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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker .
El señor WALKER.-
Señor Presidente, por fin vamos a despachar este proyecto. El diputado Gabriel Silber ha sido uno de los que más ha insistido en la necesidad de reiterar, por ley, la obligación de los concesionarios de asegurar el tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia.
El Ministerio de Obras Públicas ha impartido instrucciones al respecto, pero es muy importante que esto quede muy claramente establecido en la ley, sobre todo en el caso de Bomberos, ya que cuando han concurrido a apagar incendios forestales, han tenido incidentes a causa del cobro del pago de peaje. Y como dice el viejo aforismo jurídico, obligación sin sanción, no sirve, este proyecto establece claramente cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento de esta obligación.
No obstante ello, quiero llamar la atención sobre un punto. Han transcurrido más de cinco años desde que fuimos víctimas del terremoto del 27 de febrero de 2010 y todavía el Congreso Nacional no ha sido capaz de despachar una legislación moderna respecto de la gestión de emergencia. Hace más de dos años, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que crea la nueva Onemi y que intenta descentralizar la gestión de emergencia.
El gobierno anterior, el del Presidente Piñera , presentó un proyecto que, a juicio de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, era muy deficiente, toda vez que replicaba un sistema centralizado en la gestión de emergencia, que recibió, por tanto, algunos votos en contra y numerosas indicaciones por parte de los diputados de la Democracia Cristiana, encabezados en ese entonces por Ricardo Rincón y por la entonces diputada, actual senadora, Carolina Goic . El gobierno anterior no quiso patrocinar o se votaron en contra esas indicaciones y así llegó al Senado. Afortunadamente, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet introdujo, a fines de 2014, una serie de indicaciones que apuntan en el sentido correcto, para contar con un marco jurídico para la gestión de emergencia y cómo los distintos actores públicos y privados se ponen a disposición de una red de emergencia que opere de manera descentralizada, pero con funciones claras para cada uno de los órganos.
Este proyecto de ley tiene relación con lo que acabo de mencionar: con establecer las obligaciones de los actores privados, que son titulares de concesiones de autopistas y que deben estar al servicio de la gestión de emergencia.
Señor Presidente, espero que usted haga sus buenos oficios ante el Senado para que ese proyecto de ley se despache. No puede ser que, luego de cinco años desde que se produjo uno de los terremotos y maremotos más grandes en la historia del mundo moderno del que se tenga registro en nuestro país -junto con los terremotos de Chillán y de Valdivia-, todavía no tengamos una legislación completa, suficiente, sistemática y orgánica, donde estén clarificadas todas las funciones, tanto de la sociedad civil como de las Fuerzas Armadas. De hecho, hemos solicitado que las Fuerzas Armadas pongan a disposición de la autoridad civil todos sus medios físicos y materiales, con el objeto de servir a la gestión de emergencia, incluyendo su sistema de comunicaciones, para que tengamos una red de emergencia que funcione de manera operativa, descentralizada, automática, con información al instante.
Hemos reclamado, ya que todavía existen acelerógrafos que la Onemi no ha instalado a lo largo del territorio nacional. Esperamos que con este proyecto de ley ayudemos a mejorar en algo la gestión de emergencia.
He dicho.
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