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- rdf:value = " MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9835-13)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo.
Hago presente a la Sala que de conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el jueves 11 de junio, para la discusión de este proyecto se destinarán tres horas distribuidas proporcionalmente entre las bancadas.
La petición de votación separada y la renovación de indicaciones se podrán formular hasta las 18.00 horas de hoy.
Se ha distribuido a cada uno de los jefes de Comités la información sobre la cantidad de minutos y segundos, por sesión, que corresponde a cada bancada. Por tanto, pido a las diputadas y a los diputados que se informen respecto del total del tiempo disponible para intervenir durante las tres sesiones en que se tratará esta iniciativa.
Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda, son los señores Lautaro Carmona y Alejandro Santana , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 110ª de la legislatura 362ª, en 6 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 30ª de la presente legislatura, en 3 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 35ª de la presente legislatura, en 11 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 13.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
El señor CARMONA (de pie).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra de Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón , y al subsecretario de esa cartera, señor Francisco Díaz.
En nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, contenido en el boletínN° 9835-13, con urgencia calificada de “simple”.
El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestro conocimiento apunta a modificar el Código del Trabajo en el ámbito de los derechos colectivos, con el objeto de modernizar el sistema de relaciones laborales, en pro de garantizar un adecuado equilibrio entre las partes y con pleno respeto a la libertad sindical, conforme a los convenios internacionales que Chile mantiene vigentes.
Según lo señala el mensaje que acompaña el presente proyecto de ley, en las sociedades modernas la democracia no se limita al ejercicio de las libertades civiles y políticas, sino que comporta el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran las libertades sindicales con fines redistributivos.
La organización de los trabajadores en sindicatos y órganos superiores de representación es fundamental para formular propuestas destinadas al mejoramiento de sus condiciones de empleo y de vida, así como el acceso a los frutos del crecimiento económico de las empresas.
Agrega que una dimensión significativa de esta iniciativa modernizadora del sistema de relaciones laborales chileno dice relación con su sentido democratizador. Esto es consistente con el interés creciente de los ciudadanos, que esperan poder participar de manera más abierta y propositiva en los temas que les interesan y que finalmente les afectan.
Añade que la existencia y respeto de los derechos colectivos de los trabajadores permite una regulación institucional de las tensiones y conflictos que, naturalmente, se presentan en el ámbito laboral, encauzando su solución conforme a las reglas legales y con pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las partes. De este modo, se evita la proliferación de conflictos inorgánicos, que se producen justamente cuando los mecanismos institucionales no son adecuados.
Expresa, asimismo, que el diálogo social en la empresa y, particularmente, en la negociación colectiva, son, en consecuencia, esenciales para el crecimiento, productividad y desarrollo de empresas socialmente sustentables.
La negociación colectiva es una herramienta de participación y de reconocimiento social de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, pero también de administración, porque permite a las empresas apoyarse en los sindicatos para poner en práctica una gestión satisfactoria de los recursos humanos, lo que favorece finalmente la calidad de los productos que vende o de los servicios que presta y, en general, mejora su productividad.
En este sentido, añade el mensaje, la negociación colectiva es un instrumento clave para promover la no discriminación y la igualdad, incluida la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, dado que integra al mundo del trabajo la garantía de los derechos fundamentales en el campo laboral para todo el colectivo, a fin de lograr que más productividad redunde en una mayor equidad, promoviendo así más justicia social.
Manifiesta que la experiencia de los países donde los niveles de sindicalización son mayores y la negociación colectiva está más desarrollada indica que, bajo estas condiciones, donde al interior de la empresa se privilegian los espacios de diálogo y colaboración entre trabajadores y empleadores, se pueden establecer acuerdos de mutuo beneficio sobre un amplio espectro de materias, tales como políticas de conciliación de vida laboral y familiar, pactos de beneficios asociados al cumplimiento de metas de productividad, organización de regímenes de jornada más flexibles, descansos, políticas de capacitación, entre otras.
En nuestro país, señala, lamentablemente existe contundente evidencia de que las relaciones laborales están caracterizadas por la falta de confianza y de colaboración, y por el escaso diálogo que existe entre los actores de la relación laboral. A ello se suma un ordenamiento legal que contiene un modelo de organización del trabajo y de relaciones laborales que limita significativamente los espacios de negociación y entendimiento.
Expresa que pese a las innegables ventajas que tiene un esquema regulatorio que promueva y facilite el diálogo social de los actores, a través de la negociación colectiva y teniendo como interlocutor al actor sindical, nuestro ordenamiento legal presenta múltiples trabas y dificultades para que estos procesos se puedan desarrollar de manera constructiva, principalmente porque no garantiza ni promueve correctamente la igualdad entre las partes, lo que trasunta una profunda desconfianza en la capacidad de estas para organizarse y colaborar mutuamente.
A lo anterior, añade, se suma que las normas que actualmente regulan la negociación colectiva son extremadamente formales y rígidas, y, más que fomentar los acuerdos, los obstaculizan. La experiencia histórica indica que mientras más asimetría y rigidez procedimental exista en la negociación colectiva, más intervendrá el Estado para garantizar la tutela de la parte más débil de la relación laboral. Además, proliferarán regulaciones particulares para sectores específicos, lo que dificultará la adaptación a los cambios que se requieran, en función de las especificidades de cada sector.
En contraste, mientras mayor equilibrio exista entre las partes de la relación laboral, con sindicatos más robustos y representativos, mayor autonomía podrá concederse a las partes, con el fin de lograr acuerdos simétricos y beneficiosos que permitan que tanto a las empresas como a los trabajadores les vaya bien. Esto es lo propio de una economía moderna y es lo que buscamos para Chile.
Este proyecto de ley constituye una oportunidad para generar una cultura de diálogo y de colaboración estratégica entre los actores. Las relaciones laborales modernas se basan en el respeto mutuo y en el reconocimiento de la contraparte como un interlocutor legítimo que debe ser respetado en su dignidad y derechos. El diálogo permanente, la colaboración, la buena fe, más allá de las legítimas diferencias, todo ello con miras a la búsqueda conjunta de mejores condiciones laborales y productividad, es una lógica constructiva y de mutuo beneficio, que es la que esperamos que, con este proyecto, logre permear nuestra institucionalidad e introduzca una efectiva modernización del sistema de relaciones laborales para nuestro país.
Avanzar por esta senda permitirá establecer un equilibrio entre el respeto de los derechos y la conciencia de los deberes, y, en consecuencia, un compromiso común y recíproco de los trabajadores y de los empleadores respecto del destino de la empresa.
Subraya que para la materialización de las aspiraciones precedentes es fundamental que garanticemos adecuadamente, en los términos prescritos por los convenios N° 87 y N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la libertad sindical.
La libertad sindical, agrega, comprende la organización de los trabajadores y empleadores, así como la acción colectiva que supone el ejercicio de los derechos destinados a la determinación común de las condiciones del empleo y de la autotutela destinada a la solución de los conflictos colectivos a través del ejercicio del derecho de huelga.
A continuación, el mensaje señala que entre los antecedentes que se han considerado para la presentación de este proyecto de ley, destaca la baja cobertura de la negociación colectiva. En efecto, en 2013, ella alcanzó apenas el 8,1 por ciento de los asalariados del sector privado bajo la modalidad reglada, y el 2 por ciento, bajo la modalidad no reglada. Esto significa que la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras chilenos quedan fuera de la posibilidad de negociar colectivamente sus salarios y sus condiciones laborales.
Hace presente que mientras no se avance en el fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo, las condiciones estructurales para la reproducción de la desigualdad permanecerán, lo que minará los esfuerzos que se están haciendo en otras áreas para hacer de Chile un país más justo y cohesionado.
Otra de las consideraciones tenidas a la vista, añade, son las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto, hace presente que diversos pronunciamientos de los órganos de control de la OIT hacen referencia a las condiciones restrictivas que contiene la actual legislación en relación con el debido reconocimiento y con la regulación de los derechos asociados a la libertad sindical.
Objetivo del proyecto.
En atención a las consideraciones señaladas, el objetivo de esta iniciativa legal apunta al desarrollo de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes, en las que predomine el diálogo y el acuerdo, y en las que se combinen objetivos de equidad, de eficiencia y de productividad.
Para avanzar en esos propósitos, el proyecto de ley amplía y mejora la negociación colectiva para que pueda ser ejercida por más trabajadores, bajo mecanismos que faciliten los acuerdos con sus empleadores, en la perspectiva de favorecer un espacio de diálogo institucionalizado al interior de las empresas. Junto con ello, se enriquecen los contenidos y la calidad de esos procesos.
El fortalecimiento de los sindicatos implica reconocerles titularidad para los fines de la negociación. Se promueve que sus acuerdos puedan ser extensivos a otros trabajadores de la empresa, a través de mecanismos que no constituyan prácticas antisindicales.
En la actualidad, el ordenamiento normativo laboral en materia de derechos colectivos establece un conjunto de instituciones que, en lo sustantivo, deja en una posición muy asimétrica a las partes para negociar colectivamente.
En consecuencia, el proyecto de ley tiende a nivelar las condiciones institucionales de la relación laboral, de manera que trabajadores y empleadores puedan negociar con igualdad de medios al interior de la empresa, potenciando la confianza, la colaboración estratégica y, también, buscando una mejor distribución de las ganancias de productividad. De esta manera, se busca instalar una lógica virtuosa donde se concilien mayor equidad, mayor productividad y mayor paz social.
Esta iniciativa legal también busca legitimar un sistema institucional que permita procesar el conflicto laboral al interior de las empresas, mediante la generación de un procedimiento que contenga un conjunto de incentivos destinados a promover el diálogo directo entre las partes, el acuerdo y mecanismos pacíficos de resolución de controversias.
Las legítimas diferencias y aspiraciones de las partes deben ser encauzadas en un marco de respeto y juridicidad. Aquellas conductas que se desvíen de este cauce serán sancionadas en forma específica, particularmente aquellas que representen un ejercicio violento del derecho a huelga.
Junto con lo anterior, cabe resaltar que, para una adecuada y efectiva implementación de los cambios propuestos, se fortalecerá la capacidad operativa de la Dirección del Trabajo, a fin de que pueda desarrollar a cabalidad las nuevas funciones que se le asignan, especialmente las relativas a la solución de controversias, la asistencia técnica a las partes y la calificación de los servicios mínimos.
En aras del tiempo, no me referiré en detalle al contenido del proyecto. Sin perjuicio de ello, solo cabe enunciar que este aborda, entre otras materias, las siguientes:
1. Ampliación de la cobertura de la negociación colectiva a trabajadores que hoy están excluidos de ejercer este derecho.
Se encuentran en esta situación los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y otros.
2. Titularidad sindical.
Se reconocerá al sindicato como sujeto único de la negociación colectiva reglada, en representación de sus afiliados.
El sindicato podrá, en cualquier tiempo, ser parte de procesos de negociación directa con el empleador, esto es, titularidad sindical para la negociación colectiva no reglada.
El trabajador amparado por un instrumento colectivo negociado a través de un sindicato podrá modificar su afiliación sindical, pero permanecerá vinculado a dicho instrumento colectivo hasta el término de su vigencia.
Los beneficios negociados por un sindicato y establecidos en un instrumento colectivo se aplicarán a todos los trabajadores que se afilien al sindicato con posterioridad a la negociación. El trabajador sindicalizado tendrá derecho a los beneficios que se devenguen a partir de la comunicación al empleador de su afiliación.
Las partes dispondrán de la facultad de extender los beneficios de un instrumento negociado a trabajadores sin afiliación sindical, en la medida en que se cuente con el acuerdo del trabajador al que se le extiende y con el pago por parte de este de la totalidad de la cuota sindical respectiva. En este caso, la extensión se regirá por los términos del acuerdo.
En caso de no lograrse este acuerdo, se sancionará como práctica antisindical otorgar beneficios iguales a los pactados en instrumentos colectivos a trabajadores no afiliados a la organización que ocupen cargos o desempeñen funciones similares.
En general, se mantendrá el reconocimiento de modalidades de negociación de carácter voluntario a todo tipo de organizaciones sindicales. El proyecto se refiere a la negociación no reglada, a través de la cual, en cualquier momento y sin restricciones de ninguna naturaleza, podrán iniciarse negociaciones directas y sin sujeción a normas de procedimiento entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales, destinadas a convenir condiciones comunes de trabajo y remuneraciones.
Asimismo, se regula un procedimiento reglado especial de negociación colectiva vinculante para el empleador, para las organizaciones que afilien a trabajadores eventuales y a los contratados para desempeñar exclusivamente una determinada obra o faena transitoria.
3. Ampliación del derecho a información de los sindicatos, con la finalidad de mejorar la calidad de las negociaciones y de la relación empresa-sindicatos.
En el caso de la mediana y de la gran empresa, estará comprendida por el valor actualizado de beneficios que forman parte del contrato colectivo vigente; la planilla actualizada de remuneraciones de los trabajadores afectos a la negociación; los costos globales de la mano de obra -número de trabajadores totales de la empresa- y la política futura de inversiones de la empresa que no tenga, a juicio del empleador, carácter de confidencial.
También se considera información sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, la que, en todo caso, deberá proporcionarse con carácter general y de manera innominada.
Para las pequeñas y microempresas se establece una regulación especial destinada a hacerse cargo de sus particularidades. En general, solo estarán obligadas a entregar la información de que dispongan sobre su situación financiera y aquella específica con la que cuenten para la negociación. Con todo, y con el ánimo de facilitar a este segmento de empresas el cumplimiento de esta obligación, se les faculta a solicitar asistencia a la Inspección del Trabajo y que este organismo solicite, a su vez, información sobre la actividad o rubro al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a fin de que puedan disponer de información complementaria y comparativa del sector de que se trate.
4. Simplificación del procedimiento de negociación colectiva reglada.
El actual procedimiento reglado de negociación colectiva limita las opciones de diálogo directo entre las partes, y hace prevalecer las formas procedimentales por sobre los actos sustantivos. Por lo anterior, este se simplifica, y reconoce el principio de buena fe del procedimiento, esto es, el deber de las partes de cumplir con las obligaciones y plazos previstos, sin poner obstáculos que limiten sus opciones de entendimiento.
5. Equilibrio de las partes en el proceso negociador: derecho a huelga.
Con el objeto de que la huelga sea un instrumento eficaz que permita a las partes llegar a un acuerdo que resulte favorable para todos los intervinientes en el proceso de negociación y se logren equilibrar las posiciones de los actores, acogiendo los principios de libertad sindical impulsados por la OIT, se eliminará la facultad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo con trabajadores propios o externos de la empresa, lo que es consistente con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema.
De conformidad con lo dispuesto en el número 16° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se regula un procedimiento para la calificación de las empresas en las que no se puede ejercer el derecho a huelga, que mejora sustantivamente el actual procedimiento, pues permite el principio de bilateralidad, y faculta a las partes a hacer valer sus alegaciones ante la autoridad, mediante un nuevo procedimiento judicial de carácter especial ante la Corte de Apelaciones, la que deberá pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de aquella calificación.
Se establece un procedimiento eficaz de arbitraje obligatorio, gratuito para los trabajadores de las empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga y las empresas de menor tamaño, a cargo de un cuerpo arbitral que se caracterizará por la diversidad, experiencia, prestigio e independencia de sus miembros.
Se consagra el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para cumplir los “servicios mínimos”, es decir, aquellos estrictamente necesarios para proteger los bienes e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, así como garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios.
La atención de los servicios mínimos no implicará restar eficacia al ejercicio del derecho a huelga y deberá realizarse a través de uno o más equipos de emergencia dispuestos por los trabajadores involucrados en el proceso de negociación.
En general, se privilegia que la calificación de los servicios mínimos pueda ser concordada por las partes en forma previa a la negociación. A falta de acuerdo, resolverá la Inspección del Trabajo, previa fiscalización y con informes técnicos de organismos públicos y privados. La resolución será reclamable ante un tribunal del trabajo a través del procedimiento monitorio.
Solo en el caso de que los trabajadores no cumplan con atender los servicios mínimos previamente concordados o regulados por la autoridad competente, la empresa podrá tomar las medidas necesarias para atenderlos, hecho que será certificado por la Dirección del Trabajo.
6. Piso de la negociación.
La negociación colectiva debe propender a que las partes desarrollen un proceso amplio e informado de diálogo, sobre la base de las condiciones actuales y futuras de la empresa, en la perspectiva de asegurar mejores condiciones laborales y remuneracionales para los trabajadores en un marco de sustentabilidad.
Lo anterior supone que las partes actúen de buena fe y con responsabilidad, buscando acuerdos de mutuo beneficio.
Desde esta perspectiva, se introducen modificaciones destinadas a consolidar los resultados del proceso de negociación colectiva anterior en materia de beneficios remuneracionales, como el piso del instrumento colectivo que surja del nuevo proceso negociador. Se busca que las partes concentren su diálogo en el mejoramiento de las condiciones remuneracionales futuras y no en asegurar la continuidad de lo obtenido en el proceso anterior. En este contexto, se establece que la respuesta del empleador no pueda contener estipulaciones menores, en materia de remuneraciones y beneficios permanentes, a las vigentes al momento de la negociación.
En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, el piso de la negociación lo constituye la respuesta del empleador. Con todo, la propuesta del empleador no podrá contener beneficios remuneracionales inferiores a los que de manera regular y periódica haya otorgado a los trabajadores que represente el sindicato.
Se entienden excluidas de las estipulaciones que conforman el piso de la negociación la reajustabilidad pactada, el incremento real pactado en el contrato vigente, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y lo que generalmente se conoce como bono de término de negociación.
Con todo, después de presentada la respuesta del empleador, las partes podrán, atendida la situación económica de la empresa, negociar modificaciones a las estipulaciones contenidas en el piso de la negociación. A través de estas modificaciones podrán eliminar, disminuir, sustituir, conmutar o incorporar beneficios.
7. Ampliación de materias de la negociación colectiva.
La negociación colectiva debe permitir que los actores de la relación laboral puedan acordar todas las materias que son de interés común, e imponer los límites necesarios para que dichos acuerdos no signifiquen vulneración o afectación de sus derechos fundamentales. En la medida en que las partes posean una posición equivalente, la legislación debe posibilitar un marco de diálogo y entendimiento amplio, sin establecer obstáculos para el ejercicio de la voluntad colectiva.
Una economía abierta y competitiva requiere que las empresas tengan capacidad de adaptarse a un entorno que impone desafíos crecientes en materia de productividad y competitividad. Para enfrenar estos desafíos, las empresas deben contar con las herramientas necesarias para adecuarse a los ciclos productivos, actuando con oportunidad y eficacia. Estos ajustes no pueden sino emanar del entendimiento entre los trabajadores y las empresas, en un marco de diálogo y colaboración.
En consecuencia, se busca reconocer una amplia libertad y autonomía a las partes para negociar y establecer acuerdos sobre otras materias propias de la organización del trabajo, más allá de las condiciones comunes de trabajo y las condiciones remuneracionales. De esta forma se eliminan las restricciones que actualmente existen respecto de los temas que pueden ser objeto de la negociación colectiva, por lo que se propone facultar a las partes para negociar pactos sobre condiciones especiales de trabajo en las empresas en que exista una afiliación sindical relevante.
La afiliación sindical que se exigirá en régimen, para estos efectos, será igual o superior al 30 por ciento del total de los trabajadores de la empresa.
Cada sindicato representará a sus afiliados en la negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo, y estos solo podrán aplicarse a los trabajadores de la empresa que formen parte de los sindicatos que negociaron el acuerdo.
Con todo, el empleador podrá convenir aplicar los pactos concordados con los sindicatos a trabajadores sin afiliación sindical, con aprobación de la Dirección del Trabajo, salvo que el porcentaje de acuerdo supere el 50 por ciento, en cuyo caso el pacto podrá extenderse al conjunto de los trabajadores de la empresa.
Los pactos sobre condiciones especiales de trabajo podrán referirse a distribución de la jornada y descansos, al establecimiento de bolsas de horas extraordinarias, a la regulación y retribución de tiempos destinados a preparación para trabajar, así como a jornada pasiva.
Sin restricciones de ninguna especie, las negociaciones también podrán considerar acuerdos de conciliación de trabajo y vida familiar, planes de igualdad de oportunidades, constitución y mantención de servicios de bienestar, acuerdos para la capacitación y reconversión productiva, y mecanismos de resolución de controversias, entre otros.
Las nuevas materias enriquecerán la negociación, y podrán ser negociadas, ya sea a través del procedimiento de negociación colectiva reglada o bajo la modalidad de negociación no reglada.
Los pactos sobre condiciones especiales de trabajo deberán ser registrados por el empleador en la respectiva Inspección del Trabajo, la que fiscalizará su ejecución y cumplimiento.
8. Horas de trabajo sindical.
9. Modificaciones sustantivas al sistema de mediación y arbitraje.
10. Igualdad de oportunidades de la trabajadora para integrarse a la comisión negociadora sindical.
11. Modificaciones al Título Preliminar, Libro I y Libro III del Código del Trabajo, en concordancia con las enmiendas introducidas a los derechos colectivos anteriormente enunciados.
En su discusión general, vuestra comisión contó con la presencia de todas las autoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; de numerosos invitados que representaron a las más diversas organizaciones empresariales y sindicales; de representantes de centros de estudio y de expertos en Derecho Laboral, cuya nómina y testimonios se encuentran contenidos en el informe que los colegas tienen en su poder.
El proyecto en informe fue aprobado en general, en sesión ordinaria de 17 de marzo de 2015, con el voto favorable de la diputada señora Denise Pascal y de los diputados señores Osvaldo Andrade , Cristián Campos , Lautaro Carmona , Tucapel Jiménez , René Saffirio y Patricio Vallespín .
Votaron en contra los diputados señores Ramón Barros , Gabriel Boric , Felipe de Mussy , Patricio Melero , Cristián Monckeberg y Nicolás Monckeberg .
Por su parte, en sesión ordinaria de 14 de abril del año en curso, la comisión inició la discusión en particular del proyecto, y adoptó respecto de sus numerales y articulado los acuerdos que se señalan en el informe aludido y respecto de los cuales no haré mención en aras del tiempo.
Finalmente, a juicio de vuestra comisión los artículos 361, 402, 403, 404, 405 y 406, del número 28) del texto propuesto en este informe revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, puesto que modifican la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
Asimismo, a juicio de la comisión, los artículos 395, 398 y 399 del número 28) del artículo 1°, y los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° permanentes del texto propuesto requirieron ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda, por incidir en materias presupuestarias o financieras del Estado.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor SANTANA (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de “simple”, y de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.
Al tenor de lo informado por la comisión técnica, las normas de competencia de la Comisión de Hacienda son los artículos 395, 398 y 399 del número 28) del artículo 1°, y artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° permanentes, cuyo contenido es el siguiente:
Como explicó mi antecesor, el artículo 1° introduce en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, una serie de modificaciones, entre las cuales se encuentran las contenidas en su número 28), que sustituye el Libro IV “De la negociación colectiva”.
En este número se encuentran los artículos 395, 398 y 399, de competencia de esta comisión, los cuales se hallan insertos en la nueva regulación que el proyecto realiza respecto del arbitraje.
El artículo 395, denominado “De la remuneración de los árbitros”, dispone que esta será determinada por el arancel que anualmente fije la Dirección del Trabajo para el año siguiente, la que será de costo fiscal, salvo en el evento de que el procedimiento arbitral afecte a una gran empresa, en cuyo caso el costo deberá ser asumido por esta.
El artículo 398 (reglas generales) señala las funciones que corresponderán a la Dirección del Trabajo en relación con los árbitros. En tal sentido, tendrá a su cargo tanto la revisión del cumplimiento y mantención de los requisitos de quienes postulen a incorporarse en el Registro Nacional de Árbitros, como el pago de los honorarios correspondientes a las remuneraciones de los integrantes del Tribunal Arbitral, cuando corresponda.
El artículo 399 (contrato del árbitro) establece: “Constituido el Tribunal Arbitral, la Dirección del Trabajo suscribirá con cada uno de sus integrantes un contrato de prestación de servicios a honorarios, en el cual se especificará que estos se pagarán contra la entrega del fallo arbitral correspondiente, dentro del plazo máximo permitido.”.
El artículo 2° crea el Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reemplaza al Programa Escuela de Formación Sindical.
El fondo tendrá como objeto apoyar financieramente proyectos de formación sindical y acciones de promoción, programas o actividades que propendan a establecer relaciones colaborativas entre empresa y organizaciones sindicales.
Los recursos del fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos, previa propuesta del Comité de Selección, el que estará integrado por un representante de la Subsecretaría del Trabajo, un representante de la Dirección del Trabajo, un representante del Ministerio de Hacienda, dos representantes del mundo sindical y dos representantes del mundo empresarial.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el ministro de Hacienda, establecerá las normas de administración y operación del fondo, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de nombramiento y funcionamiento del comité de selección y las demás que sean necesarias para su implementación.
El artículo 3° complementa la norma anterior y señala los rubros que constituirán el Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas.
Así, en primer lugar, se indica que estará constituido por lo siguiente: el aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos; las multas pagadas por prácticas desleales y antisindicales; las donaciones que se le hagan, y las herencias y legados que acepte, a través de la Subsecretaría del Trabajo, con beneficio de inventario -dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten; las donaciones no requerirán del trámite de insinuación-; los aportes que se reciban por vía de cooperación internacional a cualquier título; y los demás recursos que perciba por otros conceptos.
El artículo 4° dispone que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta futura ley durante el año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público.
En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos.
El artículo 5° intercala en el artículo 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, un inciso tercero, nuevo, mediante el cual se establece una prioridad en las licitaciones o contrataciones periódicas para la prestación de servicios habituales, a las empresas que mantengan vigentes convenios colectivos con las organizaciones sindicales representativas de sus trabajadores o que les hagan aplicables a estos, convenios colectivos acordados por otros empleadores u organizaciones gremiales de empleadores, suscritos de conformidad a las reglas del Título X del Libro IV del Código del Trabajo.
El artículo 6° agrega una letra g), nueva, que incorpora al artículo 46 de la ley N° 19.518, que fija un nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, del siguiente tenor:
“g) Ejecución de acciones de capacitación destinadas a trabajadores de empresas de menor tamaño que mantengan vigentes o apliquen convenios colectivos a sus trabajadores, siempre que se trate de aquellos suscritos conforme a las reglas del Título X del Libro IV del Código del Trabajo.”. Estas serán pagadas con cargo al Fondo de Capacitación y Empleo.
En relación con los alcances presupuestarios de la iniciativa, el informe financiero sustitutivo N° 75, de 8 de junio de 2015, señala que el costo fiscal anual del proyecto de ley asciende a 3.939.640.000 pesos, por los siguientes conceptos:
a) Creación de un Fondo de Formación Sindical y de Relaciones Colaborativas por 2.143 millones de pesos, que reemplazará al actual Programa de Escuela de Formación Sindical, por lo cual el costo fiscal adicional asociado a este nuevo fondo asciende a 1.140 millones de pesos.
b) Por concepto de la realización de las nuevas acciones de apoyo a las MYPE que deberá desarrollar la Dirección del Trabajo, se deberá fortalecer a este servicio con diecinueve profesionales, para que cumpla con las nuevas obligaciones que le asigna el proyecto de ley, lo que representa un costo fiscal anual de 371 millones de pesos.
c) Por concepto de los estudios con los que deberá contar la Dirección del Trabajo en el evento de que deba resolver diferencias en torno al concepto de servicios mínimos, y que serán encargados para cada uno de los sesenta subsectores económicos informados por el INE a la División de Estadísticas de la ONU, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el costo ascenderá a 1.800 millones de pesos, con un costo promedio unitario de 30 millones de pesos.
d) En materia de mediaciones, cuyo aumento se estima en 10 por ciento, se obtiene un mayor costo fiscal de 97.500.000 pesos.
e) En relación con los arbitrajes, se considera el costo fiscal asociado al uso del arbitraje para el ciento por ciento de las empresas actualmente afectas al artículo 384 del Código del Trabajo -aproximadamente cien empresas-, y se utilizan los aranceles por árbitro, según tamaño de la empresa, de acuerdo a la resolución exenta N° 172, de 2012, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Se consideran tres árbitros de cargo fiscal para el caso de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas, y dos árbitros en el caso de las grandes empresas. De esta manera, el costo fiscal asciende a 370 millones pesos.
f) En materia de capacitación, se estima que 292 trabajadores involucrados en proyectos de negociación colectiva, presentados por federaciones de sindicatos, accederán a cursos de capacitación de 150 horas con un valor/hora de 3.679 pesos. Por lo anterior, el costo fiscal de la capacitación de estos trabajadores asciende a 161.140.000 pesos.
En consideración al mérito del proyecto y a sus fundamentos, la comisión aprobó las normas de su competencia por la mayoría de sus integrantes presentes y recomienda su aprobación del mismo modo a la Sala.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón .
La señora RINCÓN, doña Ximena (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].-
Señor Presidente, en primer lugar, por su intermedio, saludo a los dirigentes sindicales de diferentes organizaciones y a los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores que nos acompañan en las tribunas.
(Aplausos)
Nuestro país ha avanzado mucho durante las últimas décadas en ámbitos como la superación de la pobreza, el crecimiento económico, el acceso al empleo y el desarrollo de un sistema de protección social. Sin embargo, nuestro patrón de crecimiento se ha caracterizado por una marcada desigualdad. Según las últimas mediciones de la OCDE, Chile tiene la peor distribución del ingreso entre los 34 países que la integran.
De acuerdo con nuestro diagnóstico, existen dos importantes factores que son causa de la inequidad en Chile. Por un lado, un sistema tributario regresivo, y por otro, posibilidades diferenciadas, según estrato socio-económico, para acceder a una educación de calidad. Esto ha llevado a nuestro gobierno a impulsar reformas estructurales en estas materias.
Otra de las causas estructurales de la desigualdad en Chile deriva del funcionamiento asimétrico del mercado laboral. Lo anterior es particularmente relevante, porque en el mundo del trabajo, en cuanto a las oportunidades laborales, la retribución que se recibe y la calidad del empleo, se juega el bienestar de las personas y de sus familias. En el mundo del trabajo se define el estándar de vida de una sociedad y se establecen los niveles de productividad y de competitividad de las empresas. Por eso podemos afirmar de diversas maneras que la calidad del trabajo define la calidad de una sociedad.
En los últimos años se ha ido configurando un mercado laboral cada vez más heterogéneo y con crecientes niveles de segmentación, lo que contribuye a mantener y acrecentar las desigualdades sociales.
Las desigualdades en el mercado laboral se expresan en las bajas tasas de participación laboral de determinados grupos, mujeres, jóvenes y trabajadores con poca calificación; en la creación de empleo precario, trabajo informal y sin protección social, y en las profundas brechas salariales que se producen, respecto de las cuales la gran mayoría de los trabajadores asalariados presenta una baja participación en la distribución de la renta que se obtiene en el proceso productivo, lo que demuestra una escasa valorización del trabajo.
La principal muestra de la desigualdad de ingresos que se genera en el mercado laboral se expresa en que un número importante de hogares y de personas que se encuentran en situación de pobreza corresponde a trabajadores. Aun más, se trata de trabajadores dependientes y formales, lo que implica que tienen contrato de trabajo y seguridad social. Según la encuesta Casen, el 70 por ciento de los pobres en Chile son trabajadores.
Lo anterior significa que el empleo no es una opción suficiente para que los hogares superen su condición de pobreza.
A lo señalado se suma el hecho de que las relaciones laborales se desarrollan en un entorno de desconfianza y de confrontación entre los actores sociales, unido a un marco restrictivo para el ejercicio de los derechos colectivos del trabajo.
Nuestro actual sistema de relaciones laborales limita las capacidades de las partes para negociar y para procesar el conflicto. Además, genera un severo desbalance entre los actores de la relación laboral, pues inclina la balanza en favor de los empleadores.
De igual modo, el actual modelo de organización del trabajo impone rigideces a las partes y no contempla mecanismos que permitan adecuar la regulación a los cambios que devienen de los ciclos económicos y de la nueva estructura productiva, especialmente en una economía tan abierta al mundo como la nuestra.
Sin lugar a dudas, Chile necesita dar un salto y modernizar su modelo de relaciones laborales. Si no somos capaces de enfrentar estos desafíos, nuestro potencial de desarrollo y de crecimiento se verá afectado. La desigualdad y la falta de cohesión social limitan las posibilidades de expansión y desarrollo de los países.
Superar la desigualdad no es solo un imperativo ético, social y político, sino también una exigencia para fortalecer el crecimiento económico y alcanzar el tan anhelado desarrollo.
Modernización de las relaciones laborales.
En este escenario resulta indispensable avanzar hacia un nuevo equilibrio en la posición de los actores de la relación laboral: trabajadores y empleadores; generar espacios efectivos de diálogo, de acuerdo y de colaboración, y compatibilizar las necesidades que derivan del dinamismo, la competitividad y la productividad de las empresas en la economía global, con relaciones laborales en las que exista una justa distribución de la renta.
Se trata de combinar virtuosamente aumentos en los salarios y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, con incrementos sostenidos en la productividad laboral.
Para equilibrar la posición de los actores y desarrollar un diálogo social efectivo, apostamos por impulsar las relaciones colectivas de trabajo, lo que significa ampliar y mejorar la negociación colectiva y fortalecer la acción sindical.
La negociación colectiva permite hacerse cargo de los déficits de confianza que existen entre los actores sociales, promueve la capacidad de las partes para establecer acuerdos sobre la base del diálogo y la cooperación, disminuye los niveles de confrontación, anticipa y previene los conflictos, mejora la productividad de las empresas y contribuye a optimizar la distribución de los frutos del trabajo.
Nuestro país presenta una baja tasa de sindicalización, pues solo alcanza el 14,2 por ciento. Para revertir esta situación es necesario establecer un adecuado modelo de incentivos que promueva y fortalezca la sindicalización.
Estamos convencidos de que es bueno para Chile el desarrollo de un movimiento sindical moderno y de calidad, con capacidad de generar propuestas e incidir en la vida de las personas, de los trabajadores y de las empresas.
El proceso.
La modernización de nuestro sistema de relaciones laborales exigía emprender un proceso de reforma dotado de amplia legitimidad social y política, para lo cual era indispensable un intenso proceso de trabajo prelegislativo.
Durante 2014, el equipo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, liderado por mi antecesora, la entonces ministra Javiera Blanco , y por el subsecretario aquí presente, señor Francisco Díaz , desarrolló un proceso de diálogo con todos los actores sociales y políticos relevantes. Esta reforma fue construida de cara a la ciudadanía. Nadie puede alegar sorpresa en los contenidos de ella, dado que fueron ampliamente discutidos y socializados.
En el marco del trabajo prelegislativo se desarrollaron más de cien encuentros y reuniones con actores sociales y políticos. Este proceso concluyó en diciembre de 2014, con la presentación del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales en nuestro país.
A partir de enero de 2015, y por más de cinco meses, la Cámara de Diputados discutió el proyecto de ley. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara recibió más de sesenta audiencias, que incluyeron a organizaciones sindicales y gremiales, expertos, abogados laboralistas, académicos, exministros y diversos actores vinculados al mundo del trabajo.
Hemos tenido un debate intenso y profundo, que fue realizado con madurez y responsabilidad y que se hace cargo de los desafíos del mundo del trabajo. Esta discusión habla de la responsabilidad del Congreso Nacional y prestigia la acción política.
He sido parte de este debate en el último mes. Agradezco el nivel y ánimo que he observado en cada uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, presidida por el diputado Lautaro Carmona , al igual que el trabajo serio y responsable llevado a cabo por la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Como gobierno, queremos agradecer muy profundamente la altura y la profundidad con la que la Cámara de Diputados ha desarrollado esta discusión. Independientemente de las posiciones que cada uno tenga frente a la reforma laboral y sus contenidos, nadie puede dudar de la seriedad, profundidad y dedicación con la que se ha enfrentado este debate. Esa es la mejor manera de prestigiar la actividad política.
Contenidos del proyecto de ley.
El proyecto de ley que hoy debate la honorable Cámara de Diputados reforma los aspectos clave que conforman los tres pilares de la libertad sindical.
En primer lugar, esta iniciativa legal establece la titularidad del sindicato en los procesos de negociación colectiva. Junto con ello, dispone la extensión automática de los beneficios negociados a los trabajadores que se sindicalizan con posterioridad y se regula la extensión pactada de beneficios a los trabajadores no sindicalizados.
Además, contiene instrumentos destinados a potenciar los programas de formación sindical y a promover el desarrollo de estas organizaciones a través de la creación de un fondo público de formación sindical y de relaciones laborales colaborativas.
En segundo lugar, la iniciativa busca ampliar la cobertura y las materias que se pueden negociar colectivamente, haciendo de la negociación un proceso más técnico e informado, donde las partes alcancen acuerdos de mutuo beneficio, en que se concilie mayor equidad con mayor productividad.
La propuesta legal ofrece herramientas que permiten a los trabajadores y empleadores ajustar la organización del trabajo a una nueva realidad productiva del país y del mundo, permitiendo esquemas más flexibles de organización de las jornadas de trabajo y su distribución, adaptados a los ciclos productivos y a las estacionalidades propias que existen en algunos sectores económicos, en la medida en que dicho ajuste surja como resultado de la negociación y del acuerdo entre los actores. La herramienta propuesta para estos fines son los pactos sobre condiciones especiales de trabajo.
En tercer lugar, el proyecto de ley avanza en el reconocimiento y ampliación del derecho a huelga efectiva. La figura de “reemplazo de trabajadores durante la huelga”, que actualmente existe en nuestra legislación, viola los principios de la libertad sindical consagrados en el Convenio N° 87 de la OIT, ratificado por nuestro país.
A través de esta iniciativa legal enmendamos esa anomalía, no solo por coherencia normativa, sino porque se trata de un tema de justicia, ya que una huelga con reemplazo de trabajadores tiene mínimas posibilidades de ser efectiva como elemento de contrapeso al momento de negociar.
En este punto es necesario ser claros. No es posible mantener un orden laboral que restrinja a tal nivel el ejercicio del derecho a huelga, que lo convierta en una herramienta completamente ineficaz. Un justo equilibrio de las partes en el proceso negociador implica establecer un derecho a huelga efectiva.
Nuestra convicción es que solo con sindicatos fuertes y representativos y con condiciones institucionales que permitan una negociación colectiva más equilibrada, Chile podrá corregir la inequidad que se genera en la distribución primaria del ingreso.
Muchos de estos avances son posibles como resultado de los acuerdos alcanzados en el último tiempo a través del diálogo desarrollado entre los actores sociales, representados por la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y del Comercio.
En este sentido, es importante destacar el valor que como gobierno asignamos al diálogo social tripartito. El Acuerdo de Voluntades de 2012, suscrito entre la CUT y la CPC, es una clara expresión de los resultados que se pueden alcanzar con el diálogo y el entendimiento entre los actores sociales.
Es por ello que estamos convencidos de que la negociación entre los actores del mundo del trabajo reduce la conflictividad, mejora la paz social y, como resultado de ello, se incrementa la productividad.
Tal como lo hemos expresado a lo largo del debate, como gobierno tenemos la convicción de que nuestro país necesita avanzar hacia relaciones laborales modernas, justas y equilibradas. Debemos saldar la deuda que tenemos con el mundo del trabajo, mejorando y ampliando la negociación colectiva y fortaleciendo la acción y participación sindical.
Al respecto, el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales es una oportunidad para crear nuevos espacios de diálogo social y construir confianza entre trabajadores y empleadores. Es también una oportunidad para fomentar el empleo y la productividad, al permitir que trabajadores y empleadores establezcan acuerdos para ajustar los ciclos productivos a su propia realidad. Finalmente, es una oportunidad para que los resultados del proceso productivo se distribuyan en forma más equitativa.
Los ejes principales de esta propuesta legislativa fueron anunciados en el programa de gobierno. Sus contenidos fueron socializados y debatidos con un amplio número de actores y han sido objeto de un profundo análisis en dos comisiones de la Cámara. Estamos convencidos de que presentamos al Congreso Nacional una propuesta seria y equilibrada.
Durante el trámite legislativo, escuchamos distintas preocupaciones e inquietudes respecto de algunas de las normas e instituciones propuestas. Nos animó el propósito de elaborar una legislación que tuviera el mayor nivel de legitimidad social y política.
En función de lo anterior, como gobierno presentamos un conjunto de indicaciones orientadas a perfeccionar esta iniciativa legal, muchas de las cuales recogieron propuestas de los propios diputados, como consta a los miembros de las comisiones. De esta forma, el gobierno demostró estar abierto a escuchar, debatir, convencer y también rectificar. El proyecto es mucho mejor hoy gracias al aporte de los diputados y diputadas que participaron activamente en este debate. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos.
Los invito a sumarse activamente a este debate, ya que, como gobierno, tenemos la profunda certeza de que este es un buen proyecto para el país, pues logra conciliar los tres objetivos centrales mencionados por el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social: mejor participación de la riqueza creada en común, mayor productividad y paz social.
Finalmente, por intermedio del señor Presidente, respondo a la consulta del diputado y amigo señor Patricio Melero , que hemos usado los instrumentos que la honorable Cámara de Diputados se ha dado, pues creemos que treinta y cinco años es un tiempo suficiente y que los trabajadores de Chile quieren ver este debate ahora.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los representantes de los sindicatos que nos acompañan en las tribunas.
Señor Presidente, es evidente que Chile necesita una reforma laboral. Nadie podría negarse a eso, porque el trabajo es, sin duda, uno de los aspectos más importantes en la vida de una persona, básicamente porque es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y donde existen oportunidades reales de progreso.
Quienes estamos en terreno, sabemos que muchos chilenos se sienten tratados con mucha desigualdad y desprotegidos, porque trabajan de sol a sol por un sueldo que no les alcanza para llegar a fin de mes, y lo peor de todo es que no tienen tiempo para descansar, disfrutar de su familia o hacer lo que quieran. Esta es una realidad.
(Aplausos)
Por lo tanto, ¿cuál es la aspiración de todo chileno o chilena? Tener un trabajo digno y decente, es decir, de calidad. Cuando hablo de “calidad”, me refiero a remuneraciones justas, respeto a los derechos laborales, seguridad y capacitación, protección en casos de cesantía y relaciones laborales más justas.
El gobierno ha sido majadero en señalar que con su reforma se avanza en crear más oportunidades para todos y que toma en cuenta a los distintos actores del mundo del trabajo. Sin duda alguna, lo hace en muchos aspectos. Sin embargo, me pregunto si con este proyecto que estamos discutiendo ¿generamos más y mejores empleos para todos? ¿Se revierte la baja participación y el alto desempleo de mujeres y jóvenes, sobre todo de los más vulnerables? ¿Disminuiremos las diferencias que existen entre las remuneraciones de hombres y de mujeres? ¿Cómo esta reforma logrará mayor crecimiento, más trabajo y cambio en la distribución del ingreso?
No veo cómo el proyecto puede solucionar todas mis inquietudes, ya que aborda el tema laboral en forma muy parcial, principalmente porque excluye a los trabajadores más vulnerables, por lo que difícilmente podremos lograr en el mediano plazo la equidad que buscamos.
Sin duda alguna, la reforma que estamos analizando es importante, pero es más bien una reforma sindical, lo que me parece bien, ya que no estamos en contra de los sindicatos. Es más, estamos a favor de que los sindicatos y los trabajadores tengan herramientas para poder mejorar sus condiciones laborales. Por ejemplo, es muy importante la incorporación obligatoria de las mujeres dirigentes en las directivas sindicales y en los procesos de negociación. ¡Bienvenidas, ya era hora! ¡Eso es positivo!
Sin embargo, en la práctica, la iniciativa no afecta a más del 30 por ciento de los trabajadores que están sindicalizados, pero excluye la situación de los trabajadores informales, independientes, de los cesantes o de quienes no tienen la posibilidad de sindicalizarse, especialmente los que trabajan en la pequeña y microempresa. En consecuencia, es completamente insuficiente.
Además, nuevamente nos encontramos con que el Senado realizará las modificaciones necesarias a una reforma, lo que es lamentable, porque una vez más sentimos que para el Ejecutivo somos un buzón. En la Cámara se presentaron muchas indicaciones y modificaciones a la iniciativa, pero el Ejecutivo no las tomó en cuenta. Es más, esta se ha convertido en una técnica constante, que no queremos que se repita.
Quiero hacer una especial mención a los trabajadores del sector público, en particular a los a honorarios, quienes también quedan fuera de esta reforma. Sé que la respuesta del Ejecutivo será que no es el foco de la iniciativa y que se presentarán otros proyectos para mejorar sus condiciones laborales; no obstante, lo cierto es que este era el momento para incorporar a todos los trabajadores que necesitan de una verdadera reforma laboral. Por ejemplo, se debe incorporar a las mujeres y a los más vulnerables.
En consecuencia, creo que nos quedamos cortos cuando queremos hablar de calidad, de justicia, de dignidad e inclusión en esta reforma laboral.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, me referiré a dos temas: el principio de la libertad y el derecho a huelga. Posteriormente, el diputado Patricio Vallespín , en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, hablará de otras materias vinculadas al proyecto de ley.
Consideraciones políticas generales.
Voy a hacer referencia a ocho enunciados respecto del principio de libertad.
El principio de libertad, reconocido en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales, considera tres pilares fundamentales: el derecho a la negociación colectiva, la libertad de sindicalización y el derecho a la huelga.
En este sentido, el proyecto del gobierno busca robustecer y ampliar el ejercicio de esos derechos.
Algunos aspectos a destacar.
En primer lugar, las agrupaciones de trabajadores que tienen carácter permanente, los sindicatos, promueven, aquí y en cualquier lugar del mundo, la cohesión y la integración social.
En segundo lugar, los sindicatos son estructuras de participación de los trabajadores en la toma de decisiones y operan como mecanismos democratizadores de las relaciones laborales. El proyecto de ley robustece los sindicatos porque fomenta y facilita sus actividades propias.
En tercer lugar, las asociaciones de trabajadores generan efectos sociales y políticos indirectos y relevantes, incluso respecto de quienes que no están sindicalizados. Ese es otro de los efectos importantes del proyecto.
En cuarto lugar, las uniones de trabajadores buscan desarticular las asimetrías en los poderes de negociación dentro de la relación laboral. El proyecto de ley busca consolidar específicamente la esencia del derecho del trabajo, cual es hacer una relación equilibrada de aquella que es en su esencia desequilibrada, que es el vínculo entre el empleador y el trabajador.
Quienes hemos tenido la fortuna de estudiar derecho, sabemos que la esencia del derecho laboral busca hacer un vínculo equilibrado de una relación desequilibrada, a través de un derecho de carácter proteccionista, tal como el que estamos debatiendo.
En quinto lugar, la negociación colectiva es un mecanismo de reconocimiento social del trabajador, pero que también opera como un dispositivo de administración y de gestión de recursos humanos.
En sexto lugar, los sindicatos y la negociación colectiva potencian la autonomía de los cuerpos intermedios, lo que está establecido en nuestra propia Constitución Política de la República.
En séptimo lugar, el fortalecimiento de los derechos laborales colectivos implica introducir herramientas que permitan la mejora de las condiciones estructurales de la relación laboral, a fin de que el empoderamiento del trabajador colectivamente representado logre condiciones que atenúen las desigualdades en la distribución de los ingresos en Chile, que tanto dolor está causando en nuestra sociedad.
En octavo lugar, las relaciones laborales modernas se basan en el respeto mutuo. El reconocimiento de la contraparte como un interlocutor legítimo, que debe además ser respetado en su dignidad y derechos. El proyecto avanza precisamente en esa dirección.
En definitiva, basado en estas consideraciones, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo al régimen laboral buscan instalar una lógica virtuosa entre trabajador y empleador, que concilie la equidad, la productividad y la paz social.
El segundo tema que abordaré es el del derecho efectivo a huelga.
Primera afirmación: la huelga es un derecho humano que permite equilibrar y armonizar la relación entre empleador y trabajador.
(Aplausos)
La huelga es una facultad de los trabajadores para hacer valer sus pretensiones colectivas legítimas, amparada por diversos instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente la letra d) de su artículo 8, así como por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el 87 y el 98, y por nuestra Constitución Política, en el inciso segundo de su artículo 5°, y especialmente por la garantía establecida en el número 16° de su artículo 19.
La iniciativa en debate elimina la facultad de los empleadores de reemplazar a los trabajadores en huelga mientras esta subsista, lo que constituye un verdadero mecanismo legal de boicot al ejercicio efectivo de este derecho de los trabajadores, ya que impide que la huelga genere su efecto paralizante. La modificación propuesta busca acabar con este obstáculo al ejercicio pleno del derecho.
Concluyo mi intervención diciendo que, a través de esta iniciativa, promovemos un país que no solo sea viable desde el punto de vista económico, sino también en el que las personas sean valoradas en razón de su condición humana y no del patrimonio que posean.
Señor Presidente, esta anhelada aspiración de todos nosotros tiene un nombre: justicia.
En consecuencia, anuncio que votaré a favor el proyecto en el momento que corresponda.
He dicho.
-Aplausos
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido Socialista de Chile, tiene la palabra el diputado señor Luis Rocafull .
El señor ROCAFULL.-
Señor Presidente, a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país nada se les ha regalado. Cada paso avanzado, cada logro alcanzado por ellos obedece a años de lucha, de represión, de persecución, de amenazas; pero también a años de solidaridad, de unidad y de convicciones para alcanzar un mejor trato y una distribución justa de lo que se obtiene en los procesos de producción y de entrega de servicios.
Nadie regaló nada a los miles de hombres, mujeres y niños que bajaron desde la pampa salitrera hasta Iquique . A los desripiadores, barreteros, chancadores, cocineras, nada se les regaló en el desierto más seco del mundo; a sus voces enronquecidas por los gritos de demanda se les contestó con metralla.
Lo mismo sucedió a los campesinos y mapuches de Ránquil en 1934, cuando levantaron sus voces contra los abusos de los patrones y la usurpación de sus territorios para entregárselos a 15.000 colonos extranjeros y a grandes hacendados nacionales.
Obreros, campesinos, pescadores, trabajadores y trabajadoras fueron consolidando sus organizaciones y entendiendo su rol fundamental en la sociedad. Así se hicieron fuertes, tal vez demasiado para quienes mandaron a disparar en Iquique o en Ránquil, y para sus oscuros herederos, quienes, amenazados en sus privilegios, respondieron como lo hacen siempre: con asesinatos, persecuciones, amedrentamientos.
Se hicieron tan fuertes los trabajadores, que lograron elegir un gobierno que hizo de sus derechos una razón fundamental de la administración estatal. Pero eso, según el poder del dinero, había que terminarlo; había que terminar con la unidad de los trabajadores, con la sindicalización; había que minimizar, atomizar, dividir la organización sindical.
Por eso, los trabajadores y las trabajadoras tienen más claro que nunca que la sindicalización es el único camino para hacer valer sus derechos.
Ahora los empresarios deben entender que la sindicalización también permite, como sucede en muchos países, que los trabajadores, en forma organizada y participativa, pueden transformarse en protagonistas del desarrollo de las empresas; deben entender que si ellos, para favorecer el crecimiento, protección y desarrollo de sus empresas y negocios, pueden organizarse en consorcios, sociedades de fomento, de comercio y de producción, no pueden oponerse a que los trabajadores y las trabajadoras tenga la misma iniciativa, el mismo objetivo, la misma necesidad de organizarse para defender sus derechos. Negarse a ello es volver al oscurantismo, a la negación de la vida y de la libertad; es volver a la dictadura.
Espero que no sea esa la idea final de quienes se asustan por la organización sindical.
Lamentablemente, estas diferencias no permiten que el hemiciclo despache buenos proyectos sobre la materia. Al final, terminamos negociando respecto de garantías constitucionales que ni siquiera deberían ser materia de discusión, sino aceptadas categóricamente como derechos sociales.
Los cambios que exige la sociedad son un procedimiento de negociación colectiva que sea único y por rama, con mínima intervención estatal, con el derecho a huelga como un método de presión consagrado constitucionalmente y con servicios mínimos taxativamente establecidos.
Nuestro país no crecerá mientras el empresariado no comprenda que los sindicatos son el medio más legítimo de representación de los intereses de los trabajadores y que la negociación colectiva es un sistema equilibrado de discusión de dichos intereses. Puede que aumente el PIB, pero solo nos estaremos mintiendo, porque ese índice no representa en forma alguna el bienestar, el crecimiento y la justicia social.
Este diputado prefiere vivir en un país que crece al 2 por ciento anual, pero replica y distribuye su riqueza entre todos los habitantes de la nación, a crecer a una tasa de 5 por ciento para llenar solo los bolsillos de unos pocos.
El proyecto en discusión no es lo mejor -hay que decirlo claramente-, pero es lo que hoy pudimos alcanzar. No obstante, marca el inicio de la recuperación de los derechos sociales y laborales perdidos en 1973.
En el proceso de tramitación de esta iniciativa ha quedado claro que las organizaciones de trabajadores están más preparadas que nunca para debatir, participar y exigir que el Estado garantice como corresponde los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, el diputado socialista que acaba de intervenir terminó diciendo que prefería que nuestro país creciera al 2 por ciento, pero con una mejor distribución del ingreso. Ahí está la razón por la cual estamos discutiendo esta reforma.
En efecto, al diputado le faltó explicar que cuando el país crece al 2 por ciento, el salario de los trabajadores sigue creciendo al 2, al 3, al 4 o al 5 por ciento, mientras que el empleo de quienes votan por él gracias a discursos como ese, cae en igual proporción; es decir, sube el desempleo.
La demagogia genera algunos votos, pero lo que más produce es desilusión, desencanto. Si el número de ciudadanos que rechazan esta reforma laboral es el doble de los que la aprueban, se debe precisamente a que la gente se cansó de la demagogia.
Estamos discutiendo esta reforma en un país que dejó de crear empleos o en el que los empleos los está creando solo el Estado; en un país en el que la calidad del empleo se vino al suelo, al punto de que los trabajadores sin contrato subieron al doble y los sin previsión aumentaron cuatro veces en un año; sin embargo, se sigue con los mismos discursos.
Señor Presidente, desde hace dos años las remuneraciones venían creciendo a un promedio de 4 por ciento, pero hoy lo hacen a menos 2 por ciento. Además, nuestro mercado laboral sigue siendo poco inclusivo.
En materia de capacitación, las cifras son vergonzosas. Hoy se capacita, en promedio, a un trabajador cada ocho años y medio, y solo el 8 por ciento de los trabajadores con enseñanza media recibe dinero para ese fin. No obstante, el gobierno paralizó la tramitación de todos los proyectos que la administración anterior ingresó para mejorar el Sence. ¡Y seguimos con los mismos discursos demagógicos!
¡Muy pocos chilenos negocian colectivamente! Ese es nuestro talón de Aquiles. Mientras en los países de la OCDE, con los que nos comparamos, el 45 por ciento negocia colectivamente, en Chile lo hace menos del 13 por ciento. Sin embargo, la reforma laboral no se hace cargo de ninguno de los puntos que he mencionado.
Me referiré a otros que aborda la iniciativa.
El proyecto establece la titularidad sindical, lo que significa que solo el sindicato podrá negociar colectivamente, sin importar de qué sindicato se trate, es decir, independientemente de si tiene alta representatividad al interior de la empresa, si tiene presencia en varias regiones y si representa a trabajadores de distintas áreas de la empresa. Nada de eso importa. Por ejemplo, el 65 por ciento de los 158 dirigentes sindicales registrados en Alsacia, empresa operadora del Transantiago, no representa a ningún afiliado; pero eso no tiene importancia para obtener titularidad sindical, lo que, a su vez, les permite votar en las elecciones de los sindicatos de trabajadores con derecho a voto.
Lo anterior prueba que en el proyecto no se hizo ningún análisis en profundidad sobre esa materia.
En consecuencia, al día siguiente de la entrada en vigencia de la reforma laboral, menos trabajadores tendrán derecho a negociar colectivamente, porque se exige obligatoriamente estar afiliado a un sindicato para hacerlo.
Entonces, ¿de qué trata la defensa de los trabajadores? La dignidad y la libertad del trabajador, ¿solo tienen valor en la medida en que esté afiliado a un sindicato? El trabajador que decide libremente no afiliarse por cualquier motivo, entre otros porque el sindicato de su empresa es solo de papel, ¿no merece respeto y resguardo legal? ¿Acaso ese trabajador no tiene dignidad y no debemos protegerlo? El proyecto nada señala al respecto.
En segundo lugar, ¿a quién le puede parecer justo que dos trabajadores que desempeñan exactamente la misma labor en una empresa, reciban distintos beneficios y sueldos, solo porque uno decidió afiliarse al sindicato y el otro prefirió no hacerlo? Francamente, no hay explicación alguna para eso. Lo que corresponde en justicia es que el trabajador no afiliado al sindicato reciba el mismo beneficio que percibe el que decidió afiliarse. Sin embargo, el proyecto dispone que se calificará como práctica antisindical extender el beneficio obtenido a un trabajador no afiliado al sindicato.
¿De qué se trata esto? ¿De defender al sindicato per se o al trabajador? Les aseguro que lo que corresponde éticamente es defender ante todo al trabajador. Eso significa reconocer su libertad para afiliarse a un sindicato; pero también debe reconocérsela si decide no hacerlo, por los motivos que estime conveniente.
El derecho a huelga es una facultad de los trabajadores. En consecuencia, ellos pueden delegarla para que se ejerza a través de un sindicato.
En consecuencia, ¿es justo obligar a un trabajador a ir a una huelga contra su voluntad, más allá del tiempo razonable y sin recibir remuneración alguna, solo porque el dirigente sindical decide por él? En ninguna etapa de la huelga se permite que el trabajador diga: “No puedo seguir la huelga en estas condiciones; no estoy de acuerdo”. Se le desconoce ese derecho. Este es de los pocos mandatos irrevocables que tendrá nuestra legislación.
Resulta que a quienes defendemos a los trabajadores, quieren hacernos creer que estos no tienen derecho a decidir por sí mismos. Se los trata como personas de segunda clase, incapaces de determinar cuándo irse a huelga y cuándo abandonarla.
Señor Presidente, quiero ser enfático respecto de la posición de mi partido. Nosotros sí creemos que se puede terminar con el reemplazo de trabajadores en la huelga. Pero hay una condición que es clave y de sentido común, cual es que el reemplazo en la huelga no afecte a los trabajadores que no tienen vinculación alguna con ella, ya sea porque tenían contrato colectivo vigente o porque no fueron parte de la misma. Esto no lo digo yo, sino la OIT en distintos pronunciamientos.
Sin embargo, mediante el proyecto se pretende terminar ideológicamente y de la peor forma con el reemplazo de los trabajadores en huelga, lo que afectará de paso a los trabajadores que nada tengan que ver con ella.
Entre hoy y mañana tendremos tiempo para abordar en detalle la iniciativa.
Lamentablemente, la reforma laboral contiene muchos errores que afectan directamente a los trabajadores. Quiero ser enfático al decir que no es mala porque afectará a los empresarios, sino porque perjudicará a los trabajadores de nuestro país.
El escándalo más grave de la situación laboral en Chile es que el 54 por ciento de los jóvenes más ricos encuentra trabajo, pero solo el 5 por ciento de los jóvenes de las familias más pobres lo consiguen. ¡Eso es desigualdad! ¡Ese es un escándalo! Pero nada hace la reforma para revertirlo.
Por otra parte, el 68 por ciento de los hombres son parte del mercado laboral, pero apenas el 44 por ciento de las mujeres forma parte de él. No obstante, nada hace la reforma para terminar con ese escándalo.
La reforma no representa a la mayoría de los trabajadores. Es más, es rechazada por la mayoría de los trabajadores de Chile.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Pido silencio en las tribunas.
Continúa con la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, a algunos les gusta hablar de legitimidad respecto de otras reformas. También se ha sostenido que el Parlamento no tendría legitimidad para tal o cual cosa.
Señor Presidente, si somos realmente transparentes y democráticos, debemos reconocer que si existe una reforma que carece de representatividad es la que hoy estamos discutiendo, porque la inmensa mayoría de los trabajadores ya se han manifestado en su contra. El gobierno ha debido darse vueltas de carnero en forma vergonzosa, ha debido cambiar de posición en forma brusca porque solo escucha a una organización.
No deslegitimo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), porque es un sindicato; pero es uno. Existen muchos otros que no piensan como la CUT, pero no se los escucha.
Señor Presidente, hace cinco meses el gobierno defendió públicamente, en canales de televisión y a través de la ministra Javiera Blanco , el artículo que establecía que la huelga debe ser ejercida pacíficamente y la sanción correspondiente en caso de que se vulnerara dicho precepto. No leeré los argumentos que esgrimió la señora Blanco para defender esa norma, porque no está presente. Pero sorprende que los haya cambiado radicalmente en solo cinco meses. Ese cambio de opinión solo es explicable desde la irracionalidad. ¡Nadie puede, en cinco meses, pensar exactamente lo contrario respecto de un tema! Lo mismo hizo en relación con varias materias importantes.
El proyecto despachado por la Comisión de Trabajo es peor que el que ingresó. Lamentablemente, el gobierno deberá explicar muchos de los referidos cambios.
Quiero expresar que nuestra convicción es que Chile necesita una reforma laboral, pero que no esté secuestrada por un grupo de trabajadores que no representa a la inmensa mayoría de la fuerza laboral de nuestro país. Deseo que la reforma laboral se haga cargo de la gran desigualdad e injusticia que afectan a muchos trabajadores en Chile; pero el gobierno actúa secuestrado por la CUT.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Recuerdo a los asistentes a las tribunas que serán desalojados si hacen manifestaciones.
El diputado señor Nicolás Monckeberg puede continuar con su intervención.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, cuando hago referencia a estos cambios de actitud inexplicables, la conclusión es muy simple: el gobierno actúa secuestrado por la CUT. Cuando uno observa a quién representa la CUT, que tiene poder para lograr el cambio de ministros, para impedir que se nombre a un subsecretario del Trabajo y para que la ministradel Trabajo tenga que cambiar de opinión en menos de cinco meses, uno se da cuenta que representa a una minoría de trabajadores de Chile, por lo que no resulta explicable el poder que tiene, porque la inmensa mayoría de los trabajadores de Chile decidió libremente no afiliarse a la CUT; sin embargo, el gobierno se pone de rodillas ante dicha organización.
Creo francamente que no hay legitimidad para jugar y transar con el derecho de los trabajadores de Chile.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra del Trabajo, al señor subsecretario de esa cartera y, muy especialmente, a quienes nos acompañan en las tribunas, que son firmes luchadores por para lograr un mañana distinto. Ellos representan a los “secuestrados”, los trabajadores de Chile.
(Aplausos en las tribunas)
Y, por ellos, aquí también hay luchadores.
Sin duda que los informes que nos han entregado nuestros colegas de las comisiones de Trabajo y de Hacienda, y el interesante aporte de la señora ministra del Trabajo, nos permiten tener una visión acerca de lo traumática y ardua que ha resultado la tramitación del proyecto en las comisiones especializadas. No se esperaba algo menor respecto de una iniciativa de esta envergadura, que ha sido y sigue siendo criticada por muchos. ¿A quiénes afecta? Todos lo sabemos. Y ha sido tratada como un retroceso en materia de derechos de los trabajadores. ¡Qué vergüenza! Lo que queremos para los trabajadores no es vergüenza, sino dignidad.
Por eso estamos a favor de esta reforma laboral patrocinada por el gobierno de la señora Michelle Bachelet .
Señor Presidente, estamos en el siglo XXI. Queremos que todo Chile viva mejor. Por eso existe esta reforma; por eso, pido que no la dañen, por favor. Piensen en Chile.
Quiero resaltar tres puntos que me parecen interesantes del actual proyecto.
El primero dice relación con la llamada titularidad sindical, que no es otra cosa que afirmar que solo pueden favorecerse con los resultados de la negociación colectiva los trabajadores que pertenecen a la organización sindical que negoció, y que los trabajadores que están fuera de ella solo podrán acceder a esos beneficios cuando se afilien al respectivo sindicato. Con ello se evita la propagación de la práctica antisindical que hoy existe, y que el empleador haga efectivos los beneficios a todos los trabajadores cuando termine la negociación, como ocurre en la actualidad, lo que desincentiva la afiliación de los trabajadores a los sindicatos.
Valoramos este punto, especialmente porque es parte del respeto que se merecen quienes construyen un país que hoy no es de todos, pero que esperamos que se transforme mañana en un Chile de todos.
Un segundo aspecto que creo que se debe rescatar es la prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga. Esta práctica, como se ha visto en las últimas huelgas en Santiago, tiende a provocar enfrentamientos. Además, al verse frustrado el objetivo de la huelga, muchas veces se sale del marco de la empresa y se afectan actividades de otros trabajadores y de la ciudadanía en general.
La contraprestación a esta huelga sin reemplazo obliga a mantener servicios mínimos, cuyo alcance y contenido lo explicó el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señor Lautaro Carmona .
Como tercer punto quiero destacar el hecho, por haberlo conocido muy de cerca, de que las empresas, especialmente las grandes, deben poner a disposición de los sindicatos la información contable relevante, a fin de que estos puedan negociar informadamente, no como ahora, que los trabajadores prácticamente negocian a ciegas respecto de la marcha de las empresas y de sus tremendas utilidades, porque, seamos claros, Chile es de unos pocos. Por eso estamos con esta reforma.
Señor Presidente, el proyecto nos vuelve a la realidad, cual es que los trabajadores que ayer tuvieron todas estas garantías, hoy no las tienen. El gobierno de facto de la dictadura sepultó todos esos beneficios. Han pasado cuarenta años, pero recién hoy tenemos mayoría.
Estamos luchando para que la iniciativa se transforme en una realidad. Con toda seguridad, creo que será aprobada por unanimidad, porque es de justicia y porque los trabajadores de Chile merecen más.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona .
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, antes de reivindicar algunos temas de fondo que contiene esta reforma, la cual califico como estructural respecto del modelo implantado a sangre y fuego por la dictadura, que incluye el plan laboral de José Piñera , establecido en 1979, en el que, tal como opinan algunos colegas de la oposición, era opcional si se podía estar o no sindicalizado, creo que es necesario hacerse cargo de la herencia de la dictadura que aún contiene la legislación chilena, en particular la legislación laboral.
Como los trabajadores nunca han pedido ventajas, y siempre han luchado en función de una limpia conciencia respecto de los intereses y derechos de los que han sido privados por quienes ostentan el poder económico, el mérito de este debate es principalmente de los trabajadores organizados en sindicatos, de los trabajadores representados en federaciones y en centrales, principalmente la Central Unitaria de Trabajadores. Ahí está el mérito principal. Por ello, saludo a quienes los representan, que se encuentran en las tribunas, en el entendido de que están haciendo un acto de consecuencia.
(Aplausos)
Como dije, esta es una reforma estructural que, a mi juicio, la historia describirá también como histórica, porque, de suyo, constituye una reforma profundamente democrática, democratizadora y de justicia social.
Los trabajadores, en un diálogo directo con los empleadores, con conocimiento de causa del estado de la empresa, por la información que debe entregar obligatoriamente el empleador, podrán acordar mejores condiciones salariales y de vida, desde el punto de vista laboral y para sus familias. Sobre esa base, se va a lograr el mejoramiento justo y necesario en esas condiciones y se va a atentar contra algo que parece divino e intocable: la brecha vergonzosa de la desigualdad, que tiene concentrada la riqueza en un puñado de “enviados” por no sé quién, que parece intocable, porque si se pretende tocar “desestabiliza” al país.
No, señores; el país se desestabiliza cuando se margina a sectores, cuando no se integra, cuando se excluye a los trabajadores de la riqueza que ellos mismos producen a nivel nacional.
Por eso en esta reforma es tan importante la titularidad del sindicato, para que no sea el empleador el que elija, a dedo, un grupo negociador e imponga a todos los trabajadores las condiciones, a la medida del empleador, en que deben trabajar hacia el futuro. La titularidad sindical la quitó José Piñera .
¡Vamos a ver si es tan insignificante el sindicalismo una vez que esta futura ley se empiece a aplicar! ¡Vamos a ver cuánto va a crecer el sindicalismo cuando los trabajadores sientan que es un instrumento eficaz y que a través de la negociación logran los propósitos justos que se proponen y que benefician a la mayoría!
Algunos dicen que producirá desempleo y creará desajustes desde el punto de vista de la economía del país. Que los trabajadores reciban un sueldo digno no puede atentar contra la vida en sociedad. Lo que sí atenta contra la sociedad es la concentración de la riqueza y la exclusión.
Ese diálogo será factible y vinculante, puesto que existirá un real derecho a huelga y no una frase folclórica que al final siempre era burlada de mil maneras por el empleador. Un derecho a huelga sin reemplazo del puesto de trabajo que verdaderamente sea un mecanismo de presión para que el empleador responda. ¿Por qué se tendría que calificar este mecanismo de presión como violento o no violento, pacífico o no pacífico? En absoluto. Este derecho a huelga es exactamente lo que es porque siempre el empleador o el patrón han necesitado mecanismos de presión para responder a las peticiones de mejoras salariales. Así ha ocurrido en la historia; no es un invento de hoy.
Por ello, si revisamos la titularidad, el derecho a huelga, los elementos que van complementando, incluidos los pactos de adaptabilidad, podemos concluir -lo digo desde nuestra mirada y lo dijimos en las conversaciones con el gobierno y en la comisión- que la iniciativa es perfectible. Es posible mejorar la legislación, pero será la propia lucha de los trabajadores la que va a contribuir a poner estos temas, una vez más, en la agenda del debate, que considere, por ejemplo, un piso salarial que incluya el IPC para futuras negociaciones, la negociación a nivel ramal, a nivel de federaciones y confederaciones, que multiplicaría la sindicalización y los beneficiados por este tipo de negociación, dada la nueva legislación.
Personalmente, espero que se reponga un punto, que estaba presente en el proyecto del Ejecutivo y era un compromiso de los parlamentarios de la Nueva Mayoría con el gobierno, que supuestamente no se afectaría. Me refiero a la gradualidad para llegar, en régimen, recién al cuarto año, a aplicar pactos de adaptabilidad con sindicatos con 30 por ciento de afiliación.
Muchos se preguntan por qué hay gradualidad. Es necesaria la gradualidad, porque la legislación de José Piñera debilitó los sindicatos y es necesario fortalecerlos. Se dice que esta no es una reforma laboral de los trabajadores y de los sindicatos. ¡Sí, señores, es de los sindicatos, porque fueron los realmente asaltados y afectados por la legislación laboral del tiempo de dictadura! Por eso, si se cree que ese diálogo tiene que tener las proporciones exactas, se debe fortalecer los sindicatos.
Espero que en el debate que se realice en el Senado o en los próximos pasos que siga el proyecto, el compromiso del Ejecutivo se mantenga en que la globalidad de 60 por ciento a 30 por ciento en régimen sea la norma que definitivamente sea promulgada.
Espero que así sea y, desde esa perspectiva, igualmente valoramos esta reforma como un gran paso conquistado por los trabajadores, encabezado, a honra nuestra, por el gobierno de la Nueva Mayoría, que dirige la Presidenta Michelle Bachelet .
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, todos mis antecesores, incluidos los diputados informantes y la señora ministra, han hecho referencia a que en la base de esta reforma se encuentra la desigualdad como uno de los principales problemas del país.
Me atrevo a decir que la desigualdad es el problema más importante que enfrenta Chile. “Los verdaderos sueldos de Chile” es el nombre de una investigación que realizaron durante 2014 los economistas Gonzalo Durán y Marco Kremerman , de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que fue conocida en enero de este año. Entre sus conclusiones destacan que el 70 por ciento de los trabajadores chilenos gana menos de 426.000 pesos.
Se podría pensar que este alto porcentaje de trabajadores realiza su actividad laboral en la pequeña y microempresa. Sin embargo, cuando nos concentramos en los ocupados asalariados que están bajo este umbral de 426.000 pesos, se puede apreciar que 38,4 por ciento de ellos pertenece a la gran empresa y 17,3 por ciento, a la mediana empresa. Es decir, el 55,7 por ciento de los asalariados en Chile que gana menos de 426.000 pesos líquido trabaja en empresas de mayor tamaño.
Las cifras encienden las alarmas y van a la par de una deficiente distribución de ingresos y de los altos niveles de endeudamiento que enfrentan los chilenos, pues la nuestra es la deuda per cápita más alta de América Latina.
Históricamente, en nuestro país los sindicatos y cooperativas cumplieron una importante función en el proceso de incorporación política, basados en el modelo del Código del Trabajo de 1931, que desapareció con la dictadura de 1973 y que fue reemplazado por el plan laboral de 1979, que es la base del modelo actual.
La dictadura disolvió estas estructuras intermedias, con consecuencias evidentes sobre la cultura política ciudadana. Por ejemplo, se prohibió una negociación más allá del nivel de la empresa; se excluyó de la negociación colectiva a los trabajadores con contrato de aprendizaje, a los de la construcción, a los de obras o faenas de temporada, a los que tienen responsabilidades administrativas o directivas, y a los del servicio público, entre otros.
Se permitió el reemplazo de huelguistas, evitando la paralización efectiva, y se impidió que los nuevos afiliados sindicales recibieran los beneficios adquiridos anteriormente por el sindicato.
La actual normativa, herencia del plan laboral de 1979, no pudo modificarse sustantivamente durante la transición a la democracia.
Si Chile quiere convertirse en una sociedad con mayor equilibrio en materia económica y social, es imperativo que aborde esta deuda pendiente con los trabajadores, que en nuestro país totalizan 7.105.000 personas. De ellas, casi 4 millones tienen ingresos menores a 300.000 pesos líquidos, lo que equivale al 53,5 por ciento de los trabajadores chilenos, y el 56 por ciento, aproximadamente, de los asalariados en Chile gana menos de 426.000 pesos líquido y trabaja en las empresas de mayor tamaño.
Aun más, cuando se analizan estos ingresos a la luz del poder adquisitivo y hablamos de paridad de poder de compra, nuestro país tiene la mediana salarial más baja, incluso, más baja que Bulgaria, Rumania y Letonia.
De acuerdo al informe de la OCDE de 2014, el 27,8 por ciento de las personas que viven en Chile reporta que sus ingresos no alcanzan para comprar alimentos. Algunos dicen que no es que se pague mal el factor trabajo, sino que este es poco productivo. Definitivamente, esto no es cierto. Lo que sucede es que en Chile el factor capital recibe mayor pago que el que corresponde de acuerdo a la contribución que hace a la generación de ingresos.
La debilidad de los derechos colectivos de nuestro país puede apreciarse a partir de indicadores clave. En Chile, solo uno de cada seis trabajadores y trabajadoras pertenece a un sindicato, que es la institución de representación clásica encargada de velar por los derechos colectivos de aquellos.
Por otra parte, las condiciones normativas que rigen la huelga en Chile hacen que esta legítima herramienta de acción de los trabajadores no cumpla su función reequilibradora de la relación laboral en los hechos y no actúe como un factor de presión que mejore la condición negociadora de los trabajadores. Su desnaturalización la ha hecho prácticamente irrelevante.
Si bien es cierto a este proyecto le faltan elementos, esta reforma será un avance innegable, al hacer posible el ejercicio efectivo del derecho fundamental de los trabajadores a negociar con sus empleadores. En un plano de igualdad y con amplitud de facultades, se podrán alcanzar acuerdos sobre remuneraciones, organización de las jornadas de trabajo, distribución de esta, descansos, mecanismos de compensación y demás condiciones laborales. Esta reforma establecerá acuerdos sobre la base del diálogo, la cooperación y la buena fe, que disminuirá la confrontación, mejorará la productividad y generará mecanismos efectivos para lograr una mejor distribución de los frutos del trabajo.
Estoy convencida de que esta reforma no solo será un aporte a la productividad, sino también al crecimiento y al desarrollo integral del país. Por ello, no cabe duda de que tendrá el apoyo que nuestro país necesita.
Por supuesto, la bancada radical votará favorablemente este proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés ; a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón ; a la ministra secretaria general de la Presidencia subrogante, señora Patricia Silva ; al subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz ; a la máxima dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores y a los diferentes representantes de sindicatos.
Hace seis meses iniciamos la discusión de esta reforma laboral. En ese minuto, la ciudadanía estaba dividida prácticamente en iguales porcentajes a favor y en contra de esta, en una proporción de 37 a 35. Han transcurrido seis meses, de los cuales cinco han sido de debate con una amplia difusión ante la opinión pública, y hoy la reforma laboral tiene un rechazo de 50 por ciento y una adhesión de solo 28 por ciento, según la misma encuesta.
En ese entonces, la Presidenta Michelle Bachelet gozaba de un alto apoyo ciudadano y de un menor rechazo. Hoy, en cambio, tiene 24 por ciento de aprobación y 65 por ciento de rechazo. Por su parte, su gabinete, encargado de impulsar estas reformas, tiene solo 18 por ciento de aprobación y 69 de rechazo.
¿Qué sucede en Chile? ¿Qué hace que las tres reformas emblemáticas del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet : la tributaria, la educacional y la laboral, hayan llegado al peak del rechazo ciudadano? ¿Está equivocada la opinión pública chilena? ¿Están equivocados los trabajadores chilenos o falta información y difusión de parte del gobierno? Creo que la esencia del problema es que el gobierno de la Nueva Mayoría parte, en este y en otros proyectos de ley, con un diagnóstico equivocado, con un voluntarismo político y con una excesiva ideologización que los lleva a impulsar y a aprobar reformas -como, probablemente, lo veremos mañana- en la misma proporción, pero al revés, de la opinión ciudadana.
Me pregunto si es bueno que una reforma que va a afectar al mundo del trabajo tenga tan bajo nivel de consenso. Todo el sector empleador, desde la pequeña y mediana empresa hasta las grandes empresas, le ven más reparos que beneficios.
En palabras de la CUT, si esta reforma no tiene más reformas, entonces será un retroceso. Por otro lado, otras organizaciones de trabajadores también están disconformes con ella.
Concordemos en que esta no es la gran reforma laboral que Chile necesita, que parta con un consenso mínimo, porque hoy no existe. Eso no es bueno para la estabilidad política, social y económica del país.
¿Por qué parte mal? Porque, además del rechazo ciudadano, comienza con un diagnóstico equivocado.
En ese sentido, tanto la Encuesta Nacional del Bicentenario, de la Universidad Católica y Adimark, como la última Encuesta Laboral de Chile (Encla), de 2011, nos dicen que cerca del 2 por ciento de los trabajadores percibe falta de diálogo de la empresa (Encla 2011). En cambio, el 72 por ciento de los trabajadores tiene confianza en su empresa, y el 78 por ciento percibe una actitud positiva o neutra de la empresa en la negociación (encuesta de la Universidad Católica y Adimark). Los trabajadores tienen una percepción positiva sobre el resultado de la negociación, porque 70 por ciento lo califica como bueno o muy bueno, según la encuesta Encla de 2011.
El crecimiento de la economía en los últimos treinta años es muy similar al de la masa salarial. En Chile, las remuneraciones han crecido por sobre el Producto Interno Bruto.
El 53 por ciento de los trabajadores prefiere ser emprendedor. El 80 por ciento disfruta lo que realiza. En cambio, solo el 5 por ciento de los trabajadores percibe una actitud negativa de la empresa, y el 1,7 por ciento advierte un conflicto frecuente en su empresa.
Asimismo, el 67 por ciento está de acuerdo con la extensión de los beneficios de la negociación, que justamente esta ley en proyecto impide que se haga si no llegan a un acuerdo los trabajadores y los empleadores. El 61 por ciento piensa que el trabajador debe poder elegir libremente sobre su opción de afiliación sindical; sin embargo, este proyecto establece la titularidad sindical y hace, sin duda, una sindicalización encubierta y obligatoria de los trabajadores de Chile, lo que afecta un derecho tan importante como la libertad del trabajador a no querer sindicalizarse, porque no le interesa, porque no está de acuerdo con la directiva o, sencillamente, porque quiere mantenerse independiente de una organización de esta naturaleza.
Finalmente, la última encuesta CEP, la más reputada de todas, señala que el 70 por ciento está de acuerdo con una mayor flexibilidad de la jornada.
No obstante, nada de esto se toma en cuenta en la elaboración del proyecto. Todo es rigidizar, menos flexibilidad, titularidad sindical para unos pocos y la obligación de pertenecer a un sindicato si se quieren obtener los beneficios.
Entonces, esta es una reforma laboral que comienza, en su esencia, mal planteada, porque va en contra del sentir ciudadano y del diagnóstico que tiene la sociedad.
Cuando lo que prima es el voluntarismo político, la ideología o el cumplimiento a ciegas de un programa de gobierno, entonces no se sorprendan del enorme rechazo ciudadano que están recibiendo. Por lo demás, 50 por ciento está en contra de esta reforma y solo 28 por ciento la apoya.
Invito a reflexionar sobre el país que estamos construyendo. Nada me gustaría más que se hicieran realidad todas las virtudes que ustedes le ven a esta reforma: que haya más equidad, más crecimiento, más empleo y más productividad.
Requerido sobre esta pregunta en la Comisión de Hacienda, no fue posible que el ministro de Hacienda nos diera una respuesta categórica respecto de si creía, realmente, que esta reforma laboral fuera a fortalecer la productividad, el crecimiento y el empleo en Chile. No lo contestó porque simplemente no lo sabe.
¡Miren las cifras, honorables diputados: todos los indicadores económicos y sociales del país están cayendo! La productividad cayó, el crecimiento es cero y la importación de bienes de capital, de tractores y de camionetas, que se utilizan para trabajar y dar trabajo, también cae. Las exportaciones y las importaciones caen. El desempleo se mantiene, pero disfrazado con una curiosidad tremenda: 260.000 trabajadores en Chile dicen ahora que no quieren trabajar. ¡No trabajan porque no tienen empleo! El empleo de las mujeres también cae, y cada día los jóvenes encuentran menos alternativas de trabajo. Sin embargo, el voluntarismo político y de la ideología parece poder más que el sentido común. ¡Y por Dios que le falta sentido común a nuestro país en las horas que estamos viviendo!
Veamos específicamente algunos puntos de esta reforma que me preocupan.
El primer concepto es que se trata de una reforma sindical a la negociación colectiva bien pensada para una economía cerrada, pero mal pensada para una economía abierta. Quizás es una reforma para los años 60 o 70, para las líneas de producción tradicionales, para los trabajadores que entraban a una empresa y hacían carrera en ella por treinta o cuarenta años. Nuestros padres decían: “Soy empleado bancario” o “soy empleado ferroviario”. Entraban jóvenes y jubilaban en la misma empresa; pero el siglo XXI es muy distinto. No es el siglo del empleo, sino de la empleabilidad, del que busca destrezas y capacitarse para encontrar nuevas fuentes de trabajo.
Por eso en Chile la permanencia promedio en el empleo es de siete años. La antigua carrera laboral en una sola empresa no existe. ¡Hablen con los jóvenes de Chile! Quieren cambiarse de trabajo y buscar mejores alternativas, así como capacitarse, estudiar y trabajar. Las mujeres quieren criar hijos y trabajar. ¿Dónde están en esta reforma los incentivos a la contratación de mujeres? Tenemos bajos estándares de empleabilidad de las mujeres, de 46 o 47 por ciento. ¡Cero incentivo a la contratación de mujeres!
¿Dónde están los incentivos a la contratación de los jóvenes, que tienen las más altas tasas de cesantía? Cero incentivo para los jóvenes.
¿Dónde están las alternativas de trabajo para los que tienen capacidades diferentes? Cero alternativas.
¿Dónde están las alternativas de trabajo para nuestros adultos mayores que quieren prolongar, como lo hicieron hace cuatro o cinco años, el período de trabajo más allá de la edad de jubilación o reinsertarse en el trabajo porque las jubilaciones son miserables? Cero incentivos también para ellos.
Entonces, esta no es una reforma del siglo XXI, sino de las economías cerradas del siglo XX: poca flexibilidad y cero adaptabilidad, lo que no se compadece con la realidad de la sociedad actual, que es dinámica y busca más empleabilidad y mejores empleos.
El tema de la titularidad sindical tiene varios defectos. Primero, obliga al trabajador a sindicalizarse si quiere recibir los beneficios de la negociación. Me gustarían sindicatos capaces de seducir, de capturar y de dar buenas razones a los trabajadores para que se afilien y no obligarlos por la vía de acogerse a los beneficios que se negocian.
La titularidad sindical es una obligatoriedad encubierta que afecta el derecho esencial de un trabajador a pertenecer o no a un sindicato. Pero no es solo eso. Un diputado señaló que, en un principio, va a genera mayor sindicalización. No se extrañen de que, a la vuelta de algunos años, pasemos del 15 al 30 por ciento de sindicalización en el país.
El señor ORTIZ.-
¡Antes!
El señor MELERO.-
El diputado Ortiz dice que ello ocurrirá antes. Ojalá que sea así. Pero me pregunto si esa mayor sindicalización realmente será consecuencia de un acto propio, de la independencia y de la decisión del trabajador de querer hacerlo o será producto de una obligación para obtener el beneficio.
Ahora, desde el punto de vista de la equidad -que tanto les preocupa a algunos-, se va a ir produciendo una situación que considero no deseable: que en materia de distribución de las remuneraciones, progresivamente estas van a ir más hacia los sindicalizados, lo que producirá un desequilibrio. Será más oneroso tener empleados formales que informales. Por consiguiente, al inicio se va a producir un alza en las remuneraciones, pero después se producirá mayor igualdad en remuneraciones, porque no van a seguir creciendo en el tiempo. Adentro de las empresas se va a producir una situación odiosa entre los sindicalizados y los no sindicalizados, lo que, obviamente, será un factor de conflicto.
¿Qué va a pasar? Que la titularidad sindical puede llevar a que, en empresas grandes con más de un sindicato, las condiciones laborales de toda la empresa terminen siendo determinadas por el sindicato más grande, a pesar de que las distintas áreas pueden ser radicalmente diferentes. Se apuesta al promedio, pero no al incentivo, no al estímulo al trabajador que hace bien su trabajo, sino al sindicato más grande que negocia en una empresa.
A consecuencia de la titularidad sindical, se va a producir un incentivo evidente a remunerar por productividad promedio entre trabajadores y dentro del ciclo, riesgo de prácticas antisindicales y piso mínimo. Sin posibilidad de que el empleador premie el esfuerzo individual, se dañan los incentivos a la eficiencia laboral y cae la productividad.
En materia de fin del reemplazo en huelga, quiero ser claro en señalar que me parece que la huelga es esencial en la relación entre trabajadores y empresarios; es un derecho que está en todos los códigos del trabajo y me parece fundamental su existencia. Reconozco que me habría gustado hacerle más difícil el reemplazo al empleador, que prohibírselo totalmente.
(Manifestaciones en las tribunas)
Pienso que, así como hoy tiene que pagar una multa de 4 UTM por cada trabajador que reemplaza, habría sido mejor elevar esa multa a 8 UTM o dar un plazo más difícil; en fin, se ha optado por el no reemplazo.
¿Saben qué pasará? Los quiero invitar a un minuto de reflexión, para que se pongan no solo en la perspectiva del trabajador, sino también en la del empleador…
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
¡Silencio en las tribunas, por favor!
Puede continuar, diputado Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, si hay algo que hemos aprendido quienes hemos tenido el privilegio de ir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que todos los acuerdos que se adoptan en esa organización consideran tres partes: trabajadores, empleadores y gobierno. En la OIT no se puede aprobar nada que no tenga el apoyo de esas tres partes.
Quiero invitarlos a reflexionar. Piensen en un mediano empresario -no en las grandes empresas ni en los más ricos, que se defienden solos- o en una mediana empresa de cien trabajadores.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
¡Corpesca!
El señor MELERO.-
Diputado Fidel Espinoza , si quiere hablar de aportes, le cuento que el Partido Socialista fue el que recibió más plata de Soquimich.
¡Si quiere sacar cuentas de aportes, podemos hablar de eso!
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Diputado Melero , diríjase a la Mesa.
El señor MELERO.-
¡Señor Presidente, mire qué paradoja! El yerno de Pinochet y la empresa SQM -capturada por el Estado, según la izquierda- fueron los que más plata le dieron a la izquierda chilena. Me gustaría que solucionaran ese conflicto ético. En todo caso, ese no es el tema en discusión.
Quiero volver al ejemplo de la mediana empresa. A ese empleador que arriesga un capital, que debe vender, que debe competir y que quiere buenas condiciones laborales para sus trabajadores, hoy lo entregamos amarrado de manos a una situación compleja. Si le hacen una huelga, no podrá reemplazar trabajadores. Si después de quince días un trabajador quiere descolgarse de la huelga, no podrá hacerlo, porque se prohíbe el descuelgue. Si el trabajador dice que quiere volver a trabajar porque tiene que alimentar a sus hijos, se le dirá que no puede descolgarse de la huelga después de quince días.
El empleador debe competir, entregar sus productos, respetar los derechos de sus consumidores y llevar adelante la empresa, pero le dicen: “Ahora solo tiene que negociar con el sindicato”. Si el empleador pregunta por los grupos negociadores, le dirán: “Se acabaron, señor. Ahora, simplemente, debe negociar con el sindicato”.
Entonces, es muy difícil.
(Aplausos)
Aplaudan lo que hoy ocurre, porque estoy seguro de que el día de mañana nos vamos a lamentar. Tengo la certeza absoluta de que esta reforma laboral terminará afectando negativamente la productividad, el empleo y el crecimiento, porque parte de un diagnóstico equivocado.
(Manifestaciones en las tribunas)
También quiero abordar un aspecto que fue parte de las conversaciones. Me refiero a la nueva redacción de los servicios mínimos.
Reconozco que en la nueva redacción se avanzó respecto de la inicial. El único contrapeso que existe para que no se paralice el país es que las organizaciones de trabajadores deben asegurar determinados servicios mínimos. El gobierno, probablemente con la intermediación…
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Señor diputado, se ha cumplido el tiempo definido por su bancada.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, mi bancada me ha autorizado para seguir con el uso de la palabra.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Muy bien, señor diputado.
Puede continuar con el uso de la palabra.
El señor MELERO.-
En lo que respecta a los servicios mínimos, la redacción final es mucho mejor para proteger los bienes e instalaciones de las empresas y atender las necesidades básicas de la población.
Pero tengo una preocupación: creo que, con el tiempo, el tema se va a judicializar, porque se amplía de forma tan sustancial la definición de servicios mínimos que, al final, más que constituirse en un mecanismo eficaz, terminará por generar jurisprudencia en los tribunales.
Por otra parte, quiero abordar una situación que, dadas las indicaciones del gobierno, considero un franco retroceso: la sanción a los sindicatos cuando se producen acciones violentas por parte de los trabajadores en huelga.
Miren lo que ocurrió la semana pasada con una de las líneas del Transantiago: los trabajadores en huelga han destruido más de quinientos buses. ¿Escucharon bien? Rayaron y rompieron ventanas; en resumen, destruyeron parcial o totalmente quinientos buses del Transantiago.
El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , con decisión, en la primera reforma laboral, dijo que las huelgas debían ser pacíficas. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet dijo, además, que el uso de la violencia y de la fuerza era una conducta antisindical. Sin embargo, un grupo de dirigentes manifestó que eso era criminalizar la acción sindical.
Después de haber leído ayer, en el diario La Segunda, declaraciones afortunadas del senador Juan Pablo Letelier , los invito a la reflexión y a abrirse a este tema. Tan importante como el derecho a huelga es que ello se haga en forma pacífica, porque, al final, lo que no debemos hacer es destruir el patrimonio de una industria, el patrimonio de todos los chilenos o comprometer gravemente al resto de la ciudadanía con serias dificultades producto de acciones violentas que van contra la esencia de las huelgas, que siempre deben desarrollarse de manera pacífica.
Aprendamos de la evidencia empírica. Desgraciadamente, Chile hoy está más violento y más intolerante. Las huelgas y los paros ilegales son el pan nuestro de cada día, y la violencia se ejerce sin contrapeso.
Por consiguiente, creo que se ha producido un franco retroceso en esta materia. Espero que las prácticas antisindicales y la restitución del proceso pacífico sean incluidas en el honorable Senado.
Tenía muchas cosas más por decir, pero terminaré mi intervención con el tema de la adaptabilidad.
Parece ser que los conceptos “adaptabilidad” y “flexibilidad” han sido demonizados, al punto de que no se pueden plantear en una discusión.
Al comienzo de mi intervención destaqué lo importante que es que, en el Chile del siglo XXI, las empresas tengan criterios de adaptabilidad respecto de la situación de tantos jóvenes, mujeres, especialmente dueñas de casa, que permitan a los sindicatos negociar no solo salarios, sino también jornadas de trabajo y otras cuestiones que les faciliten la adaptación a las condiciones de trabajo.
Con los diputados Osvaldo Andrade y Tucapel Jiménez , más los de la Alianza, logramos rechazar el artículo quinto transitorio, que establecía un quórum del 60 por ciento para que hubiera adaptabilidad, hasta un piso de 30 por ciento. Lo rechazamos transversalmente, y me alegro de que, al menos en ese punto, exista una visión más amplia.
Sé que tanto al ministro de Hacienda como a la ministra del Trabajo y Previsión Social les preocupa que haya dinamismo. Por primera vez, en más de un año, hemos recuperado el discurso de la importancia del crecimiento económico del país.
¡Por favor, honorable Cámara! ¡La madre de la clase media chilena es el crecimiento económico! Si no hay crecimiento, no hay trabajo; si no hay crecimiento, no hay oportunidades. Es ahí donde hay que poner el eje: en el crecimiento y en la productividad. Me alegro de que el ministro de Hacienda haya incorporado lo que él ha llamado un reequilibrio de esta reforma laboral, y haya dicho no a la negociación por rama, no a la indexación del IPC en la negociación, y haya planteado derechamente la importancia del crecimiento económico.
Por eso la adaptabilidad es tan importante. Seamos coherentes: si ahora estamos exigiendo 30 por ciento de acuerdo del sindicato para que haya adaptabilidad, ¿por qué no exigir a los sindicatos un quórum mínimo de representación? ¿Por qué exigimos 5 o 10 por ciento a los trabajadores para poder tener un sindicato y negociar por todos, pero para tener adaptabilidad exigimos 30 por ciento? Debería haber coherencia: 30 y 30 para todos. Igualdad para adaptarse; igualdad para negociar. Pero eso no se puede. Todo esto va en una dirección incorrecta.
Agradezco los cambios realizados por el gobierno en algunas materias. Respecto de lo que no logramos en la Cámara, espero que se pueda avanzar en el Senado.
Ahora bien, la opinión de la CUT es relevante e importante, y la respeto; no la comparto, pero la respeto, y me sentaré a conversar con sus dirigentes cada vez que sea necesario. La organización de los sindicatos es muy importante; pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor: el bien común general de la nación, y de este debate tenemos que rescatar una reforma laboral que sea la reforma del siglo XXI; que tenga criterios de flexibilidad, de adaptabilidad, de derechos de los trabajadores, de negociación colectiva, de sindicatos fuertes, pero no impuestos, sino libremente generados por sus trabajadores; que entregue oportunidades de trabajo a las mujeres que lo necesitan, a los jóvenes que no lo tienen, a los 600.000 chilenos cesantes, a los millones de chilenos informales.
Esa debe ser nuestra preocupación esencial, pero creo que esta reforma no va en esa dirección. Hago el esfuerzo por encontrarle más virtudes, pero le encuentro más defectos, razón por la cual voy a votar en contra.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
¡Silencio en las tribunas!
Debo recordar a los asistentes a las tribunas que, de acuerdo al Reglamento, deben guardar silencio.
En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín .
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, hoy estamos analizando un proyecto importante para el desarrollo inclusivo de Chile. Esa es la verdad, más allá de que los parlamentarios de la derecha, como el diputado Melero , se esfuercen en argumentar que esta reforma no sirve a Chile, que es mala para los trabajadores, que afectará el crecimiento económico, que generará desempleo y nos traerá todas las penas del infierno.
Pero lo cierto es que toda su argumentación esconde una verdad absoluta y es un mal pretexto para disimular lo obvio: no quieren cambiar nada en materia de derechos colectivos, porque prefieren que los trabajadores sigan teniendo miedo a organizarse para defender sus derechos. ¡Esa es la verdad!
(Aplausos)
Sería bueno que el diputado Melero citara otras encuestas, como el estudio de la denominada “Comisión Meller”, que establece que a más del 60 por ciento de los trabajadores consultados les gustaría organizarse si existieran mayores derechos y no hubiera represalias por parte de los empresarios. Eso también lo dicen estudios serios en la materia. Por eso, siempre hay que ver la realidad tal cual es, y no solo argumentar lo que a uno le conviene.
En este sentido, la verdad es que, desde la recuperación de la democracia, hemos avanzado mucho en materia de democratización, como también en el ámbito laboral, en cuanto a derechos individuales de los trabajadores, e instalamos derechos fundamentales en las relaciones laborales. Pero también hay que ser sinceros y reconocer que, aunque hemos tenido avances en cuanto a derechos individuales, no se ha visto el mismo nivel de desarrollo en lo que respecta a los derechos colectivos. En los últimos 35 años no habíamos sido capaces de traer al Congreso Nacional, para un debate serio y con altura de miras, la discusión sobre un nuevo pacto en las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, pensado en el bien de los trabajadores.
Este nuevo pacto no solo es necesario dadas las añejas estructuras que nos rigen, sino fundamentalmente porque esas mismas estructuras nos han significado encarnar uno de los mayores lastres de nuestra sociedad: tenemos la tasa más alta de desigualdad entre los países de la OCDE, con los cuales tanto nos gusta compararnos.
¿Qué nos señalan las cifras? Que desde hace décadas somos el país de la OCDE que presenta mayor grado de desigualdad. En parte, esa deuda de nuestra sociedad se debe a las precarias y obsoletas normas de derecho colectivo que tiene nuestro país. Por eso estamos legislando para perfeccionar y mejorar los derechos colectivos de los trabajadores.
Quienes quieren continuar con el plan laboral de José Piñera y se oponen a legislar sobre esta materia, buscan perpetuar la desigualdad que ello ha generado. ¿Y quiénes son ellos? Nuestros colegas de derecha.
Esta situación estructural no nos permite avanzar como sociedad, limita nuestras posibilidades de crecimiento, hace sentir a nuestros compatriotas que sus esfuerzos no son compensados con un criterio de justicia y hace surgir el resentimiento y la conflictividad social y laboral. A la larga, esta situación enturbia el clima de inversión y se convierte en un lastre para el crecimiento de Chile. No es efectivo que la reforma laboral detenga el crecimiento del país; lo que sí es cierto es que, si no mejoramos las condiciones de derechos colectivos, el crecimiento en Chile nunca va a ser inclusivo.
Entendemos que la necesidad de fortalecer los derechos colectivos y de modernizar las relaciones laborales es fruto de un largo debate en el país. El informe de la “Comisión Meller” entregó muchas sugerencias, muchas de las cuales han sido incorporadas a este proyecto presentado por el gobierno de la Nueva Mayoría.
Porque hoy estamos en condiciones de avanzar y porque tenemos la convicción de que el país necesita dar un salto en la calidad de sus relaciones laborales y saldar una deuda con los trabajadores es que hoy estamos discutiendo este proyecto de ley, que inició su tramitación en enero de este año.
Nadie puede sostener que estamos sorprendiendo a algún actor del mundo empresarial o laboral con la presentación de este proyecto ni con el debate que se ha generado, pues sus ejes principales ya fueron anunciados en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría y gran parte de sus contenidos han sido socializados y debatidos por un amplio ámbito de actores incumbentes en esta discusión.
La apertura a un mundo más civilizado en materia de relaciones laborales nos ha revelado graves incumplimientos en el ámbito de los derechos colectivos, que tienen su origen en normas heredadas de la dictadura.
El Código del Trabajo escasamente cumple hoy con los instrumentos internacionales ratificados por Chile en cuanto a derechos colectivos. Las observaciones de los órganos de control de la OIT han sido muy severas con nuestro país y señalan que estamos incumpliendo normas internacionales al amparar un sistema de relaciones laborales que permite la convivencia entre sindicatos y grupos espurios de trabajadores, como hoy ocurre con los grupos negociadores. Esta situación provoca que amplios sectores de trabajadores no tengan derecho a la negociación colectiva o se perpetúe un sistema que impide el derecho efectivo a huelga al establecer el reemplazo de los trabajadores en huelga por parte del empleador, pagando una suma de dinero o permitiendo el descuelgue de trabajadores en huelga. Se escudan estas graves faltas en un falso disfraz de libertad sindical. El diputado René Saffirio expresó exactamente lo que significa la libertad sindical, pero con relaciones laborales equilibradas y pensando en los trabajadores.
Este proyecto supera ampliamente esas faltas a las normas internacionales, así como a otras más, y lo hace al prohibir la convivencia de grupos negociadores con los sindicatos en las empresas en que estos existen. Por ello, establece que solo el sindicato podrá negociar, lo que dará certeza, estabilidad y permanencia a las relaciones laborales al interior de la empresa. No se trata de grupos que solo se juntan para un fin en particular, sino de una organización, el sindicato, que siempre está preocupado del bienestar de los trabajadores.
La iniciativa también amplía el derecho a negociar a quienes hoy el Código del Trabajo les prohíbe hacerlo, como los trabajadores por obra o faena transitoria, los trabajadores aprendices y buena parte de los trabajadores llamados eufemísticamente “de confianza”. Además, durante la huelga, prohíbe y establece como práctica desleal el reemplazo de trabajadores por parte del empleador. Adicionalmente, hay mejoras sustanciales en el procedimiento de negociación colectiva, se perfeccionan los instrumentos de mediaci��n, se incorpora un real y efectivo derecho de información para los sindicatos y se establece un piso de negociación que pondrá a nuestras normas a la altura de una legislación que cumple con los estándares internacionales. Ojalá esto nos permita acercarnos a los estándares de la OCDE, con el fin de llegar, por lo menos, al 60 por ciento de cobertura de la negociación colectiva.
Este proyecto también se hace cargo de una proyección a futuro para nuestro país. Esta legislación debe servir a trabajadores y a empleadores para enfrentar las próximas décadas, de relaciones laborales complejas, porque van a existir incertidumbres en el mercado del trabajo. Vamos a tener un espacio de mayor equilibrio para que los trabajadores organizados en sindicatos puedan, sin temor, negociar colectivamente.
Por eso, pediré votación separada del artículo quinto transitorio del proyecto, ya que considero que hay que avanzar gradualmente en los contratos de condiciones especiales. En ese sentido, este proyecto aporta de verdad para que los trabajadores, a través de su organización representativa, que es el sindicato, puedan negociar en mejores condiciones.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete .
El señor POBLETE.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo a todos los dirigentes sindicales y a los trabajadores presentes en las tribunas.
En el programa de la Presidenta Michelle Bachelet existen reformas que son de la máxima importancia para el destino de los millones de trabajadores que hoy mueven a Chile, como, por ejemplo, la que estamos discutiendo, que introduce modificaciones al Código del Trabajo. Esta reforma busca morigerar en algo los efectos feroces del código laboral neoliberal heredado de la dictadura, que dejó, entre muchas otras pérdidas, sin derecho a huelga efectiva a todos los trabajadores del país, quienes han sido el puntal sobre el cual se ha construido el país moderno que tenemos hoy.
Basta hacer una retrospectiva. En el presente hay cientos de miles de trabajadores sin mayores derechos laborales que los que brinda un débil Código del Trabajo, los cuales han sido obligados a cotizar en las administradoras de fondos de pensiones, las que han acumulado cientos de miles de millones de dólares y han contribuido a formar un gigantesco mercado de capitales que invierte en las más diversas empresas, que renta formidablemente para sus dueños, pero que, sin embargo, entrega pensiones de hambre a miles de chilenas y de chilenos. Si no fuera por el pilar solidario implementado en el anterior gobierno de nuestra Presidenta, la catástrofe previsional en la primera gran masa de pensionados del sistema de AFP sería total.
Otro tanto ocurre con las isapres, que han acumulado inmensas ganancias con altas cotizaciones, pero que no se reflejan en las prestaciones de salud que los chilenos necesitan. Ellas buscan jóvenes de altos ingresos y sin siniestralidad, pero dejan afuera a embarazadas, ancianos y niños, salvo que les paguen altísimos planes de salud. Asimismo, modifican unilateralmente los contratos de prestación de servicios de salud, entre otras tantas cosas. Si no fuera porque los tribunales de Chile han ido corrigiendo los enormes abusos que cometen, estaríamos en el peor de los mundos en materia de salud privada.
Por eso, el que hoy nuevamente busquemos corregir las enormes inequidades que nos dejó por herencia el Código del Trabajo de 1980 no solo nos debe llenar de alegría y de esperanza, sino que además nos pone un desafío enorme, cual es recuperar el tranco modernizador, pero a la vez reformista, que Chile necesita.
Por eso, nos debe mover a orgullo la idea fundamental de este proyecto, que es actualizar nuestro sistema de relaciones laborales para garantizar un adecuado equilibrio entre las partes, con pleno respeto a la libertad sindical, tan vapuleada en nuestro ordenamiento jurídico. A pesar de los errores, de las dificultades y de todas las campañas políticas y comunicacionales que tengamos en contra, vamos avanzando.
Hoy, en un Chile del siglo XXI, la democracia no puede estar limitada al ejercicio de las libertades civiles y políticas; también conlleva el compromiso de todas y de todos para el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran las libertades sindicales.
La organización de los trabajadores en sindicatos y órganos superiores de representación es fundamental para formular propuestas destinadas a participar de los frutos del crecimiento económico de las empresas. Además, es la manera inteligente y contemporánea de conseguir una sociedad más justa, solidaria e igualitaria.
Por más de treinta años nuestro país ha vivido con una mordaza sindical para evitar la proliferación de conflictos. Esa política de evitar conflictos por la vía de taparlos, negando derechos universales, solo esconde mecanismos institucionales no adecuados para su resolución acertada, democrática y justa, ya que los conflictos recrudecen de igual forma, proliferando el descontento y la sensación de impunidad entre los trabajadores que ven cómo sus demandas y sus peticiones son palabras sin valor que carecen de todo poder negociador.
El contrato social debe reconocer toda la gama de derechos sindicales, pues el bien común pasa, sin duda alguna, por el bienestar de los trabajadores, y este se cimienta en la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de la población. Es parte legítima del pacto social admitir la diversidad de intereses, la redistribución del producto económico y la solución de los conflictos y de las controversias con pleno respeto de los derechos fundamentales.
Por eso celebramos que se nos plantee, como cuerpo legislador, una ampliación de la cobertura de la negociación colectiva a trabajadores que hoy están excluidos de ejercer ese derecho, eliminando parte de las prohibiciones y exclusiones que hoy existen. Lo mismo respecto de los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje.
Argumentos, razones y buenas intenciones sobran. Es el momento de pensar en los trabajadores, de entender al Chile constructor de su futuro. Es, quizá, el instante de que la patria mire hacia adentro, preocupándose del futuro de sus habitantes.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, quiero saludar a la ministradel Trabajo y Previsión Social, al subsecretario del Trabajo, a las y los colegas y a quienes nos acompañan en la tribuna.
Me preocupa la evolución que ha tenido esta reforma, al igual como ha ocurrido con la educacional y la tributaria. Todos estábamos de acuerdo en generar cambios beneficiosos en el país para acortar las brechas de desigualdad. El problema está en que, a la hora de entrar al área chica, vemos que lo presentado por el Ejecutivo al Congreso Nacional tiene poco o nada que ver con el espíritu de transformación que anhela el país.
Particularmente en la reforma laboral, el Ejecutivo, una vez más, elude los temas de fondo y en vez de generar una batería de modificaciones que apunten a mejorar las relaciones laborales entre empleador y trabajador, sin herir el crecimiento económico, la inversión y el empleo, presenta una iniciativa acéfala y extraña, que, finalmente, termina atentando contra el empleo, que es precisamente lo que hay que proteger.
Me preocupa la falta de matices, diferenciaciones y reconocimientos a los diferentes campos productivos, cuyas realidades en materia laboral son absolutamente distintas. En especial me inquieta sobremanera el problema que se va a generar en el sector de la construcción. Cabe mencionar que del total de la inversión que realizan todos los sectores productivos del país, el 64 por ciento se destina a construcción. Por lo tanto, no es un tema menor y nos invita a estar atentos, porque se trata de un área sensible a las variaciones del mercado y a las políticas públicas erráticas, que es lo que sucede en este caso.
La reforma laboral, tal cual está planteada hoy, significa, por ejemplo, no reconocer que la construcción en Chile emplea al porcentaje de la población con menor acceso a la educación, y, por consiguiente, con menor nivel de especialización. Capta al que busca trabajo por primera vez, sin tener un nivel de formación que lo avale. Las cifras indican que uno de cada tres trabajadores de la construcción nunca estudió o solo cuenta con educación primaria.
Otra variable es que este proyecto desconoce la forma de vinculación laboral que existe hoy entre empleador y trabajador. Es sabido que existe un porcentaje importante de microempresas y micro-emprendimientos que son contratados por periodos muy breves y puntuales -por obra o faena-, alimentando la relación de carácter contractual transitorio que termina por satisfacer las necesidades de construcción del país.
Esta reforma, según información oficial de la Cámara Chilena de la Construcción, afectará a microempresas y pymes que emplean al 81 por ciento de los trabajadores del sector, los cuales tienen una muy baja posibilidad de reconversión laboral y de incorporarse a otras áreas productivas de la economía.
Este proyecto de ley discrimina entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, dejando a estos últimos supeditados a las decisiones de los primeros. Se privilegia a una minoría en desmedro de una mayoría que no necesariamente se siente interpretada. Dado lo anterior, el proyecto incentiva artificialmente la sindicalización.
La iniciativa significa un claro desincentivo a la contratación de trabajadores y un fuerte estímulo al uso de la tecnología.
Señor Presidente, insisto, a esta reforma, al igual que a otras, le faltó no una, sino varias vueltas de tuerca para responder realmente a lo que Chile necesita en materia laboral, sin afectar a los trabajadores, a las pymes, al crecimiento, a la inversión y, en definitiva, al empleo.
Creo que una vez más estamos corriendo serio riesgo de que este proyecto impacte negativamente en las relaciones laborales en lugar de favorecerlas. Lo peor de todo es que no ataca el problema de fondo, cual es la desigualdad en Chile.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, comparto la observación del diputado Patricio Melero , en el sentido de que esta debió ser una reforma del siglo XX. Claro que el diputado Melero no señaló, a renglón seguido, que la razón por la que no se llevó a cabo en esa época se debió, en primer lugar, a diecisiete años de una dictadura feroz y, en segundo lugar, a una Alianza por Chile sobrerrepresentada en este Parlamento, que impidió cualquier reforma laboral imaginable.
En segundo lugar, disiento del diputado Melero respecto de su diagnóstico, porque arranca de la idea de que los trabajadores son seres que están esperando condiciones para destrozar al empresario y el desarrollo empresarial. Eso me hace pensar que no le han servido de nada las frecuentes visitas anuales a la OIT, donde se ha encontrado con un desarrollo empresarial moderno, que acepta la existencia de sindicatos poderosos con derecho efectivo a huelga, y con una distribución de los excedentes de la producción mucho más justa.
Ahora bien, a mi juicio, hay tres instrumentos principales para reducir la desigualdad, objetivo principal de este gobierno. Primero, mayor solidaridad tributaria -en ese sentido, llevamos a cabo una reforma que consiste en que los que tienen más, paguen proporcionalmente más-; segundo, inversión en oportunidades igualitarias en educación, y tercero, reducción del desequilibrio entre el capital y el trabajo, con el fin de que la distribución de los excedentes de la producción sea mucho más justa. La Presidenta Bachelet y el gobierno de la Nueva Mayoría están cumpliendo sus compromisos en estas tres materias.
Los voceros del empresariado han expresado acá temor ante una sociedad más igualitaria. La paz social, el desarrollo y la felicidad individual son mayores en sociedades con menos diferencias sociales; es un hecho de la causa. Si comparamos empresas con sindicatos con empresas sin sindicatos, todos los factores de desarrollo empresarial son mejores en las primeras.
Siento -imagino que es un sentimiento compartido, por lo menos en estas bancadas del Parlamento- que estamos pagando una deuda de muchos años. Desde 1990 hemos gobernado 21 de 25 años. Con todo, las tasas de sindicalización y las tasas de negociación colectiva son demasiado similares a las de 1989, último año de la dictadura. ¿Por qué? Porque no pudimos ni tuvimos el coraje de tocar los nervios que explican que no se haya desarrollado el sindicalismo y que se haya restringido la negociación colectiva al punto que observamos hoy. Ahora estamos tocando esos nervios.
El primero de ellos es la sindicalización. Al respecto, me pregunto qué incentivo tiene un trabajador para afiliarse a un sindicato. Todavía existe persecución sindical. Eso lo saben los compañeros que nos acompañan en las tribunas.
(Aplausos)
Todavía hay persecución sindical y todavía en los trabajadores hay temor de afiliarse a un sindicato. ¿Qué incentivo puede existir para afiliarse a un sindicato si basta con conformar un grupo negociador ocasional para negociar con el empresariado? ¡Eso no existe en ninguna parte del mundo! Al menos no existe en los países que integran la OIT. Para eso existen los sindicatos, actores estables y duraderos que cuentan con programas, plataformas y rinden cuenta de su gestión.
¿Qué incentivo puede haber para afiliarse a un sindicato si sin pagar cuotas, sin comprometerse, sin asistir a reuniones, sin correr ningún riesgo, los trabajadores no sindicalizados reciben por extensión los beneficios sancionados por el empresario? ¿Cómo pretendemos tener un país con más sindicalización si no establecemos la titularidad sindical?
Por eso les digo a las bancadas de enfrente que asuman su contradicción. ¿Quieren un país con menos sindicalización o no quieren titularidad sindical?
Mañana, a la hora de la votación, la línea divisoria va a separar a quienes prefieren empresas sin sindicatos o con sindicatos débiles, de los que pensamos que todos los trabajadores deben estar sindicalizados y tener derecho a huelga efectiva; a quienes pensamos que el desarrollo y la paz social son duraderos cuando se amplían los derechos sociales, de los voceros de un empresariado que quiere mantener la relación tremendamente asimétrica que hoy existe entre el trabajo y el capital.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gaspar Rivas .
El señor RIVAS.-
Señor Presidente, se supone que cualquier persona bien intencionada y bien nacida debe estar a favor de una reforma laboral que otorgue derechos más justos a los trabajadores. Desgraciadamente, esta reforma, más que laboral, es empresarial, porque no está beneficiando a los trabajadores, sino a los empresarios.
¿Es un invento mío? Para nada. El pasado 1° de mayo, sin plegarse a la marcha de la CUT y del gobierno, marcharon miles de trabajadores que saben que esta reforma los va a perjudicar. Obviamente, esa marcha fue totalmente invisibilizada por el gobierno y por la prensa.
Aquí, la derecha y la izquierda están trabajando absolutamente unidas. Los empresarios gritaron y patalearon, porque tienen que hacer su show. La derecha va a decir que aquí se va a afectar el crecimiento económico y el empleo. Hace rato que no me compro ese cuento. ¡Basta ya de crecimiento económico hecho a costillas de los trabajadores!
Por su parte, la izquierda también está traicionando las justas reivindicaciones de los trabajadores. Ya bien lo decía el poeta Nicanor Parra : la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Mientras la derecha explota a los trabajadores, la izquierda les miente y los engaña.
¿Cómo puede ser buena una reforma si no considera a casi tres millones de trabajadores que forman parte de las pymes? Además, establece que las huelgas deben ser pacíficas. Un dirigente sindical que se para frente a un bus que trae a quienes reemplazarán a los trabajadores en huelga, por el solo hecho de hacerlo, puede perder el fuero. Luego ese dirigente denunciará ese hecho como práctica antisindical. ¿Y qué pasa con los rompehuelgas? Los rompehuelgas los deben poner los propios sindicatos, con lo cual se “autoaserruchan” el piso.
¿Qué ocurre con los convenios colectivos, que fue un arma del plan laboral de Piñera? Aquí no son tocados.
¿Qué pasa con la negociación por rama? No será concedida a los sindicatos. ¿Y con el pacto de adaptabilidad? El sindicato con los trabajadores pueden pactar una jornada de trabajo incluso más alta que la legal.
Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con esta farsa antiobrera.
Quiero dar un mensaje a los trabajadores: únanse; sean hoy más hermanos que nunca, porque la lucha de los trabajadores, la lucha de la clase trabajadora es lo único que les permitirá acceder a las justas reivindicaciones que defienden con dignidad. Rebélense; salgan a la calle; marchen en contra de esta estafa.
Los están engañando; no es una reforma laboral, es una reforma empresarial.
¡La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas!
Votaré en contra este proyecto de ley.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, a comienzos de este año estuvo en Chile uno de los economistas más famosos del mundo. Me refiero al francés Thomas Piketty , quien ha realizado importantísimos análisis acerca de la distribución de la riqueza en el mundo. Sobre el particular ha dicho que, de las distintas formas de medirla, hay un parámetro que radiografía muy bien las sociedades. Se trata de aquel que mide cuánto se lleva el 1 por ciento más rico de la población.
De acuerdo a ese parámetro, Piketty señaló que Chile es el país más desigual del mundo. No dijo que fuera uno de los diez países más ricos del mundo, ni tampoco uno de los diez países más desiguales del mundo, sino -repito- el más desigual de la Tierra, donde el uno por ciento más rico de la población se lleva el 35 por ciento de todo lo que produce el país.
Entonces, cómo no va a ser importante una reforma laboral que le dé posibilidades de negociación colectiva y organización sindical a los trabajadores de Chile.
Quiero detenerme en una paradoja.
En paralelo estamos estudiando una iniciativa para, por fin, terminar con los aportes reservados dirigidos a quienes quieran ser candidatos a cargos de representación popular. Hay una relación directa entre los aportes reservados que recibe el 1 por ciento más rico y la forma en que se va a votar este proyecto. Señor Presidente, le aseguro que ninguno de los candidatos que recibieron sobre 100 millones de pesos va a votar a favor de la reforma laboral. Es más, todos los que recibieron más de 100 millones de pesos de ese uno por ciento más rico van a votar en contra de la reforma laboral. Me refiero a quienes aparecen en la lista oficial entregada por el Servel.
El diputado Nicolás Monckeberg decía que este gobierno está secuestrado por la CUT. ¿Sabe usted cuál es la verdad? Que este Parlamento tiene al menos la mitad de sus parlamentarios secuestrados por el gran empresariado nacional, por lo que aspiro a que, de una vez por todas, este Parlamento esté libre de influencias y libre de empresarios, y tengamos, alguna vez, parlamentarios que puedan mirar a la cara a la gente.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, en ocasiones pareciera que estuviéramos en un documental de los años 60 o 70, en ese mundo monocromático en donde o estás conmigo y crees exactamente lo que yo pienso, o tengo que anularte. Quienes no nacimos en esa época, sino en los 80, no lo vemos así.
Tal como ha ocurrido en el debate de otros proyectos de ley, escuchamos discursos grandilocuentes sobre las maravillas y virtudes de esta iniciativa, que casi pareciera haber sido escrita por ángeles. Otros hablan de cómo con este cambio ahora sí tendremos derechos laborales, como si en los últimos 25 años todo hubiera estado mal y, por ende, deberíamos derrumbar todo para volver a construir, pero con las antiguas y fracasadas utopías, esas que viven de la desconfianza, del conflicto, de la deshumanización.
Hace muchos años, James Madison escribió en El Federalista que si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario, y si los ángeles fueran a gobernar a los hombres, los controles externos o internos no serían necesarios.
Ya casi da vergüenza decirlo, pero, obviamente, no somos ángeles ni, por supuesto, estamos gobernados por ellos. Entonces, necesitamos reglas claras que reconozcan y protejan nuestros derechos. Por cierto, este proyecto no es ninguna maravilla ni menos angelical.
Soy de los que creen que la Constitución y las leyes se originan para reconocer nuestros derechos, poner límites al poder del Estado y que exista equilibrio de poderes. De ahí se deduce que sí es necesaria una regulación de la legítima negociación entre los trabajadores y quienes dirigen las empresas, porque debe haber un adecuado equilibrio para que dicha negociación sea justa.
Por lo mismo, son de gran valor los sindicatos, la negociación colectiva y el derecho a huelga; pero de ello no se deduce que cualquier regulación sea buena o que cualquier cosa que se nos ocurra beneficiará a los trabajadores, en especial las grandes proclamas que hemos escuchado, que son completamente vacías, como la lógica del conflicto profundo, de la lucha de clases, de casi una guerra al interior de cada empresa, porque es precisamente esa lógica la que demuele, la que detiene, la que perjudica a los trabajadores.
Valoro profundamente las organizaciones libres de personas, más aún cuando tienen un fin específico, como ocurre con los sindicatos, cuyo objetivo es velar por el bienestar de los trabajadores a los que representan, aunque esto le molesta mucho a un grupo de personas: a quienes quieren utilizar a los sindicatos como instrumentos partidistas, a quienes quieren utilizar a los trabajadores, en vez de velar por sus derechos y su bienestar.
La lógica del conflicto profundo es, además, equivocada. Los trabajadores y las empresas se necesitan mutuamente. Esto es casi obvio, porque si no hay empresas, difícilmente habrá sindicatos; si no hay un justo equilibrio, se perjudica a los trabajadores o se perjudica a la empresa y, por lo tanto, a los mismos trabajadores. Una empresa no puede existir sin su trabajo.
Aquí se ha dicho que no importa cuánto crezcamos, que solo hay que redistribuir. Esa es la lógica de la mediocridad, del retroceso, fracasada en el mundo entero. Por eso considero que lo que se plantea es una reforma retro.
Es claro que la sociedad ha cambiado y que muchas empresas no han entendido o no se han ajustado a los nuevos tiempos. No basta con maximizar la última línea en el corto plazo, sino que debemos pensar en un crecimiento sostenible y sustentable, que mire el mediano y el largo plazo, que cree valor en vez de solo acumular.
Así, la preocupación por el medio ambiente, por los trabajadores, por la familia de los trabajadores, por el barrio en donde se encuentra, por la sociedad en la cual se enmarca, no es responsabilidad social empresarial; es parte de la esencia de la empresa.
Por lo tanto, sí debemos ajustar nuestras reglas laborales, pero atendiendo el equilibrio y la modernidad; el futuro, no el pasado.
Se ha dicho además que con este proyecto de ley Chile se pone al día respecto de los tratados internacionales que ha suscrito. Sin embargo, el pasado fin de semana el profesor Hernán Salinas nos recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen el derecho a asociarse libremente con fines sindicales. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Por otra parte, el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, declara que nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. Y por si fuera poco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la libertad de asociación supone que cada persona pueda determinar, sin coacción alguna, si desea o no formar parte de una asociación.
El profesor Salinas agregó que este proyecto de reforma laboral limita la negociación colectiva a los sindicatos cuando ellos existan en una empresa, e impide que los beneficios obtenidos por estos en dicha negociación sean traspasados a los trabajadores no sindicalizados. Ello vulnera, en opinión del profesor Salinas , la esencia del derecho a la libertad sindical y la libertad de asociación. Además, entra en contradicción con principios fundamentales del derecho internacional en materia de no discriminación e igualdad ante la ley.
Vivimos un momento de crisis de poder, con instituciones que no responden como deben. A eso se suma que hay quienes plantean que hay que “retroexcavar” Chile, que hay que terminar con el progreso alcanzado a la fecha y, por lo tanto, que todas las reformas que se hagan deben ser revolucionarias, en vez de evolucionarias. En vez de evolucionar, quieren ir a lo retro. Eso ha afectado el crecimiento, la capacidad del Estado de poner foco en los más vulnerables. No creceremos más de 2,5 por ciento, se están perdiendo empleos, baja la inversión, las expectativas se desploman.
Señor Presidente, ¿necesitamos nuevas y mejores leyes laborales que protejan a los trabajadores, establezcan un justo equilibrio y miren hacia el futuro? Por supuesto que sí, pero esta no es esa ley.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el gobierno de la Nueva Mayoría se comprometió a nivelar la cancha en el ámbito laboral, promoviendo un proyecto de ley que fortalezca la negociación colectiva en las empresas y donde el sindicato tenga la titularidad de la negociación reglada de las condiciones de trabajo.
Las relaciones laborales en nuestro país presentan una fuerte asimetría, pues el empleador saca la mejor parte y la situación de los trabajadores, en un alto porcentaje, es de alta precariedad. Por ejemplo, en lo salarial, el 75 por ciento de la fuerza laboral del país, nuestra patria, gana menos de 520.000 pesos mensuales.
Modernizar las relaciones laborales es apostar a que haya más negociación y diálogo en las empresas, para que puedan pactarse mejores contratos colectivos, que las ganancias en productividad se traspasen a salarios y que predomine una nueva cultura laboral, con más cooperación que conflicto.
Estos razonables objetivos de una legislación laboral moderna fueron desestimados por los gremios empresariales, que descalificaron el proyecto de ley gubernamental desde el primer día, cuestionando el mayor protagonismo de los sindicatos. Su principal crítica es que se trata de una reforma prosindical que no se preocupa por fomentar más empleos.
No es casualidad, entonces, que nuestros colegas de la UDI que integran la Comisión de Hacienda toquen siempre el tema de la productividad, olvidándose de los trabajadores.
Claramente al empresariado y a los ejecutivos de empresas no les gustan los sindicatos ni que los trabajadores se organicen para negociar contratos colectivos de trabajo; al contrario, este seudoempresariado moderno, como no quiere sindicatos, prefiere a los trabajadores atomizados en grupos negociadores, sin peso en el mundo social y menos con poder de representación en las empresas.
Nuestro empresariado debiera aprender de los países desarrollados, donde la negociación colectiva y la presencia de organizaciones sindicales importantes son parte del paisaje de una sociedad moderna y más productiva.
No se puede alcanzar un desarrollo más inclusivo sin innovaciones en las empresas en un marco de acuerdo y diálogo con los sindicatos, como plantean los pactos de adaptabilidad que promueve el proyecto en debate. Nunca alcanzaremos el estatus de país desarrollado con una clase empresarial que desconfía y busca anular a los sindicatos.
Las empresas más innovadoras son aquellas en las que hay inversión en capital humano, los trabajadores están en permanente capacitación, los salarios crecen según la productividad alcanzada y en las que se cuenta con negociación colectiva reglada entre empleadores y sindicatos.
El sindicalismo también tiene una enorme responsabilidad en orden a generar los liderazgos que repotencien la acción sindical por la vía del diálogo con quienes corresponde.
La nueva legislación potenciará el rol de las mujeres en el sindicalismo, ya que establece el deber de que estén representadas en las directivas sindicales.
Hay que ser muy claros: estamos en presencia de un proyecto de ley de reforma laboral que quiere hacer justicia en muchos ámbitos.
Hoy, no más del 12 por ciento de los trabajadores está sindicalizado. ¿Por qué no lo está el resto? Precisamente, porque hay empresarios que no lo quieren.
Necesitamos sindicatos fuertes; necesitamos que esta iniciativa se promulgue como ley de la república; necesitamos una visión moderna, del siglo XXI, para hacer justicia en estas materias.
Al sacar adelante la reforma laboral daremos cumplimiento a los compromisos del programa de la Presidenta Michelle Bachelet .
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, esta mañana hemos escuchado a los representantes de la oposición, en especial de la UDI, sostener que la reforma laboral prácticamente va a destruir la economía de nuestro país. Pero el propósito del proyecto busca todo lo contrario: establecer relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes, en las que predomine el diálogo, el acuerdo combinado y los objetivos de equidad, de eficiencia y de productividad.
Desde esa perspectiva, si existe equilibrio entre el trabajador y el empresario durante la negociación, la empresa podrá desarrollarse mejor, pues no cabe duda de que cuando los trabajadores están tranquilos y contentos, producen mucho más. En consecuencia, la empresa producirá más y la economía de nuestro país crecerá.
El diputado Patricio Melero dijo que en la Comisión de Trabajo, a la cual pertenezco, logramos que del concepto “huelga pacífica” se eliminara el término “pacífica”. Considero que ese cambio constituye un gran avance en orden a creer en los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, en sus capacidades para sostener una conversación con los empresarios al mismo nivel y desarrollar la huelga de manera responsable.
No hay duda de que si los empresarios tratan mal a sus trabajadores, la respuesta será negativa. Por lo tanto, sigo insistiendo, no necesitamos explicitar que la huelga debe realizarse “pacíficamente” y agregar otros términos para que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país se desarrollen en un mismo nivel con los empresarios y lograr que las empresas respondan.
Sostuve que no hay sindicalización en Chile y la razón es clara: hay temor entre los trabajadores. ¡Hay terror entre los trabajadores! Por ejemplo, en mi zona, la empresa Agro Tantehue está despidiendo de diez en diez a los trabajadores sindicalizados, porque en dos meses más se iniciará el proceso de negociación colectiva de Agrosuper. Para debilitar a los sindicatos, ¿qué mejor que desvincular a los sindicalizados y dejar a los que no lo están?
El proyecto se convertirá en una ley clara que nos permitirá recuperar lo que teníamos antes de la dictadura: sindicatos fuertes capaces de pararse a un mismo nivel frente a los empresarios. En consecuencia, los trabajadores se desarrollarán, como antaño, amparados en la continuidad laboral.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al señor Patricio Melero que hoy no hay continuidad laboral, porque los empresarios no quieren, pues no les conviene que los trabajadores se capaciten para obtener mejores puestos en sus empresas. La idea es mantener a los trabajadores minimizados. Pese a lo descrito, cabe mencionar que en estos años hemos avanzado en empoderar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Los últimos siete meses nos dedicamos a trabajar en el proyecto en debate, escuchándolos a todos, mirándonos a las caras, mirando a los empresarios de diferentes niveles, a los sindicatos y a los trabajadores. A pesar de que queríamos que el proyecto incorporara aún más avances, sabemos que, dada la coyuntura actual, se debía ceder en algunos aspectos.
Estamos avanzando en una reforma que, pese a que a nosotros, a los trabajadores de nuestro país y a la Central Unitaria de Trabajadores no nos satisface ciento por ciento, sin duda dará fuerza a los sindicatos. La reforma permitirá que la sindicalización crezca y que, por tanto, se genere una mejor distribución de las ganancias por productividad.
La reforma también nos ha permitido avanzar en materia de equidad de género. Se ha posicionado la idea de que, además de más y mejor diálogo social y de negociaciones colectivas, se requiere incorporar mecanismos y medidas relativos al género, con el fin de consolidar un trabajo justo y equitativo entre los hombres y las mujeres de nuestro país.
En ese sentido, el proyecto moderniza los sistemas de relaciones laborales. A partir del análisis realizado en la Comisión de Trabajo, quedó en evidencia que existe un amplio consenso entre los actores sociales respecto de que es necesario aumentar la participación femenina en las organizaciones sindicales. La mirada de género debe existir en todos los niveles de nuestro país y, por ello, establecimos requisitos porcentuales en las organizaciones sindicales. La idea es que en toda negociación colectiva participe, a lo menos, una mujer. De esa manera, se otorgará a la equidad de género la debida perspectiva que las trabajadoras chilenas queremos.
Ojalá hubiera contando con más minutos para explicar, de una manera más amplia, la discusión que se generó en la Comisión de Trabajo y, también, para compartir con los trabajadores que hoy están presenciando la sesión, la tónica de las discusiones que hubo en dicha instancia. El debate que se generó me recordó a aquel dictador que dijo: “En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”.
¡Señores de la derecha: hoy los trabajadores mueven sus manos porque sabemos que vamos a cambiar el país! ¡Los trabajadores recuperarán los derechos que tuvieron antes y los ejercerán en el futuro!
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Señora diputada, el minuto extra que utilizó será descontado de las próximas intervenciones de su bancada.
Tiene la palabra el diputado Cristián Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señor Presidente, la reforma laboral que hoy discutimos y que tramitamos por bastantes meses en la Comisión de Trabajo, apunta a tres ejes fundamentales: fortalecer la negociación colectiva, a través del otorgamiento de facultades exclusivas a los sindicatos; poner fin al reemplazo en la huelga y fortalecer las organizaciones sindicales.
Me parece muy bien y muy legítimo que el gobierno impulse una reforma que trate las materias mencionadas y que, además, tenga magnitud y profundidad, independientemente de que no la compartamos.
Asimismo, sé que los argumentos han sido sólidos en uno y en otro lado. Sin embargo, el hecho de que se recurra a la figura del dictador quiere decir que los argumentos se están cayendo a pedazos, lo cual habla muy mal o no muy bien de quienes quieren defender esta reforma desde un punto de vista argumentativo, para fomentar y proteger los derechos de los trabajadores. Cuando se hace alusión a figuras históricas, independientemente de si son del gusto del orador, claramente no se apunta a defender el fondo o el camino que se pretende establecer a través de la reforma, la cual más que laboral es sindical.
En definitiva, la reforma propuesta por el Ejecutivo, en el afán de satisfacer los requerimientos de las organizaciones sindicales, solo se hace cargo de una parte de lo que queríamos abordar, a saber, el fortalecimiento de la sindicalización, y deja sin respuesta otros aspectos que consideramos muy importantes y que los hicimos presentes en la comisión. Me refiero a incentivar y potenciar el empleo, a mejorar la calidad y la estabilidad de las plazas laborales y a favorecer el ingreso al mundo laboral de miles y miles de personas que en la actualidad han perdido el trabajo o no han accedido a él.
En ese sentido, espero que en la tarde la directora del Instituto Nacional de Estadísticas dé explicaciones relativamente válidas sobre por qué en la realización de la Encuesta Nacional de Empleo se responsabiliza de la tasa de desempleo a las personas que declararon “no tener deseos de trabajar”, lo que al parecer no era así.
Repito, habríamos querido que la reforma recogiera la necesidad de incorporar al mundo del trabajo a miles de personas, principalmente mujeres y jóvenes.
No podemos desconocer que existen bajas tasas de sindicalización. Si ello es culpa del dictador, de José Piñera, de las actuales normativas en el mundo del trabajo o de los veinticinco años de gobiernos de la Concertación, que no fue capaz de afrontar esa realidad, no lo sé. Lo que sí está claro es que existe 15 por ciento de trabajadores sindicalizados y que un porcentaje altísimo no lo está. Algo está pasando. Echarle la culpa exclusivamente a las prácticas antisindicales no me parece adecuado.
También hay un tema de fondo, del cual los sindicatos se tienen que hacer cargo, que dice relación con la calidad y la eficacia de las organizaciones sindicales. Un trabajador que ingresa a una empresa, ¿quiere formar parte de un sindicato? Ahí está la duda. Esos son los temas que hay que evaluar. Desde las tribunas se escucha: “No, porque los echan”. Está bien; puede ser. Hay diferentes razones; pero los trabajadores no quieren formar parte masivamente de las organizaciones sindicales.
A través del proyecto, ¿vamos a lograr obligatoriamente que las personas formen parte de los sindicatos? Al parecer, sí, porque a través de una fórmula jurídica se va a obligar a ello. ¿Es esa la manera en que las personas participen activamente en los sindicatos y estén contentas y conformes con la labor que van a realizar las organizaciones sindicales respecto de la defensa de los derechos de los trabajadores? Tengo mis dudas. No sé a qué atribuirlo todavía. Algunos culpan al dictador o a José Piñera ; otros, como yo, a la gestión de los gobiernos de la Concertación, los que podrían haber corregido esta situación, pero no lo hicieron, pese a que necesitaban solo mayoría simple para aprobar las normas pertinentes para ello.
El debate me parece legítimo, muy justo, pero hay temas que faltan.
Así como se ha planteado fuertemente empoderar a los sindicatos y a los trabajadores, me habría encantado que el gobierno de la Nueva Mayoría, o la Presidenta de la República, hubiera asumido el compromiso -como lo hizo el gobierno anterior- de generar nuevos empleos, lo cual es muy necesario. Esa es la otra mitad de la historia que echamos de menos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Concluyó su tiempo, señor diputado.
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señora Presidenta, me restan siete minutos correspondientes a mi bancada, porque el diputado señor Gonzalo Fuenzalida renunció a su tiempo.
Repito, el gobierno desea sacar adelante este proyecto, relacionado con el fortalecimiento de los sindicatos, las organizaciones sindicales y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, echo de menos el compromiso con la creación y el fortalecimiento de nuevos puestos de trabajo, mejor mano de obra y mejores remuneraciones, tal como ocurrió durante el gobierno anterior. Ese era el compromiso que echábamos de menos, y era importante que estuviera presente en la discusión.
Según recuerdo, todas las reformas laborales han contado con una gran adhesión ciudadana. Esta, por el contrario, ha contado con la más baja adhesión ciudadana, traducida en 28 o 30 por ciento de respaldo. Algo nos dice que el mundo del trabajo y la ciudadanía no están conformes con esta reforma.
Sería injusto decir que el gobierno no ha hecho su pega: la ha hecho; ha tenido dos ministras empoderadas. Se reconoce su trabajo. Hemos hecho una serie de planteamientos. Muy pocos se recogieron. Eso nos llevó a rechazar la reforma. Hubo muchas normas que votamos a favor, porque consideramos que era importante avanzar en determinadas materias. Pero, en general, el proyecto en su conjunto, como planteamiento para mejorar la calidad de vida de las personas a través de normas laborales, no es el más adecuado.
Renovación Nacional no está conforme con la reforma. Por lo tanto, no está disponible para seguir avanzando en ella.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero saludar al señor subsecretario del Trabajo y hacer un reconocimiento a la labor de la exministra del Trabajo, señora Javiera Blanco ; también a la gestión de la actual ministra del ramo, señora Ximena Rincón .
Comenzamos a ponernos al día con nuestros trabajadores. Hay muchas personas que piensan que con esta reforma laboral se acaba la agenda laboral. Sin embargo, hay muchos temas pendientes que debemos abordar en la Comisión de Trabajo.
Decía que estamos comenzando a ponernos al día con uno de los mayores problemas de Chile. Creo que la unanimidad o la mayoría de los diputados presentes están de acuerdo respecto de la desigualdad existente en nuestro país. La desigualdad ha sido la herida abierta de Chile. Esa situación afecta a nuestros compatriotas en el ámbito de la salud, de la educación y del trabajo.
Amarga es la experiencia que viven nuestros trabajadores y trabajadoras cuando se enteran de que las pensiones que van a recibir ni siquiera alcanzan el monto del sueldo mínimo. El 1 por ciento más rico de la población concentra el 31 por ciento de los ingresos del país. Esa es desigualdad pura.
Con esta iniciativa -no lo digo yo, sino los informes de la OIT-, comienza a ponerse fin al problema de la desigualdad, porque los trabajadores, empoderados y unidos con fuerza, contarán con mejores condiciones laborales y percibirán mejores sueldos.
Es bueno hacer un poco de historia.
Si hay un personaje que le ha hecho daño a nuestro país es José Piñera . No solo nos dejó un sistema de pensiones que hoy todo el país señala que hay que modificarlo, porque no entrega las pensiones que merecen nuestros adultos mayores, sino que además nos legó el famoso plan laboral. ¿Qué buscaba ese plan? Primero, que la huelga no fuera efectiva al disponer el reemplazo de los trabajadores en huelga. El objetivo de una huelga es siempre detener la producción. Hoy, con el reemplazo, ello no es posible. Estas prácticas se traducen en las famosas tocatas fuera de las empresas, en las que los trabajadores, con tambores, protestan y meten ruido, pero la producción no se detiene.
En segundo lugar, el plan laboral reservó la negociación colectiva solo a nivel de empresas. También incluyó a los famosos grupos negociadores. Esa es más o menos la historia del plan laboral, que ha debilitado a nuestro movimiento sindical.
Recordando los datos de la desigualdad en Chile y los pilares del plan laboral de José Piñera, es posible señalar que la actual situación laboral está directamente relacionada con el profundo desequilibrio existente entre los trabajadores y los empleadores a la hora de sentarse a la mesa a discutir sobre mejores condiciones en esta materia. Por eso insisto en que la unidad hace la fuerza y en que los trabajadores unidos y empoderados pueden lograr mejores condiciones salariales y laborales.
Cuando digo que la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad -sin mencionar la educación y el crecimiento económico- es la negociación colectiva -para ello debe haber sindicatos fuertes y trabajadores organizados- es porque la realidad así lo ha demostrado y la OIT lo ha corroborado en varios informes.
Tanto creo en los sindicatos fuertes, empoderados, grandes y unidos, que en 2007, con el entonces diputado Álvaro Escobar presentamos un proyecto de sindicalización automática. Estábamos convencidos de que era la mejor manera de fortalecer los sindicatos, y también una buena forma para que los propios trabajadores, sentados a una mesa con los empleadores, pudieran negociar sus condiciones y sus salarios, a fin de tener una mejor calidad de vida. Hoy, eso no se hizo realidad, pero lo de la titularidad es mejor. ¿Qué dice nuestro proyecto? Habla de la titularidad sindical.
Al respecto -por supuesto-, hemos escuchado a nuestros colegas de oposición decir que esto es una sindicalización automática encubierta. Con el mismo argumento, uno podría decir que lo que existe hoy es justamente una desmotivación sindical encubierta, porque cuando los empresarios extienden un beneficio -muchos hacen eso de buena fe-, podemos pensar que lo hacen porque efectivamente quieren extenderlo; pero también podemos pensar que su única motivación es que los trabajadores no se sindicalicen. Porque es muy distinto que un trabajador se quede sentado en su escritorio y que el 10 por ciento de los trabajadores, los sindicalizados, se sacrifique, se lleve el desgaste, los despidos, los descuentos, y que además los beneficios que ese 10 por ciento consiga le lleguen también a aquel. La situación es muy diferente para el sindicato si sigue siendo pequeño, porque cuando tenga que negociar a futuro, los beneficios que consiga esa asociación, que representa al 10 por ciento, serán mucho menores que si se tratara de un sindicato que representa al 70 o al 80 por ciento.
Eso es, en definitiva, el fin de los beneficios.
Respecto del fin al reemplazo en huelga, ya dijimos el significado que eso tiene. En este punto hay que hacer una defensa de los dirigentes sindicales, porque se dijo mucho en la comisión que lo único que quieren ellos en este país es la huelga, y no es así. La huelga es el último instrumento, el último recurso que tienen los dirigentes sindicales. Nadie quiere llegar a la huelga, pero cuando eso sucede, lo que se tiene que conseguir, el objetivo principal, es parar la producción. No existe otro mecanismo; si no, no tiene ningún sentido.
Tal como lo expresó el subsecretario, y se lo copio, quiero decir que el piso de la negociación es superimportante. Cuando se le pregunta a un sindicato cómo le fue en la última negociación colectiva, sus integrantes siempre responden: “Nos fue superbién; mantuvimos lo que teníamos.”. Eso no puede seguir así, y cambia con la presente iniciativa.
Por último, tengo la esperanza de que los empresarios se sumen al proyecto, porque no solo beneficia a los trabajadores, sino también a la empresa. Cuando hay trabajadores contentos, trabajando en buenas condiciones, con buenos sueldos, la producción, por supuesto, aumenta, lo cual va en directo beneficio no solo de los trabajadores, sino también de la empresa y del país.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe de Mussy .
El señor DE MUSSY.-
Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a la ministra del Trabajo y al ministro de Hacienda -desgraciadamente no se encuentran presentes en la Sala en este momento; imagino que están en otra reunión-, y les agradezco el haber estado aquí.
Obviamente, también saludo al subsecretario del Trabajo, quien sigue estoicamente en este hemiciclo y con quien compartimos varias sesiones de la comisión.
Fueron cinco meses de debate, cinco meses de conversación, cinco meses de un trabajo bastante intenso.
Quiero hacer la diferencia respecto de cómo fue la discusión de la reforma tributaria. Creo que vale la pena recordarlo, porque de alguna u otra manera dicha reforma fue, literalmente, una aplanadora que prácticamente no escuchó a nadie. En esta iniciativa por lo menos siento que se escuchó y que se conversaron muchos temas en profundidad, lo cual considero que hay felicitar y agradecer.
Además, quiero agradecer la participación de los diputados oficialistas y de oposición, como también a la exministra del Trabajo y hoy ministra de Justicia, Javiera Blanco , porque la verdad es que fue un bonito trabajo el realizado.
Escuchamos a bastantes personas, pero, digamos las cosas como son, desgraciadamente el Ejecutivo tomó muy poco de los diálogos efectuados con diferentes personas, dirigentes y representantes de distintos sectores.
Claramente, Chile avanza hacia el desarrollo, lo que es bueno; no hay que tener susto de avanzar hacia el desarrollo, porque, manifiestamente, este trae bienestar. Sin embargo, el desarrollo no puede ser la meta única -eso está claro-; debe ir acompañado de temas sociales profundos.
Chile -digamos las cosas como son- ha luchado y está triunfando contra la erradicación de la pobreza y la extrema pobreza. Creo que a veces nos olvidamos de esos logros. Décadas atrás, los niños corrían sin zapatos por las calles, y había desnutrición y malnutrición en nuestro país. Hoy, eso prácticamente no se vive.
Pero, por otro lado, hay que ser realistas: Chile es un país desigual. Sí, es un país desigual, y distintos índices, como el de Gini, el 10/10, el 20/20, demuestran efectivamente que es uno de los más desiguales del mundo. Ese es un tema que debemos trabajar.
Obviamente, el mundo laboral es fundamental en ese aspecto. Los trabajadores que se sacan la mugre trabajando, muchas veces más de 45 horas semanales, y que gastan gran cantidad de horas en movilizarse, como sucede en mi región, y qué decir en Santiago, con el Transantiago, se merecen tener la posibilidad de una vida digna, de soñar y de que esos sueños se cumplan para ellos y para sus familias.
Claramente, una reforma laboral es fundamental en ese sentido.
Personalmente, trabajé en una reforma laboral. Posteriormente, ella se convirtió en una reforma de partido, y terminó siendo una reforma de oposición, que entregamos a la entonces ministra Blanco.
Es esencial avanzar en esa línea.
Nuestra propuesta de reforma laboral no solo abarcaba materias relacionadas con la negociación colectiva, sino que también mejoraba la empleabilidad de las mujeres y los jóvenes. Ojo, porque lo que más critica la OCDE a nuestro país es que hoy las mujeres y los jóvenes no pueden encontrar trabajo, por la rigidez del mercado laboral para ellos.
También dijimos -es algo que aprovecho de celebrar- que hoy el mayor y peor empleador del país es el Estado, por lo que en nuestra reforma propusimos que se acabaran los funcionarios a honorarios. La Presidenta Michelle Bachelet hizo un anuncio en ese sentido para los trabajadores del gobierno central, lo que considero positivo y es algo en lo cual debemos avanzar y hacer que se cumpla. Espero que la iniciativa se extienda también a los funcionarios de las municipalidades y de todos los servicios que no forman parte del gobierno central.
Asimismo, propusimos una reforma a la Dirección del Trabajo.
Quiero manifestar que esta reforma laboral -así se ha dicho; yo también lo he hecho- es una reforma sindical y de negociación colectiva. Pero no lo expreso en forma peyorativa, sino que, por el contrario, creo que es algo positivo en lo que se tiene que avanzar.
Esta reforma laboral solo afectará de manera directa al 30 por ciento de los trabajadores. Al otro 70 por ciento no, porque son trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia, trabajadores de pequeñas o microempresas que no pueden formar sindicatos.
En consecuencia, se trata de una reforma enfocada básicamente en los sindicatos y en la negociación colectiva. ¿Tiene algo de negativo? Para nada. Pero sí, digamos las cosas claras, hay prioridades que no se están abordando en ella, como el tema de las mujeres y de los jóvenes.
Existe una agenda laboral de gobierno. Esperemos que avance rápidamente y que de alguna manera tenga igual fuerza y la misma importancia que está teniendo la presente reforma.
Creo que la meta es más o menos similar, y de corazón pienso que debemos tener más y mejores sindicatos, pero que el camino es otro.
Simplemente para derribar algunos mitos, la Encuesta Laboral Encla 2011 (página 243) señala que solo el 5,3 por ciento de los trabajadores consultados dicen que no ingresan a un sindicato por “Actitud negativa de la empresa”. No lo digo yo, sino la encuesta Encla .
Además, la opción “Otras y no sabe” figura con el 5,7 por ciento. Si asumimos que todas las personas que no saben respondieron así porque también reciben presiones de su empleador, estaremos hablando de solo el 11 por ciento de trabajadores. Eso no es poco, pero no es la razón principal por la que los trabajadores no ingresan a un sindicato.
Obviamente, hay empresas y empresarios que abusan, pero a este respecto también digamos las cosas como son: hay muchas empresas y empresarios que hacen un muy buen trabajo, como también muchos dirigentes sociales y sindicales que realizan un muy buen trabajo, y otros que, desgraciadamente, no lo hacen. La verdad es que esto no es blanco o negro, razón por la cual debemos trabajar unidos para poder avanzar.
Hay varios puntos que no son positivos, como la titularidad sindical, respecto de la cual podremos hablar mañana; el “descuelgue” de la huelga, que también podremos abordar mañana. Pero quiero detenerme en un aspecto: la extensión de beneficios. Yo peleé para que ojalá la extensión de beneficios fuera automática, y -¡ojo!- tomando en cuenta el problema de los polizones.
Si hoy nuestro país tiene una tasa de sindicalización de alrededor del 14 por ciento, y la existente entre los países de la OCDE es de cerca de 16 por ciento -nuevamente-, sinceremos la discusión: no estamos muy por debajo del promedio de los países del mundo, y en particular de los que integran la OCDE. Eso no significa que las cifras nos deben dejar contentos; pero -otra vez- digamos las cosas como son: no estamos muy alejados del promedio.
Sí existe un problema, que es el que personalmente más me preocupa, y que les debería preocupar a todos los trabajadores, cual es la cobertura de la negociación colectiva, o sea, la cantidad de trabajadores que reciben los beneficios, que en Chile es de 8 por ciento, mientras que en los países de la OCDE alcanza el 60 por ciento o más.
Al respecto, la gran pregunta es: ¿Obligamos de forma directa o no directa, forzosa o no forzosa a que los trabajadores se unan a un sindicato, o vemos la posibilidad también de la extensión automática de beneficios, pagando los costos que significa el que un trabajador probablemente no haya arriesgado y gastado tiempo en una negociación? Esta es una de las formas en que muchos países de la OCDE han hecho que los beneficios puedan llegar a más y más trabajadores.
Por su intermedio, señora Presidenta, les digo a los dirigentes sindicales que nos acompañan en las tribunas que si ese trabajador que no quiere estar en el sindicato por diferentes motivos, sabe que el beneficio que le va a llegar no es consecuencia de su negociación directa con el empleador, sino que surge de la negociación de esos dirigentes sindicales, créanme que finalmente se van a terminar fortaleciendo más de lo que lo están haciendo ahora.
Simplemente, quiero manifestar que esta reforma laboral no es la que Chile necesita. ¿Contiene temas importantes? Sí.
Asimismo, con todo el respeto que merecen la CUT y cada una de las organizaciones que la componen (federaciones y confederaciones), quiero expresar lo siguiente:
Hoy la fuerza laboral es de alrededor de ocho millones y medio de trabajadores, y, según tengo entendido, la multisindical tiene alrededor de 700.000 afiliados. Si descontamos a los trabajadores que pertenecen al sistema público, a quienes esta reforma laboral no afecta, que a nivel nacional son alrededor de 500.000, la representatividad de la CUT, es decir, los trabajadores privados que se verán afectados por la reforma, es de aproximadamente 3,5 por ciento. ¿Importante? Sí; pero no son los únicos actores relevantes en esta discusión.
Por último, expreso al subsecretario que los temas señalados son importantísimos y que debemos discutirlos y avanzar en ellos.
Crean que en mí tienen a una persona que piensa que los sindicatos deben ser más y mejores; pero, desgraciadamente, siento que el camino que ha elegido el gobierno no es el perfecto, y además hemos dejado de lado a gente tan importante como las mujeres y los jóvenes.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero saludar tanto a los dirigentes sindicales, quienes nos acompañan estoicamente en las tribunas en esta jornada que iniciamos hoy, que, por cierto, es muy importante para nuestro país, como al subsecretario del Trabajo, presente en la Sala.
(Aplausos)
Durante el transcurso de la historia, el trabajo humano se ha caracterizado por ser aquel espacio en el que las estructuras de inequidad y segregación ejemplifican sus argumentos. Es en dicho ambiente donde las sociedades se juegan los retrocesos o los avances en cuanto a igualdad y a desarrollo equitativo. Hoy, con esta reforma, estamos en el camino de los avances en esa materia.
Así, la permanente tensión -ella también se ha expresado en este debate- entre capital y trabajo fue resuelta hace siglos por un acuerdo trascendental para el porvenir social de diversas comunidades. Fue una decisión política, pero también democrática, la que determinó intervenir una relación que para algunos era naturalmente privada, en favor de una parte; y no por cualquier razón, sino por la especial condición de vulnerabilidad en la que se encontraban los trabajadores y trabajadoras.
Lo anterior tiene mucha relevancia respecto de lo que hoy discutimos, por cuanto la reforma laboral no es consecuencia de una casualidad o de una coyuntura política, sino, sin duda, la materialización de un objetivo político fundamental que tenemos como gobierno y coalición, el cual implica despejar las barreras de la injusticia y de la inequidad en las que, hasta hoy, las estructuras económicas y jurídicas no han dado una respuesta adecuada.
Durante largos períodos de la historia se intentó circunscribir al sindicato a la mera agitación social, como si este fuera un proceso indeseado en el desarrollo nacional. Pero no solo eso: luego se le despojó jurídica y culturalmente de sus valores transversales y humanitarios, que sobrepasan las exigencias materiales en el seno de una empresa y que, sin duda, se conjugan en los amplios anhelos de una sociedad distinta, solidaria, fraterna y comunitaria, en la que el trabajo no sea concebido como una mercancía cualquiera, sino como el lugar donde el ser humano materializa la dignidad ajena, la familiar y la propia.
El plan laboral del que nos habló el diputado Tucapel Jiménez , que fue parte de aquella noche oscura que vivió nuestro país, no es solo un conjunto de normas estructurales que respondían a determinado concepto de desarrollo, sino mucho más que eso: es claramente la expresión misma de un ideario cultural muy particular, que hasta hoy cumple sus articulados efecto. Es decir, el aniquilamiento de las estructuras sindicales fue parte de un exterminio mucho mayor, que tuvo que ver con el tejido social que Chile venía construyendo desde el año 1964.
Es así como un proceso cultural de corte individualista y material, comprendió también un diseño institucional normativo que, a punta de fuerza supuestamente jurídica, dinamitó el desarrollo sindical.
Por ello, este debate es mucho más serio, y así lo han entendido las grandes democracias modernas, en las que, implacablemente, reinan la estabilidad institucional, el crecimiento y, sin duda alguna, los derechos de sus trabajadores.
Al respecto, el primer triunfo del movimiento obrero fue introducir al sindicato como un elemento insustituible en toda discusión sobre el desarrollo nacional. De esa forma, el debate que hoy mantenemos no tiene solo que ver con el sindicalismo, sino más bien con el desarrollo.
Debemos comprender, de una vez por todas, que el sindicalismo es un antecedente de la productividad y del crecimiento económico. La experiencia comparada da cuenta de que los índices de desigualdad tienden a la baja en espacios donde los derechos colectivos de los trabajadores tienen mayor eficacia y cobertura.
En esta oportunidad quiero felicitar a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón , y también la contribución que hizo la hoy exministra de dicha cartera, Javiera Blanco .
Hoy comenzamos a desintegrar el plan laboral de los años 80. No obstante, hay quienes señalan que con esta reforma se pondrá en riesgo el crecimiento económico. Me hubiera gustado responderle -hoy su presencia está muy disminuida en el hemiciclo- a la bancada que sostiene eso, que se resiste a entender que el proyecto que discutimos es para modernizar las relaciones laborales. Ellos no quieren la reforma, no les gusta la existencia de trabajadores organizados. Creo que lo que más les duele es que efectivamente hoy comenzamos a desintegrar un plan laboral que excluía a lo más esencial de nuestra sociedad: los trabajadores.
En memoria de María Rozas , de Manuel Bustos y de Clotario Blest, anuncio nuestro voto favorable a esta reforma laboral.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señorita Jenny Álvarez .
La señorita ÁLVAREZ (doña Jenny) .-
Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a la ministra del Trabajo, señora Ximena Rincón , y al subsecretario del Trabajo, señor Francisco Díaz .
Asimismo, saludo y reconozco el esfuerzo realizado por los diputados y las diputadas que forman parte de la Comisión de Trabajo, por su disposición de escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, instancia que también les dio la oportunidad de participar a los dirigentes sindicales de la industria del salmón de la zona que represento: su presidente, Javier Ugarte ; su secretario, John Hurtado , y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Chiloé, César Navarro , quienes plantearon sus inquietudes en materias laborales.
Estoy convencida de que esta es la forma en que los países progresan: cuando todos los actores son capaces de sentarse a la mesa, como se ha dado en la discusión de esta tan importante reforma laboral que hoy discutimos.
Eso es reconocer que todos somos parte y que todos contribuimos al crecimiento de nuestro país. Por lo mismo, es de justicia que todos recibamos el fruto, los beneficios del desarrollo, y no siempre solo un grupo privilegiado.
Sin duda alguna, el proyecto en comento apunta en esa dirección. El resultado neto de las nuevas normas que a través de esta reforma se incorporan al Código del Trabajo es que cuando entre en vigencia la ley habrá una mejor negociación colectiva y existirán los incentivos para tener organizaciones sindicales más fuertes. De eso se trata.
Un Chile más justo e igualitario también se construye desde la empresa, cuando existe más equilibrio entre trabajadores y empleadores.
Ciertamente, este proyecto avanza a pasos agigantados en materia de titularidad sindical, en extensión de derechos, en la ampliación de la cobertura y las materias de la negociación colectiva, en la simplificación de los procedimientos y en el establecimiento del piso de la negociación colectiva, como lo dio a conocer el diputado señor Lautaro Carmona en su informe.
Con todos esos avances iremos acortando la distancia que nos separa de aquellos países con los que nos gusta compararnos en muchos planos, pero con los cuales mantenemos una importante diferencia en el ámbito laboral.
Valoro especialmente la igualdad de oportunidades que consagra la iniciativa en materia de género, estableciendo la presencia de una representante femenina en la comisión negociadora y una cuota de mujeres en las organizaciones sindicales de, al menos, 30 por ciento, un progreso impensable hasta hace algunos años.
Sin perjuicio de reconocer todos esos adelantos, echo de menos haber avanzado de verdad en la negociación colectiva supraempresa, en la negociación colectiva por rama. En el mundo desarrollado, donde la riqueza se distribuye con mayor justicia y existen mayores niveles de cohesión social, la negociación por rama es una conquista histórica. En el caso de Chile, ni siquiera se trata de algo nuevo, sino de una conquista que los trabajadores perdieron en la dictadura de Pinochet.
También echo de menos haber considerado en este proyecto a los funcionarios municipales, a los trabajadores de la salud y a miles de trabajadores del Estado que se desempeñan a honorarios; pero confío en que, más temprano que tarde, podamos abordar en profundidad el estatuto de esos trabajadores y hacerles extensible el derecho a la negociación colectiva, tal como lo consagra la OIT.
Siempre tendremos la sensación de que no avanzamos todo lo que quisiéramos para contar con una legislación moderna y saldar la deuda que tenemos con los trabajadores de nuestro país. Sin embargo, este proyecto da importantes pasos hacia adelante, que no debemos relativizar ni subvalorar.
Más allá de las ausencias, quiero valorar lo que sí contiene este proyecto, porque es bueno para los trabajadores y para Chile. Lo expreso, pensando en los trabajadores de mi región, por ejemplo, en los tripulantes embarcados, que tienen una realidad diferente. Al respecto, es necesario negociar de manera mucho más adecuada la jornada de trabajo, porque hoy, cada vez que hay problemas, quien termina pagando el costo siempre es el trabajador.
También pienso en los trabajadores del salmón. Todos conocemos la enorme riqueza que ha generado y genera este producto del mar para Chile: exportaciones por alrededor 3.000 millones de dólares.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Ha terminado su tiempo, señora diputada.
La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-
Chile tiene las mejores condiciones climáticas y de productividad en el mundo, lo que permite tener un producto de excelencia.
La libra de salmón chileno en un supermercado de Nueva York vale lo mismo que la libra de salmón escocés o noruego. Sin embargo, ¿por qué al trabajador chileno le pagamos menos? ¿Acaso su labor vale menos que la del trabajador escocés o noruego? ¡No! Esa es una injusticia que debemos enfrentar. Se trata de distribuir la riqueza, y para ello es crucial tener sindicatos que negocien en mejores condiciones…
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Señorita diputada, ha terminado el tiempo que le entregó su bancada.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos .
El señor CAMPOS.-
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero saludar a la ministra Ximena Rincón , quien en un mes se ha instalado en el Ministerio del Trabajo y ha hecho propia esta reforma, siguiendo el trabajo realizado con anterioridad por la entonces ministra Javiera Blanco . Asimismo, al subsecretario del Trabajo, el único sobreviviente del equipo inicial del gobierno de la Presidenta Bachelet , a quien también aprovecho de saludar, porque cumplió con el cuarto pilar programático ofrecido por ella a la ciudadanía: la reforma laboral.
Ahora, esta reforma no fue hecha al azar, sino que es el fruto de una serie de reformas y de las 17 leyes que se han implantado en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet . Al respecto, cabe recordar la ley corta portuaria, la nueva ley de trabajadoras de casa particular, la nueva ley que regula la jornada laboral de los trabajadores del comercio (aumenta descanso dominical).
En ese sentido, aprovecho de saludar también a los trabajadores y al sindicato de Lider, quienes, gracias a dos leyes -la que regula la jornada laboral de los trabajadores del comercio y la del multirrut-, hoy están negociando como uno solo.
(Aplausos)
Ello, gracias a la voluntad política, no al azar. La Presidenta Michelle Bachelet cumplió con esas leyes, y, por cierto, hoy esos trabajadores están gozando de ese beneficio, no como una paleteada, sino de pleno derecho. Eso fue establecido en este gobierno.
Así, hago un llamado a esos trabajadores a seguir unidos para darle cuerpo a lo realizado por la Presidenta Bachelet durante todos estos meses.
Por otra parte, el proyecto que nos ocupa contiene aspectos fundamentales.
Luego de escuchar el discurso de algunos colegas, solo me queda preguntar cómo votaron la idea de legislar en la Comisión de Trabajo. La votaron en contra.
Por lo tanto, muchos elementos de la iniciativa que se pueden rescatar como positivos no fueron sancionados en el mismo sentido en la instancia. Pero no importa; creemos que hoy en realidad podemos ponernos de acuerdo y hacer una buena reforma para el país y para los trabajadores.
¿Quedaron algunos aspectos pendientes? Por cierto que sí: la negociación colectiva en el sector público. ¿Cuál fue la respuesta frente a eso? Una mesa de trabajo instalada, que en los próximos meses se traducirá en una batería de proyectos por medio de los cuales, efectivamente, dicha negociación será una realidad.
Lo mismo respecto de las empresas estratégicas, como lo señaló el sindicato de Asmar en la propia comisión. ¿Para qué? Para que la negociación colectiva sea un derecho instalado también en esas empresas.
Eso quiere decir que hay un ánimo por avanzar.
Por eso, la reforma tiene al menos algunos aspectos que son sumamente positivos para el equilibrio de la cancha:
Piso de la negociación.
Como bien lo señaló el diputado Jiménez , se establecerá un piso para seguir avanzando a partir de lo obtenido en la negociación colectiva anterior, a los efectos de no retroceder y llegar al punto en que las empresas y los sindicatos se pongan de acuerdo en obtener como beneficio lo alcanzado en el anterior proceso. Eso será parte del pasado.
El derecho a huelga efectiva.
Qué elemento más moderno es el que hoy la huelga sea algo efectivo y no se abuse con el reemplazo de los trabajadores en huelga. Por fin los trabajadores podrán utilizar, como último elemento, la huelga efectiva para poder sentarse a negociar y a aportar en las mejoras de la empresa, pero que, por cierto, esa rentabilidad también les llegue a ellos.
El reconocimiento de la titularidad sindical: el ADN de este proyecto.
Nunca más los trabajadores que se quedan en sus escritorios mirando la negociación desde lejos obtendrán los mismos beneficios logrados por quienes participaron en la negociación colectiva, o, por lo menos, quedará establecido que el sindicato podrá autorizar la extensión de esos beneficios para ellos.
Los servicios mínimos, un avance que quedó establecido acorde con un estándar internacional. Qué mejor que esa medida, que podrá garantizar que, al menos, por motivos muy justificados, la producción de la empresa seguirá adelante para la entrega de servicios que la ciudadanía requiere.
Ministra, a través de usted felicito a la Presidenta Bachelet y a su equipo. Ojalá podamos seguir avanzando en los asuntos que se encuentran pendientes. Estoy seguro de que en el Senado este cuarto pilar del programa de gobierno no se moverá mucho, pues usted dio su palabra de que de la Cámara de Diputados saldría un proyecto robusto, como el que estamos tramitando, cuya votación llevaremos a cabo mañana.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Fuad Chahin .
El señor CHAHIN.-
Señora Presidenta, ocuparé menos tiempo del que se me asignó, para que mi colega Juan Morano también pueda intervenir.
Quiero referirme a aspectos más generales, porque los elementos concretos que contiene el proyecto fueron brillantemente expuestos por René Saffirio y Patricio Vallespín , miembros de la Comisión de Trabajo.
Este debate no lo estamos haciendo en cualquier momento, sino en un instante en que quienes nos encontramos en este hemiciclo no gozamos precisamente del prestigio y del reconocimiento que corresponde o que debería corresponder a un sistema democrático. En ese sentido, hoy tenemos una oportunidad importante para poder dar claras señales de coherencia y de consecuencia.
¿En cuántos debates en esta Sala, de un sector y de otro, hemos planteado que la gran deuda que tenemos como país es el combate directo a la desigualdad, a la injusticia social, que nos duelen? Sin embargo, cuando debemos discutir proyectos concretos que tienen que hacerse cargo de ese desafío, hay algunos que, con esfuerzos enormes, intentan justificar su voto en contra, como creyendo todavía que solo el crecimiento económico o que únicamente las políticas sociales son capaces de corregir la tremenda brecha de desigualdad, que nos duele y que tiene rostro humano, cuando en realidad lo que tenemos que hacer son cambios estructurales que nos permitan pasar a un modelo de desarrollo más humano.
Para cumplir dicho objetivo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2004 nos decía que era fundamental corregir la estructura de poder en nuestro país.
En este caso, lo que estamos haciendo con el proyecto es corregir de alguna manera la tremenda desigualdad de poder entre el capital y el trabajo, la enorme desigualdad entre empleador y trabajador, lo cual nos demuestra que para avanzar no solo se requiere mayor reconocimiento de derechos individuales de los trabajadores, sino también fortalecer verdaderamente los derechos colectivos.
Por eso son importantes el piso mínimo, la titularidad sindical, la provisión de servicios mínimos y el reemplazo, para tener un efectivo derecho a huelga.
Para nosotros, los democratacristianos, eso es mucho más importante, porque justamente nuestro partido nace de la doctrina social de la Iglesia, de las encíclicas, como la Rerum Novarum, que no fueron otra cosa sino el reconocimiento y la defensa apasionada del derecho inalienable al trabajo digno del ser humano.
De esa manera, también creemos que es fundamental reconocer que en esta relación, en esta muchas veces -por llamarla de alguna manera- antinomia entre capital y trabajo, por definición, por lógica, el trabajo debe tener una preeminencia. Por lo mismo, es fundamental entonces entregarles a los trabajadores las herramientas para que puedan defender colectivamente sus derechos y entender que una empresa no tiene que ser el lugar donde predomine el poder del capital, sino una comunidad en la que puedan desarrollarse las personas en igualdad de condiciones.
De algún modo, esta reforma laboral no solo mejora las condiciones del trabajo, sino que además le hace bien al alma de Chile, para que nos podamos mirar con igualdad y reconocernos como seres humanos que tienen la misma dignidad e iguales derechos.
Por eso, para nosotros, los democratacristianos, esto no es solo un tema económico-social, sino también filosófico, que tiene que ver con la concepción de la persona, del ser humano.
Por lo mismo, con mucho entusiasmo anuncio que vamos a apoyar la presente reforma.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señorita Daniella Cicardini .
La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-
Señora Presidenta, tal como señala el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , existe un compromiso que hemos asumido todos los parlamentarios de la Nueva Mayoría en torno a la gran meta de la derrota de la desigualdad.
Con ese rumbo trazado, sería imposible no abordar la desigualdad que hoy existe en un ámbito fundamental y prioritario como es el mundo del trabajo, ya que para nadie es desconocido que en nuestro país hay una asimetría entre la posición, siempre dominante, del empleador, versus la del trabajador, que se encuentra en un plano permanente de inferioridad y de desigualad evidentes.
Esa asimetría la encontramos en una realidad cotidiana, que se observa en la gran cantidad de situaciones de abuso en las relaciones laborales de ayer y de hoy, las que, con el paso del tiempo, en algunos casos, se han agudizado, lo cual se ve reflejado en el aumento, en las últimas décadas, del fenómeno de la tercerización del empleo, la desprotección y la precarización laborales.
Al igual que la desigualdad, ello también tiene un origen claro y conocido, como es el de los nefastos cambios en nuestra legislación laboral implementados en la época de la dictadura, que la convirtieron en una legislación proempleador con el pretexto de que las normas existentes hasta ese entonces eran más bien propias de un modelo marxista y que se debía privilegiar el empleo, pretexto que sigue siendo hasta hoy una de las excusas preferidas y uno de los miedos y de las banderas de lucha que continúan agitando hasta la fecha aquellos que quieren perpetuar esa condición de precariedad y desprotección de los trabajadores y trabajadoras de Chile.
Por todo lo anterior, era y es necesario avanzar hacia una visión humana en la que el trabajo sea la fuente de desarrollo personal y de calidad de vida y en la cual el trabajador no sea visto solo como un engranaje más o como simple “capital”, sino como el factor fundamental que mueve el país, y que por ello merece el respeto a sus derechos y condiciones laborales dignas.
En ese sentido, quiero recordar a los colegas que ya iniciamos ese camino con la aprobación en el Congreso Nacional de medidas como la eliminación del multirrut, que se prestaba para abusos y prácticas antisindicales, y hoy lo continuamos con la discusión de este proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, que, a través de sus pilares -la titularidad sindical, el piso mínimo de negociación y la eliminación del reemplazo de trabajadores en huelga-, busca fortalecer la organización de los trabajadores y nivelar finalmente la cancha para ambos lados: empleador y empleado.
Quiero hacer notar que cuando hablamos de “nivelar” o de “igualar” no buscamos ni más ni menos que eso, es decir, el equilibrio en la relación entre el trabajador y el empleador, ya que esta reforma no es en contra de los empleadores o empresarios del país.
La manera de lograr ese emparejamiento de las condiciones es fortaleciendo la organización y la unidad de los trabajadores, para equiparar el poder negociador de la empresa. Hablar de este proyecto es, entonces, hablar de un paso importante para devolver algo de dignidad a los trabajadores.
Por ejemplo, con las modificaciones propuestas en la iniciativa veremos por fin el término de ciertas prácticas, como la formación de grupos negociadores que responden solo a los intereses de las empresas.
Quienes provenimos de regiones mineras, como la de Atacama, a uno de cuyos distritos represento, donde la tercerización es aún más evidente, hemos sido testigos de cómo el empleador, con el solo ánimo de debilitar la posición de la organización sindical de su empresa, ofrece en los procesos de negociación tratos por separado a grupos de trabajadores, quienes, por temor a ser despedidos, o bien por el poco interés de participar en la organización, aceptan tales ofrecimientos, lo que, en la práctica, desincentiva la participación y, por ende, debilita la labor sindical.
Atendido el hecho de que me queda muy poco tiempo para intervenir, solo quiero ratificar el compromiso de la bancada socialista de seguir trabajando y de apoyar esta reforma, que, a mi juicio, es un paso muy relevante en materia laboral.
Por eso, como manifesté, no podemos sino celebrar, apoyar y aprobar esta iniciativa de ley como un gran paso para los trabajadores de nuestro país y señalarla como un logro importante en el objetivo permanente de avanzar hacia mejores salarios y condiciones laborales dignas, humanas y justas que todo trabajador y trabajadora de Chile merece.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero saludar a la ministra y al subsecretario del Trabajo, como también al ministro de Hacienda, quien hasta hace unos minutos se encontraba en la Sala.
Asimismo, quiero señalar que este proyecto viene a saldar una deuda que teníamos con el mundo laboral, entendiendo que no se trata de una reforma completa al sistema laboral. Lo conversamos en algún minuto con la entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco . La idea era cómo a partir del fortalecimiento de la negociación colectiva se comenzaría a armar un rompecabezas que nos posibilitara lograr una reforma propiamente tal que finalmente nos permitiera decir que estamos al día con los trabajadores.
Creo que esta es ya una discusión añeja entre un sector y otro. Si no, ¿cómo podemos abordar inteligentemente, con una mirada de este siglo, la manera de lograr una relación laboral en la que no solo uno gane, esto es, “equilibrar la cancha” para que ambos sectores puedan jugar, pero al mismo tiempo fortalecerse?
Cuando converso con los trabajadores, cada vez más me doy cuenta de que ellos quieren cuidar su fuente laboral, todo lo relativo al empresario y lo que está ocurriendo en la empresa. Pero, sin duda, esa legítima posibilidad que posee el trabajador de cuidar su empleo debe tener una contraparte: que el empleador sepa, sienta y sea capaz de reflexionar y de aceptar que necesita también a sus trabajadores; trabajadores empoderados, creativos, con la capacidad de hacerle entender, en igualdad de condiciones, cuáles son los problemas de su empresa en materia laboral, para solucionarlos.
Espero que se comprenda que la negociación colectiva que propone el proyecto tiene como objetivo la construcción de una mejor forma de relacionar el mundo de los trabajadores con el mundo de los empresarios.
Por fin -reitero- se está saldando una deuda en cuanto a cómo equilibrar la cancha en términos del fortalecimiento de la institucionalidad laboral, de manera de contar con un sector sindical potente y valorado. Esto se vincula con el desarrollo de las empresas existente en muchos países de la OECD, que tienen sindicatos importantes, lo que les ha permitido un crecimiento armónico y equilibrado.
He estado cerca de varios sindicatos, como el de Agrosuper, de la Sexta Región, o el de la Junaeb, que en su mayoría están integrados por mujeres.
Por eso, nos alegra que este proyecto -por decirlo de alguna manera- tape los distintos orificios que tenía la negociación colectiva. Sin duda, el reconocimiento de la titularidad sindical es un avance tremendo, pues se terminan los grupos negociadores, que, francamente, son una forma elegante de romper los sindicatos y de disminuir su fuerza.
También me alegra lo relativo a la extensión de los beneficios de la negociación colectiva -proceso llevado en conjunto entre trabajadores y empresario- a todos los trabajadores, en la medida en que se sindicalicen, que paguen sus cuotas.
Quiero reconocer el esfuerzo permanente que el mundo sindical ha hecho de manera histórica en nuestro país. Cabe destacar la tremenda fortaleza que han tenido los dirigentes sindicales para que hoy esta reforma se encuentre en trámite en el Congreso Nacional. Estamos hablando de una reforma importante, potente y que espero que vaya acompañada de capacitación continua y de un mejoramiento a la Dirección del Trabajo, institución que presenta grandes debilidades.
A modo de ejemplo, en la Sexta Región el servicio no tiene ni siquiera un vehículo para que sus funcionarios puedan fiscalizar en terreno si se está cumpliendo la normativa laboral. De hecho, un fiscalizador llegó a mi hogar en su propio vehículo y en un horario que no correspondía a verificar las condiciones laborales de mi trabajadora de casa particular.
Por lo tanto, existe una precariedad enorme en la Dirección del Trabajo, que debería ser una institución superpotente, más aún ahora que queremos fortalecer la normativa laboral y, en ella, a los sindicatos en el proceso de negociación colectiva.
Por último, recién almorcé con representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Indap, quienes estuvieron escuchando esta discusión. Ellos me preguntaron cuándo venía el proyecto de negociación colectiva para el sector público.
Al respecto, debo decir que el Estado es el mayor empleador que existe en el país, y exhibe permanentemente niveles altos de contratación; por tanto, no cabe duda de que tenemos una deuda importantísima con los funcionarios.
En ese sentido, le pido a la señora ministra abordar el problema de los trabajadores a honorarios y a contrata en el sector público y lo relativo a los programas de mejoramiento de gestión (PMG), que no son acordes con los objetivos para los cuales fueron creados. Ello, para que efectivamente se consagre el derecho a la negociación colectiva para los funcionarios.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Enrique Morano .
El señor MORANO.-
Señora Presidenta, saludo a la ministra Ximena Rincón , al subsecretario del Trabajo y, especialmente, a los trabajadores y a los dirigentes sindicales que nos acompañan en las tribunas.
Debieron transcurrir veinticinco años de democracia para poder reformar de verdad el Código del Trabajo. Sin embargo, hoy, con sorpresa, hemos escuchado lo que han planteado los mismos que sistemáticamente en esta Sala se han opuesto, y aún se oponen, a todo cambio en pro de la justicia social, la equidad y la mejor distribución de los ingresos.
Me habría gustado responderles a los diputados Melero , Bellolio , Monckeberg y De Mussy , pero ya no se encuentran en este hemiciclo.
Necesitamos una organización sindical verdaderamente fuerte en el país para que de verdad se pueda negociar colectivamente, porque lo que tenemos es de una asimetría atroz.
Hemos sido testigos de cómo cientos de trabajadores terminan las supuestas negociaciones laborales derrotados y humillados en casos como el del casino Dreams , de Punta Arenas, o deben suspenderlas, frustrados, como sucedió en la minera Caserones .
Hablo aquí en recuerdo de María Rozas, de Manuel Bustos, de Clotario Blest y de mi abuelo materno, Manuel Cornejo , fallecido dirigente obrero de Magallanes.
Los agoreros no cesan: ayer nos decían que con la reforma tributaria llegaría el desastre, que el desempleo crecería en forma exponencial. Pero como eso no ha ocurrido, majaderamente insisten en una supuesta crisis económica. No quieren señalar que las dificultades que se viven son consecuencia de una crisis internacional, de la pérdida de confianza, de la evasión tributaria de grandes empresas y de casos como Penta y Soquimich, entre otros.
Hoy, la bestia del averno tiene otro nombre: reforma laboral. Nos amenazan con que aumentará el desempleo, que caerá el crecimiento. Eso no nos hará vacilar.
Digamos la verdad: lo único que esta reforma traerá es un poco más de justicia social, y permitirá una negociación laboral algo más pareja entre empresas y trabajadores. No todos los empresarios se oponen o demonizan esta reforma. Algunos de ellos han señalado: “la reforma laboral no puede ni debe separarnos.”.
Por último, no puedo sino decir que en esto hay cuatro mujeres vitales: Ximena Rincón , Javiera Blanco , Bárbara Figueroa y, sin duda, la más importante, Michelle Bachelet .
He dicho.
"
- rdf:value = " MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9835-13)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo.
Hago presente a la Sala que de conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el jueves 11 de junio, para la discusión de este proyecto se destinarán tres horas distribuidas proporcionalmente entre las bancadas.
La petición de votación separada y la renovación de indicaciones se podrán formular hasta las 18.00 horas de hoy.
Se ha distribuido a cada uno de los jefes de Comités la información sobre la cantidad de minutos y segundos, por sesión, que corresponde a cada bancada. Por tanto, pido a las diputadas y a los diputados que se informen respecto del total del tiempo disponible para intervenir durante las tres sesiones en que se tratará esta iniciativa.
Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda, son los señores Lautaro Carmona y Alejandro Santana , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 110ª de la legislatura 362ª, en 6 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 30ª de la presente legislatura, en 3 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 35ª de la presente legislatura, en 11 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 13.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
El señor CARMONA (de pie).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra de Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón , y al subsecretario de esa cartera, señor Francisco Díaz.
En nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, contenido en el boletínN° 9835-13, con urgencia calificada de “simple”.
El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestro conocimiento apunta a modificar el Código del Trabajo en el ámbito de los derechos colectivos, con el objeto de modernizar el sistema de relaciones laborales, en pro de garantizar un adecuado equilibrio entre las partes y con pleno respeto a la libertad sindical, conforme a los convenios internacionales que Chile mantiene vigentes.
Según lo señala el mensaje que acompaña el presente proyecto de ley, en las sociedades modernas la democracia no se limita al ejercicio de las libertades civiles y políticas, sino que comporta el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran las libertades sindicales con fines redistributivos.
La organización de los trabajadores en sindicatos y órganos superiores de representación es fundamental para formular propuestas destinadas al mejoramiento de sus condiciones de empleo y de vida, así como el acceso a los frutos del crecimiento económico de las empresas.
Agrega que una dimensión significativa de esta iniciativa modernizadora del sistema de relaciones laborales chileno dice relación con su sentido democratizador. Esto es consistente con el interés creciente de los ciudadanos, que esperan poder participar de manera más abierta y propositiva en los temas que les interesan y que finalmente les afectan.
Añade que la existencia y respeto de los derechos colectivos de los trabajadores permite una regulación institucional de las tensiones y conflictos que, naturalmente, se presentan en el ámbito laboral, encauzando su solución conforme a las reglas legales y con pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las partes. De este modo, se evita la proliferación de conflictos inorgánicos, que se producen justamente cuando los mecanismos institucionales no son adecuados.
Expresa, asimismo, que el diálogo social en la empresa y, particularmente, en la negociación colectiva, son, en consecuencia, esenciales para el crecimiento, productividad y desarrollo de empresas socialmente sustentables.
La negociación colectiva es una herramienta de participación y de reconocimiento social de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, pero también de administración, porque permite a las empresas apoyarse en los sindicatos para poner en práctica una gestión satisfactoria de los recursos humanos, lo que favorece finalmente la calidad de los productos que vende o de los servicios que presta y, en general, mejora su productividad.
En este sentido, añade el mensaje, la negociación colectiva es un instrumento clave para promover la no discriminación y la igualdad, incluida la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, dado que integra al mundo del trabajo la garantía de los derechos fundamentales en el campo laboral para todo el colectivo, a fin de lograr que más productividad redunde en una mayor equidad, promoviendo así más justicia social.
Manifiesta que la experiencia de los países donde los niveles de sindicalización son mayores y la negociación colectiva está más desarrollada indica que, bajo estas condiciones, donde al interior de la empresa se privilegian los espacios de diálogo y colaboración entre trabajadores y empleadores, se pueden establecer acuerdos de mutuo beneficio sobre un amplio espectro de materias, tales como políticas de conciliación de vida laboral y familiar, pactos de beneficios asociados al cumplimiento de metas de productividad, organización de regímenes de jornada más flexibles, descansos, políticas de capacitación, entre otras.
En nuestro país, señala, lamentablemente existe contundente evidencia de que las relaciones laborales están caracterizadas por la falta de confianza y de colaboración, y por el escaso diálogo que existe entre los actores de la relación laboral. A ello se suma un ordenamiento legal que contiene un modelo de organización del trabajo y de relaciones laborales que limita significativamente los espacios de negociación y entendimiento.
Expresa que pese a las innegables ventajas que tiene un esquema regulatorio que promueva y facilite el diálogo social de los actores, a través de la negociación colectiva y teniendo como interlocutor al actor sindical, nuestro ordenamiento legal presenta múltiples trabas y dificultades para que estos procesos se puedan desarrollar de manera constructiva, principalmente porque no garantiza ni promueve correctamente la igualdad entre las partes, lo que trasunta una profunda desconfianza en la capacidad de estas para organizarse y colaborar mutuamente.
A lo anterior, añade, se suma que las normas que actualmente regulan la negociación colectiva son extremadamente formales y rígidas, y, más que fomentar los acuerdos, los obstaculizan. La experiencia histórica indica que mientras más asimetría y rigidez procedimental exista en la negociación colectiva, más intervendrá el Estado para garantizar la tutela de la parte más débil de la relación laboral. Además, proliferarán regulaciones particulares para sectores específicos, lo que dificultará la adaptación a los cambios que se requieran, en función de las especificidades de cada sector.
En contraste, mientras mayor equilibrio exista entre las partes de la relación laboral, con sindicatos más robustos y representativos, mayor autonomía podrá concederse a las partes, con el fin de lograr acuerdos simétricos y beneficiosos que permitan que tanto a las empresas como a los trabajadores les vaya bien. Esto es lo propio de una economía moderna y es lo que buscamos para Chile.
Este proyecto de ley constituye una oportunidad para generar una cultura de diálogo y de colaboración estratégica entre los actores. Las relaciones laborales modernas se basan en el respeto mutuo y en el reconocimiento de la contraparte como un interlocutor legítimo que debe ser respetado en su dignidad y derechos. El diálogo permanente, la colaboración, la buena fe, más allá de las legítimas diferencias, todo ello con miras a la búsqueda conjunta de mejores condiciones laborales y productividad, es una lógica constructiva y de mutuo beneficio, que es la que esperamos que, con este proyecto, logre permear nuestra institucionalidad e introduzca una efectiva modernización del sistema de relaciones laborales para nuestro país.
Avanzar por esta senda permitirá establecer un equilibrio entre el respeto de los derechos y la conciencia de los deberes, y, en consecuencia, un compromiso común y recíproco de los trabajadores y de los empleadores respecto del destino de la empresa.
Subraya que para la materialización de las aspiraciones precedentes es fundamental que garanticemos adecuadamente, en los términos prescritos por los convenios N° 87 y N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la libertad sindical.
La libertad sindical, agrega, comprende la organización de los trabajadores y empleadores, así como la acción colectiva que supone el ejercicio de los derechos destinados a la determinación común de las condiciones del empleo y de la autotutela destinada a la solución de los conflictos colectivos a través del ejercicio del derecho de huelga.
A continuación, el mensaje señala que entre los antecedentes que se han considerado para la presentación de este proyecto de ley, destaca la baja cobertura de la negociación colectiva. En efecto, en 2013, ella alcanzó apenas el 8,1 por ciento de los asalariados del sector privado bajo la modalidad reglada, y el 2 por ciento, bajo la modalidad no reglada. Esto significa que la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras chilenos quedan fuera de la posibilidad de negociar colectivamente sus salarios y sus condiciones laborales.
Hace presente que mientras no se avance en el fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo, las condiciones estructurales para la reproducción de la desigualdad permanecerán, lo que minará los esfuerzos que se están haciendo en otras áreas para hacer de Chile un país más justo y cohesionado.
Otra de las consideraciones tenidas a la vista, añade, son las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto, hace presente que diversos pronunciamientos de los órganos de control de la OIT hacen referencia a las condiciones restrictivas que contiene la actual legislación en relación con el debido reconocimiento y con la regulación de los derechos asociados a la libertad sindical.
Objetivo del proyecto.
En atención a las consideraciones señaladas, el objetivo de esta iniciativa legal apunta al desarrollo de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes, en las que predomine el diálogo y el acuerdo, y en las que se combinen objetivos de equidad, de eficiencia y de productividad.
Para avanzar en esos propósitos, el proyecto de ley amplía y mejora la negociación colectiva para que pueda ser ejercida por más trabajadores, bajo mecanismos que faciliten los acuerdos con sus empleadores, en la perspectiva de favorecer un espacio de diálogo institucionalizado al interior de las empresas. Junto con ello, se enriquecen los contenidos y la calidad de esos procesos.
El fortalecimiento de los sindicatos implica reconocerles titularidad para los fines de la negociación. Se promueve que sus acuerdos puedan ser extensivos a otros trabajadores de la empresa, a través de mecanismos que no constituyan prácticas antisindicales.
En la actualidad, el ordenamiento normativo laboral en materia de derechos colectivos establece un conjunto de instituciones que, en lo sustantivo, deja en una posición muy asimétrica a las partes para negociar colectivamente.
En consecuencia, el proyecto de ley tiende a nivelar las condiciones institucionales de la relación laboral, de manera que trabajadores y empleadores puedan negociar con igualdad de medios al interior de la empresa, potenciando la confianza, la colaboración estratégica y, también, buscando una mejor distribución de las ganancias de productividad. De esta manera, se busca instalar una lógica virtuosa donde se concilien mayor equidad, mayor productividad y mayor paz social.
Esta iniciativa legal también busca legitimar un sistema institucional que permita procesar el conflicto laboral al interior de las empresas, mediante la generación de un procedimiento que contenga un conjunto de incentivos destinados a promover el diálogo directo entre las partes, el acuerdo y mecanismos pacíficos de resolución de controversias.
Las legítimas diferencias y aspiraciones de las partes deben ser encauzadas en un marco de respeto y juridicidad. Aquellas conductas que se desvíen de este cauce serán sancionadas en forma específica, particularmente aquellas que representen un ejercicio violento del derecho a huelga.
Junto con lo anterior, cabe resaltar que, para una adecuada y efectiva implementación de los cambios propuestos, se fortalecerá la capacidad operativa de la Dirección del Trabajo, a fin de que pueda desarrollar a cabalidad las nuevas funciones que se le asignan, especialmente las relativas a la solución de controversias, la asistencia técnica a las partes y la calificación de los servicios mínimos.
En aras del tiempo, no me referiré en detalle al contenido del proyecto. Sin perjuicio de ello, solo cabe enunciar que este aborda, entre otras materias, las siguientes:
1. Ampliación de la cobertura de la negociación colectiva a trabajadores que hoy están excluidos de ejercer este derecho.
Se encuentran en esta situación los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y otros.
2. Titularidad sindical.
Se reconocerá al sindicato como sujeto único de la negociación colectiva reglada, en representación de sus afiliados.
El sindicato podrá, en cualquier tiempo, ser parte de procesos de negociación directa con el empleador, esto es, titularidad sindical para la negociación colectiva no reglada.
El trabajador amparado por un instrumento colectivo negociado a través de un sindicato podrá modificar su afiliación sindical, pero permanecerá vinculado a dicho instrumento colectivo hasta el término de su vigencia.
Los beneficios negociados por un sindicato y establecidos en un instrumento colectivo se aplicarán a todos los trabajadores que se afilien al sindicato con posterioridad a la negociación. El trabajador sindicalizado tendrá derecho a los beneficios que se devenguen a partir de la comunicación al empleador de su afiliación.
Las partes dispondrán de la facultad de extender los beneficios de un instrumento negociado a trabajadores sin afiliación sindical, en la medida en que se cuente con el acuerdo del trabajador al que se le extiende y con el pago por parte de este de la totalidad de la cuota sindical respectiva. En este caso, la extensión se regirá por los términos del acuerdo.
En caso de no lograrse este acuerdo, se sancionará como práctica antisindical otorgar beneficios iguales a los pactados en instrumentos colectivos a trabajadores no afiliados a la organización que ocupen cargos o desempeñen funciones similares.
En general, se mantendrá el reconocimiento de modalidades de negociación de carácter voluntario a todo tipo de organizaciones sindicales. El proyecto se refiere a la negociación no reglada, a través de la cual, en cualquier momento y sin restricciones de ninguna naturaleza, podrán iniciarse negociaciones directas y sin sujeción a normas de procedimiento entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales, destinadas a convenir condiciones comunes de trabajo y remuneraciones.
Asimismo, se regula un procedimiento reglado especial de negociación colectiva vinculante para el empleador, para las organizaciones que afilien a trabajadores eventuales y a los contratados para desempeñar exclusivamente una determinada obra o faena transitoria.
3. Ampliación del derecho a información de los sindicatos, con la finalidad de mejorar la calidad de las negociaciones y de la relación empresa-sindicatos.
En el caso de la mediana y de la gran empresa, estará comprendida por el valor actualizado de beneficios que forman parte del contrato colectivo vigente; la planilla actualizada de remuneraciones de los trabajadores afectos a la negociación; los costos globales de la mano de obra -número de trabajadores totales de la empresa- y la política futura de inversiones de la empresa que no tenga, a juicio del empleador, carácter de confidencial.
También se considera información sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, la que, en todo caso, deberá proporcionarse con carácter general y de manera innominada.
Para las pequeñas y microempresas se establece una regulación especial destinada a hacerse cargo de sus particularidades. En general, solo estarán obligadas a entregar la información de que dispongan sobre su situación financiera y aquella específica con la que cuenten para la negociación. Con todo, y con el ánimo de facilitar a este segmento de empresas el cumplimiento de esta obligación, se les faculta a solicitar asistencia a la Inspección del Trabajo y que este organismo solicite, a su vez, información sobre la actividad o rubro al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a fin de que puedan disponer de información complementaria y comparativa del sector de que se trate.
4. Simplificación del procedimiento de negociación colectiva reglada.
El actual procedimiento reglado de negociación colectiva limita las opciones de diálogo directo entre las partes, y hace prevalecer las formas procedimentales por sobre los actos sustantivos. Por lo anterior, este se simplifica, y reconoce el principio de buena fe del procedimiento, esto es, el deber de las partes de cumplir con las obligaciones y plazos previstos, sin poner obstáculos que limiten sus opciones de entendimiento.
5. Equilibrio de las partes en el proceso negociador: derecho a huelga.
Con el objeto de que la huelga sea un instrumento eficaz que permita a las partes llegar a un acuerdo que resulte favorable para todos los intervinientes en el proceso de negociación y se logren equilibrar las posiciones de los actores, acogiendo los principios de libertad sindical impulsados por la OIT, se eliminará la facultad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo con trabajadores propios o externos de la empresa, lo que es consistente con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema.
De conformidad con lo dispuesto en el número 16° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se regula un procedimiento para la calificación de las empresas en las que no se puede ejercer el derecho a huelga, que mejora sustantivamente el actual procedimiento, pues permite el principio de bilateralidad, y faculta a las partes a hacer valer sus alegaciones ante la autoridad, mediante un nuevo procedimiento judicial de carácter especial ante la Corte de Apelaciones, la que deberá pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de aquella calificación.
Se establece un procedimiento eficaz de arbitraje obligatorio, gratuito para los trabajadores de las empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga y las empresas de menor tamaño, a cargo de un cuerpo arbitral que se caracterizará por la diversidad, experiencia, prestigio e independencia de sus miembros.
Se consagra el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para cumplir los “servicios mínimos”, es decir, aquellos estrictamente necesarios para proteger los bienes e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, así como garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios.
La atención de los servicios mínimos no implicará restar eficacia al ejercicio del derecho a huelga y deberá realizarse a través de uno o más equipos de emergencia dispuestos por los trabajadores involucrados en el proceso de negociación.
En general, se privilegia que la calificación de los servicios mínimos pueda ser concordada por las partes en forma previa a la negociación. A falta de acuerdo, resolverá la Inspección del Trabajo, previa fiscalización y con informes técnicos de organismos públicos y privados. La resolución será reclamable ante un tribunal del trabajo a través del procedimiento monitorio.
Solo en el caso de que los trabajadores no cumplan con atender los servicios mínimos previamente concordados o regulados por la autoridad competente, la empresa podrá tomar las medidas necesarias para atenderlos, hecho que será certificado por la Dirección del Trabajo.
6. Piso de la negociación.
La negociación colectiva debe propender a que las partes desarrollen un proceso amplio e informado de diálogo, sobre la base de las condiciones actuales y futuras de la empresa, en la perspectiva de asegurar mejores condiciones laborales y remuneracionales para los trabajadores en un marco de sustentabilidad.
Lo anterior supone que las partes actúen de buena fe y con responsabilidad, buscando acuerdos de mutuo beneficio.
Desde esta perspectiva, se introducen modificaciones destinadas a consolidar los resultados del proceso de negociación colectiva anterior en materia de beneficios remuneracionales, como el piso del instrumento colectivo que surja del nuevo proceso negociador. Se busca que las partes concentren su diálogo en el mejoramiento de las condiciones remuneracionales futuras y no en asegurar la continuidad de lo obtenido en el proceso anterior. En este contexto, se establece que la respuesta del empleador no pueda contener estipulaciones menores, en materia de remuneraciones y beneficios permanentes, a las vigentes al momento de la negociación.
En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, el piso de la negociación lo constituye la respuesta del empleador. Con todo, la propuesta del empleador no podrá contener beneficios remuneracionales inferiores a los que de manera regular y periódica haya otorgado a los trabajadores que represente el sindicato.
Se entienden excluidas de las estipulaciones que conforman el piso de la negociación la reajustabilidad pactada, el incremento real pactado en el contrato vigente, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y lo que generalmente se conoce como bono de término de negociación.
Con todo, después de presentada la respuesta del empleador, las partes podrán, atendida la situación económica de la empresa, negociar modificaciones a las estipulaciones contenidas en el piso de la negociación. A través de estas modificaciones podrán eliminar, disminuir, sustituir, conmutar o incorporar beneficios.
7. Ampliación de materias de la negociación colectiva.
La negociación colectiva debe permitir que los actores de la relación laboral puedan acordar todas las materias que son de interés común, e imponer los límites necesarios para que dichos acuerdos no signifiquen vulneración o afectación de sus derechos fundamentales. En la medida en que las partes posean una posición equivalente, la legislación debe posibilitar un marco de diálogo y entendimiento amplio, sin establecer obstáculos para el ejercicio de la voluntad colectiva.
Una economía abierta y competitiva requiere que las empresas tengan capacidad de adaptarse a un entorno que impone desafíos crecientes en materia de productividad y competitividad. Para enfrenar estos desafíos, las empresas deben contar con las herramientas necesarias para adecuarse a los ciclos productivos, actuando con oportunidad y eficacia. Estos ajustes no pueden sino emanar del entendimiento entre los trabajadores y las empresas, en un marco de diálogo y colaboración.
En consecuencia, se busca reconocer una amplia libertad y autonomía a las partes para negociar y establecer acuerdos sobre otras materias propias de la organización del trabajo, más allá de las condiciones comunes de trabajo y las condiciones remuneracionales. De esta forma se eliminan las restricciones que actualmente existen respecto de los temas que pueden ser objeto de la negociación colectiva, por lo que se propone facultar a las partes para negociar pactos sobre condiciones especiales de trabajo en las empresas en que exista una afiliación sindical relevante.
La afiliación sindical que se exigirá en régimen, para estos efectos, será igual o superior al 30 por ciento del total de los trabajadores de la empresa.
Cada sindicato representará a sus afiliados en la negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo, y estos solo podrán aplicarse a los trabajadores de la empresa que formen parte de los sindicatos que negociaron el acuerdo.
Con todo, el empleador podrá convenir aplicar los pactos concordados con los sindicatos a trabajadores sin afiliación sindical, con aprobación de la Dirección del Trabajo, salvo que el porcentaje de acuerdo supere el 50 por ciento, en cuyo caso el pacto podrá extenderse al conjunto de los trabajadores de la empresa.
Los pactos sobre condiciones especiales de trabajo podrán referirse a distribución de la jornada y descansos, al establecimiento de bolsas de horas extraordinarias, a la regulación y retribución de tiempos destinados a preparación para trabajar, así como a jornada pasiva.
Sin restricciones de ninguna especie, las negociaciones también podrán considerar acuerdos de conciliación de trabajo y vida familiar, planes de igualdad de oportunidades, constitución y mantención de servicios de bienestar, acuerdos para la capacitación y reconversión productiva, y mecanismos de resolución de controversias, entre otros.
Las nuevas materias enriquecerán la negociación, y podrán ser negociadas, ya sea a través del procedimiento de negociación colectiva reglada o bajo la modalidad de negociación no reglada.
Los pactos sobre condiciones especiales de trabajo deberán ser registrados por el empleador en la respectiva Inspección del Trabajo, la que fiscalizará su ejecución y cumplimiento.
8. Horas de trabajo sindical.
9. Modificaciones sustantivas al sistema de mediación y arbitraje.
10. Igualdad de oportunidades de la trabajadora para integrarse a la comisión negociadora sindical.
11. Modificaciones al Título Preliminar, Libro I y Libro III del Código del Trabajo, en concordancia con las enmiendas introducidas a los derechos colectivos anteriormente enunciados.
En su discusión general, vuestra comisión contó con la presencia de todas las autoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; de numerosos invitados que representaron a las más diversas organizaciones empresariales y sindicales; de representantes de centros de estudio y de expertos en Derecho Laboral, cuya nómina y testimonios se encuentran contenidos en el informe que los colegas tienen en su poder.
El proyecto en informe fue aprobado en general, en sesión ordinaria de 17 de marzo de 2015, con el voto favorable de la diputada señora Denise Pascal y de los diputados señores Osvaldo Andrade , Cristián Campos , Lautaro Carmona , Tucapel Jiménez , René Saffirio y Patricio Vallespín .
Votaron en contra los diputados señores Ramón Barros , Gabriel Boric , Felipe de Mussy , Patricio Melero , Cristián Monckeberg y Nicolás Monckeberg .
Por su parte, en sesión ordinaria de 14 de abril del año en curso, la comisión inició la discusión en particular del proyecto, y adoptó respecto de sus numerales y articulado los acuerdos que se señalan en el informe aludido y respecto de los cuales no haré mención en aras del tiempo.
Finalmente, a juicio de vuestra comisión los artículos 361, 402, 403, 404, 405 y 406, del número 28) del texto propuesto en este informe revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, puesto que modifican la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
Asimismo, a juicio de la comisión, los artículos 395, 398 y 399 del número 28) del artículo 1°, y los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° permanentes del texto propuesto requirieron ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda, por incidir en materias presupuestarias o financieras del Estado.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor SANTANA (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de “simple”, y de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.
Al tenor de lo informado por la comisión técnica, las normas de competencia de la Comisión de Hacienda son los artículos 395, 398 y 399 del número 28) del artículo 1°, y artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° permanentes, cuyo contenido es el siguiente:
Como explicó mi antecesor, el artículo 1° introduce en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, una serie de modificaciones, entre las cuales se encuentran las contenidas en su número 28), que sustituye el Libro IV “De la negociación colectiva”.
En este número se encuentran los artículos 395, 398 y 399, de competencia de esta comisión, los cuales se hallan insertos en la nueva regulación que el proyecto realiza respecto del arbitraje.
El artículo 395, denominado “De la remuneración de los árbitros”, dispone que esta será determinada por el arancel que anualmente fije la Dirección del Trabajo para el año siguiente, la que será de costo fiscal, salvo en el evento de que el procedimiento arbitral afecte a una gran empresa, en cuyo caso el costo deberá ser asumido por esta.
El artículo 398 (reglas generales) señala las funciones que corresponderán a la Dirección del Trabajo en relación con los árbitros. En tal sentido, tendrá a su cargo tanto la revisión del cumplimiento y mantención de los requisitos de quienes postulen a incorporarse en el Registro Nacional de Árbitros, como el pago de los honorarios correspondientes a las remuneraciones de los integrantes del Tribunal Arbitral, cuando corresponda.
El artículo 399 (contrato del árbitro) establece: “Constituido el Tribunal Arbitral, la Dirección del Trabajo suscribirá con cada uno de sus integrantes un contrato de prestación de servicios a honorarios, en el cual se especificará que estos se pagarán contra la entrega del fallo arbitral correspondiente, dentro del plazo máximo permitido.”.
El artículo 2° crea el Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reemplaza al Programa Escuela de Formación Sindical.
El fondo tendrá como objeto apoyar financieramente proyectos de formación sindical y acciones de promoción, programas o actividades que propendan a establecer relaciones colaborativas entre empresa y organizaciones sindicales.
Los recursos del fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos, previa propuesta del Comité de Selección, el que estará integrado por un representante de la Subsecretaría del Trabajo, un representante de la Dirección del Trabajo, un representante del Ministerio de Hacienda, dos representantes del mundo sindical y dos representantes del mundo empresarial.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el ministro de Hacienda, establecerá las normas de administración y operación del fondo, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de nombramiento y funcionamiento del comité de selección y las demás que sean necesarias para su implementación.
El artículo 3° complementa la norma anterior y señala los rubros que constituirán el Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas.
Así, en primer lugar, se indica que estará constituido por lo siguiente: el aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos; las multas pagadas por prácticas desleales y antisindicales; las donaciones que se le hagan, y las herencias y legados que acepte, a través de la Subsecretaría del Trabajo, con beneficio de inventario -dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten; las donaciones no requerirán del trámite de insinuación-; los aportes que se reciban por vía de cooperación internacional a cualquier título; y los demás recursos que perciba por otros conceptos.
El artículo 4° dispone que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta futura ley durante el año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público.
En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos.
El artículo 5° intercala en el artículo 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, un inciso tercero, nuevo, mediante el cual se establece una prioridad en las licitaciones o contrataciones periódicas para la prestación de servicios habituales, a las empresas que mantengan vigentes convenios colectivos con las organizaciones sindicales representativas de sus trabajadores o que les hagan aplicables a estos, convenios colectivos acordados por otros empleadores u organizaciones gremiales de empleadores, suscritos de conformidad a las reglas del Título X del Libro IV del Código del Trabajo.
El artículo 6° agrega una letra g), nueva, que incorpora al artículo 46 de la ley N° 19.518, que fija un nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, del siguiente tenor:
“g) Ejecución de acciones de capacitación destinadas a trabajadores de empresas de menor tamaño que mantengan vigentes o apliquen convenios colectivos a sus trabajadores, siempre que se trate de aquellos suscritos conforme a las reglas del Título X del Libro IV del Código del Trabajo.”. Estas serán pagadas con cargo al Fondo de Capacitación y Empleo.
En relación con los alcances presupuestarios de la iniciativa, el informe financiero sustitutivo N° 75, de 8 de junio de 2015, señala que el costo fiscal anual del proyecto de ley asciende a 3.939.640.000 pesos, por los siguientes conceptos:
a) Creación de un Fondo de Formación Sindical y de Relaciones Colaborativas por 2.143 millones de pesos, que reemplazará al actual Programa de Escuela de Formación Sindical, por lo cual el costo fiscal adicional asociado a este nuevo fondo asciende a 1.140 millones de pesos.
b) Por concepto de la realización de las nuevas acciones de apoyo a las MYPE que deberá desarrollar la Dirección del Trabajo, se deberá fortalecer a este servicio con diecinueve profesionales, para que cumpla con las nuevas obligaciones que le asigna el proyecto de ley, lo que representa un costo fiscal anual de 371 millones de pesos.
c) Por concepto de los estudios con los que deberá contar la Dirección del Trabajo en el evento de que deba resolver diferencias en torno al concepto de servicios mínimos, y que serán encargados para cada uno de los sesenta subsectores económicos informados por el INE a la División de Estadísticas de la ONU, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el costo ascenderá a 1.800 millones de pesos, con un costo promedio unitario de 30 millones de pesos.
d) En materia de mediaciones, cuyo aumento se estima en 10 por ciento, se obtiene un mayor costo fiscal de 97.500.000 pesos.
e) En relación con los arbitrajes, se considera el costo fiscal asociado al uso del arbitraje para el ciento por ciento de las empresas actualmente afectas al artículo 384 del Código del Trabajo -aproximadamente cien empresas-, y se utilizan los aranceles por árbitro, según tamaño de la empresa, de acuerdo a la resolución exenta N° 172, de 2012, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Se consideran tres árbitros de cargo fiscal para el caso de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas, y dos árbitros en el caso de las grandes empresas. De esta manera, el costo fiscal asciende a 370 millones pesos.
f) En materia de capacitación, se estima que 292 trabajadores involucrados en proyectos de negociación colectiva, presentados por federaciones de sindicatos, accederán a cursos de capacitación de 150 horas con un valor/hora de 3.679 pesos. Por lo anterior, el costo fiscal de la capacitación de estos trabajadores asciende a 161.140.000 pesos.
En consideración al mérito del proyecto y a sus fundamentos, la comisión aprobó las normas de su competencia por la mayoría de sus integrantes presentes y recomienda su aprobación del mismo modo a la Sala.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón .
La señora RINCÓN, doña Ximena (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].-
Señor Presidente, en primer lugar, por su intermedio, saludo a los dirigentes sindicales de diferentes organizaciones y a los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores que nos acompañan en las tribunas.
(Aplausos)
Nuestro país ha avanzado mucho durante las últimas décadas en ámbitos como la superación de la pobreza, el crecimiento económico, el acceso al empleo y el desarrollo de un sistema de protección social. Sin embargo, nuestro patrón de crecimiento se ha caracterizado por una marcada desigualdad. Según las últimas mediciones de la OCDE, Chile tiene la peor distribución del ingreso entre los 34 países que la integran.
De acuerdo con nuestro diagnóstico, existen dos importantes factores que son causa de la inequidad en Chile. Por un lado, un sistema tributario regresivo, y por otro, posibilidades diferenciadas, según estrato socio-económico, para acceder a una educación de calidad. Esto ha llevado a nuestro gobierno a impulsar reformas estructurales en estas materias.
Otra de las causas estructurales de la desigualdad en Chile deriva del funcionamiento asimétrico del mercado laboral. Lo anterior es particularmente relevante, porque en el mundo del trabajo, en cuanto a las oportunidades laborales, la retribución que se recibe y la calidad del empleo, se juega el bienestar de las personas y de sus familias. En el mundo del trabajo se define el estándar de vida de una sociedad y se establecen los niveles de productividad y de competitividad de las empresas. Por eso podemos afirmar de diversas maneras que la calidad del trabajo define la calidad de una sociedad.
En los últimos años se ha ido configurando un mercado laboral cada vez más heterogéneo y con crecientes niveles de segmentación, lo que contribuye a mantener y acrecentar las desigualdades sociales.
Las desigualdades en el mercado laboral se expresan en las bajas tasas de participación laboral de determinados grupos, mujeres, jóvenes y trabajadores con poca calificación; en la creación de empleo precario, trabajo informal y sin protección social, y en las profundas brechas salariales que se producen, respecto de las cuales la gran mayoría de los trabajadores asalariados presenta una baja participación en la distribución de la renta que se obtiene en el proceso productivo, lo que demuestra una escasa valorización del trabajo.
La principal muestra de la desigualdad de ingresos que se genera en el mercado laboral se expresa en que un número importante de hogares y de personas que se encuentran en situación de pobreza corresponde a trabajadores. Aun más, se trata de trabajadores dependientes y formales, lo que implica que tienen contrato de trabajo y seguridad social. Según la encuesta Casen, el 70 por ciento de los pobres en Chile son trabajadores.
Lo anterior significa que el empleo no es una opción suficiente para que los hogares superen su condición de pobreza.
A lo señalado se suma el hecho de que las relaciones laborales se desarrollan en un entorno de desconfianza y de confrontación entre los actores sociales, unido a un marco restrictivo para el ejercicio de los derechos colectivos del trabajo.
Nuestro actual sistema de relaciones laborales limita las capacidades de las partes para negociar y para procesar el conflicto. Además, genera un severo desbalance entre los actores de la relación laboral, pues inclina la balanza en favor de los empleadores.
De igual modo, el actual modelo de organización del trabajo impone rigideces a las partes y no contempla mecanismos que permitan adecuar la regulación a los cambios que devienen de los ciclos económicos y de la nueva estructura productiva, especialmente en una economía tan abierta al mundo como la nuestra.
Sin lugar a dudas, Chile necesita dar un salto y modernizar su modelo de relaciones laborales. Si no somos capaces de enfrentar estos desafíos, nuestro potencial de desarrollo y de crecimiento se verá afectado. La desigualdad y la falta de cohesión social limitan las posibilidades de expansión y desarrollo de los países.
Superar la desigualdad no es solo un imperativo ético, social y político, sino también una exigencia para fortalecer el crecimiento económico y alcanzar el tan anhelado desarrollo.
Modernización de las relaciones laborales.
En este escenario resulta indispensable avanzar hacia un nuevo equilibrio en la posición de los actores de la relación laboral: trabajadores y empleadores; generar espacios efectivos de diálogo, de acuerdo y de colaboración, y compatibilizar las necesidades que derivan del dinamismo, la competitividad y la productividad de las empresas en la economía global, con relaciones laborales en las que exista una justa distribución de la renta.
Se trata de combinar virtuosamente aumentos en los salarios y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, con incrementos sostenidos en la productividad laboral.
Para equilibrar la posición de los actores y desarrollar un diálogo social efectivo, apostamos por impulsar las relaciones colectivas de trabajo, lo que significa ampliar y mejorar la negociación colectiva y fortalecer la acción sindical.
La negociación colectiva permite hacerse cargo de los déficits de confianza que existen entre los actores sociales, promueve la capacidad de las partes para establecer acuerdos sobre la base del diálogo y la cooperación, disminuye los niveles de confrontación, anticipa y previene los conflictos, mejora la productividad de las empresas y contribuye a optimizar la distribución de los frutos del trabajo.
Nuestro país presenta una baja tasa de sindicalización, pues solo alcanza el 14,2 por ciento. Para revertir esta situación es necesario establecer un adecuado modelo de incentivos que promueva y fortalezca la sindicalización.
Estamos convencidos de que es bueno para Chile el desarrollo de un movimiento sindical moderno y de calidad, con capacidad de generar propuestas e incidir en la vida de las personas, de los trabajadores y de las empresas.
El proceso.
La modernización de nuestro sistema de relaciones laborales exigía emprender un proceso de reforma dotado de amplia legitimidad social y política, para lo cual era indispensable un intenso proceso de trabajo prelegislativo.
Durante 2014, el equipo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, liderado por mi antecesora, la entonces ministra Javiera Blanco , y por el subsecretario aquí presente, señor Francisco Díaz , desarrolló un proceso de diálogo con todos los actores sociales y políticos relevantes. Esta reforma fue construida de cara a la ciudadanía. Nadie puede alegar sorpresa en los contenidos de ella, dado que fueron ampliamente discutidos y socializados.
En el marco del trabajo prelegislativo se desarrollaron más de cien encuentros y reuniones con actores sociales y políticos. Este proceso concluyó en diciembre de 2014, con la presentación del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales en nuestro país.
A partir de enero de 2015, y por más de cinco meses, la Cámara de Diputados discutió el proyecto de ley. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara recibió más de sesenta audiencias, que incluyeron a organizaciones sindicales y gremiales, expertos, abogados laboralistas, académicos, exministros y diversos actores vinculados al mundo del trabajo.
Hemos tenido un debate intenso y profundo, que fue realizado con madurez y responsabilidad y que se hace cargo de los desafíos del mundo del trabajo. Esta discusión habla de la responsabilidad del Congreso Nacional y prestigia la acción política.
He sido parte de este debate en el último mes. Agradezco el nivel y ánimo que he observado en cada uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, presidida por el diputado Lautaro Carmona , al igual que el trabajo serio y responsable llevado a cabo por la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Como gobierno, queremos agradecer muy profundamente la altura y la profundidad con la que la Cámara de Diputados ha desarrollado esta discusión. Independientemente de las posiciones que cada uno tenga frente a la reforma laboral y sus contenidos, nadie puede dudar de la seriedad, profundidad y dedicación con la que se ha enfrentado este debate. Esa es la mejor manera de prestigiar la actividad política.
Contenidos del proyecto de ley.
El proyecto de ley que hoy debate la honorable Cámara de Diputados reforma los aspectos clave que conforman los tres pilares de la libertad sindical.
En primer lugar, esta iniciativa legal establece la titularidad del sindicato en los procesos de negociación colectiva. Junto con ello, dispone la extensión automática de los beneficios negociados a los trabajadores que se sindicalizan con posterioridad y se regula la extensión pactada de beneficios a los trabajadores no sindicalizados.
Además, contiene instrumentos destinados a potenciar los programas de formación sindical y a promover el desarrollo de estas organizaciones a través de la creación de un fondo público de formación sindical y de relaciones laborales colaborativas.
En segundo lugar, la iniciativa busca ampliar la cobertura y las materias que se pueden negociar colectivamente, haciendo de la negociación un proceso más técnico e informado, donde las partes alcancen acuerdos de mutuo beneficio, en que se concilie mayor equidad con mayor productividad.
La propuesta legal ofrece herramientas que permiten a los trabajadores y empleadores ajustar la organización del trabajo a una nueva realidad productiva del país y del mundo, permitiendo esquemas más flexibles de organización de las jornadas de trabajo y su distribución, adaptados a los ciclos productivos y a las estacionalidades propias que existen en algunos sectores económicos, en la medida en que dicho ajuste surja como resultado de la negociación y del acuerdo entre los actores. La herramienta propuesta para estos fines son los pactos sobre condiciones especiales de trabajo.
En tercer lugar, el proyecto de ley avanza en el reconocimiento y ampliación del derecho a huelga efectiva. La figura de “reemplazo de trabajadores durante la huelga”, que actualmente existe en nuestra legislación, viola los principios de la libertad sindical consagrados en el Convenio N° 87 de la OIT, ratificado por nuestro país.
A través de esta iniciativa legal enmendamos esa anomalía, no solo por coherencia normativa, sino porque se trata de un tema de justicia, ya que una huelga con reemplazo de trabajadores tiene mínimas posibilidades de ser efectiva como elemento de contrapeso al momento de negociar.
En este punto es necesario ser claros. No es posible mantener un orden laboral que restrinja a tal nivel el ejercicio del derecho a huelga, que lo convierta en una herramienta completamente ineficaz. Un justo equilibrio de las partes en el proceso negociador implica establecer un derecho a huelga efectiva.
Nuestra convicción es que solo con sindicatos fuertes y representativos y con condiciones institucionales que permitan una negociación colectiva más equilibrada, Chile podrá corregir la inequidad que se genera en la distribución primaria del ingreso.
Muchos de estos avances son posibles como resultado de los acuerdos alcanzados en el último tiempo a través del diálogo desarrollado entre los actores sociales, representados por la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y del Comercio.
En este sentido, es importante destacar el valor que como gobierno asignamos al diálogo social tripartito. El Acuerdo de Voluntades de 2012, suscrito entre la CUT y la CPC, es una clara expresión de los resultados que se pueden alcanzar con el diálogo y el entendimiento entre los actores sociales.
Es por ello que estamos convencidos de que la negociación entre los actores del mundo del trabajo reduce la conflictividad, mejora la paz social y, como resultado de ello, se incrementa la productividad.
Tal como lo hemos expresado a lo largo del debate, como gobierno tenemos la convicción de que nuestro país necesita avanzar hacia relaciones laborales modernas, justas y equilibradas. Debemos saldar la deuda que tenemos con el mundo del trabajo, mejorando y ampliando la negociación colectiva y fortaleciendo la acción y participación sindical.
Al respecto, el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales es una oportunidad para crear nuevos espacios de diálogo social y construir confianza entre trabajadores y empleadores. Es también una oportunidad para fomentar el empleo y la productividad, al permitir que trabajadores y empleadores establezcan acuerdos para ajustar los ciclos productivos a su propia realidad. Finalmente, es una oportunidad para que los resultados del proceso productivo se distribuyan en forma más equitativa.
Los ejes principales de esta propuesta legislativa fueron anunciados en el programa de gobierno. Sus contenidos fueron socializados y debatidos con un amplio número de actores y han sido objeto de un profundo análisis en dos comisiones de la Cámara. Estamos convencidos de que presentamos al Congreso Nacional una propuesta seria y equilibrada.
Durante el trámite legislativo, escuchamos distintas preocupaciones e inquietudes respecto de algunas de las normas e instituciones propuestas. Nos animó el propósito de elaborar una legislación que tuviera el mayor nivel de legitimidad social y política.
En función de lo anterior, como gobierno presentamos un conjunto de indicaciones orientadas a perfeccionar esta iniciativa legal, muchas de las cuales recogieron propuestas de los propios diputados, como consta a los miembros de las comisiones. De esta forma, el gobierno demostró estar abierto a escuchar, debatir, convencer y también rectificar. El proyecto es mucho mejor hoy gracias al aporte de los diputados y diputadas que participaron activamente en este debate. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos.
Los invito a sumarse activamente a este debate, ya que, como gobierno, tenemos la profunda certeza de que este es un buen proyecto para el país, pues logra conciliar los tres objetivos centrales mencionados por el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social: mejor participación de la riqueza creada en común, mayor productividad y paz social.
Finalmente, por intermedio del señor Presidente, respondo a la consulta del diputado y amigo señor Patricio Melero , que hemos usado los instrumentos que la honorable Cámara de Diputados se ha dado, pues creemos que treinta y cinco años es un tiempo suficiente y que los trabajadores de Chile quieren ver este debate ahora.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los representantes de los sindicatos que nos acompañan en las tribunas.
Señor Presidente, es evidente que Chile necesita una reforma laboral. Nadie podría negarse a eso, porque el trabajo es, sin duda, uno de los aspectos más importantes en la vida de una persona, básicamente porque es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y donde existen oportunidades reales de progreso.
Quienes estamos en terreno, sabemos que muchos chilenos se sienten tratados con mucha desigualdad y desprotegidos, porque trabajan de sol a sol por un sueldo que no les alcanza para llegar a fin de mes, y lo peor de todo es que no tienen tiempo para descansar, disfrutar de su familia o hacer lo que quieran. Esta es una realidad.
(Aplausos)
Por lo tanto, ¿cuál es la aspiración de todo chileno o chilena? Tener un trabajo digno y decente, es decir, de calidad. Cuando hablo de “calidad”, me refiero a remuneraciones justas, respeto a los derechos laborales, seguridad y capacitación, protección en casos de cesantía y relaciones laborales más justas.
El gobierno ha sido majadero en señalar que con su reforma se avanza en crear más oportunidades para todos y que toma en cuenta a los distintos actores del mundo del trabajo. Sin duda alguna, lo hace en muchos aspectos. Sin embargo, me pregunto si con este proyecto que estamos discutiendo ¿generamos más y mejores empleos para todos? ¿Se revierte la baja participación y el alto desempleo de mujeres y jóvenes, sobre todo de los más vulnerables? ¿Disminuiremos las diferencias que existen entre las remuneraciones de hombres y de mujeres? ¿Cómo esta reforma logrará mayor crecimiento, más trabajo y cambio en la distribución del ingreso?
No veo cómo el proyecto puede solucionar todas mis inquietudes, ya que aborda el tema laboral en forma muy parcial, principalmente porque excluye a los trabajadores más vulnerables, por lo que difícilmente podremos lograr en el mediano plazo la equidad que buscamos.
Sin duda alguna, la reforma que estamos analizando es importante, pero es más bien una reforma sindical, lo que me parece bien, ya que no estamos en contra de los sindicatos. Es más, estamos a favor de que los sindicatos y los trabajadores tengan herramientas para poder mejorar sus condiciones laborales. Por ejemplo, es muy importante la incorporación obligatoria de las mujeres dirigentes en las directivas sindicales y en los procesos de negociación. ¡Bienvenidas, ya era hora! ¡Eso es positivo!
Sin embargo, en la práctica, la iniciativa no afecta a más del 30 por ciento de los trabajadores que están sindicalizados, pero excluye la situación de los trabajadores informales, independientes, de los cesantes o de quienes no tienen la posibilidad de sindicalizarse, especialmente los que trabajan en la pequeña y microempresa. En consecuencia, es completamente insuficiente.
Además, nuevamente nos encontramos con que el Senado realizará las modificaciones necesarias a una reforma, lo que es lamentable, porque una vez más sentimos que para el Ejecutivo somos un buzón. En la Cámara se presentaron muchas indicaciones y modificaciones a la iniciativa, pero el Ejecutivo no las tomó en cuenta. Es más, esta se ha convertido en una técnica constante, que no queremos que se repita.
Quiero hacer una especial mención a los trabajadores del sector público, en particular a los a honorarios, quienes también quedan fuera de esta reforma. Sé que la respuesta del Ejecutivo será que no es el foco de la iniciativa y que se presentarán otros proyectos para mejorar sus condiciones laborales; no obstante, lo cierto es que este era el momento para incorporar a todos los trabajadores que necesitan de una verdadera reforma laboral. Por ejemplo, se debe incorporar a las mujeres y a los más vulnerables.
En consecuencia, creo que nos quedamos cortos cuando queremos hablar de calidad, de justicia, de dignidad e inclusión en esta reforma laboral.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, me referiré a dos temas: el principio de la libertad y el derecho a huelga. Posteriormente, el diputado Patricio Vallespín , en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, hablará de otras materias vinculadas al proyecto de ley.
Consideraciones políticas generales.
Voy a hacer referencia a ocho enunciados respecto del principio de libertad.
El principio de libertad, reconocido en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales, considera tres pilares fundamentales: el derecho a la negociación colectiva, la libertad de sindicalización y el derecho a la huelga.
En este sentido, el proyecto del gobierno busca robustecer y ampliar el ejercicio de esos derechos.
Algunos aspectos a destacar.
En primer lugar, las agrupaciones de trabajadores que tienen carácter permanente, los sindicatos, promueven, aquí y en cualquier lugar del mundo, la cohesión y la integración social.
En segundo lugar, los sindicatos son estructuras de participación de los trabajadores en la toma de decisiones y operan como mecanismos democratizadores de las relaciones laborales. El proyecto de ley robustece los sindicatos porque fomenta y facilita sus actividades propias.
En tercer lugar, las asociaciones de trabajadores generan efectos sociales y políticos indirectos y relevantes, incluso respecto de quienes que no están sindicalizados. Ese es otro de los efectos importantes del proyecto.
En cuarto lugar, las uniones de trabajadores buscan desarticular las asimetrías en los poderes de negociación dentro de la relación laboral. El proyecto de ley busca consolidar específicamente la esencia del derecho del trabajo, cual es hacer una relación equilibrada de aquella que es en su esencia desequilibrada, que es el vínculo entre el empleador y el trabajador.
Quienes hemos tenido la fortuna de estudiar derecho, sabemos que la esencia del derecho laboral busca hacer un vínculo equilibrado de una relación desequilibrada, a través de un derecho de carácter proteccionista, tal como el que estamos debatiendo.
En quinto lugar, la negociación colectiva es un mecanismo de reconocimiento social del trabajador, pero que también opera como un dispositivo de administración y de gestión de recursos humanos.
En sexto lugar, los sindicatos y la negociación colectiva potencian la autonomía de los cuerpos intermedios, lo que está establecido en nuestra propia Constitución Política de la República.
En séptimo lugar, el fortalecimiento de los derechos laborales colectivos implica introducir herramientas que permitan la mejora de las condiciones estructurales de la relación laboral, a fin de que el empoderamiento del trabajador colectivamente representado logre condiciones que atenúen las desigualdades en la distribución de los ingresos en Chile, que tanto dolor está causando en nuestra sociedad.
En octavo lugar, las relaciones laborales modernas se basan en el respeto mutuo. El reconocimiento de la contraparte como un interlocutor legítimo, que debe además ser respetado en su dignidad y derechos. El proyecto avanza precisamente en esa dirección.
En definitiva, basado en estas consideraciones, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo al régimen laboral buscan instalar una lógica virtuosa entre trabajador y empleador, que concilie la equidad, la productividad y la paz social.
El segundo tema que abordaré es el del derecho efectivo a huelga.
Primera afirmación: la huelga es un derecho humano que permite equilibrar y armonizar la relación entre empleador y trabajador.
(Aplausos)
La huelga es una facultad de los trabajadores para hacer valer sus pretensiones colectivas legítimas, amparada por diversos instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente la letra d) de su artículo 8, así como por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el 87 y el 98, y por nuestra Constitución Política, en el inciso segundo de su artículo 5°, y especialmente por la garantía establecida en el número 16° de su artículo 19.
La iniciativa en debate elimina la facultad de los empleadores de reemplazar a los trabajadores en huelga mientras esta subsista, lo que constituye un verdadero mecanismo legal de boicot al ejercicio efectivo de este derecho de los trabajadores, ya que impide que la huelga genere su efecto paralizante. La modificación propuesta busca acabar con este obstáculo al ejercicio pleno del derecho.
Concluyo mi intervención diciendo que, a través de esta iniciativa, promovemos un país que no solo sea viable desde el punto de vista económico, sino también en el que las personas sean valoradas en razón de su condición humana y no del patrimonio que posean.
Señor Presidente, esta anhelada aspiración de todos nosotros tiene un nombre: justicia.
En consecuencia, anuncio que votaré a favor el proyecto en el momento que corresponda.
He dicho.
-Aplausos
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido Socialista de Chile, tiene la palabra el diputado señor Luis Rocafull .
El señor ROCAFULL.-
Señor Presidente, a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país nada se les ha regalado. Cada paso avanzado, cada logro alcanzado por ellos obedece a años de lucha, de represión, de persecución, de amenazas; pero también a años de solidaridad, de unidad y de convicciones para alcanzar un mejor trato y una distribución justa de lo que se obtiene en los procesos de producción y de entrega de servicios.
Nadie regaló nada a los miles de hombres, mujeres y niños que bajaron desde la pampa salitrera hasta Iquique . A los desripiadores, barreteros, chancadores, cocineras, nada se les regaló en el desierto más seco del mundo; a sus voces enronquecidas por los gritos de demanda se les contestó con metralla.
Lo mismo sucedió a los campesinos y mapuches de Ránquil en 1934, cuando levantaron sus voces contra los abusos de los patrones y la usurpación de sus territorios para entregárselos a 15.000 colonos extranjeros y a grandes hacendados nacionales.
Obreros, campesinos, pescadores, trabajadores y trabajadoras fueron consolidando sus organizaciones y entendiendo su rol fundamental en la sociedad. Así se hicieron fuertes, tal vez demasiado para quienes mandaron a disparar en Iquique o en Ránquil, y para sus oscuros herederos, quienes, amenazados en sus privilegios, respondieron como lo hacen siempre: con asesinatos, persecuciones, amedrentamientos.
Se hicieron tan fuertes los trabajadores, que lograron elegir un gobierno que hizo de sus derechos una razón fundamental de la administración estatal. Pero eso, según el poder del dinero, había que terminarlo; había que terminar con la unidad de los trabajadores, con la sindicalización; había que minimizar, atomizar, dividir la organización sindical.
Por eso, los trabajadores y las trabajadoras tienen más claro que nunca que la sindicalización es el único camino para hacer valer sus derechos.
Ahora los empresarios deben entender que la sindicalización también permite, como sucede en muchos países, que los trabajadores, en forma organizada y participativa, pueden transformarse en protagonistas del desarrollo de las empresas; deben entender que si ellos, para favorecer el crecimiento, protección y desarrollo de sus empresas y negocios, pueden organizarse en consorcios, sociedades de fomento, de comercio y de producción, no pueden oponerse a que los trabajadores y las trabajadoras tenga la misma iniciativa, el mismo objetivo, la misma necesidad de organizarse para defender sus derechos. Negarse a ello es volver al oscurantismo, a la negación de la vida y de la libertad; es volver a la dictadura.
Espero que no sea esa la idea final de quienes se asustan por la organización sindical.
Lamentablemente, estas diferencias no permiten que el hemiciclo despache buenos proyectos sobre la materia. Al final, terminamos negociando respecto de garantías constitucionales que ni siquiera deberían ser materia de discusión, sino aceptadas categóricamente como derechos sociales.
Los cambios que exige la sociedad son un procedimiento de negociación colectiva que sea único y por rama, con mínima intervención estatal, con el derecho a huelga como un método de presión consagrado constitucionalmente y con servicios mínimos taxativamente establecidos.
Nuestro país no crecerá mientras el empresariado no comprenda que los sindicatos son el medio más legítimo de representación de los intereses de los trabajadores y que la negociación colectiva es un sistema equilibrado de discusión de dichos intereses. Puede que aumente el PIB, pero solo nos estaremos mintiendo, porque ese índice no representa en forma alguna el bienestar, el crecimiento y la justicia social.
Este diputado prefiere vivir en un país que crece al 2 por ciento anual, pero replica y distribuye su riqueza entre todos los habitantes de la nación, a crecer a una tasa de 5 por ciento para llenar solo los bolsillos de unos pocos.
El proyecto en discusión no es lo mejor -hay que decirlo claramente-, pero es lo que hoy pudimos alcanzar. No obstante, marca el inicio de la recuperación de los derechos sociales y laborales perdidos en 1973.
En el proceso de tramitación de esta iniciativa ha quedado claro que las organizaciones de trabajadores están más preparadas que nunca para debatir, participar y exigir que el Estado garantice como corresponde los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, el diputado socialista que acaba de intervenir terminó diciendo que prefería que nuestro país creciera al 2 por ciento, pero con una mejor distribución del ingreso. Ahí está la razón por la cual estamos discutiendo esta reforma.
En efecto, al diputado le faltó explicar que cuando el país crece al 2 por ciento, el salario de los trabajadores sigue creciendo al 2, al 3, al 4 o al 5 por ciento, mientras que el empleo de quienes votan por él gracias a discursos como ese, cae en igual proporción; es decir, sube el desempleo.
La demagogia genera algunos votos, pero lo que más produce es desilusión, desencanto. Si el número de ciudadanos que rechazan esta reforma laboral es el doble de los que la aprueban, se debe precisamente a que la gente se cansó de la demagogia.
Estamos discutiendo esta reforma en un país que dejó de crear empleos o en el que los empleos los está creando solo el Estado; en un país en el que la calidad del empleo se vino al suelo, al punto de que los trabajadores sin contrato subieron al doble y los sin previsión aumentaron cuatro veces en un año; sin embargo, se sigue con los mismos discursos.
Señor Presidente, desde hace dos años las remuneraciones venían creciendo a un promedio de 4 por ciento, pero hoy lo hacen a menos 2 por ciento. Además, nuestro mercado laboral sigue siendo poco inclusivo.
En materia de capacitación, las cifras son vergonzosas. Hoy se capacita, en promedio, a un trabajador cada ocho años y medio, y solo el 8 por ciento de los trabajadores con enseñanza media recibe dinero para ese fin. No obstante, el gobierno paralizó la tramitación de todos los proyectos que la administración anterior ingresó para mejorar el Sence. ¡Y seguimos con los mismos discursos demagógicos!
¡Muy pocos chilenos negocian colectivamente! Ese es nuestro talón de Aquiles. Mientras en los países de la OCDE, con los que nos comparamos, el 45 por ciento negocia colectivamente, en Chile lo hace menos del 13 por ciento. Sin embargo, la reforma laboral no se hace cargo de ninguno de los puntos que he mencionado.
Me referiré a otros que aborda la iniciativa.
El proyecto establece la titularidad sindical, lo que significa que solo el sindicato podrá negociar colectivamente, sin importar de qué sindicato se trate, es decir, independientemente de si tiene alta representatividad al interior de la empresa, si tiene presencia en varias regiones y si representa a trabajadores de distintas áreas de la empresa. Nada de eso importa. Por ejemplo, el 65 por ciento de los 158 dirigentes sindicales registrados en Alsacia, empresa operadora del Transantiago, no representa a ningún afiliado; pero eso no tiene importancia para obtener titularidad sindical, lo que, a su vez, les permite votar en las elecciones de los sindicatos de trabajadores con derecho a voto.
Lo anterior prueba que en el proyecto no se hizo ningún análisis en profundidad sobre esa materia.
En consecuencia, al día siguiente de la entrada en vigencia de la reforma laboral, menos trabajadores tendrán derecho a negociar colectivamente, porque se exige obligatoriamente estar afiliado a un sindicato para hacerlo.
Entonces, ¿de qué trata la defensa de los trabajadores? La dignidad y la libertad del trabajador, ¿solo tienen valor en la medida en que esté afiliado a un sindicato? El trabajador que decide libremente no afiliarse por cualquier motivo, entre otros porque el sindicato de su empresa es solo de papel, ¿no merece respeto y resguardo legal? ¿Acaso ese trabajador no tiene dignidad y no debemos protegerlo? El proyecto nada señala al respecto.
En segundo lugar, ¿a quién le puede parecer justo que dos trabajadores que desempeñan exactamente la misma labor en una empresa, reciban distintos beneficios y sueldos, solo porque uno decidió afiliarse al sindicato y el otro prefirió no hacerlo? Francamente, no hay explicación alguna para eso. Lo que corresponde en justicia es que el trabajador no afiliado al sindicato reciba el mismo beneficio que percibe el que decidió afiliarse. Sin embargo, el proyecto dispone que se calificará como práctica antisindical extender el beneficio obtenido a un trabajador no afiliado al sindicato.
¿De qué se trata esto? ¿De defender al sindicato per se o al trabajador? Les aseguro que lo que corresponde éticamente es defender ante todo al trabajador. Eso significa reconocer su libertad para afiliarse a un sindicato; pero también debe reconocérsela si decide no hacerlo, por los motivos que estime conveniente.
El derecho a huelga es una facultad de los trabajadores. En consecuencia, ellos pueden delegarla para que se ejerza a través de un sindicato.
En consecuencia, ¿es justo obligar a un trabajador a ir a una huelga contra su voluntad, más allá del tiempo razonable y sin recibir remuneración alguna, solo porque el dirigente sindical decide por él? En ninguna etapa de la huelga se permite que el trabajador diga: “No puedo seguir la huelga en estas condiciones; no estoy de acuerdo”. Se le desconoce ese derecho. Este es de los pocos mandatos irrevocables que tendrá nuestra legislación.
Resulta que a quienes defendemos a los trabajadores, quieren hacernos creer que estos no tienen derecho a decidir por sí mismos. Se los trata como personas de segunda clase, incapaces de determinar cuándo irse a huelga y cuándo abandonarla.
Señor Presidente, quiero ser enfático respecto de la posición de mi partido. Nosotros sí creemos que se puede terminar con el reemplazo de trabajadores en la huelga. Pero hay una condición que es clave y de sentido común, cual es que el reemplazo en la huelga no afecte a los trabajadores que no tienen vinculación alguna con ella, ya sea porque tenían contrato colectivo vigente o porque no fueron parte de la misma. Esto no lo digo yo, sino la OIT en distintos pronunciamientos.
Sin embargo, mediante el proyecto se pretende terminar ideológicamente y de la peor forma con el reemplazo de los trabajadores en huelga, lo que afectará de paso a los trabajadores que nada tengan que ver con ella.
Entre hoy y mañana tendremos tiempo para abordar en detalle la iniciativa.
Lamentablemente, la reforma laboral contiene muchos errores que afectan directamente a los trabajadores. Quiero ser enfático al decir que no es mala porque afectará a los empresarios, sino porque perjudicará a los trabajadores de nuestro país.
El escándalo más grave de la situación laboral en Chile es que el 54 por ciento de los jóvenes más ricos encuentra trabajo, pero solo el 5 por ciento de los jóvenes de las familias más pobres lo consiguen. ¡Eso es desigualdad! ¡Ese es un escándalo! Pero nada hace la reforma para revertirlo.
Por otra parte, el 68 por ciento de los hombres son parte del mercado laboral, pero apenas el 44 por ciento de las mujeres forma parte de él. No obstante, nada hace la reforma para terminar con ese escándalo.
La reforma no representa a la mayoría de los trabajadores. Es más, es rechazada por la mayoría de los trabajadores de Chile.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Pido silencio en las tribunas.
Continúa con la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, a algunos les gusta hablar de legitimidad respecto de otras reformas. También se ha sostenido que el Parlamento no tendría legitimidad para tal o cual cosa.
Señor Presidente, si somos realmente transparentes y democráticos, debemos reconocer que si existe una reforma que carece de representatividad es la que hoy estamos discutiendo, porque la inmensa mayoría de los trabajadores ya se han manifestado en su contra. El gobierno ha debido darse vueltas de carnero en forma vergonzosa, ha debido cambiar de posición en forma brusca porque solo escucha a una organización.
No deslegitimo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), porque es un sindicato; pero es uno. Existen muchos otros que no piensan como la CUT, pero no se los escucha.
Señor Presidente, hace cinco meses el gobierno defendió públicamente, en canales de televisión y a través de la ministra Javiera Blanco , el artículo que establecía que la huelga debe ser ejercida pacíficamente y la sanción correspondiente en caso de que se vulnerara dicho precepto. No leeré los argumentos que esgrimió la señora Blanco para defender esa norma, porque no está presente. Pero sorprende que los haya cambiado radicalmente en solo cinco meses. Ese cambio de opinión solo es explicable desde la irracionalidad. ¡Nadie puede, en cinco meses, pensar exactamente lo contrario respecto de un tema! Lo mismo hizo en relación con varias materias importantes.
El proyecto despachado por la Comisión de Trabajo es peor que el que ingresó. Lamentablemente, el gobierno deberá explicar muchos de los referidos cambios.
Quiero expresar que nuestra convicción es que Chile necesita una reforma laboral, pero que no esté secuestrada por un grupo de trabajadores que no representa a la inmensa mayoría de la fuerza laboral de nuestro país. Deseo que la reforma laboral se haga cargo de la gran desigualdad e injusticia que afectan a muchos trabajadores en Chile; pero el gobierno actúa secuestrado por la CUT.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Recuerdo a los asistentes a las tribunas que serán desalojados si hacen manifestaciones.
El diputado señor Nicolás Monckeberg puede continuar con su intervención.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, cuando hago referencia a estos cambios de actitud inexplicables, la conclusión es muy simple: el gobierno actúa secuestrado por la CUT. Cuando uno observa a quién representa la CUT, que tiene poder para lograr el cambio de ministros, para impedir que se nombre a un subsecretario del Trabajo y para que la ministradel Trabajo tenga que cambiar de opinión en menos de cinco meses, uno se da cuenta que representa a una minoría de trabajadores de Chile, por lo que no resulta explicable el poder que tiene, porque la inmensa mayoría de los trabajadores de Chile decidió libremente no afiliarse a la CUT; sin embargo, el gobierno se pone de rodillas ante dicha organización.
Creo francamente que no hay legitimidad para jugar y transar con el derecho de los trabajadores de Chile.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra del Trabajo, al señor subsecretario de esa cartera y, muy especialmente, a quienes nos acompañan en las tribunas, que son firmes luchadores por para lograr un mañana distinto. Ellos representan a los “secuestrados”, los trabajadores de Chile.
(Aplausos en las tribunas)
Y, por ellos, aquí también hay luchadores.
Sin duda que los informes que nos han entregado nuestros colegas de las comisiones de Trabajo y de Hacienda, y el interesante aporte de la señora ministra del Trabajo, nos permiten tener una visión acerca de lo traumática y ardua que ha resultado la tramitación del proyecto en las comisiones especializadas. No se esperaba algo menor respecto de una iniciativa de esta envergadura, que ha sido y sigue siendo criticada por muchos. ¿A quiénes afecta? Todos lo sabemos. Y ha sido tratada como un retroceso en materia de derechos de los trabajadores. ¡Qué vergüenza! Lo que queremos para los trabajadores no es vergüenza, sino dignidad.
Por eso estamos a favor de esta reforma laboral patrocinada por el gobierno de la señora Michelle Bachelet .
Señor Presidente, estamos en el siglo XXI. Queremos que todo Chile viva mejor. Por eso existe esta reforma; por eso, pido que no la dañen, por favor. Piensen en Chile.
Quiero resaltar tres puntos que me parecen interesantes del actual proyecto.
El primero dice relación con la llamada titularidad sindical, que no es otra cosa que afirmar que solo pueden favorecerse con los resultados de la negociación colectiva los trabajadores que pertenecen a la organización sindical que negoció, y que los trabajadores que están fuera de ella solo podrán acceder a esos beneficios cuando se afilien al respectivo sindicato. Con ello se evita la propagación de la práctica antisindical que hoy existe, y que el empleador haga efectivos los beneficios a todos los trabajadores cuando termine la negociación, como ocurre en la actualidad, lo que desincentiva la afiliación de los trabajadores a los sindicatos.
Valoramos este punto, especialmente porque es parte del respeto que se merecen quienes construyen un país que hoy no es de todos, pero que esperamos que se transforme mañana en un Chile de todos.
Un segundo aspecto que creo que se debe rescatar es la prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga. Esta práctica, como se ha visto en las últimas huelgas en Santiago, tiende a provocar enfrentamientos. Además, al verse frustrado el objetivo de la huelga, muchas veces se sale del marco de la empresa y se afectan actividades de otros trabajadores y de la ciudadanía en general.
La contraprestación a esta huelga sin reemplazo obliga a mantener servicios mínimos, cuyo alcance y contenido lo explicó el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señor Lautaro Carmona .
Como tercer punto quiero destacar el hecho, por haberlo conocido muy de cerca, de que las empresas, especialmente las grandes, deben poner a disposición de los sindicatos la información contable relevante, a fin de que estos puedan negociar informadamente, no como ahora, que los trabajadores prácticamente negocian a ciegas respecto de la marcha de las empresas y de sus tremendas utilidades, porque, seamos claros, Chile es de unos pocos. Por eso estamos con esta reforma.
Señor Presidente, el proyecto nos vuelve a la realidad, cual es que los trabajadores que ayer tuvieron todas estas garantías, hoy no las tienen. El gobierno de facto de la dictadura sepultó todos esos beneficios. Han pasado cuarenta años, pero recién hoy tenemos mayoría.
Estamos luchando para que la iniciativa se transforme en una realidad. Con toda seguridad, creo que será aprobada por unanimidad, porque es de justicia y porque los trabajadores de Chile merecen más.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona .
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, antes de reivindicar algunos temas de fondo que contiene esta reforma, la cual califico como estructural respecto del modelo implantado a sangre y fuego por la dictadura, que incluye el plan laboral de José Piñera , establecido en 1979, en el que, tal como opinan algunos colegas de la oposición, era opcional si se podía estar o no sindicalizado, creo que es necesario hacerse cargo de la herencia de la dictadura que aún contiene la legislación chilena, en particular la legislación laboral.
Como los trabajadores nunca han pedido ventajas, y siempre han luchado en función de una limpia conciencia respecto de los intereses y derechos de los que han sido privados por quienes ostentan el poder económico, el mérito de este debate es principalmente de los trabajadores organizados en sindicatos, de los trabajadores representados en federaciones y en centrales, principalmente la Central Unitaria de Trabajadores. Ahí está el mérito principal. Por ello, saludo a quienes los representan, que se encuentran en las tribunas, en el entendido de que están haciendo un acto de consecuencia.
(Aplausos)
Como dije, esta es una reforma estructural que, a mi juicio, la historia describirá también como histórica, porque, de suyo, constituye una reforma profundamente democrática, democratizadora y de justicia social.
Los trabajadores, en un diálogo directo con los empleadores, con conocimiento de causa del estado de la empresa, por la información que debe entregar obligatoriamente el empleador, podrán acordar mejores condiciones salariales y de vida, desde el punto de vista laboral y para sus familias. Sobre esa base, se va a lograr el mejoramiento justo y necesario en esas condiciones y se va a atentar contra algo que parece divino e intocable: la brecha vergonzosa de la desigualdad, que tiene concentrada la riqueza en un puñado de “enviados” por no sé quién, que parece intocable, porque si se pretende tocar “desestabiliza” al país.
No, señores; el país se desestabiliza cuando se margina a sectores, cuando no se integra, cuando se excluye a los trabajadores de la riqueza que ellos mismos producen a nivel nacional.
Por eso en esta reforma es tan importante la titularidad del sindicato, para que no sea el empleador el que elija, a dedo, un grupo negociador e imponga a todos los trabajadores las condiciones, a la medida del empleador, en que deben trabajar hacia el futuro. La titularidad sindical la quitó José Piñera .
¡Vamos a ver si es tan insignificante el sindicalismo una vez que esta futura ley se empiece a aplicar! ¡Vamos a ver cuánto va a crecer el sindicalismo cuando los trabajadores sientan que es un instrumento eficaz y que a través de la negociación logran los propósitos justos que se proponen y que benefician a la mayoría!
Algunos dicen que producirá desempleo y creará desajustes desde el punto de vista de la economía del país. Que los trabajadores reciban un sueldo digno no puede atentar contra la vida en sociedad. Lo que sí atenta contra la sociedad es la concentración de la riqueza y la exclusión.
Ese diálogo será factible y vinculante, puesto que existirá un real derecho a huelga y no una frase folclórica que al final siempre era burlada de mil maneras por el empleador. Un derecho a huelga sin reemplazo del puesto de trabajo que verdaderamente sea un mecanismo de presión para que el empleador responda. ¿Por qué se tendría que calificar este mecanismo de presión como violento o no violento, pacífico o no pacífico? En absoluto. Este derecho a huelga es exactamente lo que es porque siempre el empleador o el patrón han necesitado mecanismos de presión para responder a las peticiones de mejoras salariales. Así ha ocurrido en la historia; no es un invento de hoy.
Por ello, si revisamos la titularidad, el derecho a huelga, los elementos que van complementando, incluidos los pactos de adaptabilidad, podemos concluir -lo digo desde nuestra mirada y lo dijimos en las conversaciones con el gobierno y en la comisión- que la iniciativa es perfectible. Es posible mejorar la legislación, pero será la propia lucha de los trabajadores la que va a contribuir a poner estos temas, una vez más, en la agenda del debate, que considere, por ejemplo, un piso salarial que incluya el IPC para futuras negociaciones, la negociación a nivel ramal, a nivel de federaciones y confederaciones, que multiplicaría la sindicalización y los beneficiados por este tipo de negociación, dada la nueva legislación.
Personalmente, espero que se reponga un punto, que estaba presente en el proyecto del Ejecutivo y era un compromiso de los parlamentarios de la Nueva Mayoría con el gobierno, que supuestamente no se afectaría. Me refiero a la gradualidad para llegar, en régimen, recién al cuarto año, a aplicar pactos de adaptabilidad con sindicatos con 30 por ciento de afiliación.
Muchos se preguntan por qué hay gradualidad. Es necesaria la gradualidad, porque la legislación de José Piñera debilitó los sindicatos y es necesario fortalecerlos. Se dice que esta no es una reforma laboral de los trabajadores y de los sindicatos. ¡Sí, señores, es de los sindicatos, porque fueron los realmente asaltados y afectados por la legislación laboral del tiempo de dictadura! Por eso, si se cree que ese diálogo tiene que tener las proporciones exactas, se debe fortalecer los sindicatos.
Espero que en el debate que se realice en el Senado o en los próximos pasos que siga el proyecto, el compromiso del Ejecutivo se mantenga en que la globalidad de 60 por ciento a 30 por ciento en régimen sea la norma que definitivamente sea promulgada.
Espero que así sea y, desde esa perspectiva, igualmente valoramos esta reforma como un gran paso conquistado por los trabajadores, encabezado, a honra nuestra, por el gobierno de la Nueva Mayoría, que dirige la Presidenta Michelle Bachelet .
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, todos mis antecesores, incluidos los diputados informantes y la señora ministra, han hecho referencia a que en la base de esta reforma se encuentra la desigualdad como uno de los principales problemas del país.
Me atrevo a decir que la desigualdad es el problema más importante que enfrenta Chile. “Los verdaderos sueldos de Chile” es el nombre de una investigación que realizaron durante 2014 los economistas Gonzalo Durán y Marco Kremerman , de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que fue conocida en enero de este año. Entre sus conclusiones destacan que el 70 por ciento de los trabajadores chilenos gana menos de 426.000 pesos.
Se podría pensar que este alto porcentaje de trabajadores realiza su actividad laboral en la pequeña y microempresa. Sin embargo, cuando nos concentramos en los ocupados asalariados que están bajo este umbral de 426.000 pesos, se puede apreciar que 38,4 por ciento de ellos pertenece a la gran empresa y 17,3 por ciento, a la mediana empresa. Es decir, el 55,7 por ciento de los asalariados en Chile que gana menos de 426.000 pesos líquido trabaja en empresas de mayor tamaño.
Las cifras encienden las alarmas y van a la par de una deficiente distribución de ingresos y de los altos niveles de endeudamiento que enfrentan los chilenos, pues la nuestra es la deuda per cápita más alta de América Latina.
Históricamente, en nuestro país los sindicatos y cooperativas cumplieron una importante función en el proceso de incorporación política, basados en el modelo del Código del Trabajo de 1931, que desapareció con la dictadura de 1973 y que fue reemplazado por el plan laboral de 1979, que es la base del modelo actual.
La dictadura disolvió estas estructuras intermedias, con consecuencias evidentes sobre la cultura política ciudadana. Por ejemplo, se prohibió una negociación más allá del nivel de la empresa; se excluyó de la negociación colectiva a los trabajadores con contrato de aprendizaje, a los de la construcción, a los de obras o faenas de temporada, a los que tienen responsabilidades administrativas o directivas, y a los del servicio público, entre otros.
Se permitió el reemplazo de huelguistas, evitando la paralización efectiva, y se impidió que los nuevos afiliados sindicales recibieran los beneficios adquiridos anteriormente por el sindicato.
La actual normativa, herencia del plan laboral de 1979, no pudo modificarse sustantivamente durante la transición a la democracia.
Si Chile quiere convertirse en una sociedad con mayor equilibrio en materia económica y social, es imperativo que aborde esta deuda pendiente con los trabajadores, que en nuestro país totalizan 7.105.000 personas. De ellas, casi 4 millones tienen ingresos menores a 300.000 pesos líquidos, lo que equivale al 53,5 por ciento de los trabajadores chilenos, y el 56 por ciento, aproximadamente, de los asalariados en Chile gana menos de 426.000 pesos líquido y trabaja en las empresas de mayor tamaño.
Aun más, cuando se analizan estos ingresos a la luz del poder adquisitivo y hablamos de paridad de poder de compra, nuestro país tiene la mediana salarial más baja, incluso, más baja que Bulgaria, Rumania y Letonia.
De acuerdo al informe de la OCDE de 2014, el 27,8 por ciento de las personas que viven en Chile reporta que sus ingresos no alcanzan para comprar alimentos. Algunos dicen que no es que se pague mal el factor trabajo, sino que este es poco productivo. Definitivamente, esto no es cierto. Lo que sucede es que en Chile el factor capital recibe mayor pago que el que corresponde de acuerdo a la contribución que hace a la generación de ingresos.
La debilidad de los derechos colectivos de nuestro país puede apreciarse a partir de indicadores clave. En Chile, solo uno de cada seis trabajadores y trabajadoras pertenece a un sindicato, que es la institución de representación clásica encargada de velar por los derechos colectivos de aquellos.
Por otra parte, las condiciones normativas que rigen la huelga en Chile hacen que esta legítima herramienta de acción de los trabajadores no cumpla su función reequilibradora de la relación laboral en los hechos y no actúe como un factor de presión que mejore la condición negociadora de los trabajadores. Su desnaturalización la ha hecho prácticamente irrelevante.
Si bien es cierto a este proyecto le faltan elementos, esta reforma será un avance innegable, al hacer posible el ejercicio efectivo del derecho fundamental de los trabajadores a negociar con sus empleadores. En un plano de igualdad y con amplitud de facultades, se podrán alcanzar acuerdos sobre remuneraciones, organización de las jornadas de trabajo, distribución de esta, descansos, mecanismos de compensación y demás condiciones laborales. Esta reforma establecerá acuerdos sobre la base del diálogo, la cooperación y la buena fe, que disminuirá la confrontación, mejorará la productividad y generará mecanismos efectivos para lograr una mejor distribución de los frutos del trabajo.
Estoy convencida de que esta reforma no solo será un aporte a la productividad, sino también al crecimiento y al desarrollo integral del país. Por ello, no cabe duda de que tendrá el apoyo que nuestro país necesita.
Por supuesto, la bancada radical votará favorablemente este proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés ; a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón ; a la ministra secretaria general de la Presidencia subrogante, señora Patricia Silva ; al subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz ; a la máxima dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores y a los diferentes representantes de sindicatos.
Hace seis meses iniciamos la discusión de esta reforma laboral. En ese minuto, la ciudadanía estaba dividida prácticamente en iguales porcentajes a favor y en contra de esta, en una proporción de 37 a 35. Han transcurrido seis meses, de los cuales cinco han sido de debate con una amplia difusión ante la opinión pública, y hoy la reforma laboral tiene un rechazo de 50 por ciento y una adhesión de solo 28 por ciento, según la misma encuesta.
En ese entonces, la Presidenta Michelle Bachelet gozaba de un alto apoyo ciudadano y de un menor rechazo. Hoy, en cambio, tiene 24 por ciento de aprobación y 65 por ciento de rechazo. Por su parte, su gabinete, encargado de impulsar estas reformas, tiene solo 18 por ciento de aprobación y 69 de rechazo.
¿Qué sucede en Chile? ¿Qué hace que las tres reformas emblemáticas del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet : la tributaria, la educacional y la laboral, hayan llegado al peak del rechazo ciudadano? ¿Está equivocada la opinión pública chilena? ¿Están equivocados los trabajadores chilenos o falta información y difusión de parte del gobierno? Creo que la esencia del problema es que el gobierno de la Nueva Mayoría parte, en este y en otros proyectos de ley, con un diagnóstico equivocado, con un voluntarismo político y con una excesiva ideologización que los lleva a impulsar y a aprobar reformas -como, probablemente, lo veremos mañana- en la misma proporción, pero al revés, de la opinión ciudadana.
Me pregunto si es bueno que una reforma que va a afectar al mundo del trabajo tenga tan bajo nivel de consenso. Todo el sector empleador, desde la pequeña y mediana empresa hasta las grandes empresas, le ven más reparos que beneficios.
En palabras de la CUT, si esta reforma no tiene más reformas, entonces será un retroceso. Por otro lado, otras organizaciones de trabajadores también están disconformes con ella.
Concordemos en que esta no es la gran reforma laboral que Chile necesita, que parta con un consenso mínimo, porque hoy no existe. Eso no es bueno para la estabilidad política, social y económica del país.
¿Por qué parte mal? Porque, además del rechazo ciudadano, comienza con un diagnóstico equivocado.
En ese sentido, tanto la Encuesta Nacional del Bicentenario, de la Universidad Católica y Adimark, como la última Encuesta Laboral de Chile (Encla), de 2011, nos dicen que cerca del 2 por ciento de los trabajadores percibe falta de diálogo de la empresa (Encla 2011). En cambio, el 72 por ciento de los trabajadores tiene confianza en su empresa, y el 78 por ciento percibe una actitud positiva o neutra de la empresa en la negociación (encuesta de la Universidad Católica y Adimark). Los trabajadores tienen una percepción positiva sobre el resultado de la negociación, porque 70 por ciento lo califica como bueno o muy bueno, según la encuesta Encla de 2011.
El crecimiento de la economía en los últimos treinta años es muy similar al de la masa salarial. En Chile, las remuneraciones han crecido por sobre el Producto Interno Bruto.
El 53 por ciento de los trabajadores prefiere ser emprendedor. El 80 por ciento disfruta lo que realiza. En cambio, solo el 5 por ciento de los trabajadores percibe una actitud negativa de la empresa, y el 1,7 por ciento advierte un conflicto frecuente en su empresa.
Asimismo, el 67 por ciento está de acuerdo con la extensión de los beneficios de la negociación, que justamente esta ley en proyecto impide que se haga si no llegan a un acuerdo los trabajadores y los empleadores. El 61 por ciento piensa que el trabajador debe poder elegir libremente sobre su opción de afiliación sindical; sin embargo, este proyecto establece la titularidad sindical y hace, sin duda, una sindicalización encubierta y obligatoria de los trabajadores de Chile, lo que afecta un derecho tan importante como la libertad del trabajador a no querer sindicalizarse, porque no le interesa, porque no está de acuerdo con la directiva o, sencillamente, porque quiere mantenerse independiente de una organización de esta naturaleza.
Finalmente, la última encuesta CEP, la más reputada de todas, señala que el 70 por ciento está de acuerdo con una mayor flexibilidad de la jornada.
No obstante, nada de esto se toma en cuenta en la elaboración del proyecto. Todo es rigidizar, menos flexibilidad, titularidad sindical para unos pocos y la obligación de pertenecer a un sindicato si se quieren obtener los beneficios.
Entonces, esta es una reforma laboral que comienza, en su esencia, mal planteada, porque va en contra del sentir ciudadano y del diagnóstico que tiene la sociedad.
Cuando lo que prima es el voluntarismo político, la ideología o el cumplimiento a ciegas de un programa de gobierno, entonces no se sorprendan del enorme rechazo ciudadano que están recibiendo. Por lo demás, 50 por ciento está en contra de esta reforma y solo 28 por ciento la apoya.
Invito a reflexionar sobre el país que estamos construyendo. Nada me gustaría más que se hicieran realidad todas las virtudes que ustedes le ven a esta reforma: que haya más equidad, más crecimiento, más empleo y más productividad.
Requerido sobre esta pregunta en la Comisión de Hacienda, no fue posible que el ministro de Hacienda nos diera una respuesta categórica respecto de si creía, realmente, que esta reforma laboral fuera a fortalecer la productividad, el crecimiento y el empleo en Chile. No lo contestó porque simplemente no lo sabe.
¡Miren las cifras, honorables diputados: todos los indicadores económicos y sociales del país están cayendo! La productividad cayó, el crecimiento es cero y la importación de bienes de capital, de tractores y de camionetas, que se utilizan para trabajar y dar trabajo, también cae. Las exportaciones y las importaciones caen. El desempleo se mantiene, pero disfrazado con una curiosidad tremenda: 260.000 trabajadores en Chile dicen ahora que no quieren trabajar. ¡No trabajan porque no tienen empleo! El empleo de las mujeres también cae, y cada día los jóvenes encuentran menos alternativas de trabajo. Sin embargo, el voluntarismo político y de la ideología parece poder más que el sentido común. ¡Y por Dios que le falta sentido común a nuestro país en las horas que estamos viviendo!
Veamos específicamente algunos puntos de esta reforma que me preocupan.
El primer concepto es que se trata de una reforma sindical a la negociación colectiva bien pensada para una economía cerrada, pero mal pensada para una economía abierta. Quizás es una reforma para los años 60 o 70, para las líneas de producción tradicionales, para los trabajadores que entraban a una empresa y hacían carrera en ella por treinta o cuarenta años. Nuestros padres decían: “Soy empleado bancario” o “soy empleado ferroviario”. Entraban jóvenes y jubilaban en la misma empresa; pero el siglo XXI es muy distinto. No es el siglo del empleo, sino de la empleabilidad, del que busca destrezas y capacitarse para encontrar nuevas fuentes de trabajo.
Por eso en Chile la permanencia promedio en el empleo es de siete años. La antigua carrera laboral en una sola empresa no existe. ¡Hablen con los jóvenes de Chile! Quieren cambiarse de trabajo y buscar mejores alternativas, así como capacitarse, estudiar y trabajar. Las mujeres quieren criar hijos y trabajar. ¿Dónde están en esta reforma los incentivos a la contratación de mujeres? Tenemos bajos estándares de empleabilidad de las mujeres, de 46 o 47 por ciento. ¡Cero incentivo a la contratación de mujeres!
¿Dónde están los incentivos a la contratación de los jóvenes, que tienen las más altas tasas de cesantía? Cero incentivo para los jóvenes.
¿Dónde están las alternativas de trabajo para los que tienen capacidades diferentes? Cero alternativas.
¿Dónde están las alternativas de trabajo para nuestros adultos mayores que quieren prolongar, como lo hicieron hace cuatro o cinco años, el período de trabajo más allá de la edad de jubilación o reinsertarse en el trabajo porque las jubilaciones son miserables? Cero incentivos también para ellos.
Entonces, esta no es una reforma del siglo XXI, sino de las economías cerradas del siglo XX: poca flexibilidad y cero adaptabilidad, lo que no se compadece con la realidad de la sociedad actual, que es dinámica y busca más empleabilidad y mejores empleos.
El tema de la titularidad sindical tiene varios defectos. Primero, obliga al trabajador a sindicalizarse si quiere recibir los beneficios de la negociación. Me gustarían sindicatos capaces de seducir, de capturar y de dar buenas razones a los trabajadores para que se afilien y no obligarlos por la vía de acogerse a los beneficios que se negocian.
La titularidad sindical es una obligatoriedad encubierta que afecta el derecho esencial de un trabajador a pertenecer o no a un sindicato. Pero no es solo eso. Un diputado señaló que, en un principio, va a genera mayor sindicalización. No se extrañen de que, a la vuelta de algunos años, pasemos del 15 al 30 por ciento de sindicalización en el país.
El señor ORTIZ.-
¡Antes!
El señor MELERO.-
El diputado Ortiz dice que ello ocurrirá antes. Ojalá que sea así. Pero me pregunto si esa mayor sindicalización realmente será consecuencia de un acto propio, de la independencia y de la decisión del trabajador de querer hacerlo o será producto de una obligación para obtener el beneficio.
Ahora, desde el punto de vista de la equidad -que tanto les preocupa a algunos-, se va a ir produciendo una situación que considero no deseable: que en materia de distribución de las remuneraciones, progresivamente estas van a ir más hacia los sindicalizados, lo que producirá un desequilibrio. Será más oneroso tener empleados formales que informales. Por consiguiente, al inicio se va a producir un alza en las remuneraciones, pero después se producirá mayor igualdad en remuneraciones, porque no van a seguir creciendo en el tiempo. Adentro de las empresas se va a producir una situación odiosa entre los sindicalizados y los no sindicalizados, lo que, obviamente, será un factor de conflicto.
¿Qué va a pasar? Que la titularidad sindical puede llevar a que, en empresas grandes con más de un sindicato, las condiciones laborales de toda la empresa terminen siendo determinadas por el sindicato más grande, a pesar de que las distintas áreas pueden ser radicalmente diferentes. Se apuesta al promedio, pero no al incentivo, no al estímulo al trabajador que hace bien su trabajo, sino al sindicato más grande que negocia en una empresa.
A consecuencia de la titularidad sindical, se va a producir un incentivo evidente a remunerar por productividad promedio entre trabajadores y dentro del ciclo, riesgo de prácticas antisindicales y piso mínimo. Sin posibilidad de que el empleador premie el esfuerzo individual, se dañan los incentivos a la eficiencia laboral y cae la productividad.
En materia de fin del reemplazo en huelga, quiero ser claro en señalar que me parece que la huelga es esencial en la relación entre trabajadores y empresarios; es un derecho que está en todos los códigos del trabajo y me parece fundamental su existencia. Reconozco que me habría gustado hacerle más difícil el reemplazo al empleador, que prohibírselo totalmente.
(Manifestaciones en las tribunas)
Pienso que, así como hoy tiene que pagar una multa de 4 UTM por cada trabajador que reemplaza, habría sido mejor elevar esa multa a 8 UTM o dar un plazo más difícil; en fin, se ha optado por el no reemplazo.
¿Saben qué pasará? Los quiero invitar a un minuto de reflexión, para que se pongan no solo en la perspectiva del trabajador, sino también en la del empleador…
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
¡Silencio en las tribunas, por favor!
Puede continuar, diputado Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, si hay algo que hemos aprendido quienes hemos tenido el privilegio de ir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que todos los acuerdos que se adoptan en esa organización consideran tres partes: trabajadores, empleadores y gobierno. En la OIT no se puede aprobar nada que no tenga el apoyo de esas tres partes.
Quiero invitarlos a reflexionar. Piensen en un mediano empresario -no en las grandes empresas ni en los más ricos, que se defienden solos- o en una mediana empresa de cien trabajadores.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
¡Corpesca!
El señor MELERO.-
Diputado Fidel Espinoza , si quiere hablar de aportes, le cuento que el Partido Socialista fue el que recibió más plata de Soquimich.
¡Si quiere sacar cuentas de aportes, podemos hablar de eso!
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Diputado Melero , diríjase a la Mesa.
El señor MELERO.-
¡Señor Presidente, mire qué paradoja! El yerno de Pinochet y la empresa SQM -capturada por el Estado, según la izquierda- fueron los que más plata le dieron a la izquierda chilena. Me gustaría que solucionaran ese conflicto ético. En todo caso, ese no es el tema en discusión.
Quiero volver al ejemplo de la mediana empresa. A ese empleador que arriesga un capital, que debe vender, que debe competir y que quiere buenas condiciones laborales para sus trabajadores, hoy lo entregamos amarrado de manos a una situación compleja. Si le hacen una huelga, no podrá reemplazar trabajadores. Si después de quince días un trabajador quiere descolgarse de la huelga, no podrá hacerlo, porque se prohíbe el descuelgue. Si el trabajador dice que quiere volver a trabajar porque tiene que alimentar a sus hijos, se le dirá que no puede descolgarse de la huelga después de quince días.
El empleador debe competir, entregar sus productos, respetar los derechos de sus consumidores y llevar adelante la empresa, pero le dicen: “Ahora solo tiene que negociar con el sindicato”. Si el empleador pregunta por los grupos negociadores, le dirán: “Se acabaron, señor. Ahora, simplemente, debe negociar con el sindicato”.
Entonces, es muy difícil.
(Aplausos)
Aplaudan lo que hoy ocurre, porque estoy seguro de que el día de mañana nos vamos a lamentar. Tengo la certeza absoluta de que esta reforma laboral terminará afectando negativamente la productividad, el empleo y el crecimiento, porque parte de un diagnóstico equivocado.
(Manifestaciones en las tribunas)
También quiero abordar un aspecto que fue parte de las conversaciones. Me refiero a la nueva redacción de los servicios mínimos.
Reconozco que en la nueva redacción se avanzó respecto de la inicial. El único contrapeso que existe para que no se paralice el país es que las organizaciones de trabajadores deben asegurar determinados servicios mínimos. El gobierno, probablemente con la intermediación…
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Señor diputado, se ha cumplido el tiempo definido por su bancada.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, mi bancada me ha autorizado para seguir con el uso de la palabra.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Muy bien, señor diputado.
Puede continuar con el uso de la palabra.
El señor MELERO.-
En lo que respecta a los servicios mínimos, la redacción final es mucho mejor para proteger los bienes e instalaciones de las empresas y atender las necesidades básicas de la población.
Pero tengo una preocupación: creo que, con el tiempo, el tema se va a judicializar, porque se amplía de forma tan sustancial la definición de servicios mínimos que, al final, más que constituirse en un mecanismo eficaz, terminará por generar jurisprudencia en los tribunales.
Por otra parte, quiero abordar una situación que, dadas las indicaciones del gobierno, considero un franco retroceso: la sanción a los sindicatos cuando se producen acciones violentas por parte de los trabajadores en huelga.
Miren lo que ocurrió la semana pasada con una de las líneas del Transantiago: los trabajadores en huelga han destruido más de quinientos buses. ¿Escucharon bien? Rayaron y rompieron ventanas; en resumen, destruyeron parcial o totalmente quinientos buses del Transantiago.
El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , con decisión, en la primera reforma laboral, dijo que las huelgas debían ser pacíficas. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet dijo, además, que el uso de la violencia y de la fuerza era una conducta antisindical. Sin embargo, un grupo de dirigentes manifestó que eso era criminalizar la acción sindical.
Después de haber leído ayer, en el diario La Segunda, declaraciones afortunadas del senador Juan Pablo Letelier , los invito a la reflexión y a abrirse a este tema. Tan importante como el derecho a huelga es que ello se haga en forma pacífica, porque, al final, lo que no debemos hacer es destruir el patrimonio de una industria, el patrimonio de todos los chilenos o comprometer gravemente al resto de la ciudadanía con serias dificultades producto de acciones violentas que van contra la esencia de las huelgas, que siempre deben desarrollarse de manera pacífica.
Aprendamos de la evidencia empírica. Desgraciadamente, Chile hoy está más violento y más intolerante. Las huelgas y los paros ilegales son el pan nuestro de cada día, y la violencia se ejerce sin contrapeso.
Por consiguiente, creo que se ha producido un franco retroceso en esta materia. Espero que las prácticas antisindicales y la restitución del proceso pacífico sean incluidas en el honorable Senado.
Tenía muchas cosas más por decir, pero terminaré mi intervención con el tema de la adaptabilidad.
Parece ser que los conceptos “adaptabilidad” y “flexibilidad” han sido demonizados, al punto de que no se pueden plantear en una discusión.
Al comienzo de mi intervención destaqué lo importante que es que, en el Chile del siglo XXI, las empresas tengan criterios de adaptabilidad respecto de la situación de tantos jóvenes, mujeres, especialmente dueñas de casa, que permitan a los sindicatos negociar no solo salarios, sino también jornadas de trabajo y otras cuestiones que les faciliten la adaptación a las condiciones de trabajo.
Con los diputados Osvaldo Andrade y Tucapel Jiménez , más los de la Alianza, logramos rechazar el artículo quinto transitorio, que establecía un quórum del 60 por ciento para que hubiera adaptabilidad, hasta un piso de 30 por ciento. Lo rechazamos transversalmente, y me alegro de que, al menos en ese punto, exista una visión más amplia.
Sé que tanto al ministro de Hacienda como a la ministra del Trabajo y Previsión Social les preocupa que haya dinamismo. Por primera vez, en más de un año, hemos recuperado el discurso de la importancia del crecimiento económico del país.
¡Por favor, honorable Cámara! ¡La madre de la clase media chilena es el crecimiento económico! Si no hay crecimiento, no hay trabajo; si no hay crecimiento, no hay oportunidades. Es ahí donde hay que poner el eje: en el crecimiento y en la productividad. Me alegro de que el ministro de Hacienda haya incorporado lo que él ha llamado un reequilibrio de esta reforma laboral, y haya dicho no a la negociación por rama, no a la indexación del IPC en la negociación, y haya planteado derechamente la importancia del crecimiento económico.
Por eso la adaptabilidad es tan importante. Seamos coherentes: si ahora estamos exigiendo 30 por ciento de acuerdo del sindicato para que haya adaptabilidad, ¿por qué no exigir a los sindicatos un quórum mínimo de representación? ¿Por qué exigimos 5 o 10 por ciento a los trabajadores para poder tener un sindicato y negociar por todos, pero para tener adaptabilidad exigimos 30 por ciento? Debería haber coherencia: 30 y 30 para todos. Igualdad para adaptarse; igualdad para negociar. Pero eso no se puede. Todo esto va en una dirección incorrecta.
Agradezco los cambios realizados por el gobierno en algunas materias. Respecto de lo que no logramos en la Cámara, espero que se pueda avanzar en el Senado.
Ahora bien, la opinión de la CUT es relevante e importante, y la respeto; no la comparto, pero la respeto, y me sentaré a conversar con sus dirigentes cada vez que sea necesario. La organización de los sindicatos es muy importante; pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor: el bien común general de la nación, y de este debate tenemos que rescatar una reforma laboral que sea la reforma del siglo XXI; que tenga criterios de flexibilidad, de adaptabilidad, de derechos de los trabajadores, de negociación colectiva, de sindicatos fuertes, pero no impuestos, sino libremente generados por sus trabajadores; que entregue oportunidades de trabajo a las mujeres que lo necesitan, a los jóvenes que no lo tienen, a los 600.000 chilenos cesantes, a los millones de chilenos informales.
Esa debe ser nuestra preocupación esencial, pero creo que esta reforma no va en esa dirección. Hago el esfuerzo por encontrarle más virtudes, pero le encuentro más defectos, razón por la cual voy a votar en contra.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
¡Silencio en las tribunas!
Debo recordar a los asistentes a las tribunas que, de acuerdo al Reglamento, deben guardar silencio.
En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín .
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, hoy estamos analizando un proyecto importante para el desarrollo inclusivo de Chile. Esa es la verdad, más allá de que los parlamentarios de la derecha, como el diputado Melero , se esfuercen en argumentar que esta reforma no sirve a Chile, que es mala para los trabajadores, que afectará el crecimiento económico, que generará desempleo y nos traerá todas las penas del infierno.
Pero lo cierto es que toda su argumentación esconde una verdad absoluta y es un mal pretexto para disimular lo obvio: no quieren cambiar nada en materia de derechos colectivos, porque prefieren que los trabajadores sigan teniendo miedo a organizarse para defender sus derechos. ¡Esa es la verdad!
(Aplausos)
Sería bueno que el diputado Melero citara otras encuestas, como el estudio de la denominada “Comisión Meller”, que establece que a más del 60 por ciento de los trabajadores consultados les gustaría organizarse si existieran mayores derechos y no hubiera represalias por parte de los empresarios. Eso también lo dicen estudios serios en la materia. Por eso, siempre hay que ver la realidad tal cual es, y no solo argumentar lo que a uno le conviene.
En este sentido, la verdad es que, desde la recuperación de la democracia, hemos avanzado mucho en materia de democratización, como también en el ámbito laboral, en cuanto a derechos individuales de los trabajadores, e instalamos derechos fundamentales en las relaciones laborales. Pero también hay que ser sinceros y reconocer que, aunque hemos tenido avances en cuanto a derechos individuales, no se ha visto el mismo nivel de desarrollo en lo que respecta a los derechos colectivos. En los últimos 35 años no habíamos sido capaces de traer al Congreso Nacional, para un debate serio y con altura de miras, la discusión sobre un nuevo pacto en las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, pensado en el bien de los trabajadores.
Este nuevo pacto no solo es necesario dadas las añejas estructuras que nos rigen, sino fundamentalmente porque esas mismas estructuras nos han significado encarnar uno de los mayores lastres de nuestra sociedad: tenemos la tasa más alta de desigualdad entre los países de la OCDE, con los cuales tanto nos gusta compararnos.
¿Qué nos señalan las cifras? Que desde hace décadas somos el país de la OCDE que presenta mayor grado de desigualdad. En parte, esa deuda de nuestra sociedad se debe a las precarias y obsoletas normas de derecho colectivo que tiene nuestro país. Por eso estamos legislando para perfeccionar y mejorar los derechos colectivos de los trabajadores.
Quienes quieren continuar con el plan laboral de José Piñera y se oponen a legislar sobre esta materia, buscan perpetuar la desigualdad que ello ha generado. ¿Y quiénes son ellos? Nuestros colegas de derecha.
Esta situación estructural no nos permite avanzar como sociedad, limita nuestras posibilidades de crecimiento, hace sentir a nuestros compatriotas que sus esfuerzos no son compensados con un criterio de justicia y hace surgir el resentimiento y la conflictividad social y laboral. A la larga, esta situación enturbia el clima de inversión y se convierte en un lastre para el crecimiento de Chile. No es efectivo que la reforma laboral detenga el crecimiento del país; lo que sí es cierto es que, si no mejoramos las condiciones de derechos colectivos, el crecimiento en Chile nunca va a ser inclusivo.
Entendemos que la necesidad de fortalecer los derechos colectivos y de modernizar las relaciones laborales es fruto de un largo debate en el país. El informe de la “Comisión Meller” entregó muchas sugerencias, muchas de las cuales han sido incorporadas a este proyecto presentado por el gobierno de la Nueva Mayoría.
Porque hoy estamos en condiciones de avanzar y porque tenemos la convicción de que el país necesita dar un salto en la calidad de sus relaciones laborales y saldar una deuda con los trabajadores es que hoy estamos discutiendo este proyecto de ley, que inició su tramitación en enero de este año.
Nadie puede sostener que estamos sorprendiendo a algún actor del mundo empresarial o laboral con la presentación de este proyecto ni con el debate que se ha generado, pues sus ejes principales ya fueron anunciados en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría y gran parte de sus contenidos han sido socializados y debatidos por un amplio ámbito de actores incumbentes en esta discusión.
La apertura a un mundo más civilizado en materia de relaciones laborales nos ha revelado graves incumplimientos en el ámbito de los derechos colectivos, que tienen su origen en normas heredadas de la dictadura.
El Código del Trabajo escasamente cumple hoy con los instrumentos internacionales ratificados por Chile en cuanto a derechos colectivos. Las observaciones de los órganos de control de la OIT han sido muy severas con nuestro país y señalan que estamos incumpliendo normas internacionales al amparar un sistema de relaciones laborales que permite la convivencia entre sindicatos y grupos espurios de trabajadores, como hoy ocurre con los grupos negociadores. Esta situación provoca que amplios sectores de trabajadores no tengan derecho a la negociación colectiva o se perpetúe un sistema que impide el derecho efectivo a huelga al establecer el reemplazo de los trabajadores en huelga por parte del empleador, pagando una suma de dinero o permitiendo el descuelgue de trabajadores en huelga. Se escudan estas graves faltas en un falso disfraz de libertad sindical. El diputado René Saffirio expresó exactamente lo que significa la libertad sindical, pero con relaciones laborales equilibradas y pensando en los trabajadores.
Este proyecto supera ampliamente esas faltas a las normas internacionales, así como a otras más, y lo hace al prohibir la convivencia de grupos negociadores con los sindicatos en las empresas en que estos existen. Por ello, establece que solo el sindicato podrá negociar, lo que dará certeza, estabilidad y permanencia a las relaciones laborales al interior de la empresa. No se trata de grupos que solo se juntan para un fin en particular, sino de una organización, el sindicato, que siempre está preocupado del bienestar de los trabajadores.
La iniciativa también amplía el derecho a negociar a quienes hoy el Código del Trabajo les prohíbe hacerlo, como los trabajadores por obra o faena transitoria, los trabajadores aprendices y buena parte de los trabajadores llamados eufemísticamente “de confianza”. Además, durante la huelga, prohíbe y establece como práctica desleal el reemplazo de trabajadores por parte del empleador. Adicionalmente, hay mejoras sustanciales en el procedimiento de negociación colectiva, se perfeccionan los instrumentos de mediación, se incorpora un real y efectivo derecho de información para los sindicatos y se establece un piso de negociación que pondrá a nuestras normas a la altura de una legislación que cumple con los estándares internacionales. Ojalá esto nos permita acercarnos a los estándares de la OCDE, con el fin de llegar, por lo menos, al 60 por ciento de cobertura de la negociación colectiva.
Este proyecto también se hace cargo de una proyección a futuro para nuestro país. Esta legislación debe servir a trabajadores y a empleadores para enfrentar las próximas décadas, de relaciones laborales complejas, porque van a existir incertidumbres en el mercado del trabajo. Vamos a tener un espacio de mayor equilibrio para que los trabajadores organizados en sindicatos puedan, sin temor, negociar colectivamente.
Por eso, pediré votación separada del artículo quinto transitorio del proyecto, ya que considero que hay que avanzar gradualmente en los contratos de condiciones especiales. En ese sentido, este proyecto aporta de verdad para que los trabajadores, a través de su organización representativa, que es el sindicato, puedan negociar en mejores condiciones.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete .
El señor POBLETE.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo a todos los dirigentes sindicales y a los trabajadores presentes en las tribunas.
En el programa de la Presidenta Michelle Bachelet existen reformas que son de la máxima importancia para el destino de los millones de trabajadores que hoy mueven a Chile, como, por ejemplo, la que estamos discutiendo, que introduce modificaciones al Código del Trabajo. Esta reforma busca morigerar en algo los efectos feroces del código laboral neoliberal heredado de la dictadura, que dejó, entre muchas otras pérdidas, sin derecho a huelga efectiva a todos los trabajadores del país, quienes han sido el puntal sobre el cual se ha construido el país moderno que tenemos hoy.
Basta hacer una retrospectiva. En el presente hay cientos de miles de trabajadores sin mayores derechos laborales que los que brinda un débil Código del Trabajo, los cuales han sido obligados a cotizar en las administradoras de fondos de pensiones, las que han acumulado cientos de miles de millones de dólares y han contribuido a formar un gigantesco mercado de capitales que invierte en las más diversas empresas, que renta formidablemente para sus dueños, pero que, sin embargo, entrega pensiones de hambre a miles de chilenas y de chilenos. Si no fuera por el pilar solidario implementado en el anterior gobierno de nuestra Presidenta, la catástrofe previsional en la primera gran masa de pensionados del sistema de AFP sería total.
Otro tanto ocurre con las isapres, que han acumulado inmensas ganancias con altas cotizaciones, pero que no se reflejan en las prestaciones de salud que los chilenos necesitan. Ellas buscan jóvenes de altos ingresos y sin siniestralidad, pero dejan afuera a embarazadas, ancianos y niños, salvo que les paguen altísimos planes de salud. Asimismo, modifican unilateralmente los contratos de prestación de servicios de salud, entre otras tantas cosas. Si no fuera porque los tribunales de Chile han ido corrigiendo los enormes abusos que cometen, estaríamos en el peor de los mundos en materia de salud privada.
Por eso, el que hoy nuevamente busquemos corregir las enormes inequidades que nos dejó por herencia el Código del Trabajo de 1980 no solo nos debe llenar de alegría y de esperanza, sino que además nos pone un desafío enorme, cual es recuperar el tranco modernizador, pero a la vez reformista, que Chile necesita.
Por eso, nos debe mover a orgullo la idea fundamental de este proyecto, que es actualizar nuestro sistema de relaciones laborales para garantizar un adecuado equilibrio entre las partes, con pleno respeto a la libertad sindical, tan vapuleada en nuestro ordenamiento jurídico. A pesar de los errores, de las dificultades y de todas las campañas políticas y comunicacionales que tengamos en contra, vamos avanzando.
Hoy, en un Chile del siglo XXI, la democracia no puede estar limitada al ejercicio de las libertades civiles y políticas; también conlleva el compromiso de todas y de todos para el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran las libertades sindicales.
La organización de los trabajadores en sindicatos y órganos superiores de representación es fundamental para formular propuestas destinadas a participar de los frutos del crecimiento económico de las empresas. Además, es la manera inteligente y contemporánea de conseguir una sociedad más justa, solidaria e igualitaria.
Por más de treinta años nuestro país ha vivido con una mordaza sindical para evitar la proliferación de conflictos. Esa política de evitar conflictos por la vía de taparlos, negando derechos universales, solo esconde mecanismos institucionales no adecuados para su resolución acertada, democrática y justa, ya que los conflictos recrudecen de igual forma, proliferando el descontento y la sensación de impunidad entre los trabajadores que ven cómo sus demandas y sus peticiones son palabras sin valor que carecen de todo poder negociador.
El contrato social debe reconocer toda la gama de derechos sindicales, pues el bien común pasa, sin duda alguna, por el bienestar de los trabajadores, y este se cimienta en la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de la población. Es parte legítima del pacto social admitir la diversidad de intereses, la redistribución del producto económico y la solución de los conflictos y de las controversias con pleno respeto de los derechos fundamentales.
Por eso celebramos que se nos plantee, como cuerpo legislador, una ampliación de la cobertura de la negociación colectiva a trabajadores que hoy están excluidos de ejercer ese derecho, eliminando parte de las prohibiciones y exclusiones que hoy existen. Lo mismo respecto de los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje.
Argumentos, razones y buenas intenciones sobran. Es el momento de pensar en los trabajadores, de entender al Chile constructor de su futuro. Es, quizá, el instante de que la patria mire hacia adentro, preocupándose del futuro de sus habitantes.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, quiero saludar a la ministradel Trabajo y Previsión Social, al subsecretario del Trabajo, a las y los colegas y a quienes nos acompañan en la tribuna.
Me preocupa la evolución que ha tenido esta reforma, al igual como ha ocurrido con la educacional y la tributaria. Todos estábamos de acuerdo en generar cambios beneficiosos en el país para acortar las brechas de desigualdad. El problema está en que, a la hora de entrar al área chica, vemos que lo presentado por el Ejecutivo al Congreso Nacional tiene poco o nada que ver con el espíritu de transformación que anhela el país.
Particularmente en la reforma laboral, el Ejecutivo, una vez más, elude los temas de fondo y en vez de generar una batería de modificaciones que apunten a mejorar las relaciones laborales entre empleador y trabajador, sin herir el crecimiento económico, la inversión y el empleo, presenta una iniciativa acéfala y extraña, que, finalmente, termina atentando contra el empleo, que es precisamente lo que hay que proteger.
Me preocupa la falta de matices, diferenciaciones y reconocimientos a los diferentes campos productivos, cuyas realidades en materia laboral son absolutamente distintas. En especial me inquieta sobremanera el problema que se va a generar en el sector de la construcción. Cabe mencionar que del total de la inversión que realizan todos los sectores productivos del país, el 64 por ciento se destina a construcción. Por lo tanto, no es un tema menor y nos invita a estar atentos, porque se trata de un área sensible a las variaciones del mercado y a las políticas públicas erráticas, que es lo que sucede en este caso.
La reforma laboral, tal cual está planteada hoy, significa, por ejemplo, no reconocer que la construcción en Chile emplea al porcentaje de la población con menor acceso a la educación, y, por consiguiente, con menor nivel de especialización. Capta al que busca trabajo por primera vez, sin tener un nivel de formación que lo avale. Las cifras indican que uno de cada tres trabajadores de la construcción nunca estudió o solo cuenta con educación primaria.
Otra variable es que este proyecto desconoce la forma de vinculación laboral que existe hoy entre empleador y trabajador. Es sabido que existe un porcentaje importante de microempresas y micro-emprendimientos que son contratados por periodos muy breves y puntuales -por obra o faena-, alimentando la relación de carácter contractual transitorio que termina por satisfacer las necesidades de construcción del país.
Esta reforma, según información oficial de la Cámara Chilena de la Construcción, afectará a microempresas y pymes que emplean al 81 por ciento de los trabajadores del sector, los cuales tienen una muy baja posibilidad de reconversión laboral y de incorporarse a otras áreas productivas de la economía.
Este proyecto de ley discrimina entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, dejando a estos últimos supeditados a las decisiones de los primeros. Se privilegia a una minoría en desmedro de una mayoría que no necesariamente se siente interpretada. Dado lo anterior, el proyecto incentiva artificialmente la sindicalización.
La iniciativa significa un claro desincentivo a la contratación de trabajadores y un fuerte estímulo al uso de la tecnología.
Señor Presidente, insisto, a esta reforma, al igual que a otras, le faltó no una, sino varias vueltas de tuerca para responder realmente a lo que Chile necesita en materia laboral, sin afectar a los trabajadores, a las pymes, al crecimiento, a la inversión y, en definitiva, al empleo.
Creo que una vez más estamos corriendo serio riesgo de que este proyecto impacte negativamente en las relaciones laborales en lugar de favorecerlas. Lo peor de todo es que no ataca el problema de fondo, cual es la desigualdad en Chile.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, comparto la observación del diputado Patricio Melero , en el sentido de que esta debió ser una reforma del siglo XX. Claro que el diputado Melero no señaló, a renglón seguido, que la razón por la que no se llevó a cabo en esa época se debió, en primer lugar, a diecisiete años de una dictadura feroz y, en segundo lugar, a una Alianza por Chile sobrerrepresentada en este Parlamento, que impidió cualquier reforma laboral imaginable.
En segundo lugar, disiento del diputado Melero respecto de su diagnóstico, porque arranca de la idea de que los trabajadores son seres que están esperando condiciones para destrozar al empresario y el desarrollo empresarial. Eso me hace pensar que no le han servido de nada las frecuentes visitas anuales a la OIT, donde se ha encontrado con un desarrollo empresarial moderno, que acepta la existencia de sindicatos poderosos con derecho efectivo a huelga, y con una distribución de los excedentes de la producción mucho más justa.
Ahora bien, a mi juicio, hay tres instrumentos principales para reducir la desigualdad, objetivo principal de este gobierno. Primero, mayor solidaridad tributaria -en ese sentido, llevamos a cabo una reforma que consiste en que los que tienen más, paguen proporcionalmente más-; segundo, inversión en oportunidades igualitarias en educación, y tercero, reducción del desequilibrio entre el capital y el trabajo, con el fin de que la distribución de los excedentes de la producción sea mucho más justa. La Presidenta Bachelet y el gobierno de la Nueva Mayoría están cumpliendo sus compromisos en estas tres materias.
Los voceros del empresariado han expresado acá temor ante una sociedad más igualitaria. La paz social, el desarrollo y la felicidad individual son mayores en sociedades con menos diferencias sociales; es un hecho de la causa. Si comparamos empresas con sindicatos con empresas sin sindicatos, todos los factores de desarrollo empresarial son mejores en las primeras.
Siento -imagino que es un sentimiento compartido, por lo menos en estas bancadas del Parlamento- que estamos pagando una deuda de muchos años. Desde 1990 hemos gobernado 21 de 25 años. Con todo, las tasas de sindicalización y las tasas de negociación colectiva son demasiado similares a las de 1989, último año de la dictadura. ¿Por qué? Porque no pudimos ni tuvimos el coraje de tocar los nervios que explican que no se haya desarrollado el sindicalismo y que se haya restringido la negociación colectiva al punto que observamos hoy. Ahora estamos tocando esos nervios.
El primero de ellos es la sindicalización. Al respecto, me pregunto qué incentivo tiene un trabajador para afiliarse a un sindicato. Todavía existe persecución sindical. Eso lo saben los compañeros que nos acompañan en las tribunas.
(Aplausos)
Todavía hay persecución sindical y todavía en los trabajadores hay temor de afiliarse a un sindicato. ¿Qué incentivo puede existir para afiliarse a un sindicato si basta con conformar un grupo negociador ocasional para negociar con el empresariado? ¡Eso no existe en ninguna parte del mundo! Al menos no existe en los países que integran la OIT. Para eso existen los sindicatos, actores estables y duraderos que cuentan con programas, plataformas y rinden cuenta de su gestión.
¿Qué incentivo puede haber para afiliarse a un sindicato si sin pagar cuotas, sin comprometerse, sin asistir a reuniones, sin correr ningún riesgo, los trabajadores no sindicalizados reciben por extensión los beneficios sancionados por el empresario? ¿Cómo pretendemos tener un país con más sindicalización si no establecemos la titularidad sindical?
Por eso les digo a las bancadas de enfrente que asuman su contradicción. ¿Quieren un país con menos sindicalización o no quieren titularidad sindical?
Mañana, a la hora de la votación, la línea divisoria va a separar a quienes prefieren empresas sin sindicatos o con sindicatos débiles, de los que pensamos que todos los trabajadores deben estar sindicalizados y tener derecho a huelga efectiva; a quienes pensamos que el desarrollo y la paz social son duraderos cuando se amplían los derechos sociales, de los voceros de un empresariado que quiere mantener la relación tremendamente asimétrica que hoy existe entre el trabajo y el capital.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gaspar Rivas .
El señor RIVAS.-
Señor Presidente, se supone que cualquier persona bien intencionada y bien nacida debe estar a favor de una reforma laboral que otorgue derechos más justos a los trabajadores. Desgraciadamente, esta reforma, más que laboral, es empresarial, porque no está beneficiando a los trabajadores, sino a los empresarios.
¿Es un invento mío? Para nada. El pasado 1° de mayo, sin plegarse a la marcha de la CUT y del gobierno, marcharon miles de trabajadores que saben que esta reforma los va a perjudicar. Obviamente, esa marcha fue totalmente invisibilizada por el gobierno y por la prensa.
Aquí, la derecha y la izquierda están trabajando absolutamente unidas. Los empresarios gritaron y patalearon, porque tienen que hacer su show. La derecha va a decir que aquí se va a afectar el crecimiento económico y el empleo. Hace rato que no me compro ese cuento. ¡Basta ya de crecimiento económico hecho a costillas de los trabajadores!
Por su parte, la izquierda también está traicionando las justas reivindicaciones de los trabajadores. Ya bien lo decía el poeta Nicanor Parra : la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Mientras la derecha explota a los trabajadores, la izquierda les miente y los engaña.
¿Cómo puede ser buena una reforma si no considera a casi tres millones de trabajadores que forman parte de las pymes? Además, establece que las huelgas deben ser pacíficas. Un dirigente sindical que se para frente a un bus que trae a quienes reemplazarán a los trabajadores en huelga, por el solo hecho de hacerlo, puede perder el fuero. Luego ese dirigente denunciará ese hecho como práctica antisindical. ¿Y qué pasa con los rompehuelgas? Los rompehuelgas los deben poner los propios sindicatos, con lo cual se “autoaserruchan” el piso.
¿Qué ocurre con los convenios colectivos, que fue un arma del plan laboral de Piñera? Aquí no son tocados.
¿Qué pasa con la negociación por rama? No será concedida a los sindicatos. ¿Y con el pacto de adaptabilidad? El sindicato con los trabajadores pueden pactar una jornada de trabajo incluso más alta que la legal.
Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con esta farsa antiobrera.
Quiero dar un mensaje a los trabajadores: únanse; sean hoy más hermanos que nunca, porque la lucha de los trabajadores, la lucha de la clase trabajadora es lo único que les permitirá acceder a las justas reivindicaciones que defienden con dignidad. Rebélense; salgan a la calle; marchen en contra de esta estafa.
Los están engañando; no es una reforma laboral, es una reforma empresarial.
¡La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas!
Votaré en contra este proyecto de ley.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, a comienzos de este año estuvo en Chile uno de los economistas más famosos del mundo. Me refiero al francés Thomas Piketty , quien ha realizado importantísimos análisis acerca de la distribución de la riqueza en el mundo. Sobre el particular ha dicho que, de las distintas formas de medirla, hay un parámetro que radiografía muy bien las sociedades. Se trata de aquel que mide cuánto se lleva el 1 por ciento más rico de la población.
De acuerdo a ese parámetro, Piketty señaló que Chile es el país más desigual del mundo. No dijo que fuera uno de los diez países más ricos del mundo, ni tampoco uno de los diez países más desiguales del mundo, sino -repito- el más desigual de la Tierra, donde el uno por ciento más rico de la población se lleva el 35 por ciento de todo lo que produce el país.
Entonces, cómo no va a ser importante una reforma laboral que le dé posibilidades de negociación colectiva y organización sindical a los trabajadores de Chile.
Quiero detenerme en una paradoja.
En paralelo estamos estudiando una iniciativa para, por fin, terminar con los aportes reservados dirigidos a quienes quieran ser candidatos a cargos de representación popular. Hay una relación directa entre los aportes reservados que recibe el 1 por ciento más rico y la forma en que se va a votar este proyecto. Señor Presidente, le aseguro que ninguno de los candidatos que recibieron sobre 100 millones de pesos va a votar a favor de la reforma laboral. Es más, todos los que recibieron más de 100 millones de pesos de ese uno por ciento más rico van a votar en contra de la reforma laboral. Me refiero a quienes aparecen en la lista oficial entregada por el Servel.
El diputado Nicolás Monckeberg decía que este gobierno está secuestrado por la CUT. ¿Sabe usted cuál es la verdad? Que este Parlamento tiene al menos la mitad de sus parlamentarios secuestrados por el gran empresariado nacional, por lo que aspiro a que, de una vez por todas, este Parlamento esté libre de influencias y libre de empresarios, y tengamos, alguna vez, parlamentarios que puedan mirar a la cara a la gente.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, en ocasiones pareciera que estuviéramos en un documental de los años 60 o 70, en ese mundo monocromático en donde o estás conmigo y crees exactamente lo que yo pienso, o tengo que anularte. Quienes no nacimos en esa época, sino en los 80, no lo vemos así.
Tal como ha ocurrido en el debate de otros proyectos de ley, escuchamos discursos grandilocuentes sobre las maravillas y virtudes de esta iniciativa, que casi pareciera haber sido escrita por ángeles. Otros hablan de cómo con este cambio ahora sí tendremos derechos laborales, como si en los últimos 25 años todo hubiera estado mal y, por ende, deberíamos derrumbar todo para volver a construir, pero con las antiguas y fracasadas utopías, esas que viven de la desconfianza, del conflicto, de la deshumanización.
Hace muchos años, James Madison escribió en El Federalista que si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario, y si los ángeles fueran a gobernar a los hombres, los controles externos o internos no serían necesarios.
Ya casi da vergüenza decirlo, pero, obviamente, no somos ángeles ni, por supuesto, estamos gobernados por ellos. Entonces, necesitamos reglas claras que reconozcan y protejan nuestros derechos. Por cierto, este proyecto no es ninguna maravilla ni menos angelical.
Soy de los que creen que la Constitución y las leyes se originan para reconocer nuestros derechos, poner límites al poder del Estado y que exista equilibrio de poderes. De ahí se deduce que sí es necesaria una regulación de la legítima negociación entre los trabajadores y quienes dirigen las empresas, porque debe haber un adecuado equilibrio para que dicha negociación sea justa.
Por lo mismo, son de gran valor los sindicatos, la negociación colectiva y el derecho a huelga; pero de ello no se deduce que cualquier regulación sea buena o que cualquier cosa que se nos ocurra beneficiará a los trabajadores, en especial las grandes proclamas que hemos escuchado, que son completamente vacías, como la lógica del conflicto profundo, de la lucha de clases, de casi una guerra al interior de cada empresa, porque es precisamente esa lógica la que demuele, la que detiene, la que perjudica a los trabajadores.
Valoro profundamente las organizaciones libres de personas, más aún cuando tienen un fin específico, como ocurre con los sindicatos, cuyo objetivo es velar por el bienestar de los trabajadores a los que representan, aunque esto le molesta mucho a un grupo de personas: a quienes quieren utilizar a los sindicatos como instrumentos partidistas, a quienes quieren utilizar a los trabajadores, en vez de velar por sus derechos y su bienestar.
La lógica del conflicto profundo es, además, equivocada. Los trabajadores y las empresas se necesitan mutuamente. Esto es casi obvio, porque si no hay empresas, difícilmente habrá sindicatos; si no hay un justo equilibrio, se perjudica a los trabajadores o se perjudica a la empresa y, por lo tanto, a los mismos trabajadores. Una empresa no puede existir sin su trabajo.
Aquí se ha dicho que no importa cuánto crezcamos, que solo hay que redistribuir. Esa es la lógica de la mediocridad, del retroceso, fracasada en el mundo entero. Por eso considero que lo que se plantea es una reforma retro.
Es claro que la sociedad ha cambiado y que muchas empresas no han entendido o no se han ajustado a los nuevos tiempos. No basta con maximizar la última línea en el corto plazo, sino que debemos pensar en un crecimiento sostenible y sustentable, que mire el mediano y el largo plazo, que cree valor en vez de solo acumular.
Así, la preocupación por el medio ambiente, por los trabajadores, por la familia de los trabajadores, por el barrio en donde se encuentra, por la sociedad en la cual se enmarca, no es responsabilidad social empresarial; es parte de la esencia de la empresa.
Por lo tanto, sí debemos ajustar nuestras reglas laborales, pero atendiendo el equilibrio y la modernidad; el futuro, no el pasado.
Se ha dicho además que con este proyecto de ley Chile se pone al día respecto de los tratados internacionales que ha suscrito. Sin embargo, el pasado fin de semana el profesor Hernán Salinas nos recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen el derecho a asociarse libremente con fines sindicales. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Por otra parte, el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, declara que nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. Y por si fuera poco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la libertad de asociación supone que cada persona pueda determinar, sin coacción alguna, si desea o no formar parte de una asociación.
El profesor Salinas agregó que este proyecto de reforma laboral limita la negociación colectiva a los sindicatos cuando ellos existan en una empresa, e impide que los beneficios obtenidos por estos en dicha negociación sean traspasados a los trabajadores no sindicalizados. Ello vulnera, en opinión del profesor Salinas , la esencia del derecho a la libertad sindical y la libertad de asociación. Además, entra en contradicción con principios fundamentales del derecho internacional en materia de no discriminación e igualdad ante la ley.
Vivimos un momento de crisis de poder, con instituciones que no responden como deben. A eso se suma que hay quienes plantean que hay que “retroexcavar” Chile, que hay que terminar con el progreso alcanzado a la fecha y, por lo tanto, que todas las reformas que se hagan deben ser revolucionarias, en vez de evolucionarias. En vez de evolucionar, quieren ir a lo retro. Eso ha afectado el crecimiento, la capacidad del Estado de poner foco en los más vulnerables. No creceremos más de 2,5 por ciento, se están perdiendo empleos, baja la inversión, las expectativas se desploman.
Señor Presidente, ¿necesitamos nuevas y mejores leyes laborales que protejan a los trabajadores, establezcan un justo equilibrio y miren hacia el futuro? Por supuesto que sí, pero esta no es esa ley.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el gobierno de la Nueva Mayoría se comprometió a nivelar la cancha en el ámbito laboral, promoviendo un proyecto de ley que fortalezca la negociación colectiva en las empresas y donde el sindicato tenga la titularidad de la negociación reglada de las condiciones de trabajo.
Las relaciones laborales en nuestro país presentan una fuerte asimetría, pues el empleador saca la mejor parte y la situación de los trabajadores, en un alto porcentaje, es de alta precariedad. Por ejemplo, en lo salarial, el 75 por ciento de la fuerza laboral del país, nuestra patria, gana menos de 520.000 pesos mensuales.
Modernizar las relaciones laborales es apostar a que haya más negociación y diálogo en las empresas, para que puedan pactarse mejores contratos colectivos, que las ganancias en productividad se traspasen a salarios y que predomine una nueva cultura laboral, con más cooperación que conflicto.
Estos razonables objetivos de una legislación laboral moderna fueron desestimados por los gremios empresariales, que descalificaron el proyecto de ley gubernamental desde el primer día, cuestionando el mayor protagonismo de los sindicatos. Su principal crítica es que se trata de una reforma prosindical que no se preocupa por fomentar más empleos.
No es casualidad, entonces, que nuestros colegas de la UDI que integran la Comisión de Hacienda toquen siempre el tema de la productividad, olvidándose de los trabajadores.
Claramente al empresariado y a los ejecutivos de empresas no les gustan los sindicatos ni que los trabajadores se organicen para negociar contratos colectivos de trabajo; al contrario, este seudoempresariado moderno, como no quiere sindicatos, prefiere a los trabajadores atomizados en grupos negociadores, sin peso en el mundo social y menos con poder de representación en las empresas.
Nuestro empresariado debiera aprender de los países desarrollados, donde la negociación colectiva y la presencia de organizaciones sindicales importantes son parte del paisaje de una sociedad moderna y más productiva.
No se puede alcanzar un desarrollo más inclusivo sin innovaciones en las empresas en un marco de acuerdo y diálogo con los sindicatos, como plantean los pactos de adaptabilidad que promueve el proyecto en debate. Nunca alcanzaremos el estatus de país desarrollado con una clase empresarial que desconfía y busca anular a los sindicatos.
Las empresas más innovadoras son aquellas en las que hay inversión en capital humano, los trabajadores están en permanente capacitación, los salarios crecen según la productividad alcanzada y en las que se cuenta con negociación colectiva reglada entre empleadores y sindicatos.
El sindicalismo también tiene una enorme responsabilidad en orden a generar los liderazgos que repotencien la acción sindical por la vía del diálogo con quienes corresponde.
La nueva legislación potenciará el rol de las mujeres en el sindicalismo, ya que establece el deber de que estén representadas en las directivas sindicales.
Hay que ser muy claros: estamos en presencia de un proyecto de ley de reforma laboral que quiere hacer justicia en muchos ámbitos.
Hoy, no más del 12 por ciento de los trabajadores está sindicalizado. ¿Por qué no lo está el resto? Precisamente, porque hay empresarios que no lo quieren.
Necesitamos sindicatos fuertes; necesitamos que esta iniciativa se promulgue como ley de la república; necesitamos una visión moderna, del siglo XXI, para hacer justicia en estas materias.
Al sacar adelante la reforma laboral daremos cumplimiento a los compromisos del programa de la Presidenta Michelle Bachelet .
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, esta mañana hemos escuchado a los representantes de la oposición, en especial de la UDI, sostener que la reforma laboral prácticamente va a destruir la economía de nuestro país. Pero el propósito del proyecto busca todo lo contrario: establecer relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes, en las que predomine el diálogo, el acuerdo combinado y los objetivos de equidad, de eficiencia y de productividad.
Desde esa perspectiva, si existe equilibrio entre el trabajador y el empresario durante la negociación, la empresa podrá desarrollarse mejor, pues no cabe duda de que cuando los trabajadores están tranquilos y contentos, producen mucho más. En consecuencia, la empresa producirá más y la economía de nuestro país crecerá.
El diputado Patricio Melero dijo que en la Comisión de Trabajo, a la cual pertenezco, logramos que del concepto “huelga pacífica” se eliminara el término “pacífica”. Considero que ese cambio constituye un gran avance en orden a creer en los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, en sus capacidades para sostener una conversación con los empresarios al mismo nivel y desarrollar la huelga de manera responsable.
No hay duda de que si los empresarios tratan mal a sus trabajadores, la respuesta será negativa. Por lo tanto, sigo insistiendo, no necesitamos explicitar que la huelga debe realizarse “pacíficamente” y agregar otros términos para que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país se desarrollen en un mismo nivel con los empresarios y lograr que las empresas respondan.
Sostuve que no hay sindicalización en Chile y la razón es clara: hay temor entre los trabajadores. ¡Hay terror entre los trabajadores! Por ejemplo, en mi zona, la empresa Agro Tantehue está despidiendo de diez en diez a los trabajadores sindicalizados, porque en dos meses más se iniciará el proceso de negociación colectiva de Agrosuper. Para debilitar a los sindicatos, ¿qué mejor que desvincular a los sindicalizados y dejar a los que no lo están?
El proyecto se convertirá en una ley clara que nos permitirá recuperar lo que teníamos antes de la dictadura: sindicatos fuertes capaces de pararse a un mismo nivel frente a los empresarios. En consecuencia, los trabajadores se desarrollarán, como antaño, amparados en la continuidad laboral.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al señor Patricio Melero que hoy no hay continuidad laboral, porque los empresarios no quieren, pues no les conviene que los trabajadores se capaciten para obtener mejores puestos en sus empresas. La idea es mantener a los trabajadores minimizados. Pese a lo descrito, cabe mencionar que en estos años hemos avanzado en empoderar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Los últimos siete meses nos dedicamos a trabajar en el proyecto en debate, escuchándolos a todos, mirándonos a las caras, mirando a los empresarios de diferentes niveles, a los sindicatos y a los trabajadores. A pesar de que queríamos que el proyecto incorporara aún más avances, sabemos que, dada la coyuntura actual, se debía ceder en algunos aspectos.
Estamos avanzando en una reforma que, pese a que a nosotros, a los trabajadores de nuestro país y a la Central Unitaria de Trabajadores no nos satisface ciento por ciento, sin duda dará fuerza a los sindicatos. La reforma permitirá que la sindicalización crezca y que, por tanto, se genere una mejor distribución de las ganancias por productividad.
La reforma también nos ha permitido avanzar en materia de equidad de género. Se ha posicionado la idea de que, además de más y mejor diálogo social y de negociaciones colectivas, se requiere incorporar mecanismos y medidas relativos al género, con el fin de consolidar un trabajo justo y equitativo entre los hombres y las mujeres de nuestro país.
En ese sentido, el proyecto moderniza los sistemas de relaciones laborales. A partir del análisis realizado en la Comisión de Trabajo, quedó en evidencia que existe un amplio consenso entre los actores sociales respecto de que es necesario aumentar la participación femenina en las organizaciones sindicales. La mirada de género debe existir en todos los niveles de nuestro país y, por ello, establecimos requisitos porcentuales en las organizaciones sindicales. La idea es que en toda negociación colectiva participe, a lo menos, una mujer. De esa manera, se otorgará a la equidad de género la debida perspectiva que las trabajadoras chilenas queremos.
Ojalá hubiera contando con más minutos para explicar, de una manera más amplia, la discusión que se generó en la Comisión de Trabajo y, también, para compartir con los trabajadores que hoy están presenciando la sesión, la tónica de las discusiones que hubo en dicha instancia. El debate que se generó me recordó a aquel dictador que dijo: “En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”.
¡Señores de la derecha: hoy los trabajadores mueven sus manos porque sabemos que vamos a cambiar el país! ¡Los trabajadores recuperarán los derechos que tuvieron antes y los ejercerán en el futuro!
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Señora diputada, el minuto extra que utilizó será descontado de las próximas intervenciones de su bancada.
Tiene la palabra el diputado Cristián Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señor Presidente, la reforma laboral que hoy discutimos y que tramitamos por bastantes meses en la Comisión de Trabajo, apunta a tres ejes fundamentales: fortalecer la negociación colectiva, a través del otorgamiento de facultades exclusivas a los sindicatos; poner fin al reemplazo en la huelga y fortalecer las organizaciones sindicales.
Me parece muy bien y muy legítimo que el gobierno impulse una reforma que trate las materias mencionadas y que, además, tenga magnitud y profundidad, independientemente de que no la compartamos.
Asimismo, sé que los argumentos han sido sólidos en uno y en otro lado. Sin embargo, el hecho de que se recurra a la figura del dictador quiere decir que los argumentos se están cayendo a pedazos, lo cual habla muy mal o no muy bien de quienes quieren defender esta reforma desde un punto de vista argumentativo, para fomentar y proteger los derechos de los trabajadores. Cuando se hace alusión a figuras históricas, independientemente de si son del gusto del orador, claramente no se apunta a defender el fondo o el camino que se pretende establecer a través de la reforma, la cual más que laboral es sindical.
En definitiva, la reforma propuesta por el Ejecutivo, en el afán de satisfacer los requerimientos de las organizaciones sindicales, solo se hace cargo de una parte de lo que queríamos abordar, a saber, el fortalecimiento de la sindicalización, y deja sin respuesta otros aspectos que consideramos muy importantes y que los hicimos presentes en la comisión. Me refiero a incentivar y potenciar el empleo, a mejorar la calidad y la estabilidad de las plazas laborales y a favorecer el ingreso al mundo laboral de miles y miles de personas que en la actualidad han perdido el trabajo o no han accedido a él.
En ese sentido, espero que en la tarde la directora del Instituto Nacional de Estadísticas dé explicaciones relativamente válidas sobre por qué en la realización de la Encuesta Nacional de Empleo se responsabiliza de la tasa de desempleo a las personas que declararon “no tener deseos de trabajar”, lo que al parecer no era así.
Repito, habríamos querido que la reforma recogiera la necesidad de incorporar al mundo del trabajo a miles de personas, principalmente mujeres y jóvenes.
No podemos desconocer que existen bajas tasas de sindicalización. Si ello es culpa del dictador, de José Piñera, de las actuales normativas en el mundo del trabajo o de los veinticinco años de gobiernos de la Concertación, que no fue capaz de afrontar esa realidad, no lo sé. Lo que sí está claro es que existe 15 por ciento de trabajadores sindicalizados y que un porcentaje altísimo no lo está. Algo está pasando. Echarle la culpa exclusivamente a las prácticas antisindicales no me parece adecuado.
También hay un tema de fondo, del cual los sindicatos se tienen que hacer cargo, que dice relación con la calidad y la eficacia de las organizaciones sindicales. Un trabajador que ingresa a una empresa, ¿quiere formar parte de un sindicato? Ahí está la duda. Esos son los temas que hay que evaluar. Desde las tribunas se escucha: “No, porque los echan”. Está bien; puede ser. Hay diferentes razones; pero los trabajadores no quieren formar parte masivamente de las organizaciones sindicales.
A través del proyecto, ¿vamos a lograr obligatoriamente que las personas formen parte de los sindicatos? Al parecer, sí, porque a través de una fórmula jurídica se va a obligar a ello. ¿Es esa la manera en que las personas participen activamente en los sindicatos y estén contentas y conformes con la labor que van a realizar las organizaciones sindicales respecto de la defensa de los derechos de los trabajadores? Tengo mis dudas. No sé a qué atribuirlo todavía. Algunos culpan al dictador o a José Piñera ; otros, como yo, a la gestión de los gobiernos de la Concertación, los que podrían haber corregido esta situación, pero no lo hicieron, pese a que necesitaban solo mayoría simple para aprobar las normas pertinentes para ello.
El debate me parece legítimo, muy justo, pero hay temas que faltan.
Así como se ha planteado fuertemente empoderar a los sindicatos y a los trabajadores, me habría encantado que el gobierno de la Nueva Mayoría, o la Presidenta de la República, hubiera asumido el compromiso -como lo hizo el gobierno anterior- de generar nuevos empleos, lo cual es muy necesario. Esa es la otra mitad de la historia que echamos de menos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Concluyó su tiempo, señor diputado.
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señora Presidenta, me restan siete minutos correspondientes a mi bancada, porque el diputado señor Gonzalo Fuenzalida renunció a su tiempo.
Repito, el gobierno desea sacar adelante este proyecto, relacionado con el fortalecimiento de los sindicatos, las organizaciones sindicales y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, echo de menos el compromiso con la creación y el fortalecimiento de nuevos puestos de trabajo, mejor mano de obra y mejores remuneraciones, tal como ocurrió durante el gobierno anterior. Ese era el compromiso que echábamos de menos, y era importante que estuviera presente en la discusión.
Según recuerdo, todas las reformas laborales han contado con una gran adhesión ciudadana. Esta, por el contrario, ha contado con la más baja adhesión ciudadana, traducida en 28 o 30 por ciento de respaldo. Algo nos dice que el mundo del trabajo y la ciudadanía no están conformes con esta reforma.
Sería injusto decir que el gobierno no ha hecho su pega: la ha hecho; ha tenido dos ministras empoderadas. Se reconoce su trabajo. Hemos hecho una serie de planteamientos. Muy pocos se recogieron. Eso nos llevó a rechazar la reforma. Hubo muchas normas que votamos a favor, porque consideramos que era importante avanzar en determinadas materias. Pero, en general, el proyecto en su conjunto, como planteamiento para mejorar la calidad de vida de las personas a través de normas laborales, no es el más adecuado.
Renovación Nacional no está conforme con la reforma. Por lo tanto, no está disponible para seguir avanzando en ella.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero saludar al señor subsecretario del Trabajo y hacer un reconocimiento a la labor de la exministra del Trabajo, señora Javiera Blanco ; también a la gestión de la actual ministra del ramo, señora Ximena Rincón .
Comenzamos a ponernos al día con nuestros trabajadores. Hay muchas personas que piensan que con esta reforma laboral se acaba la agenda laboral. Sin embargo, hay muchos temas pendientes que debemos abordar en la Comisión de Trabajo.
Decía que estamos comenzando a ponernos al día con uno de los mayores problemas de Chile. Creo que la unanimidad o la mayoría de los diputados presentes están de acuerdo respecto de la desigualdad existente en nuestro país. La desigualdad ha sido la herida abierta de Chile. Esa situación afecta a nuestros compatriotas en el ámbito de la salud, de la educación y del trabajo.
Amarga es la experiencia que viven nuestros trabajadores y trabajadoras cuando se enteran de que las pensiones que van a recibir ni siquiera alcanzan el monto del sueldo mínimo. El 1 por ciento más rico de la población concentra el 31 por ciento de los ingresos del país. Esa es desigualdad pura.
Con esta iniciativa -no lo digo yo, sino los informes de la OIT-, comienza a ponerse fin al problema de la desigualdad, porque los trabajadores, empoderados y unidos con fuerza, contarán con mejores condiciones laborales y percibirán mejores sueldos.
Es bueno hacer un poco de historia.
Si hay un personaje que le ha hecho daño a nuestro país es José Piñera . No solo nos dejó un sistema de pensiones que hoy todo el país señala que hay que modificarlo, porque no entrega las pensiones que merecen nuestros adultos mayores, sino que además nos legó el famoso plan laboral. ¿Qué buscaba ese plan? Primero, que la huelga no fuera efectiva al disponer el reemplazo de los trabajadores en huelga. El objetivo de una huelga es siempre detener la producción. Hoy, con el reemplazo, ello no es posible. Estas prácticas se traducen en las famosas tocatas fuera de las empresas, en las que los trabajadores, con tambores, protestan y meten ruido, pero la producción no se detiene.
En segundo lugar, el plan laboral reservó la negociación colectiva solo a nivel de empresas. También incluyó a los famosos grupos negociadores. Esa es más o menos la historia del plan laboral, que ha debilitado a nuestro movimiento sindical.
Recordando los datos de la desigualdad en Chile y los pilares del plan laboral de José Piñera, es posible señalar que la actual situación laboral está directamente relacionada con el profundo desequilibrio existente entre los trabajadores y los empleadores a la hora de sentarse a la mesa a discutir sobre mejores condiciones en esta materia. Por eso insisto en que la unidad hace la fuerza y en que los trabajadores unidos y empoderados pueden lograr mejores condiciones salariales y laborales.
Cuando digo que la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad -sin mencionar la educación y el crecimiento económico- es la negociación colectiva -para ello debe haber sindicatos fuertes y trabajadores organizados- es porque la realidad así lo ha demostrado y la OIT lo ha corroborado en varios informes.
Tanto creo en los sindicatos fuertes, empoderados, grandes y unidos, que en 2007, con el entonces diputado Álvaro Escobar presentamos un proyecto de sindicalización automática. Estábamos convencidos de que era la mejor manera de fortalecer los sindicatos, y también una buena forma para que los propios trabajadores, sentados a una mesa con los empleadores, pudieran negociar sus condiciones y sus salarios, a fin de tener una mejor calidad de vida. Hoy, eso no se hizo realidad, pero lo de la titularidad es mejor. ¿Qué dice nuestro proyecto? Habla de la titularidad sindical.
Al respecto -por supuesto-, hemos escuchado a nuestros colegas de oposición decir que esto es una sindicalización automática encubierta. Con el mismo argumento, uno podría decir que lo que existe hoy es justamente una desmotivación sindical encubierta, porque cuando los empresarios extienden un beneficio -muchos hacen eso de buena fe-, podemos pensar que lo hacen porque efectivamente quieren extenderlo; pero también podemos pensar que su única motivación es que los trabajadores no se sindicalicen. Porque es muy distinto que un trabajador se quede sentado en su escritorio y que el 10 por ciento de los trabajadores, los sindicalizados, se sacrifique, se lleve el desgaste, los despidos, los descuentos, y que además los beneficios que ese 10 por ciento consiga le lleguen también a aquel. La situación es muy diferente para el sindicato si sigue siendo pequeño, porque cuando tenga que negociar a futuro, los beneficios que consiga esa asociación, que representa al 10 por ciento, serán mucho menores que si se tratara de un sindicato que representa al 70 o al 80 por ciento.
Eso es, en definitiva, el fin de los beneficios.
Respecto del fin al reemplazo en huelga, ya dijimos el significado que eso tiene. En este punto hay que hacer una defensa de los dirigentes sindicales, porque se dijo mucho en la comisión que lo único que quieren ellos en este país es la huelga, y no es así. La huelga es el último instrumento, el último recurso que tienen los dirigentes sindicales. Nadie quiere llegar a la huelga, pero cuando eso sucede, lo que se tiene que conseguir, el objetivo principal, es parar la producción. No existe otro mecanismo; si no, no tiene ningún sentido.
Tal como lo expresó el subsecretario, y se lo copio, quiero decir que el piso de la negociación es superimportante. Cuando se le pregunta a un sindicato cómo le fue en la última negociación colectiva, sus integrantes siempre responden: “Nos fue superbién; mantuvimos lo que teníamos.”. Eso no puede seguir así, y cambia con la presente iniciativa.
Por último, tengo la esperanza de que los empresarios se sumen al proyecto, porque no solo beneficia a los trabajadores, sino también a la empresa. Cuando hay trabajadores contentos, trabajando en buenas condiciones, con buenos sueldos, la producción, por supuesto, aumenta, lo cual va en directo beneficio no solo de los trabajadores, sino también de la empresa y del país.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe de Mussy .
El señor DE MUSSY.-
Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a la ministra del Trabajo y al ministro de Hacienda -desgraciadamente no se encuentran presentes en la Sala en este momento; imagino que están en otra reunión-, y les agradezco el haber estado aquí.
Obviamente, también saludo al subsecretario del Trabajo, quien sigue estoicamente en este hemiciclo y con quien compartimos varias sesiones de la comisión.
Fueron cinco meses de debate, cinco meses de conversación, cinco meses de un trabajo bastante intenso.
Quiero hacer la diferencia respecto de cómo fue la discusión de la reforma tributaria. Creo que vale la pena recordarlo, porque de alguna u otra manera dicha reforma fue, literalmente, una aplanadora que prácticamente no escuchó a nadie. En esta iniciativa por lo menos siento que se escuchó y que se conversaron muchos temas en profundidad, lo cual considero que hay felicitar y agradecer.
Además, quiero agradecer la participación de los diputados oficialistas y de oposición, como también a la exministra del Trabajo y hoy ministra de Justicia, Javiera Blanco , porque la verdad es que fue un bonito trabajo el realizado.
Escuchamos a bastantes personas, pero, digamos las cosas como son, desgraciadamente el Ejecutivo tomó muy poco de los diálogos efectuados con diferentes personas, dirigentes y representantes de distintos sectores.
Claramente, Chile avanza hacia el desarrollo, lo que es bueno; no hay que tener susto de avanzar hacia el desarrollo, porque, manifiestamente, este trae bienestar. Sin embargo, el desarrollo no puede ser la meta única -eso está claro-; debe ir acompañado de temas sociales profundos.
Chile -digamos las cosas como son- ha luchado y está triunfando contra la erradicación de la pobreza y la extrema pobreza. Creo que a veces nos olvidamos de esos logros. Décadas atrás, los niños corrían sin zapatos por las calles, y había desnutrición y malnutrición en nuestro país. Hoy, eso prácticamente no se vive.
Pero, por otro lado, hay que ser realistas: Chile es un país desigual. Sí, es un país desigual, y distintos índices, como el de Gini, el 10/10, el 20/20, demuestran efectivamente que es uno de los más desiguales del mundo. Ese es un tema que debemos trabajar.
Obviamente, el mundo laboral es fundamental en ese aspecto. Los trabajadores que se sacan la mugre trabajando, muchas veces más de 45 horas semanales, y que gastan gran cantidad de horas en movilizarse, como sucede en mi región, y qué decir en Santiago, con el Transantiago, se merecen tener la posibilidad de una vida digna, de soñar y de que esos sueños se cumplan para ellos y para sus familias.
Claramente, una reforma laboral es fundamental en ese sentido.
Personalmente, trabajé en una reforma laboral. Posteriormente, ella se convirtió en una reforma de partido, y terminó siendo una reforma de oposición, que entregamos a la entonces ministra Blanco.
Es esencial avanzar en esa línea.
Nuestra propuesta de reforma laboral no solo abarcaba materias relacionadas con la negociación colectiva, sino que también mejoraba la empleabilidad de las mujeres y los jóvenes. Ojo, porque lo que más critica la OCDE a nuestro país es que hoy las mujeres y los jóvenes no pueden encontrar trabajo, por la rigidez del mercado laboral para ellos.
También dijimos -es algo que aprovecho de celebrar- que hoy el mayor y peor empleador del país es el Estado, por lo que en nuestra reforma propusimos que se acabaran los funcionarios a honorarios. La Presidenta Michelle Bachelet hizo un anuncio en ese sentido para los trabajadores del gobierno central, lo que considero positivo y es algo en lo cual debemos avanzar y hacer que se cumpla. Espero que la iniciativa se extienda también a los funcionarios de las municipalidades y de todos los servicios que no forman parte del gobierno central.
Asimismo, propusimos una reforma a la Dirección del Trabajo.
Quiero manifestar que esta reforma laboral -así se ha dicho; yo también lo he hecho- es una reforma sindical y de negociación colectiva. Pero no lo expreso en forma peyorativa, sino que, por el contrario, creo que es algo positivo en lo que se tiene que avanzar.
Esta reforma laboral solo afectará de manera directa al 30 por ciento de los trabajadores. Al otro 70 por ciento no, porque son trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia, trabajadores de pequeñas o microempresas que no pueden formar sindicatos.
En consecuencia, se trata de una reforma enfocada básicamente en los sindicatos y en la negociación colectiva. ¿Tiene algo de negativo? Para nada. Pero sí, digamos las cosas claras, hay prioridades que no se están abordando en ella, como el tema de las mujeres y de los jóvenes.
Existe una agenda laboral de gobierno. Esperemos que avance rápidamente y que de alguna manera tenga igual fuerza y la misma importancia que está teniendo la presente reforma.
Creo que la meta es más o menos similar, y de corazón pienso que debemos tener más y mejores sindicatos, pero que el camino es otro.
Simplemente para derribar algunos mitos, la Encuesta Laboral Encla 2011 (página 243) señala que solo el 5,3 por ciento de los trabajadores consultados dicen que no ingresan a un sindicato por “Actitud negativa de la empresa”. No lo digo yo, sino la encuesta Encla .
Además, la opción “Otras y no sabe” figura con el 5,7 por ciento. Si asumimos que todas las personas que no saben respondieron así porque también reciben presiones de su empleador, estaremos hablando de solo el 11 por ciento de trabajadores. Eso no es poco, pero no es la razón principal por la que los trabajadores no ingresan a un sindicato.
Obviamente, hay empresas y empresarios que abusan, pero a este respecto también digamos las cosas como son: hay muchas empresas y empresarios que hacen un muy buen trabajo, como también muchos dirigentes sociales y sindicales que realizan un muy buen trabajo, y otros que, desgraciadamente, no lo hacen. La verdad es que esto no es blanco o negro, razón por la cual debemos trabajar unidos para poder avanzar.
Hay varios puntos que no son positivos, como la titularidad sindical, respecto de la cual podremos hablar mañana; el “descuelgue” de la huelga, que también podremos abordar mañana. Pero quiero detenerme en un aspecto: la extensión de beneficios. Yo peleé para que ojalá la extensión de beneficios fuera automática, y -¡ojo!- tomando en cuenta el problema de los polizones.
Si hoy nuestro país tiene una tasa de sindicalización de alrededor del 14 por ciento, y la existente entre los países de la OCDE es de cerca de 16 por ciento -nuevamente-, sinceremos la discusión: no estamos muy por debajo del promedio de los países del mundo, y en particular de los que integran la OCDE. Eso no significa que las cifras nos deben dejar contentos; pero -otra vez- digamos las cosas como son: no estamos muy alejados del promedio.
Sí existe un problema, que es el que personalmente más me preocupa, y que les debería preocupar a todos los trabajadores, cual es la cobertura de la negociación colectiva, o sea, la cantidad de trabajadores que reciben los beneficios, que en Chile es de 8 por ciento, mientras que en los países de la OCDE alcanza el 60 por ciento o más.
Al respecto, la gran pregunta es: ¿Obligamos de forma directa o no directa, forzosa o no forzosa a que los trabajadores se unan a un sindicato, o vemos la posibilidad también de la extensión automática de beneficios, pagando los costos que significa el que un trabajador probablemente no haya arriesgado y gastado tiempo en una negociación? Esta es una de las formas en que muchos países de la OCDE han hecho que los beneficios puedan llegar a más y más trabajadores.
Por su intermedio, señora Presidenta, les digo a los dirigentes sindicales que nos acompañan en las tribunas que si ese trabajador que no quiere estar en el sindicato por diferentes motivos, sabe que el beneficio que le va a llegar no es consecuencia de su negociación directa con el empleador, sino que surge de la negociación de esos dirigentes sindicales, créanme que finalmente se van a terminar fortaleciendo más de lo que lo están haciendo ahora.
Simplemente, quiero manifestar que esta reforma laboral no es la que Chile necesita. ¿Contiene temas importantes? Sí.
Asimismo, con todo el respeto que merecen la CUT y cada una de las organizaciones que la componen (federaciones y confederaciones), quiero expresar lo siguiente:
Hoy la fuerza laboral es de alrededor de ocho millones y medio de trabajadores, y, según tengo entendido, la multisindical tiene alrededor de 700.000 afiliados. Si descontamos a los trabajadores que pertenecen al sistema público, a quienes esta reforma laboral no afecta, que a nivel nacional son alrededor de 500.000, la representatividad de la CUT, es decir, los trabajadores privados que se verán afectados por la reforma, es de aproximadamente 3,5 por ciento. ¿Importante? Sí; pero no son los únicos actores relevantes en esta discusión.
Por último, expreso al subsecretario que los temas señalados son importantísimos y que debemos discutirlos y avanzar en ellos.
Crean que en mí tienen a una persona que piensa que los sindicatos deben ser más y mejores; pero, desgraciadamente, siento que el camino que ha elegido el gobierno no es el perfecto, y además hemos dejado de lado a gente tan importante como las mujeres y los jóvenes.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero saludar tanto a los dirigentes sindicales, quienes nos acompañan estoicamente en las tribunas en esta jornada que iniciamos hoy, que, por cierto, es muy importante para nuestro país, como al subsecretario del Trabajo, presente en la Sala.
(Aplausos)
Durante el transcurso de la historia, el trabajo humano se ha caracterizado por ser aquel espacio en el que las estructuras de inequidad y segregación ejemplifican sus argumentos. Es en dicho ambiente donde las sociedades se juegan los retrocesos o los avances en cuanto a igualdad y a desarrollo equitativo. Hoy, con esta reforma, estamos en el camino de los avances en esa materia.
Así, la permanente tensión -ella también se ha expresado en este debate- entre capital y trabajo fue resuelta hace siglos por un acuerdo trascendental para el porvenir social de diversas comunidades. Fue una decisión política, pero también democrática, la que determinó intervenir una relación que para algunos era naturalmente privada, en favor de una parte; y no por cualquier razón, sino por la especial condición de vulnerabilidad en la que se encontraban los trabajadores y trabajadoras.
Lo anterior tiene mucha relevancia respecto de lo que hoy discutimos, por cuanto la reforma laboral no es consecuencia de una casualidad o de una coyuntura política, sino, sin duda, la materialización de un objetivo político fundamental que tenemos como gobierno y coalición, el cual implica despejar las barreras de la injusticia y de la inequidad en las que, hasta hoy, las estructuras económicas y jurídicas no han dado una respuesta adecuada.
Durante largos períodos de la historia se intentó circunscribir al sindicato a la mera agitación social, como si este fuera un proceso indeseado en el desarrollo nacional. Pero no solo eso: luego se le despojó jurídica y culturalmente de sus valores transversales y humanitarios, que sobrepasan las exigencias materiales en el seno de una empresa y que, sin duda, se conjugan en los amplios anhelos de una sociedad distinta, solidaria, fraterna y comunitaria, en la que el trabajo no sea concebido como una mercancía cualquiera, sino como el lugar donde el ser humano materializa la dignidad ajena, la familiar y la propia.
El plan laboral del que nos habló el diputado Tucapel Jiménez , que fue parte de aquella noche oscura que vivió nuestro país, no es solo un conjunto de normas estructurales que respondían a determinado concepto de desarrollo, sino mucho más que eso: es claramente la expresión misma de un ideario cultural muy particular, que hasta hoy cumple sus articulados efecto. Es decir, el aniquilamiento de las estructuras sindicales fue parte de un exterminio mucho mayor, que tuvo que ver con el tejido social que Chile venía construyendo desde el año 1964.
Es así como un proceso cultural de corte individualista y material, comprendió también un diseño institucional normativo que, a punta de fuerza supuestamente jurídica, dinamitó el desarrollo sindical.
Por ello, este debate es mucho más serio, y así lo han entendido las grandes democracias modernas, en las que, implacablemente, reinan la estabilidad institucional, el crecimiento y, sin duda alguna, los derechos de sus trabajadores.
Al respecto, el primer triunfo del movimiento obrero fue introducir al sindicato como un elemento insustituible en toda discusión sobre el desarrollo nacional. De esa forma, el debate que hoy mantenemos no tiene solo que ver con el sindicalismo, sino más bien con el desarrollo.
Debemos comprender, de una vez por todas, que el sindicalismo es un antecedente de la productividad y del crecimiento económico. La experiencia comparada da cuenta de que los índices de desigualdad tienden a la baja en espacios donde los derechos colectivos de los trabajadores tienen mayor eficacia y cobertura.
En esta oportunidad quiero felicitar a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón , y también la contribución que hizo la hoy exministra de dicha cartera, Javiera Blanco .
Hoy comenzamos a desintegrar el plan laboral de los años 80. No obstante, hay quienes señalan que con esta reforma se pondrá en riesgo el crecimiento económico. Me hubiera gustado responderle -hoy su presencia está muy disminuida en el hemiciclo- a la bancada que sostiene eso, que se resiste a entender que el proyecto que discutimos es para modernizar las relaciones laborales. Ellos no quieren la reforma, no les gusta la existencia de trabajadores organizados. Creo que lo que más les duele es que efectivamente hoy comenzamos a desintegrar un plan laboral que excluía a lo más esencial de nuestra sociedad: los trabajadores.
En memoria de María Rozas , de Manuel Bustos y de Clotario Blest, anuncio nuestro voto favorable a esta reforma laboral.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señorita Jenny Álvarez .
La señorita ÁLVAREZ (doña Jenny) .-
Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a la ministra del Trabajo, señora Ximena Rincón , y al subsecretario del Trabajo, señor Francisco Díaz .
Asimismo, saludo y reconozco el esfuerzo realizado por los diputados y las diputadas que forman parte de la Comisión de Trabajo, por su disposición de escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, instancia que también les dio la oportunidad de participar a los dirigentes sindicales de la industria del salmón de la zona que represento: su presidente, Javier Ugarte ; su secretario, John Hurtado , y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Chiloé, César Navarro , quienes plantearon sus inquietudes en materias laborales.
Estoy convencida de que esta es la forma en que los países progresan: cuando todos los actores son capaces de sentarse a la mesa, como se ha dado en la discusión de esta tan importante reforma laboral que hoy discutimos.
Eso es reconocer que todos somos parte y que todos contribuimos al crecimiento de nuestro país. Por lo mismo, es de justicia que todos recibamos el fruto, los beneficios del desarrollo, y no siempre solo un grupo privilegiado.
Sin duda alguna, el proyecto en comento apunta en esa dirección. El resultado neto de las nuevas normas que a través de esta reforma se incorporan al Código del Trabajo es que cuando entre en vigencia la ley habrá una mejor negociación colectiva y existirán los incentivos para tener organizaciones sindicales más fuertes. De eso se trata.
Un Chile más justo e igualitario también se construye desde la empresa, cuando existe más equilibrio entre trabajadores y empleadores.
Ciertamente, este proyecto avanza a pasos agigantados en materia de titularidad sindical, en extensión de derechos, en la ampliación de la cobertura y las materias de la negociación colectiva, en la simplificación de los procedimientos y en el establecimiento del piso de la negociación colectiva, como lo dio a conocer el diputado señor Lautaro Carmona en su informe.
Con todos esos avances iremos acortando la distancia que nos separa de aquellos países con los que nos gusta compararnos en muchos planos, pero con los cuales mantenemos una importante diferencia en el ámbito laboral.
Valoro especialmente la igualdad de oportunidades que consagra la iniciativa en materia de género, estableciendo la presencia de una representante femenina en la comisión negociadora y una cuota de mujeres en las organizaciones sindicales de, al menos, 30 por ciento, un progreso impensable hasta hace algunos años.
Sin perjuicio de reconocer todos esos adelantos, echo de menos haber avanzado de verdad en la negociación colectiva supraempresa, en la negociación colectiva por rama. En el mundo desarrollado, donde la riqueza se distribuye con mayor justicia y existen mayores niveles de cohesión social, la negociación por rama es una conquista histórica. En el caso de Chile, ni siquiera se trata de algo nuevo, sino de una conquista que los trabajadores perdieron en la dictadura de Pinochet.
También echo de menos haber considerado en este proyecto a los funcionarios municipales, a los trabajadores de la salud y a miles de trabajadores del Estado que se desempeñan a honorarios; pero confío en que, más temprano que tarde, podamos abordar en profundidad el estatuto de esos trabajadores y hacerles extensible el derecho a la negociación colectiva, tal como lo consagra la OIT.
Siempre tendremos la sensación de que no avanzamos todo lo que quisiéramos para contar con una legislación moderna y saldar la deuda que tenemos con los trabajadores de nuestro país. Sin embargo, este proyecto da importantes pasos hacia adelante, que no debemos relativizar ni subvalorar.
Más allá de las ausencias, quiero valorar lo que sí contiene este proyecto, porque es bueno para los trabajadores y para Chile. Lo expreso, pensando en los trabajadores de mi región, por ejemplo, en los tripulantes embarcados, que tienen una realidad diferente. Al respecto, es necesario negociar de manera mucho más adecuada la jornada de trabajo, porque hoy, cada vez que hay problemas, quien termina pagando el costo siempre es el trabajador.
También pienso en los trabajadores del salmón. Todos conocemos la enorme riqueza que ha generado y genera este producto del mar para Chile: exportaciones por alrededor 3.000 millones de dólares.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Ha terminado su tiempo, señora diputada.
La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-
Chile tiene las mejores condiciones climáticas y de productividad en el mundo, lo que permite tener un producto de excelencia.
La libra de salmón chileno en un supermercado de Nueva York vale lo mismo que la libra de salmón escocés o noruego. Sin embargo, ¿por qué al trabajador chileno le pagamos menos? ¿Acaso su labor vale menos que la del trabajador escocés o noruego? ¡No! Esa es una injusticia que debemos enfrentar. Se trata de distribuir la riqueza, y para ello es crucial tener sindicatos que negocien en mejores condiciones…
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Señorita diputada, ha terminado el tiempo que le entregó su bancada.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos .
El señor CAMPOS.-
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero saludar a la ministra Ximena Rincón , quien en un mes se ha instalado en el Ministerio del Trabajo y ha hecho propia esta reforma, siguiendo el trabajo realizado con anterioridad por la entonces ministra Javiera Blanco . Asimismo, al subsecretario del Trabajo, el único sobreviviente del equipo inicial del gobierno de la Presidenta Bachelet , a quien también aprovecho de saludar, porque cumplió con el cuarto pilar programático ofrecido por ella a la ciudadanía: la reforma laboral.
Ahora, esta reforma no fue hecha al azar, sino que es el fruto de una serie de reformas y de las 17 leyes que se han implantado en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet . Al respecto, cabe recordar la ley corta portuaria, la nueva ley de trabajadoras de casa particular, la nueva ley que regula la jornada laboral de los trabajadores del comercio (aumenta descanso dominical).
En ese sentido, aprovecho de saludar también a los trabajadores y al sindicato de Lider, quienes, gracias a dos leyes -la que regula la jornada laboral de los trabajadores del comercio y la del multirrut-, hoy están negociando como uno solo.
(Aplausos)
Ello, gracias a la voluntad política, no al azar. La Presidenta Michelle Bachelet cumplió con esas leyes, y, por cierto, hoy esos trabajadores están gozando de ese beneficio, no como una paleteada, sino de pleno derecho. Eso fue establecido en este gobierno.
Así, hago un llamado a esos trabajadores a seguir unidos para darle cuerpo a lo realizado por la Presidenta Bachelet durante todos estos meses.
Por otra parte, el proyecto que nos ocupa contiene aspectos fundamentales.
Luego de escuchar el discurso de algunos colegas, solo me queda preguntar cómo votaron la idea de legislar en la Comisión de Trabajo. La votaron en contra.
Por lo tanto, muchos elementos de la iniciativa que se pueden rescatar como positivos no fueron sancionados en el mismo sentido en la instancia. Pero no importa; creemos que hoy en realidad podemos ponernos de acuerdo y hacer una buena reforma para el país y para los trabajadores.
¿Quedaron algunos aspectos pendientes? Por cierto que sí: la negociación colectiva en el sector público. ¿Cuál fue la respuesta frente a eso? Una mesa de trabajo instalada, que en los próximos meses se traducirá en una batería de proyectos por medio de los cuales, efectivamente, dicha negociación será una realidad.
Lo mismo respecto de las empresas estratégicas, como lo señaló el sindicato de Asmar en la propia comisión. ¿Para qué? Para que la negociación colectiva sea un derecho instalado también en esas empresas.
Eso quiere decir que hay un ánimo por avanzar.
Por eso, la reforma tiene al menos algunos aspectos que son sumamente positivos para el equilibrio de la cancha:
Piso de la negociación.
Como bien lo señaló el diputado Jiménez , se establecerá un piso para seguir avanzando a partir de lo obtenido en la negociación colectiva anterior, a los efectos de no retroceder y llegar al punto en que las empresas y los sindicatos se pongan de acuerdo en obtener como beneficio lo alcanzado en el anterior proceso. Eso será parte del pasado.
El derecho a huelga efectiva.
Qué elemento más moderno es el que hoy la huelga sea algo efectivo y no se abuse con el reemplazo de los trabajadores en huelga. Por fin los trabajadores podrán utilizar, como último elemento, la huelga efectiva para poder sentarse a negociar y a aportar en las mejoras de la empresa, pero que, por cierto, esa rentabilidad también les llegue a ellos.
El reconocimiento de la titularidad sindical: el ADN de este proyecto.
Nunca más los trabajadores que se quedan en sus escritorios mirando la negociación desde lejos obtendrán los mismos beneficios logrados por quienes participaron en la negociación colectiva, o, por lo menos, quedará establecido que el sindicato podrá autorizar la extensión de esos beneficios para ellos.
Los servicios mínimos, un avance que quedó establecido acorde con un estándar internacional. Qué mejor que esa medida, que podrá garantizar que, al menos, por motivos muy justificados, la producción de la empresa seguirá adelante para la entrega de servicios que la ciudadanía requiere.
Ministra, a través de usted felicito a la Presidenta Bachelet y a su equipo. Ojalá podamos seguir avanzando en los asuntos que se encuentran pendientes. Estoy seguro de que en el Senado este cuarto pilar del programa de gobierno no se moverá mucho, pues usted dio su palabra de que de la Cámara de Diputados saldría un proyecto robusto, como el que estamos tramitando, cuya votación llevaremos a cabo mañana.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Fuad Chahin .
El señor CHAHIN.-
Señora Presidenta, ocuparé menos tiempo del que se me asignó, para que mi colega Juan Morano también pueda intervenir.
Quiero referirme a aspectos más generales, porque los elementos concretos que contiene el proyecto fueron brillantemente expuestos por René Saffirio y Patricio Vallespín , miembros de la Comisión de Trabajo.
Este debate no lo estamos haciendo en cualquier momento, sino en un instante en que quienes nos encontramos en este hemiciclo no gozamos precisamente del prestigio y del reconocimiento que corresponde o que debería corresponder a un sistema democrático. En ese sentido, hoy tenemos una oportunidad importante para poder dar claras señales de coherencia y de consecuencia.
¿En cuántos debates en esta Sala, de un sector y de otro, hemos planteado que la gran deuda que tenemos como país es el combate directo a la desigualdad, a la injusticia social, que nos duelen? Sin embargo, cuando debemos discutir proyectos concretos que tienen que hacerse cargo de ese desafío, hay algunos que, con esfuerzos enormes, intentan justificar su voto en contra, como creyendo todavía que solo el crecimiento económico o que únicamente las políticas sociales son capaces de corregir la tremenda brecha de desigualdad, que nos duele y que tiene rostro humano, cuando en realidad lo que tenemos que hacer son cambios estructurales que nos permitan pasar a un modelo de desarrollo más humano.
Para cumplir dicho objetivo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2004 nos decía que era fundamental corregir la estructura de poder en nuestro país.
En este caso, lo que estamos haciendo con el proyecto es corregir de alguna manera la tremenda desigualdad de poder entre el capital y el trabajo, la enorme desigualdad entre empleador y trabajador, lo cual nos demuestra que para avanzar no solo se requiere mayor reconocimiento de derechos individuales de los trabajadores, sino también fortalecer verdaderamente los derechos colectivos.
Por eso son importantes el piso mínimo, la titularidad sindical, la provisión de servicios mínimos y el reemplazo, para tener un efectivo derecho a huelga.
Para nosotros, los democratacristianos, eso es mucho más importante, porque justamente nuestro partido nace de la doctrina social de la Iglesia, de las encíclicas, como la Rerum Novarum, que no fueron otra cosa sino el reconocimiento y la defensa apasionada del derecho inalienable al trabajo digno del ser humano.
De esa manera, también creemos que es fundamental reconocer que en esta relación, en esta muchas veces -por llamarla de alguna manera- antinomia entre capital y trabajo, por definición, por lógica, el trabajo debe tener una preeminencia. Por lo mismo, es fundamental entonces entregarles a los trabajadores las herramientas para que puedan defender colectivamente sus derechos y entender que una empresa no tiene que ser el lugar donde predomine el poder del capital, sino una comunidad en la que puedan desarrollarse las personas en igualdad de condiciones.
De algún modo, esta reforma laboral no solo mejora las condiciones del trabajo, sino que además le hace bien al alma de Chile, para que nos podamos mirar con igualdad y reconocernos como seres humanos que tienen la misma dignidad e iguales derechos.
Por eso, para nosotros, los democratacristianos, esto no es solo un tema económico-social, sino también filosófico, que tiene que ver con la concepción de la persona, del ser humano.
Por lo mismo, con mucho entusiasmo anuncio que vamos a apoyar la presente reforma.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señorita Daniella Cicardini .
La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-
Señora Presidenta, tal como señala el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , existe un compromiso que hemos asumido todos los parlamentarios de la Nueva Mayoría en torno a la gran meta de la derrota de la desigualdad.
Con ese rumbo trazado, sería imposible no abordar la desigualdad que hoy existe en un ámbito fundamental y prioritario como es el mundo del trabajo, ya que para nadie es desconocido que en nuestro país hay una asimetría entre la posición, siempre dominante, del empleador, versus la del trabajador, que se encuentra en un plano permanente de inferioridad y de desigualad evidentes.
Esa asimetría la encontramos en una realidad cotidiana, que se observa en la gran cantidad de situaciones de abuso en las relaciones laborales de ayer y de hoy, las que, con el paso del tiempo, en algunos casos, se han agudizado, lo cual se ve reflejado en el aumento, en las últimas décadas, del fenómeno de la tercerización del empleo, la desprotección y la precarización laborales.
Al igual que la desigualdad, ello también tiene un origen claro y conocido, como es el de los nefastos cambios en nuestra legislación laboral implementados en la época de la dictadura, que la convirtieron en una legislación proempleador con el pretexto de que las normas existentes hasta ese entonces eran más bien propias de un modelo marxista y que se debía privilegiar el empleo, pretexto que sigue siendo hasta hoy una de las excusas preferidas y uno de los miedos y de las banderas de lucha que continúan agitando hasta la fecha aquellos que quieren perpetuar esa condición de precariedad y desprotección de los trabajadores y trabajadoras de Chile.
Por todo lo anterior, era y es necesario avanzar hacia una visión humana en la que el trabajo sea la fuente de desarrollo personal y de calidad de vida y en la cual el trabajador no sea visto solo como un engranaje más o como simple “capital”, sino como el factor fundamental que mueve el país, y que por ello merece el respeto a sus derechos y condiciones laborales dignas.
En ese sentido, quiero recordar a los colegas que ya iniciamos ese camino con la aprobación en el Congreso Nacional de medidas como la eliminación del multirrut, que se prestaba para abusos y prácticas antisindicales, y hoy lo continuamos con la discusión de este proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, que, a través de sus pilares -la titularidad sindical, el piso mínimo de negociación y la eliminación del reemplazo de trabajadores en huelga-, busca fortalecer la organización de los trabajadores y nivelar finalmente la cancha para ambos lados: empleador y empleado.
Quiero hacer notar que cuando hablamos de “nivelar” o de “igualar” no buscamos ni más ni menos que eso, es decir, el equilibrio en la relación entre el trabajador y el empleador, ya que esta reforma no es en contra de los empleadores o empresarios del país.
La manera de lograr ese emparejamiento de las condiciones es fortaleciendo la organización y la unidad de los trabajadores, para equiparar el poder negociador de la empresa. Hablar de este proyecto es, entonces, hablar de un paso importante para devolver algo de dignidad a los trabajadores.
Por ejemplo, con las modificaciones propuestas en la iniciativa veremos por fin el término de ciertas prácticas, como la formación de grupos negociadores que responden solo a los intereses de las empresas.
Quienes provenimos de regiones mineras, como la de Atacama, a uno de cuyos distritos represento, donde la tercerización es aún más evidente, hemos sido testigos de cómo el empleador, con el solo ánimo de debilitar la posición de la organización sindical de su empresa, ofrece en los procesos de negociación tratos por separado a grupos de trabajadores, quienes, por temor a ser despedidos, o bien por el poco interés de participar en la organización, aceptan tales ofrecimientos, lo que, en la práctica, desincentiva la participación y, por ende, debilita la labor sindical.
Atendido el hecho de que me queda muy poco tiempo para intervenir, solo quiero ratificar el compromiso de la bancada socialista de seguir trabajando y de apoyar esta reforma, que, a mi juicio, es un paso muy relevante en materia laboral.
Por eso, como manifesté, no podemos sino celebrar, apoyar y aprobar esta iniciativa de ley como un gran paso para los trabajadores de nuestro país y señalarla como un logro importante en el objetivo permanente de avanzar hacia mejores salarios y condiciones laborales dignas, humanas y justas que todo trabajador y trabajadora de Chile merece.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero saludar a la ministra y al subsecretario del Trabajo, como también al ministro de Hacienda, quien hasta hace unos minutos se encontraba en la Sala.
Asimismo, quiero señalar que este proyecto viene a saldar una deuda que teníamos con el mundo laboral, entendiendo que no se trata de una reforma completa al sistema laboral. Lo conversamos en algún minuto con la entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco . La idea era cómo a partir del fortalecimiento de la negociación colectiva se comenzaría a armar un rompecabezas que nos posibilitara lograr una reforma propiamente tal que finalmente nos permitiera decir que estamos al día con los trabajadores.
Creo que esta es ya una discusión añeja entre un sector y otro. Si no, ¿cómo podemos abordar inteligentemente, con una mirada de este siglo, la manera de lograr una relación laboral en la que no solo uno gane, esto es, “equilibrar la cancha” para que ambos sectores puedan jugar, pero al mismo tiempo fortalecerse?
Cuando converso con los trabajadores, cada vez más me doy cuenta de que ellos quieren cuidar su fuente laboral, todo lo relativo al empresario y lo que está ocurriendo en la empresa. Pero, sin duda, esa legítima posibilidad que posee el trabajador de cuidar su empleo debe tener una contraparte: que el empleador sepa, sienta y sea capaz de reflexionar y de aceptar que necesita también a sus trabajadores; trabajadores empoderados, creativos, con la capacidad de hacerle entender, en igualdad de condiciones, cuáles son los problemas de su empresa en materia laboral, para solucionarlos.
Espero que se comprenda que la negociación colectiva que propone el proyecto tiene como objetivo la construcción de una mejor forma de relacionar el mundo de los trabajadores con el mundo de los empresarios.
Por fin -reitero- se está saldando una deuda en cuanto a cómo equilibrar la cancha en términos del fortalecimiento de la institucionalidad laboral, de manera de contar con un sector sindical potente y valorado. Esto se vincula con el desarrollo de las empresas existente en muchos países de la OECD, que tienen sindicatos importantes, lo que les ha permitido un crecimiento armónico y equilibrado.
He estado cerca de varios sindicatos, como el de Agrosuper, de la Sexta Región, o el de la Junaeb, que en su mayoría están integrados por mujeres.
Por eso, nos alegra que este proyecto -por decirlo de alguna manera- tape los distintos orificios que tenía la negociación colectiva. Sin duda, el reconocimiento de la titularidad sindical es un avance tremendo, pues se terminan los grupos negociadores, que, francamente, son una forma elegante de romper los sindicatos y de disminuir su fuerza.
También me alegra lo relativo a la extensión de los beneficios de la negociación colectiva -proceso llevado en conjunto entre trabajadores y empresario- a todos los trabajadores, en la medida en que se sindicalicen, que paguen sus cuotas.
Quiero reconocer el esfuerzo permanente que el mundo sindical ha hecho de manera histórica en nuestro país. Cabe destacar la tremenda fortaleza que han tenido los dirigentes sindicales para que hoy esta reforma se encuentre en trámite en el Congreso Nacional. Estamos hablando de una reforma importante, potente y que espero que vaya acompañada de capacitación continua y de un mejoramiento a la Dirección del Trabajo, institución que presenta grandes debilidades.
A modo de ejemplo, en la Sexta Región el servicio no tiene ni siquiera un vehículo para que sus funcionarios puedan fiscalizar en terreno si se está cumpliendo la normativa laboral. De hecho, un fiscalizador llegó a mi hogar en su propio vehículo y en un horario que no correspondía a verificar las condiciones laborales de mi trabajadora de casa particular.
Por lo tanto, existe una precariedad enorme en la Dirección del Trabajo, que debería ser una institución superpotente, más aún ahora que queremos fortalecer la normativa laboral y, en ella, a los sindicatos en el proceso de negociación colectiva.
Por último, recién almorcé con representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Indap, quienes estuvieron escuchando esta discusión. Ellos me preguntaron cuándo venía el proyecto de negociación colectiva para el sector público.
Al respecto, debo decir que el Estado es el mayor empleador que existe en el país, y exhibe permanentemente niveles altos de contratación; por tanto, no cabe duda de que tenemos una deuda importantísima con los funcionarios.
En ese sentido, le pido a la señora ministra abordar el problema de los trabajadores a honorarios y a contrata en el sector público y lo relativo a los programas de mejoramiento de gestión (PMG), que no son acordes con los objetivos para los cuales fueron creados. Ello, para que efectivamente se consagre el derecho a la negociación colectiva para los funcionarios.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Enrique Morano .
El señor MORANO.-
Señora Presidenta, saludo a la ministra Ximena Rincón , al subsecretario del Trabajo y, especialmente, a los trabajadores y a los dirigentes sindicales que nos acompañan en las tribunas.
Debieron transcurrir veinticinco años de democracia para poder reformar de verdad el Código del Trabajo. Sin embargo, hoy, con sorpresa, hemos escuchado lo que han planteado los mismos que sistemáticamente en esta Sala se han opuesto, y aún se oponen, a todo cambio en pro de la justicia social, la equidad y la mejor distribución de los ingresos.
Me habría gustado responderles a los diputados Melero , Bellolio , Monckeberg y De Mussy , pero ya no se encuentran en este hemiciclo.
Necesitamos una organización sindical verdaderamente fuerte en el país para que de verdad se pueda negociar colectivamente, porque lo que tenemos es de una asimetría atroz.
Hemos sido testigos de cómo cientos de trabajadores terminan las supuestas negociaciones laborales derrotados y humillados en casos como el del casino Dreams , de Punta Arenas, o deben suspenderlas, frustrados, como sucedió en la minera Caserones .
Hablo aquí en recuerdo de María Rozas, de Manuel Bustos, de Clotario Blest y de mi abuelo materno, Manuel Cornejo , fallecido dirigente obrero de Magallanes.
Los agoreros no cesan: ayer nos decían que con la reforma tributaria llegaría el desastre, que el desempleo crecería en forma exponencial. Pero como eso no ha ocurrido, majaderamente insisten en una supuesta crisis económica. No quieren señalar que las dificultades que se viven son consecuencia de una crisis internacional, de la pérdida de confianza, de la evasión tributaria de grandes empresas y de casos como Penta y Soquimich, entre otros.
Hoy, la bestia del averno tiene otro nombre: reforma laboral. Nos amenazan con que aumentará el desempleo, que caerá el crecimiento. Eso no nos hará vacilar.
Digamos la verdad: lo único que esta reforma traerá es un poco más de justicia social, y permitirá una negociación laboral algo más pareja entre empresas y trabajadores. No todos los empresarios se oponen o demonizan esta reforma. Algunos de ellos han señalado: “la reforma laboral no puede ni debe separarnos.”.
Por último, no puedo sino decir que en esto hay cuatro mujeres vitales: Ximena Rincón , Javiera Blanco , Bárbara Figueroa y, sin duda, la más importante, Michelle Bachelet .
He dicho.
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