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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés ; a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón ; a la ministra secretaria general de la Presidencia subrogante, señora Patricia Silva ; al subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz ; a la máxima dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores y a los diferentes representantes de sindicatos.
Hace seis meses iniciamos la discusión de esta reforma laboral. En ese minuto, la ciudadanía estaba dividida prácticamente en iguales porcentajes a favor y en contra de esta, en una proporción de 37 a 35. Han transcurrido seis meses, de los cuales cinco han sido de debate con una amplia difusión ante la opinión pública, y hoy la reforma laboral tiene un rechazo de 50 por ciento y una adhesión de solo 28 por ciento, según la misma encuesta.
En ese entonces, la Presidenta Michelle Bachelet gozaba de un alto apoyo ciudadano y de un menor rechazo. Hoy, en cambio, tiene 24 por ciento de aprobación y 65 por ciento de rechazo. Por su parte, su gabinete, encargado de impulsar estas reformas, tiene solo 18 por ciento de aprobación y 69 de rechazo.
¿Qué sucede en Chile? ¿Qué hace que las tres reformas emblemáticas del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet : la tributaria, la educacional y la laboral, hayan llegado al peak del rechazo ciudadano? ¿Está equivocada la opinión pública chilena? ¿Están equivocados los trabajadores chilenos o falta información y difusión de parte del gobierno? Creo que la esencia del problema es que el gobierno de la Nueva Mayoría parte, en este y en otros proyectos de ley, con un diagnóstico equivocado, con un voluntarismo político y con una excesiva ideologización que los lleva a impulsar y a aprobar reformas -como, probablemente, lo veremos mañana- en la misma proporción, pero al revés, de la opinión ciudadana.
Me pregunto si es bueno que una reforma que va a afectar al mundo del trabajo tenga tan bajo nivel de consenso. Todo el sector empleador, desde la pequeña y mediana empresa hasta las grandes empresas, le ven más reparos que beneficios.
En palabras de la CUT, si esta reforma no tiene más reformas, entonces será un retroceso. Por otro lado, otras organizaciones de trabajadores también están disconformes con ella.
Concordemos en que esta no es la gran reforma laboral que Chile necesita, que parta con un consenso mínimo, porque hoy no existe. Eso no es bueno para la estabilidad política, social y económica del país.
¿Por qué parte mal? Porque, además del rechazo ciudadano, comienza con un diagnóstico equivocado.
En ese sentido, tanto la Encuesta Nacional del Bicentenario, de la Universidad Católica y Adimark, como la última Encuesta Laboral de Chile (Encla), de 2011, nos dicen que cerca del 2 por ciento de los trabajadores percibe falta de diálogo de la empresa (Encla 2011). En cambio, el 72 por ciento de los trabajadores tiene confianza en su empresa, y el 78 por ciento percibe una actitud positiva o neutra de la empresa en la negociación (encuesta de la Universidad Católica y Adimark). Los trabajadores tienen una percepción positiva sobre el resultado de la negociación, porque 70 por ciento lo califica como bueno o muy bueno, según la encuesta Encla de 2011.
El crecimiento de la economía en los últimos treinta años es muy similar al de la masa salarial. En Chile, las remuneraciones han crecido por sobre el Producto Interno Bruto.
El 53 por ciento de los trabajadores prefiere ser emprendedor. El 80 por ciento disfruta lo que realiza. En cambio, solo el 5 por ciento de los trabajadores percibe una actitud negativa de la empresa, y el 1,7 por ciento advierte un conflicto frecuente en su empresa.
Asimismo, el 67 por ciento está de acuerdo con la extensión de los beneficios de la negociación, que justamente esta ley en proyecto impide que se haga si no llegan a un acuerdo los trabajadores y los empleadores. El 61 por ciento piensa que el trabajador debe poder elegir libremente sobre su opción de afiliación sindical; sin embargo, este proyecto establece la titularidad sindical y hace, sin duda, una sindicalización encubierta y obligatoria de los trabajadores de Chile, lo que afecta un derecho tan importante como la libertad del trabajador a no querer sindicalizarse, porque no le interesa, porque no está de acuerdo con la directiva o, sencillamente, porque quiere mantenerse independiente de una organización de esta naturaleza.
Finalmente, la última encuesta CEP, la más reputada de todas, señala que el 70 por ciento está de acuerdo con una mayor flexibilidad de la jornada.
No obstante, nada de esto se toma en cuenta en la elaboración del proyecto. Todo es rigidizar, menos flexibilidad, titularidad sindical para unos pocos y la obligación de pertenecer a un sindicato si se quieren obtener los beneficios.
Entonces, esta es una reforma laboral que comienza, en su esencia, mal planteada, porque va en contra del sentir ciudadano y del diagnóstico que tiene la sociedad.
Cuando lo que prima es el voluntarismo político, la ideología o el cumplimiento a ciegas de un programa de gobierno, entonces no se sorprendan del enorme rechazo ciudadano que están recibiendo. Por lo demás, 50 por ciento está en contra de esta reforma y solo 28 por ciento la apoya.
Invito a reflexionar sobre el país que estamos construyendo. Nada me gustaría más que se hicieran realidad todas las virtudes que ustedes le ven a esta reforma: que haya más equidad, más crecimiento, más empleo y más productividad.
Requerido sobre esta pregunta en la Comisión de Hacienda, no fue posible que el ministro de Hacienda nos diera una respuesta categórica respecto de si creía, realmente, que esta reforma laboral fuera a fortalecer la productividad, el crecimiento y el empleo en Chile. No lo contestó porque simplemente no lo sabe.
¡Miren las cifras, honorables diputados: todos los indicadores económicos y sociales del país están cayendo! La productividad cayó, el crecimiento es cero y la importación de bienes de capital, de tractores y de camionetas, que se utilizan para trabajar y dar trabajo, también cae. Las exportaciones y las importaciones caen. El desempleo se mantiene, pero disfrazado con una curiosidad tremenda: 260.000 trabajadores en Chile dicen ahora que no quieren trabajar. ¡No trabajan porque no tienen empleo! El empleo de las mujeres también cae, y cada día los jóvenes encuentran menos alternativas de trabajo. Sin embargo, el voluntarismo político y de la ideología parece poder más que el sentido común. ¡Y por Dios que le falta sentido común a nuestro país en las horas que estamos viviendo!
Veamos específicamente algunos puntos de esta reforma que me preocupan.
El primer concepto es que se trata de una reforma sindical a la negociación colectiva bien pensada para una economía cerrada, pero mal pensada para una economía abierta. Quizás es una reforma para los años 60 o 70, para las líneas de producción tradicionales, para los trabajadores que entraban a una empresa y hacían carrera en ella por treinta o cuarenta años. Nuestros padres decían: “Soy empleado bancario” o “soy empleado ferroviario”. Entraban jóvenes y jubilaban en la misma empresa; pero el siglo XXI es muy distinto. No es el siglo del empleo, sino de la empleabilidad, del que busca destrezas y capacitarse para encontrar nuevas fuentes de trabajo.
Por eso en Chile la permanencia promedio en el empleo es de siete años. La antigua carrera laboral en una sola empresa no existe. ¡Hablen con los jóvenes de Chile! Quieren cambiarse de trabajo y buscar mejores alternativas, así como capacitarse, estudiar y trabajar. Las mujeres quieren criar hijos y trabajar. ¿Dónde están en esta reforma los incentivos a la contratación de mujeres? Tenemos bajos estándares de empleabilidad de las mujeres, de 46 o 47 por ciento. ¡Cero incentivo a la contratación de mujeres!
¿Dónde están los incentivos a la contratación de los jóvenes, que tienen las más altas tasas de cesantía? Cero incentivo para los jóvenes.
¿Dónde están las alternativas de trabajo para los que tienen capacidades diferentes? Cero alternativas.
¿Dónde están las alternativas de trabajo para nuestros adultos mayores que quieren prolongar, como lo hicieron hace cuatro o cinco años, el período de trabajo más allá de la edad de jubilación o reinsertarse en el trabajo porque las jubilaciones son miserables? Cero incentivos también para ellos.
Entonces, esta no es una reforma del siglo XXI, sino de las economías cerradas del siglo XX: poca flexibilidad y cero adaptabilidad, lo que no se compadece con la realidad de la sociedad actual, que es dinámica y busca más empleabilidad y mejores empleos.
El tema de la titularidad sindical tiene varios defectos. Primero, obliga al trabajador a sindicalizarse si quiere recibir los beneficios de la negociación. Me gustarían sindicatos capaces de seducir, de capturar y de dar buenas razones a los trabajadores para que se afilien y no obligarlos por la vía de acogerse a los beneficios que se negocian.
La titularidad sindical es una obligatoriedad encubierta que afecta el derecho esencial de un trabajador a pertenecer o no a un sindicato. Pero no es solo eso. Un diputado señaló que, en un principio, va a genera mayor sindicalización. No se extrañen de que, a la vuelta de algunos años, pasemos del 15 al 30 por ciento de sindicalización en el país.
El señor ORTIZ.-
¡Antes!
El señor MELERO.-
El diputado Ortiz dice que ello ocurrirá antes. Ojalá que sea así. Pero me pregunto si esa mayor sindicalización realmente será consecuencia de un acto propio, de la independencia y de la decisión del trabajador de querer hacerlo o será producto de una obligación para obtener el beneficio.
Ahora, desde el punto de vista de la equidad -que tanto les preocupa a algunos-, se va a ir produciendo una situación que considero no deseable: que en materia de distribución de las remuneraciones, progresivamente estas van a ir más hacia los sindicalizados, lo que producirá un desequilibrio. Será más oneroso tener empleados formales que informales. Por consiguiente, al inicio se va a producir un alza en las remuneraciones, pero después se producirá mayor igualdad en remuneraciones, porque no van a seguir creciendo en el tiempo. Adentro de las empresas se va a producir una situación odiosa entre los sindicalizados y los no sindicalizados, lo que, obviamente, será un factor de conflicto.
¿Qué va a pasar? Que la titularidad sindical puede llevar a que, en empresas grandes con más de un sindicato, las condiciones laborales de toda la empresa terminen siendo determinadas por el sindicato más grande, a pesar de que las distintas áreas pueden ser radicalmente diferentes. Se apuesta al promedio, pero no al incentivo, no al estímulo al trabajador que hace bien su trabajo, sino al sindicato más grande que negocia en una empresa.
A consecuencia de la titularidad sindical, se va a producir un incentivo evidente a remunerar por productividad promedio entre trabajadores y dentro del ciclo, riesgo de prácticas antisindicales y piso mínimo. Sin posibilidad de que el empleador premie el esfuerzo individual, se dañan los incentivos a la eficiencia laboral y cae la productividad.
En materia de fin del reemplazo en huelga, quiero ser claro en señalar que me parece que la huelga es esencial en la relación entre trabajadores y empresarios; es un derecho que está en todos los códigos del trabajo y me parece fundamental su existencia. Reconozco que me habría gustado hacerle más difícil el reemplazo al empleador, que prohibírselo totalmente.
(Manifestaciones en las tribunas)
Pienso que, así como hoy tiene que pagar una multa de 4 UTM por cada trabajador que reemplaza, habría sido mejor elevar esa multa a 8 UTM o dar un plazo más difícil; en fin, se ha optado por el no reemplazo.
¿Saben qué pasará? Los quiero invitar a un minuto de reflexión, para que se pongan no solo en la perspectiva del trabajador, sino también en la del empleador…
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
¡Silencio en las tribunas, por favor!
Puede continuar, diputado Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, si hay algo que hemos aprendido quienes hemos tenido el privilegio de ir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que todos los acuerdos que se adoptan en esa organización consideran tres partes: trabajadores, empleadores y gobierno. En la OIT no se puede aprobar nada que no tenga el apoyo de esas tres partes.
Quiero invitarlos a reflexionar. Piensen en un mediano empresario -no en las grandes empresas ni en los más ricos, que se defienden solos- o en una mediana empresa de cien trabajadores.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
¡Corpesca!
El señor MELERO.-
Diputado Fidel Espinoza , si quiere hablar de aportes, le cuento que el Partido Socialista fue el que recibió más plata de Soquimich.
¡Si quiere sacar cuentas de aportes, podemos hablar de eso!
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Diputado Melero , diríjase a la Mesa.
El señor MELERO.-
¡Señor Presidente, mire qué paradoja! El yerno de Pinochet y la empresa SQM -capturada por el Estado, según la izquierda- fueron los que más plata le dieron a la izquierda chilena. Me gustaría que solucionaran ese conflicto ético. En todo caso, ese no es el tema en discusión.
Quiero volver al ejemplo de la mediana empresa. A ese empleador que arriesga un capital, que debe vender, que debe competir y que quiere buenas condiciones laborales para sus trabajadores, hoy lo entregamos amarrado de manos a una situación compleja. Si le hacen una huelga, no podrá reemplazar trabajadores. Si después de quince días un trabajador quiere descolgarse de la huelga, no podrá hacerlo, porque se prohíbe el descuelgue. Si el trabajador dice que quiere volver a trabajar porque tiene que alimentar a sus hijos, se le dirá que no puede descolgarse de la huelga después de quince días.
El empleador debe competir, entregar sus productos, respetar los derechos de sus consumidores y llevar adelante la empresa, pero le dicen: “Ahora solo tiene que negociar con el sindicato”. Si el empleador pregunta por los grupos negociadores, le dirán: “Se acabaron, señor. Ahora, simplemente, debe negociar con el sindicato”.
Entonces, es muy difícil.
(Aplausos)
Aplaudan lo que hoy ocurre, porque estoy seguro de que el día de mañana nos vamos a lamentar. Tengo la certeza absoluta de que esta reforma laboral terminará afectando negativamente la productividad, el empleo y el crecimiento, porque parte de un diagnóstico equivocado.
(Manifestaciones en las tribunas)
También quiero abordar un aspecto que fue parte de las conversaciones. Me refiero a la nueva redacción de los servicios mínimos.
Reconozco que en la nueva redacción se avanzó respecto de la inicial. El único contrapeso que existe para que no se paralice el país es que las organizaciones de trabajadores deben asegurar determinados servicios mínimos. El gobierno, probablemente con la intermediación…
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Señor diputado, se ha cumplido el tiempo definido por su bancada.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, mi bancada me ha autorizado para seguir con el uso de la palabra.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Muy bien, señor diputado.
Puede continuar con el uso de la palabra.
El señor MELERO.-
En lo que respecta a los servicios mínimos, la redacción final es mucho mejor para proteger los bienes e instalaciones de las empresas y atender las necesidades básicas de la población.
Pero tengo una preocupación: creo que, con el tiempo, el tema se va a judicializar, porque se amplía de forma tan sustancial la definición de servicios mínimos que, al final, más que constituirse en un mecanismo eficaz, terminará por generar jurisprudencia en los tribunales.
Por otra parte, quiero abordar una situación que, dadas las indicaciones del gobierno, considero un franco retroceso: la sanción a los sindicatos cuando se producen acciones violentas por parte de los trabajadores en huelga.
Miren lo que ocurrió la semana pasada con una de las líneas del Transantiago: los trabajadores en huelga han destruido más de quinientos buses. ¿Escucharon bien? Rayaron y rompieron ventanas; en resumen, destruyeron parcial o totalmente quinientos buses del Transantiago.
El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , con decisión, en la primera reforma laboral, dijo que las huelgas debían ser pacíficas. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet dijo, además, que el uso de la violencia y de la fuerza era una conducta antisindical. Sin embargo, un grupo de dirigentes manifestó que eso era criminalizar la acción sindical.
Después de haber leído ayer, en el diario La Segunda, declaraciones afortunadas del senador Juan Pablo Letelier , los invito a la reflexión y a abrirse a este tema. Tan importante como el derecho a huelga es que ello se haga en forma pacífica, porque, al final, lo que no debemos hacer es destruir el patrimonio de una industria, el patrimonio de todos los chilenos o comprometer gravemente al resto de la ciudadanía con serias dificultades producto de acciones violentas que van contra la esencia de las huelgas, que siempre deben desarrollarse de manera pacífica.
Aprendamos de la evidencia empírica. Desgraciadamente, Chile hoy está más violento y más intolerante. Las huelgas y los paros ilegales son el pan nuestro de cada día, y la violencia se ejerce sin contrapeso.
Por consiguiente, creo que se ha producido un franco retroceso en esta materia. Espero que las prácticas antisindicales y la restitución del proceso pacífico sean incluidas en el honorable Senado.
Tenía muchas cosas más por decir, pero terminaré mi intervención con el tema de la adaptabilidad.
Parece ser que los conceptos “adaptabilidad” y “flexibilidad” han sido demonizados, al punto de que no se pueden plantear en una discusión.
Al comienzo de mi intervención destaqué lo importante que es que, en el Chile del siglo XXI, las empresas tengan criterios de adaptabilidad respecto de la situación de tantos jóvenes, mujeres, especialmente dueñas de casa, que permitan a los sindicatos negociar no solo salarios, sino también jornadas de trabajo y otras cuestiones que les faciliten la adaptación a las condiciones de trabajo.
Con los diputados Osvaldo Andrade y Tucapel Jiménez , más los de la Alianza, logramos rechazar el artículo quinto transitorio, que establecía un quórum del 60 por ciento para que hubiera adaptabilidad, hasta un piso de 30 por ciento. Lo rechazamos transversalmente, y me alegro de que, al menos en ese punto, exista una visión más amplia.
Sé que tanto al ministro de Hacienda como a la ministra del Trabajo y Previsión Social les preocupa que haya dinamismo. Por primera vez, en más de un año, hemos recuperado el discurso de la importancia del crecimiento económico del país.
¡Por favor, honorable Cámara! ¡La madre de la clase media chilena es el crecimiento económico! Si no hay crecimiento, no hay trabajo; si no hay crecimiento, no hay oportunidades. Es ahí donde hay que poner el eje: en el crecimiento y en la productividad. Me alegro de que el ministro de Hacienda haya incorporado lo que él ha llamado un reequilibrio de esta reforma laboral, y haya dicho no a la negociación por rama, no a la indexación del IPC en la negociación, y haya planteado derechamente la importancia del crecimiento económico.
Por eso la adaptabilidad es tan importante. Seamos coherentes: si ahora estamos exigiendo 30 por ciento de acuerdo del sindicato para que haya adaptabilidad, ¿por qué no exigir a los sindicatos un quórum mínimo de representación? ¿Por qué exigimos 5 o 10 por ciento a los trabajadores para poder tener un sindicato y negociar por todos, pero para tener adaptabilidad exigimos 30 por ciento? Debería haber coherencia: 30 y 30 para todos. Igualdad para adaptarse; igualdad para negociar. Pero eso no se puede. Todo esto va en una dirección incorrecta.
Agradezco los cambios realizados por el gobierno en algunas materias. Respecto de lo que no logramos en la Cámara, espero que se pueda avanzar en el Senado.
Ahora bien, la opinión de la CUT es relevante e importante, y la respeto; no la comparto, pero la respeto, y me sentaré a conversar con sus dirigentes cada vez que sea necesario. La organización de los sindicatos es muy importante; pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor: el bien común general de la nación, y de este debate tenemos que rescatar una reforma laboral que sea la reforma del siglo XXI; que tenga criterios de flexibilidad, de adaptabilidad, de derechos de los trabajadores, de negociación colectiva, de sindicatos fuertes, pero no impuestos, sino libremente generados por sus trabajadores; que entregue oportunidades de trabajo a las mujeres que lo necesitan, a los jóvenes que no lo tienen, a los 600.000 chilenos cesantes, a los millones de chilenos informales.
Esa debe ser nuestra preocupación esencial, pero creo que esta reforma no va en esa dirección. Hago el esfuerzo por encontrarle más virtudes, pero le encuentro más defectos, razón por la cual voy a votar en contra.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
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