-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640745/seccion/akn640745-po1-ds7-ds21
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3688
- rdf:type = bcnres:Participacion
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/2
- rdf:value = "
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, lo que los trabajadores esperan del Gobierno y de los empresarios es una responsabilidad compartida para que haya empleo y no se deba recurrir al seguro de cesantía.
El objetivo vital, necesario, es el compromiso tanto del Estado como de los privados en el sentido de que van a utilizar la herramienta legal del despido, del cese laboral, de la vacante, de acuerdo a las necesidades y no con otro objetivo.
Digo lo anterior porque, durante los últimos días y semanas, en diversos conflictos laborales se han registrado, al término de huelgas legales respaldadas por la negociación colectiva, despidos abrazados a una fundamentación que, por más que se la mire, "no tiene por donde". Empresas que siguen ganando mucho dinero, produciendo de manera adecuada, proceden a despedir, y precisamente a quienes han participado en movimientos legítimos, protegidos por la ley, destinados a defender los derechos laborales.
Hemos comenzado el año insertos en una crisis económica mundial, tras vivir en la práctica dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB. Y ello es muy importante, porque puede determinar si lo que estamos haciendo ahora es suficiente o no.
El PIB cayó 0,1 por ciento el tercer trimestre de 2008, y todo indica que las cifras serán peores.
Deberemos debatir al respecto con el Ministro de Hacienda .
Las cifras del IMACEC dadas a conocer indican que en noviembre último hubo un crecimiento marginal de 0,1 por ciento, acumulando en un año 3,7 por ciento. ¡El crecimiento más bajo desde el 2002!
El impacto del empleo se dimensiona mejor si vemos las cantidades entregadas en noviembre.
Producción industrial, -5,7 por ciento; ventas industriales, -6,6 por ciento; producción minera, -5,7 por ciento; exportaciones, -19,2 por ciento; importaciones, -14 por ciento.
A nivel mundial, las cifras son más alarmantes. Los países presentaron enormes caídas de la producción industrial en noviembre del 2008 con relación a igual mes del año anterior. Por ejemplo, Alemania: -10 por ciento; España : -15 por ciento; Corea del Sur: -14,1 por ciento; Reino Unido: -7,4 por ciento; Rusia : -8,7 por ciento; Brasil: -6,2 por ciento.
Expreso lo anterior porque Chile no será la excepción. Y una de las incógnitas que deberemos despejar es si este proyecto sobre seguro de cesantía se encuentra acorde con las perspectivas de crecimiento y, particularmente, de protección del empleo. Porque si cae la economía, cae la ocupación.
En tal sentido, quisiera escuchar del Gobierno que, si se requiere otra ley -tengo la convicción de que será necesaria- para establecer mejores condiciones en materia de seguro de desempleo, presentará el proyecto respectivo.
Ello va a depender del curso de la economía. Y, como ha dicho Paul Krugman -Premio Nobel de Economía, asesor de Obama, quien asumió hoy día, 20 de enero, en una fecha histórica para la Humanidad, y en especial para Estados Unidos-, las cosas van a empeorar antes que mejorar. Eso ha sido sostenido también por el nuevo Presidente de Estados Unidos , quien determinó inyectar desde el Estado a la economía norteamericana 850 mil millones de dólares.
Por lo tanto, en ese contexto discutimos hoy este proyecto sobre seguro de cesantía.
Sobre el particular, me parece indispensable tener presentes al menos cuatro elementos.
En primer lugar, debemos construir para los cesantes nuevos un sistema que considere los vaivenes que estamos viviendo.
Hoy se requiere, más que nunca, sacar lecciones de la crisis. A mi entender, la gran enseñanza en la actual coyuntura económica -ha sido acogida por todas las naciones del mundo- es que el rol del Estado sigue siendo esencial y que los países requieren mecanismos de protección social fuertes, donde el Estado es imprescindible.
Aquí debe quedar claro que la alianza estratégica público-privada tiene que funcionar en las buenas y en las malas, en los períodos de vacas gordas y en los de vacas flacas. Cuando hay desarrollo de la economía, alianza público-privada para producir más; cuando existe restricción en la economía, alianza público-privada para hacer frente a flagelos como el de la desocupación.
Frente a ello, estimo indispensable, al discutir este mecanismo de protección al cesante, tener claro que debemos asignar al Estado -un Estado regulador, pero también con restricciones- un rol significativo.
Eso no ocurre en el proyecto que nos ocupa. En mi opinión, claramente, persiste una desconfianza casi crónica con respecto al Estado.
Creo impostergable que el Estado asuma un rol que le permita otorgar subsidios de cesantía reales.
Sobre el particular -insisto-, yo habría preferido un subsidio al empleo dentro de la empresa y no un subsidio al desempleo. Es decir, si una empresa va a quebrar porque bajaron las importaciones, subieron los insumos, en fin, lo que podríamos hacer -y creo que vamos a terminar en eso; ojalá me equivoque- sería preguntarle cuánto requiere para no despedir, cómo subsidiamos el sueldo base al interior de ella. Porque al Estado debería convenirle más mantener a los trabajadores dentro de la empresa que subsidiar el proempleo afuera.
En mi Región hay 14 mil 300 programas proempleo. Se destinan 25 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 50 por ciento del FNDR, y no se soluciona el problema. Entonces, se ha arraigado una forma inviable de ofrecer trabajo. No es viable que el Estado otorgue empleos directos. Debe existir protección al empleo dentro de la empresa: alianza estratégica público-privada.
El segundo elemento dice relación a que el actual sistema de manejo de fondos implementados por las AFP es extraordinariamente frágil. El 2008 terminó con pérdidas superiores a los 21 mil millones de dólares para los usuarios. Si consideramos el momento en que los fondos tuvieron su valor más alto, aquellas se acercan a los 50 mil millones de dólares nominales. Y a lo anterior debemos sumar el hecho de que quienes jubilan reciben pensiones muy inferiores a las entregadas por el sistema antiguo, situación que viene ocurriendo desde hace años y no es producto solo de la coyuntura de la actual crisis.
Por ello, creo indispensable darle una vuelta al asunto.
Si queremos que el Fondo de Cesantía utilice el modelo ineficiente del decreto ley N° 3.500, la permisividad básicamente será la misma, porque se dispone que "El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos mencionados (¿) no podrá ser inferior al 50% ni superior al 80% del valor del Fondo de Cesantía".
En esta materia, a mi entender, los mecanismos de control deben ser extraordinariamente rigurosos. Lo que no podría ocurrir sería que, después de la pérdida de los referidos 50 mil millones de dólares, una crisis de recaída pudiera terminar con grave deterioro para los fondos de cesantía. Eso sería insoportable.
Por ello, las enseñanzas deben extraerse de la crisis. El Banco Central tiene que informar, al igual que la Superintendencia del ramo; el Consejo Técnico de Inversiones debe jugársela. Y alguien ha de responder.
Por consiguiente, si votamos por la aplicación del decreto ley N° 3.500 y permitimos inversiones accionarias fuera del país, alguien tendrá que responder ante los trabajadores. Y ese alguien será el Estado.
Es indispensable, pues, acotar las posibilidades de inversión, ya que la historia reciente demuestra la fragilidad del sistema. Ello no puede ocurrir con los fondos de cesantía de todos los chilenos.
Como tercer elemento, considero correcto ampliar los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario a todos los trabajadores, independiente del tipo de contrato que tengan, sean del sector público o del privado.
Seamos claros. Aquí la cobertura no ha sido superior al 6 por ciento. O sea, el seguro que aprobaremos tiene una bajísima cobertura, no solo en el mundo rural, sino también en el de trabajadores con rentas variables, y particularmente dentro del ámbito industrial.
¿Qué pasa con el trabajador que no cumple los 6 meses de cotizaciones? ¿No tiene derecho a comer? ¿Qué sucede con aquel que reúne 12 cotizaciones pero sin que las últimas tres sean continuas y con el mismo empleador? ¿Con qué mecanismo vamos a ayudar a esos trabajadores?
Eso no lo responde el proyecto. Por cierto, vamos a aprobarlo, porque significa un avance. Pero tiene vacíos que, en definitiva, responden a una elaboración pensada sobre la base de determinada estadística.
Por otro lado, considero incorrecto aumentar las causales de pérdida del beneficio en comento.
Si un trabajador no se inscribe en la Bolsa Nacional de Empleo, no lo recibe.
De otro lado, no se cobra el mes siguiente después de haber encontrado empleo.
Todos sabemos que cuando hay desocupación se acumulan deudas, morosidades. Y la verdad es que, aun habiendo conseguido trabajo, el mes que viene de inmediato es muy duro.
El actual mecanismo, que permite cobrar el mes siguiente a aquel en que se encuentra empleo, otorga más tranquilidad. Pero se elimina esa posibilidad. Y me parece una decisión incorrecta, porque lleva a revivir el mecanismo de la eterna "bicicleta plástica", con la tarjeta del supermercado, etcétera.
El pago del mes siguiente a aquel en que se consigue trabajo posibilita cierta estabilidad económica. De modo que la supresión del mecanismo pertinente es, en mi concepto, inadecuada. Y ojalá se corrija el punto, aunque parece difícil, porque el proyecto está a punto de ser despachado. En todo caso creo que la resolución va a "traer cola", lo cual será negativo.
Pienso, además, que el artículo 28 tiene que ser corregido (ya no alcanzamos a hacerlo).
Por una parte, se deben considerar a lo menos dos meses para la concurrencia de las causales expuestas.
Por otra, hay que restringir el ofrecimiento de una remuneración igual o superior al 50 por ciento de la última devengada. Porque a un trabajador pueden decirle: "Te pago tanto. Esto es igual o superior al 50 por ciento de lo que ganabas". Por cierto, eso es aceptable, aunque reciba la mitad, pero siempre que no sea inferior al sueldo mínimo. Porque sabemos que existen diferentes remuneraciones. O sea, en el caso de las superiores a la mínima, el ofrecimiento de 50 por ciento del sueldo mínimo en la mayoría de los casos va a transformarse en un abuso.
De otro lado, aspirábamos a que en este proyecto de ley hubiera un bono específico de transporte que permitiera salir a buscar empleo.
Para ese efecto, hay que pagar locomoción dos, tres, cuatro, cinco veces al día. Entonces, si queremos incentivar la búsqueda de ocupación, es necesario un bono de transporte al margen del seguro de cesantía. Porque este es para mantener a la familia, para asegurar su alimentación, no para gastarlo buscando empleo. De modo que aquel bono específico para el efecto indicado debiera adquirir forma. Y si no se halla en esta iniciativa, hay que jugársela para su incorporación en la que vendrá. Porque va a venir otra.
Me parece indispensable que el Estado considere el Fondo de Cesantía Solidario de manera mucho más significativa.
El actual aporte fiscal es poco menos de 13,7 millones de dólares al año. De acuerdo a los antecedentes adjuntos al proyecto en debate, solo 3 por ciento de los beneficios otorgados por el seguro de cesantía es financiado por el Estado. Por lo tanto, son bastante restrictivas las tasas de reemplazo que se han observado en los años de funcionamiento del seguro. Particularmente, queda demostrado el bajo nivel de sustitución del ingreso laboral cuando se trata de financiamiento exclusivo por cuenta individual.
En tal sentido, el aporte estatal sigue siendo bajísimo. La tasa de reemplazo del primer giro de los afiliados que acceden a la prestación es de aproximadamente 45 por ciento de la remuneración líquida. No es que la gente tenga un sueldo completo. Y la mayoría de los trabajadores adscritos al beneficio reciben solo un mes de aquel.
Por eso, me habría gustado que el aumento fuera, no a siete meses (cinco, más dos adicionales), sino hasta un año.
La cifra dada en cuanto a que se está encontrando empleo a los siete meses de haber quedado cesante se desmiente por la realidad, durante la conversa diaria con los sindicatos y con los propios ex trabajadores, quienes dicen tardar hasta un año tres meses en hallar una nueva ocupación.
Sería bueno conocer los ejemplos, porque la determinación del número de meses a pagar tiene que hallarse acorde con datos fehacientes. Y todo indica que la gente está encontrando ocupación real después de 10, 12 o más meses.
Es menester, señor Presidente, hacer claridad sobre el reglamento que se va a aplicar. Porque al final, a no dudarlo, el espíritu de la ley en proyecto debiera ser respetado. Y allí los Ministerios del Trabajo y de Hacienda van a establecer requisitos para ser beneficiario y criterios de elegibilidad.
Al respecto, puede existir más flexibilidad. Y si hay mayor flexibilidad, tiene que ser acorde con los planteamientos aquí formulados acerca de los trabajadores temporeros del campo y de aquellos que están dentro de las empresas, procurando que el mecanismo para la determinación del monto de las remuneraciones no sea excesivamente rígido.
En definitiva, debería tratarse de un reglamento que flexibilizara a favor de los trabajadores.
Espero que, cuando lo dicten, ambos Ministerios tengan a la vista el debate habido en esta Sala, durante el cual han opinado parlamentarios de Gobierno, de la Concertación, y quienes no están en uno ni en otra, para apuntar hacia un mismo objetivo: atenuar el drama de la desocupación mejorando mucho más el seguro de cesantía, que ayuda, es bueno, pero no suficiente.
En todo caso, felicito al Ejecutivo . Y vamos a seguir apoyando este avance. Pero se nos quedan afuera situaciones importantes.
En mi concepto, el compromiso mínimo que debe contraer el Gobierno, por intermedio de los Ministros que nos acompañan, es decir, primero, que el Fisco va a pagar a tiempo para que los subcontratistas de los SERVIU y de numerosas otras dependencias no tengan que eliminar gente (porque los retrasos en los pagos, particularmente en Obras Públicas y en Vivienda, han generado bastantes despidos). Y segundo, que el Estado no va a despedir, que restringirá la salida de trabajadores a contrata o a honorarios. Como lo expresó el Senador García, la mayoría o la totalidad de los Senadores estamos porque aquellos sí se encuentren integrados. Sin duda, hay un problema económico que amerita debate. Pero el Estado no debiera recurrir a la herramienta del despido. Y eso tendría que ser visible y claro, pues se trata de la mejor señal hacia el sector privado. Porque si el Estado despide, no estará en condiciones de pedirles a los particulares que no lo hagan.
Por tanto, confío en que el Gobierno proceda así.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640745/seccion/akn640745-po1-ds7
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640745