REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de gobierno y administración regional, con nuevo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "simple". --Los antecedentes sobre el proyecto (3436-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de reforma constitucional: En segundo trámite, sesión 85ª, en 22 de enero de 2008. Informes de Comisión: Gobierno, sesión 77a, en 9 de diciembre de 2008. Gobierno (nuevo), sesión 86ª, en 14 de enero de 2009. Discusión: Sesión 78ª, en 10 de diciembre de 2008 (vuelve a Comisión). El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Cabe recordar que la Sala, en sesión de 10 de diciembre del año próximo pasado, acordó devolver este proyecto a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para un nuevo informe en el que debía pronunciarse solamente en general sobre el texto que había sido despachado por la Cámara de Diputados. La Comisión señala en el nuevo informe que los objetivos fundamentales de esta reforma constitucional son los siguientes: 1.- Establecer que cada Región constituirá, al menos, una circunscripción senatorial; 2.- Eliminar la referencia a las Regiones denominadas "pares" e "impares"; 3.- Establecer la elección popular de los consejeros regionales, y 4.- Disponer que la ley orgánica respectiva determinará la forma y el modo en que Su Excelencia el Presidente de la República podrá transferir competencias a los gobiernos regionales. La Comisión informante aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Bianchi, Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados, dejando constancia de que a su juicio esta iniciativa contiene normas relevantes que permiten avanzar en el proceso de descentralización que el país requiere. Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en el que figuran el texto de la Carta Fundamental y el proyecto que despachó la Cámara de Diputados, cuya idea de legislar -como acabo de decir- fue aprobada en forma unánime por la Comisión. Finalmente, debe tenerse presente que esta reforma constitucional requiere para su aprobación el voto conforme de 23 señores Senadores. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Antes de conceder la palabra, solicito la anuencia del Senado para que ingrese a la Sala el señor Mahmud Aleuy, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. --Se accede. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- En discusión general el proyecto. Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi, quien informará acerca de la iniciativa; y luego, el Senador señor Orpis. El señor BIANCHI.- Señor Presidente , la reforma constitucional que hoy nos convoca constituye una gran oportunidad para iniciar un debate que hasta ahora ha estado un tanto ausente de la agenda política nacional. Y digo "de la agenda política" pues la autonomía regional es un tema que ha sido -y está siendo- tratado en forma permanente en el mundo académico y en la sociedad civil. Hoy en día el regionalismo se encuentra fuertemente arraigado en muchas zonas y personas de nuestro país. Sin embargo, el debate y las respuestas que hemos podido dar como cuerpo político a las demandas de una mayor descentralización todavía son insuficientes. De partida, creo que el proceso de regionalización iniciado hace más de 16 años ha sufrido un deterioro y estancamiento más que preocupantes, de lo cual somos en gran medida responsables como cuerpo político. Ahora, luego de muchos años, nos hallamos ante la posibilidad de lograr un verdadero avance en la descentralización. Por otra parte, debo recordar que la discusión que se levantó la primera vez que la Sala conoció de este asunto llegó a conclusiones erróneas. En efecto, ella puso el acento en un tema contingente perfectamente salvable: el establecimiento de una circunscripción senatorial en correspondencia con la creación de una nueva Región. Esta materia está propuesta en una iniciativa absolutamente distinta a esta reforma y responde a una necesidad también diferente. En este aspecto, aclaro que el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Cámara se limita solo a declarar que a cada Región corresponde, a lo menos, una circunscripción electoral, sin otra agregación que la vincule a determinada circunstancia de la contingencia política, lo cual solo viene a reafirmar una norma vigente en nuestra legislación electoral desde el año 1988, como es la del artículo 180 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que señala que cada Región constituirá una circunscripción senatorial, excepto las que en seguida menciona, "las que comprenderán dos circunscripciones". Como se puede apreciar con esta somera explicación, la norma propuesta por la Cámara, que perfectamente puede ser modificada durante su tramitación en el Senado, no menciona ni se refiere para nada a la situación derivada de la creación de la Región de Arica y Parinacota. Señor Presidente , aclarado lo anterior, quiero insistir en que este proyecto, tal cual fue despachado por la Honorable Cámara, solo propone en lo medular, además de la materia señalada, establecer la elección popular de los consejeros regionales y un mecanismo para transferir competencias a estos gobiernos desde el Gobierno central. Sobre el contenido del mensaje, debo recordar que este regulaba materias que fueron desechadas por la Cámara de Diputados, por lo que los principales puntos del proyecto que vamos a votar hoy son los siguientes: 1) Instituir la elección popular de los consejeros regionales; 2) Facultar a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional para determinar la forma y modo de transferir competencias a los gobiernos regionales, y 3) Proponer otras adecuaciones formales vinculadas a estas materias. Dicho lo anterior, cabe precisar que la Comisión de Gobierno, que presido, se abocó al estudio de esta reforma durante buena parte del año 2008, transformándose en uno de los asuntos emblemáticos de este grupo parlamentario. En razón de ello, y en concordancia con el Ejecutivo , se avanzó en diversos temas que, relacionados con la idea matriz contenida en el mensaje, constituían y constituyen aspectos más que relevantes a la hora de entregar mayor autonomía a las Regiones, como son la creación de la figura del Presidente del Consejo Regional ; la transferencia de competencias desde el Gobierno central a los gobiernos regionales señaladas taxativa y específicamente en la propia Constitución; la ampliación de los convenios de programación y la obligación en la ejecución de estos, y, por último, un estatuto que permita dar paso a la creación de áreas metropolitanas. Como se puede observar, los asuntos que he señalado son claves a la hora de resolver cuál es el sistema de organización administrativa que el país del siglo XXI necesita. Y hoy se inicia un momento histórico para debatir acerca de la estructura que enfrente los desafíos futuros. Señor Presidente , será la discusión en particular la oportunidad adecuada para que la iniciativa pueda ser enriquecida con los aportes de los señores Senadores, quienes, estoy cierto, recogerán el sentir popular. Todos sabemos que la mera elección democrática de los consejeros regionales no significa de por sí un avance en la descentralización ni nada que se le parezca. Creo necesario ir un poco más allá en esta reforma para poder contar con verdaderos gobiernos regionales y no meras administraciones regionales de decisiones que vienen desde el poder central. Las Regiones tienen identidad propia, problemas propios, y requieren soluciones propias. Las carencias y dificultades regionales no deben ser resueltas exclusivamente desde el nivel central, como soluciones de gabinete que guardan parentesco con ensayos de laboratorio a distancia. Antes bien, requieren el concurso de sus coterráneos, que son quienes mejor perciben el origen de tales carencias y los efectos que ellas provocan. Dentro de esa línea, me gustaría abordar la crisis en que se encuentran los gobiernos regionales. Los últimos informes sobre eficiencia del gasto de dichos entes son dramáticos. Lo más grave es que el problema no radica en la falta de recursos, sino simplemente en que no hay proyectos ni personal suficiente para ejecutar los dineros previstos en los presupuestos. Estamos, señor Presidente, ante una oportunidad histórica para revisar la institucionalidad regional y enaltecer la importancia de las Regiones como entidades que conforman un todo que es la suma de la diversidad que enriquece a nuestra nación. Aprovecho la ocasión para saludar con afecto a los personeros de la CONADERE que contribuyeron fuertemente al estudio de esta iniciativa. Se hallan en las tribunas los señores Heinrich von Baer y Miguel Cellino , más otras personas vinculadas al referido Consejo, quienes han seguido de manera permanente la tramitación del proyecto en debate. Por último, invito a mis colegas Senadores y Senadoras a votar favorablemente. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente , hay conciencia de que en el proceso de descentralización se ha avanzado muy poco. Más bien, ha existido un statu quo desde hace treinta años. Si uno analiza lo que es la administración interior del Estado, concluye que solo hay dos entidades reales: el gobierno central y los gobiernos locales, es decir, entes con grados de autonomía y facultades desde los puntos de vista institucional y financiero. El debate político ha simplificado lo relativo a la descentralización. La única señal entregada en materia de gobiernos regionales se reduce a un aspecto electoral, a través de la elección directa de los consejeros regionales; y en los programas de las distintas candidaturas presidenciales se ha planteado en algunas ocasiones la elección directa de los intendentes. Pero -como digo- se trata de una cuestión de carácter meramente electoral. Chile -y en particular el Parlamento- debe tomar una definición que no ha enfrentado. Y la pregunta que hemos de formularnos es si estamos dispuestos o no a tener gobiernos regionales reales dentro de la administración interior del Estado, con todo lo que ello implica. Se trata de algo que no se ha sincerado. Por lo tanto, antes siquiera de plantear las opciones en materia de descentralización, habría que contestar aquella interrogante esencial. Los gobiernos regionales han sido muy útiles para canalizar las decisiones y programas del nivel central y, adicionalmente, subsidiar inversión municipal, sobre todo en los municipios con serios problemas financieros. Por consiguiente, el punto medular de esta discusión radica en determinar si el Gobierno y las distintas coaliciones políticas están o no dispuestos a desprenderse de una parte de sus facultades, de su poder, para traspasarlos a una nueva institucionalidad regional. Mientras ello no ocurra, el debate sobre la regionalización y la descentralización seguirá centrado en tópicos accidentales. En primer lugar, señor Presidente , ¿qué observo como tendencia en el último tiempo, especialmente en el gobierno central? El gobierno central ha fortalecido la desconcentración, pero no la descentralización. De manera sistemática, ha creado un paralelismo en los gobiernos regionales y locales. CONADI, Programa Puente , CORFO , FOSIS , INDAP, son solo algunos ejemplos. Tienen agendas paralelas, y en muchos casos, competitivas con las de los gobiernos regionales y comunales. Y esta tendencia se ha ido agudizando con el tiempo. En segundo término -porque hay que sincerar el debate-, una descentralización profunda también choca con la realidad política. Los parlamentarios no somos valorados en las circunscripciones y distritos por el trabajo que hacemos en el Congreso Nacional. La labor parlamentaria no interesa en las Regiones. El tener una descentralización profunda crea nuevos liderazgos y, por ende, choca asimismo con la realidad política. Algo similar ocurre con el gobierno central: pierde su capacidad de influencia en el nivel regional, de la cual no quiere desprenderse. El municipio representa un menor riesgo. Por consiguiente, tiene facultades y autonomía. La descentralización, entonces, se halla estrechamente ligada a una cuestión de poder. Sin embargo -y quiero adelantar ciertos parámetros-, para avanzar en la descentralización se requieren al menos tres condiciones: autoridades que respondan a la Región, definición de las competencias regionales y existencia de mayores grados de autonomía financiera. Hoy día, si uno analiza la estructura de la administración interior del Estado y la de los gobiernos regionales, observa que responden a la lógica de un Estado desconcentrado -como señalaba-, pero no regionalizado o descentralizado. Si a nivel regional no se rompe la lógica de un Estado desconcentrado, será muy difícil avanzar en un proceso real de descentralización. En la desconcentración prevalece siempre la prioridad del órgano rector, que en este caso es el nivel central. Aun cuando pueda otorgar ciertos grados de flexibilidad para que los órganos desconcentrados fijen prioridades regionales, el elemento de autonomía en este esquema es débil. Ante discrepancias surgidas entre el órgano rector y el desconcentrado, siempre primará la decisión del rector, que es el nivel central. Al analizar la conformación de las diversas autoridades supuestamente regionales, fluye clara una conclusión: no existen autoridades ejecutivas regionales con algún grado de autonomía. De hecho, la máxima autoridad regional, quien preside el gobierno en cada Región, es el intendente. Como lo señala la propia ley, es "el representante natural e inmediato del Presidente de la República ". Es nombrado por él y se mantiene en el cargo mientras cuente con su confianza. Por consiguiente, se puede afirmar de manera categórica que el intendente no es una autoridad regional. Tanto en su origen como en el ejercicio de su cargo, tiene vinculación y dependencia directas con el Primer Mandatario. Esa misma lógica se sigue respecto del gobernador. La gobernación es un órgano desconcentrado de la intendencia que, actuando de acuerdo a las instrucciones del intendente, debe velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, el nombramiento y la remoción del gobernador corresponden al Jefe del Estado . El llamado "gabinete regional" también responde a la lógica de un Estado desconcentrado. Lo integran el gobernador; los secretarios regionales ministeriales -por disposición del intendente, se puede agregar como invitados a los jefes de servicio de la Administración del Estado-, y, por derecho propio, la Directora del Servicio Nacional de la Mujer . Los secretarios regionales ministeriales siguen exactamente la misma lógica. Son nombrados, a propuesta del intendente, por el Presidente de la República , oyendo al Ministro correspondiente. Y cumplen una doble función: coordinar las acciones del intendente en las respectivas áreas y las de los Ministerios de manera desconcentrada. Según puede apreciarse en esta breve descripción, tanto las autoridades unipersonales como los órganos colegiados a nivel regional (gobernador, secretarios regionales ministeriales, etcétera) tienen una dependencia del nivel central determinante y decisiva. Para generar los cambios, señor Presidente, debemos avanzar desde un Estado desconcentrado hacia un Estado descentralizado. Y eso exige definir un nivel de autoridades ejecutivas regionales con mayores grados de autonomía y que se deban a la Región. Pero eso no basta. Junto a lo anterior, resulta fundamental precisar competencias. En la actualidad no existe una delimitación clara y categórica sobre competencias en los distintos niveles de la Administración del Estado. Se definen funciones privativas en determinados órganos o servicios. Sin embargo, hay un "área gris" donde cada uno se siente habilitado para intervenir en los distintos niveles: nacional, regional y comunal. La competencia de los gobiernos regionales se encuentra absolutamente distorsionada. Son muy pocos los proyectos que tienen impacto regional. Los intendentes, en general, se han transformado en supraalcaldes o en fieles ejecutores de las políticas que se dictan desde el nivel central. Por lo tanto, en esta reforma constitucional resulta fundamental definir competencias, regular el traspaso de competencias a los ámbitos regionales. Y quiero, señor Presidente, referirme a uno de los aspectos más sensibles. Hemos hablado de otorgar mayores grados de autonomía a las autoridades regionales, de definir competencias. Ahora voy a abordar lo concerniente a la autonomía financiera de los gobiernos regionales, porque creo que en esta área existe la mayor cantidad de fantasmas. Chile es un país unitario. Y yo sigo sosteniendo que debe seguir siéndolo. El Estado se financia a través de los impuestos, que van a fondos generales de la nación. En algunos casos, porcentajes de determinados tributos se destinan a los municipios. Estos se financian, concretamente, con el impuesto territorial; con el pago de permisos de circulación, de derechos de aseo, etcétera. Cuando se habla de mayores grados de autonomía, particularmente financiera, de los gobiernos regionales, siempre, para no avanzar, se aduce el argumento del federalismo. Pero este no existe respecto de los municipios. Únicamente un porcentaje de los impuestos va a ellos. Yo me pregunto: ¿es que las municipalidades han atentado contra el Estado unitario por el hecho de que una parte de los impuestos establecidos en leyes permanentes contribuye al financiamiento de los gobiernos locales? Hasta donde yo sé, nadie ha puesto en duda el carácter unitario del Estado por ese motivo. Lo que ocurre en materia financiera con los gobiernos regionales, señor Presidente , no resiste ningún análisis. Aquellos se financian en la forma que paso a describir. Los únicos recursos establecidos en leyes permanentes para los gobiernos regionales corresponden al 65 por ciento de los ingresos por la venta de propiedades fiscales proveniente del Ministerio de Bienes Nacionales y al 70 por ciento de lo recaudado por concepto de patentes mineras. Y ahora se incorporó un aporte emanado de los casinos. Estas fuentes de entradas representan apenas 2 por ciento del total de la inversión de decisión regional. Esos son los únicos fondos propiamente regionales. No existe nada más para las Regiones en leyes permanentes. El resto -como lo señalaré- se discute año a año en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación y se canaliza por el gobierno central a través de los gobiernos regionales. ¿Alguien puede afirmar que las Regiones tienen algún grado de decisión, desde el punto de vista financiero, si en virtud de una ley permanente solo reciben un porcentaje de lo recaudado por la venta de propiedades de Bienes Nacionales o por concepto de patentes mineras? Eso no resiste análisis, señor Presidente. Los demás recursos de las Regiones son inciertos. Su principal fuente de ingresos es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicho Fondo se discute todos los años en el marco del proyecto de Ley de Presupuestos. Y tiene dos componentes: el tradicional, que canaliza recursos de libre disposición, y el de las provisiones. Yo pregunto, señor Presidente : ¿Qué ocurriría -como ha sucedido- si un año el Ejecutivo , que es el que elabora el proyecto de Ley de Presupuestos, propusiera rebajar sustancialmente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional? ¿Qué posibilidades tiene una Región de proyectarse en el mediano y largo plazos si, en definitiva, el fuerte del financiamiento es anual, a través de la Ley de Presupuestos? En la práctica, el financiamiento de las Regiones es completamente aleatorio. Tengo en mi poder una tabla, del propio Gobierno, donde se reafirma lo que expresé en el sentido de que el FNDR tiene dos componentes: uno de libre disposición y otro denominado "provisiones". Este último se halla predeterminado e indica a las Regiones en qué sectores pueden invertir. Sucede que, durante 2004, 2005 y 2006, en algunas Regiones los recursos por concepto de provisiones fueron superiores a los de libre disposición. Es decir, los gobiernos regionales ni siquiera tienen libertad para disponer del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. ¿Alguien podría afirmar que se atentaría contra el Estado unitario si a nivel regional se utilizara, por ejemplo, una fórmula similar a la de los municipios, o sea, si una parte de un impuesto se consagrara de manera permanente para financiar a los gobiernos regionales? Por cierto que no. Existen otras fórmulas para tal efecto, sin afectar el carácter unitario del país. Lo que falta es voluntad política para acometer tal función. Por eso, señor Presidente , al debatir la presente reforma constitucional, deseo manifestar que aquí lo relevante no es solo la elección de los consejeros regionales -ella forma parte de la discusión-, sino la circunstancia de que estamos ante un momento histórico en que debemos abordar lo concerniente a la descentralización. Ahora, la descentralización pasa por tres elementos: autoridades ejecutivas de nivel regional que se deban a la Región; definición de competencias, y mayores grados de autonomía financiera. Si no consideramos tales elementos, solo habremos abordado situaciones accidentales y no los aspectos esenciales de la descentralización. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente , creo que, en algún momento, todos nos preguntamos acerca de los múltiples factores que estuvieron presentes en el desenlace trágico que tuvo la democracia en Chile en 1973. Por cierto, no vamos a abrir grandes debates sobre la materia. Ya se han hecho. Existe bastante bibliografía y se han escrito muchos paper con respecto a lo acontecido. Pero hay un factor sobre el cual, en mi opinión, nunca se ha trabajado con la intensidad requerida por ese hecho histórico tan dramático. Chile era y sigue siendo extraordinariamente presidencialista y centralista. Y cuando un país depende de manera fundamental de su estructura político-administrativa (en la práctica, seguimos dependiendo de ella) y la figura del Presidente de la República es determinante en el acontecer político-administrativo, el mero hecho de que dicha autoridad culmine como terminó en 1973 implica la caída, no de esa figura y de la institución, sino del país en su conjunto. La derrota de la Unidad Popular significó la destrucción de la democracia, de la institucionalidad, en fin, por la sola circunstancia de que Chile era una nación muy centralizada -y lo sigue siendo-, y el Jefe del Estado, una figura excepcionalmente determinante en el devenir de la patria. Creo que esas dos experiencias históricas esenciales no han sido asumidas cabalmente por nuestro país. Por eso, la descentralización y la regionalización tienen un componente histórico muy determinante. Chile no siempre fue presidencialista. Y no siempre fue centralista en los términos en que lo es en la actualidad, señor Presidente , no solo por la experiencia que Su Señoría conoce muy bien -y me alegra que en el ex Congreso Nacional se haya inaugurado una sala de lectura en honor a Pedro León Gallo -, sino porque, si uno empieza a horadar bien en la historia de nuestro país, se va a encontrar con que se efectuaron grandes esfuerzos para que la centralización no llegara a los límites excesivos que hoy registra. Reconocemos tales esfuerzos. Yo formé parte de la Comisión que debatió la reforma constitucional del año 1990, donde -varios señores Senadores lo recordarán- ya tuvimos presente la necesidad de incorporar factores que fueran abriendo camino a la descentralización. Sin embargo, todos estamos contestes en que aquello no ha bastado; en que sigue prevaleciendo una cultura altamente centralista y presidencialista, que se refleja no solo a nivel del Estado nacional, sino en todas las instituciones. Para algunos, quitarle un poco de poder al intendente es una revolución que puede acabar sumamente mal. Y, más aun, quienes están informados de la historia de nuestro país dicen que queremos poco menos que reabrir un debate en cuanto a la factibilidad de un Chile federal. Chile no tiene posibilidad alguna de ser un país federal. ¡Eso es absurdo! La única Constitución federalista fue la de Mariano Egaña , que culminó muy mal. En consecuencia, nadie está abriendo camino para que Chile sea un país federal, porque no tiene ni cultura ni historia federal. Estamos tratando de dar un paso más significativo en materia de descentralización. Pero me refiero a una descentralización con mayúscula y no a la que todos entendemos como un buen camino para dar respuesta a los programas a los que nos hemos comprometido con la gente. Aquí ello tiene que ver con la supervivencia del Estado nacional en un mundo cada vez más complejo. Por tal motivo, en mi opinión, el proyecto de ley que generó tanta discusión desde el punto de vista de su formalidad, no sólo se fundamenta en la necesidad de dar mayor fuerza a la regionalización y a su prima hermana, la descentralización, sino que también se relaciona con las demandas regionalistas a nivel mundial. Si se observa lo que está ocurriendo en Europa, se advierte que en países muy cercanos a nosotros, como España, Italia y Alemania, la regionalización ha sido el único camino que han encontrado las estructuras político-administrativas para enfrentar la llamada "globalización", fenómeno de tal magnitud que está rompiendo las identidades nacionales. ¿Y dónde se refugian los ciudadanos? En las identidades regionales o comunales. Y esa es la razón por la cual todos nosotros -en forma particular, quienes vivimos bien lo que sucede en Regiones- sabemos perfectamente que la expresión localista que se ha dado en ellas en los últimos tiempos obedece a la idea de dotar de identidad, de enfrentar la globalización que uniforma todo nuestro quehacer, incluida la manera en que debemos valorar las cosas. Y la gente se refugia en lo que es propio de las Regiones. Prácticamente en todas han surgido fuertes movimientos para que adquieran singularidad. Eso no es baladí: es un fenómeno real, inherente a la globalización y la relación que hoy vive nuestro país. Además, quienes participamos en el debate de la Comisión de Gobierno, dirigida por el Senador señor Bianchi -la discusión se llevó a cabo en forma conjunta con el Ejecutivo y, digámoslo francamente, la actual Ministra del Trabajo -, no estuvimos discutiendo uno o dos meses sobre el tema, sino al menos durante seis, porque es una cuestión muy de fondo. Y me alegro de la disposición intelectual y política que la Secretaria de Estado manifestó, en su momento, para enfrentar el asunto de una manera diferente a como hubiésemos podido hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque no se puede prescindir de lo relativo a la legitimidad y respaldo democráticos de los consejeros regionales. Eso es muy importante. En el país se registraba una anormalidad en ese aspecto: se elegía al Presidente de la República , a los Senadores y Diputados, a los concejales y alcaldes, pero no a los consejeros. Esa es una anomalía democrática en cualquier lugar del mundo. En consecuencia, dotar a estos últimos de legitimidad y respaldo democráticos, provistos por el soberano, era algo obvio, respecto de lo cual todos somos responsables por no haberlo resuelto antes. Segundo, porque si un inconveniente, entre otros, presenta hoy nuestro sistema político es la falta de participación. Seguramente, ese es uno de los problemas que encontrarán los Diputados y Senadores que irán a la reelección y a combatir nuevamente para lograr el voto popular, porque es algo que ya se percibe. En efecto, esta es una democracia con un enorme déficit de participación ciudadana. Y, cada vez más, esa es una de las dificultades que exhibe nuestro sistema político para reproducirse de manera natural y democrática. Estamos haciendo participar a la gente de una forma absolutamente artificial. A mi juicio, uno de los mecanismos que tendríamos que pensar más seriamente en fortalecer es el de la asunción por los ciudadanos de la responsabilidad de elegir a quienes deben resolver, más allá de la comuna, los problemas concretos y cotidianos de la población. Tercero, porque tanto el sistema político cuanto los partidos están hoy, desde ese punto de vista, bastante desprestigiados. Uno de los factores que en las Regiones han incidido en ello es el hecho de que los consejeros han sido elegidos a dedo durante veinte años. Y su designación se ha efectuado mediante mecanismos que a veces no han prestigiado a las colectividades políticas, todas las cuales han hecho algún tipo de maniobra para que sean nombrados a través de los concejales propios. Y resulta que los consejeros, durante estos veinte años de democracia, han tenido que ver con cuestiones sustantivas de las Regiones, fundamentalmente con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que ha sido una palanca esencial para programar en alguna medida el desenvolvimiento que se desea que logren. Por eso, insistimos en que este es el momento oportuno. Es el instante, además, en que los candidatos a la Presidencia de la República -en el Senado hay varios- se están comprometiendo con una mayor regionalización, no por demagogia, sino por existir una necesidad. No encuentro que sea demagógico decir: "¡Vamos a dotar de mayores atribuciones a las Regiones! ¡Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para una mayor entrega de atribuciones a los consejos regionales!". Eso no es demagogia, sino el reflejo de una demanda que va a ser mayor y más creciente, sobre todo en la campaña presidencial que se avecina. Existe una cuarta razón. Chile no tiene ninguna posibilidad de hacer lo mismo que Argentina, que, por la vía administrativa, distribuyó a sus habitantes en forma adecuada a través de prácticamente todo su territorio. Incluso, abrió espacios para ocupar la Patagonia, que estaba habitada, básicamente, por chilenos. Fue una decisión muy bien dotada, en la cual participaron todas las instituciones fundamentales, incluida la Iglesia, y lograron repartir bastante bien y de modo armónico a la población. Brasil, por su parte, trasladó su capital a Brasilia. Es decir, todos los países han hecho algún esfuerzo en el ámbito que nos ocupa, algunos infructuosos y otros con cierto éxito. Otros Estados, autoritarios, como la Unión Soviética de Stalin, determinaron el traslado de poblaciones de manera absolutamente arbitraria. En Chile nunca hemos hecho eso. El señor PROKURICA .- ¡Por suerte...! El señor NÚÑEZ.- Lo único que hemos vivido en los últimos treinta años es un proceso de concentración demográfica que ha transformado a Santiago, Viña del Mar y Valparaíso en una gran urbe, en una conurbación de la cual no se conoce una experiencia en el mundo. No hay una más grande, y domina el país. La concentración demográfica registrada en Chile es absolutamente imposible de parar si no se adoptan algunas medidas. Y la única que se nos ocurre es que las Regiones empiecen a ser más atractivas. Y para que lo sean deben contar con buenas universidades; con recursos de mejor calidad, tanto humanos cuanto financieros. No basta con que un porcentaje determinado de aquellos que genera la minería queden en comunas y Regiones. Ese es un paso. Lo mismo se extiende al producto de la explotación acuícola. Cuando hacemos referencia a la posibilidad de impuestos regionales, no solo el Ministro de Hacienda , sino que también casi todo el mundo se pone rápidamente a pensar que podemos llegar a situaciones límites. Pero abramos un debate al respecto. Porque en algunas Regiones puede ser absolutamente inapropiado aplicarlos, pero no así en otras. En los hechos, el royalty, como tributo específico, es una suerte de impuesto regional. Es decir, hay temas que están planteados y que en la Comisión nos pareció pertinente y necesario abrir, porque no nos hemos atrevido a hablar en serio acerca de qué entendemos por regionalización. Y creo que este es el momento más oportuno para hacerlo, no solo por la razón que señalé anteriormente, sino también porque existe madurez política. Nadie quiere hacer demagogia con estas materias. Nadie aspira a generar con ello una suerte de revolución demográfica, política y administrativa. Nadie desea, ni mucho menos, cambiar el conjunto de la estructura del Estado nacional. Nadie pretende decir que el nuestro debe dejar de ser un país unitario. Chile tiene vocación de país unitario: a algunos nos gustará, y a otros, no. Señor Presidente, al incorporar todos estos puntos en el proyecto, ya mencionados por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, no hacemos sino avanzar positivamente. Y voy a enumerar algunos. No se trata solo de la elección de los consejeros regionales, sino que el hecho de que el intendente no sea presidente del CORE nos parece también absolutamente lógico, natural. En cualquier democracia, quien es elegido por sus pares, legitimados por el voto popular, cuenta con mucha más legitimidad para dirigir una entidad como esa. El que exista la posibilidad de mecanismos para la transferencia de atribuciones resulta del todo necesario. Será una ley la que los señale. De igual modo, estimamos positivo que el Senado dirima ante la falta de acuerdo entre un gobierno regional y el gobierno central. En varias oportunidades -por lo menos, recuerdo dos- hemos abordado conflictos de competencia. La entrega de mayores atribuciones a los consejeros regionales y el hecho de que el Presupuesto de la Nación tenga alguna relación con los presupuestos regionales constituyen un paso relevante. Nos parece importante que avancemos en ello. Por eso he participado con entusiasmo de la idea que nos ocupa. Lo vengo haciendo desde 1990, el mismo año en que empezamos la discusión. Transcurridos veinte años, creo que ya es el momento de la madurez. Porque todos queremos avanzar, sin destruir nada, sino construyendo algo que consideramos vital en un país que está enfrentando la actual crisis y, además, la globalización, que no se detendrá fácilmente de la noche a la mañana. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente , no cabe duda de que la presente reforma constitucional ha generado un gran debate al interior de la Comisión de Gobierno. Los Honorables señores Orpis y Núñez -por supuesto, también cabe destacar la participación de los Senadores señores Pérez Varela y Bianchi - han sido quienes han liderado, prácticamente, la voz de la descentralización. Se trata de introducir enmiendas a la Carta, después de dieciocho años de funcionamiento de los gobiernos regionales, al objeto de transferirles mayores atribuciones. También se apunta a que sus autoridades sean elegidas, democráticamente, por votación popular. Resulta indiscutible que durante todo este tiempo los gobiernos regionales se han acentuado, han adquirido prestancia, han tomado posesión clara de sus cargos, y la ciudadanía los ha empezado a conocer. La gente identifica al concejal, al alcalde , al diputado , al senador y al Presidente de la República , porque los elige; pero a los consejeros regionales no los elige, y no los ha tomado en cuenta. Sin embargo, paulatinamente los dirigentes fueron advirtiendo que quienes decidían la aprobación de sus proyectos en las comunas eran los consejeros regionales, ante lo cual empezaron a otorgarles la importancia que en realidad tienen. Por ello, el paso próximo es que estos últimos sean elegidos popularmente. Y en eso estamos de acuerdo. El proyecto, enviado al Congreso en 2003, ha sido impulsado por los gobiernos de la Concertación, exhibiendo una tramitación prolongada. La Sala del Senado tomó conocimiento de la iniciativa en diciembre del año pasado. Como no estuvo de acuerdo con la resolución de la Comisión de Gobierno de aprobarla en general y en particular por ser de artículo único, la devolvió al órgano técnico para que la considerara solo en general. Es lo que en el Hemiciclo estamos haciendo ahora. Puede haber algunos puntos controvertibles o que generan interrogantes. ¿El que la Constitución llegue a decir que en cada Región debe haber una circunscripción senatorial ha de interpretarse como que en diciembre se elegirán dos Senadores en Arica y Parinacota? Eso lleva a confusión. Según nosotros, no puede ser así. Pero se trata de un aspecto que quedará abierto, porque el proyecto se aprobaría solo en general. Todos tendremos la posibilidad de presentar indicaciones en el momento oportuno. Ahora bien, la descentralización es un imperativo de desarrollo que necesitan todas las Regiones. Los gobiernos descentralizados son más ágiles, más eficientes y gestionan mejor los recursos que el gobierno central en su conjunto. Por eso se habla de elegir al presidente del Consejo . Nosotros habíamos aprobado tal medida, y seguramente en las próximas reuniones de la Comisión esa será una alternativa. Pero no podemos perder de vista que somos un Estado unitario. Y, por nuestra composición, la iniciativa en materia de gasto le corresponde al Presidente de la República , quien actúa con sus Ministros, en tanto que en la Región interviene el intendente, y en la comuna, el alcalde. Los concejales, los consejeros regionales y los parlamentarios no poseen esa atribución. Estos últimos la tenían tiempo atrás, y era una debacle, pues se aprobaban leyes que disponían gastos, sin que se contara con los recursos correspondientes. En consecuencia, se llegó a la gran reforma que concentró todo en una cuenta única fiscal, y no en miles de cuentas destinadas a uno u otro cuerpo legal. Se trata de un ordenamiento práctico, adecuado, y resulta evidente que debe seguir. Por ello, soy ampliamente partidario de un Estado unitario. El proyecto en análisis no busca otras transformaciones que no sean la elección de los consejeros regionales por sufragio universal; la transferencia de competencias, desde el nivel central (Ministerios y servicios) a uno o más gobiernos regionales, en cuanto a ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural; la eliminación de la norma constitucional que obliga a las Regiones a ser individualizadas mediante un número; la inclusión en la Carta de una disposición que determina que cada Región -ello se incluye en lo que estamos aprobando en general- conforme, a lo menos, una circunscripción senatorial. Por último, se incorporan modificaciones menores, de tipo formal, para perfeccionar el texto constitucional, como la que reemplaza la expresión "miembro del consejo regional" por "consejero regional". Ello es lo que pretende la reforma constitucional en análisis. Por lo tanto, estamos de acuerdo en aprobarla. La Comisión la acogió por unanimidad, y esperamos que la Sala también haga otro tanto. El texto, naturalmente, volverá al órgano técnico, y habrá un plazo prudente para presentar indicaciones. Queda mucho por hacer en el ámbito que nos ocupa y se pueden formular numerosas observaciones sobre la materia. Al considerarse a los gobiernos comunales, por ejemplo, cabe tener presente que una parte importante de lo que no pueden realizar se debe a que no cuentan con los recursos suficientes. Si los tuvieran, muchos problemas serían solucionados en ese plano. Pero ahora se recurre al nivel de la Región , al cual los municipios mandan los proyectos y se les otorgan los recursos para ejecutarlos. Ese trámite resulta más burocrático. Si descentralizáramos y les entregáramos más recursos y facultades a las comunas, se procedería en forma más directa. ¿Quién se halla enterado de los problemas en ese ámbito más al detalle que los concejales y los alcaldes? Hay Regiones muy grandes. La que represento incluye 54 comunas. ¿Los consejeros regionales conocen cada rincón de cada comuna? ¿Nosotros, los parlamentarios, las conocemos todas? Por eso, la descentralización consiste también en entregar más poder y facultades a los gobiernos comunales. En todo caso, estoy plenamente de acuerdo con lo aprobado por la Comisión, y votaré a favor. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela. El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, nos encontramos ante un proyecto de reforma constitucional que, como se ha expresado con claridad, presenta unas cuatro ideas matrices, de las cuales comparto por lo menos tres. Como lo manifestó el Senador señor Bianchi , creo que lo relativo a la circunscripción senatorial debiera excluirse durante la discusión en particular, para poder abocarnos verdaderamente al núcleo central, que es la necesidad evidente que tiene el país de descentralizarse y de fortalecer sus Regiones y comunas. Basta mirar Chile, basta ver los distintos requerimientos de las Regiones para darse perfecta cuenta de que estamos ante un centralismo exacerbado que está haciendo daño a todo el país, incluso a la capital. El crecimiento inorgánico de la población y las expectativas diseñadas solo para la gente más joven y los profesionales de Santiago llevan a que muchas de nuestras comunas tengan crecimientos vegetativos que impulsen a sus habitantes a abandonar amplios sectores del territorio nacional. Durante algún tiempo sufrimos el drama de lo sucedido en Chaitén con motivo de la erupción del volcán del mismo nombre. Ahí se refleja una suerte de abandono de un sector importante del país. Con anterioridad a dicha erupción ya la gente vivía aislada, alejada de toda posibilidad de progreso, a diferencia del lado argentino, donde existen áreas de desarrollo mucho más relevantes. Por lo tanto, debemos avanzar significativamente en la descentralización y la regionalización del territorio, y darles poder a las autoridades regionales y comunales. Esa es una decisión política, a mi juicio, ineludible. La reforma constitucional en estudio presenta a lo menos dos elementos que nos permiten abrigar una suerte de optimismo y de esperanza para caminar hacia el fortalecimiento de nuestras Regiones y de nuestros gobiernos comunales y lograr descentralizar el país. Muchas veces la voluntad política -particularmente la de este Gobierno- ha estado más por el lado de centralizar las decisiones y el poder que por el de avanzar. Y hay demasiadas evidencias y ejemplos que así lo establecen. Haré, entonces, un recuento y un análisis de lo que, en nuestra opinión, son las ideas que contiene el proyecto. La más difundida, la más desarrollada y, a lo mejor, la de mayor conocimiento público es la elección popular de los consejeros regionales. Y la pregunta que surge es: ¿Basta con elegir a tales autoridades para dar seguridad y certeza de que el país está en condiciones de avanzar hacia la descentralización y la regionalización? Lo anterior tiene un vínculo ineludible con la segunda idea matriz. Elijamos a los consejeros regionales, pero traspasemos competencias a los gobiernos regionales. Porque, si no, vamos a generar una nueva frustración en la ciudadanía respecto de la capacidad que poseen las autoridades de los órganos públicos para resolver. La sola elección, que sin duda es un elemento importante que valida el régimen democrático, no soluciona las necesidades ni los anhelos de las personas. En la actualidad se eligen alcaldes y concejales. ¿Alguien puede afirmar aquí que los municipios en Chile son un motor, un factor de desarrollo de sus comunas? ¿Por qué no lo son? Porque carecen de las facultades, de los recursos y de la estructura que les permita responder a los desafíos propios de cada comuna. ¿En qué se demuestra eso? En que permanentemente los señores Senadores -más aún si son de Gobierno- deben acompañar a los alcaldes en sus visitas a Santiago para tocar las puertas de las distintas reparticiones públicas, en particular la del funcionario más importante para las Regiones de nuestro país, aquí presente: el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Ello demuestra en los hechos que los alcaldes y concejales elegidos por la ciudadanía no reúnen en su municipio las posibilidades de desarrollo para sus comunas. Si avanzamos solo en lo relativo a la elección de los consejeros regionales, nos enfrentaremos a la misma frustración, la misma decepción que muchas veces manifiesta la ciudadanía con respecto a sus autoridades, porque estas no estarán dotadas de las correspondientes funciones ni dispondrán de los recursos indispensables para que tanto las Regiones como las comunas puedan ser elementos claves en el impulso del desarrollo, del progreso y de la integración de la ciudadanía. Por ello, me parece esencial avanzar, en la forma más sustantiva posible, en la segunda idea matriz contenida en la iniciativa. Muchas veces se observa una suerte de consenso en los discursos, pero, llegado el momento de votar -como nos sucedió antes de iniciar las vacaciones-, siempre hay una razón para que este traspaso de competencias no se concrete. Para nosotros es fundamental la vinculación de las dos ideas matrices referidas: elección popular de consejeros regionales y transferencia de competencias de los gobiernos regionales. La una sin la otra hará que cojee permanentemente la estructura de estos. Por lo tanto, sería muy importante asumir el compromiso político de que vamos a avanzar en ambos sentidos, de que vamos a estructurar verdaderamente los gobiernos regionales y también a traspasar más facultades a los municipios, para que las Regiones puedan ir desarrollando adecuadamente sus potencialidades. Ante las más graves situaciones o dificultades, las Regiones deben recurrir a Santiago, y también frente a otras menos relevantes. Recién mencioné el caso de Chaitén. Sin duda es una catástrofe, y ahí se requiere el apoyo del Gobierno central. Pero sucede lo mismo muchas veces respecto de un camino interior -por ejemplo, el de Chillán Viejo a Yungay- al que se le deben mejorar sus condiciones de seguridad. También hay que ir al Ministerio de Obras Públicas para lograr la inversión que permita mejorar la seguridad de esa ruta. Eso es lo que tenemos que vencer y superar con este proyecto, y ojalá hoy lo podamos concretar por medio de una votación positiva, como lo haremos los Senadores de la UDI. Pero, además, quiero efectuar un comentario adicional con respecto al compromiso político que debemos adoptar para avanzar resueltamente en las mejoras requeridas. Aquí estamos discutiendo un proyecto de reforma constitucional, el cual, necesariamente, debe ir acompañado de una ley orgánica constitucional, normativa que hará realidad lo que hoy aprobemos -así lo espero- como disposición constitucional. Si logramos establecer la elección popular de los consejeros regionales, resultará fundamental, para avanzar en el debate en particular de esta reforma, alcanzar un acuerdo político sobre cómo será la ley orgánica que regirá la elección de los consejos regionales. Me parece que no es saludable, por decir lo menos, o es extraordinariamente riesgoso sacar adelante una reforma constitucional cuando no existe claridad respecto de cómo ella se aplicará. En esto el Gobierno tiene un rol fundamental: lograr un acuerdo con las distintas fuerzas políticas y los diversos actores del Senado. Estoy seguro de que la Comisión de Gobierno, considerando la voluntad y actitud que ha mostrado siempre su Presidente , puede ser la instancia adecuada para generar el consenso sobre los factores que comprenderá la ley orgánica constitucional en lo relativo a la elección de consejeros regionales, a fin de que, al momento de debatir en particular esta materia, sepamos con claridad que los consejeros regionales serán elegidos mediante un mecanismo generado por amplio acuerdo. Evitaremos así posteriores discusiones políticas banales y permanentes modificaciones, lo que quita legitimidad y seriedad al trabajo del Congreso, a la facultad legislativa y también a la aplicación de esas normas. Por lo tanto, reclamo ese compromiso político del Gobierno durante el tiempo en que se discuta en particular este proyecto de reforma constitucional. Cuestión similar ocurre con el asunto del traspaso de competencias. La Comisión de Gobierno, que preside el Senador señor Bianchi , llegó a avances sustanciales con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Con posterioridad, ello fue desconocido por el Ministro Secretario General de la Presidencia . Sin embargo, creemos que ese trabajo, realizado en el seno de dicha Comisión, que consta en las actas, donde se detallan las normas, debe ser tomado en consideración y asumido también por el Gobierno, para que verdaderamente se dé un paso adelante y las Regiones cuenten con recursos y facultades. Hoy día podemos dar un paso. Pero este se trabará si no llegamos a acuerdo, si no hacemos tratativas, si no establecemos procedimientos que nos permitan decir: "Las leyes orgánicas que le dan cuerpo y sentido a esta reforma constitucional tienen el mismo peso que esta y requieren el mismo consenso y el mismo acuerdo, porque eso le brindará la fuerza necesaria para su aplicación". Señor Presidente -y con esto termino-, creo que hoy día se está dando un paso significativo. Espero que este proyecto de reforma constitucional concite un amplio apoyo en el Senado de la República. Pero solo constituye el punto de partida, porque falta asumir un trabajo intenso. Si lo concretamos con eficacia y eficiencia, se darán los primeros pasos para abrir el camino hacia un cambio fundamental en la estructura política-administrativa-poblacional de Chile, donde actualmente los incentivos están dados para que nuestros jóvenes, nuestros trabajadores y nuestros profesionales se vayan a la Región Metropolitana y abandonen sus Regiones y comunas. Esta reforma puede marcar el inicio de ese camino para lograr el desarrollo integral de nuestro querido Chile. He dicho. )----------( El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Antes de continuar la discusión, la Mesa saluda a la delegación de Chaitén, representada por los dirigentes señores Jaime Asmussen y Carlos Alvarado , que con tanto esfuerzo ha venido a acompañarnos. ¡Hablando de regionalización, es muy grato tenerlos acá! )----------( El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cantero. El señor CANTERO.- Señor Presidente , nos encontramos en la discusión general del proyecto de reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional, iniciativa que, en mi opinión, es muy pobre y no apunta a lo esencial que se requiere en el momento actual para dar a los gobiernos regionales y a la administración regional las competencias y atribuciones que les permitan impulsar el progreso y desarrollo de sus localidades. Se trata de cuestiones meramente formales, de asuntos muy menores. Y, además, están en el contexto de algunas normas que, a mi juicio, generan más ruido que impulso a la regionalización, a la descentralización de nuestro país. La primera disposición que se pretende incorporar señala que cada una de las Regiones constituirá una circunscripción. Tengo la impresión de que dicha innovación es bastante más restrictiva y menos flexible que lo que consigna el actual artículo 49 de la Carta Fundamental, con el cual cabe la posibilidad de que, en algunos casos, una circunscripción pueda estar incluida en un contexto mayor, en otra Región, sea por razones de tamaño, de peso electoral, de importancia demográfica, etcétera. La segunda norma apunta, simplemente, a un asunto formal: quita el concepto de alternancia al eliminar la referencia a las Regiones "pares" e "impares", pero no genera cambio alguno. En realidad, no tiene nada relevante. En cuanto al consejo regional, la iniciativa establece que la ley orgánica respectiva regulará su integración y organización. Y punto. Hasta ahí deja el concepto. Aquí se pronuncian discursos muy elocuentes acerca de la regionalización y la descentralización; pero, en concreto, lo que estamos debatiendo es minucia, una cuestión muy menor. En seguida, se propone un inciso intermedio que establece cómo estará integrado el consejo y que su elección será por sufragio universal, lo que me parece un paso adelante y positivo. El sistema mediante el cual se conforman los consejos regionales es, francamente, muy débil desde el punto de vista democrático y se presta para manipulaciones muy groseras. Es de conocimiento público que hoy día cada voto tiene un precio y que, en definitiva, tales cargos casi se están comprando en un número no menor de Regiones, debido a que la forma de elegirlos es muy poco adecuada. Respecto del artículo 114, quiero hacer una prevención. Considero grave lo que se plantea en este precepto, por cuanto la disposición que se propone elimina la parte que dice: "La ley deberá determinar las formas en que se descentralizará la administración del Estado". Y, simplemente, se limita a establecer que "La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa". Estimo que tal proposición constituye un retroceso gravísimo si uno coloca como referencia el artículo 3° de la Constitución Política, que dispone: "El Estado de Chile es unitario". Y el inciso que sigue es mucho más perentorio, más determinante. Dice: "La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso". Eliminar la primera parte del artículo 114, en mi opinión, es un grave retroceso y me parece una minusvalía -lo digo con respeto y consideración- si se tiene en cuenta el alcance que reviste el concepto de descentralización. En efecto, ella no solo se vincula con el traspaso de funciones y de competencias; es un concepto mucho más amplio. Y sugerir que se suprima la parte referida, que está precisamente en el párrafo "Gobierno y Administración Regional", constituye un paso atrás por las siguientes razones. Primero, porque la descentralización puede ser administrativa y alcanzar lo territorial o lo funcional, aspecto que efectivamente está cautelado en la norma en comento. Pero ¿qué se puede señalar respecto de las otras cuestiones sustanciales, constitutivas del proceso de descentralización; o sea, de la descentralización política? Que tiene que ver, por una parte, con los impulsos reglamentarios o legales, según sea el caso, y por otra, con una cuestión esencial para todo proceso democrático: la generación democrática de las autoridades. En mi opinión, hay un retroceso en esta materia, pues ninguno de esos dos elementos está adecuadamente considerado. Y existe un tercero, que es básico. Ya mencioné la descentralización administrativa, con su expresión territorial y funcional, y la política, que se encuentra vinculada al impulso legal o reglamentario y a la generación democrática de sus autoridades. Pero hay una tercera descentralización: la financiera, que puede ser fiscal y relacionarse con el ingreso (los recursos que se incorporan) o con el gasto. En Chile siempre ha habido una visión muy restrictiva en torno a esta materia. Se ha entendido por "descentralización financiera" exclusivamente el gasto y no los ingresos. Tengo la impresión de que la norma propuesta reduce los tres elementos señalados simplemente a un artículo. ¡Y eso es un gravísimo retroceso! Llamo la atención de la Sala respecto de ello, porque la idea reduccionista de eliminar la parte que dice: "La ley deberá determinar las formas en que se descentralizará la administración del Estado" y disponer solo que la ley orgánica respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir una o más competencias, temporal o permanentemente, significa un grave retroceso desde el punto de vista conceptual. Me llama la atención que el Ejecutivo haya efectuado tal planteamiento. Creo que en ello hay una inconsecuencia manifiesta. Cualquiera que conozca elementos básicos de la doctrina sobre la teoría de la descentralización tendrá que reconocer que en este caso hubo un grave retroceso. Estimo que en materia de avances en regionalización, en descentralización, los Gobiernos de la Concertación están en deuda con el país. Considero que lo único que logra esta situación es avanzar en un proceso de desconcentración. En esto, el camino lógico sería dar un paso desde un Estado unitario desconcentrado -como sucedió durante la mayor parte de nuestra historia- hacia un Estado unitario descentralizado. Y, en verdad, mi sueño, mi utopía en esta materia, lo que yo trataría de hacer en las próximas décadas, es caminar hacia una etapa intermedia: el Estado regionalizado. Al respecto, valoro y reconozco el aporte de José Luis Cea Egaña , quien plantea desde hace por lo menos una década la necesidad de reflexionar en torno del concepto de Estado regionalizado, que permitiría avanzar a una descentralización en el marco de las autonomías, sin afectar, en caso alguno, la noción de Estado unitario. Por ningún motivo. Se mantiene la coherencia y un impulso central, pero se permite a las Regiones desarrollar efectivamente la competitividad; valorar la diversidad del país; mejorar las condiciones de vida y las posibilidades para desarrollar y emprender en las Regiones; abrir nuevas oportunidades para vincularse con el mundo global. Yo me atrevería a decir que en la historia de sus cuatro gestiones de gobierno la Concertación ha mostrado o una inconsecuencia respecto de esta línea o una falta de coherencia y -diría- lógica en la forma de actuar, en circunstancias de que el orbe se globaliza, de que la competitividad es territorial, endógena a los espacios territoriales. Es decir, no compite el país, sino que en algunos espacios lo hacen las Regiones; en otros incluso lo hacen conjuntos, clusters, racimos de empresas -o como quiera entenderse- a nivel universal. Seguir de forma majadera con la conceptualización de un enfoque unitario fuertemente concentrado y centralizado no me parece el camino correcto. Además, desde el punto de vista de un elemento adicional no menor como el control o accountability, seguimos viendo, precisamente por esta lógica centralista, por este culto -como se denomina en Chile- a las siete cuadras alrededor de la Moneda o a la idea de "caciques del Mapocho", un efecto muy débil de supervigilancia en la gestión regional. Y por esa vía no se ejerce de forma adecuada la gestión de gobierno y administración cuando corresponde. En todo caso, eso no se da en los gobiernos regionales, porque, en efecto, allí no hay gobierno, sino solo administración; y cuando existe en las municipalidades, por ejemplo -es donde se aproxima más a lo que podemos observar-, las cuales poseen mayor carácter de gobierno por las herramientas de gestión con que cuentan, tanto en el ámbito de las facultades como en el de recursos y en el del impulso reglamentario, por la vía de ordenanzas y cosas por el estilo, tampoco se logra concretar el control. Yo diría que el estancamiento en el impulso al progreso y desarrollo del modelo chileno se halla precisamente en que no hemos logrado resolver el talón de Aquiles que constituye el avance en los procesos de descentralización, conformando esta lógica de estructuras regionales. Ya en la reforma del año 90 ó 91 se discutió la posibilidad de dar a las Regiones personalidad jurídica. Y fue realmente aberrante escuchar que especialistas en Derecho Administrativo argumentaran, con fuerte énfasis, que eso sería atentar contra la naturaleza y la historia de la generación del Estado chileno. Creo que avanzar en la intención de dotar con mejores herramientas de gestión a las Regiones y a las comunas resulta clave para que el modelo de desarrollo chileno pueda dar pasos y saltos cualitativos. Como venimos observando en el último tiempo, estamos en un proceso -diría- de regresión. Cada día tenemos menos competencia; cada día los espacios territoriales al interior del país cuentan con menos capacidades para desarrollar efectivamente competitividad, asociatividad, vinculaciones con el mundo global. Por ejemplo, hablamos mucho del cluster minero, pero lo cierto es que la capacidad de generar encadenamientos productivos y asociaciones que nos permitan vincularnos, resulta muy esmirriada, muy débil, muy limitada. Yo he visto con pena -esa es la palabra-, cada vez que se debe analizar este tipo de materias, cómo nos hemos farreado la oportunidad a través de remedos de avances en descentralización. Mi opinión es que el artículo 114 propuesto establece claramente más bien una lógica de desconcentración. Me parece gravísimo que se haya eliminado el primer concepto, que amplía los alcances de esta seudotransferencia de facultades, porque, en realidad, la descentralización es algo mucho más integral. Como manifesté, esta tiene que ver con lo administrativo en su expresión territorial y funcional; con lo político, en su impulso legal y su generación democrática, y con lo financiero, no solo en relación con el gasto -es lo que hemos discutido hasta ahora-, sino también con la forma de generar ingresos. Voy a votar a favor de la idea de legislar para abrir espacios de discusión, de dialogo; pero expreso mi molestia y mi frustración por cuanto, a mi juicio, la Concertación sigue estando en deuda con el país en esta materia, y señalo que, en particular¿ El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Terminó su tiempo, Su Señoría. El señor PROKURICA .- ¡Que termine su intervención! El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Tiene un minuto. El señor CANTERO.- En particular, voy a rechazar lo relativo a los riesgos de permitir la generación de nuevas circunscripciones, porque considero que eso es más propio del debate sobre el sistema electoral, que espero ver pronto expresado en discusiones y análisis en esta Sala. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente , solo deseo aclarar que en un principio la Comisión fue bastante más lejos en la propuesta de diciembre, ya que discutió el proyecto en general y particular por considerarlo de artículo único. De manera que lo que viene es el texto de la Cámara y no el que tenía la intención de hacer llegar a la Sala la Comisión. Quería aclarar el asunto, solo para efectos de la discusión, señor Presidente. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Eso fue acotado así. Y el acuerdo fue tal que la Sala devolvió la iniciativa a Comisión en los términos que ha señalado el Senador señor Orpis. Lo expreso para la historia de la ley. Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez. El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente , estimo que en la Sala ya se ha hecho un análisis exhaustivo sobre las necesidades de descentralización y regionalización del país. Y, en esta materia, creo que hoy vivimos en el peor de los mundos. Nótese que la ciudadanía no conoce el nombre de quienes, como consejeros regionales, definen de manera importante el desarrollo de sus respectivas Regiones o el mal uso de los dineros. Y, como lo ha señalado más de algún señor Senador, resulta sospechoso que se estén comprando los cupos -son designados a dedo-, para que sean elegidos por los concejales y alcaldes. Posiblemente se produzcan manejos oscuros de personajes hasta ese momento anónimos que decidirán el tipo de inversiones, tal vez con conocimiento de las empresas postulantes a efectuar trabajos u operaciones. En el día de hoy, los consejeros regionales carecen no solo de respaldo democrático por no estar sujetos a elección popular, sino también de control democrático al no producirse la búsqueda de antecedentes por parte de los distintos medios de comunicación. Por otra parte, el reparto de los fondos nacionales de distribución regional muchas veces se hace más en función de cuestiones políticas que de las necesidades de cada Región o de cada comuna. Por ello, señor Presidente, voy a votar favorablemente en general esta reforma constitucional. Sin embargo, dejo constancia de que en ella no debieran incluirse algunas materias. En primer lugar, al consignarse que cada Región "constituirá, a lo menos, una circunscripción" es una manera encubierta de establecer una nueva circunscripción en el país. Por lo tanto, creo que está fuera de la idea general o matriz de la iniciativa. Desde ya, anuncio mi voto en contra de tal disposición, porque si vamos a discutir esa materia, hagámoslo mediante una reforma constitucional referida a la situación electoral de las Regiones, pero no bajo una fórmula solapada de regionalización. Por otro lado -lo conversamos con el Senador señor Gómez , quien seguramente se referirá a esta cuestión con mayor profundidad-, si en la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios no se establece cuándo deben renovarse los Senadores, la derogación en la Carta de la referencia a Regiones pares e impares puede derivar en que no se sepa o solo se deduzca o interprete cuáles de aquellos postularán el próximo mes de diciembre. Porque en la actual normativa no se señala. En definitiva, más allá del texto aprobado por la Cámara de Diputados, nosotros debemos pronunciarnos acerca del traspaso de competencias, tanto en cuanto a las materias sobre las cuales deberán pronunciarse los consejos regionales -y por lo tanto quienes los integran-, como a los ingresos y gastos autónomos de las Regiones, para que los distintos financiamientos no queden limitados a la Ley de Presupuestos. Porque, como el Parlamento carece de iniciativa legal para aumentar gastos -solo puede aprobarlos o restringirlos-, es el Ejecutivo el que destina los fondos direccionados al desarrollo regional. En consecuencia, a partir de un concepto general de regionalización y descentralización, se requiere determinar algún mecanismo para que las Regiones tengan su propia autonomía en esta materia. En su oportunidad, debo decirlo con mucha franqueza, me comprometí con el Presidente del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (CONAREDE), don Heinrich von Baer , a votar favorablemente la elección de consejeros regionales. Y estoy cumpliendo con ese compromiso, porque lo considero una necesidad nacional. Por ello, señor Presidente , sumándome a las expresiones de reparo frente al texto que estamos votando hoy por lo exiguo y excesivamente pequeño que parece frente a las necesidades de regionalización, anuncio mi voto favorable, pero, al mismo tiempo, informo que en su momento presentaré indicaciones para que esta reforma constitucional tenga una efectividad mayor que la derivada del texto enviado por la Cámara de Diputados. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCÍA .- En primer término, quiero saludar al Presidente y al Director Ejecutivo del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (CONAREDE), señores Heinrich von Baer y Miguel Cellino , respectivamente, que se encuentran en tribunas. Señor Presidente , el proyecto de reforma constitucional que nos convoca, en mi opinión, significa un tibio avance en materia de regionalización, pero necesario. El hecho de que la ciudadanía pueda elegir a través de sufragio universal a los integrantes de los consejos regionales constituye un gran adelanto. Si mal no recuerdo, en diciembre recién pasado tuvimos la elección de los últimos consejos regionales que estarán en funciones por los próximos cuatro años. Francamente, en muchos casos da vergüenza ajena la forma como se compran votos. Es algo que ha venido ocurriendo. El Parlamento no ha sido capaz de entregar las herramientas constitucionales y legales para impedirlo. Esa práctica tiene que terminar. Y la única forma de hacerlo la constituye la elección popular. Dicha modalidad de elección de los integrantes del consejo regional entregará autonomía al CORE, y también la suficiente prestancia ante la ciudadanía, de tal forma que sean personas conocidas que respondan por sus actuaciones ante quienes los han elegido. Y no como ocurre hoy en la gran mayoría de los casos -salvo honrosas excepciones- donde los consejeros regionales, que deciden cuantiosos recursos para el desarrollo de las respectivas Regiones, son personas desconocidas que pasan absolutamente inadvertidas. Me gustaría que también se pudiera elegir al presidente del consejo regional, pero manteniendo la figura del intendente. Creo en el Estado unitario y aquella autoridad debe llevar adelante las políticas públicas del Gobierno que fue elegido para tal efecto. Sin embargo, las Regiones debieran tener fuerza propia y, para ello, contar con un presidente del gobierno regional que pueda negociar con el nivel central una estrategia de desarrollo, el financiamiento de destinaciones de recursos plurianuales y, por supuesto, el presupuesto anual. Si nosotros logramos que los consejos regionales tengan su plan de acción y que negocien su financiamiento a través de distintos proyectos, estaremos consiguiendo que las ciudades, las localidades, los sectores rurales, los extensos territorios de nuestra patria -hoy prácticamente deshabitados- se puedan transformar en verdaderos polos de desarrollo. Y a eso debemos apuntar. Debe atacarse el actual centralismo asfixiante. El hecho de que prácticamente la mitad de la población nacional esté concentrada en la Región Metropolitana, es algo cuyo análisis no admite más demora. Y si agregamos las de la Quinta y la Octava, nos encontramos con que gran parte del país está constituido por Regiones pequeñas, que aportan poco al producto interno bruto y tienen escaso desarrollo. Y, en consecuencia, existe la amenaza cierta de que sus jóvenes busquen cada día otros horizontes en las Regiones más grandes y vayamos perdiendo, probablemente, a los profesionales con mayor preparación y capacitación para llevar crecimiento a las zonas más pobres o con menores niveles de progreso. Por eso, señor Presidente , porque creemos en la regionalización y en la descentralización, los Senadores de Renovación Nacional votaremos favorablemente la idea de legislar, sin perjuicio de todos los perfeccionamientos que estimamos indispensables introducir en la discusión particular del proyecto. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente , como primera reflexión, deseo señalar que asumo todo lo dicho con anterioridad -para no repetirlo-, que interpreta el afán regionalizador. Ahora bien, siempre se habla de que hay acuerdo en regionalizar; sin embargo, en los hechos, lo único que avanza es el centralismo: 10 pasos por cada uno que se da en materia de regionalización. IMAGEN Si Sus Señorías observan la imagen, se darán cuenta de que nuestra geografía no es como se nos enseña -de hecho, para representarla tuvimos que minimizar la Región Metropolitana en la cantidad suficiente para que cupiera-, pues las zonas extremas tanto del norte como del sur aparecen apenas como apéndices si uno considera el número de habitantes, la actividad económica y otros indicadores. Tal vez cabría preguntarse: ¿cuál es el patrón seguido por nuestro país en la materia?; ¿dónde está el ADN, la huella o la impronta del centralismo? El centralismo no solo abarca múltiples dimensiones, sino que además hoy día es pasto fértil para un enfoque más bien globalizado. Las decisiones no se están tomando en la Región Metropolitana, sino en otras partes del mundo. El cuadro que quisimos compartir con Sus Señorías también representa un homenaje al Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (CONAREDE), cuyas raíces no solo vienen de los años setenta, sino que se entroncan claramente con los afanes regionalizadores de los inicios de nuestra historia. Los gobiernos regionales son verdaderas entelequias. Entelequia, en el estricto sentido filosófico de la palabra, dice relación más bien al centralismo que se refiere a sí mismo, y, en el entendimiento popular, a algo que no se puede dar en la realidad. No menciono el aspecto comunal, porque los déficits de las municipalidades provocan que sus grados de autonomía hagan agua y que dependan en exceso de programas sectoriales y, en particular, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. A lo anterior se superpone el hecho de que nuestro país es tremendamente legalista, siempre apegado a la forma, y, por lo tanto, la huella o impronta del centralismo termina imponiéndose. Resulta claro que la fórmula para elegir a los consejeros regionales no resiste más, y no entregaré más detalles al respecto. Pero: ¡ojo! Debemos tener cuidado al momento de definir los procedimientos respectivos para no caer en los llamados "centralismos regionales", en cuanto a volver a ajustar tal patrón a cada una de las Regiones. Tuve la oportunidad de leer el libro Armas, gérmenes y acero, de Jared Diamond -lo recomiendo a las personas presentes en la Sala-, donde se formula la pregunta: ¿por qué China o los países del Asia no descubrieron primero América, en circunstancias de que, centenares de años antes de tal hecho, disponían de mejores conocimientos y mecanismos de navegación? La respuesta se encuentra, entre otras causas, en su excesivo centralismo. Las naciones europeas eran tan diferentes unas de otras que se posibilitaba el emprendimiento. Por ejemplo, Colón tuvo que golpear cinco puertas para que se le abriera una; en China habría debido tocar una sola y, de no abrirse, no lo haría jamás. Asimismo, atendido el hecho de que Chile se orienta fundamentalmente sobre un eje norte-sur, lo que genera tremendas diferencias dentro de él, al superponérsele un centralismo lo único que se garantiza es la ineficiencia y la inequidad. Ahora, si sumamos a lo anterior nuestros potenciales factores productivos, la verdad es que el sistema no funciona ni funcionará. En materia cultural, con la huella trazada solo lograremos una suerte de homogeneización, que constituye exactamente la antítesis de lo vital. En cuanto a las facultades, a los medios que se transferirán a las Regiones, puedo citar como ejemplo -sobran en el país- a la acuicultura. Hace más de 14 años, intentamos colocar en la Región de Aisén una barrera sanitaria -al igual como se realiza en tierra con los controles fitosanitarios- para impedir que las ovas, los alevines, los reproductores pasaran de una Región a otra. No obstante, fuimos acusados de constituir un monopolio, llevados a tribunales y sancionados por tal hecho. De haber prosperado esa iniciativa regional, desde luego no estaríamos enfrentando crisis como las provocadas por el virus ISA, el cáligus y otros. Y abundan ejemplos sobre el particular. Se nos señala reiteradamente por parte de la autoridad de turno -porque se trata de una cuestión mental- que más del 50 por ciento de los fondos se decide a nivel regional. ¿Pero quién toma la determinación? Las autoridades nombradas desde el nivel central: intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, directores de servicios, directores de programas. Y los fondos, previo sometimiento al respectivo visto bueno, se recapturan a través de convenios de programación. Deseo agregar dos datos adicionales. En los años noventa, cuando un secretario regional ministerial - René Bobadilla , según me recuerda mi vecino y buen amigo el Senador señor Bianchi - se opuso a la enajenación de gran parte de Tierra del Fuego para el proyecto Trillium , que después no prosperó, su propio Gobierno lo echó. El caso más reciente es el relativo a la COREMA de la Quinta Región, donde el Seremi de Bienes Nacionales se opuso a un proyecto y el Ministro del Ramo lo despidió. Por lo tanto, ¿de qué autonomía podemos hablar a nivel de Regiones? La iniciativa en debate -tal como se ha señalado- representa un pequeño avance y debe ser corregida. Pero si no logramos entender que un país unitario debe serlo en la diversidad regional y no solo desde el punto de vista legal, administrativo, cultural, sino además mental de cada uno de quienes lo integramos, desde luego no lograremos prosperar. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el país entero sigue con extraordinaria atención el curso del proyecto que nos ocupa, el cual trata de introducir modificaciones en pos del establecimiento de mayor regulación respecto de la administración regional y más democracia, particularmente en materia de consejeros regionales. Existía la percepción de que el acuerdo político alcanzado permitiría conjurar los temores acerca del mecanismo de elección de los consejeros regionales, considerando que estos no solo se encuentran permanentemente en las Regiones, sino que además determinan la utilización de muchos recursos, lo cual representa un poder muy importante y, tal vez, hasta una desventaja con relación a los parlamentarios. Al respecto, debo señalar que el acuerdo de establecer la votación indirecta cubre de manera parcial la decisión de elegir directamente -como manifestamos muchos Senadores- a los consejeros regionales. Yo estoy por preceptuar el criterio de elección de los consejeros a través de un mecanismo que garantice la expresión ciudadana en la forma más directa posible, pues ellos son quienes deciden la utilización de los recursos, lo cual, en definitiva, puede redundar en el avance o retroceso de una Región. Por tanto, ojalá que dicho mecanismo pudiera explicitarse. Desconozco el contexto del acuerdo alcanzado, pero, derechamente, creo que se refiere a la elección directa, porque la manera indirecta significa una mediación, y eso atenta contra la representatividad y, por cierto, menoscaba la autoridad. De otro lado, con respecto a las circunscripciones senatoriales, hemos sido majaderos en señalar que, mientras no se modifique el sistema binominal, solo estamos ante la ratificación. Por tanto, pido que el Ejecutivo aclare su posición, porque hoy día se presenta una reforma constitucional que preceptúa el aumento de las circunscripciones. Y siento que el debate no termina en este punto. En una oportunidad se me criticó por sostener que, en 18 años, el Ejecutivo no ha enviado ni un solo proyecto que cambie tal sistema. En efecto, se han tratado iniciativas presentadas por Senadores, acerca de las cuales se han buscado acuerdos políticos; pero el Gobierno no ha mandado ninguna. En tal sentido, la voluntad política de modificar el sistema binominal no ha quedado expresa. Y si en definitiva se pretendiera establecer las condiciones para que en el contexto actual -ni corregido ni modificado- se produjera una ampliación de circunscripciones, estaríamos consolidando un modelo que todos hemos manifestado querer cambiar. En ese ámbito, el Ejecutivo podría -no sé si lo anunció; porque no estuve al inicio de la sesión- señalar cuál sería el paso siguiente. El señor BIANCHI .- Crear las circunscripciones. El señor NAVARRO.- Gracias. Señor Presidente, si bien estamos en la discusión general del proyecto, como este debate repercute en forma importante en las Regiones, estimo necesario plantear al menos dos observaciones. La primera, que el mecanismo de elección del consejo regional por sufragio universal debe garantizar efectivamente la participación ciudadana. En este sentido, es posible evaluar un procedimiento indirecto; empero, no resulta el más adecuado. Se ha planteado que los parlamentarios temen que los consejeros regionales sean electos de manera directa porque están en la Región y sacarían muchos votos. Además, se sostiene que deben resolver el destino de cuantiosos recursos, lo cual les está vedado a los Senadores y Diputados. Y, por ende, se afirma que en tal situación estos quedarían en desventaja. A mi juicio, en ese punto ha habido una traba muy importante para el avance en la elección directa de los consejeros regionales. La fórmula presentada busca superar esas mutuas desconfianzas. Pero, en definitiva, tal vez el mecanismo adecuado para eliminar dicha competencia desleal no sea la elección indirecta, sino otro. Porque no resulta apropiado que el Congreso legisle cuidando sus propios intereses o que los Senadores votemos cautelando nuestras competencias, en circunstancias de que se pretende instaurar un principio de ejecución del gobierno regional con plena autonomía y, sobre todo, con gran legitimidad, la cual solo se obtiene mediante la elección directa por parte de la ciudadanía. Hoy existe elección indirecta. Se vota por una lista, la que, al final, es determinada por los partidos políticos. En consecuencia, no hay participación directa en la generación de nombres, ni legitimidad en la elección de los importantes cargos en comento. Señor Presidente , el debate en general establece claramente esos dos ámbitos. Y en tal línea presentaremos las indicaciones necesarias. Pero me declaro contrario a la posibilidad de crear nuevas circunscripciones sobre la base de la actual legislación binominal. Desde ya, anuncio mi voto en contra sobre el particular. La segunda observación se refiere a la elección de los consejeros regionales de manera indirecta. Pienso que el mecanismo para elegir a aquellos debe ser determinado clara y precisamente, garantizando la legitimidad y la participación ciudadana. No habrá posibilidad de garantizar la existencia de gobiernos regionales fuertes y representativos si no existe efectivamente un consejo elegido en forma directa, democrática, universal. Lo mismo vale para el caso de los intendentes. En efecto, aspiramos a que la máxima autoridad de la Región sea elegida por voluntad ciudadana, con la figura del administrador regional, representante del Ejecutivo, pero con la legitimidad de interpretar fielmente a la Región ante aquel y frente a todos los intereses que se transan en el ejercicio del gobierno regional. Reitero que es posible la elección directa del intendente como máxima autoridad política -no digo del Ejecutivo , pues no se trata de una expresión de federalismo-, con la figura de un administrador que represente el interés del Gobierno y esté dotado de poderes reguladores. En consecuencia, es necesario poner en el debate lo relacionado con la elección directa de los intendentes. Y me declaro partidario de elegir en forma directa a los consejeros regionales y a los intendentes. Ese fue el compromiso que muchos de los Senadores presentes asumieron durante sus campañas. Siento que la concreción de ese mecanismo constituiría un avance en la regionalización y descentralización verdaderas, y no en la "regionalización de baquelita", es decir, en la formulación de un discurso a favor de las Regiones que en definitiva redunde en una legislación que consagre el presidencialismo o la influencia desmedida del Ejecutivo. He dicho. ¡Patagonia sin represas, señor Presidente! El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero ser muy honesto, como todos lo intentamos en nuestras expresiones. Considero que, al final del día, esta reforma constitucional resultará enteramente inútil. No me parece que sea -como argumentó con escepticismo el Honorable señor Cantero - una minucia, sino menos que eso, por la sencilla razón de que todos los objetivos propuestos se pueden lograr sin tocar la Carta Fundamental. Los propósitos que plantea la iniciativa que nos ocupa son tres: que cada Región sea al menos una circunscripción; que los miembros del consejo regional sean elegidos por sufragio universal, y que pueda haber transferencia de competencias desde el Ejecutivo hacia las Regiones. Si alguien dispone de paciencia para examinar el texto constitucional, se dará cuenta de que, sin modificarlo, es posible lograr tales objetivos. En efecto, su artículo 49 dispone: "La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección.". De manera que, si deseamos tener en cada Región a lo menos una circunscripción, es preciso modificar la ley orgánica constitucional respectiva, sin necesidad de reformar el Texto Fundamental. En seguida, se habla de que los miembros de los CORE deben ser elegidos por sufragio universal. ¿Qué establece el artículo 113 de la Carta? Luego de enumerar las facultades del consejo regional, concluye: "y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende, la que regulará además su integración y organización.". Entonces, si queremos que existan consejeros regionales elegidos directamente, modifiquemos la ley orgánica constitucional. No necesitamos reformar el Texto Fundamental. Y, finalmente, la transferencia de competencias se puede realizar, al tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Carta, de la misma manera que propone -o quizá mejor- el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. El texto vigente establece: "La ley deberá determinar las formas en que se descentralizará la administración del Estado, así como la transferencia de competencias a los gobiernos regionales". ¡Ya está consignado! Dicha norma es incluso superior a la aprobada por la Cámara Baja, que dispone: "La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias". Es decir, se faculta al Jefe del Estado , en la forma que señale la ley, para llevar a cabo la transferencia de competencias. El planteamiento que se nos formula es mucho más débil que el del texto vigente. Señor Presidente , llevamos numerosos años discutiendo esta materia. Esta reforma se originó en un proyecto que presentó el Ejecutivo en diciembre de 2003, o sea, hace más de 5 años. Nos hemos dado vueltas, por distintas razones, políticas o no, para aterrizar en una iniciativa que al final no tiene ninguna sustancia. ¿Por qué subrayo lo anterior, señor Presidente ? Porque sobre el tema de la descentralización y la regionalización hacemos lindos discursos -aquí no existen dos opiniones acerca de la necesidad de cambiar la estructura de funcionamiento del país-, pero, a la hora de los "quiubos", algo acontece que no se dan los pasos indispensables para que ello sea realidad. Yo represento a una Región, a una parte de ella -la parte menor, la parte no considerada por las autoridades regionales-, que sufre las consecuencias del centralismo desde hace muchos años. Pero no pasa nada. Sigue igual. Perdón: sigue peor. ¡Si en estos años se ha recentralizado el país, no solamente en lo público; también en lo privado! Porque el sistema y las políticas públicas económicas favorecen las economías de escala y, por lo tanto, se tienden a concentrar. Antes teníamos bancos en distintos lugares de Chile; hoy no hay ninguno que no opere desde Santiago. Por consiguiente, la realidad nos demuestra que el país está atorado por un centralismo que impide el desarrollo armónico de las Regiones. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo .- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega, como Senador, no como Presidente , con la venia de la Sala, por cierto? El señor LARRAÍN .- Desde luego. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo .- Quiero agregar que no solo las políticas públicas tienden a la centralización, sino también la forma como se ha aplicado el modelo económico. Gracias. El señor LARRAÍN .- Bueno, ¡aprovechó de pasar un aviso comercial para corregir el modelo...! Lo cierto es que de eso venimos hablando desde hace mucho rato, sin avanzar ni un metro. Creo que los Gobiernos de la Concertación no han tenido voluntad política para llevar a cabo un proceso de descentralización o de regionalización. ¡Esa es la verdad! Entonces, podemos darnos vueltas, como lo hemos hecho en estos últimos cinco años, para llegar a un proyecto que pareciera decir mucho, que le va a transmitir bastante a la gente, porque se va a hablar con profusión de que ahora los consejeros regionales serán elegidos por votación popular y de que habrá transferencia de competencias, en circunstancias de que, para que eso ocurra, aprobada esta reforma constitucional, será necesario modificar las leyes orgánicas respectivas, que no operan automáticamente. En consecuencia, hemos perdido cinco años, si se quiere, dentro del proceso de regionalización. Por eso soy escéptico de que finalmente algo vaya a ocurrir en esta materia en los próximos años. De partida, esta Administración, que está entrando en su fase final, no dispondrá de tiempo, si tuviera la voluntad, para proceder y convertir aquello en una realidad. Por lo tanto, este es un proceso que, una vez más, se posterga para el próximo Gobierno. Entonces, ¿qué estamos haciendo, señor Presidente ? Lo mismo que hacemos siempre y por lo cual el mundo político se halla tan desacreditado: hablar mucho y pronunciar discursos que no se traducen en situaciones concretas, porque hacer en un proceso de cinco años lo mismo que podríamos haber hecho de inmediato, si hubiera existido la voluntad, significa haber perdido un tiempo precioso desacreditándonos ante el país. En efecto, decimos que estamos haciendo algo importante, en circunstancias de que ello no es así. Es cierto que el texto constitucional propuesto -que establece, por ejemplo, que las elecciones del CORE se harán por la vía del sufragio universal- plantea una exigencia adicional, pero, para que dicha exigencia se traduzca en realidad, hay que modificar la ley orgánica respectiva. Luego, el proceso es el mismo. Y se podría haber realizado, si hubiese existido voluntad. Y ese es el punto central que quiero plantear, señor Presidente : yo no creo que haya voluntad para llevar adelante tal proceso. Aquí no hemos efectuado un debate de verdad sobre el asunto. Incluso, a veces se confunden los temas. Por ejemplo, el del presidencialismo y el del centralismo no son materias que se topen. ¡Si podemos tener sistemas presidencialistas o parlamentarios y modelos centralizados o descentralizados en esos mismos regímenes políticos! Estados Unidos es un sistema presidencialista y, sin embargo, por su carácter federal, es muy descentralizado. Por consiguiente, aquel no es un tema que tenga que ver con un acendrado presidencialismo, sino, más bien, con la forma como se ejerce y se desarrolla ese presidencialismo, con la voluntad de entregar el poder. Pero, a la hora de entregar el poder, -como dicen por ahí, "de noche todos los gatos son pardos"- no hay voluntad, señor Presidente , pues a nadie le gusta hacerlo. Todo el mundo ama el poder, cuando lo tiene, y no lo quiere entregar jamás. Esa es la historia, y es lo que le ha ocurrido a la Concertación. Si uno lee los discursos y los programas de sus Gobiernos, verá que todos son descentralizadores. Van a enterar 20 años y no han descentralizado nada. Podemos preguntarle a la Ministra de la Cultura si acaso hay una verdadera descentralización cultural en Chile. ¡No la hay! Lo he dicho mil veces y lo repito ahora, señora Ministra , ya que está aquí: en mi zona, en las provincias de Linares y Cauquenes , no hay una sala de cine que funcione. ¿Qué actividad cultural real existe en una parte importante del territorio nacional? ¡Cero! Solo queda la televisión y poquito más. Se han hecho esfuerzos y pienso que el Ministerio que usted dirige ha dado pasos en la línea correcta, pero la verdad, señor Presidente , es que nos queda un mundo por recorrer, porque no hay voluntad. Aquí tenemos una cultura política tan centralista, que muchas veces en las propias Regiones la gente dice: "Hay que preguntar a Santiago". "¿Qué dirán en la Capital?". "Vamos a ver allá". "Pidámoslo a la autoridad central". ¡Así no vamos a avanzar! No ha habido un debate real sobre cuál es la estructura de los poderes territoriales que queremos y cuáles son los sistemas de funcionamiento que esperamos. ¿Cuántas y cuáles Regiones debe haber? ¿De qué tipo? El mapa político actual fue diseñado hace treinta años. ¿Alguien ha hecho una evaluación? Entremedio se crearon dos nuevas Regiones. ¿Alguien ha analizado si funcionan bien? ¿Debería haber más Regiones, menos Regiones? Nunca se ha discutido el tema de verdad, nunca se ha evaluado en serio. ¿Qué función cumplen los gobernadores provinciales? Lo hemos dicho una y otra vez: son relacionadores públicos; al final, actúan como agentes políticos que únicamente se dedican a efectuar intervención electoral, porque no tienen otra cosa que hacer. ¿Vamos a transferirles competencias reales? ¡Si hoy día lo podemos hacer! La Constitución lo permite. ¿Les vamos a transferir recursos para que esas competencias funcionen bien? El hecho de que ahora los consejeros sean elegidos, es cierto, les puede dar mayor legitimidad. Pero, si no poseen atribuciones y recursos, se generará una enorme frustración regional, porque vamos a sentir que estamos dando un gran paso, en circunstancias de que, si no hay competencias ni recursos, no avanzaremos absolutamente nada. En fin, señor Presidente, pido excusas por mi escepticismo. Voy a apoyar el proyecto, sumándome a este coro celestial que sigue hablando de regionalización y escondiendo una suerte de hipocresía política que tanto nos ha costado ante la opinión pública -así es como nos vamos desacreditando-, pero la verdad es que no progresaremos un metro, así se apruebe esta reforma constitucional. Hemos perdido mucho tiempo y, si continuamos a este mismo paso, lo seguiremos perdiendo, señor Presidente . He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día. Por lo tanto, el debate de la iniciativa seguirá mañana. --Queda pendiente la discusión general del proyecto.