PERFECCIONAMIENTO DE SEGURO OBLIGATORIO DE CESANTÍA El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- En primer término corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona el seguro obligatorio de cesantía e introduce cambios a otras normas legales, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (6036-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 84ª, en 13 de enero de 2009. Informe de Comisión: Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 87ª, en 20 de enero de 2009. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los objetivos principales del proyecto se relacionan con la introducción de modificaciones al seguro de cesantía obligatorio establecido por la ley Nº 19.728, para permitir que los trabajadores cesantes dispongan de una más amplia protección social, principalmente a través del mayor acceso al Fondo de Cesantía Solidario; aumentar el número de beneficiarios de dicho Fondo, dado que se incorpora en el régimen general del seguro a trabajadores contratados a plazo para una obra, labor o servicio determinado, y extender el número de causales de término de la relación laboral que permiten acceder al beneficio. Además, se crea una Bolsa Nacional del Empleo, para lograr una mejor y pronta reinserción de los afiliados al seguro. Las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social aprobaron la iniciativa en general por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona, Frei, Letelier y Ominami. Cabe consignar que tanto la Honorable señora Matthei como los Senadores señores Allamand y Escalona votaron en su calidad de miembros de ambos órganos técnicos. En lo que respecta a la discusión en particular, las Comisiones unidas efectuaron diversas modificaciones al texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, todas ellas acordadas en forma unánime. Es necesario tener presente que los números 2) a 10 bis), 12) a 14), 16), 26), 27) y 30) del artículo 1º, el artículo 2º, así como los artículos primero, segundo y octavo transitorios, tienen el carácter de normas de quórum calificado, por lo que requieren el voto conforme de 20 señores Senadores. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- En discusión general y particular. Tiene la palabra la Honorable señora Matthei . La señora MATTHEI.- Señor Presidente , este proyecto de ley contempla una serie de nuevos beneficios en materia de seguro de cesantía. El primero de ellos es que mejora las condiciones bajo las cuales los trabajadores con contrato de plazo indefinido pueden acceder a la cuenta solidaria. Pero, además, por primera vez se da la misma posibilidad a los trabajadores de plazo fijo. Ha habido bastante discusión sobre este último punto. Mucha gente dice: "Estas personas saben cuándo van a quedar cesantes, porque se hallan enteradas de cuánto demora su proyecto". La cuestión radica en que, si bien ello es así, no tienen idea de cuándo van a volver a obtener un empleo. Y, por lo tanto, aunque en el caso de estos trabajadores las condiciones de cesantía son muy distintas de las de aquellos que cuentan con un contrato de duración indefinida, estimamos que sí debieran tener acceso a la cuenta solidaria. Ahora, también es efectivo que muchas veces los contratos a plazo fijo pueden ir adecuándose de tal manera de optimizar el acceso a la cuenta solidaria y, en el fondo, extraer todos los beneficios posibles cada dos años y medio. Por eso, solicitamos -y se obtuvo- que se incorporara una modificación al respecto, de modo que para estos trabajadores se llevara un estudio actuarial separado de aquellos con contratos de duración indefinida, de modo de saber con exactitud cuánto están aportando y cuánto extrayendo de la cuenta solidaria. Porque no queremos que un sector finalmente termine subsidiando al otro. Entonces, señor Presidente , nos parece razonable que se introduzca la posibilidad de acceder al beneficio, pero con un debido cuidado, de forma de no perjudicar a los trabajadores de duración indefinida, cuyo tipo de contrato, por lo demás, quisiéramos que fuese la norma. Eso es, lejos, lo mejor para el empleo. Por otra parte, se nos han acercado muchos pequeños y medianos empresarios para señalarnos que, por las dificultades que se viven en este momento en la economía nacional y, sobre todo, la internacional, han experimentado una baja sustancial en la demanda por sus productos o servicios. Y, por lo tanto, tienen que adecuar sus costos a los menores ingresos que van a obtener en el próximo tiempo. Una forma de adaptar los costos, por desgracia, es la reducción de las remuneraciones, lo cual en Chile no es posible, o el despido de trabajadores. Pero, en esta última situación, las pymes -que, por lo general, tienen muy poco acceso al crédito- nos señalan que ello es sumamente difícil, porque deben pagar 11 meses cuando se trata de alguien de larga permanencia en la empresa. Algunas de esas entidades nos han dicho: "¿Cómo va a ser lógico que la mejor manera de adaptarnos a las dificultades económicas que estamos experimentando sea la quiebra? En ese caso, en vez de perder el empleo uno, dos o tres trabajadores, van a perderlo todos, porque, sencillamente, no tenemos de dónde sacar el dinero para pagar 11 meses por cada puesto que debamos reducir". Lo expresamos ayer en la Comisión: cuando uno revisa las cifras, advierte que la indemnización por años de servicio rara vez se paga en forma completa. Las únicas oportunidades en que ello sí ocurre es cuando las grandes empresas echan a altos ejecutivos. En el caso de los trabajadores comunes, por lo general las empresas terminan negociando con ellos y les pagan mucho menos de lo que corresponde. Si el afectado no se conforma, debe recurrir a la justicia para tratar de obtener lo que pueda. Y esa es una situación que no está mejorando, por lo tanto, la realidad de los trabajadores; que está oponiendo tremendos obstáculos para que la pyme se adapte a condiciones como las de hoy día, de extrema dificultad, y que, en el fondo, está atentando contra el empleo. Lo ideal sería, en consecuencia, que pudiéramos avanzar hacia un sistema que realmente brindase una protección mucho mejor, mucho más digna, cuando tiene lugar el desempleo. Dios quiera que el año en curso no traiga un aumento de este último, pero ello puede ocurrir. Y si bien creemos que el perfeccionamiento que nos ocupa va en una dirección correcta, en realidad es preciso abordar lo relativo a la indemnización por años de servicio, porque, probablemente, provocará más cesantía en vez de frenar el despido de los trabajadores, que fue lo que en general se perseguía con la legislación original. Esto afecta especialmente a las pymes. Las empresas grandes siempre tienen el dinero provisionado y no enfrentan ningún problema para pagar la indemnización de un mes por año de servicio. Otra cuestión que abordamos fue lo concerniente a los cursos de apresto y a cómo lograr que los trabajadores pudieran acceder en forma más rápida a una ocupación o hallar una mejor. En ese sentido, se crea la Bolsa Nacional de Empleo, mecanismo de información electrónica que indicará cuáles son los trabajadores cesantes, qué empleadores están ofreciendo trabajo y cómo lograr un más conveniente encuentro entre ellos. El texto fue perfeccionado en ese aspecto y creo que quedó mucho mejor que como había llegado al Senado. De cualquier modo, se asegura que no podrá gastarse más del 2 por ciento del Fondo en cursos de apresto, los cuales podrán ser realizados por las OMIL o por entidades privadas. Y se hará un seguimiento para ver si ellos logran un acceso más rápido al empleo o a uno mejor. En resumen, creemos que todas estas materias fueron abordadas en forma impecable. En general, la nueva normativa contribuirá a una mayor protección de los trabajadores y por eso la Alianza la votará a favor. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear. La señora ALVEAR.- Señor Presidente , tal como se ha señalado, nos encontramos frente a un proyecto de gran envergadura, en especial considerando la crítica situación económica mundial y los efectos que ella tendrá sobre nuestro país, los cuales han hecho que el Gobierno reaccione -a mi juicio, oportunamente- enviando esta y otras iniciativas legales que permitirán adelantarnos a una situación que esperamos podamos salvar de la mejor manera posible. Un proyecto como este, que perfecciona el seguro de cesantía, trae, sin duda, tranquilidad a nuestras familias en momentos tan difíciles como cuando el jefe o jefa de hogar cae en situación de desempleo. Sin embargo, debo decir, con mucha franqueza, que me habría gustado -y así lo expresé en las distintas sesiones de las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo- que hubiese sido algo más ambicioso, tal como lo propusimos hace dos años. En efecto, en esa ocasión, la bancada de la Democracia Cristiana hizo presente la importancia de contar con un seguro de cesantía similar al que existe hoy en salud con el Plan Auge, por la vía de establecer un conjunto de garantías explícitas en materia de empleo, de tal manera que, cuando una persona quedara cesante, se activaran inmediatamente distintos mecanismos de protección exigibles por el ciudadano. Las garantías podrían ir aumentando en la medida en que el país fuera mejorando sus condiciones económicas, en una forma parecida a como el Plan Auge ha ido incrementando su cobertura. A nuestro juicio, tales garantías explícitas deberían ser de dos clases: la primera, una garantía explícita de protección contra el desempleo, y la segunda, una garantía explícita de reinserción laboral. La garantía explícita de protección contra el desempleo debería considerar, en nuestra opinión, lo siguiente: 1.- Una tasa de reemplazo o prestaciones dirigidas a conservar la capacidad de gasto, como las que se contemplan en el proyecto que hoy aprobaremos. Hay ahí un avance muy importante en materia de cobertura del seguro. 2.- Un crédito universitario automático para los hijos de trabajadores que pierdan su empleo. Se trata de una de las causas de angustia más grandes que los padres enfrentan: cuando han logrado que un hijo entre en la universidad y mientras este se halla cursando sus estudios, se produce la cesantía y, lamentablemente, muchas veces deben retirarlo de la institución, generándose una situación bastante dramática. He conversado largamente sobre el punto con las autoridades de Hacienda, las que me han asegurado -ayer lo corroboró el Ministro en la sesión de la Comisión- que si bien esta materia no se encuentra recogida en la presente iniciativa legal, sí lo estará en otra posterior que, a mi modo de ver, constituirá un avance muy significativo. 3.- Mantención de la cobertura en salud, lo cual nos parece algo fundamental. En ese sentido, valoramos mucho que el punto haya sido recogido en una indicación que el Ejecutivo presentó a las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y que dichos órganos aprobaron ayer, de manera tal que los trabajadores puedan acceder a las prestaciones de salud del Fonasa en cualquiera de sus modalidades, incluida la libre elección. 4.- Seguro hipotecario de cesantía, con el fin de evitar ejecuciones de hipotecas causadas por desempleo y de abrir espacios de alivio en el pago de los dividendos. Creemos que facilitar los costos de transacción de las repactaciones puede ser una medida que tranquilice muchísimo en este ámbito. Ello no se encuentra recogido en el proyecto que nos ocupa, pero esperamos que sea una cuestión que el país aborde en otro momento. La segunda garantía explícita es la relativa a la reinserción laboral. En el proyecto que, espero, aprobaremos en el día de hoy, se contempla una capacitación que permitirá a los trabajadores cesantes mejorar sus condiciones para buscar un nuevo empleo. En el mismo plano, debería haber una intermediación para encontrar un trabajo a través de gestiones determinadas con precisión dirigidas a reinsertar al trabajador en el mercado laboral. Para ello habría que mejorar profundamente nuestro sistema de oficinas municipales de intermediación laboral. Por último, nos parece fundamental que haya dinero para transporte dirigido a encontrar un nuevo empleo. Un cesante no posee recursos ni siquiera para pagar la locomoción que le permita asistir a entrevistas de trabajo o buscar otras fuentes de ocupación. Señor Presidente , el proyecto me parece un gran avance y considero muy oportuno aprobarlo en enero, antes de que tengamos mayor cantidad de cesantes. Para actuar con realismo y facilitar su despacho, la bancada democratacristiana ha centrado sus planteamientos en algunos de los elementos claves ya mencionados. Uno es el crédito universitario automático, que si bien no viene en esta iniciativa, se incorporará en una posterior, según lo expresó el Ministro de Hacienda . El otro es la mantención del mismo tipo de cobertura en salud que los trabajadores tienen en la actualidad, sin caer en el nivel o letra de Fonasa mientras conserven las prestaciones del sistema de seguro de cesantía. A pesar de las resistencias iniciales, estas medidas, así como las sugeridas por otros señores Senadores, fueron recogidas. En esta materia, señor Presidente , es importante que como país seamos capaces de abordar y asegurar otro tipo de prestaciones. Si bien el presente proyecto avanza en esa dirección, nosotros deberíamos plantearnos nuevos objetivos a futuro. Desde luego, los trabajadores de la Administración Pública están excluidos del sistema, lo que hace que un número considerable de trabajadoras y trabajadores chilenos no cuenten con un instrumento tan relevante como el seguro de cesantía. Me parece fundamental haber logrado acuerdo sobre la materia; que el tema haya sido tratado con celeridad; que el Ejecutivo se haya abierto a trabajar con los Senadores para mejorar el proyecto, y que, en definitiva, este haya sido aprobado por unanimidad en las Comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda, votación que espero se repita aquí en la Sala. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand. El señor ALLAMAND.- Señor Presidente , quiero hacer algunos comentarios adicionales a lo ya expresado por las Senadoras señoras Matthei y Alvear . Efectivamente, esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en las Comisiones unidas -la Cámara de Diputados la había acogido en la misma forma-, introduciéndole un conjunto de perfeccionamientos, los que fueron concordados por los equipos técnicos del Ejecutivo, de la Concertación y de la Alianza. La verdad es que las circunstancias en las cuales se debió enviar el proyecto han exigido una tramitación particularmente expedita. Por ello, como se señaló, en esta oportunidad quedaron sin abordar diversas materias, a las que ya se refirieron las Honorables colegas recién mencionadas. Voy a detenerme muy levemente en un aspecto de especial importancia y que estuvo presente, no tanto en el debate sino más bien en el intercambio de opiniones previo a la aprobación del proyecto: en el de la situación que existe con el actual sistema de indemnizaciones por despido. Al respecto, señor Presidente, se puede constatar una suerte de triple paradoja. En primer lugar, cabe preguntarse a quién beneficia el sistema vigente. Si uno examina sus requisitos, observa que el universo de personas a las cuales protege es bastante reducido. ¿Por qué digo esto? Porque beneficia únicamente a trabajadores con contrato de duración indefinida, con más de 12 meses de cotizaciones y que sean despedidos por necesidades de la empresa. Los cálculos sobre la materia indican que hoy el universo al cual podría aplicársele no es superior al 6 por ciento de la masa laboral. Por lo tanto, la primera paradoja es que, desde el punto de vista de los números, la cobertura resulta extremadamente baja. La segunda -a mi juicio, incluso más significativa que la anterior-, es la siguiente. Alguien podría decir: "Sí, es un instrumento con baja cobertura que no está cumpliendo su objetivo, pero no perjudica a nadie". Bueno, eso es un error. El actual esquema tiene, objetivamente, efectos nocivos: genera incentivos en la dirección incorrecta y origina conductas que no van en el sentido que corresponde. Tengo aquí una pequeña lista, bastante evidente, que respalda lo que estoy señalando. El sistema, por la forma en que se encuentra establecido, en los hechos no permite a un trabajador que recibe de otra empresa una mejor oferta de empleo, con mayor remuneración, renunciar al que ya tiene, por una razón muy simple: porque el efecto práctico de esa renuncia es que se desvanece absolutamente su eventual derecho a indemnización. Ahora bien, desde el punto de vista de los empleadores, cualquier alza de remuneraciones que pueda ser siquiera imaginada trae de la mano de inmediato, en caso de despido, un aumento de las indemnizaciones. En consecuencia, la normativa vigente desincentiva, por un lado, al trabajador que pretenda cambiarse a otro empleo donde le pagarían mejor, y por otro, al empleador que se muestre dispuesto a incrementar las remuneraciones. Naturalmente, con tal criterio, el sistema en su conjunto inhibe la contratación. Y otra consideración que uno podría hacer es la siguiente. Supongamos que una empresa cualquiera inicia tareas de expansión, pero los negocios no funcionan y es preciso efectuar una reducción o ajuste de personal. La lógica de cualquier ajuste -que, por supuesto, a nadie le gusta hacer- debiera ser siempre la de privilegiar la productividad, es decir, que permanezcan en su puesto los trabajadores que efectúen mayores aportes en ese plano. Pero el sistema funciona exactamente en la dirección opuesta, porque no se valora el aporte a la productividad, sino algo que va en sentido inverso, como es la antigüedad. Por si todo lo anterior fuera poco, es indudable que un mecanismo de esta naturaleza impulsa a que las contrataciones sean a plazo fijo y no a plazo indefinido. En síntesis, el sistema en vigor conlleva tres paradojas: primera, registra baja cobertura; segunda, no es neutro, ya que produce efectos negativos para el funcionamiento general de la economía y del empleo, y tercera, pese a que existe amplísimo consenso técnico en el sentido de que es necesario hacerlo, no se le ha hincado el diente en profundidad. Sin ir más lejos, la "Comisión Meller", nombrada por la propia Presidenta de la República y a la cual nadie podría tildar de no ser suficientemente representativa del conjunto de opiniones que existen sobre la materia, en una parte de su informe concluye: "El Consejo considera que el actual sistema de indemnizaciones por despido ofrece serias deficiencias en la cobertura y por tanto otorga una protección muy limitada.". Y posteriormente plantea modificaciones de muy distinta naturaleza. Con todos estos antecedentes, alguien podría preguntarse por qué ni siquiera se aborda el tema. Pues bien, no se aborda porque hay una especie de veto absoluto en términos de tratarlo. Sin embargo, creo que en algún minuto habrá que levantar tal veto, que no se justifica porque no tiene ninguna lógica ni razón de ser. Uno casi puede anticipar que es perfectamente posible construir un acuerdo en esta materia sobre la base de tres principios, los que, por lo demás, no constituyen ninguna novedad para quienes han participado en el debate del tema. En primer lugar, cuando la situación se resuelva, el sistema debería aplicarse hacia el futuro, con el objeto de no afectar lo que algunos pudieran considerar derechos adquiridos. En segundo término, la nueva normativa debería establecer la posibilidad de opción. Frente a dos sistemas -el actual, que se mantendría, y otro de indemnización a todo evento, con características distintas-, los trabajadores podrían optar entre uno y otro. Y, en tercer lugar, de todos modos será necesario ensamblar mejor el mecanismo de indemnización con la institución del seguro de cesantía que hoy estamos perfeccionando. Me ha parecido importante poner arriba de la mesa tales conceptos, pues en algún minuto habrá que abordar el tema, por los motivos que aquí se han indicado. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente , solo deseo manifestar que los dos Senadores del Partido Por la Democracia vamos a respaldar este proyecto de ley, que aumenta el período cubierto por el seguro de desempleo, extiende su cobertura y amplía los beneficios a trabajadores que hasta ahora se encuentran injustamente excluidos. Al examinar el informe, vemos que el texto perfecciona el sistema vigente permitiendo que las personas contratadas por obra o faena o bien a plazo fijo accedan al Fondo Solidario de Cesantía. Es importante destacar que las modificaciones fueron rigurosamente estudiadas -como expresó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- por una Comisión técnica del Senado, en la cual, felizmente -así debiera ocurrir siempre-, participaron trabajadores y autoridades de Gobierno y en la que no hubo problema para alcanzar altos grados de consenso entre los representantes de diversos referentes políticos. Adicionalmente, nos asiste la convicción de la conveniencia y oportunidad de la iniciativa, pues beneficia a los trabajadores en momentos de crisis financiera mundial. Ella constituye una respuesta de todos los sectores políticos y una expresión de solidaridad que, por supuesto, nos están exigiendo la ciudadanía y nuestro sentido de responsabilidad. En consecuencia, la votaremos de manera favorable. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín. El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , en verdad, las observaciones y comentarios realizados sobre la materia por las señoras Senadoras y los señores Senadores me representan plenamente. Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión sobre la cuestión de fondo. Al final de cuentas, el seguro de cesantía está pensado para la gente con trabajo y no para los desempleados. Esto puede parecer una paradoja, pero tiene una explicación. Se ha hecho sobre la base de la persona con contrato indefinido -es decir, por más de doce meses- y que, por lo tanto, se halla en condiciones de ir construyendo junto a su empleador y al Estado este Fondo Solidario. No obstante, los cesantes, quienes no han podido ingresar al mundo laboral o llevan mucho tiempo sin trabajo, no se encuentran dentro de la lógica de esta legislación. Por ejemplo, las temporeras -que son muchas en nuestro país- no tienen cabida en el proyecto, ni siquiera dentro de las modificaciones que ahora se han incorporado y que incluyen, en el artículo 14 y en otro, el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por obra, el cual registra una cuenta individual de a lo menos seis meses seguidos o parcelada en dos períodos de tres meses cada uno. Pero eso no se da. Si uno analiza la forma de las contrataciones de las temporeras, advertirá que, en general, no las toman ni siquiera por tres meses, sino por semanas, por ejemplo, por el período de la primera floración de la frambuesa y después por otro lapso. No hay un continuo que dure tres, cuatro, cinco, seis meses. Esas asalariadas, que representan una cantidad importante en el país, más aquellos que no han logrado entrar al mundo laboral, como los jóvenes, no están dentro de la lógica del seguro de cesantía. A mi juicio, es importante recogerlos. En tal sentido, en mi opinión, se da un paso adelante al incorporar a los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, como señala la nueva letra c) del artículo 12. Pese a lo anterior, hay una falta de consideración respecto de gran cantidad de personas que hoy día, de acuerdo a las cifras, no deben ser menos de un millón. Y si incorporamos a los cesantes, a los jóvenes, a los temporeros que durante un largo período no tienen trabajo, probablemente quedo corto. A lo mejor son dos millones. Pero no quiero exagerar en el número, sino manifestar que el seguro de cesantía es para los empleados y no para los desempleados o cesantes crónicos, por decirlo de alguna forma. Y aquí hay algo respecto de lo cual el país debe responder. En caso contrario estaremos diciendo: "Mire, todos los trabajadores de los sectores rurales, los que realizan labores por temporadas" -el mundo de la pesca, quizás el de la minería, no lo sé exactamente- "nunca van a tener derecho a acceder a un seguro de cesantía". Es decir, el derecho a este beneficio se entrega a quienes trabajan. En mi opinión, esa lógica no es exacta ni justa para Chile. A mucha gente le cuesta bastante conseguir trabajo y, por lo tanto, sería razonable desarrollar algún sistema de acceso, de bonificación, algo como lo hecho con la medida planteada y que ya es habitual: subsidiar la contratación de nueva mano de obra. Me parece que ello va en esa línea. Si no concebimos la situación del desempleo también para los sin trabajo, los seguros de cesantía solo van a estar orientados a una parte del mundo laboral y no a la totalidad. Lo digo pensando en todo el sur del territorio -soy Senador de una zona agrícola-, donde esos trabajadores nunca podrán recurrir en períodos de cesantía a este tipo de beneficios tan importantes y que vamos a aprobar con entusiasmo, pero que -repito- están concebidos con la lógica solamente de la gente que tiene empleo y que es lo normal. Pero, para más de un millón de chilenos no es así, no es lo usual, no se consideran y no hay ningún beneficio que se les pueda dar. En consecuencia, señor Presidente , voy a apoyar el proyecto, pero dejo planteada esta reflexión, porque me parece que, al final, la sociedad le está fallando a muchos chilenos para los cuales el derecho al trabajo no existe. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, quiero iniciar mis observaciones rindiendo un homenaje al ex Presidente don Ricardo Lagos , quien, al impulsar el proyecto de ley que creaba un seguro de cesantía, sostuvo que los países que se aprecian como tales van construyendo en forma sucesiva y progresiva una institucionalidad que permite generar ciertas garantías en el mundo del trabajo. Digo esto porque hoy estamos revisando una ley que muchos de los presentes aprobamos en su momento. Y ella establecía un sistema novedoso, un seguro de cesantía con financiamiento tripartito -distinto al de otros países- con aportes del trabajador y del empleador. En el caso de este último, una parte iría a la cuenta individual y otra a un fondo colectivo. De otro lado, el Estado concurriría en igual forma a dicho fondo colectivo. Hoy estamos analizando una institucionalidad que, al crearse, sentó las bases que hacen posible este debate. Estoy convencido de que en ocho o diez años, quizás menos, vamos a revisar esta normativa. ¿Por qué? Porque las leyes referidas a los seguros de cesantía, así como las que se relacionan con los sistemas de pensiones y de previsión, de alguna manera reflejan los niveles de desarrollo y civilización de una nación. Ellas definen cómo la sociedad se preocupa de sus adultos mayores, de sus viejos, de nuestros padres y abuelos, por un lado, y por otro, cómo entendemos la relación del mundo del trabajo en una sociedad. En tanto haya seguros de cesantía y sistemas de protección a la cesantía que sean más avanzados, se estará entendiendo que la sociedad en su conjunto sabe que existe una responsabilidad colectiva con el mundo laboral. Sin duda, vamos evolucionando. Esta reforma permite ampliar beneficios y coberturas. Hemos planteado en forma insistente que nos gustaría mucho que el paso que estamos dando hoy nos permitiera abrir el Fondo de Cesantía Solidario a mayor cantidad de trabajadores y a quienes tienen contrato a plazo fijo o por obra y faenas. Ello se logra con esta futura ley. Asimismo, establecer -en esto contamos con el apoyo de la CUT y con una negociación que se llevó a cabo-, que se otorguen beneficios adicionales en momentos de emergencia, en situaciones de cesantía excepcionales, como la que se podría vivir este año y que ya se prevé en un punto mayor al promedio de los cuatro años anteriores en cada Región y en todo el país. En cuanto a esto último, se va a activar un aporte extraordinario de dos pagos adicionales de un porcentaje del sueldo, tanto para los trabajadores con contratos indefinidos cuanto para los que tienen contratos a plazo fijo o por obras y faenas. Este proyecto, sin duda, constituye un avance que se sustenta con la actual fuente de financiamiento. No cabe duda de que se podrían aumentar los beneficios para un rango de trabajadores con niveles de sueldo más altos, por ejemplo, si hubiera una mayor cotización de parte del trabajador, del empleador y más aporte del Estado. Sin embargo, a pesar de que esta es una reforma más bien modesta, sin duda, conlleva una direccionalidad muy importante. Algunos, sin perjuicio de lo anterior, hemos planteado que el actual sistema tiene una cobertura muy baja. Nos gustaría que esta, en la medida que se avance con esta ley, fuera mayor. El Honorable señor Larraín en algo tocó ese punto. Entiendo que Su Señoría va en otra dirección, pero comparto su reflexión, porque junto con el Senador que habla representamos zonas donde la mayor fuente de empleo es temporal. Y no es porque la gente no quiera trabajar más. Ello obedece a la realidad de la producción agrícola y, en particular, a lo que es el motor de nuestras exportaciones agrícolas: el sector hortofrutícola. Son más de 200 mil -algunos sostienen que llegan a 350 mil- las personas que trabajan por temporadas y que conforme a la ley actual no tienen acceso al Fondo de Cesantía Solidario, sino solo a sus cuentas individuales. ¿Ha sido bueno para ellos acceder a estas últimas? Sin duda. ¿Resulta insuficiente? Indudablemente. Por desgracia, en esta materia el proyecto avanza de manera muy moderada. Porque establece dos requisitos. En primer término, que una temporera o temporero haya efectuado doce cotizaciones en los últimos 24 meses. Eso resulta impracticable para quienes trabajan en los huertos. Quizás se dé en quienes lo hacen en los packing. Pero para los primeros definitivamente no. Y adicionalmente se les exige que registren cotizaciones los tres meses previos a quedar cesantes -eso no sería el mayor problema-, pero con el mismo empleador. Eso sí resulta imposible. Que sean continuas es una cosa, pero la obligación de que sean con el mismo empleador deja fuera absolutamente a todos quienes laboran en los huertos, donde se realiza por lo menos el trabajo temporal masculino. Es decir, en la ley en proyecto no habrá beneficio alguno para ellos más allá de los existentes. Las mujeres son las más estables, diría yo. Quienes conocemos la actividad sabemos que en la agroindustria hay un grupo permanente de ellas que quizás alcancen las doce cotizaciones en los 24 meses. Pero no así las que entran para la cosecha de la guinda, de la manzana o de la pera, lo que depende de cada Región. Tenemos pendiente un debate, que no se relaciona con el Seguro de Cesantía, pero sí con la mentalidad consignada en el Código del Trabajo. Lo que necesitamos lograr para los que se desempeñan en labores agrícolas de temporada son contratos anuales con prestación de servicios temporales, donde se les subsidien las imposiciones y las cotizaciones el resto del año. Es la única forma en que ellos podrán acceder a este tipo de esquema. Porque los temporeros tienen que comer todo el año. El Estado ya hace su aporte, pues los temporeros, con dos meses de cotización, mantienen su derecho a FONASA durante el año. Por su parte, los trabajadores de la construcción, con cuatro cotizaciones, tienen derecho a salud todo el año. En la ley en proyecto se clarifica que los beneficios de salud no se perderán mientras se esté recibiendo Seguro de Cesantía. Ello constituye un avance. Sin embargo, en el mercado del trabajo temporal existe un problema grave para acceder al seguro de cesantía. Y no se trata de una dificultad de esta iniciativa en sí. Se relaciona con cómo concebimos los contratos laborales de los obreros agrícolas de temporada. Quiero subrayar ese punto, por cuanto, al escuchar al Senador señor Larraín -sé que la realidad laboral en su zona es muy parecida a la de la mía-, concuerdo en que necesitamos imaginarnos otros esquemas, que permitan a esos trabajadores acceder al Seguro de Cesantía. La pregunta que sigue es obvia: ¿Quién financia un esquema que haga posible que cuenten con contratos anuales con prestación de servicios temporales para, de esa forma, cumplir requisitos que hoy les son inancalzables, por la naturaleza de la actividad en que se desenvuelven? Dejo planteado lo anterior. Ayer se lo representamos al Ejecutivo como un hecho real. Entiendo y valoro mucho a la CUT. Pero -claro- esta se preocupa de los sindicatos. ¡Encuentren un sindicato de temporeros que posea permanencia en nuestro país! Antes no entendía, pero ahora sí, por qué durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva se promulgó la ley de sindicación obligatoria campesina. Porque, si no hay una legislación que garantice la existencia de sindicatos, estos no se forman, particularmente en este sector. En algún momento debemos avanzar hacia un esquema que permita que esos trabajadores tan fundamentales para nuestra industria de exportación puedan ser valorados de otra manera. Hoy, si tratan de organizarse, escuchan la siguiente frase: "Si no te gusta te vas; la puerta es ancha". No se les deja sindicarse en ningún lado. Yo entiendo que la CUT represente a los sindicatos. Llegó a este acuerdo. Pero hay un segmento de trabajadores que con lo convenido no van a ver los beneficios que muchos queremos. Señor Presidente , lo expongo con mucha fuerza. Hemos conversado sobre el particular con el Senador señor Ominami . Entendemos que la ley en proyecto significa un avance. Pero como bancada deseábamos uno mucho mayor, porque queremos un sistema con garantías. Mencionaré solo dos puntos. Además de garantía en salud y de un mecanismo para la educación superior, necesitamos asegurar algún sistema, a fin de que las personas, en particular las de los sectores medios, no sufran crisis cuando están pagando sus viviendas. Hoy, gracias a las políticas habitacionales de la Presidenta Bachelet, 40 por ciento de los trabajadores de familias de esfuerzo obtienen subsidio del Estado y quedan con casas sin deuda. No obstante, el problema es de las familias de sectores medios que deben pagar dividendo, pues cuando quedan cesantes padecen una dificultad grave. Y no siempre cuentan con un mecanismo que garantice sus posibilidades de repactar, de cubrir los intereses y no caer en una situación muy compleja para su bienestar familiar. Creemos que el país se encuentra en condiciones de dar señales y avanzar en esta materia. Lo relativo a salud ya está garantizado por medio de la ley en proyecto. Esperamos que por lo menos en educación superior se logre progresar este año en un seguro o en un crédito garantizado, para que nadie tenga que abandonar sus estudios por cesantía de sus padres. Y, a la vez, que se pueda explorar un mecanismo de garantías o de seguros, en particular frente a la cesantía, para el pago de los dividendos o para financiar la renegociación que se producirá. La ley en proyecto sin duda constituye un adelanto. Va a beneficiar a muchas personas en cuanto a cobertura, en particular en este año con perspectivas de ser más complejo. Pero un avance más contundente requiere que miremos el mercado de trabajo de otra manera. Planteo mi última reserva. Ojalá la institucionalidad de intermediación laboral funcione. Eso sí, me reconozco un escéptico. Porque creo que el problema para que a las personas las contraten pasa mucho más por incentivos contundentes en ciertas coyunturas que por mecanismos de intermediación. A veces, dudo de que las OMIL de la mayoría de los municipios tengan algún sentido. Prefiero invertir recursos en capacitación y en incentivos a la contratación cuando hay episodios como estos. Respecto a la flexibilidad laboral -no se incluye en el proyecto en debate-, ya tenemos un Código muy flexible. A veces se habla de la indemnización por años de servicio. En verdad, son muy pocos los trabajadores que cuentan con el beneficio de una indemnización de un mes por año de servicio. Se trata de una discusión más ideológica que económica en el mercado laboral real. En cuanto a la cantidad de afiliados al Seguro de Cesantía Obligatorio, la razón de que haya más de los presupuestados radica en que hay muchos más trabajadores con contratos nuevos que con antiguos. Lo anterior no impide que para las micro y las pequeñas empresas busquemos un mecanismo que evite lo que se va a producir este año; es decir, cuando haya estrechez económica, que la empresa obligada a pagar indemnización de un mes por año con su capital propio y sin acceso a créditos de ningún tipo, use subterfugios en perjuicio de los trabajadores, como el declararse en quiebra. En tal teoría, los asalariados poseen preferencia en la liquidación. Pero existe un vacío legal para que puedan ejercer ese derecho, lo que hace que deban llevar juicios de dos o tres años. Dejo planteado lo anterior, pues creo que constituye una materia pendiente en nuestro debate. Votaré que sí. El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ominami. El señor OMINAMI.- Señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto, como lo hice en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas. Sin lugar a dudas, significa un avance importante respecto de la realidad actual en materia de cobertura y en cuanto a los beneficios que se entregan. Un dato importante: las modificaciones que incorpora el proyecto permitirán que el Fondo de Cesantía Solidario pase de 50 mil beneficiarios existentes en la actualidad a 250 mil. Ese es un avance que no se puede desconocer, el cual resulta, a mi juicio, de lo que está establecido en el proyecto, en cuanto a reducir de 8 a 6 el número de cotizaciones a las personas con contrato a plazo fijo para acceder a dicho Fondo. Ello permitirá que se amplíe el universo de beneficiarios. Se rebaja también el margen de desempleo que constituye alta cesantía, de acuerdo al concepto consagrado en la iniciativa, de 1,5 puntos porcentuales por sobre la media de la tasa nacional en los últimos cinco años a 1 punto porcentual en los últimos cuatro, con lo cual también se disminuyen las condiciones de acceso a dicho beneficio. Además, considero que son interesantes las modificaciones introducidas respecto de la rentabilidad de los fondos acumulados; concretamente, la proposición de separar la administración de los recursos de la Cuenta Individual de Cesantía de la del Fondo de Cesantía Solidario, porque ambos persiguen objetivos diferentes. A mi juicio, no hay dos opiniones en cuanto a que el proyecto constituye un avance. Ahora, hago presente que comparto plenamente las intervenciones aquí expresadas que hacen ver las limitaciones que tiene el mecanismo en comento. Estoy absolutamente de acuerdo también con lo señalado por el Senador señor Letelier respecto de los trabajadores de temporada. Se discutió el punto en las Comisiones unidas el día de ayer. Tener que cumplir, copulativamente, con las condiciones establecidas en el proyecto (registrar 12 cotizaciones dentro de los últimos 24 meses, siendo las 3 últimas consecutivas y con un mismo empleador) deja fuera del beneficio a una cantidad muy importante de temporeros, particularmente, de trabajadoras. Esa es una falencia que debe quedar establecida. También cabe consignar que miles de empleados que continúan desempeñándose a honorarios en el sector público se encuentran fuera del ámbito de la iniciativa. Por lo tanto, si bien esta constituye un avance en la protección del trabajador que ha quedado cesante, tengamos conciencia de que no resuelve todos los problemas. En muchos aspectos -como aquí se ha dicho-, el proyecto soluciona más la situación de los trabajadores que están dentro del mercado formal que la de aquellos que enfrentan dificultades permanentes para insertarse en él. Con todo, me parece importante que se esté legislando sobre esta materia y que, además, se haya generado un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, entidad que propuso perfeccionamientos al proyecto original. En todo caso, es cierto lo que aquí se ha dicho: la tarea de la CUT es más bien representar a los trabajadores permanentes, organizados en sindicatos, quedando un poco fuera del ámbito de sus preocupaciones la realidad de aquellos cuya inserción en el mercado laboral es más precaria. Quiero también valorar las enmiendas que se introdujeron durante la discusión en el Senado, en particular, la que dice relación con la mantención de los beneficios de salud para los trabajadores que pierdan su fuente laboral. Por otra parte, habrá que ver cómo funcionan los mecanismos de externalización para trabajos de capacitación. Manifiesto cierto escepticismo respecto de esta medida. Pero veamos cómo opera. Porque el SENCE es básicamente un organismo destinado a financiar los procesos de capacitación, más que un capacitador en sí. Ahora bien, resulta muy importante legislar sobre este asunto, porque lo que tenemos hasta hoy en materia de protección de los ingresos es un doble sistema. Como aquí se ha indicado, consta de dos componentes: la indemnización por años de servicio y el seguro de desempleo, que estamos tratando de corregir. Ambos sistemas presentan gravísimos problemas. Debiéramos dejar consignado hoy día -y en esto digo al Senador Letelier que quizá 10 años es un plazo demasiado extenso; tratemos de resolver el asunto en menos tiempo- que, entre otras cosas, la crisis internacional va a tener una duración relativamente larga y que será difícil que la economía mundial pueda solucionar en plazos cortos los graves problemas que la aquejan. Por tanto, la realidad del desempleo nos acompañará durante mucho tiempo. El sistema de indemnizaciones en su momento fue motivo de arduos debates. En lo personal, fui muy criticado por haber planteado que era un mal sistema. Hoy quiero reafirmarlo: no es malo, es pésimo. Por de pronto, tiene muy baja cobertura. Según los últimos datos de que dispongo, de las personas que obtuvieron algún tipo de beneficio del seguro de desempleo -fueron un poco más de un millón en total, considerando el Fondo Solidario y, particularmente, la Cuenta Individual-, quienes tenían derecho a las indemnizaciones no eran más de 28 mil. El sistema de indemnizaciones no involucra a más del 6 por ciento de la fuerza activa del país y protege, básicamente -en forma legítima, sin lugar a dudas-, a los trabajadores de las grandes empresas, en particular a sus ejecutivos. Esa es la realidad. Para el 50 por ciento de los trabajadores de Chile, que no poseen contrato o que tienen uno por un período inferior a un año, las indemnizaciones son simplemente algo inexistente. Además, estas no existen en el sector público. En consecuencia, se trata de un mecanismo con muy baja cobertura e incierto, que termina en la mayoría de los casos pleiteándose en los tribunales, donde los trabajadores son obligados a negociar por una cifra menor al tope legal. Tal sistema es bastante regresivo, porque en lo esencial los recursos que se pagan por indemnizaciones son cobrados por los titulares de los salarios mayores, que corresponden a los grandes ejecutivos de las compañías. También es caro para una gran mayoría de empresas. Promueve, en muchos casos, la informalidad en los contratos. Otro grave problema que presenta es su carácter procíclico. Imaginen, Sus Señorías, una empresa hoy día con 20 a 30 trabajadores, que debe ajustar su dotación porque no está en condiciones de responder a las exigencias actuales dado que el mercado se ha restringido. Ese pequeño empresario deberá efectuar un desembolso particularmente oneroso en las peores circunstancias, las que imperan hoy. ¿Qué incentiva eso? Los abusos patronales; que el empresario simplemente quiebre, y que en muchos casos huya o desaparezca, pues no está en condiciones de pagar las indemnizaciones pertinentes. Además, limita los aumentos de salarios. Porque cada vez que se discuta un incremento de remuneraciones, se deberá pensar también en el monto que se tendrá que pagar por concepto de indemnización en el momento que corresponda. Por lo tanto, la tendencia del empleador será a mantener los salarios bajos en atención al cálculo que hace de lo que terminará cancelando por dicho concepto. Asimismo, es un mecanismo que promueve comportamientos indebidos en los propios trabajadores. No es raro el caso de quien comienza a hacer mal su pega con el propósito de que lo despidan, y así cobrar su indemnización. Hago presente que tal sistema está completamente en declinación en el mundo. No es lo que prima en los países más desarrollados. Corresponde más bien a un mecanismo propio de naciones con institucionalidad débil. Como aquí se ha dicho, es un derecho teórico que termina ajustándose en términos prácticos en los tribunales. Más aún, las indemnizaciones son un concepto bastante antiguo que tenía mucho que ver con la idea del trabajo por día. Cuando una persona se comprometía con su empresa durante 15, 20 ó 25 años, la idea de la indemnización era lógica, porque implicaba una compensación por algo que se había hecho prácticamente durante toda la vida. Sin embargo, en una economía que funciona con plazos distintos, el concepto del trabajo por día va quedando atrás, igual que el mecanismo que lo protegía. Desde ese punto de vista, lo que corresponde es ir creando las condiciones para que en nuestro país puedan convergir los diferentes mecanismos de protección a los trabajadores cesantes en un solo buen seguro de desempleo. Ahora bien, debe ser un seguro de cesantía que sea tal. Porque lo que tenemos hoy día, incluso con los perfeccionamientos que se están incorporando a través de este proyecto, es básicamente un sistema de cuenta individual de ahorro obligatorio, con un complemento patronal. Sin embargo, ello se encuentra bastante lejos de la forma como funcionan los verdaderos seguros de cesantía, esto es, bajo control público y no conforme a la modalidad de cuenta individual, ni menos administrados de la manera en que se realiza en la actualidad: mediante un consorcio de administradoras de fondos previsionales. Eso es lo que hoy día opera en nuestro país. Más aún, los supuestos con los cuales se construyó el Seguro de Desempleo -en su momento fue un avance importante bajo el Gobierno del Presidente Lagos- han sido completamente superados, modificados por la realidad. Se partía de la base de que el 85 por ciento de los trabajadores tendría contrato indefinido y de que el 15 por ciento restante se ocuparía en labores temporales. Eso fue lo que se dijo, señor Presidente , en la discusión sobre el Seguro de Desempleo hace algunos años. Pues bien, en la realidad nos encontramos con que el 47 por ciento de los contratos son temporales y no el 15 por ciento. En consecuencia, el problema de fondo del mercado laboral chileno es su informalidad. Ese es un aspecto muy poderoso que, desgraciadamente, el proyecto en estudio no corrige. Creo que será muy importante observar y evaluar el funcionamiento de los avances propuestos. En las Comisiones unidas el día de ayer, se nos informó que la Presidenta hará algunos anuncios próximamente, en particular con relación a la posibilidad de que las personas desempleadas puedan mantener algún tipo de beneficio para evitar que los hijos que están recibiendo educación sean perjudicados por la pérdida del trabajo del padre. Es un anuncio muy relevante. ¡Qué cosa más injusta que un hijo pierda la oportunidad de estudiar simplemente porque el padre se ha quedado sin su fuente laboral! En todo caso, cabe recordar -no es el asunto que nos ocupa hoy día- que esa situación está ocurriendo con los pensionados de Chile. En la actualidad, son varios miles los compatriotas que jubilaron bajo la modalidad de retiro programado a los cuales se les ha bajado su pensión. Dichas personas no pueden financiar, entre otras cosas, la educación de sus hijos. Eso está ocurriendo hoy día. Llamo la atención sobre el asunto, porque difícilmente podremos seguir dejándolo de lado, por cuanto es una realidad que se va acumulando, a mi juicio, muy peligrosamente. Termino señalando, señor Presidente , que estimo importante el compromiso contraído por el Ministro de Hacienda y la Ministra del Trabajo en las Comisiones unidas, en el sentido de que hacia mayo o junio, junto con evaluar cómo han funcionado los perfeccionamientos introducidos, se vea la posibilidad de continuar mejorando el sistema. En lo personal, considero que la discusión sobre el Seguro Obligatorio de Cesantía debe ser parte de una agenda más vasta, que se base en el concepto que ha puesto en boga -muy legítimamente, a mi juicio- la Organización Internacional del Trabajo: el trabajo decente. A partir de ello podremos perfeccionar dicho seguro; ampliar la negociación colectiva; formalizar los derechos laborales en el sector público; mejorar el acceso a la formación permanente, y optimizar los canales de participación de los trabajadores al interior de las empresas. En definitiva, se requiere una agenda laboral amplia, abierta, donde el perfeccionamiento del Seguro de Desempleo sea parte importante. Pero eso tiene que ser evaluado con mucha detención, porque lo relativo a la cesantía nos va a penar muy profundamente durante este período. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra. La señora SERRANO ( Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Gracias, señor Presidente . En nombre del Gobierno, quiero destacar la tremenda importancia que reviste discutir hoy día el proyecto que mejora el Seguro de Desempleo, el cual lleva cinco años en ejercicio. Ello pone de manifiesto cómo se pueden implementar buenas políticas públicas en Chile. El beneficio data del año 2002 y cuenta con un muy buen sistema de información y registro. Años después es posible conocer en detalle qué cosas ha aportado la prestación de dicho seguro y qué es necesario corregir. Por eso nos hemos puesto de acuerdo con tanta facilidad en determinar cuáles son los instrumentos, las indicaciones, las especificaciones técnicas que mejoran un beneficio tan trascendente. Debo señalar que el proyecto en comento no surgió para atender el imperativo que nos traerá el año 2009, aunque evidentemente nos viene a la mano para enfrentar la crisis y los problemas de cesantía que se producirán durante este año. En rigor, fue la Comisión Meller la que trajo a colación la importancia de mejorar el Seguro de Desempleo, instancia que estuvo conformada por un elenco de representantes académicos, políticos y figuras de todos los sectores de la escena nacional. Llevamos alrededor de seis meses debatiendo esta iniciativa -la mayoría de ellos en la Cámara de Diputados- y hoy día la Sala del Senado deberá pronunciarse acerca de las sugerencias que contiene -probablemente, las aprobará con un enorme consenso-, las cuales surgieron de una discusión en profundidad, informada y son compartidas por los distintos sectores de nuestro país. Tales proposiciones se relacionan con un concepto de protección social del trabajo, que, además, se hace cargo de un año de crisis. Pero -repito- este proyecto no fue pensado para hacer frente a las exigencias del 2009, sino a los requisitos que presenta el mercado laboral en Chile. El beneficio que hoy día estamos mejorando ampliará la cobertura y el monto, y permitirá el acceso de los trabajadores con contrato a plazo fijo al Fondo de Cesantía Solidario. Además, tal como se ha señalado acá, no solo se entregará una mejor prestación monetaria y se aumentará el ingreso del trabajador en condición de desempleo, sino que también se complementará el beneficio con un diseño más integral de la política. Ello tiene relación con la intermediación laboral, con la administración de una bolsa de empleo y con una iniciativa de apresto, que permitirá ayudar a la persona cesante a incorporarse de nuevo al mercado del trabajo. Cabe recordar que el diseño original -lo que hay hasta ahora- no contemplaba ninguna norma de excepción para enfrentar una situación como la que justamente tendremos este año, donde es probable que la desocupación nos azote más allá de lo aceptable. Pero, gracias a la iniciativa, cuando la tasa de desempleo sea grave en el país, se contará con una norma que aumentará de manera automática el beneficio en dos meses adicionales para quienes se encuentren en condición de cesantía. Adicionalmente, en el modelo antiguo, la capitalización individual del trabajador desempleado solo se podía ocupar de una sola vez. Una de las innovaciones importantes que se proponen -espero que sea aprobada- establece que tal capitalización, o sea, el dinero que la persona ha podido ahorrar, sea portátil o utilizable de acuerdo a la estrategia laboral y a la planificación de vida de cada cual. Para ello deberá combinar el uso de ese ahorro, que es su patrimonio, con el acceso al Fondo de Cesantía Solidario. En consecuencia, las modificaciones que incorpora el proyecto aumentan el monto de los recursos; permiten que los trabajadores con contrato a plazo fijo tengan acceso a dicho Fondo; mejoran el sistema de intermediación, y ofrecen una bolsa de empleo con mayor asertividad en materia de información laboral. Quizá en cinco años más, volvamos a examinar el funcionamiento del seguro para ver cómo se ha comportado, a fin de perfeccionarlo, si fuera conveniente. Señor Presidente , termino señalando que este beneficio se enmarca dentro del concepto de protección social de la política gubernamental definida por la Presidenta Bachelet , y también dentro de lo relativo a empleo y mercado de trabajo. Estamos dando cuenta de una trayectoria que se inició el año 2002. Estamos mejorando un beneficio, pero no en atención a la coyuntura y a la emergencia. Planteamos la iniciativa tan a tiempo que, cuando se nos hizo imperativo el requerimiento dado el año de emergencia que se presenta, tenemos el instrumento, tenemos los consensos, tenemos detrás el prestigio de la Comisión Meller y tenemos una capacidad de diálogo político que nos van a permitir hacer frente a las dificultades del año 2009 con un acuerdo de país que nos debiera enorgullecer. Muchas gracias. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez. El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente , poco queda por decir con relación a lo ya señalado. Sin embargo, creo que se han olvidado un par de materias que son importantes en estas disposiciones legales. En primer lugar, debo recordar que la posibilidades surgidas hoy de generar un seguro de cesantía, o de desempleo, para los trabajadores de Chile se dan dentro de un marco de condiciones económicas y financieras distintas de las anteriores en que se encontraba el país, lo cual posibilita al Estado hacer directamente aportes sustanciales a los fondos de cesantía al que pueden acceder los trabajadores. Además de lo anterior es preciso resaltar que la normativa en estudio contiene una regulación en cuanto a la forma como han de invertirse los fondos de cesantía por la Sociedad Administradora: con bastante más cuidados o precauciones que los existentes con respecto a los fondos regulados y controlados por las administradoras de fondos de pensiones. Me parece que esta es una buena señal de entender que, en la medida que sea posible, resulta necesario que esos fondos aportados por los trabajadores -en este caso, también por los empleadores y el Estado- tengan un control y un cuidado que impidan una debacle como la producida con los fondos de las AFP, sobre todo acerca de aquellos expuestos a mayor riesgo. Ese es un punto importante, desde la perspectiva financiera del proyecto, que asegura una suerte de mayor estabilidad. Quizás no de más crecimiento, pero sí garantiza que no haya mayor decrecimiento de los fondos aportados a la Sociedad Administradora. Ello, a mi juicio, constituye un buen análisis que es preciso hacer, si no cambiamos el sistema, en torno a cómo concebimos el control de las inversiones en las administradoras de fondos de pensiones. En segundo término, es preciso destacar que esta iniciativa crea también el Sistema de Información Laboral y la Bolsa Nacional de Empleo, destinados precisamente a otorgar mejor capacitación y a facilitar la búsqueda de empleo a quienes han perdido su fuente laboral. Ello, naturalmente, resulta bastante interesante porque habrá un sistema centralizado de información, tanto de empleadores que necesitan personal calificado como de trabajadores que se hallan cesantes. Ese es un buen concepto de cómo el Estado debe tender a intermediar entre las necesidades de los trabajadores y las de los empleadores. En tercer lugar, deseo señalar que el proyecto reviste gran importancia acerca de la aplicación de los costos que experimentan los fondos. Me refiero a que deroga el IVA de las comisiones que pueda cobrar la Sociedad Administradora. En consecuencia, cada vez que se baje un costo propio del fondo, obviamente este contará con una mayor cantidad destinada precisamente a que el fondo individual del trabajador pueda acceder a un mejor resultado. No nos olvidemos de que el sistema contiene un volumen o monto decreciente de las rentas de los trabajadores, pero al final siempre va a depender del saldo que quede en los fondos de cesantía. Por lo tanto, ese menor costo, por supuesto, va a facilitar al trabajador la posibilidad de acceder a una mejor renta o mayor ingreso cuando se encuentre en el piso o base de la aplicación del fondo. Por último, señor Presidente , quiero hacer presente una cuestión de forma respecto de la cual sería necesario autorizar a la Secretaría para que efectuara la enmienda correspondiente. En relación con el artículo 14 de la ley, se suprimieron las referencias que se hacían a los números 1 y 2 del artículo 159. El texto quedaría redactado de la siguiente forma: "Si el contrato de trabajo termina por aplicación de alguna de las causales señaladas en los números 1". Pero no hay más números. En tal sentido, habría que autorizar a la Secretaría para que reparara ese simple error de forma. En el fondo, se trata de reemplazar la frase "los números 1" del artículo 159 por la expresión "el número 1". En consecuencia, señor Presidente , le sugiero pedir autorización a la Sala para que, de haber unanimidad, pueda subsanarse una cuestión que constituye un mero error de forma. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Solicito la anuencia de Sus Señorías para acoger lo planteado por el Honorable señor Vásquez -que me parece del todo atingente- y autorizar a la Secretaría para corregir y coordinar las deficiencias de forma que contiene el proyecto de ley. --Así se acuerda. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- En todo caso, pido al Senador señor Vásquez precisar a Secretaría el error antes mencionado para que esta cumpla con dicha tarea. Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo . El señor NARANJO.- Señor Presidente , este es el típico proyecto que uno puede analizar desde dos perspectivas: mirando el vaso un tanto lleno o un tanto vacío. Y hay argumentos en una y otra dirección. Porque, lógicamente, nadie puede desconocer que esta iniciativa constituye un avance, ya que significa mejoras importantes para los trabajadores, en términos de más cobertura, de mejores y más beneficios. De ello no existe duda alguna. Sin embargo, tengo la impresión de que el proyecto no recoge en toda su dimensión la realidad del mercado laboral en Chile. Más aún, yo diría que se trata de la particular mirada urbana que se da sobre la situación laboral en nuestro país. Se ha señalado aquí, y con razón, que, si bien es cierto que esta vez se incorpora a trabajadores con inestabilidad laboral -es un avance que hay que reconocer-, el problema estriba en que no se da cuenta de la heterogeneidad y de las especificidades de las actividades productivas en el sector agrícola, por centrarlo en ese trabajo estacional. Nadie puede desconocer que aproximadamente el 10 por ciento de nuestra fuerza laboral la constituyen trabajadores de temporada. Y, no obstante que el proyecto permite incorporar a esa gente al seguro de cesantía, creo que no va en la dirección correcta. Y voy a poner ejemplos que dan cuenta de la particularidad y especificidad de las labores agrícolas. Si uno quisiera fijar la mirada en quienes trabajan en la actividad de la fruticultura, vería que existen, por decirlo de alguna manera, cuatro etapas: la poda, que es un trabajo estacional; el raleo, que se caracteriza por ser una labor temporal; la cosecha, y el manejo poscosecha. Sin embargo, cada una de esas fases del proceso productivo no son continuas. Entonces, el requisito de que los trabajadores al menos cumplan tres meses de continuidad con el mismo empleador difícilmente tendrá lugar. Por tanto, las exigencias establecidas a los temporeros, que además son los que laboran en condiciones más precarias, los dejan absolutamente al margen de los beneficios de este proyecto. Quizás -se ha señalado aquí y quiero reiterarlo- quienes se desenvuelven en actividades de poscosecha en packing y frigoríficos alcancen los 3 meses de continuidad. Pero no cumplirán con el otro requisito anterior: completar 12 meses de trabajo dentro de los últimos 24 meses (por ejemplo, 6 meses continuos durante cada año; o 8 meses en uno y 4 en el otro). En la práctica, tal exigencia difícilmente la va a cumplir un trabajador de temporada. En ese sentido, no obstante reconocer que el proyecto significa un avance, tengo la impresión de que los trabajadores de temporada deberán seguir esperando, dado que no se les está considerando al abordar de esta manera la crisis en el empleo que afectará al país. Porque la iniciativa fue enfocada con una mirada urbana; pensando en los habitantes de las ciudades, en quienes tienen labores estables y contrato de trabajo. Estos, de algún modo, se verán beneficiados con la iniciativa en análisis. Sin embargo, muchos de los parlamentarios aquí presentes representamos zonas donde la estructura laboral y la heterogeneidad de las actividades productivas que se desarrollan en ellas, son totalmente distintas de las de los grandes centros urbanos. Y a esas personas no se las considera, por lo menos en este proyecto, para ayudarlas a paliar la crisis por la falta de trabajo. Quizás tal situación se puede mirar desde una perspectiva distinta y decir que la gente de Regiones donde la actividad principal es la silvoagropecuaria se halla en mejores condiciones para enfrentar el desempleo porque esta circunstancia la viven anualmente, ya que por la inestabilidad laboral acostumbran a trabajar 3, 4 ó 5 meses en el año. En definitiva, su vida laboral los ha obligado a desarrollar estrategias de subsistencia conforme a los denominados "meses azules", que corresponden a los del otoño, invierno y parte de la primavera. Por lo tanto, en caso de desempleo, esas personas -por ejemplo, de la Séptima Región que represento, de las provincias de Linares y Cauquenes- serán capaces de capear de mejor manera la ola, porque siempre en otoño e invierno quedan sin trabajo. Sin embargo, la gracia hubiera sido que este proyecto, por primera vez, considerara la situación de desempleo estacionario que les afecta. No tengo duda alguna de que los habitantes de las zonas con actividad productiva centrada principalmente en la silvoagricultura estarán en mejores condiciones para enfrentar el desempleo. Porque, insisto, ellos ya han definido una estrategia de subsistencia y saben lo que deben o no deben hacer en los meses de otoño e invierno. Distinta es la situación en los centros urbanos, donde la gente no sabe qué hacer cuando no tiene trabajo. Por eso digo que esta iniciativa uno la puede mirar desde el punto de vista del vaso un tanto lleno o un tanto vacío. Nadie puede negar que constituye un avance importante, porque evidencia una mayor cobertura y más beneficios para los trabajadores. No obstante, hubiera preferido que esta vez se considerara la real estructura laboral de nuestro país. Si uno ve las cifras actuales de estabilidad en el empleo, estas indican que cada día hay menos gente con trabajo estable o durante todo un año. La mayoría no lo tiene garantizado por 12 meses, y así ocurre a lo largo de su vida laboral. A lo mejor, algunos dirán que hay que aprobar a como dé lugar este proyecto de ley porque así lo exige el momento económico del país. Pero hubiera esperado mayor flexibilidad de parte del Gobierno y que mirara hacia ese otro mundo laboral, que -insisto- es el que se desenvuelve en condiciones más precarias y recibe las peores remuneraciones, para favorecerlo y no excluirlo. Porque las dos condiciones que se exigen: 12 cotizaciones en 24 meses o 3 meses seguidos, son imposibles de cumplir. No obstante señalar las deficiencias del proyecto, igual voy a votar a favor de él, porque sé que es necesario para otros trabajadores. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCÍA .- Señor Presidente , ante todo, quiero señalar que se ha perdido una oportunidad magnífica para haber incorporado al Seguro Obligatorio de Cesantía a numerosos funcionarios públicos que se desempeñan a contrata y, sobre todo, a honorarios. Todos sabemos que dichos funcionarios están expuestos a que se ponga término a su contrato de trabajo el 31 de diciembre de cada año o al finalizar la labor por la que fueron requeridos. Y también sabemos que a muchos de ellos les es sumamente difícil, más aún en situaciones de crisis, volver a encontrar empleo. Nadie ignora que quienes se hallan contratados a honorarios lo hacen contrariando la ley, puesto que se trata de personas que cumplen tareas de carácter permanente y que, por lo tanto, debieran estar protegidas por un contrato de trabajo, lo cual no ocurre. Por ello, estimo que aquí estamos dejando al margen del beneficio del Seguro Obligatorio de Cesantía a una cantidad enorme de personas que desempeñan labores temporales. Y, por ese hecho, también los marginamos de los beneficios de la Bolsa Nacional de Empleo, porque a esta se la define como un "instrumento destinado a facilitar la búsqueda y el ofrecimiento de vacantes de empleo para los trabajadores cesantes afiliados al Seguro". Por lo tanto, los funcionarios públicos a contrata o a honorarios no solo quedan fuera del Seguro Obligatorio de Cesantía, sino también de la posibilidad de encontrar trabajo a través de la Bolsa Nacional de Empleo. Me parece que ambas son discriminaciones absolutamente arbitrarias, toda vez que tales trabajadores, al igual que los del sector privado, quedan sin protección durante el tiempo que permanecen sin trabajo y carecen de apoyo para encontrar un nuevo empleo remunerado. Desde mi punto de vista, es la primera crítica que se le puede hacer al proyecto. En segundo lugar, tenemos que reconocer que les estamos encareciendo el empleo a las empresas de menor tamaño, particularmente a aquellos pequeños empleadores del sector agrícola, del transporte, del ámbito artesanal, del comercio y de otras tantas actividades económicas. Y, lo que es peor, lo hacemos en época de crisis, cuando el empleo debiera constituir nuestra primera prioridad. Obviamente, el proyecto de ley tiene beneficios. Prolongar los meses en que se pueda impetrar el beneficio del seguro de desempleo e incorporar en él a los trabajadores con contratos de plazo fijo, me parecen avances positivos. Y, por esa razón, vamos a concurrir con nuestros votos a la aprobación de estas modificaciones. Sin embargo, tal como en el informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo se establecen compromisos, por ejemplo, en cuanto a la atención de salud para quienes quedan cesantes, a la posibilidad de que haya mayor apoyo del Estado para financiar estudios universitarios cuando los padres pierden su trabajo, pienso que también debiera haber uno para los efectos de incorporar en el seguro de desempleo a los trabajadores del sector público. No hay ninguna razón valedera para dejarlos al margen. De modo que es mi deseo que durante los próximos meses, junto con el estudio de las materias señaladas en el informe, se determine en la iniciativa pertinente que el seguro en comento favorezca también a las personas que tienen las ocupaciones más débiles en la Administración del Estado. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, lo que los trabajadores esperan del Gobierno y de los empresarios es una responsabilidad compartida para que haya empleo y no se deba recurrir al seguro de cesantía. El objetivo vital, necesario, es el compromiso tanto del Estado como de los privados en el sentido de que van a utilizar la herramienta legal del despido, del cese laboral, de la vacante, de acuerdo a las necesidades y no con otro objetivo. Digo lo anterior porque, durante los últimos días y semanas, en diversos conflictos laborales se han registrado, al término de huelgas legales respaldadas por la negociación colectiva, despidos abrazados a una fundamentación que, por más que se la mire, "no tiene por donde". Empresas que siguen ganando mucho dinero, produciendo de manera adecuada, proceden a despedir, y precisamente a quienes han participado en movimientos legítimos, protegidos por la ley, destinados a defender los derechos laborales. Hemos comenzado el año insertos en una crisis económica mundial, tras vivir en la práctica dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB. Y ello es muy importante, porque puede determinar si lo que estamos haciendo ahora es suficiente o no. El PIB cayó 0,1 por ciento el tercer trimestre de 2008, y todo indica que las cifras serán peores. Deberemos debatir al respecto con el Ministro de Hacienda . Las cifras del IMACEC dadas a conocer indican que en noviembre último hubo un crecimiento marginal de 0,1 por ciento, acumulando en un año 3,7 por ciento. ¡El crecimiento más bajo desde el 2002! El impacto del empleo se dimensiona mejor si vemos las cantidades entregadas en noviembre. Producción industrial, -5,7 por ciento; ventas industriales, -6,6 por ciento; producción minera, -5,7 por ciento; exportaciones, -19,2 por ciento; importaciones, -14 por ciento. A nivel mundial, las cifras son más alarmantes. Los países presentaron enormes caídas de la producción industrial en noviembre del 2008 con relación a igual mes del año anterior. Por ejemplo, Alemania: -10 por ciento; España : -15 por ciento; Corea del Sur: -14,1 por ciento; Reino Unido: -7,4 por ciento; Rusia : -8,7 por ciento; Brasil: -6,2 por ciento. Expreso lo anterior porque Chile no será la excepción. Y una de las incógnitas que deberemos despejar es si este proyecto sobre seguro de cesantía se encuentra acorde con las perspectivas de crecimiento y, particularmente, de protección del empleo. Porque si cae la economía, cae la ocupación. En tal sentido, quisiera escuchar del Gobierno que, si se requiere otra ley -tengo la convicción de que será necesaria- para establecer mejores condiciones en materia de seguro de desempleo, presentará el proyecto respectivo. Ello va a depender del curso de la economía. Y, como ha dicho Paul Krugman -Premio Nobel de Economía, asesor de Obama, quien asumió hoy día, 20 de enero, en una fecha histórica para la Humanidad, y en especial para Estados Unidos-, las cosas van a empeorar antes que mejorar. Eso ha sido sostenido también por el nuevo Presidente de Estados Unidos , quien determinó inyectar desde el Estado a la economía norteamericana 850 mil millones de dólares. Por lo tanto, en ese contexto discutimos hoy este proyecto sobre seguro de cesantía. Sobre el particular, me parece indispensable tener presentes al menos cuatro elementos. En primer lugar, debemos construir para los cesantes nuevos un sistema que considere los vaivenes que estamos viviendo. Hoy se requiere, más que nunca, sacar lecciones de la crisis. A mi entender, la gran enseñanza en la actual coyuntura económica -ha sido acogida por todas las naciones del mundo- es que el rol del Estado sigue siendo esencial y que los países requieren mecanismos de protección social fuertes, donde el Estado es imprescindible. Aquí debe quedar claro que la alianza estratégica público-privada tiene que funcionar en las buenas y en las malas, en los períodos de vacas gordas y en los de vacas flacas. Cuando hay desarrollo de la economía, alianza público-privada para producir más; cuando existe restricción en la economía, alianza público-privada para hacer frente a flagelos como el de la desocupación. Frente a ello, estimo indispensable, al discutir este mecanismo de protección al cesante, tener claro que debemos asignar al Estado -un Estado regulador, pero también con restricciones- un rol significativo. Eso no ocurre en el proyecto que nos ocupa. En mi opinión, claramente, persiste una desconfianza casi crónica con respecto al Estado. Creo impostergable que el Estado asuma un rol que le permita otorgar subsidios de cesantía reales. Sobre el particular -insisto-, yo habría preferido un subsidio al empleo dentro de la empresa y no un subsidio al desempleo. Es decir, si una empresa va a quebrar porque bajaron las importaciones, subieron los insumos, en fin, lo que podríamos hacer -y creo que vamos a terminar en eso; ojalá me equivoque- sería preguntarle cuánto requiere para no despedir, cómo subsidiamos el sueldo base al interior de ella. Porque al Estado debería convenirle más mantener a los trabajadores dentro de la empresa que subsidiar el proempleo afuera. En mi Región hay 14 mil 300 programas proempleo. Se destinan 25 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 50 por ciento del FNDR, y no se soluciona el problema. Entonces, se ha arraigado una forma inviable de ofrecer trabajo. No es viable que el Estado otorgue empleos directos. Debe existir protección al empleo dentro de la empresa: alianza estratégica público-privada. El segundo elemento dice relación a que el actual sistema de manejo de fondos implementados por las AFP es extraordinariamente frágil. El 2008 terminó con pérdidas superiores a los 21 mil millones de dólares para los usuarios. Si consideramos el momento en que los fondos tuvieron su valor más alto, aquellas se acercan a los 50 mil millones de dólares nominales. Y a lo anterior debemos sumar el hecho de que quienes jubilan reciben pensiones muy inferiores a las entregadas por el sistema antiguo, situación que viene ocurriendo desde hace años y no es producto solo de la coyuntura de la actual crisis. Por ello, creo indispensable darle una vuelta al asunto. Si queremos que el Fondo de Cesantía utilice el modelo ineficiente del decreto ley N° 3.500, la permisividad básicamente será la misma, porque se dispone que "El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos mencionados (¿) no podrá ser inferior al 50% ni superior al 80% del valor del Fondo de Cesantía". En esta materia, a mi entender, los mecanismos de control deben ser extraordinariamente rigurosos. Lo que no podría ocurrir sería que, después de la pérdida de los referidos 50 mil millones de dólares, una crisis de recaída pudiera terminar con grave deterioro para los fondos de cesantía. Eso sería insoportable. Por ello, las enseñanzas deben extraerse de la crisis. El Banco Central tiene que informar, al igual que la Superintendencia del ramo; el Consejo Técnico de Inversiones debe jugársela. Y alguien ha de responder. Por consiguiente, si votamos por la aplicación del decreto ley N° 3.500 y permitimos inversiones accionarias fuera del país, alguien tendrá que responder ante los trabajadores. Y ese alguien será el Estado. Es indispensable, pues, acotar las posibilidades de inversión, ya que la historia reciente demuestra la fragilidad del sistema. Ello no puede ocurrir con los fondos de cesantía de todos los chilenos. Como tercer elemento, considero correcto ampliar los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario a todos los trabajadores, independiente del tipo de contrato que tengan, sean del sector público o del privado. Seamos claros. Aquí la cobertura no ha sido superior al 6 por ciento. O sea, el seguro que aprobaremos tiene una bajísima cobertura, no solo en el mundo rural, sino también en el de trabajadores con rentas variables, y particularmente dentro del ámbito industrial. ¿Qué pasa con el trabajador que no cumple los 6 meses de cotizaciones? ¿No tiene derecho a comer? ¿Qué sucede con aquel que reúne 12 cotizaciones pero sin que las últimas tres sean continuas y con el mismo empleador? ¿Con qué mecanismo vamos a ayudar a esos trabajadores? Eso no lo responde el proyecto. Por cierto, vamos a aprobarlo, porque significa un avance. Pero tiene vacíos que, en definitiva, responden a una elaboración pensada sobre la base de determinada estadística. Por otro lado, considero incorrecto aumentar las causales de pérdida del beneficio en comento. Si un trabajador no se inscribe en la Bolsa Nacional de Empleo, no lo recibe. De otro lado, no se cobra el mes siguiente después de haber encontrado empleo. Todos sabemos que cuando hay desocupación se acumulan deudas, morosidades. Y la verdad es que, aun habiendo conseguido trabajo, el mes que viene de inmediato es muy duro. El actual mecanismo, que permite cobrar el mes siguiente a aquel en que se encuentra empleo, otorga más tranquilidad. Pero se elimina esa posibilidad. Y me parece una decisión incorrecta, porque lleva a revivir el mecanismo de la eterna "bicicleta plástica", con la tarjeta del supermercado, etcétera. El pago del mes siguiente a aquel en que se consigue trabajo posibilita cierta estabilidad económica. De modo que la supresión del mecanismo pertinente es, en mi concepto, inadecuada. Y ojalá se corrija el punto, aunque parece difícil, porque el proyecto está a punto de ser despachado. En todo caso creo que la resolución va a "traer cola", lo cual será negativo. Pienso, además, que el artículo 28 tiene que ser corregido (ya no alcanzamos a hacerlo). Por una parte, se deben considerar a lo menos dos meses para la concurrencia de las causales expuestas. Por otra, hay que restringir el ofrecimiento de una remuneración igual o superior al 50 por ciento de la última devengada. Porque a un trabajador pueden decirle: "Te pago tanto. Esto es igual o superior al 50 por ciento de lo que ganabas". Por cierto, eso es aceptable, aunque reciba la mitad, pero siempre que no sea inferior al sueldo mínimo. Porque sabemos que existen diferentes remuneraciones. O sea, en el caso de las superiores a la mínima, el ofrecimiento de 50 por ciento del sueldo mínimo en la mayoría de los casos va a transformarse en un abuso. De otro lado, aspirábamos a que en este proyecto de ley hubiera un bono específico de transporte que permitiera salir a buscar empleo. Para ese efecto, hay que pagar locomoción dos, tres, cuatro, cinco veces al día. Entonces, si queremos incentivar la búsqueda de ocupación, es necesario un bono de transporte al margen del seguro de cesantía. Porque este es para mantener a la familia, para asegurar su alimentación, no para gastarlo buscando empleo. De modo que aquel bono específico para el efecto indicado debiera adquirir forma. Y si no se halla en esta iniciativa, hay que jugársela para su incorporación en la que vendrá. Porque va a venir otra. Me parece indispensable que el Estado considere el Fondo de Cesantía Solidario de manera mucho más significativa. El actual aporte fiscal es poco menos de 13,7 millones de dólares al año. De acuerdo a los antecedentes adjuntos al proyecto en debate, solo 3 por ciento de los beneficios otorgados por el seguro de cesantía es financiado por el Estado. Por lo tanto, son bastante restrictivas las tasas de reemplazo que se han observado en los años de funcionamiento del seguro. Particularmente, queda demostrado el bajo nivel de sustitución del ingreso laboral cuando se trata de financiamiento exclusivo por cuenta individual. En tal sentido, el aporte estatal sigue siendo bajísimo. La tasa de reemplazo del primer giro de los afiliados que acceden a la prestación es de aproximadamente 45 por ciento de la remuneración líquida. No es que la gente tenga un sueldo completo. Y la mayoría de los trabajadores adscritos al beneficio reciben solo un mes de aquel. Por eso, me habría gustado que el aumento fuera, no a siete meses (cinco, más dos adicionales), sino hasta un año. La cifra dada en cuanto a que se está encontrando empleo a los siete meses de haber quedado cesante se desmiente por la realidad, durante la conversa diaria con los sindicatos y con los propios ex trabajadores, quienes dicen tardar hasta un año tres meses en hallar una nueva ocupación. Sería bueno conocer los ejemplos, porque la determinación del número de meses a pagar tiene que hallarse acorde con datos fehacientes. Y todo indica que la gente está encontrando ocupación real después de 10, 12 o más meses. Es menester, señor Presidente, hacer claridad sobre el reglamento que se va a aplicar. Porque al final, a no dudarlo, el espíritu de la ley en proyecto debiera ser respetado. Y allí los Ministerios del Trabajo y de Hacienda van a establecer requisitos para ser beneficiario y criterios de elegibilidad. Al respecto, puede existir más flexibilidad. Y si hay mayor flexibilidad, tiene que ser acorde con los planteamientos aquí formulados acerca de los trabajadores temporeros del campo y de aquellos que están dentro de las empresas, procurando que el mecanismo para la determinación del monto de las remuneraciones no sea excesivamente rígido. En definitiva, debería tratarse de un reglamento que flexibilizara a favor de los trabajadores. Espero que, cuando lo dicten, ambos Ministerios tengan a la vista el debate habido en esta Sala, durante el cual han opinado parlamentarios de Gobierno, de la Concertación, y quienes no están en uno ni en otra, para apuntar hacia un mismo objetivo: atenuar el drama de la desocupación mejorando mucho más el seguro de cesantía, que ayuda, es bueno, pero no suficiente. En todo caso, felicito al Ejecutivo . Y vamos a seguir apoyando este avance. Pero se nos quedan afuera situaciones importantes. En mi concepto, el compromiso mínimo que debe contraer el Gobierno, por intermedio de los Ministros que nos acompañan, es decir, primero, que el Fisco va a pagar a tiempo para que los subcontratistas de los SERVIU y de numerosas otras dependencias no tengan que eliminar gente (porque los retrasos en los pagos, particularmente en Obras Públicas y en Vivienda, han generado bastantes despidos). Y segundo, que el Estado no va a despedir, que restringirá la salida de trabajadores a contrata o a honorarios. Como lo expresó el Senador García, la mayoría o la totalidad de los Senadores estamos porque aquellos sí se encuentren integrados. Sin duda, hay un problema económico que amerita debate. Pero el Estado no debiera recurrir a la herramienta del despido. Y eso tendría que ser visible y claro, pues se trata de la mejor señal hacia el sector privado. Porque si el Estado despide, no estará en condiciones de pedirles a los particulares que no lo hagan. Por tanto, confío en que el Gobierno proceda así. He dicho. ¡Patagonia sin represas! El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- No hay más Senadores inscritos. Cerrado el debate. Corresponde pronunciarse sobre la idea de legislar. En votación general el proyecto. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Terminada la votación. --Se aprueba en general el proyecto (36 votos favorables), el que, no habiéndose formulado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite. Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez, Zaldívar.
PERFECCIONAMIENTO DE SEGURO OBLIGATORIO DE CESANTÍA