Elimina el carácter reservado de disposiciones legales promulgadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y dispone su publicación. Boletín N° 10118-07
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES RINCÓN; ARRIAGADA ; CHAHIN , LORENZINI ,OJEDA , SCHILLING, TARUD , TEILLIER Y TORRES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “ELIMINA EL CARÁCTER RESERVADO DE DISPOSICIONES LEGALES PROMULGADAS ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y EL 10 DE MARZO DE 1990, Y DISPONE SU PUBLICACIÓN”. (BOLETÍN N° 10118-07) “En el período que media entre el 11 de septiembre del año 1973 y el 10 de marzo de 1990, fueron promulgados un conjunto importante de cuerpos normativos que no fueron publicados ni dados a conocer a la comunidad por expresa orden de las autoridades de la época. El año 1990, y por indicación del H. Senador Máximo Pacheco Gómez, el Senado le solicitó al Contralor General de la República que se le enviaran todas las leyes dictadas en dicho período con carácter de reservadas o secretas. Mediante el oficio N° 22.402, de fecha 7 de agosto, la Contraloría remitió copia de 57 leyes, 40 decretos leyes y 28 decretos con fuerza de ley, los que fueron estudiados por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. De la lectura de dicho listado, podemos inferir que la principal materia de estas leyes reservadas se refiere a la planta de personal de las diferentes ramas de las fuerzas armadas y de orden, la ley del cobre, fondos del Ministerio de Defensa, autorización de contratación de créditos y la facultad del Presidente de la República para destinar los recursos derivados de ello y de exenciones tributarias de empresas del sector defensa. IDEA MATRIZ DEL PROYECTO Adecuar el ordenamiento jurídico chileno a los estándares de publicidad y transparencia consagrados en la Constitución Política de Chile y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, ordenando la derogación del carácter de reservado o secreto de diferentes normas dictadas por la dictadura militar entre los años 1973 y 1990. FUNDAMENTOS JURÍDICOS A través de las reformas constitucionales incorporadas por la Ley N° 20.050 del 26 de agosto del año 2005, se consagró en la Constitución Política el principio de la publicidad de todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado. De hecho, el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política establece que “Son públicos los actos y las resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.” Por otro lado, la Disposición Cuarta Transitoria de la Carta Fundamental establece que las leyes dictadas con anterioridad a la vigencia del mencionado artículo 8, que establecen casos específicos de secreto o reserva de actos y documentos de la Administración, deben entenderse vigentes aún cuando no hubieren sido aprobadas con quórum calificado. Todo esto hace que la derogación de la calificación de la reserva o secreto de estas normas deba hacerse mediante una nueva norma de rango legal, que es lo que venimos a realizar mediante el presente proyecto de ley. En Chile, las leyes obligan a partir de su promulgación y publicación, tal como lo mandata el Código Civil, el que establece la forma en que deben publicarse, momento en el cual ellas se entenderán conocidas por todos. A su vez, Chile es parte del acuerdo asociativo “Open Government Partnership”, el cual está destinado a promover en los estados partes, la adopción de diversas políticas públicas de participación ciudadana mediante la transparencia de los actos públicos. El Ministerio Secretaría General de Gobierno elaboró un plan de acción de “Gobierno Abierto”, el cual tiene como uno de sus ejes la transparencia, considerada como parte fundamental en la Agenda de Probidad y de Modernización del Estado. Lo anterior tiene como principal objetivo el abrir la información de los organismos públicos a todas las personas, promoviendo un sistema estatal más cercano a los ciudadanos. Cumpliendo así con el Principio de Publicidad, eje rector que informa a todo nuestro sistema jurídico Esta es la regla general en nuestro ordenamiento y tiene su piedra angular en el artículo 8° de la Constitución, el cual enunciamos anteriormente. Este principio es reafirmado por el artículo 3 de la Ley N° 18.575 Orgánica de Bases de la Administración del Estado que establece que: “La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, en conformidad con la Constitución Política y las leyes”. También lo encontramos en el artículo 16 de la Ley N° 19.980 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado, que dispone: “Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación”. Finalmente podemos señalar que la Ley N° 20.285, que define el referido principio, disponiendo en su artículo 4° que: “El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley”. -Excepción al principio de publicidad. Se establece que solo a través de una ley de quórum calificado se podrá establecer la reserva o secreto para actos o resoluciones públicas y los fundamentos que se utilicen para tal decisión. En la Ley N° 20.285 se establece una excepción expresa a este principio en cuanto a la información pública que puede ser calificada como reservada y secreta en el caso de que la publicidad de ella afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, los derechos de la personas, la seguridad de la Nación, el interés nacional o cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución Política. ANTECEDENTES DE HECHO El 2 de agoto del año 2003, se ingresó a la Cámara de Diputados una moción parlamentaria de autoría de los diputados Gabriel Ascencio , Jorge Burgos y Rodolfo Seguel , que buscaba la publicación de las normas legales que tengan carácter de reservado o secreto. Sin embargo, a esa fecha aún no había sido publicada la Ley N° 20.050, por lo que dicho intento por hacer públicos estas normas no prosperó en su tramitación en el Congreso. De la discusión de dicho proyecto en comisiones, podemos rescatar la opinión de la entonces Ministra de Defensa – hoy Presidenta de la República – doña Michelle Bachelet Jeria , quien señaló que en su opinión y en la del Gobierno de la época “las leyes no deben ser secretas, aún cuando deberían tener tal calidad aquellas referidas a planes, estrategias específicas o determinadas adquisiciones, pero no las de plantas o escalafones”. Siendo estas últimas el grueso de leyes con carácter de reservado o secreto dictadas entre 1973 y 1990. Por todo lo anterior, y en consideración de los argumentos de hecho y de derechos expuestos, es que venimos a presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo primero: Déjese sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos supremos, decretos con fuerza de ley y leyes promulgadas con tal calificación entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Artículo segundo: Publíquense dentro de los 30 días siguientes a la promulgación de esta ley, los cuerpos legales que hayan perdido la calificación de secretos o reservados de acuerdo a la disposición anterior”.