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El señor LETELIER.-
Señor Presidente , estimados colegas, quiero iniciar mis observaciones rindiendo un homenaje al ex Presidente don Ricardo Lagos , quien, al impulsar el proyecto de ley que creaba un seguro de cesantía, sostuvo que los países que se aprecian como tales van construyendo en forma sucesiva y progresiva una institucionalidad que permite generar ciertas garantías en el mundo del trabajo.
Digo esto porque hoy estamos revisando una ley que muchos de los presentes aprobamos en su momento. Y ella establecía un sistema novedoso, un seguro de cesantía con financiamiento tripartito -distinto al de otros países- con aportes del trabajador y del empleador. En el caso de este último, una parte iría a la cuenta individual y otra a un fondo colectivo. De otro lado, el Estado concurriría en igual forma a dicho fondo colectivo.
Hoy estamos analizando una institucionalidad que, al crearse, sentó las bases que hacen posible este debate.
Estoy convencido de que en ocho o diez años, quizás menos, vamos a revisar esta normativa. ¿Por qué? Porque las leyes referidas a los seguros de cesantía, así como las que se relacionan con los sistemas de pensiones y de previsión, de alguna manera reflejan los niveles de desarrollo y civilización de una nación.
Ellas definen cómo la sociedad se preocupa de sus adultos mayores, de sus viejos, de nuestros padres y abuelos, por un lado, y por otro, cómo entendemos la relación del mundo del trabajo en una sociedad.
En tanto haya seguros de cesantía y sistemas de protección a la cesantía que sean más avanzados, se estará entendiendo que la sociedad en su conjunto sabe que existe una responsabilidad colectiva con el mundo laboral.
Sin duda, vamos evolucionando. Esta reforma permite ampliar beneficios y coberturas.
Hemos planteado en forma insistente que nos gustaría mucho que el paso que estamos dando hoy nos permitiera abrir el Fondo de Cesantía Solidario a mayor cantidad de trabajadores y a quienes tienen contrato a plazo fijo o por obra y faenas. Ello se logra con esta futura ley. Asimismo, establecer -en esto contamos con el apoyo de la CUT y con una negociación que se llevó a cabo-, que se otorguen beneficios adicionales en momentos de emergencia, en situaciones de cesantía excepcionales, como la que se podría vivir este año y que ya se prevé en un punto mayor al promedio de los cuatro años anteriores en cada Región y en todo el país. En cuanto a esto último, se va a activar un aporte extraordinario de dos pagos adicionales de un porcentaje del sueldo, tanto para los trabajadores con contratos indefinidos cuanto para los que tienen contratos a plazo fijo o por obras y faenas.
Este proyecto, sin duda, constituye un avance que se sustenta con la actual fuente de financiamiento. No cabe duda de que se podrían aumentar los beneficios para un rango de trabajadores con niveles de sueldo más altos, por ejemplo, si hubiera una mayor cotización de parte del trabajador, del empleador y más aporte del Estado.
Sin embargo, a pesar de que esta es una reforma más bien modesta, sin duda, conlleva una direccionalidad muy importante.
Algunos, sin perjuicio de lo anterior, hemos planteado que el actual sistema tiene una cobertura muy baja. Nos gustaría que esta, en la medida que se avance con esta ley, fuera mayor. El Honorable señor Larraín en algo tocó ese punto. Entiendo que Su Señoría va en otra dirección, pero comparto su reflexión, porque junto con el Senador que habla representamos zonas donde la mayor fuente de empleo es temporal. Y no es porque la gente no quiera trabajar más. Ello obedece a la realidad de la producción agrícola y, en particular, a lo que es el motor de nuestras exportaciones agrícolas: el sector hortofrutícola.
Son más de 200 mil -algunos sostienen que llegan a 350 mil- las personas que trabajan por temporadas y que conforme a la ley actual no tienen acceso al Fondo de Cesantía Solidario, sino solo a sus cuentas individuales. ¿Ha sido bueno para ellos acceder a estas últimas? Sin duda. ¿Resulta insuficiente? Indudablemente.
Por desgracia, en esta materia el proyecto avanza de manera muy moderada. Porque establece dos requisitos. En primer término, que una temporera o temporero haya efectuado doce cotizaciones en los últimos 24 meses. Eso resulta impracticable para quienes trabajan en los huertos. Quizás se dé en quienes lo hacen en los packing. Pero para los primeros definitivamente no. Y adicionalmente se les exige que registren cotizaciones los tres meses previos a quedar cesantes -eso no sería el mayor problema-, pero con el mismo empleador. Eso sí resulta imposible. Que sean continuas es una cosa, pero la obligación de que sean con el mismo empleador deja fuera absolutamente a todos quienes laboran en los huertos, donde se realiza por lo menos el trabajo temporal masculino. Es decir, en la ley en proyecto no habrá beneficio alguno para ellos más allá de los existentes. Las mujeres son las más estables, diría yo. Quienes conocemos la actividad sabemos que en la agroindustria hay un grupo permanente de ellas que quizás alcancen las doce cotizaciones en los 24 meses. Pero no así las que entran para la cosecha de la guinda, de la manzana o de la pera, lo que depende de cada Región.
Tenemos pendiente un debate, que no se relaciona con el Seguro de Cesantía, pero sí con la mentalidad consignada en el Código del Trabajo.
Lo que necesitamos lograr para los que se desempeñan en labores agrícolas de temporada son contratos anuales con prestación de servicios temporales, donde se les subsidien las imposiciones y las cotizaciones el resto del año. Es la única forma en que ellos podrán acceder a este tipo de esquema. Porque los temporeros tienen que comer todo el año.
El Estado ya hace su aporte, pues los temporeros, con dos meses de cotización, mantienen su derecho a FONASA durante el año. Por su parte, los trabajadores de la construcción, con cuatro cotizaciones, tienen derecho a salud todo el año. En la ley en proyecto se clarifica que los beneficios de salud no se perderán mientras se esté recibiendo Seguro de Cesantía. Ello constituye un avance.
Sin embargo, en el mercado del trabajo temporal existe un problema grave para acceder al seguro de cesantía. Y no se trata de una dificultad de esta iniciativa en sí. Se relaciona con cómo concebimos los contratos laborales de los obreros agrícolas de temporada.
Quiero subrayar ese punto, por cuanto, al escuchar al Senador señor Larraín -sé que la realidad laboral en su zona es muy parecida a la de la mía-, concuerdo en que necesitamos imaginarnos otros esquemas, que permitan a esos trabajadores acceder al Seguro de Cesantía. La pregunta que sigue es obvia: ¿Quién financia un esquema que haga posible que cuenten con contratos anuales con prestación de servicios temporales para, de esa forma, cumplir requisitos que hoy les son inancalzables, por la naturaleza de la actividad en que se desenvuelven?
Dejo planteado lo anterior. Ayer se lo representamos al Ejecutivo como un hecho real.
Entiendo y valoro mucho a la CUT. Pero -claro- esta se preocupa de los sindicatos. ¡Encuentren un sindicato de temporeros que posea permanencia en nuestro país! Antes no entendía, pero ahora sí, por qué durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva se promulgó la ley de sindicación obligatoria campesina. Porque, si no hay una legislación que garantice la existencia de sindicatos, estos no se forman, particularmente en este sector.
En algún momento debemos avanzar hacia un esquema que permita que esos trabajadores tan fundamentales para nuestra industria de exportación puedan ser valorados de otra manera. Hoy, si tratan de organizarse, escuchan la siguiente frase: "Si no te gusta te vas; la puerta es ancha". No se les deja sindicarse en ningún lado. Yo entiendo que la CUT represente a los sindicatos. Llegó a este acuerdo. Pero hay un segmento de trabajadores que con lo convenido no van a ver los beneficios que muchos queremos.
Señor Presidente , lo expongo con mucha fuerza. Hemos conversado sobre el particular con el Senador señor Ominami . Entendemos que la ley en proyecto significa un avance. Pero como bancada deseábamos uno mucho mayor, porque queremos un sistema con garantías.
Mencionaré solo dos puntos.
Además de garantía en salud y de un mecanismo para la educación superior, necesitamos asegurar algún sistema, a fin de que las personas, en particular las de los sectores medios, no sufran crisis cuando están pagando sus viviendas.
Hoy, gracias a las políticas habitacionales de la Presidenta Bachelet, 40 por ciento de los trabajadores de familias de esfuerzo obtienen subsidio del Estado y quedan con casas sin deuda.
No obstante, el problema es de las familias de sectores medios que deben pagar dividendo, pues cuando quedan cesantes padecen una dificultad grave. Y no siempre cuentan con un mecanismo que garantice sus posibilidades de repactar, de cubrir los intereses y no caer en una situación muy compleja para su bienestar familiar.
Creemos que el país se encuentra en condiciones de dar señales y avanzar en esta materia.
Lo relativo a salud ya está garantizado por medio de la ley en proyecto.
Esperamos que por lo menos en educación superior se logre progresar este año en un seguro o en un crédito garantizado, para que nadie tenga que abandonar sus estudios por cesantía de sus padres. Y, a la vez, que se pueda explorar un mecanismo de garantías o de seguros, en particular frente a la cesantía, para el pago de los dividendos o para financiar la renegociación que se producirá.
La ley en proyecto sin duda constituye un adelanto. Va a beneficiar a muchas personas en cuanto a cobertura, en particular en este año con perspectivas de ser más complejo. Pero un avance más contundente requiere que miremos el mercado de trabajo de otra manera.
Planteo mi última reserva.
Ojalá la institucionalidad de intermediación laboral funcione. Eso sí, me reconozco un escéptico. Porque creo que el problema para que a las personas las contraten pasa mucho más por incentivos contundentes en ciertas coyunturas que por mecanismos de intermediación. A veces, dudo de que las OMIL de la mayoría de los municipios tengan algún sentido. Prefiero invertir recursos en capacitación y en incentivos a la contratación cuando hay episodios como estos.
Respecto a la flexibilidad laboral -no se incluye en el proyecto en debate-, ya tenemos un Código muy flexible.
A veces se habla de la indemnización por años de servicio. En verdad, son muy pocos los trabajadores que cuentan con el beneficio de una indemnización de un mes por año de servicio. Se trata de una discusión más ideológica que económica en el mercado laboral real.
En cuanto a la cantidad de afiliados al Seguro de Cesantía Obligatorio, la razón de que haya más de los presupuestados radica en que hay muchos más trabajadores con contratos nuevos que con antiguos.
Lo anterior no impide que para las micro y las pequeñas empresas busquemos un mecanismo que evite lo que se va a producir este año; es decir, cuando haya estrechez económica, que la empresa obligada a pagar indemnización de un mes por año con su capital propio y sin acceso a créditos de ningún tipo, use subterfugios en perjuicio de los trabajadores, como el declararse en quiebra. En tal teoría, los asalariados poseen preferencia en la liquidación. Pero existe un vacío legal para que puedan ejercer ese derecho, lo que hace que deban llevar juicios de dos o tres años.
Dejo planteado lo anterior, pues creo que constituye una materia pendiente en nuestro debate.
Votaré que sí.
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