II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.40 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 46ª se declara aprobada. El acta de la sesión 47ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. -o- La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, pido la palabra parar plantear una cuestión reglamentaria. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra, señora diputada. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, como todos sabemos, ayer la Comisión de Salud de la Corporación aprobó en general el proyecto de ley que establece la despenalización del aborto terapéutico. En el contexto de ese debate, en la Comisión conversamos acerca de lo importante que sería que, respecto de la causal de violación, la iniciativa pasara a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por lo tanto, pido que recabe la unanimidad de la Sala a efectos de que se envíe el proyecto a la comisión mencionada para que estudie ese aspecto. El señor CASTRO.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado. El señor CASTRO.- Señor Presidente, quiero recordar que cuando el proyecto ingresó a tramitación, se acordó que pasara a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Así se definió. Es cosa de revisar de las actas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Está bien, pero la diputada señora Marisol Turres pide que sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento solo para ser tratado respecto de una de las causales. Por lo tanto, ¿habría acuerdo para que sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento? No hay acuerdo. El señor BARROS.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado. El señor BARROS.- Señor Presidente, me parece muy pertinente el planteamiento del diputado Juan Luis Castro en cuanto a que el proyecto deberá pasar necesariamente, y no por una causal, sino en su totalidad, tiene que ser visto por la Comisión de Constitución, por cuanto es algo que se acordó al ingresar el proyecto a tramitación. En consecuencia, tiene plena validez lo que plantea el Presidente de la Comisión de Salud. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, este es un tema que ya ha sido objeto de debate en la Corporación. Me refiero a las facultades que se arrogan algunas comisiones en cuanto pretender alzarse en una suerte de revisoras de las tareas de otras. En tal sentido, hago un parangón con la Comisión de Hacienda, que no hace una revisión global de los proyectos, sino solo de aquello que incide en lo presupuestario. De lo contrario, habría parlamentarios de primera y de segunda categoría. Nuestro sistema legislativo es bicameral, consta de dos cámaras que conocen los proyectos de ley: una de origen y otra revisora, pero por esta vía estaríamos atribuyéndole más facultades y competencias que aquellas que nos otorgan la Constitución respecto de nuestro sistema de generación de la ley. Por lo tanto, si el proyecto en cuestión deberá pasar por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, espero que su estudio se ciña estrictamente a los aspectos constitucionales de la iniciativa. En todo caso, no se trata de una reforma constitucional, por eso la petición me parece una cuestión discutible. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, lo que pasa es que ya existe un acuerdo adoptado por la Sala. En consecuencia, la unanimidad que se debería requerir sería para revocar el acuerdo anterior. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- No debió haberse pedido. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, no recordaba el acuerdo adoptado por la Sala. Por lo tanto, retiro mi solicitud. De todas maneras, debo señalar que el proyecto considera reformas de tipo penal y procesal penal, por eso consideré necesario que pasara a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. -o– INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Propongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que adapta normas laborales al ámbito del turismo, con los siguientes señores diputados: por la Unión Demócrata Independiente, el señor Patricio Melero; por la Democracia Cristiana, el señor René Saffirio; por Renovación Nacional, el señor José Manuel Edwards; por el Partido Socialista, el señor Osvaldo Andrade, y por el Partido por la Democracia, el señor Joaquín Tuma. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA REGULACIÓN DE PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 8026-11) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre publicidad de los alimentos. Diputado informante de la Comisión de Salud es el diputado señor Víctor Torres. Antecedentes: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor TORRES (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Salud, paso a informar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje, sobre publicidad de los alimentos, boletín Nº 8026-1. La idea matriz o fundamental del proyecto es prohibir la publicidad de ciertos alimentos dirigida a menores de 14 años. Además, se regulan en la ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, las exigencias específicas para los alimentos que el Ministerio de Salud determine que poseen elevados niveles de sal, azúcar o grasas, con el propósito de prevenir su consumo y educar al consumidor. Cabe hacer presente que el proyecto fue aprobado en general por mayoría en su primer trámite reglamentario, con el voto favorable de las diputadas señoras Karol Cariola, Cristina Girardi y Marcela Hernando, y los diputados señores Juan Luis Castro, Manuel Monsalve, Marco Antonio Núñez, Presidente de la Comisión en ese momento; Jorge Rathgeb y Víctor Torres. Votaron en contra los diputados señores Sergio Gahona y Javier Macaya. Contenido del texto aprobado por el Senado. El proyecto consta de cuatro artículos permanentes del siguiente tenor: El artículo 1º prohíbe la publicidad que induzca al consumo de los alimentos señalados en la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que, por su presentación gráfica, símbolos y personajes utilizados, se dirija a menores de catorce años. Su artículo 2º establece límites horarios respecto de las acciones de publicidad destinadas a promover el consumo de determinados alimentos mediante servicios de radiodifusión televisiva, excepcionando de esta limitación a los recintos en que se desarrollen eventos o espectáculos deportivos, culturales o artísticos. Su artículo 3º modifica la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, con el propósito de complementar aquellos aspectos de la misma que tienen por finalidad establecer exigencias específicas a las actividades de publicidad y promoción de aquellos alimentos que el Ministerio de Salud determine que poseen elevados niveles de sal, azúcar o grasas. Su artículo 4º se refiere a la expedición de los reglamentos pertinentes que se dicten sobre la publicidad y promoción de alimentos. Principales modificaciones introducidas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Al artículo 1°. El texto aprobado por el Senado establece la prohibición de la publicidad que induzca al consumo de los alimentos señalados en el inciso primero del artículo 5° de la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que, por su presentación gráfica, símbolos y personajes utilizados, se dirija a menores de catorce años, captando preferentemente su atención. Agrega en su inciso segundo que, además, la publicidad de dichos alimentos no podrá afirmar que los referidos productos satisfacen por sí solos los requerimientos nutricionales de un ser humano, deberá evitar el uso de violencia o agresividad injustificadas y no podrá asociar a menores de edad con el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco. Finalmente, su inciso tercero prohíbe el ofrecimiento o entrega a título gratuito de los alimentos señalados en el inciso primero, con fines de promoción o publicidad, a menores de catorce años. En el primer trámite reglamentario se aprobaron indicaciones presentadas por el Ejecutivo cuyo objetivo fue prohibir, en términos absolutos, que la publicidad de alimentos elevados en grasas, azúcares y sal dé a entender que satisfacen por sí solos los requerimientos del ser humano y el uso de violencia en la publicidad. Además, mediante indicación del diputado señor Marco Antonio Núñez, se elimina la calificación de “injustificadas” respecto del uso de violencia y agresividad para la publicidad. En el segundo trámite reglamentario este artículo no fue objeto de indicaciones. Al artículo 2°. El texto aprobado por el Senado señala que todas aquellas acciones de publicidad destinadas a promover el consumo de los alimentos señalados en el inciso primero del artículo 5° de la ley N° 20.606 en los servicios de radiodifusión televisiva, solo se podrán transmitir en dichos medios entre las 22:00 y las 6:00 horas, siempre que no estén dirigidas a menores de 14 años. En el primer trámite reglamentario se sustituyó, mediante una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Cariola y Hernando, y de los diputados señores Gahona, Macaya, Paulsen, Silber, Torres y Urízar, el inciso segundo de este artículo, de manera que solo excepcionalmente se permite efectuar acciones de publicidad de los alimentos señalados en el artículo 1°, a propósito de eventos o espectáculos deportivos, culturales, artísticos o de beneficencia social, fuera del horario establecido en el inciso precedente, cuando se cumplan los requisitos que a continuación, mencionaré, que sustituye a los establecidos por el Senado: a. Que el evento o espectáculo no sea organizado o financiado exclusivamente por la empresa interesada en la publicidad o por sus coligadas o relacionadas. b. Que la publicidad no esté destinada o dirigida, directa o indirectamente, a menores de 14 años. c. Que la publicidad no muestre situaciones de consumo que induzcan a este ni el producto promocionado. d. Que la publicidad se encuentre acotada a la exhibición de la marca o nombre del producto. En el segundo trámite reglamentario se aprobó una indicación de los diputados señores Daniel Farcas, Carlos Abel Jarpa y Gabriel Silber que complementa la autorización excepcional que da la norma para transmitir, entre las 22:00 y las 6:00 horas, publicidad de alimentos a los menores de 14 años, en el sentido de ampliar el concepto de radiodifusión televisiva a todos los servicios de televisión, radio y cine. Al artículo 3°. El texto aprobado en el Senado modifica el artículo 6° de la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. En el primer trámite reglamentario, como consecuencia de una indicación del Ejecutivo, solo se aprobó la modificación que tiene por objeto explicitar que en todas aquellas disposiciones de la ley en que se utilice la expresión “menores de edad”, deberá entenderse que se refiere a menores de catorce años. En el segundo trámite reglamentario, el artículo no fue modificado. Al artículo 4°. El texto aprobado por el Senado regula la dictación de los reglamentos sobre publicidad y promoción de alimentos. En el primer trámite reglamentario se aprobó una indicación de los diputados señores Castro y Núñez y de la diputada Cariola para eliminar la necesidad de que el decreto sea suscrito, además del Ministro de Salud, por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo. En el segundo trámite reglamentario, el artículo no fue modificado. Nuevo artículo 5°. En el primer trámite reglamentario, fruto de una indicación del Ejecutivo, se incorporó este artículo, según el cual se prohíbe toda publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna, entendiéndose por tales las “fórmulas de inicio” y las “fórmulas de continuación” hasta los 2 años de edad, según lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, decreto supremo N° 977 del Ministerio de Salud, de 1996. En el segundo trámite reglamentario esta norma se complementó mediante la aprobación de una indicación del Ejecutivo que agregó los siguientes incisos segundo y tercero al artículo: “El profesional que requiera indicar estas fórmulas deberá garantizar que el usuario cuente con la información necesaria para seleccionar adecuadamente dicha fórmula, indicando en la receta el nombre genérico de esta, es decir, fórmula de inicio o de continuación, y la edad del niño o niña que la recibirá. “Las infracciones a las disposiciones de este artículo serán sancionadas de acuerdo al Libro X del Código Sanitario.” Es cuanto puedo informar, señor Presidente. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la región más linda de Chile tiene un representante que hoy dará su opinión respecto de este proyecto tan bien relatado por el doctor y diputado Víctor Torres, quien tiene el conocimiento necesario para compartir sus observaciones a fin de llegar al consenso que tuvimos al inicio de la tramitación de esta iniciativa sobre la necesidad de enfrentar la problemática de la obesidad en nuestro país. Por ello, me llama la atención que, después de haber estado tan de acuerdo durante su tramitación –indudablemente mejoró el proyecto-, de igual forma vayamos a llegar a la instancia de comisión mixta. Sin duda, la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, representa un buen avance para que los consumidores se informen respecto de los contenidos de los alimentos que consumen y respecto a si estos representan un beneficio o una amenaza para la salud, conforme a las cantidades que se consuman. Como señaló el diputado informante, dicha ley dejó algunos aspectos poco regulados, en especial lo relativo a la publicidad de los alimentos, razón por la cual el proyecto en discusión se hace cargo de reglar la publicidad de los alimentos cuyo consumo en exceso resulta dañino para la salud de la población, que han sido catalogados previamente por el Ministerio de Salud con exceso de calorías, grasas, azúcares o sal. Se trata de una medida preventiva en contra de la obesidad, que se ha convertido en un serio problema de salud, por lo que debemos evitar que los niños de nuestro país puedan ser inducidos a consumirlos, incentivados por la propaganda desplegada por los distintos medios de comunicación. Al respecto, se dieron a conocer algunos antecedentes sobre la forma de llegar a la televisión y a los distintos medios de publicidad para tratar este tema, lo que es muy complejo, ya que no debemos olvidarnos que las grandes empresas mantienen económicamente a los medios de publicidad, especialmente televisión. Todos sabemos que la obesidad se está convirtiendo en un serio problema de salud para nuestros compatriotas, por lo que considero que no se debe dejar al azar el consumo de alimentos que puedan resultar perjudiciales para la salud y que, en definitiva, terminan implicando un mayor gasto para las familias y para el Estado, ya que la solución de los efectos perjudiciales terminan afectando al sistema de salud en general. Un país subdesarrollado como Chile no puede darse el lujo de seguir sin normar temas de trascendencia en la vida de sus ciudadanos, por lo que debiéramos aprobar la iniciativa después de haber escuchado este nuevo informe de la Comisión de Salud, ya que las medidas preventivas siempre son bienvenidas, como también la promoción del consumo de alimentos saludables para la población, como las frutas, lácteos y vegetales, por nombrar algunos. Esos alimentos están en un segundo plano, por lo que la televisión debiera compensarlos frente a la gran publicidad que tienen los productos que no son saludables. No obstante tratarse de un proyecto simple, tiene una gran trascendencia para la salud y bienestar de nuestra población, por lo que no debería sorprender que sea aprobado en forma unánime después de ser tan discutido, ya que está de por medio la salud de la ciudadanía de un país que camina hacia el desarrollo; somos un país emergente, pero todavía somos un país subdesarrollado en esta materia. Votaré a favor del proyecto, pero no puedo comprometer el voto de mi bancada. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, votaré a favor del proyecto, porque el problema de la obesidad en Chile es dramático, lo conozco personalmente. Desde 1980 hasta 2014, la tasa de obesidad de nuestro país se ha duplicado. La mayor crítica es que los niños entre 3 y 5 años sufren esta enfermedad, lo cual acarrea problemas psicológicos, debido al bullying que sufren en los colegios; médicos, como escoliosis, resistencia a la insulina. Las herramientas que tenemos para enfrentar esta enfermedad en los niños son muy escasas, a diferencia de lo que ocurre a nivel de adultos, aunque el tratamiento de la obesidad es muy discriminatorio, dado que las cirugías son un costo demasiado alto para la generalidad de la población. Si este tema no lo tratamos de forma seria y madura desde los inicios, vamos a seguir viendo tasas demasiado altas y los tratamientos de las enfermedades asociadas se encarecen aun más, sobre todo en el sistema de salud pública. Esta iniciativa es económica, fácil de aplicar y está orientada a la familia, por lo que es una de las mejores que se puede plantear para paliar el problema, dado que no representa mayores dificultades, excepto para algunas empresas que quieren seguir lucrando con este tipo de adicciones, sobre todo con el azúcar, que tiene una adicción similar a la de muchas drogas. La obesidad acarrea problemas sociales, médicos, psicológicos y, por qué no decirlo, un cierto tipo de cultura en ambientes familiares, a la que resulta mucho más fácil llegar a través de la publicidad, lo que se ve entorpecido con un conocimiento acabado sobre la nutrición de los alimentos. Se debe incentivar el consumo de vegetales y de alimentos sanos, así como el ejercicio, ya que son aspectos fundamentales que van a ir acompañados con estas medidas que estamos proponiendo. Por lo tanto, anuncio mi voto a favor del proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, enhorabuena estamos tratando este proyecto, después de tantos años que los niños se han alimentado con comida chatarra. Es cierto que en Chile hay una gran cantidad de empresarios muy responsables, que actúan con sentido de país, social e individual; pero también hay muchos empresarios, sobre todo algunas transnacionales que vienen de Estados Unidos para realizar estos experimentos alimenticios en Chile. ¡Para qué vamos a hablar sobre lo que sucede en países en vías de desarrollo o tercermundistas! Señor Presidente, usted, como médico, tiene claro que este tema tiene que ver con la salud, no solo con la venta de comida chatarra. Chile tiene uno de los más altos índices de obesidad. A eso debemos agregar que un gran número de chilenos son sedentarios y que en las escuelas no hay suficientes profesores de educación física para llevar a cabo actividades deportivas entre los alumnos. Recuerdo al exministro de Educación Joaquín Lavín cuando sacó a los niños al patio y se empezaron a desplomar, lo que se debe a que, por un lado, está la alimentación chatarra, que atenta contra la salud de los niños, y por otro lado, está el sedentarismo. Por lo tanto, estamos discutiendo un gran proyecto para comenzar a revertir esta situación. Por eso quiero saludar al exdiputado y actual senador Guido Girardi, quien instaló este tema en la opinión pública y en el Parlamento. Agradezco y felicito a todos quienes han estado preocupados del proyecto y que aportaron en la discusión en la comisión. El Partido por la Democracia respaldará con mucha fuerza la iniciativa, que debemos seguir perfeccionando para terminar con el flagelo de la obesidad, especialmente entre los niños. Todavía hay muchos quioscos al interior de colegios particulares y municipales que siguen vendiendo comida chatarra. Por eso es muy importante la forma de rotular la publicidad de los alimentos. Anuncio mi voto favorable al proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, la discusión que realizaba el Parlamento hace poco más de treinta años era sobre el problema de la desnutrición. Cuando entré a la universidad, en 1974, año nefasto, me tocó escuchar una charla del doctor Fernando Monckeberg, profeta y líder de la lucha contra la desnutrición. Sin embargo, en la actualidad, como dijo con elocuencia y fundamento del doctor Alvarado, el problema de Chile es la obesidad. Es decir, en poco más de treinta años hemos pasado de un problema crucial, doloroso y cruento del subdesarrollo, como es la desnutrición, a otro problema doloroso y cruento del desarrollo, que es la obesidad. Me alegro de que los personeros que abogan por un mercado completamente librado a su suerte, voten en este caso particular a favor de establecer regulaciones estrictas que contengan los excesos del mercado. El mercado no solo es cruel, como dijo un ex Presidente, sino también ciego a sus resultados. Y cuando un resultado es un daño tan evidente para la salud de la población, es igualmente evidente la necesidad de establecer regulaciones. Por lo tanto, felicito de la unanimidad que ha obtenido el proyecto de ley hasta ahora, ya que seguramente todos aprobaremos el establecimiento de regulaciones estrictas para que el mercado no incentive el incremento de un problema social y sanitario tan grave, como lo es la obesidad. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres. El señor TORRES.- Señor Presidente, quiero corregir un pequeño error del informe que leí hace un rato, con el objeto de hacer justicia a lo que realmente ocurrió en la comisión. El diputado Javier Macaya presentó una de las modificaciones al artículo 5°, que prohíbe la publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna, entendiéndose por estos las “fórmulas de inicio” y las “fórmulas de continuación”, que originalmente se aplicaba “hasta los dos años de edad”, se redujo “hasta los doce meses de edad”. La segunda parte que debía contener la indicación, es la que leí como aprobada, pero no es así, ya que el Ejecutivo comprometió el ingreso de la indicación que establece que el profesional que requiera indicar esas fórmulas deberá garantizar que el usuario cuente con la información necesaria para seleccionar adecuadamente dicha fórmula, indicando en la receta el nombre genérico de esta; es decir, fórmula de inicio o de continuación y la edad del niño o niña que lo recibirá, quedando las infracciones a las disposiciones de este artículo, según las sanciones establecidas en el libro X del Código Sanitario. Reitero, se modificó la edad de corte, de dos años a un año, respecto de la prohibición de publicidad y el Ejecutivo ingresó la segunda parte de la indicación, que habíamos convenido discutir en la comisión. Por tanto, señor Presidente, solicito que esa indicación sea revisada y votada por la Sala en la presente sesión. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado señor Víctor Torres? Acordado. Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, las modificaciones introducidas a la iniciativa en la Comisión de Salud tienen por objeto eliminar una asimetría que existe respecto de la publicidad destinada a menores en otros medios de comunicación que no fuere la televisión abierta. Durante el primer trámite constitucional establecimos normas importantes en cuanto a la publicidad dirigida a menores de edad y sobre los horarios; pero, básicamente, nos remitimos a la televisión abierta, por la comisión reparó lo que se refiere a otros medios. Quienes somos padres de familia, nos damos cuenta que los menores ven cada vez más otros medios, como la televisión por cable, que ya es un medio masivo, donde se encuentran canales como Nickelodeon y otros, lo que quedaba absolutamente fuera de las restricciones que establecerá la futura ley, por lo que la industria alimenticia focalizaría sus esfuerzos publicitarios hacia el cine o la televisión por cable. Reitero, esto se reparó en la Comisión de Salud, con el objeto de que la restricción sea coherente con el fin perseguido. Me pareció pertinente señalarlo así a los parlamentarios, para lo tengan a la vista y se ilustren de mejor manera respecto de los cambios y lo que motivó a los miembros de la Comisión de Salud a mejorar la iniciativa. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. EXENCIÓN DE PAGO DE PEAJE A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA POR RUTAS CONCESIONADAS (Primer trámite constitucional. Boletines refundidos Nos 9311‐09, 9313‐09 Y 9318‐15) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece la exención del pago de peaje de vehículos de emergencia por rutas concesionadas. Hago presente a la Sala que el informe de la comisión se rindió en la sesión 41ª, celebrada el 1 de julio de este año. De conformidad a los acuerdos de los Comités adoptados ayer, se limitarán las intervenciones de las señoras diputadas y de los señores diputados a cinco minutos. Antecedentes: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Andrea Molina. La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, estamos contentos de que, por fin, votemos este proyecto, pues llevamos meses tratando de generar una ley que permita terminar con una situación que no es de sentido común, pues buscamos que en las rutas concesionadas los vehículos de emergencia tengan la libertad de transitar en diferentes situaciones urgentes y no tengan que pagar o parar cuando nos enfrentamos, por ejemplo en la Quinta Región, a momentos tan graves y crueles como los sucesivos incendios que se han generado, que regularmente son provocados por el ser humano. Ante ese tipo de situaciones, pedimos ayuda a cuerpos de bomberos de otras zonas, los que han concurrido a los siniestros, tanto de Valparaíso como del interior de la región, pero que después no pueden recuperar sus recursos. Por lo anterior, recibimos en forma muy positiva la liberación del pago de peaje a los vehículos de emergencia. Esperamos seguir trabajando en otras líneas con el mismo criterio, porque es fundamental apoyar a todo aquel que cumple un rol que implique ir en apoyo de la comunidad, por lo que no es deseable todo lo que vaya en desmedro de Carabineros, las ambulancias, la PDI y muchos otros organismos que estaban entrampados por una situación que no se justificaba y que los obligaba a pagar en esas situaciones. Por consiguiente, anuncio que la UDI votará a favor. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, por fin vamos a despachar este proyecto. El diputado Gabriel Silber ha sido uno de los que más ha insistido en la necesidad de reiterar, por ley, la obligación de los concesionarios de asegurar el tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia. El Ministerio de Obras Públicas ha impartido instrucciones al respecto, pero es muy importante que esto quede muy claramente establecido en la ley, sobre todo en el caso de Bomberos, ya que cuando han concurrido a apagar incendios forestales, han tenido incidentes a causa del cobro del pago de peaje. Y como dice el viejo aforismo jurídico, obligación sin sanción, no sirve, este proyecto establece claramente cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento de esta obligación. No obstante ello, quiero llamar la atención sobre un punto. Han transcurrido más de cinco años desde que fuimos víctimas del terremoto del 27 de febrero de 2010 y todavía el Congreso Nacional no ha sido capaz de despachar una legislación moderna respecto de la gestión de emergencia. Hace más de dos años, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que crea la nueva Onemi y que intenta descentralizar la gestión de emergencia. El gobierno anterior, el del Presidente Piñera, presentó un proyecto que, a juicio de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, era muy deficiente, toda vez que replicaba un sistema centralizado en la gestión de emergencia, que recibió, por tanto, algunos votos en contra y numerosas indicaciones por parte de los diputados de la Democracia Cristiana, encabezados en ese entonces por Ricardo Rincón y por la entonces diputada, actual senadora, Carolina Goic. El gobierno anterior no quiso patrocinar o se votaron en contra esas indicaciones y así llegó al Senado. Afortunadamente, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet introdujo, a fines de 2014, una serie de indicaciones que apuntan en el sentido correcto, para contar con un marco jurídico para la gestión de emergencia y cómo los distintos actores públicos y privados se ponen a disposición de una red de emergencia que opere de manera descentralizada, pero con funciones claras para cada uno de los órganos. Este proyecto de ley tiene relación con lo que acabo de mencionar: con establecer las obligaciones de los actores privados, que son titulares de concesiones de autopistas y que deben estar al servicio de la gestión de emergencia. Señor Presidente, espero que usted haga sus buenos oficios ante el Senado para que ese proyecto de ley se despache. No puede ser que, luego de cinco años desde que se produjo uno de los terremotos y maremotos más grandes en la historia del mundo moderno del que se tenga registro en nuestro país -junto con los terremotos de Chillán y de Valdivia-, todavía no tengamos una legislación completa, suficiente, sistemática y orgánica, donde estén clarificadas todas las funciones, tanto de la sociedad civil como de las Fuerzas Armadas. De hecho, hemos solicitado que las Fuerzas Armadas pongan a disposición de la autoridad civil todos sus medios físicos y materiales, con el objeto de servir a la gestión de emergencia, incluyendo su sistema de comunicaciones, para que tengamos una red de emergencia que funcione de manera operativa, descentralizada, automática, con información al instante. Hemos reclamado, ya que todavía existen acelerógrafos que la Onemi no ha instalado a lo largo del territorio nacional. Esperamos que con este proyecto de ley ayudemos a mejorar en algo la gestión de emergencia. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, cabe hacer presente que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 A, ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y en el oficio 11.442, de 2 de septiembre de 2014, la Sala acordó que las mociones sean refundidas y tramitadas en conjunto. Digo esto porque en estas materias y en estos proyectos, que son tan sentidos y que se están estudiando desde hace mucho rato, existe el interés de que se transformen en una norma que obligue a aquellos que piensan solo en las utilidades y las ganancias, y que quienes pasen por un pórtico tienen que pagar, sin importar que sea bombero y que este haga un tremendo esfuerzo en forma voluntaria. Entiendo que en los países de origen de las empresas concesionarias los bomberos no son voluntarios, ya son funcionarios rentados, pagados, y, por lo tanto, no tienen el espíritu de los bomberos en Chile, que es solidario, social, de servicio al prójimo, sin recibir renta a cambio. Entonces, quiero llamar la atención de las concesionarias para que entiendan que no todo es lucro. Está bien que hayan llegado a este conejillo de indias llamado Chile, donde se experimentó el peor de los modelos económicos, sociales y políticos, pero también deben entender que en sus países estas cosas no son tan salvajes como lo son en el nuestro. Me alegro mucho de que distintas bancadas y diferentes parlamentarios de ayer y de hoy digamos que no es posible que las ambulancias, que los bomberos, que las policías, etcétera, tengan que pagar en las plazas de peaje. Tenemos tantos antecedentes y lamentables testimonios que dan cuenta de que más de una vez un carro de bomberos o una ambulancia han permanecido detenidos en el peaje a la espera de que el señor del pórtico les permita el paso. Por ello, ¡enhorabuena! Hago un llamado a cada diputada y diputado de la Corporación a que aprobemos de manera unánime este proyecto tan sentido, y no solo pensando en Carabineros de Chile, en la Policía de Investigaciones o en las ambulancias, sino, sobre todo, en los bomberos de Chile, quienes muchas veces se lamentan por no tener los recursos económicos para acudir a apagar un incendio o a prestar auxilio ante una desgracia. Señor Presidente, obviamente el Partido por la Democracia respaldará ampliamente el proyecto. He dicho. El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Diego Paulsen. El señor PAULSEN.- Señor Presidente, este es un proyecto que la bancada de Renovación Nacional apoyará. Cabe mencionar que somos autores de una de las tres mociones que fueron refundidas. Me refiero al proyecto cuyo número de boletín es el 9313-09, que fue presentado por la diputada Alejandra Sepúlveda y por los diputados Germán Becker, René Manuel García, Fernando Meza, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb, Germán Verdugo y quien habla. Tal como se ha mencionado, el objetivo es modificar la Ley de Concesiones de Obras Públicas, a través de la incorporación de la obligación de los concesionarios de asegurar tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia. Es importante hacer mención al concepto de vehículo de emergencia. Recordemos que no solo tienen vehículos de emergencia Bomberos, Carabineros, los servicios de salud, públicos o privados, y la Policía de Investigaciones, sino también la Conaf y las Fuerzas Armadas. En ese sentido, cómo no mencionar a las Fuerzas Armadas, pues cada vez que ocurre una catástrofe, como la acontecida en 2010, son las primeras en salir a la calle para ayudar y ponerse a disposición de la ciudadanía. Se trata de un proyecto que viene a reforzar un concepto que instaló en 2011 el entonces ministro Laurence Golborne, quien firmó un protocolo de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública para permitir que los vehículos de emergencia transitaran por las carreteras concesionadas sin detenerse en los peajes. Lamentablemente, y como no tenía validez jurídica, el protocolo no fue respetado por las concesionarias en ciertos casos especiales. Hace un año, todos reaccionamos a raíz del incendio que afectó a Valparaíso –lo llamo “legalismo mágico”-, pero lamentablemente lo hicimos después de que ese hecho le costó la vida a algunas personas y provocó que se les quemaran las casas a miles de porteños. Por lo tanto, creo que el proyecto concitará la unanimidad de la Sala y espero que sea despachado a la brevedad. En la Región de La Araucanía se sufren incendios de manera permanente y hay peajes troncales y laterales aproximadamente cada 30 kilómetros. Por ello, esperamos que se asegure el tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia. Hago hincapié en que el concepto de emergencia no solo se refiere a incendios, sino también a temas de salud pública, lo cual es importante considerar. He dicho. El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, hemos argumentado a favor del proyecto, pues nuestra Región de La Araucanía, algunas de cuyas comunas son muy pobres, se ve afectada con mayor frecuencia en la época estival por una gran cantidad de incendios forestales. Además, la provincia de Malleco, a la que pertenece mi distrito, está atravesada por la ruta 5 Sur y, por tanto, hay peajes. En consecuencia, se trata de un problema que muchas veces ha significado que la eficiencia y la eficacia alcanzadas en el combate de incendios sean menores que las esperadas. Por lo tanto, el proyecto plantea una modificación que parece de sentido común. Recuerdo que, por mucho tiempo, se presentaron mociones en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones en la dirección de hacer justicia respecto de una cuestión de sentido común: los vehículos de emergencia deben tener el paso liberado en las plazas de peajes. No puede ser que porque en el contrato de concesión no se estableció una regla sobre el particular –seguramente no se consideró en su momento- se genere un problema. En muchas ocasiones hemos sido testigos de que un vehículo de emergencia no pudo pasar por un peaje producto de que quien lo conducía no tenía dinero en ese momento. ¿Quién piensa en el dinero para el pago del peaje cuando se acude a una emergencia, por ejemplo, cuando se está quemando una casa o un bosque, o cuando se produce un accidente? Señor Presidente, en su calidad de médico, usted debe saber que en los accidentes los primeros treinta minutos son “de oro” y pueden hacer la diferencia entre salvar o perder una vida. Ahora, lo que hace el proyecto es hacerse cargo de una realidad. Para ello, incluye en la categoría de vehículos de emergencia otros transportes que también son utilizados para acudir a emergencias. Me refiero a los de Carabineros y a los de la PDI, siempre y cuando se dirijan a atender una situación de emergencia. El proyecto lo dispone claramente, a fin de evitar que la medida dé lugar a abusos. En nuestra región -coincido con el colega Diego Paulsen quien también representa un distrito de la Región de La Araucanía- también se genera el problema descrito con los vehículos de la Conaf. Por lo tanto, y especialmente en lo que se refiere al combate de incendios, es esencial que se les aplique la prerrogativa que dispone el proyecto. Además, como en ocasiones el Ejército debe ayudar en tareas de emergencia, la iniciativa también establece que sus vehículos sean dispensados de la obligación de pago de peaje cuando se dirijan a atender una emergencia. De manera que solo el sentido común debiera bastar para que nos demos cuenta de que es muy necesario aprobar el proyecto. Por ello, con el mayor de los respetos y como integrante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, solicito a mis distinguidos y distinguidas colegas que votemos favorablemente la presente iniciativa, que sin duda será de gran utilidad. He dicho. El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, tengo en mi poder una licencia de conducir: la mía. Además de algunas otras clases de licencia tengo la F, que permite conducir vehículos de emergencia. ¿Por qué? Porque soy conductor de Bomberos, y en más de una oportunidad, al acudir a alguna emergencia, me he encontrado con que hay que pagar un peaje, es decir, pagar por el derecho a transitar por las vías de nuestro país. Por supuesto, es una anormalidad, por así decirlo. Hoy parece de toda lógica, pero cuando se realizaron las concesiones nadie se acordó de este asunto. En otras palabras, nadie se preocupó de que se les diera pase libre a los vehículos de emergencia en el sentido amplio al cual se ha hecho mención, es decir, no solo a los de Bomberos, sino también a las ambulancias y a otros vehículos fiscales que acuden a alguna emergencia. En nuestra zona se construirá una doble vía que unirá a Angol con Los Ángeles. A pesar de que se ha luchado para que se financie exclusivamente con recursos fiscales, hoy ya se definió que se hará a través de una concesión y, en consecuencia, se establecerán algunos peajes. La norma propuesta en el proyecto debería estar vigente antes de que se construya esa doble vía, de modo que los bomberos de Collipulli, de Angol, de Renaico, y también las ambulancias que transitarán en la ruta –como ocurre hoy en la ruta 5 Sur-, cuando tengan que acudir a alguna emergencia, no deban desembolsar recursos para transitar. Además, se debe considerar el tiempo que se pierde para efectuar la gestión de pagar y recibir la boleta correspondiente. Me parece que debería existir una barrera libre, con el objeto de circular en forma rápida en caso de tener que cubrir las emergencias. Obviamente, el tiempo es oro y en las situaciones de emergencia resulta vital. Por lo tanto, anuncio que voy a apoyar la iniciativa, por cuanto apunta en el sentido correcto. La experiencia y el sentido común nos señalan que este tipo de proyectos debe ser aprobado y, ojalá, por unanimidad, ello con el objeto de corregir esta situación, que, lamentablemente, a través de los medios de comunicación, se ha presentado con un inconveniente para el Poder Legislativo. ya que se hallaría en encrucijada o en tela de juicio respecto del cumplimiento de sus funciones. En representación de mi distrito, que comprende a varias comunas de alta vulnerabilidad de la provincia de Malleco, Región de la Araucanía, quiero anunciar que voy a votar favorablemente el proyecto de ley. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, esta iniciativa, cuya aprobación se solicita desde hace tiempo, forma parte de un conjunto de proyectos que se están refundiendo. Se espera que pronto sea aprobada, porque actualmente se presentan situaciones, por ejemplo, en la provincia de Concepción, donde se instalaron los peajes más caros del país, lo que parece bastante injusto para los vehículos de emergencia, tales como carro bombas, ambulancias, etcétera, que tienen que pagar peaje para acudir a distintas emergencias. Al respecto, puedo citar, como ejemplo, lo ocurrido hace un par de años en Quillón. Varias compañías de bomberos debieron acudir de manera urgente a sofocar uno de los grandes megaincendios que afectaron a dicha provincia. Además, puedo mencionar el caso de Santa Juana, que requirió del auxilio inmediato de varias compañías de la provincia. Como si fuera poco, también se dio el caso del bus que sufrió un accidente llegando a Chillán, al cual debieron llegar varias ambulancias de los hospitales de Concepción. El diputado Tucapel Jiménez se ha referido en varias ocasiones a proyectos relativos a materias laborales. Pese a que los contratos con las empresas concesionarias son millonarios, no permiten ningún tipo de excepción frente a este tipo de situaciones, lo cual es sumamente grave. No quisiera recordar lo sucedido durante las primeras horas posteriores al terremoto del 27-F. Durante dicha tragedia, si no hubiese habido una gran presión ciudadana, no se habrían levantado las barreras del famoso peaje de Tierra Amarilla. Señor Presidente, espero que este proyecto no duerma en el Senado el sueño de los justos. Muchas iniciativas como ésta, que se tramitan con urgencia en la Cámara, después en el Senado se postergan. Ojalá en este tipo de materias esa Cámara haga pronto su tarea y se tramite favorablemente la excepción de los vehículos de emergencia. La idea es resolver situaciones que se originan con frecuencia en distintos puntos de la provincia de Concepción, Arauco y Ñuble. Espero que el proyecto se apruebe por unanimidad en la Cámara, y se tramite, reitero, de manera rápida y eficiente en el Senado, a fin de incorporar en nuestra legislación esta excepción tan relevante e importante. Ojalá en los próximos meses la iniciativa se transforme en realidad. Espero también que la ciudadanía no sienta que las concesionarias hacen uso de un poder extralimitado cuando se trata de tocarle el bolsillo a la gente, ni se postergue la tramitación del proyecto en el Congreso Nacional. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar. El señor SALDÍVAR.- Señor Presidente, me parece sumamente importante abordar este problema. Quienes asisten a las tribunas y viven la experiencia de comprobar cómo se desarrollan los debates en este hemiciclo, sin duda se van a dar cuenta de que este asunto debió debatirse con un par de intervenciones y, luego, resolverse, porque abundar sobre la materia en cuestión parece innecesario. Pero la democracia es así. Hay distintos puntos de vista; se deben exponer las ideas y sus matices. Pero, en el fondo, y también en lo sustantivo, estamos todos de acuerdo en que las emergencias ameritan despejar las barreras, controles y obstáculos que estén impidiendo el buen desenvolvimiento, eficacia y eficiencia de los vehículos de emergencia. Los parlamentarios son capaces de lograr acuerdos transversales, fecundos, efectivos y veraces, sobre todo cuando quieren poner énfasis en el bien más importante para la comunidad: la vida y sus valores, lo cual es esencial para darnos cohesión. Sin más que agregar a este asunto vital para nuestra sociedad, anuncio con entusiasmo y alegría que votaré favorablemente la iniciativa. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, represento a un distrito que se encuentra cercado por autopistas, principalmente interurbanas. El uso de las autopistas forma parte del costo de vida de la población, porque lamentablemente no son de uso ocasional, sino habitual, para desplazarse a cualquier lugar, ya sea para trabajar, estudiar, hacer trámites, etcétera. Por lo tanto, el pago del Tag o del telepeaje, a diferencia de otros pagos que son de uso más bien circunstanciales, ya sea para vacaciones o viajes excepcionales, es inevitable. En el Gran Santiago se puede apreciar cómo las autopistas han elevado sustancialmente el costo de vida de sus habitantes. En la zona norte se ha dado una gran discusión sobre la concesión de la Ruta 5 Norte, la que, en régimen, por el uso de un solo tramo, va a encarecer el costo de la vida en 60 mil pesos mensuales. Si se utiliza el tramo siguiente, prácticamente un ciudadano tendrá que destinar 100 mil pesos a ese ítem, lo cual obviamente pasa a ser un tema a considerar a la hora de analizar el costo de vida de la población, en especial, de los habitantes de la Región Metropolitana. ¡Qué duda cabe que estamos cercados por la autopista del Sol, por la Vespucio Sur, por la Vespucio Norte, por la Ruta 5 Norte! Si bien es cierto que este proyecto es positivo -y lo saludamos-, ojalá, como lo señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pronto se convierta en ley de la república, porque tiene que ver con el sentido común. También aprovecho la oportunidad de hacer un llamado al Ministerio de Obras Públicas y al gobierno para revisar las políticas en materia de concesiones. Obviamente, no se trata de instalar un sesgo ideológico, en términos de si uno está a favor o en contra de que privados participen de la infraestructura del país. Este no es el caso, pues tal vez estamos en las antípodas de esa visión. Por el contrario, creo, en perspectiva, que el sector privado ha aportado bastante a la infraestructura del país. Pero nuestra legislación es de 1996 y en aquel entonces las condiciones económicas del país eran bastante distintas de las actuales, pues hoy se observa una clara asimetría entre los automovilistas y las autopistas. Dentro de los rubros que más han crecido durante estos años en materia de ganancias y utilidades están las concesionarias privadas, las que tienen aseguradas por ley un IPC más un 3,5 por ciento, lo que se traduce en utilidades millonarias, porque el parque vehicular ha crecido a pasos agigantados y sentimos que las condiciones que se exigen a las concesionarias, a través de nuestra normativa, son muy escasas, y que la cancha está mal nivelada. Como señaló el diputado señor Matías Walker, hemos presentado el proyecto “Barreras Arriba”. La idea es que cada vez que exista congestión esta sea imputable a la autopista y se libere el pago de peaje. De esa manera se obliga a la concesionaria a prestar un servicio de estándar mínimo de circulación. ¡Cuántos fines de semana los chilenos han sido prácticamente secuestrados -por horas, en este caso- en los ingresos a las distintas ciudades! Las plazas de peaje pasan a ser verdaderas trampas, donde obviamente el tema no es imputable al automovilista, sino a la autopista, la que no toma los resguardos del caso en materia de provisión de un servicio que demanda cierta fluidez. De ahí las diferencias con una calle, cuyo uso no es pagado por el usuario. La autopista debe contar con ciertas condiciones y estándares viales. Dentro de ellos está el que acabo de mencionar. También hemos señalado hasta el cansancio la necesidad de una Superintendencia de Obras Públicas. ¿Qué posibilidad existe hoy de discutir la cuenta, a veces millonaria, que le llega a un automovilista si no tiene enfrente a alguien de la empresa con quién entenderse? Cuando tenemos un problema con una cuenta eléctrica podemos ir a la Superintendencia o al Sernac, servicio donde no se rigen ni se aplican las normas en materia de autopistas. Si tenemos un problema con la cuenta de agua, podemos ir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En fin, aquí estamos frente a una concesión y no existe una contraparte que pueda supervigilar el pago de una cuenta, salvo, por ejemplo, un inspector fiscal, al cual es difícil acceder. Incluso, los parlamentarios lo hacemos vía oficio de fiscalización. Respecto del proyecto mismo, logramos cambiar el artículo 42, que permitía cobrar una multa hasta 40 veces en beneficio de la empresa; ni siquiera del Fisco, situación que ya era bastante anómala. En fin, podría hablar de muchos cambios que demanda la ley de Concesiones, como los estímulos a la inversión, pues hoy prácticamente es un premio no invertir en Vialidad, pues mientras más congestión se tiene a la hora de saturación, al final del día es un beneficio para la concesionaria. Señor Presidente, sentimos -como se dice en buen chileno- que aquí “está mal pelado el chancho”. Creemos que de una vez por todas hay que enfrentar este tema con altura de miras. Nuestro país requiere de una nueva ley de Concesiones, que haga simétrico el trato entre los automovilistas, en este caso, y las empresas concesionarias. Por eso, aprovecho esta tribuna para solicitar al Ejecutivo que de una vez por todas, en un mercado tan explosivo y dinámico como este, tengamos una nueva legislación, acorde con los tiempos del Chile de hoy. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hemos escuchado intervenciones de todas las bancadas sobre el proyecto de ley. ¿Quién se podría oponer? Pero hay versiones que para la historia del establecimiento fidedigno de la ley es necesario comentar. No se trata de ir en contra, como tampoco presentar indicaciones nuevas, sino de la necesidad de decir cuántos años demoramos en lograr el objetivo. Soy autor de uno de los proyectos, que fue presentado hace unos ocho o diez años con los diputados señores José Miguel Ortiz y Sergio Ojeda. La iniciativa fue rechazada lisa y llanamente porque las concesionarias eran muy fuertes y el Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas prácticamente se cerraba a la petición formal de lo que hoy está a punto de convertirse en ley de la República. Por lo tanto, solo deseo decir que el transcurrir del tiempo a veces obra en beneficio de las ideas, y en este caso, todos los argumentos anteriores fueron sumándose a lo que prácticamente hoy concita apoyo unánime al proyecto de ley. Los veinte diputados de ese entonces, sumados a los de hoy, se hicieron eco de una necesidad tremenda: dar todas las facilidades de circulación a vehículos de Carabineros, Bomberos, ambulancias, etcétera. En el fondo, se trata de priorizar la urgencia y la necesidad de aquellos que cumplen objetivos de orden público. Muchos de nuestros argumentos no fueron escuchados por la autoridad. Hablo del Departamento de Concesiones, al que aprovecho de enviar un respetuoso saludo. A ese organismo le digo que a lo que ayer se opusieron hoy se está consumando en un proyecto de ley que seguramente va a ser aprobado por unanimidad. Me sumo a los diputados que van a votar a favor del proyecto; de hecho, la bancada del PPD ya ha dado su opinión. A continuación, va a intervenir la colega Loreto Carvajal, a quien aprovecho de saludar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal. La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, en primer término quiero decir que este es un proyecto largamente anhelado por los servicios de emergencia o, más bien, por aquellos hombres y mujeres que en su quehacer diario y por ayudar continuamente a la comunidad, se encuentran muchas veces con la imposibilidad de llegar de manera inmediata a un lugar siniestrado. Hoy, las rutas son distintas. Ello puede constatarse en las diversas comunas que represento. Tal como exponía el diputado señor Gabriel Silber, esa situación demanda la necesidad de estudiar una nueva ley de concesiones y atender la situación actual de la Dirección Nacional de Concesiones. Como integrante de la Comisión de Obras Públicas me parece muy bien algo que ayer escuché en esa instancia. Me refiero a la necesidad de una nueva institucionalidad en materia de concesiones, que abarque, entre otros puntos y de manera muy importante, la participación ciudadana. Digo esto porque muchas de nuestras comunas, particularmente en la provincia de Ñuble -el Presidente recordó que represento a 15 comunas de la Región del Biobío- hoy se ven enfrentadas a situaciones de “encierro”. Lo digo específicamente por la comuna de Ránquil, que hoy está sobrepasada por una problemática que le significa tener que pagar un peaje para entrar a la comuna y salir de esta. Lo mismo ocurre con la nueva ruta 5 Sur., particularmente respecto de algunos compromisos establecidos mediante contrato. Allí nos encontramos con un peaje al ingreso de San Carlos, una de las principales comunas del distrito que represento. El punto es que no se han ejecutado algunas obligaciones que, por contrato, debían llevarse a cabo mediante ese mecanismo. Creo que es necesario y urgente avanzar sobre una normativa que permita, primero, fiscalizar mucho más y, en segundo lugar, hacer exigible un cumplimiento que hoy acarrea diversas problemáticas y, por qué no decirlo en esta instancia, muertes. A propósito de lo dicho, hace aproximadamente tres semanas nuevamente falleció una persona en la ruta que une San Carlos y Chillán, particularmente en el kilómetro 390 de la ruta 5 Sur, lugar donde se estableció la obligación de instalar una pasarela hace muchos años, lo que no ha ocurrido hasta hoy. Hemos enviado los oficios correspondientes y hasta hoy eso no ha ocurrido. Lamento esa situación y, por supuesto, me sumo a las demandas hechas por los vecinos del sector Santa Teresa, a fin de que las concesionarias cumplan su obligación, sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden al Ministerio de Obras Públicas, a fin de avanzar en esta y en otras materias importantes, porque atender las necesidades de nuestros vecinos debe ser la primera prioridad. En las comunas de San Carlos y de Ránquil -próximamente, también en las de Cabrero y de Yumbel- existen plazas de peajes laterales que obligan a los vehículos particulares a esperar mucho tiempo, porque las concesionarias -hay que decirlo- no cuentan con el personal suficiente para atenderlas. En muchas ocasiones, particularmente en fines de semana largos, hay grandes filas de vehículos esperando para pagar el peaje para ingresar a nuestras comunas. Con esta iniciativa avanzaremos en esta materia, pues se les dará prioridad en los peajes a los vehículos de emergencia de Bomberos, de Carabineros, de los servicios de salud, públicos y privados, de la Policía de Investigaciones, de las brigadas de la Corporación Nacional Forestal y de las Fuerzas Armadas. Dada la importancia del proyecto, como ha dicho mi colega Enrique Jaramillo, no debiera haber imposibilidad para aprobarlo unánimemente, porque, más allá de lo que he relatado, es urgente que los vehículos de emergencia, que además de enfrentar malos accesos, deben hacer largas filas en las plazas de peaje, queden eximidos de esta obligación. Sin duda, esta iniciativa permitirá que lleguen con la prontitud que los vecinos requieren. En las comunas rurales, los bomberos, los servicios de salud o los Cesfam deben concurrir con sus vehículos a atender una situación de urgencia en sectores apartados, con malas condiciones de tránsito. Por ello, que deban enfrentar las barreras del peaje no contribuye a que cumplan su objetivo. En consecuencia, estimo muy necesario que aprobemos el proyecto de ley para que las concesionarias habiliten el sistema que en él se dispone. La normativa que proponemos respaldar permitirá que los vehículos de emergencia tengan un acceso más expedito, sobre todo en circunstancias de urgencia. Es lo mínimo que como Estado podemos dar a nuestros organismos de emergencia, en particular a aquellos que de manera solidaria día a día dan su vida por enfrentar siniestros, lo que ayuda enormemente a nuestros vecinos. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, esta moción pretende, en síntesis, asegurar el tránsito expedito de los vehículos de emergencia de distintos organismos en los momentos en que acuden a prestar sus servicios, toda vez que su retraso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta iniciativa hace un reconocimiento a la importancia de esa labor, la cual, al menos en el caso de los bomberos, se desarrolla de manera totalmente gratuita y demuestra en todos los casos su generosidad en el servicio a las personas. Recuerdo que para el terremoto del 27 de febrero de 2010, en la Autopista del Itata, que une Concepción con Chillán se produjo una situación insólita: los vehículos de emergencia, como los carros bomba, no podían acceder a la comuna de Coelemu porque debían pagar el peaje. Obviamente, los voluntarios de bomberos pagaron ese importe de su propio bolsillo para acudir a ayudar a las personas afectadas por el terremoto y el tsunami. Desde ahí, muchos empezamos a levantar esta iniciativa que felizmente hoy estamos discutiendo. Cabe recordar que este asunto ya había sido motivo de un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y las concesionarias, pero que al no respetarse ha hecho necesario elaborar una ley sobre la materia. A la Comisión de Obras Públicas concurrió el señor Rodrigo Álvarez, exdiputado, ex Presidente de esta Corporación, y representante en ese momento de Copsa, quien dio a entender que había un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y las concesionarias para liberar de peaje a los vehículos de emergencia. Sin embargo, es mejor contar con una ley que regule esta materia y tener la seguridad jurídica de que cada vez que ocurra un siniestro, los vehículos de emergencia, que necesiten transitar rápidamente, no tendrán que pagar peaje tanto en las rutas concesionadas como en los pocos peajes públicos de vialidad que quedan en el país. Hay que enfatizar que aunque los contratos no deben modificarse, en el caso de los contratos de concesión el Ministerio de Obras Públicas puede determinar algunas condiciones, pues se trata de vías públicas que son de propiedad de todos los chilenos. Estamos ante un asunto de sentido común. Por lo demás, el dinero que dejará de aportarse por dichos vehículos por concepto de peaje es marginal. El proyecto agrega otro elemento que no forma parte de las quejas que la ciudadanía ha manifestado cada vez que se ha cobrado peaje a una ambulancia o a un carro de bomberos: incluir dentro de los vehículos de emergencia favorecidos con esta exención a los de las brigadas forestales de la Conaf y a los de las Fuerzas Armadas. Es una medida muy pertinente y que introdujimos en la Comisión de Obras Públicas, junto al diputado Mario Venegas, quien representa una zona eminentemente forestal, al igual que lo es el distrito que represento en la Región del Biobío, donde cada año se producen siniestros forestales de gran magnitud que movilizan vehículos de la Conaf, los cuales también deben pagar peaje. Por lo tanto, estamos ante una iniciativa positiva que humaniza las concesiones, sistema que necesitamos reimpulsar. Por esa razón, ayer, el ministro de Obras Públicas presentó un proyecto sobre la Dirección General de Concesiones, una nueva institucionalidad para profundizar el sistema de concesiones, que ha sido muy exitoso en nuestro país, pero que en el caso de las autopistas presenta dificultades, como la que estamos salvando con el proyecto en discusión, y como el encierro y el aislamiento que producen de muchas comunidades. Necesitamos una institucionalidad más ágil y flexible para solucionar esos problemas. Además, con la institucionalidad que se creará podremos avanzar en establecer una medida que el diputado Ricardo Rincón ya en su momento reveló, cual es la de las “barreras arriba” durante los fines de semana largos, como los de Semana Santa o de Fiestas Patrias, en los que, según las estadísticas, el tránsito medio diario anual alcanza su peak. En esas circunstancias, una solución ingeniosa podría ser la de levantar las barreras en las horas peak, y compensar posteriormente a la concesionaria. Está claro que durante esas fechas no se puede detener el tránsito. Una medida como esa permitiría humanizar las concesiones y hacerlas más eficientes. En la comuna de San Carlos, una madre y sus dos hijos murieron calcinados. Su funeral originó un tránsito desde Chillán hacia San Carlos de más de 400 vehículos. ¿Se imaginan cobrar peaje a 400 vehículos que participan en un funeral? Gracias a la buena voluntad de la concesionaria de Talca a Chillán, se levantaron las barreras y se buscó un mecanismo de compensación. Para ciertos hitos importantes como el que acabo de mencionar, o como la Semana Santa o el 18 de Septiembre, hay que buscar soluciones ingeniosas –reitero- para humanizar las concesiones. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, la diputada Andrea Molina y los diputados Javier Hernández e Iván Norambuena, me han solicitado que, en su nombre, apruebe entusiastamente este proyecto, ya que se hace cargo de la realidad efectiva de un incumplimiento, en términos de liberar de peaje a los carros de emergencia, particularmente de Bomberos. Los servicios rentados de emergencia como los que prestan los organismos de salud, Carabineros o la Conaf tienen un presupuesto por cierto bastante bajo, sobre todo en tiempos de verano, en que el desplazamiento se hace muy necesario debido a la ocurrencia de incendios forestales y de accidentes de tránsito. Hace un momento, asistieron a la comisión permanente de Bomberos de la Cámara de Diputados representantes de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, encabezados por su presidente, don Miguel Reyes, con quien conversamos sobre esta iniciativa. El señor Reyes afirmó: “Este proyecto nos va a ayudar, nos va a colaborar, porque, más que no pagar el peaje, implica reconocer la necesidad del desplazamiento rápido.”. Quiero señalar que Bomberos de Chile tiene actualmente tiempos de respuesta que están en el rango de los países más desarrollados: entre tres y cuatro minutos desde que se reciben las alarmas. Esto, naturalmente, es un tremendo prestigio, no solo para los Bomberos, sino para todo el país. Por tanto, entendemos que el proyecto otorga un mandato imperativo y definitivo, para que se cumpla la voluntad del Parlamento, que representa a los ciudadanos, cual es que no exista impedimento alguno para el rápido desplazamiento de vehículos de emergencia en el cumplimiento de sus objetivos. Señor Presidente, nosotros anunciamos -como partido, naturalmente- nuestra entusiasta aprobación a un proyecto como este. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson. El señor JACKSON.- Señor Presidente, haré una intervención bastante breve para señalar que presentaré una indicación destinada a suprimir el literal b) del artículo 1°, sin perjuicio de que estoy de acuerdo con el proyecto y con los argumentos que se han esgrimido. El literal b) del artículo primero dispone: “Si la responsabilidad fuera imputable solo al operador del peaje, este sufrirá una multa de entre 1 a 3 unidades tributarias mensuales, por cada vehículo de emergencia cuyo paso se haya visto dificultado a raíz de su acción u omisión.”. La indicación tiene por objeto suprimir dicho literal, pues creemos que no hay razón por la que una persona quiera restarse a la posibilidad de que un vehículo de emergencia pase por el peaje sin efectuar el pago correspondiente, si no tiene una instrucción directa en ese sentido por parte de la concesionaria. Por lo tanto, multar a un operador del peaje e imputarle la responsabilidad por el incumplimiento de esta futura ley nos parece que no tiene mucho propósito. La responsabilidad debe ser imputable a la empresa concesionaria. Anuncio mi voto favorable a la iniciativa, sin perjuicio de que presentaré esta indicación, a la cual adhiere el diputado Gabriel Boric, para que no se responsabilice al operador del peaje, pues sabemos que la responsabilidad –reitero- es de la empresa. He dicho. El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, en nuestro país hay materias respecto de las cuales debemos legislar porque el sentido común no impera en todas las acciones que se desarrollan en el Estado de Chile. Pareciera ser de sentido común que las empresas concesionarias de las rutas deben permitir el paso rápido y expedito a aquellos vehículos que concurren a una emergencia; pareciera ser de sentido común que si hay un incendio, los carros de Bomberos deben transitar libremente, y recibir todas las facilidades del caso para que puedan llegar a su destino lo más rápidamente posible; parece de sentido común que si una ambulancia se desplaza por la carretera haciendo sonar su sirena, se debe a que traslada a una persona que está con un riesgo de salud y requiere rápida atención médica; parece de sentido común que si Carabineros de Chile se desplaza en sus vehículos con sus balizas activadas, se debe a que tiene que desarrollar alguna acción, en el marco de sus atribuciones, para la cual requiere pasar rápidamente por donde sea, en este caso por los peajes. En consecuencia, pareciera lógico que el concesionario, motu proprio, para dar un mejor servicio a la ciudadanía, determine que los vehículos de emergencia transiten rápidamente y sin mayor dificultad por los peajes. Les aseguro que, económicamente, es una cantidad mínima de recursos la que ingresa a las concesionarias por concepto de pago de peaje por los vehículos de emergencia. Lo más probable es que si uno contabilizara los recursos que les dejan a las concesionarias dichos vehículos, comprobaría que no alcanzarían para cubrir las necesidades que tiene cualquiera de las instituciones que prestan atención en situaciones de emergencia. Es decir, es una cantidad perfectamente pagable. El problema está en que en Chile no hay sentido común en nuestros empresarios. Les falta esa mirada de colaboración con la ciudadanía y entender que la responsabilidad social que tienen las empresas debe darse con gestos y con acciones que estén relacionadas con el bien común. Por eso, hoy votaremos un proyecto de ley –es una paradoja, señor Presidente- que obligará a las empresas a tener sentido común. Anuncio que votaremos a favor el proyecto. Me parece razonable que la norma exija este permiso -por así llamarlo- para las instituciones que corresponda. También me parece muy razonable lo planteado por el diputado Jackson, en términos de que la responsabilidad por el incumplimiento de esta futura ley no debe ser imputada a los funcionarios que operan el servicio, sino a aquellos que dan las órdenes y toman a su cargo la responsabilidad directiva. Es decir, no debe imputarse la responsabilidad al funcionario que está en la caseta, a quien seguramente le han dicho: “Usted no deje pasar a ningún vehículo, sea de quien sea, sin pagar peaje.”. Por eso me parece razonable pedir que se vote por separado la norma del proyecto que dispone la responsabilidad del operador del peaje. Estimo correcto lo planteado por el diputado Jackson. En términos concretos, si en nuestro país imperara el sentido común, no sería necesario imponer tantas normas, leyes u obligaciones a los empresarios, como ocurre en este caso con las empresas concesionarias, simplemente para que eximan a los vehículos de emergencia del pago de peaje y de esa forma faciliten su actuar en todo lo que corresponda. He dicho. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE ADMISIÓN, PERMANENCIA Y PROGRESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8.742-31) El señor LEÓN (Presidente accidental).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, estableciendo que las instituciones de educación superior deben contar con un sistema de admisión, permanencia y progreso para personas con discapacidad. Diputada informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación es la señora Marcela Hernando. Antecedentes: El señor LEÓN (Presidente accidental).- En remplazo de la diputada señora Marcela Hernando, tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco. La señora PACHECO, doña Clemira (de pie).- Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, originado en una moción de los diputados señores Fuad Chahin, Romilio Gutiérrez, Jorge Sabag, Patricio Vallespín y Matías Walker; de la entonces diputada señora Carolina Goic y de los diputados de la época señores Enrique Accorsi y Roberto Delmastro, contenido en el boletín N° 8.742-31. La idea matriz del proyecto es incorporar una norma legal expresa en la ley N° 20.422 que obligue a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de nuestro país a disponer de un sistema especial de admisión, permanencia y progreso de personas con discapacidad y asegurar de ese modo el efectivo ejercicio del derecho a la educación superior para esas personas. Fundamentos del proyecto. El proyecto de ley constata la brecha que actualmente existe para las personas en situación de discapacidad en materia de educación. Tratándose de educación superior, los datos confirman que solo el 5,7 por ciento de las personas con discapacidad han tenido acceso a la universidad o a algún instituto de formación profesional, mientras que menos del 1 por ciento ha accedido a algún centro de formación técnica. En función de estos antecedentes, los autores de esta iniciativa de ley consideran que la integración de las personas con discapacidad no se ha logrado con suficiente fuerza en la educación superior. No obstante se reconoce la existencia de iniciativas para promover una mayor inclusión, como la Red Regional de Educación Superior Inclusiva de la Región de Valparaíso, en la práctica las instituciones de educación superior del país no disponen de mecanismos o sistemas especiales de admisión, permanencia y/o progreso para personas con discapacidad, circunstancia que busca ser corregida mediante esta iniciativa legal. Discusión del proyecto. Durante la discusión general se contó con la colaboración de la exministra de Desarrollo Social, doña María Fernanda Villegas; del director nacional del Servicio Nacional para la Discapacidad (Senadis), don Mauro Tamayo, y del jefe del Departamento de Educación de Senadis, don Wilson Rojas. A lo largo de esas audiencias se analizaron las cifras generales sobre inclusión social de personas con discapacidad, concentrándose particularmente en los desafíos pendientes para alcanzar una verdadera inclusión educativa. Así, se demostró que existe un significativo grupo de personas con obstáculos para acceder y permanecer en la educación superior, situación que resulta urgente corregir en consonancia con los objetivos de la actual reforma educacional, que busca precisamente eliminar todas las barreras y formas de discriminación que impidan acceder al aprendizaje. Adicionalmente, se revisaron las principales disposiciones de derecho comparado en la materia y se reconoció que los ajustes propuestos en el proyecto están acordes con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos para las personas en situación de discapacidad. En ese contexto, el proyecto de ley fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes, señora Alejandra Sepúlveda; señores Chahin, Melo, Paulsen y Sabag, y quien informa. Durante la discusión particular se analizaron algunas propuestas que buscaron perfeccionar la redacción del proyecto, incorporando también la noción de egreso, enfatizando el carácter imperativo de la norma y aludiendo a las demás disposiciones de la ley que resultan pertinentes. En definitiva, el contenido de este proyecto consiste en modificar el actual artículo 39 de la ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, para incorporar el siguiente inciso: “Las instituciones de educación superior dispondrán de un sistema especial de ingreso, permanencia, progreso y egreso para las personas en situación de discapacidad, para lo cual proveerán los servicios de apoyo necesarios y los ajustes razonables, incluyendo la debida habilitación de su cuerpo académico y adaptarán los materiales de estudio y medios de enseñanza con el objeto que las personas en situación de discapacidad puedan cursar las diferentes carreras técnicas o profesionales en conformidad lo dispone el artículo 24 de la presente ley.”. Puesto en votación el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señoras Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda; señores Chahin, Edwards, Lavín, Melo y Sabag, y quien informa. Se deja constancia de que la norma del proyecto no es de quorum calificado ni requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda. En razón de lo expuesto, solicito a la honorable Sala la aprobación de este proyecto de ley en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor LEÓN (Presidente Accidental).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, las personas con discapacidad tienen enormes potencialidades en nuestro país. De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad recogida en la ley N° 20.422, la idea es introducir el nuevo paradigma que consiste en eliminar las barreras para que ellas se puedan desarrollar en toda su potencialidad. El proyecto se inserta en ese contexto. Se trata de incluir una disposición en la ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad para obligar a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica a disponer de sistemas especiales de admisión en favor, precisamente, de las personas con discapacidad. Nadie podría poner en duda que este será un mecanismo efectivo para promover la integración social de esas personas, que, por lo demás, ya han demostrado, a punta de esfuerzo personal, su capacidad para superar sus limitaciones, poder titularse y ejercer sus profesiones. Quiero hacer especial mención a Felipe Belmar, un joven con síndrome de Down que se acaba de recibir como técnico agrícola, lo que es un orgullo para su familia. Como él hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres, que con una adecuada legislación que permita abrir las puertas a la educación, podrán titularse y también insertarse en el mundo del trabajo, tal como lo hicieron algunos jóvenes en esta Corporación durante la Presidencia del diputado Nicolás Monckeberg. Esas personas han sido heroicas para vencer las naturales resistencias sociales a su participación como profesionales, y es justo hacerles un reconocimiento por su persistencia en abrir espacios que, tradicionalmente, estuvieron cerrados para personas con discapacidad. Se debe tomar en cuenta que este Parlamento ha avanzado en la inclusión, por ejemplo, de abogados con distintas discapacidades en el Poder Judicial. Este proyecto apunta en la misma dirección. Sin embargo, hay una definición que se debe resolver a propósito de la discusión de este proyecto. Una posibilidad es la que está actualmente vigente, sin perjuicio de que pueda ser perfeccionada mediante esta iniciativa, y que apunta a dar igualdad de condiciones para postular a los centros de educación, esto es, que se les proporcionen los medios para adaptar los exámenes de admisión. En tanto, la otra estrategia de acción es la de la discriminación positiva, que no se encuentra considerada en este proyecto y que apunta a reservar determinado porcentaje de los cupos en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para las personas con discapacidad, sin perjuicio de que se establezcan algunos requisitos de calidad académica. Como el proyecto se votará en general, era oportuno hacer esa distinción para que, si la Sala lo tiene a bien, se realicen las adecuaciones pertinentes a esta iniciativa que, sin duda alguna, es muy necesaria y la cual valoro. En esta materia también tenemos un amplio campo para avanzar en cuanto a cupos laborales para las personas con discapacidad, tarea en la que junto con el diputado Chahin estamos embarcados en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, que preside el colega. He dicho. El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los autores de la moción. En segundo término, precisamente la Comisión de Desarrollo Social es la instancia en que se ven los temas relacionados con las personas con capacidades distintas. Hace muchos años hubo una explicación de parte de algunos especialistas, cuando tramitamos -aquí están presentes los diputados señores Jorge Sabag y Fuad Chahin- el proyecto de la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En esa oportunidad, nos explicaron que, al final, es la sociedad la que hace sentir a las personas con capacidades distintas que no tienen todas las posibilidades; que es la sociedad la que limita a las personas que tienen capacidades diferentes o formas distintas de desarrollarse en la vida. En algunos servicios públicos no existían ni rampas ni otros medios para que las personas con capacidades diferentes pudieran tener acceso a ellos. Las ciudades muchas veces no tienen veredas como corresponde o semáforos que emiten sonidos que permiten a una persona no vidente distinguir cuándo puede cruzar o no. La sociedad es la que va creando las limitaciones y las dificultades, no solo a las personas con capacidades distintas, sino también a nuestros adultos mayores, que no pueden acceder a todos los servicios y a todos los espacios sociales que posibilitan el desarrollo integral de la persona. Esta iniciativa tiene que ver con eso: con implementar las rampas y permitir el acceso universal desde el punto de vista de las edificaciones en relación con la arista educacional. Es decir, con cómo vamos entregando posibilidades de acceso universal también a las educaciones técnica y superior. En la medida en que tengamos diversidad en las educaciones superior y técnica, se enriquecerá la comunidad educativa y todos los alumnos que son capaces de integrarse y de compartir en comunidad con una persona con movilidad distinta, con sentidos distintos. A su vez, las personas con capacidades diferentes también se irán adecuando a la realidad para acceder a un tipo de educación que les permita después entregar, profesional o técnicamente, sus habilidades, destrezas y conocimientos. Podemos perfeccionar el proyecto de ley que hoy votaremos en general, a lo mejor incorporándole cupos o algún otro sentido que tenga que ver con el detalle, pero su artículo único tiene el sentido de inclusión que he señalado. Lo hicimos durante la tramitación del proyecto de ley de acceso universal, en relación con los edificios, y con las leyes que hicimos para las municipalidades, con el propósito de que los directores de obras tuvieran un sentido distinto al dar la aprobación. Hoy queremos hacer una modificación a la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para permitir el acceso universal con una distinción y un sello distinto a través de su artículo único. Por eso, espero que los diputados voten alegre y favorablemente el proyecto de ley. He dicho. El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen. El señor PAULSEN.- Señor Presidente, quiero felicitar y agradecer a los autores por haberme hecho partícipe en este proyecto en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. La iniciativa modifica la ley N° 20.422, estableciendo que las instituciones de educación superior deben contar con un sistema de admisión, permanencia y progreso para personas con discapacidad. Al respecto, quiero leer una noticia de un diario de mi región, en el que aparece Felipe Belmar, el primer joven con síndrome de Down titulado en la educación superior en Chile. El título de la noticia señala: “Necesitamos una sociedad más abierta, porque así nosotros podemos aportar.” Eso es lo que estamos haciendo junto con el diputado Chahin, Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, en la que hemos escuchado a diferentes agrupaciones que nos han pedido que aportemos a hacer de esta una sociedad mucho más inclusiva. El caso de Felipe Belmar lo conozco personalmente, porque él forma parte de una familia amiga. He visto cómo su madre se sacó literalmente las uñas trabajando para que Felipe pudiera surgir. En el diario él relató su historia: tuvo que pasar por más de tres o cuatro colegios para poder salir adelante; su familia completa entendió lo que es la inclusión y el entregar oportunidades a un joven con síndrome de Down. En ese tema debemos que aportar. Nosotros estamos acá para realizar cambios de verdad y lograr la inclusión para la gente que la necesita. Tenemos que brindar apoyo en esta materia, por lo que en este sentido, hago un llamado de manera transversal a todas las bancadas. Siempre se ha habla de una sociedad más inclusiva, pero solo el 1 por ciento de los niños con síndrome de Down logra entrar a una carrera técnica o universitaria. Al respecto, reitero: Felipe es el primer caso en Chile de una persona con síndrome de Down que logra titularse. Desde este hemiciclo quiero hacer un llamado a los rectores de todas las instituciones que primero exigen inclusión y educación pública, gratuita y de calidad, en orden a que primero debemos comenzar por estas materias, que son fundamentales. Sobre el particular, quiero felicitar a Inacap, institución que aceptó a Felipe y le dio las posibilidades para surgir. Hoy, él es un profesional de tomo y lomo que está dispuesto a salir al campo laboral sin tener ningún complejo por su discapacidad. Asimismo, felicito a la familia de Felipe y a las instituciones que dan oportunidades de este tipo. Por último, invito a todos los colegas para que sigamos trabajando, porque casos como el de Felipe son los que nos motivan a ello. He dicho. El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, este proyecto, que parece ser modesto, sin mucha pretensión, lo que hace de alguna manera es ir materializando un cambio de paradigma. El paradigma anterior era ver que personas que tenían algún tipo de discapacidad debían ser objeto de asistencialismo, vistas más bien desde la caridad, como objeto de políticas públicas de beneficencia. Pero hoy ese paradigma cambió. Las personas con algún tipo de discapacidad tienen derechos y requieren igualdad de oportunidades. No demandan asistencialismo, sino inclusión. Y en ese sentido, nosotros, como sociedad, muchas veces somos los que no tenemos la capacidad (nosotros somos los discapacitados) de ver en esas personas las oportunidades, el temple, el esfuerzo, la fortaleza, las ganas de salir adelante y el entusiasmo con que en numerosas ocasiones enfrentan los desafíos y obstáculos que le presenta la vida. Nos parece que este cambio de paradigma se ha ido asumiendo de manera tremendamente transversal con la diputada Sepúlveda, con el diputado Sabag, con el diputado Paulsen, con la diputada Hernando, con el diputado Melo, con todos quienes forman parte de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. En cierto modo, estamos tratando de ponernos de acuerdo en estos temas, que deben unirnos y no dividirnos, pues tiene sentido hacer un esfuerzo de país para brindar las oportunidades que merecen las personas con capacidades distintas. El colega Paulsen destacó el caso de Felipe Belmar, de 23 años, quien se tituló de técnico agrícola en Inacap Temuco, lo cual es fruto del esfuerzo de su familia, que lo acompañó, pues este joven tuvo la oportunidad de recibir una estimulación temprana y la posibilidad de ser acogido en un instituto profesional. Pero mi pregunta es cuántos niños con talento, con ganas y con entusiasmo, muchas veces porque desde su más tierna infancia no tienen las oportunidades ni la estimulación necesarias para desarrollar todas sus habilidades y competencias, se nos quedan en el camino y después deben ser objeto de otro tipo de políticas públicas, más en esa lógica del paradigma anterior: el asistencialismo, cuando quizás si les diéramos la oportunidad de tener una inclusión escolar como corresponde y luego inclusión laboral, podrían aportar todo su talento y sus capacidades para el desarrollo del país. ¡Eso es lo que pretende este proyecto! Como estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, me conmovía ver a tantos compañeros con discapacidad visual y a otros con discapacidad física motora, quienes hacían un esfuerzo enorme y eran grandes alumnos, tremendos estudiantes. Pero no solo eso, eran un ejemplo de superación que admirábamos muchos de sus compañeros. Por eso es que en la Cámara de Diputados hemos tenido debates interesantes como, por ejemplo, el de eliminar esa prohibición tan absurda y odiosa de que personas con discapacidad visual o sordomudas que no se pueden dar a entender por escrito puedan ser jueces o fiscales. Bueno, lo que estamos haciendo con este proyecto es generar una obligación para que las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica de nuestro país dispongan de sistemas especiales de admisión, permanencia y progreso para personas con discapacidad. Porque no basta con que puedan ingresar a la universidad; debe haber un acompañamiento para que puedan progresar, desarrollarse y permanecer, para que puedan, en definitiva, ejercer su derecho sustantivo a la educación superior. Es necesario pasar de derechos meramente declarativos, que están ahí, en nuestra Constitución, en nuestra legislación, a derechos sustantivos que se puedan ejercer en concreto. Y también es necesario que desde el discurso de la inclusión, pasemos a la acción inclusiva, a una cultura inclusiva, a una sociedad inclusiva. Proyectos como este son un avance en materia de inclusión social y educativa de personas con discapacidad para su futura inclusión laboral. Lo que ellos requieren y demandan es oportunidades, no piden caridad ni dádiva. Estamos muy contentos de ser autores de este proyecto de ley y por la aprobación unánime que tuvo en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y espero que de la misma manera lo apoye la Sala. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson. El señor JACKSON.- Señora Presidenta, intervengo para anunciar mi voto a favor de este proyecto de ley. Pero más allá de eso, del voto a favor de una iniciativa como esta, que se saluda y felicita, porque creo que es un paso importante para garantizar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen alguna necesidad educativa especial, quiero llamar la atención respecto de algo que quizá no es posible abordar en este proyecto, pero es necesario mencionar. Me refiero a que no se trata solo de ofrecer oportunidades educativas, sino también laborales. Podemos hacer muchos esfuerzos para que los jóvenes con algún tipo de discapacidad puedan tener acceso a una formación educativa, incluso en educación superior, pero resulta doble o triplemente frustrante para esa persona darse cuenta de que, aun contando con las capacidades que certifica un título profesional, es discriminado al momento de buscar un trabajo. Es por eso que debemos encontrar la forma, probablemente en otro proyecto de ley, de trabajar en conjunto con el gobierno para garantizar que esas personas tengan oportunidades al momento de optar a un trabajo. Ya sea en una repartición del servicio público o en una empresa privada, debiese haber oportunidad siempre para los trabajadores, incluso para los egresados, aunque no tengan título, para que puedan formar parte de la generación de riqueza y desarrollo en nuestro país. Quiero citar un caso. Cristóbal Bascuñán Henríquez, quien hace más de doce años empezó a desarrollar una malformación arteriovenosa en la región cervical, por lo cual ha debido permanecer hospitalizado por más de un año en la UCI del Hospital Dr. Sótero del Río. Él quedó tetrapléjico, sin movimiento en sus extremidades, dependiente de un ventilador mecánico para sobrevivir; sin embargo, eso no fue impedimento para que terminara su enseñanza media en el Colegio Vicente Valdés y, posteriormente, estudiara la carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas, mención en Marketing, carrera que finalmente logró terminar. Aun así, lamentablemente, se ha enfrentado a la discriminación al momento de buscar trabajo, no obstante que sus facultades cognitivas están plenamente habilitados; solo requiere asistencia para desempeñar sus labores. Por lo mismo, no ha logrado encontrar una fuente de ingresos, de sustento, lo que lo ha llevado a recurrir no solo a llamados desesperados a través de la prensa o a la realización de actividades benéficas para juntar fondos, como la que se efectuará este sábado en la comuna de La Florida, sino también, víctima de una depresión, a pedir la eutanasia. Ese tipo de casos nos deben alentar, no solamente a aprobar proyectos de ley como este, sino también a incentivar otras políticas de fomento del trabajo para personas con algún tipo de capacidad. Debemos crear espacios para todos en esta sociedad. No podemos pensar que con asistencia y formación una persona será plena, porque la impotencia de saber que la barrera para desarrollar una carrera profesional está al momento de encontrar trabajo, puede ser una carga incluso más difícil de superar, que evidencia la discriminación de manera mucho más brutal. Así es que, con mucha alegría apoyo este proyecto de ley, pero debemos entender que es solo un paso para terminar con la discriminación que existe hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Espero que prontamente nos hagamos cargo de esa situación. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señora Presidenta, estamos discutiendo uno de esos proyectos de ley que tienen una incidencia muy alta en el sentimiento ciudadano, no solo de las personas que en este momento nos ocupan, aquellas que tienen algún grado de discapacidad o capacidades diferentes, que es como deben llamarse, sino en toda la población. Se trata de obligar a las universidades, a los institutos de formación profesional y a los centros de formación técnica a que dispongan un sistema especial de admisión, permanencia y progreso para personas con capacidades diferentes. Hoy, más del 10 por ciento de la población chilena tiene algún tipo de capacidad diferente. Y como han señalado algunos colegas que me antecedieron en la palabra, como el diputado Diego Paulsen, tenemos muy pocos ejemplos de éxito en la formación técnica o profesional de esas personas. El diputado Paulsen mencionó el caso de las personas con síndrome de Down, trisomía 21, quienes a pesar de ser mal valorados, han triunfado y han obtenido una formación técnica que les ha permitido acceder a puestos de trabajo y a un desarrollo integral dentro de nuestra sociedad. Menos del 6 por ciento de las personas con algún grado de discapacidad ha tenido la posibilidad de acceder a una formación en educación superior. Eso es un insulto para nuestro país, para una sociedad que se dice inclusiva, o que pretende serlo, y que practica la democracia. El pluralismo se debe manifestar en todos los ámbitos de la educación, y no solo para aquellos que tienen determinado cociente de inteligencia, sino también para otros que, no obstante tener algún déficit, siempre tienen cabida en algunos de los aspectos de la formación educacional. Siempre. Lo digo como médico y como persona: ninguna persona con capacidades diferentes se puede excluir de la actividad laboral, porque en alguna parte tiene cabida. Y menos aún se les puede excluir de la formación profesional o educacional. Por lo expresado, felicitamos a los autores de este proyecto de ley que, naturalmente, contará con la aprobación de la bancada del Partido Radical Social Demócrata. Basta de tener en nuestro país a más del 10 por ciento de la población en una situación como esta, pues mucho hemos luchado y poco hemos conseguido, por ejemplo, en lo que respecta a habilitar medios de acceso a las instituciones públicas para las personas que tienen algún grado de capacidad diferente que las obligan a movilizarse en sillas de ruedas. ¡En algunas universidades todavía no existe la posibilidad de acceder físicamente a las aulas! He podido constatar que en instituciones públicas como el Registro Civil, las intendencias, la Tesorería, el Servicio de Impuestos Internos, las gobernaciones no cuentan ni siquiera con un profesional del lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva. Por lo tanto, este proyecto va caminando, lento pero seguro, en la búsqueda de la integración plena de estas personas. Hago un llamado para que la ley que aprobamos cuando estuvo transitoriamente en acción la comisión sobre las capacidades diferentes en esta Cámara, que necesita muchas reformulaciones, se cumpla primero por el Estado, pero también por las instituciones privadas. En la esperanza de que la Sala apruebe íntegramente este proyecto de ley, anuncio nuevamente nuestro voto a favor para, de esta manera, terminar con la injusticia de excluir a las personas con capacidades diferentes del accionar y de las vivencias de nuestro querido país. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Cerrado el debate. ESTABLECIMIENTO DE FERIADO EL DÍA 10 DE AGOSTO PARA LA REGIÓN DE TARAPACÁ CON MOTIVO DE LA FIESTA RELIGIOSA DE SAN LORENZO DE TARAPACÁ (Tercer trámite constitucional. Boletín Nº 9677-06) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que declara feriado el 10 de agosto para la Región de Tarapacá con motivo de la fiesta religiosa de San Lorenzo de Tarapacá. Antecedentes: La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Renzo Trisotti. El señor TRISOTTI.- Señora Presidenta, el proyecto fue aprobado por esta honorable Cámara en primer trámite constitucional, pero se modificó en el Senado respecto de su temporalidad, pues, después de que en esta Corporación lo aprobó con carácter de permanencia, el Senado lo estableció solo para este año, 2015. Esta es una fiesta cultural y religiosa que se realiza en la comuna de Huara, en la cual participan miles de personas. Por ello, en esta nueva oportunidad y pese a la modificación del Senado, que a nuestro juicio no es lo óptimo, invitamos al resto de nuestros colegas a apoyar esta fiesta que forma parte de la cultura y de la tradición de Tarapacá, donde a través de los bailes y de la música propia del norte de Chile se pretende celebrar no solo nuestra historia, sino también al santo patrono de la minería. En consecuencia, voy a apoyar con mucho entusiasmo el establecimiento de este feriado, respecto del cual está expectante la gente de Tarapacá. Estamos legislando contra el tiempo, pero –insisto- siempre es importante apoyar una fiesta cultural y religiosa que forma parte no solo de esa región, sino que de todo el norte de Chile. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señora Presidenta, la editorial del diario La Estrella de Iquique, en la edición del día siguiente a aquel en que fue aprobado este feriado por la Cámara de Diputados, señaló que aunque algunos se pueden oponer a aumentar los feriados, por los efectos en la economía que esto involucra, el caso del 10 de agosto es un anhelo de una gran parte de los tarapaqueños. Agregó que la iniciativa planteada en el Congreso busca que una fecha en que en la región se produce gran ausentismo laboral y que, incluso, mucho utilizan para tomar vacaciones, se transforme en un feriado establecido. Lo que quiero resaltar es que este es un feriado anhelado por la Región de Tarapacá, exigido por su gente. Por ello, quiero agradecer a los colegas la buena recepción que ha dado a esta moción, por su expedición en su tramitación. No es lo que queríamos ni lo que esperábamos, ya que solo será feriado por este año, por lo que, sin duda, insistiremos con el diputado señor Trisotti en el sentido de avanzar para que sea un feriado regional permanente, porque es lo que Tarapacá exige. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Cerrado el debate. Concluido el Orden del Día. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que declara feriado el 10 de agosto para la Región de Tarapacá, con motivo de la fiesta religiosa de San Lorenzo de Tarapacá. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobadas. Votaron por la afirmativa los siguientes diputados: Sra. Alvarez V. Jenny, Sr. García G. René Manuel, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Morales M. Celso, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Becker A. Germán, Sr. Gutiérrez P. Romilio, Sr. Norambuena F. Iván, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Hernández H. Javier, Sr. Núñez A. Daniel, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Berger F. Bernardo, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Silva M. Ernesto, Sr. Boric F. Gabriel, Sra. Hoffmann O. María José, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Alvarado R. Miguel Ángel, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Tarud D. Jorge, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Pacheco R. Clemira, Sr. Torres J. Víctor, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Trisotti M. Renzo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Castro G. Juan Luis, Sr. Kort G. Issa, Sr. Pérez L. Leopoldo, Sra. Turres F. Marisol, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Ulloa A. Jorge, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Urízar M. Christian, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. León R. Roberto, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Rincón G. Ricardo, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Rivas S. Gaspar, Sr. Vallespín L. Patricio, Sr. Edwards S. José Manuel, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Walker P. Matías, Sra. Fernández A. Maya, Sra. Molina O. Andrea, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Flores G. Iván. Se abstuvieron los siguientes señores diputados: Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Saffirio E. René, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique. No votaron por estar pareados: Sr. Kast R. José Antonio con Sr. Pérez A. José El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, ¿podría agregar mi voto favorable? El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se dejará constancia en el acta del voto afirmativo del diputado Tucapel Jiménez. Despachado el proyecto. VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN AL ESTATUTO LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES La señora PASCAL (Vicepresidenta).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución, en virtud del cual se solicita a la Presidenta de la República modificar el estatuto legal de los funcionarios de los tribunales electorales. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución Nº 352, de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Cristina Girardi y de los diputados señores Diego Paulsen, Víctor Torres, Claudio Arriagada, Roberto Poblete y Enrique Jaramillo, que en su parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados resuelve: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley a fin de modificar la situación laboral de los funcionarios de los tribunales electorales regionales, que, en particular, contenga lo siguiente: 1.- Reconozca los derechos de los funcionarios que ya han sido adquiridos por medio de los convenios administrativos suscritos con los tribunales electorales regionales. 2.- Modifique la remisión a la escala única de sueldos de la Administración Pública en cuanto a las remuneraciones, haciéndola equivalente a la del Poder Judicial. 3.- En general, que propenda a mejorar la situación laboral de los funcionarios de los tribunales electorales regionales, desmejorada en consideración a otros de igual naturaleza, por la remisión al derecho laboral. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señora Presidenta, este proyecto de resolución nace de reuniones con funcionarios que prestan sus servicios en los tribunales electorales, fundamentalmente de la Región de O’Higgins, pero también de varias otras del país. Este servicio, desde el punto de vista de sus remuneraciones y de sus condiciones laborales, se encuentra bastante disminuido, razón por la que, a través del desarrollo de este proyecto de resolución, hemos querido recoger –y han estado de acuerdo sus funcionarios- la posibilidad de modificar lo que tiene que ver con la escala única de sueldos y, al mismo tiempo, generar las mejoras necesarias de su situación laboral. Dadas las modificaciones que hemos hecho a la ley, son funcionarios de tribunales -especialmente sensibles- a quienes necesitamos, sin duda, fortalecer. Esto tiene que ver con el desarrollo de la democracia y con la posibilidad de sentirse, al momento de competir, que estamos en igualdad de condiciones. No hablo de los tribunales en sí, sino de sus funcionarios. En consecuencia, esperamos que las señoras diputadas y que los señores diputados voten a favor este proyecto de resolución, pues representa una señal para el mejoramiento de estos funcionarios públicos. He dicho. El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES EN FAVOR DE ADULTOS MAYORES EN MATERIA DE VIVIENDA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución Nº 353, de los señores Diego Paulsen, René Manuel García, René Saffirio, Jaime Pilowsky; de la señora Alejandra Sepúlveda; de los señores Fernando Meza, Jorge Sabag, Alejandro Santana, Sergio Gahona y Enrique Jaramillo, que en su parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: 1. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tome las medidas administrativas, financieras y/o legales pertinentes para establecer un convenio con el Senama, para la entrega de viviendas a adultos que la requiriesen, dejando a esta entidad como responsable de su cuidado y mantención. 2. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tome las medidas administrativas, financieras y/o legales pertinentes para que en todos los programas de beneficios para la vivienda la autoridad disponga de hasta un 30 por ciento del monto anual del programa, para responder a situaciones de vulnerabilidad del sector de la tercera edad, permitiendo la modificación de las exigencias establecidas para la postulación de dicho cargo. 3. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tome las medidas administrativas, financieras y/o legales pertinentes para que en las postulaciones a subsidios de vivienda se catalogue como un factor de puntaje la presencia de un adulto mayor en el grupo familiar. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen. El señor PAULSEN.- Señor Presidente, represento a los ciudadanos de una de las regiones más pobres del país y a uno de los distritos con las comunas más pobres de Chile, como Galvarino, Lautaro, Perquenco, Victoria, Vilcún, Curacautín, Melipeuco y Lonquimay. En consecuencia, cada vez que salgo a terreno o me reúno con clubes de adulto mayor, me encuentro con el gran problema que enfrentan esas personas de tener que vivir con una pensión básica solidaria que bordea los 85.000 pesos, porque gran parte de ese monto se va en transporte y en salud, pero el gasto más importante es el pago de arriendo para habitar una vivienda. Me llama la atención que Chile no cuente con una política habitacional de Estado que permita a los adultos mayores vivir en una vivienda digna. Lo peor es que los factores de puntaje asociado de las políticas del Programa de Fondos Solidarios de Elección de Vivienda se basa en el número de integrantes del grupo familiar y la edad de los hijos, lo que claramente dificulta la priorización para que los adultos mayores obtengan el beneficio. Hicimos un estudio que nos permitió obtener una información relevante y clara de que existen más de 250.000 jefes de hogar adultos mayores que no cuentan con una vivienda propia y que gastan casi el 40 por ciento de esa pensión indigna que les da el Estado para arrendar una pieza, porque no les alcanza para vivir de manera digna. Señor Presidente, con el proyecto de resolución queremos lograr que nuestros adultos mayores cuenten con una vivienda propia y que nuestras políticas públicas sean en beneficio de ellos. Por ese motivo, le pedimos a la Presidenta de la República que tome las medidas administrativas, financieras y legales pertinentes para establecer un convenio con el Senama para la entrega de viviendas a los adultos mayores que las requieran, dejando a esa entidad como responsable de su cuidado y mantención. También le solicitamos que tome las medidas administrativas, financieras y legales pertinentes para que la autoridad disponga de al menos el 30 por ciento del monto anual de todos los programas que otorguen beneficios para las viviendas para responder a la situación de vulnerabilidad de los sectores de tercera edad, permitiendo la modificación de las exigencias establecidas para la postulación de dicho grupo. Por último, le pedimos que se catalogue la presencia de un adulto mayor en el grupo familiar como un factor de puntaje en la postulación del subsidio de vivienda. De esta manera, vamos a lograr que no se gaste el 40 por ciento de esa indigna pensión para pagar el arriendo de una pieza que ni siquiera da para vivir dignamente. Espero que el proyecto de resolución sea aprobado por unanimidad, porque nuestros adultos mayores merecen respeto y dignidad en sus últimos años de vida. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, quiero reforzar la necesidad de contar con una política habitacional especial para satisfacer las carencias que sufren nuestros adultos mayores. Alrededor de 1.700.000 jefes de hogar no poseen una vivienda en Chile. En el caso de los adultos mayores, la cifra asciende a 250.000 jefes o jefas de hogar que no poseen una vivienda propia, quienes, como se dijo, gastan un gran porcentaje de su exigua pensión para pagar un arriendo. Por ese motivo, los firmantes del proyecto de resolución solicitamos a la Presidenta de la República que al menos el 30 por ciento del presupuesto anual para las políticas habitacionales de Chile se destine a satisfacer las necesidades de vivienda de los adultos mayores. En la Región de La Araucanía viven 7.000 hombres y 6.000 mujeres mayores de sesenta años que son jefes o jefas de hogar y que no poseen una vivienda propia. En consecuencia, una de las formas de atacar esta tremenda desgracia de esa región, que es la más pobre de Chile, es focalizando los dineros de todos los chilenos para satisfacer una necesidad tan básica y tan elemental como es tener una vivienda propia. Señor Presidente, espero que se considere la presencia de los adultos mayores como un mérito para obtener mejores puntajes para acceder a una vivienda. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. FACILITACIÓN DE ACCESO A BENEFICIOS SOCIALES PARA PROFESORES JUBILADOS CON PENSIONES INFERIORES AL SUELDO MÍNIMO El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución Nº 354, de los señores David Sandoval, Bernardo Berger, Javier Hernández, Leopoldo Pérez; de la señora Claudia Nogueira; de los señores Osvaldo Urrutia, Patricio Melero, Enrique Jaramillo, Renzo Trisotti e Ignacio Urrutia. La Cámara de Diputados resuelve: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el envío urgente de una iniciativa legal que, en el marco de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Constitución Política de la República, habilite y facilite a los profesores jubilados el acceso a beneficios sociales tales como el Bono Leña, el Bono Bodas de Oro, la eliminación del 7 por ciento de Salud, el programa de recambio de calefactores, el programa intrarregional Vacaciones Tercera Edad Región de Aysén y la exención o rebaja del pago de contribuciones, entre otros, cuando sus ingresos sean inferiores al salario mínimo, con el objetivo de mitigar el impacto que tiene en su calidad de vida, el retiro de sus labores docentes, reconociendo el enorme esfuerzo, sacrificio y dedicación que demuestran durante toda su vida laboral, contribuyendo al desarrollo y la formación de nuestra sociedad.”. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, es conocida por todos la situación que enfrentan los profesores jubilados, la que es parte de la crisis generada por las pensiones que reciben cuando termina su vida como trabajador. Los profesores representan un importante estamento de nuestra sociedad y, como todos sabemos, son responsables de la formación del capital humano de nuestro país. En recientes reuniones que hemos sostenido en diferentes lugares con representantes de gremios de profesores jubilados, nos manifestaron la situación que les afecta, particularmente en cuanto a la posibilidad de acceder a la red de beneficios sociales que crea el Estado. Entre ellas, la más grave es la bajísima tasa de reemplazo que afecta a los profesores jubilados, que asciende apenas a alrededor del 35 por ciento. Para ejemplificar, tengo las liquidaciones de algunos de los profesores de la Región de Aysén que en su época activa recibían 1.800.000 pesos al 31 de diciembre de 2014; cabe hacer la salvedad que esos profesores recibían asignación de zona. Sin embargo, el monto de sus pensiones a enero de 2015 asciende a aproximadamente 180.000 pesos. Como muy bien nos han señalado, han pasado de ser gente de clase media a personas en condición de pobreza. A lo anterior se debe agregar que muchos de esos profesores, por la condición social y educacional que pudieron alcanzar durante su vida laboral, se ven imposibilitados para acceder a los beneficios sociales que señaló el señor Prosecretario, como el Bono Bodas de Oro y la eliminación del 7 por ciento de salud, entre otros, situación que los ha llevado a plantear en forma absolutamente legítima que por su condición de docentes jubilados con bajísimas pensiones, se les facilite el acceso a la red de beneficios sociales. Con motivo de la tramitación legislativa del proyecto de ley que establece un nuevo Estatuto Docente, se ha discutido sobre la forma en la que debemos hacernos cargo de esa realidad, con el objeto que los profesores jubilados, que hicieron tanto en favor de nuestra sociedad al formar su capital humano, puedan acceder a esos beneficios. En la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en la que se encuentra el distrito que represento, así como en las regiones integradas por los distritos representados por los diputados que han patrocinado el proyecto de resolución, nos hemos reunido con agrupaciones de profesores jubilados, quienes nos han planteado que solicitemos a la Presidenta de la República que por lo menos los docentes que reciben pensiones inferiores al salario mínimo, se les facilite el acceso a los beneficios sociales del Estado, lo cual nos parece de justicia y un reconocimiento básico absolutamente razonable de ser considerado, razón por la que esperamos que el proyecto de resolución cuente con el apoyo de la Sala. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señor Presidente, el objetivo del proyecto de resolución es mitigar los impactos negativos que tiene el retiro de sus labores docentes en la calidad de vida de los profesores, como una forma de reconocer el enorme esfuerzo, sacrificio y la dedicación que demuestran durante su vida laboral, a través de su contribución al desarrollo y a la formación de nuestra sociedad. Si bien es cierto que se han implementado distintas iniciativas en favor de los profesionales de la educación, como la bonificación por retiro voluntario; pero, de acuerdo con las declaraciones de diversos estamentos de las organizaciones gremiales que reúnen a los docentes, esa medida ha sido insuficiente, pues no es permanente y solamente beneficiará a un grupo de profesores, con lo cual no se solucionan los problemas económicos de fondo que les han afectado por décadas. Por lo tanto, solicito a los colegas que apoyen el proyecto de resolución, puesto que apunta a beneficiar a los profesores jubilados con bajas pensiones. He dicho. VII. INCIDENTES INFORMACION SOBRE ESTADO DE AVANCE DE ESTUDIO PARA CREACIÓN DE COMUNA DE DICHATO (Oficios) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Van Rysselberghe. El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, en mayo del presente año, gestioné una reunión con don Fernando Zavala Zurita, jefe de la unidad regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de la Región del Biobío, y dirigentes de la organización denominada Plan Comuna Dichato, con el propósito de obtener información del estado de la solicitud realizada por esta agrupación en lo que concierne a la etapa de estudio para la creación de la comuna de Dichato, que hoy es parte de la comuna de Tomé. Producto de esa reunión, en junio, la señora Viviana Betancourt Gallegos, jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subdere regional, sostuvo en un correo electrónico que la solicitud presentada por la agrupación Plan Comuna Dichato sería tramitada con nuevas metodologías de estudio, las cuales se espera que estén disponibles el primer trimestre del 2016, sin que exista certeza de que sea así. Agregó que solo parte de las solicitudes que se encuentran en la Subsecretaría continuaran en proceso de estudio, junto con aquellas solicitudes que actualmente se encuentran en proceso, sin contar a Dichato entre ellas. Lo desconcertante es que el movimiento ciudadano Plan Comuna Dichato no es nuevo, pues están trabajando desde el 2007 con un apoyo político transversal y con la anuencia del Municipio de Tomé. La agrupación, liderada por don Ervin Garrido Rodríguez, cuenta con un documento oficial emanado de la Subsecretaría, en el ordinario 0369, del 6 de febrero de 2015, firmado por el señor subsecretario, en el cual se informa que la Subdere sí se encontraba desarrollando el estudio indicado, y agregó que, además de iniciado el proceso, este se encontraba en la denominada etapa de recopilación de antecedentes. En resumen, todos los supuestos avances y gestiones desarrolladas desde el 2007 por la agrupación Plan Dichato Comuna podrían estar en un punto muerto, por lo que solicito oficiar al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes Lillo, para que informe sobre el estado actual del proceso, para determinar cuanto antes la viabilidad del proceso de creación de la comuna de Dichato, y para dar claridad suficiente a los dirigentes vecinales que están detrás de este proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRAZADO, PLAZOS, COSTO Y LICITACIÓN DE PROYECTO DE METROTRÉN SANTIAGO-MELIPILLA (Oficios) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, hace aproximadamente cuatro meses, sostuvimos una reunión con la plana ejecutiva y gerencial de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), en la que se acordó que a fines del mes de abril o principios del mes de mayo se iba a entregar a todos los parlamentarios y dirigentes vecinales el estudio de ingeniería básica que permitiría establecer el trazado del denominado ferrocarril Santiago-Melipilla. Estamos a inicios de agosto y, a la fecha, EFE no solo no ha entregado el mencionado estudio, sino que no ha fijado una fecha para declarar si se van a cumplir o no los plazos comprometidos por la Presidenta Michelle Bachelet para que el tren Santiago-Melipilla comience a funcionar el 31 de diciembre de 2017. Por lo expuesto, solicito que se oficie a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, a fin de que me entreguen el estudio de ingeniería básico del trazado y, al mismo tiempo, se dé certeza del cumplimiento de los plazos, del costo del proyecto y se precisen las fechas de presentación de los estudios de impacto ambiental y de ingeniería definitivo, así como cuándo se iniciará el proceso de licitación para la compra de trenes. No queremos ver que el metrotrén Santiago-Melipilla vuelva a ser una promesa electoral que no se cumpla. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. ANTECEDENTES DE RECHAZO A SOLICITUD DE CAMBIO DE PUNTO DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR DE LUMBRERAS, COMUNA DE MELIPILLA (Oficio) El señor COLOMA.- Señor Presidente, en otro orden de materias, junto con dirigentes de distintos programas de Agua Potable Rural (APR), en especial el de la localidad Lumbreras, nos reunimos con funcionarios de la Dirección General de Aguas, oportunidad en que se solicitó el cambio de un punto de captación de las aguas subterráneas para el ejercicio de los derechos de aprovechamiento consuntivo, para llevar agua a todo el sector de Lumbreras. En dicha reunión se nos señaló que no habría problema en realizar el cambio del punto de captación, única forma de mantener en funcionamiento con los debidos caudales este APR, pero hace algunos días se nos informó del rechazo a la solicitud, lo que en el corto plazo va a dejar a un sector de Lumbreras sin disponer del agua necesaria. Por lo tanto, solicito que se oficie a la Dirección General de Aguas a fin de que me explique cuál fue el argumento de fondo que se tuvo en consideración para no aceptar esa solicitud de cambio en el punto de captación de agua. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA FAMILIAS DE CURACAVÍ AFECTADAS POR PROCESO DE RENEGOCIACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON EL BANCO DEL ESTADO (Oficio) El señor COLOMA.- Señor Presidente, hace poco me reuní con dirigentes de la comuna de Curacaví para analizar el sistema de subsidios que se entregó el 2009, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que significó una rebaja en la cuota de los créditos hipotecarios para deudores habitacionales del primer quintil. Lamentablemente, la renegociación de las cuotas con el Banco del Estado significó que créditos hipotecarios a los que les faltaban entre cinco y siete años para su cancelación fueran extendidos hasta 25 años. En consecuencia, solicito que se oficie al presidente del Banco del Estado de Chile a objeto de pedirle que reciba a las familias de Curacaví afectadas por esa renegociación, para conversar sobre esa situación, porque hasta la fecha las distintas solicitudes de audiencia no han obtenido respuesta. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS GPS EN EMBARCACIONES DE PESCA ARTESANAL (Oficio) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, solicito que se oficie al subsecretario de Pesca, con el objeto de que nos informe en forma pormenorizada sobre el cumplimiento de la última modificación a la ley general de pesca y acuicultura, que establecía un nuevo plazo para la implementación o instalación de dispositivos GPS en las embarcaciones de pesca artesanal de más de doce metros de eslora. En la ley original, la obligación para los armadores de instalar en estas naves este instrumento vencía en el mes de febrero, equipo que no solo está destinado al mejoramiento de las condiciones de seguridad de la pesca artesanal, sino también al control por parte de los organismos pertinentes de los diferentes niveles de traspaso o navegabilidad y de pesca en zonas que están sujetas a mecanismos de control, de veda u otros. Debido a que en el mes de febrero no se materializó adecuadamente esta obligación, se tramitó en el Congreso Nacional una prorroga, que se aprobó, y, si no entiendo mal, el próximo nueve de agosto -es decir, en pocos días más- vence el plazo para la implementación de esta exigencia legal, de modo que queremos que el subsecretario de Pesca nos informe pormenorizadamente del avance en este tema y cómo se está materializando la exigencia impuesta por una ley de la república que en pocos días más debe estar implementada en todas las embarcaciones de más de 12 metros de eslora. Lo anterior es importante para el control de la pesca, para el manejo de las zonas contiguas, para la seguridad tanto de la navegación como de la pesca, y para el control del uso de recursos. Hace algunos días, por medio de una comunicación de prensa, la Armada de Chile informó acerca del decomiso de una importante cantidad de almejas en la zona austral, lo que no se condice con el hecho de estar en áreas de marea roja vigente. Por eso, pido que este oficio se remita a la brevedad, ya que en pocos días vence el plazo para aplicar esta normativa, y quiero saber cómo se está llevando a cabo y los avances que ha tenido su implementación. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN Y ALCANCES DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ONCOLÓGICO EN REGIÓN DE TARAPACÁ (Oficio) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotti. El señor TRISOTTI.- Señor Presidente, hoy me convoca una de las principales preocupaciones a nivel regional, la salud, específicamente la construcción de un centro oncológico para la Región de Tarapacá. El gobierno anterior avanzó al realizar un proyecto de prefactibilidad que estableció una gran prevalencia del cáncer en nuestra población. Esto motivó que la Presidenta de la República, durante su campaña, comprometiera la construcción de este ansiado centro en nuestra región. No obstante, con el pasar de los meses nos hemos sorprendido con el cambio de estas promesas. El 28 de octubre de 2014, el intendente regional se reunió con el presidente de la Corporación Oncológica del Norte y anunciaron que el diseño de este centro estaría terminado en 2015 y que su construcción se iniciaría en 2016. Todo lo anterior de acuerdo a reuniones que se sostuvieron por parte de autoridades regionales con la ministra de Salud y con la subsecretaria de Redes Asistenciales. Posteriormente, el 4 de junio, el senador Fulvio Rossi confirmó, a nombre del gobierno, el inicio de la construcción en 2016, pero las últimas semanas hemos tenido una serie de información discordante a través de trascendidos. Por lo tanto, solicito oficiar a la señora ministra de Salud para que informe si el proyecto se va a concretar, cuáles serán los plazos para su diseño y su construcción, cuáles y por cuánto serán los fondos comprometidos, cuáles serán los tratamientos médicos que se realizarán y si se incluirá o no la radioterapia. Han sido muchas las promesas, y por eso necesitamos realidad. Se está jugando con la salud y con la esperanza de miles de iquiqueños que padecen esa enfermedad. Por ello, solicito que se entregue información precisa que permita dar tranquilidad a miles de personas que necesitan una solución más real en un ámbito que está afectando con mucha prevalencia a la Región de Tarapacá. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano. INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS POR CONTINUOS CIERRES DE PUENTE SAN PEDRO, COMUNA DE OSORNO (Oficios) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, solicito oficiar al director nacional de Vialidad y al ministro de Obras Públicas, porque durante el último mes la autoridad se vio obligada a cortar el tránsito en el Puente San Pedro, cuya construcción costó alrededor de 17.000 millones de pesos, debido a las inundaciones. Este puente cruza el Río Rahue y une el sector de Rahue con la ciudad de Osorno. En dicha localidad viven entre 70.000 y 80.000 personas; sin embargo, el puente se debe cerrar nueve veces en un mes, por largos períodos, para extraer el agua. Si bien el puente tiene bombas, estas se han tapado, lo que se puede deber a una negligencia por parte de Vialidad respecto de la mantención de los sistemas o bien puede existir negligencia o falta de coordinación con el municipio para mantener en forma adecuada la circulación sobre este puente. No queremos que el Puente San Pedro de Osorno se transforme en el segundo “puente Cau-Cau” de Chile. Por eso, solicito estudios y recomendaciones para solucionar este problema y que a futuro no tengamos que cortar permanentemente el tránsito de la principal arteria que une Rahue con Osorno. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano. ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE ÍNDICES DELICTUALES EN REGIÓN DE LOS LAGOS (Oficios) El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, solicito oficiar al director general de la Policía de Investigaciones y al general director de Carabineros de Chile para que nos informen acerca del estado de situación y para que realicen un análisis comparativo de los últimos cinco años, incluido el 2015, respecto de los índices delictuales en la Región de Los Lagos, particularmente desde Puerto Montt al norte. Habitantes y ciudadanos de Puerto Varas me han mencionado que el índice de delincuencia ha aumentado en la zona y, por lo tanto, necesito los antecedentes correspondientes para hacer una evaluación y pedir que, a lo mejor, se reestudie el sistema de control de la delincuencia en aquellas ciudades en donde ha aumentado el nivel de delitos. Esto puede significar un aumento de la dotación policial, un reestudio de las estrategias, así como también tener la certeza de que en el Parlamento se necesitan cambios legislativos que vayan en apoyo de las víctimas y no en favor de los delincuentes. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano. RECONSIDERACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE VIVIENDAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL PORTAL DEL SUR, COMUNA DE SAN CARLOS (Oficios) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne. El señor BROWNE.- Señor Presidente, solicito oficiar a la seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío y al alcalde de San Carlos, por la compleja situación que están viviendo algunos vecinos de esa comuna. Después de muchos años de espera, 388 familias del conjunto habitacional Portal del Sur iban a cumplir el sueño de tener su vivienda propia el 7 de agosto, a las 11.00 horas, momento en que se iba a hacer la ceremonia de entrega. Esas 388 familias tienen coordinadas sus mudanzas, se consiguieron vehículos e, incluso, algunos de ellos terminaron sus arriendos sabiendo que ese día les iban a entregar su nueva vivienda. Pero lamentablemente se tomó una decisión política que tiene más relación con lo comunicacional que con hacerse cargo de lo que es importante para las familias, es decir, recibir sus casas. Ayer se les avisó que se suspendió esta ceremonia hasta nuevo aviso, pero la fecha se evaluará recién la próxima semana, debido a que está pronosticado un frente de mal tiempo. Es inaceptable que el alcalde Hugo Gebrie y el seremi Javier Arévalo tomen una decisión en base a que no van a poder hacer una ceremonia lo suficientemente vistosa, desde el punto de vista comunicacional, poniendo en entredicho la entrega de las viviendas. Perfectamente, pueden ser entregadas y hacer otro día la ceremonia, pero no se puede permitir permitir es que aquellas familias sigan esperando la entrega de sus viviendas, a dos años de habérseles entregado los subsidios y de tener una fecha determinada para cambiarse a sus nuevas casas, debido a un problema meramente comunicacional. Por lo tanto, como señalé, pido que se oficie al alcalde de San Carlos y al seremi de Vivienda, a fin de que sus decisiones las adopten pensando en las 388 familias que aspiran a recibir el viernes sus viviendas y dejar atrás los problemas emocionales y económicos, pues algunos ya han entregado la casa que arrendaban e invertido en vehículos de mudanza para trasladar sus enseres. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. SOLUCIÓN A PROBLEMA PREVISIONAL DE COTIZANTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (Oficios) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité Independiente, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, todos conocemos los problemas que enfrentan muchos trabajadores a raíz de sus jubilaciones y las tremendas diferencias que existen entre las pensiones entregadas por el Instituto de Previsión Social -ex INP y las cajas de previsión fusionadas en este- y las famosas AFP. Por lo anterior, pido que se oficie a la contralora subrogante de la República, a la superintendenta de Pensiones y al director nacional del Instituto de Previsión Social, a fin de que se impongan del caso previsional de la señora Dilvis Caro Suazo, ex auxiliar paramédico del hospital regional de Rancagua, quien mantiene siete meses de pensiones impagas, por cotizaciones mal pagadas, en el sistema de reparto antiguo, INP, hoy IPS. Es del caso señalar que siempre cotizó en ese sistema, nunca se cambió al sistema de AFP; sin embargo, en agosto y septiembre de 2004 sus cotizaciones fueron pagadas a la AFP Modelo, sin que mediara documento alguno, firmado por la afectada, que autorizara tal modificación. Pues bien, a raíz de la situación descrita la señora Dilvis Caro no puede acogerse a jubilación, dada la diferencia o incompatibilidad administrativa que se produjo por sus cotizaciones en ambos sistemas. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIA DE CONTAMINACIÓN DE CURSOS DE AGUA Y PRADERAS DE LA PRECORDILLERA DE ALTO DEL CARMEN (Oficios) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo del comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, en el sector precordillerano de la comuna de Alto del Carmen, los vecinos del sector denunciaron la pérdida, por muerte, de ganado bovino, caprino, ovino y caballar. La denuncia, dirigida al diputado que habla y a la concejala Maritza Peña, hace referencia a la posible contaminación de los cursos de aguas y de las praderas del sector precordillerano. Por lo tanto, pido que se oficie al director regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Atacama y a los seremis de Medio Ambiente y de Agricultura, a fin de que me informen sobre la grave situación que enfrentan los pequeños ganaderos de la precordillera de la comuna de Alto del Carmen y se contacten con uno de los afectados, don Manuel Jofré, quien forma parte de los denunciantes. INFORMACIÓN SOBRE FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VENTA DE BONOS FONASA Y DE ISAPRES EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL PAÍS (Oficios) El señor ROBLES.- Por otra parte, quiero referirme a la situación que enfrentan los usuarios del hospital de Vallenar, que se encuentra distante del centro de la ciudad. Pues bien, es precisamente ese hecho el que provoca dificultades a los pacientes, pues deben trasladarse desde el servicio de salud hasta el centro de la ciudad para comprar sus bonos de atención médica, cuestión que les significa gastos en dinero y tiempo, a pesar de que la tecnología ha posibilitado que Fonasa tenga oficinas virtuales en cualquier lado, sobre todo en los centros de salud públicos. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Salud y a la directora de Fonasa, a fin de que me informen sobre la factibilidad de instalar oficinas tanto de Fonasa como de las diversas isapres en todos los hospitales públicos del país, de modo de facilitar los trámites y la atención médica de sus usuarios. Pido que se envíe copia de mi intervención al concejo municipal de Vallenar. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención al concejo municipal de Vallenar. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.47 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.