustantiva. Los seremis, los gobiernos regionales, la estructura actual no sirven. Un barniz de modernización tampoco nos llevará a ninguna parte y seguiremos haciendo más de lo mismo. Aquí hay que meter mano de frentón.
No quiero llegar a la profundidad de algunos distinguidos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra respecto de querer cambiar la institucionalidad nacional para perfeccionar la descentralización. Sí estimo que podemos apuntar a modificaciones sustantivas en la estructura del Estado. Y ojalá estemos iluminados en el detalle del debate de las leyes orgánicas constitucionales que enmienden el sistema, a fin de lograr una estructura eficiente, efectiva, que permita realmente enfrentar con seriedad esta situación.
Lo que tenemos ahora no sirve; con más de lo mismo, tampoco. Debemos poner énfasis en contar con una capacidad de planificación regional y con consejeros aptos para sacar adelante proyectos trascendentes para la Región.
La relación que de alguna manera bosquejaba el Honorable señor Ávila entre la presidencia del consejo regional que pudiera plantearse -creo que se deberá llegar a eso en algún momento- y la actitud o responsabilidad del Intendente, es un hecho de la causa. O sea, tendremos que analizar aquí quién "la lleva", quién ejercerá la potestad máxima o será la autoridad máxima. O dejamos al Intendente en un rol casi protocolar o determinamos los límites de acción del respectivo presidente del consejo regional, que sería la figura que -según se escucha por ahí- podría existir. Es un asunto que definiremos acá.
Pero en tanto no mejoremos la capacidad de planificación de las Regiones ni la definición de las estructuras y las modificaciones que deseamos realizar en ellas -caminos, accesos, puertos, ciudades- y no podamos hacerlo con proyección en el tiempo, seguiremos con el sistema anual y la distribución regional de hasta 50 millones de pesos en cada una de las "trascendentes" decisiones que tomen los futuros CORE.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , como han planteado diversos señores Senadores en el transcurso del debate, se ha requerido mucho tiempo para poder llevar adelante la presente reforma constitucional, tan necesaria para el país. Para ser más precisos, la venimos discutiendo desde el 2003.
En ese sentido, me parece fundamental -no se ha resaltado del todo su importancia- el perfeccionamiento de nuestra democracia. Creo que es una tarea permanente y no debemos asustarnos de acometerla. Porque muchos desean que nuestra Constitución se mantenga prácticamente intacta. Pero yo no le tengo miedo a su permanente mejoramiento, porque ello contribuye a afianzar nuestro sistema democrático.
Para fortalecer y perfeccionar nuestra democracia no basta solo con ir modificando las diversas instituciones políticas, también es menester que los ciudadanos se sientan involucrados con ella. Y para esto, resulta decisivo y fundamental aumentar su participación.
Una sociedad civil fuerte y concientizada es condición necesaria para una democracia estable y desarrollada.
Los chilenos desarrollamos nuestras vidas en las Regiones, provincias, comunas, ciudades y barrios en que habitamos. Es justamente en esos lugares donde se encuentra la riqueza humana de Chile y, en buena medida, donde se gestan o frustran las oportunidades de cada uno de nuestros compatriotas.
Por consiguiente, la participación es una herramienta clave para la descentralización, para aproximar el Estado a las personas, y para que estas, a su vez, se incorporen más activamente al proceso de desarrollo del país.
En tal sentido, la democratización de los municipios que hemos llevado a cabo y la generación de gobiernos regionales representativos deben cumplir un rol decisivo.
Por tanto, tenemos que avanzar en la descentralización. La concentración de las decisiones y del poder político en la Región Metropolitana, la dificultad de los actores sociales y económicos regionales para impulsar sus propios proyectos de desarrollo y la incapacidad de las autoridades locales para responder a las prioridades de la comunidad son parte del complejo entramado de la desigualdad, la discriminación y la ineficiencia.
La descentralización, señor Presidente , constituye un pilar fundamental en la construcción de un proyecto de país para todos.
En esa línea, debemos reconocer que, desde la recuperación del sistema democrático, hemos dado pasos importantes para profundizar y perfeccionar nuestra democracia, y adecuarla a canales de mayor participación ciudadana.
Solo deseo recordar que durante el Gobierno del Presidente Aylwin se democratizaron los municipios y se crearon los gobiernos regionales.
Sin embargo, la sola cercanía física de las municipalidades, las intendencias y los gobiernos regionales no es garantía suficiente para que los chilenos expresen sus prioridades y las autoridades las incorporen a sus decisiones.
Desde esa perspectiva, considero fundamental la elección directa de los consejeros regionales. Porque -por decirlo de alguna manera- la actual constitución de los consejos regionales adolece de serias dificultades y debilidades.
Solamente citaré las principales:
El mecanismo de selección existente hoy día no fue pensado para asegurar la fiel representación de la comunidad, y muchas veces prima otro tipo de intereses.
La legitimidad de los actuales consejeros regionales se encuentra mermada y, en gran parte, ellos son desconocidos por la comunidad que pretenden representar.
Al recaer su selección en los propios partidos políticos y en las autoridades municipales, se estimula la marginación de sectores muy relevantes, como los de las mujeres, las etnias y otros, con menos capacidad para operar en el sistema. Y -como se señaló- el cargo de consejero regional se ha transformado en un verdadero botín de guerra.
Muchas veces los consejeros no representan a las organizaciones políticas de su Región o a los intereses socioeconómicos de esta. Aun más, la existencia de prácticas clientelísticas reemplazan mecanismos más transparentes o democráticos de evaluación del trabajo que desarrollan los CORE.
En otro sentido, la deslegitimidad y las debilidades que presentan los consejeros regionales se vinculan con su baja participación en actividades sociales, institucionales o comunales, lo cual afecta su credibilidad y representatividad.
Por lo anterior, señor Presidente , me parece fundamental avanzar en la reformulación de la manera en que se constituyen y actúan los consejos regionales. El compromiso consciente de los ciudadanos es un requisito fundamental en la democracia moderna, así como una forma de mejorar la gestión del Estado, lo cual se logra, entre otras cosas, aumentando la participación a nivel regional y local.
Por eso, comparto plenamente las modificaciones que se plantean mediante la iniciativa en análisis. Para nuestra democracia, para su profundización y para su permanente perfeccionamiento será sano que se realice la elección popular de los consejeros regionales. Con ello, estarán mucho más cerca de la ciudadanía y habrá mayor participación de la gente en la generación de quienes los representarán el día de mañana.
Asimismo, este mecanismo de elección fortalecerá la identidad regional y se constituirá en una expresión concreta de la mayor democratización en el proceso de descentralización que debe vivir el país.
De igual manera, resulta fundamental el establecimiento de requisitos de idoneidad, obligaciones, limitaciones e inhabilidades para las autoridades regionales.
También se establecerán procedimientos de control ciudadano de las funciones que deben cumplir los consejeros regionales.
No tengo ninguna duda de que este mecanismo de elección directa significará un mejoramiento de las condiciones de trabajo de los CORE, particularmente en lo que dice relación a la infraestructura y al tiempo que deben dedicarle a su tarea.
Ello también implicará la existencia de mecanismos más fluidos de traspaso de competencias desde los órganos centrales a los gobiernos regionales.
Además, el hecho de que los gobiernos regionales cuenten con mayor autonomía les facilitará la suscripción de convenios de programación con servicios públicos.
Me parece fundamental, para procurarles mayor autonomía a los CORE, que el día de mañana se dicten leyes relacionadas con rentas regionales que otorguen bases financieras adecuadas a los gobiernos de las Regiones; que definan objetivos, fuentes de recursos, gastos e inversiones, sistema de distribución interregional, modalidades de fiscalización y participación en los frutos de algunos tributos. Ello se hace hoy en día con los municipios a través de la Ley de Rentas Municipales.
De la misma forma, creo que será necesario avanzar en todo lo que significa la construcción de un patrimonio regional, lo cual debe realizarse a partir de los bienes de los organismos estatales y de otros bienes centralizados.
En resumen, señor Presidente, avanzar en la descentralización implica más democracia. Se termina la paradoja que viven los chilenos, a quienes se les da la posibilidad de elegir a sus autoridades nacionales y comunales, pero no las regionales.
Sin embargo, no es posible desconocer que, si bien es cierto la legitimidad, en primera instancia, se encuentra vinculada a la elección popular y a procesos sociopolíticos que van más allá de la emisión de un voto, la legitimidad de los consejeros regionales solo será posible en el marco de una gestión que conjugue tanto elementos tecnocráticos como democráticos.
La descentralización real y la adecuada gestión de los gobiernos regionales y locales dependerán, en gran medida, de la capacidad de cada comunidad de hacer suya la nueva institucionalidad que nazca, y de utilizarla en la promoción del desarrollo comunal y regional, en función de sus propias prioridades.
De igual forma, debemos tener claro que elegir a las autoridades regionales directamente no implica un debilitamiento del Estado ni del sentido de pertenencia nacional, sino, por el contrario, que las autoridades con responsabilidades superiores puedan concentrarse en ellas con mayor dedicación y eficiencia.
Por eso, señor Presidente, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , estimados colegas, voy a votar a favor del proyecto en debate, cuya principal idea matriz es la elección de los consejeros regionales por sufragio universal. Es la materia central que se aborda. Y, sin duda, concurriré a su aprobación.
Por otro lado, hago mías las opiniones vertidas acerca de la distorsión producida a través del tiempo -ayer lo señaló el Senador García, entre otros- respecto del proceso de elección de los consejeros regionales. En efecto, en cierta medida se ha deformado la representación indirecta transformándose, más que en una delegación de representantes o en una votación indirecta de consejeros de determinada posición política, en algo distinto.
Algunos hablan, en pasillos y en otros lados, de la compra de votos para ser consejero regional, o de cosas aún peores. No es la primera vez que esto se menciona. En verdad, se viene discutiendo desde hace ya más de ocho años.
Por eso, estoy feliz de que hoy, finalmente, avancemos en la idea de elegir a los consejeros regionales mediante sufragio universal.
Comparto lo propuesto en el sentido de que una ley orgánica constitucional se encargue del detalle. Sin duda, esto conlleva en forma implícita un cambio de proporciones en la organización administrativa del Estado. Aquí no se menciona explícitamente, pero una de las alternativas más probables es que en tal normativa se establezca que el encargado de presidir el consejo regional -no está establecido en el texto- sea un consejero elegido por elección universal, aunque podrían continuar en esa función los intendentes.
Ese asunto no se encuentra zanjado en el proyecto que vamos a aprobar. Pero quiero plantear que, en mi opinión, es bueno que quien sea electo como consejero o presidente del consejo pertenezca a la Región.
Sin embargo, señor Presidente , deseo manifestar algunas inquietudes al respecto.
Chile no es un Estado federado, y, a veces, algunos tienden a confundir la descentralización o la desconcentración con el federalismo. Uno de los principios básicos de este -que tiene que ver con la historia de la constitución de los Estados-naciones, más propios de Europa que de América Latina- era la existencia de territorios con autonomía en la producción y administración de recursos, y en la generación de las autoridades políticas y de la institucionalidad para fijar las reglas dentro de aquellos.
Los gobiernos provinciales en Argentina, las regiones en México, la realidad en Brasil, dicen relación a historias diferentes, así como a distintas capacidades para generar ingresos propios. Y lo mismo ocurrió en Estados Unidos de América, donde 13 colonias distintas, con gobiernos locales disímiles, se fusionaron para crear una república federada.
Pero no sucedió así en la historia de Chile. En nuestro país, quizás tres o cuatro territorios aspiraron en el siglo XIX a convertirse en regiones con ciertos grados de autonomía. Pero en la actualidad no se da en lo más mínimo tal situación. Hoy tenemos una división administrativa conformada por 15 Regiones, las cuales no generan sus propios recursos. Es más, las propuestas de regionalización apuntan a la administración de los recursos que se les envían a las Regiones, pero no a los que ellas producen.
Siento que si no se discute tal cuestión, el debate sobre la regionalización en Chile siempre será parcial, insuficiente o distorsionado. Se requiere analizar su estructura tributaria y ver si existen Regiones capaces de generar sus propios recursos, con el objeto de otorgarles ciertos grados de autonomía para definir su destino -donde de verdad se centra el problema de la descentralización-, o si seguimos subsidiando con recursos de otras Regiones algunos territorios que quizá deseamos conservar por razones geopolíticas.
Lo anterior resulta válido, pero es preciso sincerar la discusión. Porque administrar lo ajeno es bien cómodo y fácil.
Excúseme, señor Presidente , por colocar énfasis en lo anterior, pero represento a una Región que genera recursos propios y en cantidades significativas tanto en el sector minero como en el exportador hortofrutícola -que conforma el corazón de la idea de Chile como potencia agroalimentaria-, y, sin embargo, por desgracia, debido al centralismo o a nuestra cercanía con la Región Metropolitana, padecemos tremendas distorsiones y terminamos subsidiando a otras Regiones en muchos aspectos. Y existen datos que así lo demuestran.
Soy partidario de elegir a los consejeros regionales por votación universal. Considero muy bueno establecer la posibilidad de traspasar competencias, aunque habría que acotarlas bien.
Sobre el particular, abrigaba ciertas dudas de constitucionalidad respecto del texto presentado en una sesión pasada, las cuales mantengo hasta hoy, porque tal materia no se encuentra dentro de las ideas matrices de la iniciativa original. Y algunos colegas presentes en la Sala me enseñaron que la Constitución se debe respetar -algunos lo prometimos, otros lo juraron- en las buenas y en las malas. Entiendo que lo propuesto ahora no formaba parte de las ideas fundamentales del proyecto. Pero aquí existe una voluntad política distinta, y lo comprendo.
No obstante lo anterior, me asaltan tremendas inquietudes sobre qué se desea descentralizar. Si se quiere avanzar hacia un Estado federado, que lo digan claramente quienes están por esa opción. No soy partidario de ello. Pero tal cuestión define precisamente qué facultades y atribuciones se pueden traspasar y cuáles no. En definitiva, ¿quién decide?
Aquí algunos colegan han propuesto una forma de resolver las contiendas de competencia, entre comillas. Pero se trata de algo grave. Porque se plantea que una Región pueda imponerle a la Presidenta , con el voto del Senado, el traspaso de ciertas competencias para administrar recursos que no genera. Creo que ello obedece más bien a una discusión acerca de la institucionalidad de la República.
Discúlpenme colegas, no quiero ser ofensivo, pero resulta obvio que las Regiones que dependan en mayor grado de recursos ajenos, o que aspiren a una identidad propia, serán las primeras en querer disponer de más facultades.
El ejemplo aquí planteado -al parecer por el Senador Espina- sobre las capacidades de inversión de la Novena Región tiene que ver con las propias limitaciones de esta. No se trata de que sea un mal territorio o de que tenga un intendente ineficiente. Sus dificultades son más profundas, dicen relación al desarrollo y a la institucionalidad del Estado.
Comparto la idea de la descentralización, y en esta iniciativa buscamos en primer término la descentralización de la representación política.
En cuanto al traspaso de competencias, la forma en que se hará -se establece que una ley orgánica constitucional lo determinará- nos va a llevar al debate acerca de si somos o no un Estado unitario y cuáles son sus límites.
A mi juicio, la insinuación de que un gobierno regional esté facultado para imponerle a la Presidenta de la República el traspaso de competencias, con apoyo del Senado -esa es la conclusión lógica-, puede acarrear consecuencias institucionales bastantes complejas.
Planteo el asunto, pues siento que no se puede avanzar más en esa dirección sin establecer los mecanismos para que las Regiones generen y administren sus propios recursos.
Señor Presidente , los norteamericanos tienen una frase que dice: "taxation without representation". Esa fue la causa de la revolución de la Independencia de los Estados Unidos, pues se cobraba impuesto sin que los ciudadanos tuvieran representación. Por el contrario, tener representación sin haber generado ingresos propios que esos mismos representantes van a administrar, también es complejo.
Desde ya anuncio que, tal como me pronuncié en la Comisión cuando se trató en general, voy a aprobar esta iniciativa.
Creo en la elección de los consejeros regionales, pero tengo duda sobre cómo vamos a acoplar el Gobierno y la representación del Ejecutivo en las Regiones con los consejos regionales. Me parece que no hemos discutido mucho esta materia. Es preciso evitar ciertos paralelismos institucionales y que los intendentes se transformen en figuras decorativas, porque en un Estado unitario hay funciones que se deben mantener más allá del orden y la seguridad.
A mi juicio, existen otros aspectos que han permitido que en Chile, a diferencia de lo ocurrido en otros países, tengamos un Estado presente en todo el territorio, de norte a sur. Es una de nuestras ventajas comparativas respecto de algunas naciones del continente al cual pertenecemos que exhiben un escaso crecimiento del Estado. Y ello en parte se debe a que han tenido un débil desarrollo del Estado unitario.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , he solicitado intervenir con un propósito central: manifestar mi apoyo a lo que considero el corazón del proyecto de ley, cual es la elección directa de los consejeros regionales.
No deseo menoscabar la importancia de las palabras que sobre regionalización y descentralización han expresado un gran número de señores Senadores. Sin embargo, siento que esta breve iniciativa tiene el mérito de lo directo y concreto, que apunta a resolver un problema que se generó en la última elección de consejeros regionales, realizada hace pocas semanas. Dicho acto alcanzó un punto de atención severamente preocupante de todas las fuerzas políticas: la articulación de intereses ilegítimos, bajo el refugio del anonimato que significa la elección indirecta.
Se trata de un número muy reducido de consejeros cuya tarea principal -dada la naturaleza del consejo regional- es la toma de decisiones acerca de un significativo porcentaje de la inversión en la Región. Sin embargo, el método indirecto de su elección, basado en el voto de los concejales comunales, ha ido generando una completa distorsión del sistema. En efecto, basta que un número muy pequeño de concejales se pongan de acuerdo, se articulen, incluso con independencia de las fuerzas políticas a las que originalmente pertenecen, para que elijan a cierto consejero con el propósito de que este resguarde no la representación provincial o regional que le corresponde, sino, esencialmente, con el objeto de que actúe como una especie de gestionador de los diferentes proyectos que interesan a los concejales a quienes debe su mandato. Y, luego, se produce una equívoca articulación entre intereses públicos y privados que acentúan la opacidad de este sistema.
Es bastante fácil, cuando no hay un debate público, cuando los ciudadanos no saben quiénes son los consejeros, ni conocen sus propuestas, ni siquiera sus nombres, ni menos la fuerza política a que pertenecen, que ellos puedan, en virtud de un alegato de interés de una comuna o de determinados sectores de una provincia, postular un proyecto, el que se anuda con los intereses empresariales que están detrás de quien va a llevar a cabo cierta obra. Y, entonces, al final, se produce una situación tremendamente negativa desde el punto de vista de la profundización democrática.
Por lo tanto, señor Presidente , no discrepo de la importancia que reviste el proceso de regionalización. No obstante, poner atajo a las múltiples distorsiones del actual mecanismo de elección de los consejeros regionales, es un propósito que valida más que suficientemente la aprobación del proyecto.
Hemos debatido bastante en los medios de comunicación respecto a la falta de probidad y de transparencia, sobre el tráfico de influencias y la corrupción. Y la manera en que se ha instalado este sistema de nominación de los consejeros regionales constituye una puerta tremendamente peligrosa hacia las malas prácticas en el aparato público y hacia decisiones profundamente dudosas que, precisamente, se hallan posibilitadas por el desconocimiento público del funcionamiento de los consejos regionales y de las personas que los conforman.
Por consiguiente, la elección directa y el debate público que está asociado estrechamente a ella, espero que signifiquen una vacuna potente para superar estas severas distorsiones.
Porque independientemente de la opinión que podamos tener acerca del volumen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para una Región o para una provincia no es menor la decisión del lugar en que se construirá un puente, una carretera, un policlínico, o dónde está la asociación regional para construir el hospital y en qué ciudad va a quedar. Esas decisiones revisten un impacto muy importante en las Regiones. Y cuando ellas se toman basadas, simplemente, con criterios de abuso de poder, se produce un severo desprestigio de la política y un debilitamiento del sistema democrático en su conjunto.
En consecuencia, señor Presidente , espero que tengamos la capacidad de dar el paso siguiente, esto es, la aprobación de la ley orgánica constitucional respectiva, a fin de que esta reforma, que constituye un paso muy importante para lograr la elección directa de los consejeros regionales, se lleve a la práctica prontamente, con la preparación de las condiciones institucionales que se requieren para tal efecto.
Es cuanto quería señalar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , la regionalización es un largo proceso que se inicia por allá en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , que continúa en el del Presidente Allende y se concreta, de modo incipiente, durante la dictadura.
Sin embargo, desde la recuperación de la democracia este proceso ha cambiado de cariz, se han democratizado las instituciones y han aumentado las competencias y atribuciones locales. La enmienda que nos ocupa es un nuevo paso en esa dirección.
Creo que todos vamos a estar de acuerdo en democratizar los consejos regionales y en transferir facultades a los gobiernos de las Regiones, por lo que, más que extenderme en ello, me referiré a aspectos en que debe tenerse un cuidado especial en la discusión en particular.
Primero, como señalé, me parece que establecer la elección de consejeros es un avance importante, pero creo necesario precisar la norma sobre generación e integración de los consejos. Lo que se propone es muy básico y no asegura un sistema transparente, directo y participativo de elección.
Si bien la regulación puntual debe quedar entregada a la ley, en la Constitución tendríamos que fijar ciertos principios mínimos y elementales.
No me resultaría explicable que, por una omisión, mañana se aprueben fórmulas legales que promuevan amplias incompatibilidades o elecciones por listas cerradas, como se propuso en un protocolo en la Cámara de Diputados.
Conocemos ya el desastre que ha significado el sistema indirecto. Existen denuncias por cohecho y compra de votos en varias Regiones. La mía no ha estado exenta de este tipo de denuncias. Sabemos de grupos que con dos o tres concejales, por acto de magia o más bien del dinero, aparecen eligiendo cuatro o cinco consejeros regionales. Es una vergüenza que no podemos permitir que se replique. Las listas cerradas son un caldo de cultivo para ello, que trasladará las anomalías al interior de los partidos.
Tampoco procede, a mi juicio, inventar subterfugios o incompatibilidades que impidan a un consejero postular al Congreso. Si al cabo de cuatro años el consejero lo hizo mejor que el Diputado o el Senador, será la gente la que juzgue.
Debe asegurarse, asimismo, una representación armónica de las provincias. Estoy pensando, por ejemplo, en Regiones como la de Aisén y la de Magallanes, donde el grueso de los habitantes se concentra generalmente en una de ellas. Es preciso incorporar algún principio de resguardo a las provincias de menor población.
Segundo, respecto de las atribuciones de los gobiernos regionales, me parece que lo que se intenta es un avance, pero me preocupa que sea, con todo respeto, "a la chilena", esto es, dando pasos a medias, que no dejan molesto ni tampoco satisfecho a nadie.
Aquí hay un esbozo de descentralización al modo español, pero no completo. Establecer un listado de competencias constituye un avance; sin embargo, también es un peligro si no se genera un mecanismo de financiamiento y se explicitan los roles. Me temo que estemos replicando la municipalización: muchas y ambiciosas atribuciones y recursos escasos e inciertos.
Lo que debemos hacer es una reforma completa, con traspaso de competencias y recursos, aunque sea estableciendo una gradualidad extensa. No obstante, estas ambigüedades y atribuciones carentes de recursos son riesgosas y, como decía, ya conocemos sus resultados en el plano municipal.
Lo mismo creo respecto de la máxima autoridad regional. No me parece adecuada la alternativa planteada, donde el intendente es la máxima autoridad regional, pero tiene al frente un presidente del Consejo , una especie de tribuno de la plebe que solo generará polémicas permanentes.
Vale para ello idéntico enfoque. Personalmente, soy partidario de una reforma cabal: un intendente elegido, que sea a la vez presidente y líder del gobierno regional. En España eso funciona así, y si bien existe una especie de delegado del gobierno central, nadie lo conoce ni sabe quién es.
Si a eso lo llamamos "descentralización", "federalismo" o "regionalismo", me da igual, pero me parece más sensato que un sistema timorato, con atribuciones inciertas y poderes en la sombra.
Por último, considero imprescindible establecer un sistema para la generación de nuevas Regiones. Creo que este proceso no está agotado y crecientemente avanzamos hacia una conformación local más parecida a las 25 provincias con que contábamos antes de la regionalización que a las 15 ya generadas Regiones.
Por lo anterior, votaré favorablemente la reforma, aunque presentaré las indicaciones correspondientes en el sentido antes señalado.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
A continuación, tiene la palabra para fundar su voto, por 5 minutos, el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , al final del debate sobre esta reforma constitucional deseo hacer un planteamiento político.
Cuando en diciembre discutimos el proyecto que nos ocupa, se resolvió devolverlo a la Comisión de Gobierno, más que por un problema formal, porque se estimó que aquella había ido demasiado lejos en su propuesta sobre descentralización.
En vista de lo anterior, dicho órgano técnico decidió, simplemente, remitirse al texto despachado por la Cámara de Diputados. Pero es grato escuchar, señor Presidente -y creo que deberán estar presentes en la discusión particular-, los distintos planteamientos efectuados por los señores Senadores, por cuanto en su mayoría ya fueron abordados por la Comisión de Gobierno. Me parece que existe un gran piso político en su interior para avanzar decididamente, no solo en la elección de los consejeros regionales, sino también en el tema de la descentralización.
Considero oportuno enfrentar ahora ese tópico, aprovechando que no existe premura de tiempo. Los consejeros regionales acaban de ser elegidos y no volverán a renovarse sino hasta en cuatro años más. Por ende, disponemos de espacio para abordar en profundidad los asuntos vinculados a la descentralización: la presidencia regional; la cuestión de las competencias y la obligatoriedad de traspasarlas; los mecanismos de solución de controversias, como cuando una Región pida determinadas atribuciones, etcétera.
Todas esas materias fueron analizadas en diciembre, de tal manera que, en lo personal, me siento plenamente satisfecho del vuelco que se ha producido en el debate de esta reforma constitucional.
En verdad, este debate es radicalmente distinto del que se registró a fines del año pasado. A mi juicio, señor Presidente , ha llegado la hora de la verdad en materia de descentralización. A diferencia de lo expresado por el Senador señor Larraín en el día de ayer, creo que hay temas que no necesariamente son propios de ley orgánica y que deben ser abordados en la misma Constitución. La figura del presidente regional, por ejemplo, es un punto que hay que analizar a nivel de la Carta Fundamental; lo mismo el eventual mecanismo de resolución de controversias cuando determinada competencia sea solicitada.
Por lo anterior, estoy seguro de que dentro de la Comisión vamos a acelerar lo más posible el tratamiento de la reforma constitucional y de la ley orgánica, para tener no solo consejeros regionales elegidos, sino también un proceso de regionalización bastante más acabado y profundo del que hoy cuenta el país.
Votaré que sí.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente , me alegro de la forma como se ha ido dando el debate entre nosotros. Creo que refleja de verdad una toma de conciencia respecto de una decisión que es urgente adoptar, a fin de dejar nuestra institucionalidad política en condiciones de cumplir con las exigencias reales de una democracia y de un país en desarrollo como el que debemos asumir.
Francamente, señor Presidente, considero importante el paso que damos. Sé que aún quedan otros, pero es un primer avance en esta materia.
Ahora bien, lo que deseo recalcar -porque creo que desde diversos puntos de vista se ha ido contribuyendo a una gran inteligencia en los planteamientos que aquí se han entregado- es que necesariamente, para lograr eficacia en el ejercicio del poder, habrá que entrar a modificar nuestra institucionalidad a todo nivel.
Aquí, de lo que se trata es de que el ciudadano, la gente, sienta y entienda que tiene en sus manos la posibilidad de participar plenamente en las decisiones.
De alguna forma, pienso que el actual estado de cosas no da para más.
Sinceramente, me parece que este proceso de regionalización y descentralización no solo es necesario para potenciar a nuestro país en todas las instancias regionales y territoriales, sino también para que la propia Región Metropolitana deje de aparecer beneficiada por la actual forma de ejercicio del poder e incluso por la manera como se aplica o la dinámica que posee el modelo económico vigente, que tiende a la concentración.
Creo, señor Presidente, que debemos tomar decisiones en la dirección hacia la que hoy se aprecia gran voluntad, y asegurarnos de que se materialicen y no queden en simples declaraciones o meras instituciones, como las famosas asambleas provinciales de la Constitución de 1925.
Por eso, señor Presidente , quiero poner énfasis en esta necesidad. Nosotros somos un país bastante estructurado, con instituciones muy fuertes. Sin embargo, no es posible que tales instituciones nazcan de una mera concepción política o ideológica. Si verdaderamente queremos que las instituciones guarden correspondencia con el país real, esa debe ser la exigencia.
En tal sentido, ayer se formularon dos o tres planteamientos que me motivaron a participar en el debate de esta tarde.
Argumentaciones como las de los Senadores señores Larraín , Núñez y otras que escuché hoy tienen toda una lógica en cuanto a mostrar la falencia de las decisiones que se toman actualmente y la falta de correspondencia cuando no hay voluntad política para lograr los propósitos tenidos en vista.
Sin embargo, creo que subyace una cuestión mucho más de fondo.
Nosotros no tenemos regiones como algunas de España; Chile no es el País Vasco, no es Cataluña, no es Galicia. Tampoco ocurre lo que en Italia o, incluso, en Alemania, con todas las riquezas y variedades de su territorio.
Aquí, claramente, el Estado y la voluntad política fueron construyendo nuestra nación. ¡Si hace doscientos años íbamos desde Coquimbo hasta el río Biobío! ¡Eso era todo! Al Senado venían siete miembros: dos por el sur, tres por Santiago y dos por Coquimbo. El resto del país se generó después. Y eso tampoco obedece a que cada una de las Regiones que señalé tuviese particularidades propias.
Entonces, debemos revisarlo todo.
¿Por qué trece Regiones? ¿Cuál es la diferencia entre la Sexta y la Séptima?
El Senador Larraín, con mucha agudeza, decía: "Yo estoy en la Séptima, la más malita, la más del sur o la más atrasadita". Tiene toda la razón. ¿Y cuál es la diferencia? Prácticamente, ¡ninguna!
Queremos que las Regiones -como decía el Honorable señor Letelier - administren sus recursos. ¡Pero cuáles! ¡Si la Decimoprimera no alcanza ni siquiera al 0,1 ó 0,2 por ciento del producto! Sin embargo, la Segunda es distinta. Y aquí ha habido una visión demasiado economicista para determinar, por ejemplo, cómo se distribuye el royalty.
Entonces, ¿dónde estamos?, ¿en qué estamos?
Si queremos regionalización -y yo soy el más dispuesto-, impulsémosla en serio. Fortalezcamos las Regiones. Corrijamos los vicios; los de los CORE, por ejemplo. ¡Sin lugar a dudas!
Empero, pienso que existe un problema bastante más de fondo.
Deseamos Regiones como corresponde. En cierto momento se vislumbró que Concepción podía ser un contrapeso de Santiago.
¡Pero de qué contrapeso me están hablando!
O Valparaíso. ¡Pero qué contrapeso de Santiago es esta ciudad si a fines del siglo XIX tenía 280 mil habitantes y la Capital no superaba los 400 mil! Y hoy día, ¿cuántos?
Vayamos, pues, en el camino adecuado. Y este problema no es solo de un Gobierno o de una coalición. Pongámonos de acuerdo.
Y no me vengan con la historia de que se atenta contra el poder unitario. ¡No! Alemania es una nación federal donde, con claridad, la regionalización está presente. Estados Unidos, país inmenso, es federal no solo por su tamaño. Suiza también es federal, y tiene un territorio pequeño.
Entonces, ¿dónde radica el problema? En buscar la eficacia y ver cómo se contribuye a que la eficacia del poder se oriente en el sentido de la democracia y nos permita desarrollarnos.
Señor Presidente , aquí debe haber objetivos de país. No es admisible que Santiago siga creciendo como un monstruo y que todas las inversiones lleguen allá porque, como dicen algunos, "la plata llama a la plata". ¡No! Tiene que haber una visión de país, un objetivo de país.
¿Qué país queremos construir? ¡Esa es la discusión de fondo que debería tener el Senado!
Hace algunos días asistimos a una ceremonia, señor Presidente -Su Señoría fue uno de los protagonistas-, en la cual se dio a una sala del Senado el nombre de quien fuera quizás el prócer del gran movimiento que hoy día vemos como una necesidad urgente. Y no fue comprendido. Me refiero nada menos que a don Pedro León Gallo , quien a mediados del siglo XIX -en 1850- se dio cuenta de la situación que ahora nos preocupa y reclamaba en su Región (el señor Presidente lo sabe muy bien). Porque ya en ese tiempo nuestras materias primas, como el cobre, se exportaban en condiciones absolutamente aberrantes: a veces, un concentrado con algo de valor agregado.
¿Pero cuál es la diferencia con lo que sucede hoy día? ¡Estamos en lo mismo!
Si don Pedro León Gallo hubiese hecho pesar su voluntad regionalista, no le quepa la menor duda, señor Presidente , de que hoy tendríamos otra política minera, como decía el Honorable señor Letelier , con mucha razón, a propósito de lo que ocurrió durante el proceso emancipador de Estados Unidos, a través del cual los norteamericanos sentaron lo que querían hacer. ¡Y cómo lo hicieron! Si apenas eran tres estados en la parte norte. Después se fueron al sur, con Jackson . Y luego, al oeste. ¡Porque tenían vocación política! ¡Y ojalá no sigan avanzando mucho¿!
Uno a veces se ríe de eso. Y perdonen que lo diga con tanta franqueza, pero sucede que a ratos hacemos las cosas a medias: puentecitos, caminitos, un poquito más, un poquito menos.
Yo comparto plenamente la visión de varios señores Senadores que se muestran críticos no por oponerse al proyecto sino porque esperan que alguna vez hagamos bien las cosas y tengamos una discusión de fondo sobre el particular.
Díganme por qué existen las trece Regiones que se concibieron originalmente, qué razón tienen varias de ellas. ¿Obedecieron a una motivación geográfica? ¡No! ¿Respondieron solo a una causa económica productiva? ¡No! ¿Alguna razón étnica? ¡Por favor! No tenemos, gracias a Dios, este problema.
Señor Presidente , urge llevar adelante el proceso de regionalización. Pero debemos actuar con inteligencia, con visión, pensando en el país que queremos desarrollar y no en el que hoy se está asfixiando. Porque es evidente que en Santiago se invierte más de la mitad del producto para resolver problemas que casi ya no tienen solución.
En consecuencia, si deseamos construir una nación diferente -y aún estamos a tiempo-, no basta una mera legalidad: se precisa también una institucionalidad que responda a una concepción política mayor, de fondo, con voluntad, para que de una vez por todas en Chile las cosas se hagan en serio y en la dirección correcta.
Concluyo, señor Presidente , pidiéndole al Gobierno que busque un acuerdo mayor en esta materia. Porque, si no resolvemos este asunto, no solo dejaremos de lograr el desenvolvimiento interno, sino que además, ante la inmensa demanda que pesa sobre el país por el proceso de globalización que se nos viene encima, vamos a acentuar en forma cada vez más irritante los problemas que existen entre nosotros, dejando a los sectores mayormente excluidos sin posibilidad de desarrollo alguno.
Esto es urgente. La regionalización y la descentralización se imponen por sí mismas en el Chile moderno que todos anhelamos.
Voto que sí.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Llegó a la Mesa el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de reforma, en tercer trámite constitucional, que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental con el propósito de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y la inscripción automática en los registros electorales.
--Queda para tabla.
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El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Continúa la votación general del proyecto sobre gobierno y administración regional.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , mucho han dicho mis Honorables colegas sobre la materia.
Por supuesto, la política regional está relacionada -qué duda cabe- con el grado de autonomía y descentralización que debe tener la Región con respecto al poder central. A eso hemos de apuntar.
Cuando hablo de descentralización me estoy refiriendo a una modalidad de administración del Estado que debe caracterizarse porque el órgano descentralizado posea personalidad jurídica, patrimonio propio y un importante ámbito de competencia para resolver los problemas que le son inherentes, sin que ello signifique la opción por un Estado federal.
Se trata, entonces, de que la descentralización sea funcional, es decir, que las Regiones tengan competencia para adoptar sus propias determinaciones en el ejercicio de sus funciones; territorial, o sea, que exista un traspaso de poder de decisión hacia el ámbito regional en todo sentido, y política, vale decir, que el órgano descentralizado genere -como se está planteando aquí, al menos en parte- sus autoridades a través de procesos electorales.
Cuando hablamos de descentralización regional nos estamos refiriendo a dar verdadera autonomía a las Regiones. Más específicamente, esto significa dotar a los gobiernos regionales de autonomía administrativa, financiera y técnica para abocarse a las tareas del desarrollo económico, social y cultural, y, al mismo tiempo, aportar desde las Regiones al progreso del país; todo ello, sin alterar la concepción de Estado unitario, planteada a veces como una forma de detener las inquietudes de quienes representamos a Regiones. O sea, de ninguna manera estoy impulsando la idea de un Estado federal, experiencia que, como todos sabemos, históricamente ha tenido muy malos resultados en nuestro país.
Pero me preocupa lo que hoy día vivimos en Chile. Me causa inquietud ese ogro grande e insaciable que es la Región Metropolitana, la cual -fíjense los señores Senadores- cuenta con 43 por ciento -¡43 por ciento!- de la población del país y cuya extensión territorial abarca solo el 2,04 por ciento de nuestra superficie total; concentra 47 por ciento del PIB nacional; centraliza 26,3 por ciento de los proyectos de inversión pública y 21,5 por ciento de la inversión privada, y tiene 60 por ciento del consumo nacional.
Además, ¡cómo no me va a preocupar, como hombre de Región, que la Capital -como le gusta que la llamen- sea sede de los 46 grupos económicos más importantes del país, disponga del 71 por ciento de las grandes empresas y concentre el 80 por ciento de los depósitos bancarios!
La Región Metropolitana tiene un producto per cápita superior al del resto del país y aporta el 47,5 por ciento al PIB nacional. Consideremos que la Novena Región, que representamos con otros colegas, solo tiene una participación de 2,41 por ciento en el PIB nacional.
En seguida, quiero plantear algunos aspectos de la realidad que vive Chile hoy. Y me basaré en una encuesta que encontré antes de llegar a esta sesión; data de 1998, pero las cifras no han variado mucho.
El ingreso medio de los ocupados era entonces de 343 mil 680 pesos para la Región Metropolitana, seguida por la de Antofagasta, con 317 mil 913. En La Araucanía, el promedio de sueldo era de 191 mil 625 pesos para las mismas labores, realizadas con igual capacidad e idéntico profesionalismo.
Es decir, en el Chile que vivimos las mejores remuneraciones están en Santiago.
¿Qué significa eso? Que los profesionales más idóneos se van a la Capital. De ahí la ausencia de especialistas en medicina en Regiones, por ejemplo, ya que la mayoría se radica en Santiago. En el caso del hospital de Temuco, que actualmente es nuestro único centro de nivel 1, tenemos una lista de espera de más de 34 mil personas.
Ahora, si vamos de nuevo a las estadísticas, para afianzar lo que estoy diciendo, observamos que los profesionales perciben un ingreso medio de 868 mil 561 pesos en Santiago, de 656 mil 413 en la Región de Atacama y de 475 mil 803 en la Novena.
Señor Presidente , la regionalización -qué duda cabe- envuelve un propósito muy noble. Y hoy día da un pasito.
¡Digamos la verdad! ¡No nos engañemos! ¡No lancemos una señal en el sentido de que lo que estamos haciendo hoy día apunta medular y contundentemente a permitir que desde las Regiones también construyamos el país!
La regionalización -reitero- implica un propósito muy noble. ¿Cuál? La defensa de la vida y la cultura locales; la profundización de la democracia, y el estímulo al desarrollo integral a que tenemos derecho, todo lo cual aporta a su vez al crecimiento, a la diversidad y, por ende, al enriquecimiento del país.
A mi entender, ¿qué características fundamentales debe tener una política para la Región?
Lo hemos conversado con dirigentes regionales. Y, al respecto, quiero destacar la actuación sistemática del señor Heinrich von Baer -se encuentra aquí, en las tribunas del Senado-, quien ha sido un soldado permanente de esta causa. Ha estado reuniendo a la gente. Y a veces pienso que cree estar arando en el desierto. Empero, debo reconocer que ha sido un motor importante. Y me enorgullece que desde la Región de La Araucanía haya estado estimulando, de una u otra manera, a los diferentes Gobiernos que hemos tenido desde 1990.
En mi opinión, debemos tener autonomía funcional, territorial y política; mayor competencia para adoptar decisiones en el ejercicio de las funciones locales. Se exceptúan de ella, por supuesto -para que no haya confusión-, las funciones judiciales, las de defensa, las policiales, las de relaciones internacionales, las de política monetaria y las de recaudación de impuestos.
En otras palabras -lo reitero-, estoy hablando de una autonomía administrativa, financiera y técnica para enfrentar los retos del desarrollo económico, social y cultural.
Además -qué duda cabe-, es imprescindible aumentar el porcentaje de inversión pública de decisión regional autónoma.
Hay, señor Presidente, aspectos que es necesario abordar también con sentido de Región.
Tenemos el caso de las minorías étnicas de La Araucanía y de otras Regiones. Para hacerles justicia en esta visión de Estado en que se ve la problemática regional, sería bueno reconocer ya constitucionalmente su existencia como pueblos para poder resolver su pobreza, su marginalidad social, y para apoyar el fortalecimiento de su propia cultura.
Yo quiero decirles a los señores Senadores que en mi Región, la Novena, habitan 50 mil familias mapuches, casi todas con una pobre y triste economía de subsistencia. A veces, por hechos aislados de una minoría ínfima, se las quiere estereotipar y hacer aparecer como que todo el conjunto de esa etnia no respeta el Estado de Derecho. Pero se sabe que no es así. La inmensa mayoría de esas 50 mil familias trabajan abnegadamente, incluso con personas que poseen porciones de territorio importantes, aun con las forestales, por una relación más amable, más realista y más humana.
Hay, por supuesto, sectores radicalizados a los que tanto quien habla como las autoridades de la Región tratan de encauzar dentro de las normas del Estado de Derecho.
Por eso, señor Presidente , voy a dar mi voto afirmativo a esta iniciativa. Pero la verdad es que, mientras Santiago decida sobre los fondos públicos y de repente nos encajone, nos reclame que hay que disponer tantos millones de dólares para financiar su sistema de transporte público y, con cierto rubor, nos diga "También les vamos a dar un raspadito de la olla a las Regiones", yo diría que eso es, más que un acto generoso, algo que daña la piel y sensibilidad de la gente de las Regiones. Porque, si no existiera lo del Transantiago, faltaría la motivación necesaria para que pudieran llegar recursos a diferentes lugares del país.
¿Y ellos a cuánto ascienden, en proporción a lo que se queda en Santiago? ¡Es el "raspado de la olla"! ¡Constituye algo ínfimo!
¿Por qué se registran 6 millones de habitantes en la Capital, cuya superficie equivale a 2 por ciento del territorio total del país? Porque los hijos de Regiones deben elegirla como destino al no encontrar fuentes laborales, al no existir posibilidades, al no presentarse otro futuro, en la medida en que la concentración sigue y sigue.
Por último, planteo que incluso debieran cumplirse determinadas normas constitucionales, en el sentido de que quienes representan a las Regiones deben ser personas radicadas de verdad en ellas y que comparten el invierno, el verano, el otoño y la primavera locales, sin ser designadas a dedo por las diez manzanas del poder en Santiago y llegar con bonitos cuentos y ofertas a sorprender a mucha gente con ofrecimientos de solución de dificultades que se olvidan una vez terminados los comicios. Y, sin embargo, siguen apareciendo en los canales de televisión de la Capital para hablar de la contaminación, del Transantiago, de la delincuencia y de todos los problemas que tienen que ver con la Región Metropolitana.
Ninguno de los muchos que han llegado hasta allá y ocupado sillones en el Senado o la Cámara de Diputados se refiere a los problemas que se enfrentan en los caminos vecinales, en las pequeñas comunidades. No saben dónde se sitúan las poblaciones más modestas de nuestras zonas; cuáles son la latencia cultural y las ansiedades de nuestra gente.
Por eso, en la misma modificación que estamos introduciendo ahora debiéramos contemplar el término de la hipocresía de que meses antes de las elecciones algunos señores arrienden una pieza, en donde no ponen ni una cama ni una silla, y posteriormente afirmen que viven en la Región, conforme a la ley, y que, por lo tanto, tienen derecho a ser candidatos en los comicios electorales.
Señor Presidente , con bastante aprensión, no con alegría, doy mi voto al proyecto que nos ocupa, pero quiero consignar que este es un pasito demasiado corto y que en las Regiones tendremos que seguir soñando con que algún día exista en este país una verdadera regionalización.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , en consideración al tiempo disponible y a mis obligaciones, renuncio a intervenir.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Habría sido muy interesante escucharlo, Su Señoría.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MUÑOZ BARRA.-
El sistema no me permite hacerlo, señor Presidente .
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Podemos agregar el pronunciamiento de Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 6 de abril, a las 12.
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
No votó, por estar pareado, el señor Longueira.
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640740/seccion/akn640740-po1
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