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El señor NARANJO.-
Señor Presidente , este es el típico proyecto que uno puede analizar desde dos perspectivas: mirando el vaso un tanto lleno o un tanto vacío. Y hay argumentos en una y otra dirección. Porque, lógicamente, nadie puede desconocer que esta iniciativa constituye un avance, ya que significa mejoras importantes para los trabajadores, en términos de más cobertura, de mejores y más beneficios. De ello no existe duda alguna.
Sin embargo, tengo la impresión de que el proyecto no recoge en toda su dimensión la realidad del mercado laboral en Chile. Más aún, yo diría que se trata de la particular mirada urbana que se da sobre la situación laboral en nuestro país.
Se ha señalado aquí, y con razón, que, si bien es cierto que esta vez se incorpora a trabajadores con inestabilidad laboral -es un avance que hay que reconocer-, el problema estriba en que no se da cuenta de la heterogeneidad y de las especificidades de las actividades productivas en el sector agrícola, por centrarlo en ese trabajo estacional.
Nadie puede desconocer que aproximadamente el 10 por ciento de nuestra fuerza laboral la constituyen trabajadores de temporada. Y, no obstante que el proyecto permite incorporar a esa gente al seguro de cesantía, creo que no va en la dirección correcta. Y voy a poner ejemplos que dan cuenta de la particularidad y especificidad de las labores agrícolas.
Si uno quisiera fijar la mirada en quienes trabajan en la actividad de la fruticultura, vería que existen, por decirlo de alguna manera, cuatro etapas: la poda, que es un trabajo estacional; el raleo, que se caracteriza por ser una labor temporal; la cosecha, y el manejo poscosecha. Sin embargo, cada una de esas fases del proceso productivo no son continuas.
Entonces, el requisito de que los trabajadores al menos cumplan tres meses de continuidad con el mismo empleador difícilmente tendrá lugar. Por tanto, las exigencias establecidas a los temporeros, que además son los que laboran en condiciones más precarias, los dejan absolutamente al margen de los beneficios de este proyecto.
Quizás -se ha señalado aquí y quiero reiterarlo- quienes se desenvuelven en actividades de poscosecha en packing y frigoríficos alcancen los 3 meses de continuidad. Pero no cumplirán con el otro requisito anterior: completar 12 meses de trabajo dentro de los últimos 24 meses (por ejemplo, 6 meses continuos durante cada año; o 8 meses en uno y 4 en el otro). En la práctica, tal exigencia difícilmente la va a cumplir un trabajador de temporada.
En ese sentido, no obstante reconocer que el proyecto significa un avance, tengo la impresión de que los trabajadores de temporada deberán seguir esperando, dado que no se les está considerando al abordar de esta manera la crisis en el empleo que afectará al país. Porque la iniciativa fue enfocada con una mirada urbana; pensando en los habitantes de las ciudades, en quienes tienen labores estables y contrato de trabajo. Estos, de algún modo, se verán beneficiados con la iniciativa en análisis.
Sin embargo, muchos de los parlamentarios aquí presentes representamos zonas donde la estructura laboral y la heterogeneidad de las actividades productivas que se desarrollan en ellas, son totalmente distintas de las de los grandes centros urbanos. Y a esas personas no se las considera, por lo menos en este proyecto, para ayudarlas a paliar la crisis por la falta de trabajo.
Quizás tal situación se puede mirar desde una perspectiva distinta y decir que la gente de Regiones donde la actividad principal es la silvoagropecuaria se halla en mejores condiciones para enfrentar el desempleo porque esta circunstancia la viven anualmente, ya que por la inestabilidad laboral acostumbran a trabajar 3, 4 ó 5 meses en el año. En definitiva, su vida laboral los ha obligado a desarrollar estrategias de subsistencia conforme a los denominados "meses azules", que corresponden a los del otoño, invierno y parte de la primavera.
Por lo tanto, en caso de desempleo, esas personas -por ejemplo, de la Séptima Región que represento, de las provincias de Linares y Cauquenes- serán capaces de capear de mejor manera la ola, porque siempre en otoño e invierno quedan sin trabajo.
Sin embargo, la gracia hubiera sido que este proyecto, por primera vez, considerara la situación de desempleo estacionario que les afecta.
No tengo duda alguna de que los habitantes de las zonas con actividad productiva centrada principalmente en la silvoagricultura estarán en mejores condiciones para enfrentar el desempleo. Porque, insisto, ellos ya han definido una estrategia de subsistencia y saben lo que deben o no deben hacer en los meses de otoño e invierno. Distinta es la situación en los centros urbanos, donde la gente no sabe qué hacer cuando no tiene trabajo.
Por eso digo que esta iniciativa uno la puede mirar desde el punto de vista del vaso un tanto lleno o un tanto vacío. Nadie puede negar que constituye un avance importante, porque evidencia una mayor cobertura y más beneficios para los trabajadores.
No obstante, hubiera preferido que esta vez se considerara la real estructura laboral de nuestro país. Si uno ve las cifras actuales de estabilidad en el empleo, estas indican que cada día hay menos gente con trabajo estable o durante todo un año. La mayoría no lo tiene garantizado por 12 meses, y así ocurre a lo largo de su vida laboral.
A lo mejor, algunos dirán que hay que aprobar a como dé lugar este proyecto de ley porque así lo exige el momento económico del país. Pero hubiera esperado mayor flexibilidad de parte del Gobierno y que mirara hacia ese otro mundo laboral, que -insisto- es el que se desenvuelve en condiciones más precarias y recibe las peores remuneraciones, para favorecerlo y no excluirlo. Porque las dos condiciones que se exigen: 12 cotizaciones en 24 meses o 3 meses seguidos, son imposibles de cumplir.
No obstante señalar las deficiencias del proyecto, igual voy a votar a favor de él, porque sé que es necesario para otros trabajadores.
He dicho.
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