REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 121ª, en jueves 8 de enero de 2009 (Ordinaria, de 10.39 a 14.13 horas) Presidencia del señor Encina Moriamez, don Francisco, yCeroni Fuentes, don Guillermo. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.- Asistencia ........................................................................................................ 6 II.- Apertura de la sesión ..................................................................................... 9 III.- Actas................................................................................................................ 9 IV.- Cuenta ............................................................................................................. Prórroga de plazo a comisión de estudio del sistema político chileno para 9 emitir informe................................................................................................... 9 Réplica a alusión personal................................................................................ 10 Suspensión de tratamiento de Proyectos de Acuerdo e Incidentes .................. 11 V.- Orden del Día. Perfeccionamiento del seguro obligatorio de cesantía. Primer trámite constitucional............................................................................................................. 11 Plan fiscal de apoyo a la economía. Primer trámite constitucional.................. 35 VI. Documentos de la Cuenta. Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho de los siguientes proyectos: 1. “Faculta al fisco para comprar y vender propiedades particulares afectadas por situaciones de catástrofe”. (boletín Nº 6010-12) ....................................... 2. “Modifica el Código del Trabajo en materia de jornada de los choferes de 57 carga terrestre interurbana”. (boletín Nº 3833-13)........................................... 3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “crea el ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambien-57 te”. (boletín Nº 5947-12).................................................................................. 4. Oficio del H. senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que “regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud”.57 (boletín Nº 4304-14) ........................................................................................ 5. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Barbados, sobre exención de visa para titulares de pasaportes diplomá-58 ticos y oficiales”. (boletín Nº 5758-10). (Oficio Nº 8)..................................... 61 Pág. 6. Certificado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que “perfecciona el seguro de cesantía e introduce cambios a otras normas lega- les”. (boletín Nº 6036-13) ................................................................................ 7. Certificado de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que “perfecciona el seguro de cesantía e introduce cambios a otras normas legales”. (boletín61 Nº 6036-13)...................................................................................................... 8. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que “establece incentivos tributarios transitorios, concede un bono extraordinario a familias de menores ingresos y establece otras medidas de apoyo a la inversión y al empleo”. (boletín81 Nº 6350-05)...................................................................................................... Proyectos iniciados en moción del diputado señor Chahuán referidos a las siguientes materias (todos a la Comisión de Constitución y con consulta a la Corte Suprema, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918): 9. “Modifica la letra f) del artículo 93 del Código Procesal Penal, para precisar que el imputado tiene derecho al recurso de apelación en contra de la resolución que rechace el sobreseimiento definitivo que solicite”. (boletín91 Nº 6339-07)...................................................................................................... 10. “Modifica artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de precisar el plazo en que puede interponerse el denominado “falso recurso de 102 hecho””. (boletín Nº 6340-07) ......................................................................... 11. “Modifica el artículo 56 de la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de incorporar el Recurso de Casación en los 103 juicios que de lugar la aplicación de dicha ley”. (boletín Nº 6341-07)................ 12. “Modifica el artículo 25 de la ley Nº 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con el objeto de incor-104 porar Recurso de Apelación en casos que indica”. (boletín Nº 6342-07)........ 13. “Modifica artículo 231 del Código Procesal Penal para ampliar los antecedentes que debe contener la solicitud de formalización de investigación”. 105 (boletín Nº 6343-07) ........................................................................................ 14. “Modifica el artículo 348 del Código Procesal Penal con el objeto de establecer el arraigo de pleno derecho en caso de sentencia condenatoria y regu-106 lar los casos de interrupción del mismo”. (boletín Nº 6344-07)...................... 15. “Modifica el artículo 277 del Código Procesal Penal para incorporar la obligación del juez de Garantía de mencionar las Medidas Cautelares que afectan al acusado, y para establecer Recurso de Apelación a favor de los inter-107 vinientes que indica”. (boletín Nº 6345-07)..................................................... 16. “Modifica artículo 18 del Código Orgánico de Tribunales con el objeto de otorgar a los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal la competencia para eje-108 cutar la decisión civil de las sentencias que dicten”. (boletín Nº 6346-07) ..... 109 Pág. 17. Oficio de la Excma Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que “modifica el Código Orgánico de Tribunales y la leyNº 19.665, en las materias que indica”. (boletín Nº 6244-07). (Oficio Nº 210). A la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia..................... 110 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicación. Comunicación del diputado señor Núñez quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 9 de enero en curso para dirigirse a Laos. En Tabla. 2. Oficios. -Oficio de la “Comisión de Estudio del Sistema Político Chileno”, por el cual solicita a la Sala de la Corporación, se la autorice para ampliar en 30 días el plazo de 120 días otorgado para proceder a la entrega del informe, por cuanto se encuentra en periodo de debates internos para adoptar proposiciones concretas que serán sometidas a consideración de la Sala. En Tabla. -Oficio de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el cual comunica que acordó la integración de las siguientes misiones oficiales al extranjero: a)la delegación que participará en las sesiones del Parlamento Andino, que se realizará entre los días 5, 6 y 7 de febrero de 2009, en Medellín, estará integrada por los Diputados señores Valenzuela, Venegas, don Samuel y un Diputado de la Unión Demócrata Independiente; b)la delegación que concurrirá a Australia entre el 2 y 8 de febrero, invitada por el Parlamento de dicho país, estará integrada por los Diputados señores Ceroni; Alvarado; Saffirio; Quintana; Leal; Espinoza, don Fidel; Araya y Palma; c) la sesión Plenaria y las reuniones de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, se efectuarán en Madrid del 6 al 8 de abril de 2009, y estará integrada por el Diputado señor Duarte y un Diputado de Renovación Nacional, d) la delegación que participará en la Reunión Parlamentaria Anual con ocasión de la sesión referida a la Condición Jurídica y Social de la mujer, que se realizará el 4 de marzo de 2009, en Nueva York, estará integrada por las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Pérez, doña Lily; Goic, doñaCarolina; Sepúlveda, doña Alejandra; Pacheco, doña Clemira y Saa, doña María Antonieta. (Oficio Nº 318). I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aedo Ormeño, René -Aguiló Melo, Sergio -Alvarado Andrade, Claudio -Pérez San Martín, Lily -Álvarez Zenteno, Rodrigo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, Sergio -Schilling Rodríguez, Marcelo -Cardemil Herrera, Alberto -Ceroni Fuentes, Guillermo -Correa De la Cerda, Sergio -Cristi Marfil, María Angélica -Cubillos Sigall, Marcela -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Díaz, Marcelo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Eluchans Urenda, Edmundo -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Forni Lobos, Marcelo -Fuentealba Vildósola, Renán -Galilea Carrillo, Pablo -García García, René Manuel -Godoy Ibáñez, Joaquín -Goic Boroevic, Carolina -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Leal Labrín, Antonio -León Ramírez, Roberto -Lobos Krause, Juan -Masferrer Pellizzari, Juan -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Moreira Barros, Iván -Mulet Martínez, Jaime -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Palma Flores, Osvaldo -Paredes Fierro, Iván -Pascal Allende, Denise -Paya Mira, Darío -Pérez Arriagada, José -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rossi Ciocca, Fulvio -Saa Díaz, María Antonieta -Sabag Villalobos, Jorge -Saffirio Suárez, Eduardo -Salaberry Soto, Felipe -Sepúlveda Hermosilla, Roberto -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Súnico Galdames, Raúl -Tohá Morales, Carolina -Tuma Zedan, Eugenio -Turres Figueroa, Marisol -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valcarce Becerra, Ximena -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vallespín López, Patricio -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Cárdenas, Mario -Venegas Rubio, Samuel -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Patricio -Ward Edwards, Felipe -Diputados en misión oficial señores Alejandro García-Huidobro y Jorge Ulloa Aguillón. -Asistieron, además, la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Claudia Serrano Madrid, y el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes. -Concurrió, también, la subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart. II.APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.39 horas. El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III.ACTAS El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 116ª se declara aprobada.El acta de la sesión 117ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV.CUENTA El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE ESTUDIO DEL SISTEMA POLÍTICO CHILENO PARA EMITIR INFORME. El señor ENCINA (Presidente).- La Comisión de Estudio del Sistema Político Chileno solicita que se le prorrogue en 30 días el plazo de que dispone para evacuar su informe, por cuanto se encuentra en período de debates internos para adoptar proposiciones concretas que serán sometidas a consideración de la Sala. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Marco Antonio Núñez para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 9 de enero en curso, para dirigirse a Laos, República Popular China. ¿Habría acuerdo? Varios señores DIPUTADOS.- Que se vote. El señor ENCINA (Presidente).- No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 10 votos. No hubo abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 6 votos. No hubo abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- No hay quórum. Se va a llamar a las señoras diputadas y a los señores diputados por 5 minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor ENCINA (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Como no se alcanzó el quórum requerido, la votación queda pendiente para la próxima sesión. RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. El señor ENCINA (Presidente).- El diputado Roberto León ha pedido hacer uso del derecho que le confiere el artículo 34 del Reglamento. Tiene la palabra su señoría. El señor LEÓN.- Señor Presidente, lamentablemente me veo obligado a hacer uso del artículo 34 del Reglamento, porque en la pasión del debate suscitado ayer, a propósito del proyecto de acuerdo sobre Cuba, el diputado Sergio Aguiló, que intervino con mucha vehemencia -lo entiendo porque habla motivado no sólo por su constante preocupación por los derechos humanos, sino también porque, en su oportunidad, fue víctima de violación de sus propios derechos-, se refirió a mi persona de manera imprecisa. Su pasión lo llevó a señalar hechos que son absolutamente inexactos, por no decir falsos.Él afirmó que yo había viajado veinte veces a China. Para corregir sus palabras, solicito que el Presidente disponga que la Secretaría de la Corporación le haga llegar un certificado en el que conste que yo he viajado a China, representando a la Corporación, en una sola ocasión. En lo personal, he viajado a China cuatro veces, no veinte.Es posible que la pasión que impulsó al diputado Aguiló, a quien le tengo mucho afecto porque lo conozco desde hace muchos años, lo haya hecho olvidar que en 2006 me pidió que interviniera ante el ministro del Interior, con el objeto de que autorizara al intendente de la época, Alexis Sepúlveda, a viajar a China para participar en un programa en el cual iban a participar él y el diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Q.E.P.D. Ese viaje, que era muy importante y al que lamentablemente sólo realizaron consejeros regionales y empresarios, no el intendente ni los parlamentarios, tenía una extensa agenda, en la cual no estaba programada ninguna reunión con los seguidores delDalai Lama ni con la gente del mundo campesino. Sí estaba concertada una visita a la provincia de Huber, hermana de la Región del Maule, que ha concitado un acuerdo extraordinariamente beneficioso para ésta.Entonces, quiero hacerme eco de lo que me señalaron ayer algunas personas, que no son del mundo parlamentario, quienes me dijeron que realmente no entendían a los parlamentarios, porque anteayer se estaban abrazando y deseándose parabienes, pensando en cómo hacer las cosas juntos a pesar de las discrepancias, y dos días después los vemos importando conflictos internacionales y no sólo desde Cuba. Incluso me mostraron una declaración aparecida en La Tercera de ayer -a raíz de otro proyecto de acuerdo relacionado con el conflicto árabe-israelí-, de Mohammed Dahlan, ex jefe de seguridad de Al Fatah palestino, por cierto en la que señala que está feliz con lo que le está pasando a Hamas. Al parecer tenía razón el diputado Eduardo Díaz cuando decía que éste es un problema complejo, pero nosotros lo importamos. La verdad es que yo no sabía qué contestarle.Cuando se ponen en discusión ideas que defendemos con mucha pasión y fuerza y caemos, incluso, en ataques personales, la gente nos critica. Y es entendible, porque si no nos respetamos entre nosotros, ¿cómo nos van a respetar los demás, menos aún si en un minuto determinado cuestionamos la diplomacia parlamentaria, vital en el mundo moderno? Fue esa diplomacia la que nos permitió, bajo la presidencia de la diputada Isabel Allende, destrabar el tratado de libre comercio con Japón. Por otra parte, en una misión a Vietnam, logramos que se diera curso a la negociación entre Vietnam y Chile, cuestión reconocida públicamente por el canciller. Esa gira fue muy importante, y quiero traer a colación un detalle que, a lo mejor, se desconoce en el Congreso Nacional. Dentro de la agenda que le prepararon a nuestra comitiva, encabezada por el Vicepresidente, diputado Jorge Ulloa, se consideraba rendir un homenaje a Ho Chi Minh, en su sepultura. Pues bien, así lo hizo el diputado Jorge Ulloa y en forma brillante, tal como cuando habló con el Presidente de la Asamblea Nacional. ¿Se imaginan que hubiera ideologizado su posición y que no hubiera participado por tener diferencias políticas con él? A mi juicio, ahora que estamos iniciando un nuevo año, sería bueno que nos preocupáramos más de lo que nos une que de lo que nos desune y que a la hora de hacer nuestros planteamientos tuviéramos más respeto por los demás. He dicho. SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO E INCIDENTES. El señor ENCINA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo e Incidentes de la presente sesión? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA PERFECCIONAMIENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE CESANTÍA. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que perfecciona el seguro obligatorio de cesantía e introduce cambios en otras normas legales.Diputados informantes de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda son los señores Julio Dittborn y Claudio Alvarado, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje 6036-13, sesión 65ª, en 19 de agosto de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 2. Certificados de la comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 6 y 7, respectivamente, de este boletín de sesiones. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, qué duda cabe que la materia que hoy vamos a abordar es de alta sensibilidad social y de gran importancia, toda vez que en el año que recién comienza probablemente las tasas de desempleo aumentarán en forma importante. De ahí la necesidad, según el Ejecutivo, de introducir reformas a la ley de seguro obligatorio de cesantía, vigente en nuestro país desde 2001. Esta ley ha sido exitosa, pues se han acogido a ella alrededor de cinco millones de trabajadores. Recordemos que la fuerza de trabajo en nuestro país es de casi siete millones de personas, tres millones de las cuales, es decir, aproximadamente la mitad de la fuerza laboral, cotizan activamente para acceder a este seguro. Para quienes no conocen la forma en que opera, el seguro de cesantía tiene una cuenta individual en la que el trabajador impone, mes a mes, un porcentaje de su remuneración. Además, existe un fondo de cesantía solidario, al cual los trabajadores pueden recurrir cuando los fondos acumulados en su cuenta individual de cesantía no son suficientes para lograr determinados beneficios. Hasta ahora, el seguro ha funcionado de manera eficiente. El problema que hicimos ver en la Comisión de Trabajo es que en Chile ya existía un seguro de desempleo constituido por indemnizaciones por años de servicio. A nuestro juicio, tiene muchos defectos, por lo que el Gobierno, en 2001, creó un segundo seguro de desempleo, que es el que se perfecciona mediante este proyecto. A juicio de la Alianza, el problema que tenemos hoy día en Chile, lo hicimos presente durante la discusión que se sostuvo en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, es que… El señor MONTES.- ¿Está rindiendo el informe o haciendo comentarios? El señor DITTBORN.- Las dos cosas. De esa manera es más interesante, porque puedo informar y comentar algunas materias que se debatieron en la Comisión. ¿O su señoría prefiere que haga el informe a secas? El señor MONTES.- Sí, a secas. El señor DITTBORN.- Si es así, le hago el informe a secas y, al final, le mando un mail con los comentarios tan interesantes efectuados en la Comisión y que todos los diputados presentes valoraron. Incluso, la ministra encontró muy interesante el aporte de la Alianza respecto de una eventual modificación de la ley de indemnización por años de servicio. Ahora, bien, yendo al informe a secas, en el proyecto se plantean varias cuestiones. En primer lugar, para el seguro de cesantía existe una Cuenta Individual por Cesantía y un Fondo de Cesantía Solidario. Hay dos tipos de contrato: los contratos a plazo indefinido y los contratos a plazo fijo o para una obra, trabajo o servicio determinado. En la ley de seguro de cesantía vigente, los trabajadores contratados a plazo fijo o para una obra o faena no tienen acceso al Fondo Solidario de Cesantía; sólo tienen una Cuenta Individual por Cesantía. Pero, cuando quedan cesantes y obtienen su finiquito, pueden retirar de una sola vez la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. En cambio, los trabajadores contratados a plazo indefinido, además de acceder al Fondo de Cesantía Solidario, tienen una Cuenta Individual por Cesantía. Probablemente, la modificación más importante que introduce el proyecto es que permite a los trabajadores contratados a plazo fijo o por obra o faena acceder a los recursos del Fondo de Cesantía Solidario. Pueden optar a dos pagos del Fondo, con tasas de reemplazo del 35 por ciento de la remuneración para el primer pago y del 30 por ciento para el segundo. Tasa de reemplazo es el porcentaje de la remuneración del trabajador que sustituye a la misma. Esto es razonable, porque al ser levemente y corresponder a una fracción menor de la remuneración del trabajador, la tasa de reemplazo lo incentiva a buscar otro trabajo lo antes posible y a no vivir del Fondo de Cesantía. La tasa de cotización de estos trabajadores al Fondo de Cesantía Solidario se mantiene en el 3 por ciento. La única diferencia es que un 0,2 por ciento va al Fondo de Cesantía Solidario. Probablemente, ésta es la modificación medular más importante de la iniciativa. Otra modificación relevante dice relación con los trabajadores contratados a plazo indefinido; se flexibiliza su acceso al Fondo de Cesantía Solidario. Hoy, estos trabajadores deben tener doce cotizaciones continuas para acceder a dicho Fondo, una vez que han agotado los Fondos de la Cuenta Individual por Cesantía. La iniciativa en estudio dispone que deben tener, al menos, doce cotizaciones en los últimos 24 meses, contados desde el término de la relación laboral, con el requisito de que las tres últimas sean del mismo empleador. Para los trabajadores contratados a plazo fijo, el acceso al Fondo de Cesantía Solidario es igual; es decir, no pueden recurrir al Fondo, si no han enterado doce cotizaciones en los últimos 24 meses, debiendo ser las tres últimas del mismo empleador. En cuanto al acceso a la Cuenta Individual por Cesantía, en el caso de los trabajadores contratados a plazo indefinido no hay cambios. Es decir, se siguen requiriendo doce cotizaciones continuas o discontinuas; pero en el caso de los trabajadores contratados a plazo fijo, se disminuyen de ocho a seis las cotizaciones continuas o discontinuas, contadas a partir del último beneficio o filiación. De manera que se establece una flexibilización para que más trabajadores puedan acceder al Fondo de Cesantía Solidario. Por otro lado, el proyecto contiene una propuesta interesante para el año 2009: permite realizar giros adicionales del Fondo de Cesantía Solidario, cuando la tasa nacional de desempleo, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas, exceda en 1 punto porcentual el promedio de los últimos cuatro años. Por ejemplo, si en 2009 la tasa de desempleo, según el INE, supera el promedio de los últimos cuatro años, es decir, 2005, 2006, 2007 y 2008, más un 1 por ciento, todos los trabajadores contratados a plazo fijo o para una obra, trabajo o servicio determinado, pueden acceder adicionalmente al Fondo de Cesantía Solidario. En el caso de los trabajadores contratados a plazo indefinido, tienen derecho a dos pagos adicionales del Fondo de Cesantía Solidario, con una tasa de reemplazo -es decir, fracción del promedio de las remuneraciones de los últimos 12 meses de 25 por ciento para el primer pago y de 20 por ciento para el segundo. Los trabajadores contratados a plazo fijo o para una obra o faena, tienen derecho sólo a un pago adicional, con una tasa de reemplazo del 30 por ciento de su remuneración promedio de los últimos 12 meses. Además, el proyecto en estudio introduce algunos cambios menores relacionados con la inversión de estos recursos, que se manejan de manera muy similar a la de los que administran las Administradoras de Fondos de Pensiones, por el decreto ley Nº 3.500.Para tranquilidad de los diputados presentes, debo decir que todos los recursos de las Cuentas Individuales por Cesantía están en el conocido Fondo E; es decir, sólo se pueden invertir en rentas fijas, por una razón muy sencilla. Como la cuenta individual por Cesantía puede ser usada en forma muy frecuente por trabajadores que tienen una alta rotación, estos recursos no pueden ser invertidos en acciones o en instrumentos de renta variable, porque las acciones tienen una alta variabilidad, tal como pudimos apreciarlo en 2008. Por lo tanto, si alguien quisiera utilizar esos recursos en una mala época de venta o compra de acciones, los verían disminuidos. De manera que, con mucha razón, el proyecto consigna que los recursos de la Cuenta Individual de Cesantía sólo pueden ser invertidos en documentos de renta fija. En el caso del Fondo de Cesantía Solidario, se establece la posibilidad de que un porcentaje menor de los recursos, alrededor del 5 por ciento, puede ser invertido en acciones. Eso se debe a que el Fondo de Cesantía Solidario tiene una perspectiva de uso de más largo aliento y, por ende, tiene sentido invertir en instrumentos de renta variable, aunque en menor porcentaje. Por otra parte, el proyecto también se refiere a la reinserción laboral, tema nuevo e importante que, a juicio de la Alianza, no está bien tratado. Básicamente, el proyecto establece que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, va a diseñar un mecanismo de reinserción laboral que va a juntar la oferta con la demanda de trabajo. En la Alianza tenemos serias aprensiones, en cuanto a que esa labor vaya a ser efectiva. En ese sentido, presentamos una indicación para permitir que la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (Omil) y las empresas privadas con o sin fines de lucro-habría- que verlo puedan participar en esta actividad, con el fin de potenciar la intermediación laboral. Lamentablemente, la indicación no tuvo mayor eco y, por lo tanto, tenemos simplemente al Sence participando en esa labor. Como señaló la ministra, ojalá el Sence pueda reconocer sus limitaciones e invitar a otras instituciones públicas y privadas. No tenemos ningún inconveniente en que las Omil u otras instituciones participen activamente en la intermediación laboral. Actualmente, la intermediación laboral en Chile es efectiva y eficiente a nivel de los grupos con remuneraciones altas. Es una actividad netamente privada que funciona muy bien. Hoy, cuando se requiere contratar un ejecutivo se acude a los famosos head hunters, que funcionan muy bien. Lamentablemente, en todos los grupos o sectores con remuneraciones medianas -y para qué decir los de remuneraciones más bien bajas- no existe un sistema de intermediación laboral, porque, simplemente, no es rentable. Además, no existe la disposición a pagar por ese concepto, ni de parte del empleador ni del empleado. Por eso, en nuestra indicación proponíamos la entrega de un bono o subsidio del Estado para las instituciones que lograran ubicar a esas personas, estableciendo, a fin de evitar fraudes, un mecanismo de control. Esperamos que eso se pueda incorporar en el futuro, porque creemos que sólo el Sence no será efectivo en esa tarea.Finalmente, se crea una bolsa de trabajo; pero tampoco está muy claro cómo va a funcionar. Se trata nuevamente de una institución estatal. En verdad, no tengo muchas expectativas de que vaya a ser efectiva; pero el Gobierno tampoco propuso una alternativa. Entonces, es probable que tengamos un 2009 con un alto desempleo y que el Estado esté nuevamente ausente en la labor de llevar a cabo una intermediación laboral efectiva y potente. Ojalá que no sea así y que la ministra, que tiene el entusiasmo propio de quien recién asume un cargo, logre que el Estado tenga una labor potente en esa tarea. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, antes que todo, debo hacer presente que la Comisión de Trabajo y Previsión Social dispuso en su informe que los numerales 21, 22 y 30 del artículo 1º permanente y los artículos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo transitorios del proyecto de ley debían ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por contener normas que inciden en materias presupuestarias o financieras del Estado. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar los numerales 13, 14, 15 y 32 del artículo 1º permanente. No quiero entrar en el detalle de las modificaciones, por cuanto el diputado Dittborn, informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, explicó muy bien la naturaleza y las características del proyecto. Por lo tanto, sólo me referiré a las materias consignadas en el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos.Las modificaciones introducidas al proyecto se orientan, por una parte, a mejorar el acceso y los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario del Seguro y, por otra, a implementar un Sistema de Información Laboral y una Bolsa Nacional de Empleo.En cuanto al Sistema de Información Laboral, éste será una herramienta que contendrá estadísticas actualizadas del mercado laboral. A su vez, la Bolsa Nacional de Empleo contribuirá a la reinserción en el mercado laboral del cesante afiliado al Seguro, facilitando el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo. Además, la Bolsa actuará como instrumento para informar de otras prestaciones disponibles para facilitar la reinserción laboral de los beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario, las que se priorizarán según un índice de empleabilidad. La implementación y operación de la Bolsa Nacional de Empleo serán de cargo del Fondo de Cesantía Solidario. El diseño del Índice de Empleabilidad y del Sistema de Información Laboral, así como su posterior operación, serán de cargo fiscal. Para el diseño de dicho índice, se estima un costo de 20 millones de pesos, por una sola vez. Para el diseño del Sistema de Información Laboral se estima un costo de 35 millones de pesos, por una sola vez, y un costo de operación de 120 millones de pesos anuales. Finalmente, los costos fiscales señalados se harán con cargo a la partida presupuestaria de la Subsecretaria del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, partida 15, capítulo 01, programa 01. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, antes que todo, anunció que los diputados de la bancada de la UDI apoyaremos esta iniciativa de ley. Nos parece que las modificaciones que se introducen al Seguro Obligatorio de Cesantía, después de cinco años de funcionamiento, lo perfeccionan e introducen una serie de elementos positivos. En cambio, los señalados por el diputado Dittborn nos merecen algunas dudas. En lo fundamental, creemos que una sociedad moderna, en la cual el tema del empleo ha ido evolucionando en la forma que todos conocemos, es necesario entregar cierto grado de certidumbre a quien pierde su trabajo, con el objeto de que pueda encontrar uno nuevo, reinsertarse o esperar con cierta tranquilad. Este es un elemento que coadyuva mucho a generar elementos de estabilidad social y política. Me atrevo a recomendar a los señores diputados que lean el documento de trabajo Nº 23 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, en el cual se hace una evaluación de los cinco años de funcionamiento del Seguro Obligatorio de Cesantía. Asismismo, se presentan los principales desafíos para su perfeccionamiento, elementos que tanto los diputados integrantes de la Comisión como el Ejecutivo tuvieron a la vista para elaborar el proyecto. De ese documento surgen algunas visiones sobre la forma en que ha cambiado y en que seguirá cambiando el empleo en el país. Creo que el desarrollo de oportunidades en la sociedad irá fortaleciendo más el concepto de empleabilidad que el de empleo, entendida aquélla como el conjunto de fortalezas del trabajador que le permiten optar a distintas fuentes de trabajo. Así irá quedando cada vez más relegado el sistema que quizás vivió la mayoría de nuestros padres, en el cual se solía entrar a una empresa o a un servicio público en la juventud y se terminaba en el mismo lugar después de treinta o cuarenta años de trabajo, muchas veces ascendiendo desde los grados más bajos a los grados más altos, sin tener la opción de considerar otras alternativas. Pero hoy, si no me equivoco el promedio de permanencia de un trabajador en un mismo empleo está entre siete u ocho años, y se mueve con mucha facilidad. Progresivamente, irá ocurriendo que en vez de que las empresas busquen a sus trabajadores, éstos deberán buscar empleos en distintas partes. Tendremos cada vez más trabajo en la casa; incluso, estamos viendo una mayor inserción de las mujeres en el mundo laboral y más empleos part-time, porque la dinámica de la sociedad exige que los tiempos vayan disminuyendo. Como este es un factor que se está dando, es muy importante incorporar los elementos del Seguro Obligatorio de Cesantía y ampliarlo tal como lo hace el proyecto- a los trabajadores que tienen contrato a plazo fijo. Debo reconocer que este elemento generaba una visión distinta para apoyar este tipo de seguro, porque el trabajador que entraba a trabajar con un contrato a plazo fijo sabía de antemano que, un tiempo más, su trabajo se terminaría. Por consiguiente, podía prepararse para enfrentar tal situación, a diferencia de lo que podía hacer un trabajador con contrato indefinido. Pero, esta evolución del sistema de trabajo de nuestra sociedad y del mundo en general hace imprescindible incorporar a ese sector. Quiero hacer algunos comentarios muy breves respecto de algunas ideas extraídas de este documento de trabajo de la Superintendencia y que me parecen importantes. En primer lugar, debemos implementar una adecuada protección social para el trabajador cesante, que debe implicar no sólo el apoyo monetario durante el período de cesantía, sino otros elementos de apoyo. Por ejemplo, acceso a la salud, capacitación, mantención de la asignación familiar, intermediación laboral y bono de locomoción para buscar trabajo. Algunos de estos elementos están incorporados; otros, no. Respecto de la situación familiar, considero que los trabajadores deben recibir los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, ha concluido su tiempo. El señor MELERO.- Señor Presidente, termino diciendo que es importante avanzar en la asignación familiar y en la cobertura del Fonasa para los trabajadores y sus familias. Al respecto, debemos introducir reformas para que dicho beneficio no se extinga tan rápido, como sucede hoy, y las personas queden desprotegidas. Debemos avanzar, también, en otras materias relacionadas con la calidad de los beneficios, como también en el propósito de lograr una mayor cobertura. En resumen, esta iniciativa constituye un paso importante que va en la dirección correcta. Junto con las precisiones que hemos formulado, esperamos que este subsidio vaya en beneficio de nuestro crecimiento y desarrollo, de manera que las personas siempre tengan muchas alternativas de empleo. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, este proyecto de ley constituye un gran avance, más aún ahora que nuestro país se va a ver enfrentado a un año difícil en cuanto a empleabilidad. Nos habría gustado que el Gobierno hubiese aprovechado esta gran oportunidad para realizar cambios efectivos en el sistema de protección social cuando los trabajadores pierden su empleo en forma inesperada. A mi juicio, sigue pendiente una verdadera reforma que fomente la movilidad laboral y otorgue un menor peso específico al sistema de indemnización por años de servicios. Cuando se hacen estudios y análisis sobre la materia vemos que un bajo porcentaje de trabajadores recibe una indemnización por años de servicios, ya que muchos de ellos deben entablar demandas para que se les pague y otros pactar cifras inferiores. Pero esto no se debe a que exista mala disposición del empleador, sino a que, generalmente, cuando se llega al despido, es porque las empresas no están en condiciones de mantener el número de empleados. En este caso, se afecta, por ejemplo, a los más jóvenes, que siempre son los primeros en ser despedidos por tener los sueldos más bajos. A esto se deben los altos índices de desempleo de los más jóvenes. Si se busca un sistema de seguro dedesempleo eficiente, podemos ganar en productividad y en cobertura del sistema. Lamento que no se haya aprovechado esta oportunidad para haber reformado el sistema y haber eliminado esta duplicidad de información. La responsabilidad es del Ejecutivo. Me complace la buena disposición de la ministra del Trabajo, que acaba de asumir su cargo en medio de un escenario muy complejo. Ella ha demostrado mucha sensibilidad respecto de los verdaderos problemas que están afectando la empleabilidad. Cabe agregar que la ministra pudo darse cuenta, durante la tramitación de este proyecto en nuestra Comisión, que los diputados tenemos una actitud muy positiva y propositiva, independiente de las distintas sensibilidades que tengamos respecto de los temas relacionados con el empleo. Creo que es lo que debemos seguir haciendo al tratar estos asuntos. Si no procedemos bien, estaremos afectando lo que decimos que queremos proteger, cual es la empleabilidad y la posibilidad de tener trabajos bien remunerados, es decir, decentes. Por lo tanto, se efectuaron modificaciones que tienen por objeto que los trabajadores con contrato a plazo fijo puedan acceder a este seguro. Nos habría gustado sostener una discusión más a fondo sobre esta materia. Sabemos que se requiere una solución urgente; pero desgraciadamente, esta necesidad no se vio bien reflejada en la indicación que propusimos para que la entrada en vigencia de la ley fuera sesenta días después de su promulgación. El proyecto establece que será cuatro meses después. Obviamente, se requiere un período para implementarla; pero, hay que recordar que hace algunos días, la Presidenta de la República dejó entrever que si no éramos capaces de despachar este proyecto en enero, lo tendríamos que hacer en febrero, lo que no es problema para el Congreso Nacional, porque estamos dispuestos a legislar cuando se nos requiera. El problema es que se entrega una información errónea a la opinión pública, porque no es el Congreso el que está atrasado, sino el Ejecutivo, que envió tardíamente el proyecto. Las comisiones de Trabajo y de Hacienda dieron muestras de gran efectividad al acoger la urgencia de discusión inmediata- facultad única y exclusiva del Ejecutivo- y despachar la iniciativa prácticamente en tres o cuatro sesiones. Hay otro aspecto que quiero mencionar. En la actualidad han aumentado mucho los contratos a plazo fijo, Entonces, por un lado legislamos para proteger a los trabajadores que se encuentran en esta situación y, por otra, los desprotegemos. Esto demuestra que no se está legislando en forma equitativa. Se dice que más del 57 por ciento de los trabajadores actuales están contratados a plazo fijo o por obra o faena, obviamente se puede considerar que esto es una reacción a las complejidades que tiene la contratación. Si se aplican impuestos o cargos que encarecen la contratación y el despido, nos vamos a encontrar con que cada día va a haber menos personas dispuestas a emprender y a dar trabajo. De ahí la importancia de conocer las distintas sensibilidades, ya que todos quienes estamos en esta labor queremos lo mejor para el país, para los trabajadores y para quienes emprenden. Respecto de la creación de la bolsa de intermediación del trabajo, coincido con el diputado informante. Desgraciadamente, se le ha dado gran preponderancia al Estado, dejando de lado al sector privado, que muchas veces ofrece ventajas comparativas en el manejo de estos sistemas, tanto en capacitación como en intermediación. Todos conocemos las deficiencias en que ha incurrido el Estado a la hora de implementar planes de empleo. Obviamente, no queremos que un proyecto, que pretende solucionar un problema, a la larga cree otro. Por último, lo más importante es que nuestra legislación favorezca la empleabilidad y la formalidad. De lo contrario, no estaríamos cumpliendo la misión que nos corresponde. Por ejemplo, muchas personas no están dispuestas a renunciar a su trabajo para acceder a uno mejor remunerado, porque no quieren perder su supuesto derecho a percibir el tope de indemnización estipulado por la ley, que equivale a 11 meses de remuneraciones. Esto provoca falta de movilidad, disminución de las posibilidades de surgir y crear nuevos espacios de trabajo, así como bajas expectativas de mejorar las rentas de los trabajadores. Para terminar, junto con el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional al proyecto, solicito al Gobierno, a través de la ministra del Trabajo, que convoque a sesiones de análisis para buscar la forma de privilegiar la empleabilidad y la movilidad laboral. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic. La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, parto señalando que intervengo en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano. En primer lugar, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto. Su tramitación debe ser rápida, por cuanto el presente año es conocido por todos será más difícil de lo que se esperaba, y, probablemente, más complicado para los trabajadores con empleos precarios y que perciben bajos salarios. Incluso, muchos podrían perder su fuente laboral, por lo que necesitan un seguro que los proteja. Durante la tramitación del proyecto nuevamente tuvo lugar una antigua discusión. Como se sabe, el seguro de cesantía se creó tomando en consideración determinadas condiciones de empleo. Tal como se ha señalado, esas condiciones cambiaron, lo que trajo como consecuencia que muchos beneficios que éste incluía no llegaran al universo de trabajadores para el que inicialmente estaba dirigido. Quiero enfatizar que uno de los grandes aciertos del proyecto es la flexibilización de algunos requisitos para acceder a las Cuentas Individuales por Cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario, lo que permitirá, incluso, quintuplicar la cantidad de beneficiarios. Repito que se trata de un hecho destacable, que se relaciona -así se plantea en forma clara en el informe con la incorporación de los trabajadores contratados a plazo fijo, o para una obra o faena, y la flexibilización del número de cotizaciones requeridas pueden ser discontinuas para acceder al Fondo de Cesantía Solidario. Esto evitará mantener recursos ociosos. Ahora, podrán ser dirigidos a los trabajadores, para los cuales estaban destinados originalmente. Esta materia se relaciona con otros debates de fondo sostenidos en la Comisión de Trabajo, los que quedaron pendientes. Quiero recordar que hace cerca de dos años se planteó eliminar o rebajar las indemnizaciones por años de servicio, con el objeto de mejorar el seguro de cesantía. A partir de allí surgieron muchas opiniones, incluidas las de los representantes de los trabajadores. Estábamos abiertos ha abordar ese debate y a dejar de lado las posiciones ideologizadas o cerradas. Pero esta discusión debe ser de fondo e incluir todos los aspectos involucrados, lo que implica -lo planteamos en la Comisión enfrentar el tema de las indemnizaciones y su efecto en la contratación, así como los tipos de contrato y la manera en que funcionan en el mercado laboral. Probablemente, muchos contratos no tienen que ver con la naturaleza del trabajo que sedesempeña. Cabe señalar que la mayor parte de los trabajos dura menos de un año, y más de la mitad de ellos se extiende por cuatro meses. Es necesario indagar qué sucede, porque cuesta creer que esa realidad tenga que ver con obras que se extienden durante ese período. Por eso, es necesario llevar a acabo ese debate. Todos estamos de acuerdo en generar mejores condiciones de empleabilidad y productividad, lo que ayuda a trabajadores, empresarios y, en último término, al país. Repito que se trata de un debate que queda pendiente. Como diputada de la Democracia Cristiana estoy convencida de que ésta no era la oportunidad de abordar esas materias, pues el debate del proyecto se centraba en perfeccionar el seguro de cesantía. Durante la tramitación del proyecto se introdujeron varias mejoras, perfeccionando el texto enviado por el Ejecutivo. Pero ello no se debió exclusivamente a los informes y antecedentes recopilados por la Comisión, sino también a un importante acuerdo a que se llegó con la CUT y con otros representantes de los trabajadores, quienes solicitaron perfeccionar los instrumentos vinculados con esta materia, de modo de otorgar mayor protección a los trabajadores en tiempos difíciles y de mayor desempleo. Esa petición fue incorporada al proyecto -espero que entre en vigencia a mediados del próximo año- y otorgará mayor protección en tiempos de crisis, lo que redundará en que un mayor número de trabajadores accederá a mejores beneficios, por ejemplo, a aumentos de tramos para el cálculo de los pagos que recibirán en caso de perder su empleo. Durante la discusión de la iniciativa, la ministra fue muy clara para subrayar que ésta no sólo incorpora el pago de una prestación monetaria. En efecto, el Estado no sólo se hace cargo de entregar un cheque para que el trabajador sostenga a su familia cuando no tiene empleo, sino que propicia mejores condiciones para que esa persona obtenga uno nuevo. En otras palabras, la idea es estructurar una política pública de empleabilidad. Por eso, el proyecto incorpora una bolsa de empleo y un sistema de información moderno que permite contar con información básica para examinar las posibilidades del mercado laboral y contactar a los trabajadores. Todo el mundo sabe que es muy difícil buscar empleo en Chile, razón por la cual se recurre al dato, al pituto o al amigo. Si queremos que los trabajadores que tienen condiciones, habilidades y capacidad sean contratados, necesariamente esto debe cambiar. Lo mismo ocurre con las políticas de intermediación. Sin duda, la propuesta es perfectible, y así se señaló al interior de la Comisión. La idea es aportar al tema. En efecto, dicha propuesta se consolida en un proyecto, cuyo propósito es convertir esa herramienta en un instrumento potente que mejore las condiciones de empleabilidad de los trabajadores, sobre todo de los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y para quienes, incluso, tienen dificultades para confeccionar un currículo, a fin de tener una oportunidad de empleo. El proyecto constituye una señal, en el sentido de que es necesario apoyar en forma oportuna y responsable a quienes se verán más afectados en tiempos de crisis. A todos nos gustaría que el sistema se implementara antes de lo acordado. Sin embargo, es necesario respetar los plazos señalados, a fin de que los distintos actores, instancias y servicios tomen las providencias necesarias para garantizar las medidas establecidas en el proyecto. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, el proyecto que hoy nos convoca aborda una de las materias de más álgido debate en el mundo del trabajo: la necesidad de proteger al trabajador en períodos de cesantía y de apoyarlo en la búsqueda de un nuevo empleo. Estamos hablando de un proyecto de ley sobre perfeccionamiento del seguro de cesantía que se une a otras leyes ya aprobadas por la Cámara, como la relativa al subsidio al empleo juvenil -que dice relación con el aporte del Estado para que se contrate a jóvenes cesantes- y a la semana corrida. Desde 2001, en materia de seguro de cesantía, el empleador cotiza el 1,6 por ciento para la Cuenta Individual de Cesantía y el 0,8 por ciento para el Fondo de Cesantía Solidario. El trabajador también ahorra el 0,6 por ciento de sus remuneraciones. De esta manera, un trabajador que percibe, por ejemplo, un sueldo de 350 mil pesos durante tres años y renuncia o es despedido sin derecho a indemnización, tiene en su cuenta una suma superior a 200 mil pesos, de la cual puede disponer hasta tres giros mensuales, debido a que tiene tres años de antigüedad. Este sistema reemplaza un ignominioso y mal llamado seguro de desempleo existente en los años 80, en virtud del cual un trabajador, sin distinción de antigüedad ni nivel de renta, recibía una cantidad de dinero exigua, verdaderamente una limosna, durante determinado número de meses y en forma decreciente. ¿Saben los colegas por qué nunca este seguro tuvo déficit en sus operaciones y asignaciones? Porque las cantidades que entregaba eran tan bajas que no cubrían siquiera los gastos de movilización para ir a retirarlas. Por eso, los trabajadores no lo utilizaron, por entender que más que seguro era una limosna. La iniciativa legal que votaremos hoy perfecciona el sistema existente, permitiendo que los trabajadores contratados a plazo fijo, es decir para una obra o faena, puedan acceder al Fondo de Cesantía Solidario, que cubre los beneficios de los trabajadores con rentas más bajas y que no alcanzan a financiar la totalidad de sus derechos. Respecto de los montos que entrega el actual seguro de cesantía, se podrá discutir mucho y perfeccionarse en el tiempo hasta llegar a una cifra ideal; pero nadie podrá negar que se trata de una política pública llevada adelante por los gobiernos de la Concertación orientada a mejorar la dignidad de los trabajadores expuestos a los cambios del mercado laboral. Nadie niega que vivimos hoy tiempos de cambios y de inestabilidad, pero este seguro es una respuesta responsable a este fenómeno y refleja una mayor sensibilidad política frente a los problemas sociales, sensibilidad propia de una coalición que se enraíza en lo más profundo de nuestro pueblo, en el sentimiento de que aquí todos importan y que el Estado no dejará abandonado al más vulnerable. Ya basta de decir que el mercado elige a los más capaces; basta de decir que los demás deben adaptarse o sucumbir. La Concertación dice a esto: ¡No! En este país las cosas son diferentes y las personas importan más que el mercado y la competencia. Para finalizar, me referiré a un tópico recurrente. Se habla de que el seguro no debe ser tan generoso para no incentivar el fraude de los trabajadores. Nuestros trabajadores no son ladrones, y es muy pobre el discurso que enarbola quien dice que un trabajador prefiere estar ocioso, ganando cuarenta o cincuenta mil pesos por unos pocos meses, antes de tener un trabajo decente y esforzarse para mejorar la calidad de vida de su familia. Decir esto es un insulto a la clase trabajadora que siempre nos ha dado muestras de sacrificio, cuando la irresponsabilidad de banqueros, inversionistas, especuladores de la bolsa, que se autocalifican como empresarios -el sayo a quien le venga-, han llevado a nuestro país y a los países en general a crisis financieras, cuyas consecuencias siempre terminan pagándolas los más pobres, con desempleo y con precariedad de sus vidas. Llamo, entonces, a los colegas a aprobar, con entusiasmo, esta iniciativa. Y también llamo al Ejecutivo a estar atento a los cambios que ocurran en el mercado laboral para seguir adecuando el seguro a ellos, a fin de que los beneficios que entregue sean realmente útiles para el trabajador que enfrente el flagelo de la cesantía. La bancada del Partido Radical apoyará en forma unánime este buen proyecto de ley, que se suma a los esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Es bueno y digno señalar aquí que la Oposición ha respetado prácticamente todos los acuerdos alcanzados en la Comisión de Trabajo, que me honro en integrar, para que este seguro de cesantía cuente con el apoyo unánime de la Sala y se apruebe en los próximos minutos. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar, a título personal y de la bancada del Partido por la Democracia, que este proyecto de ley mejora el actual Seguro Obligatorio de Cesantía porque, como muy bien expresó el diputado señor Melero, es el resultado de una rigurosa evaluación realizada por nuestro Gobierno acerca de su implementación, en los últimos seis años.En mi opinión, insistir en mejorar el Seguro Obligatorio de Cesantía es una decisión política de la Presidenta Michelle Bachelet, orientada, centralmente, a fortalecer cada vez más el sistema de protección social de las chilenas y chilenos y, en este caso particular, de los trabajadores y sus familias.La preocupación y decisión política de la Presidenta Bachelet en este sentido ha sido el espíritu fundamental de su gobierno. Por eso, saludamos con mucha satisfacción el hecho de que haya hecho presente la urgencia de “discusión inmediata” para este proyecto de ley, sobre todo cuando una fuerte crisis mundial pone en peligro las fuentes de empleo en todo el mundo, incluido, por cierto, nuestro país. Ahora, esto no sólo ocurre por esta situación de crisis -que esperamos sea breve-, sino también porque en nuestro mercado de trabajo se ha ido instalando una tendencia estructural, en el sentido de hacer los empleos cada vez más inestables y precarios. Éste es un rasgo estructural de nuestro mercado de trabajo que hay que considerar en el debate de estas medidas de fortalecimiento del seguro de desempleo que ha implementado la Presidenta. Empleos inestables y precarios son el orden del día en el país y constituyen un grave peligro para la situación de los trabajadores y de sus familias. Asimismo, valoro este proyecto -lo señaló también la diputada Carolina Goic-, porque es consecuencia del debate que hubo entre el Congreso Nacional, el Gobierno y las organizaciones de trabajadores. Esta iniciativa no es la misma que conoció la Sala originalmente, puesto que recoge observaciones y propuestas fundamentales de los trabajadores chilenos. Por eso, valoro mucho lo que nos propone nuestra Presidenta para el debate. Además, en mi opinión y en la de los colegas de mi bancada, es absolutamente pertinente y necesario fortalecer cada vez más el Seguro Obligatorio de Cesantía, a diferencia de lo que ha planteado la Alianza, no solamente en la Sala, sino también en nuestra Comisión, en cuanto a que no sería necesario continuar robusteciendo este sistema, dado que tenemos indemnizaciones por años de servicio. Esa observación va en contra de todas las tendencias que observamos en el debate y de las políticas públicas de países más desarrollados, relacionadas con la forma de proteger y fortalecer a los trabajadores en un mercado del trabajo de naturaleza estructural tan precaria como el que se ha instalado. En ese sentido, hay que avanzar cada vez más en fortalecer los seguros de desempleo; pero no es posible, por otra parte, desmantelar el sistema de indemnizaciones por años de servicio cuando aún es débil. Dicho sistema se fortalece con este proyecto, pero es necesario robustecerlo aún más.En la Comisión de Trabajo se nos propuso avanzar hacia un debate o suprimir las indemnizaciones por años de servicio. Como Concertación, respondimos que estábamos dispuestos a iniciar ese debate; que es pertinente y necesario, pero en el tiempo, porque, aunque celebramos el fortalecimiento del Seguro Obligatorio de Cesantía, aún es necesario fortalecerlo más. Es indispensable que los empleadores coticen un porcentaje mayor para este seguro. Creemos que, dado que estamos en un proceso de fortalecimiento progresivo del seguro de desempleo, no es conveniente desmantelar el sistema de indemnizaciones. En ningún país se ha hecho así sin antes establecer un robusto sistema de seguro obligatorio de desempleo. Debo aclarar que no nos negamos a debatir sobre el sistema de indemnizaciones, pero bajo tres condiciones: En primer lugar, contar con un seguro de desempleo aún más robusto, para lo cual es necesario mejorarlo. En segundo lugar, llevar a cabo un debate sobre los tipos de contrato existentes en el país. La Alianza proponía -hoy, el diputado Melero lo hizo con cierta relatividadla eliminación del sistema de indemnizaciones y la no incorporación al seguro de desempleo de trabajadores con contrato a plazo fijo o para una obra, trabajo o servicio determinado, en circunstancias de que son, precisamente, quienes presentan una situación más precaria y sufren en mayor medida los embates de estos rasgos estructurales del mercado de trabajo.Por último, ese debate sobre el sistema indemnizatorio no puede hacerse sino sobre la base de una mesa de diálogo social. Por lo tanto, no se trata de que no queramos llevar a cabo una discusión, sino de que, previamente, es fundamental el cumplimiento de los requisitos, que constituyen la base de cualquier mejoramiento de las condiciones de los trabajadores ante el desempleo existente en el mundo entero. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, tal como lo dijeron el diputado informante y los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto, que perfecciona el Seguro Obligatorio de Cesantía, constituye una muy buena noticia para los trabajadores, porque significará un resguardo ante el eventual aumento del desempleo, a partir de abril del presente año, como consecuencia de la crisis financiera internacional. No me voy a referir a las características de la iniciativa, que ya fue informada de manera muy detallada por el diputado señor Dittborn e, incluso, con algunas opiniones personales, siempre bien recibidas. Deseo detenerme en un aspecto que fue criticado por diputados de la Oposición, pero no con el ánimo de polemizar, sino, ojalá, de convencer a los colegas, a fin de que, en esta materia, cambien el criterio adoptado en la Comisión, donde algunos se abstuvieron y otros votaron en contra. Eso sería muy importante, dado que, según entiendo, algunas normas fundamentales para que un sector importante de trabajadores no quede desprotegido requieren quórum especial para su aprobación. El proyecto de ley hace una distinción entre trabajadores con contrato indefinido y trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado. Tal vez, en forma inadvertida, alguien podría imaginar que, en esta economía, la inmensa mayoría de los contratos son indefinidos. Al respecto, cabe precisar que, en general, la economía -salvo en circunstancias muy especiales y excepcionales, como las que se producen en la agricultura o sectores tan particulares como el de la construcción se construye sobre la base de empresas que invierten para permanecer indefinidamente en el mercado y, por lo tanto, el grueso de su personal debiera tener contratos indefinidos. Sin embargo, los datos empíricos muestran que, por razones muy complejas de explicar, la mitad de los contratos formalizados que existen en nuestra economía -otra cosa es la mano de obra informalizada, que no es menor- corresponde a trabajos temporales o por obra o faena. Se trata de una situación muy atípica respecto de lo que ocurre en el resto de las economías de América Latina y, para qué decir, en las economías de países más desarrollados, donde lo normal y habitual es la existencia de contratos indefinidos. En virtud de esta realidad, una de las modificaciones que introduce el proyecto apunta a la extensión de los beneficios a esos trabajadores, que, insisto, corresponden a la mitad del mundo laboral con contrato formalizado. Desde el punto de vista estrictamente formal, la argumentación de la Oposición no deja de ser atendible, pues apunta a que este seguro forma parte de una política pública ante una eventualidad difícil de prever. En ese sentido, advierte que para el trabajador con contrato de duración indefinida es difícil prever cuándo se pondrá fin a éste. Por lo tanto, para él resulta fundamental contar con un instrumento que lo resguarde ante esa eventualidad. Pero eso no ocurriría en el caso de un contrato temporal por obra o faena, porque un trabajador contratado, por ejemplo, por ocho meses, sabe que, vencido ese plazo, se pondrá fin a su contrato. Por lo tanto, de acuerdo con esa lógica, ese trabajador tendría ocho meses para prepararse para la pérdida de su empleo. Hasta ahí, resulta bastante formal y no menos rigurosa -por lo menos de lógica cartesiana la argumentación de los colegas opositores. Sin embargo, ocurre que este instrumento de protección tiene su razón de ser no sólo ante la imposibilidad de prever cuándo se perderá el empleo, sino de no saber cuándo conseguirá uno nuevo. Así, por ejemplo, un trabajador que trabaja en la construcción de un edificio o de un conjunto de viviendas sociales, puede prever cuándo terminará la obra y, en consecuencia, cuándo quedará sin empleo, pero es imposible que sepa cuándo encontrará un nuevo trabajo. De manera que, desde los puntos de vista de las políticas pública y social, y también de la economía, no parece justo que esos trabajadores queden sin la protección que brinda este seguro. Me preocupa que los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional -quienes, en general, han tenido una actitud muy positiva y favorable durante la tramitación de la iniciativa repitan en la Sala la votación registrada en la Comisión, lo que podría redundar en la caída de algunos artículos, con lo cual la mitad de los trabajadores del país -me refiero a aquellos con contrato formalizado para una obra, trabajo o servicio determinado podría quedar sin protección. Por lo tanto, señor Presidente, por su intermedio hago un llamado a los diputados señores Dittborn, Salaberry, Recondo y a otros que integran la Comisión de Trabajo, a reconsiderar el tema, porque, de lo contrario, dichos trabajadores podrían quedar sin el resguardo debido. Como se ha dicho, la iniciativa establece un beneficio, por cinco meses, que alcanza al 50 por ciento del promedio de las remuneraciones de los últimos doce meses, en el primer mes después de la pérdida del trabajo; al 45 por ciento, en el segundo mes, y así, sucesivamente, hasta llegar al 30 por ciento en el quinto mes. Además, dispone que aquellos “beneficiarios que estén percibiendo el quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario tendrán derecho a un sexto y séptimo giro de prestación, cada vez que la tasa nacional de desempleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas exceda en 1 punto porcentual el promedio de dicha tasa, correspondiente a los cuatro años anteriores publicados por ese Instituto…”En consecuencia, reitero, se trata de un importante resguardo. Para terminar, felicito a la Presidenta de la República, a la ministra del Trabajo y también al ministro de Hacienda, aunque parezca una exageración dado el tipo de proyecto, porque la iniciativa implica una interesante inyección de recursos fiscales, amén del también interesante aporte empresarial, destinados a resguardar al grueso de los trabajadores chilenos del impacto del desempleo que ocasione la crisis que se avecina, que esperamos que sea lo menos gravosa posible para nuestra economía. Por eso, con el entusiasmo de los diputados socialistas, anuncio a la Cámara nuestro voto favorable al proyecto. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, antes de referirme al fondo del proyecto que modifica el seguro obligatorio de cesantía, deseo hacer dos comentarios muy breves. La iniciativa en debate contó con la mejor disposición de nuestra bancada para su discusión y aprobación en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Digo esto, porque la demora en su tramitación -ingresó hace 3 meses a la Comisión- se debió fundamentalmente a las negociaciones que hubo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores. Este hecho retardó más de la cuenta, en consideración a su urgencia para hacer frente a la crisis financiera que se avecina y su consecuente impacto en el empleo durante el presente año. El segundo comentario está referido a esa suerte de mito que han creado las bancadas del oficialismo, en cuanto a que la Oposición no apoya proyectos de ley que encarecen la contratación de mano de obra, como es el caso de este, que perfecciona el seguro obligatorio de cesantía. Nada más lejos de la realidad, porque cuando se trata de iniciativas que otorgan beneficios claros y concretos a los trabajadores -como la que nos convoca-, siempre hemos estado disponibles para debatirlas y entregarles nuestro voto, tal como lo haremos en esta oportunidad. En cuanto al proyecto, su modificación más sustancial es la incorporación de los trabajadores contratados a plazo fijo a los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario, de los cuales sólo gozaban los trabajadores con contrato indefinido. Con mucho entusiasmo apoyamos la modificación que incluye a los empleadores de los trabajadores contratados a plazo fijo o por faena al financiamiento del beneficio del seguro de cesantía. También valoramos la ampliación de la prestación por cesantía en uno o dos pagos los cinco que establece la ley cuando los índices de desempleo nacional excedan los promedios de los últimos cuatro años. Esta ampliación del número de meses de beneficio del Fondo será muy importante para enfrentar la coyuntura económica que se avecina, toda vez que los analistas y la autoridad han señalado que el desempleo subirá durante el presente año. Así, cuando la tasa nacional de desempleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas exceda en un punto porcentual el promedio de los últimos cinco años, se gatillará inmediatamente la prestación adicional por cesantía para los trabajadores contratados a plazo fijo. Al diputado Aguiló, que nos pide cambiar nuestra posición sobre esa modificación aquí en la Sala, le recuerdo que la mayoría de los diputados de la UDI la votamos favorablemente en la Comisión, y no hay razón para cambiar esa decisión. Todo lo contrario, valoramos la incorporación de los trabajadores contratados a plazo fijo al beneficio del subsidio de cesantía, sobre todo cuando el único hecho cierto para ellos es el momento del desempleo. Por esto, porque su futuro laboral es incierto, porque no saben cuándo encontrarán trabajo, merecen el resguardo de un seguro. Repito, valoramos que se permita a estos trabajadores acceder al Fondo de Cesantía Solidario. Con todo, hemos pedido votación separada para el artículo 25 bis, que entrega al Sence la administración y fiscalización de los programas de capacitación o de reinserción laboral que se financien con el Fondo. En la Comisión manifestamos nuestra voluntad de extender la administración de esos programas a la empresa privada, a consultoras, a organizaciones no gubernamentales (ONG) u otros actores, y no dejar su cometido exclusivamente al Sence. Si vamos a echar mano al Fondo de Cesantía Solidario para financiar los programas que faciliten la reinserción laboral de los trabajadores cesantes que se encuentren percibiendo prestaciones con cargo al Fondo, tal como lo establece el artículo 25 bis, abramos la intermediación de esos recursos hacia el sector privado para hacerla más transparente y eficaz. Por último, anuncio nuestro voto favorable al proyecto, con excepción del artículo 25 bis, para el cual hemos pedido votación separada. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, corresponde destacar la rapidez del Ejecutivo y de la Comisión de Trabajo para tramitar el proyecto en debate. Esto, amén de reflejar buena voluntad, es lo que se debe hacer en momentos de inminente crisis: tomar medidas a tiempo, para después no tener que lamentar las consecuencias. La ampliación del seguro de cesantía a los trabajadores a plazo fijo logró un consenso bastante amplio. Es más, el retraso en su tramitación obedeció a que se trató de perfeccionarlo con las organizaciones de trabajadores, que querían cooperar para lograr ese objetivo. Con todo, quedó pendiente un tema bastante delicado -sobre todo por la inminente mayor cesantía de este año-, y no dudo de que el ministro de Hacienda o la ministra del Trabajo lo abordarán en los próximos meses. Me refiero al preocupante incremento de los contratos a plazo fijo, que tiene algunas causas posibles de prever. Una de ellas -digo una porque no es la única ni la más importante- está determinada por la rigidez que representa la indemnización por años de servicio. Sé que es un tema difícil, sé que es un tema muchas veces ideologizado, sé de la tajante posición de la Central Unitaria de Trabajadores, pero también sé que los números no nos engañan. Si un trabajador, con posibilidades de cambiar de empleo por una buena oferta o mejor perspectiva laboral, no lo hace por no perder la indemnización por años de servicio, estamos frente a un problema. Por eso, tenemos que abrir una ventana a la flexibilidad, que genere más movilidad en el empleo, tal vez con una indemnización a todo evento. Muchos diputados, entre ellos Julio Dittborn, han presentado mociones sobre la materia. El gobierno también ha iniciado conversaciones al respecto; pero no creamos que esto debe congelarse o desecharse; es un problema pendiente. La rigidez que genera la indemnización por años de servicio, que está provocando lo que las cifras dicen: que una enorme cantidad de contratos a plazo indefinido se están transformando en contratos a plazo fijo o por obra o faena. Y lo que es peor, son contratos que muchas veces se renuevan a los pocos meses, con lo que sólo pierde el trabajador.Como una forma de poner el tema en discusión, presentamos algunas indicaciones, que retiramos porque tenían problemas de admisibilidad. Con esas indicaciones quisimos decir que para nosotros éste es un tema urgente, al igual que para los trabajadores. No debemos pensar que nuestro sistema indemnizatorio es adecuado; tenemos que perfeccionarlo para generar más movilidad. Respecto de la ampliación de este seguro a los trabajadores con contratos a plazo fijo, quiero ser muy franco. Me convencieron los argumentos del Ejecutivo. Conceptualmente, sé que un seguro opera ante un hecho incierto, en este caso, cuando me van a echar del trabajo. Pero el Ejecutivo nos argumenta-hay que estar atento para ver cómo esto funcionará en la práctica que la incertidumbre también se produce, especialmente en momentos de turbulencia económica, ante la eventualidad de encontrar o no trabajo. Por lo tanto, voy a votar a favor de la ampliación del acceso al fondo solidario de los trabajadores con contratos a plazo fijo o por obra o faena. No se hizo un adecuado esfuerzo en la estructura que se da a la intermediación laboral, por lo que esta materia la votaré en contra. Digamos las cosas como son. Ha quedado acreditado en mil oportunidades que el Sence no tiene la estructura, la capacidad y el personal necesario para administrar o fiscalizar adecuadamente los programas de intermediación laboral. Hace muy poco una comisión concluyó la investigación relacionada con la Subsecretaría del Trabajo. A dicha comisión llegaron auditorías recientes realizadas al Sence que daban cuenta de que falta de listados de programas de empleo, de facturas que no correspondían, de personas que no eranreales. En consecuencia, si no le hemos mejorado su estructura interna, ¿para qué le conferimos más atribuciones al Sence? ¿Para que siga haciendo lo mismo? Por lo tanto, estimo que el Ejecutivo puede perfeccionar la materia. Bastaría con entregar estas labores a instituciones distintas e, incluso, al propio Sence, pero luego de realizar los cambios correspondientes en su administración interna. Aprovecho la ocasión para celebrar la urgencia con la que el Ejecutivo calificó al proyecto. Dicho lo anterior, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, no cabe duda de que ésta es una gran jornada para el mundo laboral, pese a que Chile atraviesa, al igual que otros países del mundo, momentos de crisis en lo económico. Saludo y felicito al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y a la ministra del Trabajo, Claudia Serrano, porque es una muestra de responsabilidad del Ejecutivo, del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Hace menos de un mes se anunció un conjunto de medidas y una comisión especial para abordar esta crisis. Su trabajo está dando los primeros frutos hoy. Por cierto, también existe una responsabilidad muy clara de la Cámara de Diputados, en especial de sus comisiones, que ayer discutieron y votaron este proyecto, el cual fue despachado en tiempo récord. Esperábamos una iniciativa como ésta. Dije que es una buena jornada para el mundo laboral, porque el proyecto que debatiremos a continuación tiene que ver con incentivos tributarios y con el otorgamiento de un bono extraordinario de 40 mil pesos para un número muy importante de familias de escasos recursos del país, beneficio que esperamos se pague la primera semana de marzo. Reitero, la Cámara de Diputados está haciendo todos los esfuerzos para cumplir los objetivos planteados por la Presidenta de la República. Este seguro de cesantía es una herramienta útil y eficaz. Así lo confirman el hecho que desde octubre de 2002, fecha de promulgación de la ley Nº 19.728, que nos rige en esta materia, se hayan acogido a este sistema cerca de 5 millones de trabajadores y 3 millones de ellos han recibido sus beneficios, los que, sin duda, son exiguos. Dicha ley establece una discriminación entre los trabajadores con contrato a plazo fijo, por obra o faena, y los trabajadores con contrato indefinido. Lo valioso del proyecto es que nivela hacia arriba, porque beneficia a ambos segmentos. En la actualidad, a los trabajadores con contrato a plazo fijo por obra o faena se les piden seis meses de cotizaciones y reciben una cantidad menor de beneficios, básicamente lo que tienen en su cuenta individual. En el caso de los trabajadores con contrato indefinido se les exigen doce meses de cotizaciones. En consecuencia, es evidente que existen barreras para utilizar el beneficio. El mejoramiento que establece el proyecto para los trabajadores con contrato indefinido va por la vía de lo que se denominan las tasas de reemplazo. Como señalaron varios colegas, el beneficio que se percibe en la actualidad es menor, ya que no llega ni siquiera a la mitad de un sueldo líquido. No obstante, con esta inyección al Fondo de Cesantía Solidario -es importante destacar que este fondo se nutre de los aportes del Estado y del empleador el primer mes el trabajador recibirá la mitad del sueldo líquido; el segundo, el 45 por ciento; el tercero, el 40 por ciento; el cuarto, el 35 por ciento; el quinto, el 30 por ciento. Y si las condiciones económicas no mejoran, se podría llegar incluso a pagar durante doce meses el 20 por ciento del sueldo líquido. El proyecto representa una forma de consolidar un sistema de protección social. Se crea un seguro que va a funcionar de verdad, el que, insisto, será aprobado por el interés que los trabajadores han manifestado respecto de su efectividad, ya que los beneficios del actual son limitados y bastante restrictivas sus condiciones de acceso. Por eso, la bancada del Partido por la Democracia va a apoyar la iniciativa con mucho entusiasmo, para que se sume a las otras medidas que se están adoptando sobre la materia. Así se lo manifestamos ayer a la ministra del Trabajo. Aprovecho la presencia del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, para señalar que es importante que el Banco Central baje las tasas de interés, ya que mucha gente está esperando esa medida para contraer créditos hipotecarios y de otra naturaleza. Por último, me alegro también de que la Oposición apoye el proyecto; así lo han manifestado recién diputados de la Alianza, porque, como lo señalaron la diputada Adriana Muñoz y el diputado Aguiló al inicio de esta discusión, en la Comisión de Trabajo se condicionó la aprobación de la iniciativa a la eliminación del sistema de indemnización por años de servicio. Pero hablamos de cosas completamente distintas, ya que no podía ser lo uno o lo otro. Tal vez eso se podría aplicar cuando la mayoría de los trabajadores chilenos tengan seguridad laboral y contractual -contratos indefinidos-, pero no en la actualidad, ya que el 60 por ciento de los trabajadores tiene contrato del segmento más precario, a plazo fijo por obra o faena, y no al revés.Por eso, reitero, me alegro de que contemos con el apoyo de toda la Cámara, ya que es una medida importante que los trabajadores están esperando y que se requiere debido a las actuales condiciones económicas de Chile. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Solicito la autorización de los señores diputados para que ingrese a la Sala la subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, quien tiene importantes antecedentes relacionados con los dos proyectos que se despacharán en esta sesión. Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, el diputado Quintana se equivocó al afirmar al final de su intervención que nosotros planteamos terminar con el sistema de indemnizaciones por años de servicio. No fue así. Él no pertenece a la Comisión de Trabajo, por lo que habla basado en su ignorancia. Lo cierto es que propusimos una reforma al sistema de indemnizaciones, que explicaré brevemente en esta intervención. También se equivoca la diputada Muñoz, quien lamentablemente no está en la Sala, al decir que nosotros no queremos fortalecer el sistema de seguro de cesantía. Todo lo contrario, somos partidarios de fortalecerlo. Lo que nos preocupa es la existencia del actual sistema de indemnizaciones, porque representa muchos perjuicios y costos para los trabajadores. Por eso queremos reformar y no terminar el sistema de indemnizaciones por años de servicio. ¿Cuáles son los problemas que presentó el sistema de indemnizaciones por años de servicio y por qué es necesario hacer este debate? En primer lugar, el gran problema de la indemnización por años de servicio es que sólo se paga cuando un trabajador es despedido, lo que genera una gran cantidad de conductas inadecuadas. Por ejemplo, este año muchas empresas van a despedir gente, porque bajarán las ventas y deben sobrevivir. La mayoría no va a despedir a la menos productiva, sino a los más jóvenes, porque en ese caso las indemnizaciones son más bajas, lo que implica menor costo para la empresa. Para que lo entiendan los diputados de la Concertación: las indemnizaciones inhiben el aumento de remuneraciones. Cada vez que un empresario aumenta la remuneración de un trabajador contratado en forma indefinida, se incrementa la indemnización. Obviamente, si el empleador piensa que viene un año malo y va a tener que despedir gente, no reajusta los sueldos, porque ello significa incrementar las indemnizaciones en el momento de los despidos. La diputada Goic dijo que el 50 por ciento de los trabajos en Chile son a plazo fijo y muy pocos indefinidos. Lo mismo le llama la atención al diputado Aguiló. ¿Se han preguntado por qué ocurre eso? ¿Acaso los empresarios son intrínsecamente perversos y quieren contratar a toda la gente a plazo fijo? No es así; sino porque dicha contratación no genera indemnización por años de servicios. De esa manera el empleador evita su pago. Hay países en que no existe dicha indemnización y tal fenómeno no se produce. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un mercado laboral en que no hay indemnización por años de servicio. Entre paréntesis, tiene una tasa de desempleo que es la mitad de la nuestra; alrededor de 4 por ciento; nosotros estamos en el 8 por ciento. El hecho de que la indemnización se pague sólo contra el despido es indigno para el trabajador, porque cuando tiene una mejor oferta laboral, su patrón le cae mal o simplemente quiere irse, no lo hace pues le significa un alto costo: pierde la indemnización. Siempre debería contar con la dignidad de elegir siempre el mejor trabajo, donde le paguen más y se sienta mejor. Pero la indemnización inhibe esa conducta. Aún más, muchas veces, cuando un trabajador lleva muchos años en una empresa, quiere que lo echen, porque es la manera de que le paguen la indemnización. No lo estoy menoscabando por eso, pero es una conducta que no beneficia a la empresa, al país, a él, ni a nadie. Entonces, no pedimos desmantelar el seguro de cesantía; al contrario, hay que fortalecerlo. Por eso, vamos a votar favorablemente el proyecto. Lo que tenemos que hacer -en esto pedimos a los diputados de la Concertación que se saquen las anteojerases preguntarnos con sinceridad si la normativa sobre indemnización por años de servicio, tal como está, realmente beneficia a los trabajadores o si hay una mejor manera de plantearla. Llamamos a hacer ese debate en beneficio de los trabajadores y no a costa de ellos. Pensemos en un sistema que, sin eliminar la indemnización por años de servicio, haga que sea más beneficiosa para ellos, para las empresas y para el país. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, con relación a la intervención del diputado señor Dittborn, debo señalar que afortunadamente la gente que representamos tiene claras las diferencias entre los intereses que él defiende y los que defendemos nosotros. Por supuesto, queremos fortalecer el seguro; no queremos precarizar, sino avanzar en todo lo que significa un equilibrio justo entre la protección y el espacio productivo para que haya bienestar real. En el Congreso hemos escuchado algunas voces que tratan de no hacerse cargo de la voluntad parlamentaria para avanzar en las políticas públicas que el país espera que aprobemos hoy, y se le endilga la responsabilidad al Ejecutivo. De esa forma, vamos a seguir estando evaluados negativamente por la ciudadanía. En consideración a que todavía faltan muchos esfuerzos para el diálogo y la cooperación que necesitamos sostener en el tiempo, si avanzamos realmente hacia el equilibrio justo entre la flexibilidad productiva y la debida protección laboral que asegure el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, estaremos contentos por los trabajadores, porque con este proyecto van a ser más los que reciban el seguro de cesantía. Reconozco y me alegro por esta modificación del Seguro Obligatorio de Cesantía. Va en la dirección correcta, haciéndose cargo de la diversidad laboral en el espacio productivo actual. El proyecto responde mejor a la realidad de los trabajadores cuando quedan cesantes. Amplía la cobertura, lo que significa que más trabajadores con diferentes tipos de contratos serán protegidos por el seguro. Con respecto a los trabajos temporales y a los contratos indefinidos, sólo tienen que contar con tres cotizaciones del mismo empleador para acceder al beneficio social que analizamos. Eso da cuenta de la mirada moderna de lo que sucede no sólo en Chile, sino en el mundo laboral internacional, y también de la mirada políticamente correcta que promueve el Gobierno al proponer esta ley. No nos podemos equivocar. En la actualidad, estamos legislando sobre políticas públicas conectadas directamente con el corazón de las motivaciones que, al menos a mí, como parlamentaria, me mantienen en este escenario político: lograr más y mejor protección laboral y social, que es hacia donde apunta el proyecto en discusión y el siguiente, que establece los incentivos transitorios tributarios y el apoyo a la inversión y al empleo. Estamos revisando y aprobando una ecuación estratégica: asegurar un mejor seguro de cesantía para los trabajadores y más apoyo para la inversión y el empleo en un tiempo de crisis económica mundial. Algunas veces nos encontramos con lo mejor de nuestro trabajo; ésta es una de esas oportunidades. Además de votar favorablemente estos proyectos, lo importante es que el resto de los actores sociales se hagan cargo de su aplicación y difusión, para que respondan adecuadamente a las necesidades laborales, económicas y sociales. Las iniciativas que tratamos hoy son parte fundamental de la propuesta de la Presidenta de Chile para buscar el estado de bienestar que garantice más seguridad social. Saludamos a la ministra del Trabajo y al ministro de Hacienda, presentes en la Sala, como representantes del Gobierno. Quería compartir lo expuesto con mis colegas, esa mirada más estratégica de lo que votaremos hoy, porque el proyecto ya fue dado a conocer por el diputado informante en toda su dimensión y por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry. El señor SALABERRY.- Señor Presidente, a propósito de algunas intervenciones con respecto a nuestra opinión sobre la ampliación del seguro de cesantía, quiero puntualizar que en la Comisión de Trabajo fui yo quien planteó la inconveniencia de ello. Por lo tanto, no compromete la votación de mi bancada. En períodos de crisis y por la incertidumbre que se genera en el mundo laboral, se hace necesario profundizar un seguro o un mecanismo que proteja a los trabajadores en el caso de perder el empleo. Y la lógica de un seguro es efectivamente adelantarse al riesgo de un evento no deseado como el señalado. El sistema del seguro de cesantía está construido sobre la base de proteger mayoritariamente a los trabajadores con contrato indefinido. Son ellos quienes corren el riesgo de perder el empleo. Y lo que hace el seguro es garantizarles una remuneración durante el período de cesantía. Sin embargo, como lo señaló el diputado Aguiló, desde el punto de vista conceptual, los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra o faena están conscientes del período en que recibirán un ingreso. Y es justo reconocer que muchos de ellos construyen su vida laboral sobre la base de este sistema. Es decir, saben que habrá períodos en que tendrán trabajo y en otros no. Se dice que la ampliación del tiempo de cobertura es para proteger la incertidumbre acerca de cuándo los trabajadores encontrarán un nuevo empleo o empezará la nueva obra o faena. Creo que debería haber otros mecanismos tendientes a proteger esa falta de certeza y no hacerlo sobre la base del seguro de cesantía. Termino señalando que no es efectivo que los trabajadores contratados por obra o faena o a plazo fijo no estén protegidos en este sistema. De hecho, los dos numerales respecto de los cuales pedí votación separada -para votarlos en contra-, se refieren a los trabajadores con contrato a plazo fijo y se hallan considerados en el actual sistema de seguro de cesantía, no a través de la utilización del Fondo Solidario de Cesantía, sino de su cuenta individual de cesantía. Por lo tanto, para ser consecuente con mi intervención en la Comisión de Trabajo, he solicitado la votación separada de esos dos numerales, en el entendido de que éste es un sistema que mayoritariamente protege a los trabajadores, puesto que en períodos de incertidumbre es importante resguardarlos de la eventualidad de perder el empleo, principalmente, a aquellos con contrato indefinido. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Cerrado el debate. En votación general el proyecto que perfecciona el Seguro Obligatorio de Cesantía e introduce cambios a otras normas legales, con excepción de los artículos 1º, numerales 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16), 26), 27) y 30), y 2º permanentes, y los artículos primero, segundo y octavo transitorios, que contienen materias de quórum calificado. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado en general el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; EspinozaSandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; MezaMoncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;Monsalve Benavides Manuel; MontesCisternas Carlos; Moreira Barros Iván;Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; PalmaFlores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;Robles Pantoja Alberto; Rojas MolinaManuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa DíazMaría Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; ToháMorales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; VonMühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor ENCINA (Presidente).- En votación general los artículos 1º, numerales 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16), 26), 27) y 30), y 2º permanentes y los artículos primero, segundo y octavo transitorios, que contienen materias de quórum calificado, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 59 señores diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).-Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas HödarGonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; SchillingRodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; DittbornCordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans UrendaEdmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic BoroevicCarolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; LealLabrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; MezaMoncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;Monsalve Benavides Manuel; MontesCisternas Carlos; Moreira Barros Iván;Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia;Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; PalmaFlores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;Robles Pantoja Alberto; Rojas MolinaManuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa DíazMaría Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto;Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; ToháMorales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; VonMühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, por no haber sido objeto de indicaciones, se dará por aprobado el proyecto en particular, dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido, con excepción de los numerales 1), 11) y 15) del artículo 1º, cuya votación separada ha sido solicitada. Aprobado en particular el proyecto. En votación el numeral 1) del artículo 1º del proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza SandovalFidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán;Galilea Carrillo Pablo; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier;Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;Jaramillo Becker Enrique; Jarpa WevarCarlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares ZepedaCarlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; RossiCiocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; VonMühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Paya Mira Darío; Salaberry Soto Felipe. -Se abstuvo el diputado Norambuena Farías Iván. El señor ENCINA (Presidente).- En votación el numeral 11) del artículo 1º del proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; SchillingRodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; DittbornCordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans UrendaEdmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; GalileaCarrillo Pablo; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio;Hernández Hernández Javier; InsunzaGregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; LeónRamírez Roberto; Lobos Krause Juan;Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres FigueroaMarisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso;Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; VidalLázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; WardEdwards Felipe -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Paya Mira Darío; Salaberry Soto Felipe. El señor ENCINA (Presidente).- En votación el numeral 15 del artículo 1º del proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 22 abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Schilling RodríguezMarcelo; Ceroni Fuentes Guillermo;Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo;Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos;Espinoza Sandoval Fidel; FuentealbaVildósola Renán; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; InsunzaGregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal LabrínAntonio; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; OlivaresZepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa DíazMaría Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; WalkerPrieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Galilea Carrillo Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena. -Se abstuvieron los diputados señores: Pérez San Martín Lily; Arenas Hödar Gonzalo; Bertolino Rendic Mario; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Godoy Ibáñez Joaquín; Kast Rist JoséAntonio; Lobos Krause Juan; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván;Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; WardEdwards Felipe. -Aplausos. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la ministra del Trabajo. La señora SERRANO (doña Claudia).- Señor Presidente, estimados diputados: Es realmente un honor para mi desempeño como ministra del Trabajo haber participado en la discusión de este proyecto, de gran nivel tanto en la Comisión de Trabajo como en la de Hacienda, y observar hoy que somos capaces de ponernos de acuerdo a fin de mejorar un instrumento clave para brindar seguridad a los trabajadores chilenos, como es el Seguro Obligatorio de Cesantía. Tendremos un año difícil. Hemos conversado acerca de cuánto subirá el desempleo, si nos vamos a acercar a los dos dígitos, en fin, de qué manera nos golpeará la crisis, sabiendo que nuestro país no permanecerá inmune a lo que ocurre en la economía mundial. Y podremos enfrentar la crisis con este instrumento, que no nació para afrontar el 2009, sino que viene de antes como una pieza angular de la agenda de protección a los trabajadores chilenos en la que hemos estado trabajando la Comisión de Trabajo y el Gobierno. De este modo, podemos anunciar al país que juntos, por unanimidad, hemos aprobado un proyecto que ofrece seguridades en un año difícil para los chilenos. Muchas gracias. -Aplausos. El señor ENCINA (Presidente).-Despachado el proyecto. PLAN FISCAL DE APOYO A LA ECONOMÍA. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto iniciado en mensaje que establece incentivos tributarios transitorios, concede un bono extraordinario para las familias de menores ingresos y establece otras medidas de apoyo a la inversión y al empleo, con urgencia calificada de “suma”. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Eugenio Tuma. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 6350-05, sesión 120ª, en 7 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 2. -Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 8 de este boletín de sesiones. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor TUMA.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda me ha encargado informar el proyecto, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma”, que establece incentivos tributarios transitorios, concede un bono extraordinario para las familias de menores ingresos y establece otras medidas de apoyo a la inversión y al empleo. Constancias reglamentarias previas. La idea matriz o fundamental del proyecto es plasmar parte del plan de estímulo fiscal de apoyo a las personas y familias más vulnerables, a la inversión privada de las pequeñas y medianas empresas, mediante rebajas tributarias transitorias, y fomentar medidas pro empleo, en el contexto de la crisis económica global. El articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones de quórum especial. El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes, señores René Aedo, Rodrigo Álvarez, Julio Dittborn, Gonzalo Duarte, Enrique Jaramillo, Carlos Montes, Alberto Robles, Raúl Súnico, Eugenio Tuma, Germán Verdugo y Gastón Von Mühlenbrock. Se designó diputado informante a quien habla. Durante el estudio del proyecto asistieron a la Comisión el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco; el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Ricardo Escobar; el director de Presupuestos, señor Alberto Arenas; el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, señor Enrique Paris; el jefe de gabinete del ministro de Hacienda, señor Juan Luis Monsalve; los asesores del Ministerio de Hacienda, señores Luis Felipe Céspedes, Héctor Lehuedé, Julio Valladares, Rodrigo González y David Noe. Asimismo, asistieron las señoras María Olivia Recart, subsecretaria de Hacienda; Macarena Lobos, abogada de la Dirección de Presupuestos; Tamara Agnic y Jacqueline Saintard, ambas asesoras del Ministerio de Hacienda. Antecedentes Generales. El Gobierno ha anunciado un plan de estímulo fiscal de apoyo a la actividad económica para enfrentar la crisis internacional durante este año, el cual implica mayores inversiones y gastos en 2009 por un total de 1.485 millones de dólares, lo que equivale al 1 por ciento del producto interno bruto. A su vez, el total de las reducciones transitorias de ingresos fiscales producto del alivio tributario suman 1.455 millones de dólares, equivalentes también al 1 por ciento del PIB. Como consecuencia de lo anterior, la meta del superávit estructural se reducirá temporalmente a cero para 2009, lo que implica la aplicación de una política fiscal fuertemente contracíclica. En su conjunto, el plan de impulso fiscal alcanza a más de cuatro mil millones de dólares. El mensaje enviado por la Presidenta de la República sostiene que mediante de la aplicación de este plan se crearán más de cien mil puestos de trabajo directa e indirectamente. Disposiciones legales que se modifican1) Los artículos 1º numeral 3), 2º y 3º del decreto ley Nº 3.475, de 1980, del Ministerio de Hacienda, sobre el Impuesto de Timbres y Estampillas. 2) El artículo 15 del decreto ley Nº 2.565, de 1979, del Ministerio de Agricultura, que reemplazó el decreto ley Nº 701, sobre fomento forestal. Contenido del proyecto la iniciativa legal contempla el otorgamiento de un bono extraordinario de cargo fiscal que no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno. Dicho bono se pagará en una sola cuota, en marzo de 2009. Tendrán derecho a él los beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2º del DFL Nº 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4º del referido decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones y cuyo ingreso mensual a diciembre de 2008 sea igual o inferior a 441.274 pesos. El bono será de 40.000 pesos por cada causante acreditado como tal al 31 de diciembre de 2008. Del mismo modo, tendrán derecho al bono las familias registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario” al 31 de diciembre de 2008. En este caso, cada familia tendrá derecho a un bono. Se autoriza a los contribuyentes del impuesto global complementario que cumplan con los requisitos establecidos en el proyecto a percibir un anticipo de la devolución delimpuesto a la renta que pudiere corresponderles por el año tributario 2010. Dicho anticipo tendrá un valor máximo de 250.000 pesos y se pagará en septiembre del presente año. Se eliminan transitoriamente, por el año 2009, las tasas establecidas en los artículos 1º numeral 3), 2º y 3º del decreto ley Nº 3475, de 1980, sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, y se autoriza su rebaja a la mitad durante el primer semestre de 2010.Se modifica el artículo 15 del decreto ley Nº 2565, de 1979, del Ministerio de Agricultura, que reemplaza el decreto ley Nº 701, sobre Fomento Forestal, con el objeto de ampliar las actividades sujetas a los incentivos de forestación y facultar a la Corporación Nacional Forestal para modificar, por los años 2009 y 2010, el valor de los costos de las actividades bonificables. Asimismo, se rebajan transitoriamente por el año 2009, los pagos provisorios mensuales del impuesto de primera categoría cuyas tasas se ajusten anualmente. Dicha rebaja será de 15 por ciento respecto de las empresas pequeñas y medianas y de 7 por ciento para las de mayor tamaño. Con el fin de estimular la capacitación de los trabajadores en la actual coyuntura, el proyecto permite que, de manera transitoria, las empresas de mayor tamaño descuenten de los pagos provisionales mensuales los gastos en que han incurrido para el financiamiento de programas de capacitación a favor de los trabajadores. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, dicha autorización es de carácter permanente. En el marco del proceso de modernización de los municipios, se contempla un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal de 26 mil millones de pesos, destinado a apoyar la gestión de las municipalidades y a proteger sus inversiones en favor de las comunidades locales. Antecedentes presupuestarios y financieros. El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, fechado el 6 de enero de 2009, señala: 1.- Que el costo fiscal del bono extraordinario alcanzará a 138.946 millones de pesos 2009. 2.- Que la medida que autoriza a los contribuyentes de impuesto global complementario a percibir un anticipo de la devolución de impuesto a la renta implicará menores ingresos fiscales en 2009 por aproximadamente 139 mil millones de pesos. 3.- ue la disposición que disminuye las tasas establecidas en la ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas implicará menores ingresos fiscales en 2009 por aproximadamente 396 mil millones de pesos. 4.- Que se estima que las modificaciones referidas al decreto ley Nº 701, sobre Fomento Forestal, implicarán un costo fiscal aproximado de 12.600 millones de pesos en 2009. 5.- Que la rebaja transitoria de los pagos provisionales mensuales del impuesto de primera categoría implicará menores ingresos fiscales en 2009 por aproximadamente 290 mil millones de pesos. 6.- Que el proyecto autoriza a los contribuyentes del impuesto de primera categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta que, conforme a lo dispuesto por la ley Nº 19.518, tengan derecho a deducir, como crédito contra el referido tributo los gastos incurridos en el financiamiento de programas de capacitación desarrollados en el territorio nacional a favor de sus trabajadores, para efectuar tal deducción contra los pagos previsionales. Esta medida implicará menores ingresos fiscales en 2009 por aproximadamente 93 mil millones de pesos. 7.- Finalmente, el informe financiero señala que se faculta al ministro de Hacienda para hacer un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal a que se refiere el artículo 14 de la ley Nº 18.695, por un monto de 26 mil millones de pesos. En la discusión general de la iniciativa intervino el ministro Andrés Velasco, quien destacó los principales aspectos del plan de estímulo fiscal, que representa la suma de 4 mil millones de dólares, equivalentes al 2,8 por ciento del PIB. Expresó que se proyecta un equilibrio estructural para las cuentas públicas el año 2009, un crecimiento del gasto público de 10,7 por ciento real y un déficit fiscal efectivo de 2,9 por ciento del PIB. El plan se financiará con la utilización de recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social y la utilización de la facultad de emisión de bonos autorizada en la ley de Presupuestos para 2009.Con relación al proyecto de ley, señaló los principales efectos esperados de las medidas de estímulo fiscal en las personas y empresas para fomentar el desarrollo económico y defender el empleo. La subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, se refirió a las modificaciones al decreto ley Nº 701, sobre Fomento Forestal, y destacó que el presupuesto para 2009 se duplica. En la discusión particular, el diputado señor Montes planteó que las medidas propuestas en este proyecto de ley deberían estar vinculadas a determinadas metas, de manera de poder realizar con posterioridad a su implementación una evaluación del cumplimiento de dichos objetivos. Añadió que sin metas evaluables no hay certeza de la eficacia de las medidas adoptadas. El diputado señor Ortiz, que recogió el sentimiento de la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión, solicitó que el Ejecutivo estudiara la factibilidad de patrocinar la indicación parlamentaria que propone ampliar hasta un máximo de 36 meses el plazo que el Código Tributario concede a Tesorería para otorgar facilidades para el pago de impuestos adeudados hasta el 31 de diciembre de 2008. Además, sostuvo que esta indicación permitiría a las pequeñas empresas que están en situaciones complicadas poder superar en alguna medida la crisis económica. La señora Recart solicitó un plazo para estudiar y analizar las cifras de reprogramación realizadas bajo la ley Nº 20.221 y se comprometió a concurrir a la Comisión en marzo o abril, junto a la tesorera general de la República, para considerar la viabilidad de esta propuesta. Por su parte, los diputados señores Robles, Súnico y quien habla planteamos la necesidad de que el Gobierno presente iniciativas legales que establezcan políticas públicas focalizadas en aquellos sectores de trabajadores que se están viendo más afectados por la crisis económica, como los pequeños mineros, pescadores, temporeros, agricultores, etcétera. Puestos en votación los artículos 1º a 7º permanentes y la disposición transitoria, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes. Los diputados señores Alvarado, don Claudio; Dittborn, don Julio; Duarte, don Gonzalo; Jaramillo, don Enrique; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto; Súnico, don Raúl; Von Mühlenbrock, don Gastón, y quien habla presentamos la siguiente indicación: “Artículo nuevo.- Amplíase, a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de esta ley, hasta un máximo de treinta y seis meses, en cuotas fijas o variables, el plazo que el inciso primero del artículo 192 del Código Tributario concede al Servicio de Tesorerías para otorgar facilidades para el pago de impuestos adeudados, sólo respecto de aquellos impuestos girados hasta el día 31 de diciembre de diciembre de 2008 y que se encuentren sujetos a cobranza administrativa o judicial. Facúltase, asimismo, al Tesorero General de la República para condonar totalmente los intereses, multas y sanciones por la mora en el pago de los impuestos sujetos a la cobranza administrativa o judicial.”. Como Presidente de la Comisión, declaré inadmisible la indicación por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 65, incisos tercero y cuarto, Nº 1º, de la Constitución Política de la República. No hubo artículos o indicaciones rechazados por la Comisión. Todos los artículos fueron aprobados por la unanimidad de los diputados. Sólo se introdujeron modificaciones formales al proyecto, ya incorporadas al texto propuesto. En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda, por la unanimidad de sus miembros, la aprobación del proyecto de ley. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, la Unión Demócrata Independiente valora este conjunto de medidas que el Gobierno ha enviado al Congreso Nacional para implementar una política fiscal contracíclica, con la que el Estado asume un rol más activo cuando el sector privado disminuye su importancia en la economía. Sin duda, éste debe ser el conjunto de medidas más importante que se ha tomado en la economía chilena -al menos del que yo tenga memoria-, significa una inversión de poco menos del 3 por ciento del producto interno bruto, es decir, alrededor de 4 mil millones de dólares. En este proyecto apreciamos una característica que al menos en la UDI valoramos mucho: no se trata, como ha sido costumbre en la Concertación, de aumentar el gasto público a través de los ministerios. Por ejemplo, hace pocas semanas el Gobierno anunció la inversión de una importante cantidad de dinero -no recuerdo el monto exacto, pero se trata de una cifra con muchos ceros- para disminuir o eliminar las listas de espera en los hospitales públicos. La Concertación nos tiene habituados a ese tipo de gasto público, pero, en verdad, es muy difícil saber si tiene algún impacto. Incluso, me atrevería a decir que la mayoría de los diputados presentes olvidó que ese anunció se había realizado. Nunca vamos a poder fiscalizar si efectivamente tuvo los efectos que se buscaban. En cambio, el gasto público que implican estas medidas que hoy estamos analizando, en lugar de desarrollarse a través de los ministerios y de la burocracia estatal, a nuestro juicio, tiene el mérito de apoyar directamente a las familias, por una parte, y a las pequeñas y medianas empresas, por otra. Es lo que denominamos “beneficio a la vena”, que llegará directamente a las personas que se quiere favorecer, que incentivará el gasto y, por lo tanto, contribuirá a que, ojalá, el PIB de este año crezca un poco. Tengo mis dudas sobre si realmente el Gobierno logrará hacerlo crecer en 2 ó 3 por ciento, como se lo ha propuesto; creo que esa cifra es optimista y, más bien, andará más cerca del 0 por ciento. Espero equivocarme y que el Gobierno tenga la razón. Probablemente, la medida más importante para las familias chilenas lo constituye el bono de 40 mil pesos por carga familiar, que ojalá se entregue a comienzos de marzo. El proyecto sólo señala que se pagará “en el mes de marzo”; pero ayer conversamos con el ministro de Hacienda y le manifestamos la conveniencia de que se entregara a principios y no hacia finales de mes, porque sabemos que marzo es un mes muy complicado, que implica muchos desembolsos para las familias chilenas, especialmente por los gastos escolares. Esos 40 mil pesos los van a recibir todas las familias por cada carga. Si una familia tiene dos cargas familiares, recibirá 80 mil pesos; si tiene tres, 120 mil. Se trata de una cifra importante, que involucrará un gasto fiscal del orden de los 225 millones de dólares. Se propone también adelantar, en forma transitoria, la devolución de impuestos que correspondería realizar el año 2010. Esto va a significar un ingreso para todas aquellas personas que hacen declaración de impuesto global complementario y que usualmente les devuelven una parte porque han enterado una cantidad superior a la que deberían. No obstante, es importante aclarar que esto tiene un tope de 250 mil pesos por contribuyente. Otra medida muy importante que se propone y que la Unión Demócrata Independiente pidió en muchas oportunidades, pero sin éxito, es la eliminación transitoria del impuesto de timbres y estampillas o impuesto al crédito, que corresponde al 1,2 por ciento de toda deuda que una persona o una empresa contrae. Por tanto, quiero hacer un llamado a las personas que desean renegociar sus pasivos para que ese trámite lo realicen durante 2009 y así no tengan que pagar el 1,2 por ciento de impuesto al crédito. Me parece una medida muy sensata. Insisto, la pedimos antes, pero, lamentablemente, no se había acudido a ella. Por tanto, la celebramos. Un aplauso para esta medida. Se mejoran los beneficios del decreto ley Nº 701, sobre Fomento Forestal. Se incrementa el Fondo Común Municipal, que es el encargado de distribuir recursos desde los municipios más ricos a los más pobres. El Gobierno le introduce 41 millones de dólares. No es mucha plata, pero algo es algo. Se propone disminuir los pagos provisionales mensuales, que son los aportes que mensualmente deben pagar las empresas por sus impuestos del año, los que se enteran en función del año anterior. Por lo tanto, cuando hay un año bueno y uno malo, las empresas empiezan a pagar impuestos, cuando, en verdad, no deben pagar. Probablemente, el 2009 muchas empresas van a tener pérdidas o muy pocas utilidades; sin embargo, muchas siguen pagando PPM de acuerdo con el año 2008. Es decir, las empresas están financiando al Fisco, lo que no corresponde. Por eso, es una buena medida la proposición que hace el Gobierno en este sentido. Lamentablemente, es poca la disminución, pero algo ayuda. Otra medida que la UDI había pedido insistentemente y que ahora se concede es que las empresas puedan descontar por gastos de capacitación el subsidio del 1 por ciento de las remuneraciones imponibles. En lugar de hacerlo al momento de declarar el impuesto de primera categoría, en abril de cada año, con esta modificación legal lo van a poder descontar mes a mes. De manera que si una empresa, por ejemplo, capacita en mayo, en ese mes va a poder descontar el gasto en capacitación al momento de pagar el PPM y no va a tener que esperar hasta su próxima declaración de renta para hacer uso de ese beneficio. Esta es una muy buena noticia para las empresas chicas, sobre todo, porque muchas veces se resisten a capacitar porque financieramente para ellas tiene un costo importante. Por tanto, es otra buena medida. Se echa de menos, por lo menos en la UDI, algún beneficio en favor de los deudores PET. En forma reiterada hemos solicitado beneficios para ellos, pero el Gobierno nunca se ha allanado a otorgarlos y ésta era la oportunidad para revisar cada caso particular. Hay mucha gente que está morosa y que no podrá regularizar su situación, porque está en Dicom o está próximo a caer en ese sistema. No era oneroso hacerlo, pero, lamentablemente, el Gobierno no tuvo la sensibilidad para ayudar a este grupo de personas, cosa que lamentamos. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, valoramos las medidas económicas que desea implementar el Gobierno, anunciadas por la Presidenta de la República, de inyectar a la economía alrededor de 4 mil millones de dólares. Debemos reconocer que la crisis internacional provocará en el mundo un crecimiento que, incluso, podría ser negativo. Por ello, tanto a nivel global como nacional es necesario adoptar medidas procrecimiento y proempleo. El conjunto de medidas que el Gobierno pretende implementar -esperamos que sea a la mayor brevedad - ayudará a incrementar el crecimiento del país en alrededor de uno por ciento. La inyección de estos recursos, que corresponden aproximadamente al 2 por ciento de nuestro PIB, es importante y obedece al ahorro que se ha hecho, debido a los altos precios del cobre en años anteriores. Ahora esos precios han ido bajando, lo que nos tiene preocupados, pues Codelco informó que, por ese concepto, sus utilidades podrían disminuir, incluso, de 8 mil a 600 millones de dólares anuales. No obstante, el Fondo de Estabilización Social permitirá inyectar estos importantes recursos, una vez que este proyecto se convierta en ley. Valoramos también el apoyo que se quiere dar a las personas más vulnerables, que reciben el subsidio familiar, con la entrega de un bono de alrededor de 40 mil pesos por carga. Es decir, una familia que tiene varios hijos puede recibir una cantidad importante de dinero, que la ayudará a paliar esta crisis y a mejorar el consumo, lo que genera un círculo virtuoso que permite una mayor producción y un menor desempleo, que es el fantasma tanto de nuestra economía como de la economía internacional. Valoramos la eliminación, aunque sea transitoria, del impuesto de timbres y estampillas, porque permitirá un mejor acceso al crédito, que hoy también ha estado restringido, lo que impide una mayor actividad económica y un mayor crecimiento. Se trata de un estímulo que llegará a todas las personas que solicitan crédito. Esperamos que, en un futuro cercano, el Gobierno envíe al Congreso Nacional iniciativas destinadas a otorgar estímulos a actividades específicas de la economía nacional. En este proyecto se incluyó la actividad forestal, lo cual valoramos. Ojalá que en un próximo proyecto de ley también haya un estímulo a la actividad minera del norte de Chile, que hoy está pasando momentos difíciles. Reconozco que, anteriormente, se le entregó una inyección de recursos en alrededor de 18 millones de dólares para evitar que las tarifas tuvieran una caída brusca debido al descenso en el precio del cobre, pero creemos que va a necesitar mayor apoyo de parte del Gobierno, porque se trata de una actividad muy importante para el país. No nos debemos olvidar de los sectores más vulnerables, como la pequeña minería. Desde el punto de vista tributario, creemos que las medidas anunciadas por el Gobierno, en cuanto a entregar en forma anticipada devoluciones por impuesto a la renta, y la disminución de los pagos provisionales mensuales que deben pagar las empresas que imponen en primera categoría, significarán un alivio importante y también tendrán un efecto procrecimiento. Valoramos la medida que se propone para mejorar la calidad de los cursos de capacitación. No cabe duda alguna que va en el sentido correcto, especialmente en estos momentos difíciles para nuestra economía.El aporte extraordinario de 26 mil millones para el Fondo Común Municipal va a paliar en parte el déficit de alrededor de cien mil millones que tienen las municipalidades del país. Ojalá que ese aporte sirva a los municipios para estimular la mantención de empleos en sus respectivas comunas. En síntesis, estamos satisfechos con las medidas que propone el proyecto, al que daremos todo nuestro apoyo. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, hace algún tiempo, a solicitud de nuestra bancada, se hizo una capitalización de 500 millones de dólares al Banco del Estado. A ello se agregaron 130 millones de dólares para el Fogape. Hemos presenciado una intensiva campaña publicitaria, en la cual se ratifica, una vez más, que Chile posee una economía abierta, y lo que sucede en el mundo nos afecta. En el sistema bancario no ha sucedido lo que ocurrió en septiembre del año pasado, cuando nos encontramos con la sorpresa de que el país más desarrollado del mundo prácticamente se tuvo que hacer cargo del sistema financiero y bancario para que éste no quebrara. Eso no ha ocurrido en Chile; por el contrario, al aprobar el Congreso Nacional el artículo 3º permanente de la ley de Presupuestos, dio a nuestro país la posibilidad de endeudarse, cuestión que en primera instancia se había rechazado en la Sala. Con ello, se mantiene el sistema financiero, bancario, las AFP y las compañías de seguro de nuestro país. Hemos actuado con seriedad y con responsabilidad, no en función del corto plazo o desde un punto de vista electoral, sino con la responsabilidad que nos asiste como diputados de la República y hombres de Estado. Así, en 2006 aprobamos con mucha fuerza la ley de responsabilidad fiscal, que creó una cuenta del fondo de estabilización económica y social. Eso es, precisamente, lo que se está utilizando ahora, pues de otro modo no hubiera sido posible implementar estas medidas contracíclicas. Ayer, el diputado Carlos Montes expresó en la Comisión de Hacienda que en 2008, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala, la inmensa mayoría aprobó proyectos que significaron inyectar a la economía nacional casi cinco mil millones de dólares, 4.850 millones de dólares, para ser exactos.El proyecto inyecta cuatro mil millones de dólares más, para algo muy concreto: queremos que en 2009 Chile tenga un crecimiento económico de, al menos, entre dos y un tres por ciento. ¡Qué duda cabe de que los momentos económicos que está pasando el mundo son extraordinariamente preocupantes! Querámoslo o no, estamos insertos en un mundo en que si la mayoría de la gente tiene gripe, algún virus nos va a llegar. Por eso, con mucha fuerza aprobamos el proyecto, porque apunta en la dirección correcta y constituye un apoyo a las personas. A nuestro juicio, lo más fuerte de la iniciativa es el bono de 40 mil pesos por carga, que se entregará los primeros días de marzo, lo que indica que, efectivamente, nos interesa la igualdad y queremos terminar con la discriminación. Eso está en el camino correcto de apoyar a la gente. También es bueno que los medios de comunicación sepan y den a conocer el sentido de responsabilidad de los actuales parlamentarios, lo que queda de manifiesto porque recién ayer ingresó a tramitación este proyecto, lo tratamos en la Comisión de Hacienda, hoy lo estamos analizando en la Sala y lo aprobaremos. Lo digo con mucha fuerza, porque creo, de verdad, que la inmensa mayoría de los parlamentarios somos servidores públicos, y todos sabemos lo que significa el servicio a la comunidad. El proyecto beneficiará a más de un millón setecientas mil familias que recibirán un bono de 40 mil pesos por carga por una sola vez, lo que favorecerá a más de tres millones de personas, porque el promedio nacional es de 2,8 personas por familia. La iniciativa significa un gran esfuerzo del Estado, con un costo fiscal de 224 millones de dólares. Nuestro país está pasando por una situación de luces amarillas, porque como estamos en una economía abierta, nos hemos encontrado con la sorpresa de que la caída en el crecimiento mundial está reduciendo nuestras exportaciones. En la Región del Biobío ya se han cerrado cuatro plantas que exportaban molduras y materiales de construcción de casas, especialmente al mercado norteamericano, que ha reducido las importaciones de manera importante; o sea, la realidad económica que enfrentamos es de magnitudes inéditas. ¿Quién puede desconocer que el deterioro en las condiciones financieras internacionales reduce las posibilidades de financiamiento de nuestras empresas? Todos los analistas se han equivocado, porque ninguno de ellos advirtió, en forma seria y responsable, antes de septiembre de 2008, que se avecinaba una crisis como la que ahora enfrentamos. Sin embargo, ahora plantean que el crecimiento económico mundial será de cero a 0,5 por ciento, es decir, cabe la posibilidad de que este año el crecimiento económico sea el más bajo de los últimos cincuenta años. Por eso, estamos de acuerdo con las medidas que consagra el proyecto y con la flexibilización que aprobamos en el presupuesto para 2009, pues posibilita hacer suplementos o complementos, especialmente en la generación de más empleo, en infraestructura, construcción de viviendas y mejoramiento del entorno y la calidad de vida de nuestros conciudadanos. La iniciativa fortalece el financiamiento de las empresas y reduce transitoriamente, tal como expresó el diputado informante, los pagos provisionales mensuales, PPM. Consagra una línea de financiamiento nueva, además de todas las que aprobamos en 2008, de 50 millones de dólares, a través de la Corfo, para el factoring bancario y no bancario. Hago un llamado a la gente de la Corfo a que agilicen esa medida, para que no nos encontremos de repente con la sorpresa de que algunos medios de comunicación informen que no se están utilizando los beneficios otorgados. Ayer solicitamos información en la Comisión de Hacienda y el asunto es al revés. Ya está colocado prácticamente el 90 por ciento de los instrumentos aprobados. Por eso, es importante ser veraz en la información. También se propone la eliminación transitoria del impuesto de timbres y estampillas en todas las operaciones del año 2009, que corresponde al 1,2 por ciento. Esta medida incide en especial en la clase media, en los profesionales, parejas y matrimonios jóvenes que, legítimamente, aspiran a un departamento o casa, por el menor costo que deberán pagar. Se facilita el refinanciamiento de muchas pymes, lo cual implica la cantidad no despreciable de 628 millones de dólares para este año. Con el fin de estimular la capacitación de los trabajadores, el proyecto permite que de manera transitoria las empresas de mayor tamaño descuenten los gastos incurridos en financiamiento de programas de capacitación contra los pagos previsionales mensuales. Para las empresas pequeñas y medianas, dicha autorización es de carácter permanente. Ayer en la Comisión de Hacienda se expresó que la cesantía más brutal la sufre la gente de más de 40 años, que carece de subsidios para insertarse en el mundo del trabajo. Ése es un tema pendiente, que planteo al ministro de Hacienda para que sea tomado en cuenta en los futuros proyectos que se envíen al Congreso Nacional para enfrentar esta crisis. Eso tiene un costo de 102 millones de dólares. En cuanto al fortalecimiento de la capacitación, hubo gran discusión acerca de si corresponde reajustar el valor máximo subsidiado por la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, para cursos de formación técnica acreditados, de 190 mil a 500 mil pesos. Se busca impartir buenos cursos, en especial que el que tome un curso tenga la posibilidad de lograr un trabajo permanente. Somos esclavos del tiempo. Tenía muchas otras cosas que decir, pero soy respetuoso del tiempo que se me asignó. Sólo quiero agregar, como lo hemos hecho siempre, que vamos a apoyar esta iniciativa, que esperamos sea ley de la República en los próximos veinte días y así la ciudadanía reconozca que realizamos nuestra labor legislativa. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, hace pocos minutos, con la subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, participamos en un debate con parlamentarios italianos sobre la crisis financiera mundial y su influencia en los sistemas democráticos. Coincidíamos en la profundidad de la crisis, que provocará la caída de los mercados bursátiles de la región y una enorme volatilidad, aumento del costo del financiamiento de la deuda externa para muchos países, caída del valor de los commodities y, en nuestro caso, del precio internacional del cobre, que ya observamos con bastante dramatismo, porque este metal estaba en promedio a 3.50 la libra y ahora ha caído a 1.34. Eso ya ha significado un desempleo importante en las zonas mineras, sobre todo en el sector de la pequeña minería que ingresó al mercado con estos buenos precios. Los pequeños mineros y pirquineros están acostumbrados a trabajar con costos menores, pero la abrupta caída del precio internacional del cobre en las zonas mineras significa hablar de varios miles de personas que se encuentran desocupadas. Debo recordar que los cesantes de este sector no pueden ser reconvertidos. Esperan que el precio del metal suba para seguir trabajando y dinamitando sus piques. Por eso, quiero advertir respecto de la necesidad de adoptar medidas en los sectores que están recibiendo el mayor impacto de la crisis, que son los ligados al precio internacional de los metales, en particular del cobre. En ese sentido, se han adoptado medidas. Pero quiero aprovechar la presencia del ministro de Hacienda, don Andrés Velasco, para plantearle lo que le han manifestado los mineros al ministro de Minería, Santiago González, en todas las regiones mineras: la posibilidad de fijar la banda, que tiene un precio de sustentación de 2 dólares, no en 20 centavos, sino en 40 centavos. Además, se debe tener presente que los pequeños mineros no reciben subsidio, sino un préstamo de la Empresa Nacional de Minería que, con posterioridad, se les descuenta. Ésa sería una medida importante. Espero que la Enami adopte otras medidas, como la rebaja del precio del ácido, que ha disminuido de 150 a 90 dólares por tonelada; que se puedan modificar los cargos de tratamiento y los costos de transporte. Reitero al ministro Velasco que la gran petición de la pequeña minería dice relación con la fijación de la banda de precio en 40 centavos, que los mineros puedan devolver más adelante, como lo han hecho siempre, en el momento en que se genere una mejor situación en el sector minero. Anuncio mi fuerte respaldo a las medidas propuestas por la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro Velasco, porque a diferencia del pasado, buscamos enfrentar esta crisis con estímulos a la inversión. Por otro lado, quiero hacer presente que una de las dificultades de este plan y de la economía es que estamos reaccionando tarde en la rebaja de la tasa de interés. Sé que el Banco Central es autónomo, pero considero relevante rebajar la tasa de interés que es muy alta, de 8,25 por ciento, pues impide que el crédito sea utilizado como una medida contracíclica. Esta situación puede significar un riesgo del flujo de capitales financieros golondrinas a nuestra economía. Por tanto, insisto al presidente del Banco Central en la rebaja de la tasa de interés. Ojalá que esa medida se tome rápidamente para que acompañe el paquete de medidas de inversión anunciado por el Gobierno en este proyecto. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero anunciar nuestro apoyo a este paquete de reformas y de estímulo, que apuntan a proteger el empleo, a incentivar la inversión y a seguir trabajando para que la crisis internacional no afecte de manera tan dolorosa a nuestra sociedad. Los parlamentarios somos de diferentes regiones y tenemos ciertas preocupaciones por determinadas actividades productivas que se desarrollan en nuestros distritos. El diputado Leal expresaba muy bien su inquietud por los pequeños mineros, por los costos de explotación e incentivos, y por el traspaso de los beneficios de esta iniciativa. Por eso, no puedo dejar de comentar el inciso final del artículo 4º, que dice lo siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero, facúltese a la Corporación Nacional Forestal para que, durante los años 2009 y 2010, pueda modificar en el transcurso de dichos años el valor de los costos de las actividades bonificables fijados para cada temporada. Dichas modificaciones deberán contar siempre con la aprobación previa de los Ministerios de Agricultura y de Hacienda”. En esta crisis debemos tener capacidad de innovación para favorecer a los más pequeños. No queremos que sea un pretexto para que determinadas empresas y conglomerados forestales sigan, a través de la bonificación del decreto ley Nº 701, sobre fomento forestal, extendiendo las plantaciones de especies exóticas. Como ejemplo, puedo decir que en la última década en la Región de los Ríos más de veinte mil hectáreas de bosque nativo han sido sustituidas por plantaciones exóticas. Hay importantes extensiones de territorio, comunas completas, donde las plantaciones de pino y eucaliptus han avanzado inexorablemente. Hemos realizado sesiones especiales en la Cámara de Diputados para discutir esa situación y determinar que, no obstante el crecimiento y la riqueza que se ha generado, se ha producido un deterioro en la calidad de vida de los habitantes, la migración del campo a la ciudad y el secamiento de las napas subterráneas. Incluso, en muchas zonas importantes del sur ya no hay disponibilidad de agua, lo cual ha ocasionado la erosión de los suelos. En consecuencia, solicito al Ejecutivo que establezca una compensación en la tabla de costos con la que hoy se está favoreciendo a las plantaciones exóticas. Nos demoramos más de quince años en aprobar la ley de bosque nativo, de manera que necesitamos tener incentivos que vayan directamente al pequeño propietario para fomentar y fortalecer la masa de bosque nativo y no, so pretexto del empleo, seguir aumentando las bonificaciones para las grandes empresas o conglomerados que, insisto, no generan más empleo, sino que muchas veces van empobreciendo la calidad de vida de los habitantes. Señor Presidente, por su intermedio sugiero al ministro de Hacienda que la mirada no sólo esté en las grandes empresas, que muchas veces tienen mayor capacidad de presión en el ámbito forestal, sino también en el pequeño empresario y el bosque nativo. Se debe fomentar la recuperación del bosque y la protección de cuencas. Eso significa invertir en el futuro y establecer, a través de este paquete de medidas, incentivos para los más pequeños, el medio ambiente y especialmente para mantener el equilibrio de una serie de variables ecológicas respecto de las cuales nos debemos preocupar en el largo plazo. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, valoro el paquete de medidas elaborado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet para hacer frente a una crisis tan importante, que no se originó en Chile, sino que en el resto del mundo, pero que, dada la economía global en la que estamos insertos, nos afecta de una u otra manera. El paquete de medidas contiene distintos instrumentos para apoyar a la clase más desposeída, como bonos especiales para los hijos y las hijas de las familias de menores ingresos. También incluye medidas relacionadas con la mantención del empleo y con la liquidez de los sectores que desarrollan actividades empresariales. Si bien esas medidas globales apuntan en la forma y en la medida adecuadas, no es menos cierto que también necesitamos que el Ministerio de Hacienda entregue, de los más de 20 mil millones de dólares que hoy tenemos ahorrados, algunos recursos en forma dirigida y zonificada, desde el punto de vista territorial, y de manera rápida, adecuada y eficiente, para ir en ayuda de los sectores que están sufriendo las inclemencias de la crisis. Por ejemplo, dentro de esa cantidad de medidas, más o menos 600 millones de dólares corresponden a la rebaja transitoria del impuesto de timbres y estampillas. El Estado ha considerado que las personas que pagan dicho impuesto deben distribuirlo de acuerdo a las distintas actividades, sobre todo para aumentar el gasto en nuestro país, lo cual entiendo. Sin embargo, esos recursos deben llegar al erario y a todos los chilenos. Por lo tanto, los 600 millones de dólares se podrían haber usado desde el Estado para paliar, por ejemplo, los problemas que tienen los pequeños mineros, pero principalmente los mineros artesanales de las regiones del norte del país. Como bien dijo el diputado Leal, con esos recursos se podría aumentar la banda de precios para la pequeña y mediana minería de 0,20 a 0,40 centavos de dólar, para tener un precio del cobre que permita mantener el funcionamiento de la pequeña y mediana minería. Es muy justo que el Ministerio de Hacienda lo haga, porque ¿de dónde proceden esos 20 mil millones de dólares si no es del trabajo de los mineros del cobre? Por cierto, ellos contribuyeron con su trabajo a que Chile tenga tal cantidad de recursos. Si hoy nuestro país no es capaz de devolver la mano a una industria que ha logrado generar tal cantidad de dinero, ¿cómo entendemos la solidaridad para que los recursos se entreguen a todos los chilenos? Me parece muy bien lo planteado por el diputado Leal, en el sentido de incluir una banda de precio del cobre de 0,40 centavos de dólar, pero también es muy importante que el Estado entienda que este año necesitamos entregar un subsidio a los mineros artesanales, los que no pueden subsistir con un precio de 2 dólares por tonelada, porque sus costos son mayores. Ellos extraen el cobre de nuestra tierra con sus propias manos y, de una u otra forma, también han contribuido al ahorro de los 20 mil millones de dólares. Por lo tanto, el Estado también debería entregarles un subsidio que les permita seguir laborando y no engrosar la lista de cesantes que cada día está aumentando en nuestro país. Señor Presidente, por su intermedio deseo manifestar al ministro de Hacienda que más de 5 mil personas han sido despedidas de la pequeña minería, han dejado su trabajo en los pirquenes y en la actividad minera artesanal, porque no están en condiciones de resistir una baja tan abrupta en el precio del cobre. Si no hacemos algo, van a quedar en la calle y engrosarán las listas en los municipios para solicitar recursos a fin de mantener a sus familias. Las políticas globales son necesarias y, desde luego, las votaremos a favor, tal como lo hicimos en la Comisión, pero también es necesario focalizar la entrega de recursos para que los sectores más vulnerables de las regiones del sur y del norte de nuestro país, como el de la pequeña minería, puedan paliar la crisis. Repito: necesitamos no un préstamo, sino un subsidio para los esforzados mineros artesanales del norte de Chile. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, valoro las iniciativas que hoy estamos analizando, sobre todo lo que tiene que ver con la inyección de recursos para las familias. Sin duda, se trata de una buena noticia, en especial si consideramos que en marzo hay una complicación extra con los muchos otros gastos en que incurren las familias y que tienen que ver con el desarrollo de todo el año. Como bancada PRI-Independientes apoyaremos estas iniciativas y las que surjan a lo largo del año. Sin duda, hay que hacer una revisión de las condiciones económicas del país durante el primer trimestre de este año y sobre esa base proponer al Gobierno distintas medidas que permitan reactivar la economía. Agradezco a la subsecretaria la explicación que me dio en relación con el decreto ley Nº 701, como también respecto de la aplicación de los recursos a través de la ley de Bosque Nativo que aprobamos recientemente. Creemos necesario elaborar un paquete de medidas para los sectores agrícola y silvoagropecuario, más que para el silvícola. Según la información que hemos recibido, hoy se produjo una manifestación de agricultores en la comuna de Chillán, quienes reclaman por la falta de medidas hacia un sector productivo tan complicado como el del trigo, el que, además, repercute en un producto tan importante para la canasta familiar, como el pan. Obviamente, el sector agrícola tiene una injerencia muy importante en el IPC y, por tanto, en la vida cotidiana de las familias. En innumerables oportunidades hemos planteado a la ministra de Agricultura que disponga la elaboración de proyectos que potencien a ese sector, porque las propuestas que vienen en la iniciativa en estudio sólo favorecen al sector forestal. Por lo tanto, podrían tener trascendencia para algunas regiones del sur, pero no para la zona central.La ley Nº 18.450, de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, genera muchos empleos importantes. Debido a la sequía del año pasado, hubo una disminución sustantiva del presupuesto del fondo de riego, que genera una gran productividad y bastantes empleos en época de invierno cuando, en general, suele haber mayores niveles de desempleo.El decreto ley Nº 701, de 1974, sobre fomento forestal, por su parte, también cumple con la misma finalidad. Pido, entonces, que el ministro de Hacienda y la subsecretaria de esa cartera se reúnan con los sectores aludidos, a fin de que con una mirada sistémica y amplia el sector silvoagropecuario se vea favorecido a lo largo del país. Felicito a las autoridades por el nuevo cálculo de la tabla de costos del decreto ley Nº 701. Eso es importantísimo. Ojalá no sólo rija para 2009 y 2010, sino que debe tomarse como una medida permanente actualizar la tabla de costos del mencionado decreto y también ingresar en ella otras variedades que signifiquen un aumento de la cantidad de hectáreas forestadas. Debemos incorporar, además, como lo planteó la señora subsecretaria, un nuevo estudio sobre la tabla de costos para el bosque nativo. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, como lo manifesté días atrás en una reunión convocada por el ministro de Hacienda a los jefes de bancada, la Unión Demócrata Independiente apoyará la iniciativa en debate, porque considera que este paquete de medidas económicas apunta en la dirección correcta. A nuestro juicio, en una época de crisis, la dirección correcta consiste en apoyar a las familias más vulnerables, en dar facilidades a la pequeña y mediana empresas, y a las personas naturales que tributan para mantener por esa vía, un cierto dinamismo en la economía. Este proyecto contempla elementos como bonos por las cargas familiares de las personas más vulnerables, eliminación transitoria del impuesto de timbres y estampillas, anticipo de la devolución del impuesto a la renta a personas naturales que tributan, con el propósito de que tengan mayor disponibilidad de recursos líquidos; incentivos a las empresas en la recuperación de impuestos por capacitación de los trabajadores, de manera de no generar mayores despidos y una rebaja transitoria de los pagos provisionales mensuales, PPM, para incrementar la disponibilidad de recursos de las empresas. En consecuencia, consideramos que el proyecto protege el empleo en época de crisis y asegura un cierto dinamismo para la pequeña y mediana empresas. Sin embargo, creo que también debemos considerar a otras áreas sensibles de la economía, como lo hice presente en su oportunidad. A lo mejor, en un par de meses más podríamos encontrar una solución para esos casos. Hay familias muy vulnerables que desarrollan actividades económicas en condiciones precarias, como la pesca artesanal en el suelo austral. Esos trabajadores se encuentran afectos a un impuesto anual, fijado en UTM, por rentas presuntas, lo que ha significado que muchas de esas personas se encuentren con deudas o en mora ante el Servicio de Impuestos Internos, lo que les genera complicaciones en su actividad. El Estado percibe una recaudación que va desde las 0,5 a 3,0 UTM, de acuerdo al tamaño de la embarcación. Entonces, considero que la disponibilidad de ingresos fiscales no va a disminuir de manera dramática, razón por la cual, se debe evaluar y estudiar esta situación. Cada familia, que pesca 280 ó 300 kilos al mes, no supera los niveles del ingreso mínimo. Por lo tanto, si paga 80 ó 100 mil pesos al año por este tributo, en esta época de crisis bien merece una consideración. En la misma situación se encuentran muchos pescadores artesanales. En su oportunidad, políticas públicas promovieron la asociatividad y reconversión de la pesca artesanal, y se diseño un sistema para entregar en concesión ciertas áreas acuícolas para cultivo de algas gracilarias. Hoy, esa actividad está muy deprimida económicamente. En la práctica, no pueden vender lo que cosechan por sus cultivos y, además, están afectos a una patente de acuicultura que, en comparación con otras actividades similares, es muy alta. El pago de 0,5 UTM por hectárea, hace que no puedan cumplir oportunamente con Tesorería. El no cumplimiento del pago de estas patentes significa el término y caducidad de la concesión y, con ello, la imposibilidad de seguir trabajando más adelante, aunque la actividad económica se recupere. Hace algunos años, en el Congreso Nacional se presentó una iniciativa en tal sentido, y se condonaron esas deudas. Espero que, como lo planteé en un almuerzo con representantes del Ministerio de Hacienda hace algunos días, se consideren medidas tendientes a aliviar a quienes tienen una actividad económica independiente y no lo están pasando bien. El rol subsidiario del Estado debería operar en esta materia. Con el mismo entusiasmo con que apoyamos este proyecto de ley, por las bondades que representa, nos gustaría un mayor control en el gasto de las empresas que pertenecen a todos los chilenos. Lamentablemente, las pérdidas de Enap van a superar los 500 millones de dólares, el déficit del Transantiago va en 800 millones de dólares y el endeudamiento de EFE supera los 1.100 millones de dólares, por proyectos que no funcionaron. Por lo tanto, hay una sumatoria de 3.500 millones de dólares, cifra equivalente al paquete de medidas anunciadas por el Gobierno. Si lo mencionado no hubiera sucedido, si estas empresas hubieran sido administradas de buena manera, y no se hubieran utilizado los recursos de manera fácil, a lo mejor, tendríamos disponibles en la caja fiscal el doble de los recursos necesarios para apoyar a las familias más sensibles y a las más pequeñas y medianas empresas del país. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro este conjunto de medidas y la actitud proactiva del Gobierno. Frente a la crisis económica, debemos anticiparnos con la mayor agudeza y precisión posibles a aminorar sus efectos. En otras crisis, no habíamos adoptados este tipo de medidas, sino que, en general, habíamos esperado que se manifestaran antes de reaccionar. Ahora se está reaccionando a partir del cuadro internacional y por todos los datos que se manejan. Además, porque hay recursos para prevenir. Como dijo el ministro de Hacienda, estamos frente a un plan necesario, oportuno y de gran magnitud. En 2008, el Ministerio de Hacienda estableció seis paquetes de medidas que suman 4.950 millones de dólares. Es muy importante, entonces, que evaluemos por separado cada una de esas medidas. Por eso, la Comisión de Hacienda acordó, por unanimidad, que la Biblioteca del Congreso Nacional elaborara un informe al respecto y se solicitara al Ministerio de Hacienda la evaluación de los paquetes anteriores, es decir, qué ocurrió con cada uno de ellos, porque hay medidas que tuvieron éxito y otras que no lo tuvieron; algunas resultaron bastante caras y no tuvieron el éxito esperado; en cambio, otras sí lo lograron. Entonces, es importante evaluar. El primer paquete de medidas de 2009-va a haber otros asigna 4 mil millones de dólares al presupuesto, pero en él no se consignan los mil millones de dólares para la capitalización de Codelco. Eso es muy importante, porque se trata de una empresa que ha generado muchos recursos para proyectos públicos, a partir del precio del cobre, y que requiere una capitalización para mejorar su productividad, funcionamiento y desarrollo. Quiero decirlo claramente: ese proyecto es muy necesario para quienes creemos que Codelco debe continuar siendo una empresa pública sólida. Para ello es necesario contar con un plan de capitalización en el más corto plazo a fin de permitir su fortalecimiento productivo y financiero. El paquete económico -el proyecto no incluye esa materiadestina 700 millones de dólares para inversión pública. En materia de vivienda, se anuncia un programa especial que considera 380 UF de aporte estatal para el financiamiento de viviendas de hasta 950 UF, las que deberán comenzar a construirse durante el segundo semestre de este año. Otra materia no incluida es el subsidio al empleo de jóvenes, que viene en otra iniciativa. El proyecto incluye siete medidas. Más del 70 por ciento de los recursos se destina a mejorar la liquidez de las personas y de las pequeñas empresas, mediante la devolución anticipada de impuestos, la disminución de los pagos provisionales mensuales, PPM, y la eliminación transitoria del impuesto de timbres y estampillas. Todo esto tiene un efecto sobre la demanda, por cuanto las personas tendrán más dinero para gastar y las empresas más recursos para concretar determinadas actividades económicas. Está por verse el efecto de esas medidas sobre el crecimiento, el empleo, el consumo y, en el caso de los productos, la generación de eventuales sobrestock. Como se ha dicho, es muy importante la concesión de un bono extraordinario de 40 mil pesos para las familias de menores ingresos, que se pagará a comienzos de marzo de este año, el cual aliviará los gastos de quienes lo perciban, generará mayor demanda y, por lo tanto, más actividad y movimiento en un conjunto de sectores productivos y comerciales. Debo señalar que no me ha quedado del todo claro si el aporte extraordinario de 26 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal excluye otros créditos otorgados por ley a los municipios, a fin de disolver el gran pasivo dejado por muchos alcaldes que cesaron en sus funciones. Las explicaciones dadas sobre el particular no me dejaron clara la materia. El proyecto plantea dos iniciativas de acción directa para los sectores productivos, una de las cuales se relacionan con el decreto ley Nº 701, sobre Fomento Forestal. Como la señora subsecretaria se encontraba conversando, no atendió una observación formulada por el diputado señor De Urresti, en el sentido de que buena parte de estos recursos podrían desviarse y no tener el efecto esperado. No estoy en condiciones de repetirla, pero se subrayó que la medida podría tener un efecto serio sobre el bosque nativo y que por eso, era necesario revisar los términos en que se implementaba. Más allá de lo valioso que puede resultar la implementación del paquete económico, es necesario precisar sus metas y examinar sus efectos, a fin de evaluarlos posteriormente. En materia de capacitación no es muy audaz lo planteado y me parece que no se está haciendo todo lo posible en ese ámbito. Hay oportunidades perdidas que podrían haber complementado la materia. Cincuenta veces hemos puesto el ejemplo de los técnicos paramédicos, pues hay un gran déficit de estos profesionales en los sistemas público y privado. El primero, tiene capacidad para formar a mucha gente, pero no se hace por un problema únicamente administrativo. Existen los recursos, pero también supone voluntad para gestionar iniciativas de capacitación. En coyunturas de baja, es necesario implementar cursos que incluyan 1.500 horas de enseñanza. La Fundación Chile ha llevado a cabo estudios sobre competencias deficitarias. Llevamos tres años planteando esta materia, pero el ministro de Hacienda ha señalado que no es momento de implementarla. A mi juicio, es necesario capacitar ahora. Seguiremos insistiendo en este aspecto porque es menester tomar medidas sobre el particular, ya que es posible formar personas que se encuentran desempleadas. Lamento que no se hayan incluido medidas para financiar los estudios superiores de alumnos pertenecientes al tercer quintil de ingresos, pues se trata de un sector muy perjudicado. Si hubiese contado con más tiempo para intervenir me habría referido a otros temas. El proyecto considera cuantiosos recursos. Por ello, es muy importante que la Comisión de Hacienda y el Congreso sean muy responsables en esto. Los paquetes económicos de 2008 y de 2009 suman casi 10 mil millones de dólares, los cuales deben destinarse a resolver los problemas centrales, no sólo para capear la tormenta, sino para reactivar los distintos sectores de la economía y enfrentar de mejor forma el futuro. Anuncio que votaré a favor el proyecto. Seguramente, en el futuro se implementará otro paquete de medidas. Si es así, espero que se debata con mayor profundidad, de modo de plantear los aspectos que nos parece urgente solucionar. He dicho El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, prácticamente se ha dicho todo respecto de las distintas medidas comprendidas en el proyecto en debate. Con todo, es importante destacar que ante la situación de crisis vivida en los últimos meses y que impactará a Chile y el mundo durante el próximo año, resultaba imprescindible tomar medidas como las planteadas. Como señaló el jefe de bancada de la UDI, diputado señor Claudio Alvarado, coincidimos plenamente con las medidas propuestas. Uno siempre quiere pedir recursos para otras áreas y materias; sin embargo, se trata de un buen plan para enfrentar algunos de los aspectos más relevantes de la crisis que vivirá el país durante el próximo año. Para comprender la dimensión de la crisis es cuestión de recordar cómo hace algunos meses discutíamos en esta Sala la situación económica internacional, así como subrayar los cambios ocurridos desde entonces. Hace tres meses el precio del cobre se empinaba sobre los tres dólares, hoy alcanza a 1,40 dólares; el precio del dólar alcanzaba a 490 pesos, en la actualidad se transa a 640 pesos; el barril de petróleo costaba 150 dólares, hoy su valor es de 40 dólares. Asimismo, las expectativas de muchas economías era aspirar al crecimiento; hoy, esperan afrontar una recesión durante el próximo año. Por tal razón, era imprescindible que el Ejecutivo tomara acciones decididas, las que han sido respaldadas por el Poder Legislativo. Repito, me parecen muy adecuadas las medidas presentadas. Se ha hecho una buena selección de materias que tienen indudable impacto en el empleo, como insistir en perfeccionar los incentivos contenidos en el decreto ley Nº 701, mejorar la liquidez a través de la disminución de los pagos provisionales mensuales que efectúan las empresas que tributan en primera categoría y adelantar la devolución de impuestos a las personas naturales. También se busca reducir determinados impuestos, como el de timbres y estampillas. Aunque somos partidarios de que ese impuesto desaparezca, nos parece una buena medida fijar en cero su tasa. También nos parece adecuado -hubiésemos querido que la contribución fuera mayor- el aporte extraordinario al Fondo Común Municipal. Probablemente, nadie imaginó la magnitud y la rapidez con que se asentaría la crisis económica que enfrentamos. En agosto del año pasado, la Cámara de Diputados convocó a sesiones especiales para discutir temas relacionados con la inflación y los precios del petróleo y del dólar. Hoy, ninguno de ellos son preocupantes y los temas que acaparan interés son otros, como la recesión financiera internacional, la demanda internacional y la caída del precio de nuestro principal producto. Hubiésemos querido que se consideraran otras medidas, pero respaldamos las presentadas. Tal vez, algunas de ellas debieron adoptarse con antelación. Por otra parte, si se hubiesen evitado despilfarros económicos como los ocurridos en EFE, Transantiago y Enap -ayer se acordó crear una comisión investigadora para revisar la situación que afecta a esta empresa-, se habría dado mejor respuesta a otros problemas que enfrenta la ciudadanía. Debido a ello, y como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, para que no quede duda alguna, el Congreso despacha iniciativas muy esperadas por el mercado, pero sobre todo muy relevantes para la vida de los chilenos durante el próximo año. Reconocemos que las medidas adoptadas son correctas y por eso votaremos a favor. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, el proyecto en debate es inédito en la historia del Congreso y de la economía nacional, por cuanto nunca antes gobierno alguno sufrió una crisis como ésta ni tuvo la osadía de enfrentarla como hoy se hace. Digo “osadía”, porque los cuantiosos recursos que se invertirán en este plan especial, del orden de los cuatro mil millones de dólares, son inéditos para la reactivación y fortalecimiento de nuestra economía, y para enfrentar una crisis que sabemos cuando empieza, pero no cuando termina. En primer término, felicito a la Presidenta Bachelet y al ministro de Hacienda por tomar estas medidas que, en mi opinión, son oportunas y van en la dirección correcta. Un bono de cuarenta mil pesos, sin duda, ayudará a solventar las demandas que van a tener las familias de más escasos recursos en marzo, y a reactivar la economía. En general, me parece que el conjunto de medidas apuntan en la dirección correcta, pero voy a emplear los dos minutos que me restan para plantear algunos complementos que no se contienen en este plan. En primer lugar, considero que es necesario complementar la entrega de recursos para capacitación, a fin de que sea vinculante con la generación de puestos de empleo. Muchas veces, se entregan recursos a las empresas que capacitan, las cuales ganan mucho dinero con ello, pero no se cumplen los objetivos de generar más empleos o de conseguirlos para quienes se capacitan. En segundo lugar, el Ejecutivo debería hacer un mayor esfuerzo en orden a agilizar el pago por los servicios en obras contratados por el Estado con la pequeña y mediana empresa cuando éstas hayan cumplido con lo estipulado. En la actualidad, hay una deuda hospitalaria que provoca que muchas pequeñas y medianas empresas se encuentren al borde de la quiebra. Existe la práctica generalizada de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, por ejemplo, con empresas que prestan servicios, las cuales se ven con serios problemas cuando, por alguna razón administrativa, los pagos se atrasan. En ese sentido, hago un llamado al ministro -lo hice también en la Comisión de Hacienda-, sé que él tomó nota y que se adoptarán medidas para que se pueda agilizar en forma administrativa la entrega de recursos a las pequeñas y medianas empresas, los cuales tienen que ver con el empleo, con la reactivación económica. La ejecución presupuestaria también es importante, o sea, poner a disposición de los ministerios y de las direcciones de servicios los recursos y los decretos asignados durante el primer trimestre, pues, generalmente, en un año presupuestario no se ejecuta casi nada durante el primer trimestre, porque no están disponibles los recursos. El paquete de medidas amerita que el Congreso las apoye urgentemente, pues ése fue el compromiso de los parlamentarios de todas las bancadas con la Presidenta de la República y con los sectores gremiales. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, ese tiempo, para un comentario económico, no es adecuado. Es un hecho de la causa que el crecimiento mundial está estancado y en franco proceso de recesión, y se dice que Chile no es una excepción en el tablero mundial, o no debiera serlo, aunque nuestro esquema de desarrollo económico apunta al mundo y a los mercados internacionales. Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al ministro de Hacienda que no estamos blindados. Ha sido muy famosa esa frase del blindaje, vertida por él en su momento. Pero, sí hay algo de extraño. Se habla mucho, se dice tanto sobre nuestra situación económica y quiero usar un vocabulario no académico para este importante sector de la economía, de la sociedad chilena. Hay un cuento que habla del lobo. ¡Qué viene el lobo, qué llegó! Nosotros estamos igual. Estamos hablando de una crisis que, felizmente, la gran mayoría del país todavía no la nota o, a lo mejor, no le llega. Claro que hay sectores que están complicados, pero siempre han estado así y Chile no puede negar en este momento el crecimiento y lo que está haciendo con ese crecimiento. Entonces, evitemos que llegue el lobo, porque nosotros mismos le estamos abriendo la puerta. No estamos en crisis, pero sí debemos valorar hoy los estímulos que entrega el Estado de Chile en este proyecto de ley, que destina 700 millones de dólares, por ejemplo, para infraestructura, y 40 mil pesos por carga familiar para las personas más vulnerables. Se trata de situaciones inconcebibles en otro momento. Entonces, es necesario destacar que aquí hay una autoridad económica, un gobierno serio y responsable en el manejo económico. Es lo mejor que podemos decir en relación con estos proyectos tan importantes para la vida económica de un país subdesarrollado, que sí va hacia el desarrollo y está creciendo en los momentos más difíciles que enfrenta el mundo en lo económico, después de la década del 30. Sí echo de menos el apoyo al sector agrícola. Pudo haberse solucionado el problema de miles de agricultores que están endeudados con el Indap. El señor ENCINA (Presidente).- Terminó el tiempo asignado a su bancada, señor diputado. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, termino diciendo que, a lo mejor, en un futuro cercano podamos, de una vez por todas, solucionar el problema de los pequeños agricultores endeudados que hoy no tienen acceso al crédito y ni siquiera al crecimiento de la agricultura que la Presidenta de la República espera para transformar al país en potencia agroalimentaria. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá. La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidente, estamos acostumbrados a analizar los problemas de pobreza, de desigualdad, que han sido endémicos en Latinoamérica, desde la perspectiva de la mala distribución de la riqueza en nuestros países; pero tan importante como los problemas en la distribución de la riqueza son los de la injusta distribución de los riesgos, de los ajustes, cuando vienen períodos complicados. Cuando uno mira la historia del país, cada vez que hemos logrado dar pasos y avanzar, ha habido momentos de crisis que nos han obligado a retroceder y partir de cero una vez más. Los gobiernos de la Concertación se han propuesto terminar con esta historia endémica en nuestra región y buscar un camino por el cual el país vaya progresando en forma permanente, sistemática, y estar preparado para los malos momentos, de forma que el costo de las dificultades no caiga en los sectores más desfavorecidos. En la penúltima encuesta Casen, en 2004, figuró una noticia que nunca habíamos tenido en nuestra historia. A pesar de los largos años de la crisis asiática, que fue muy complicada para el país, por primera vez logramos que no aumentara la pobreza en esos momentos difíciles. En esta ocasión, en que Chile tiene la posibilidad de proponerse medidas como las que hoy discutimos -se está destinando una cantidad enorme de recursos que muchos otros países no dedican, no porque no quieran, sino porque no los tienen-, quizá podamos ponernos metas que vayan más allá de no aumentar la pobreza, sino que el impacto en el empleo y en la inversión sea mucho menor. Esto no es casualidad, no se logra con facilidad, esto es posible porque en momentos en que había la tentación y la posibilidad de hacer un gasto mucho mayor, decidimos no hacerlo y muchas personas, presentes en esta Sala, que en ese período decían: “¿Para qué seguir guardando la plata si tenemos tantas necesidades?”. Bueno, para esto, para que ahora no nos pase lo que nos ocurrió en otras ocasiones, cuando en uno o dos años de crisis retrocedimos dos décadas de avance. Eso también es parte de los logros de la Concertación. Ésta no ha sido una coalición perfecta; ha tenido defectos y cometido errores, pero nunca en la historia alguna coalición había logrado revertir esta tendencia histórica de que los momentos malos de la economía se traducían en mayor pobreza, en mayor desigualdad, que nunca lográbamos recuperar. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señorAndrés Velasco. El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, después de este debate tan productivo no queda mucho por agregar, salvo agradecer. Hemos visto que un proyecto bueno, oportuno y contundente, que es absolutamente clave aprobarlo rápido, de modo que sus efectos se sientan pronto en el bolsillo de las familias, en las pymes y en el empleo, ha recibido la tramitación que merece. Agradezco a los diputados de todas las bancadas y, de manera especial, a los miembros de la Comisión de Hacienda, por la rapidez con que se tramitó y despachó el proyecto; la buena disposición a considerar sus contenidos y la calidad de la discusión que, entre todos, hemos sostenido respecto de la forma de evitar que los coletazos de este remezón internacional lleguen a Chile. Con la aprobación de este proyecto de ley en la Cámara y, ojalá, a la brevedad en el Senado, Chile estará aún en mejores condiciones para enfrentar la situación más estrecha de este año. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Cerrado el debate. En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; AlvaradoAndrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo;Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic BoroevicCarolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;Jaramillo Becker Enrique; Jarpa WevarCarlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal AllendeDenise; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz MaríaAntonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe;Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. El señor ENCINA (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular. Despachado el proyecto. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.12 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 8. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que establece incentivos tributarios transitorios, concede un bono extraordinario para las familias de menores ingresos y establece otras medidas de apoyo a la inversión y al empleo. (boletín Nº 6350-05) “Honorable Cámara: La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma”, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República. I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente: 1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en plasmar parte del plan de estímulo fiscal de apoyo a las personas y familias más vulnerables, a la inversión privada de las pequeñas y medianas empresas, mediante rebajas tributarias transitorias y fomentar medidas pro empleo, en el contexto de la crisis económica global. 2°) Que el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones de quórum especial. 3°) Que el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los Diputados señores Aedo, don René; Álvarez, don Rodrigo; Dittborn, don Julio; Duarte, don Gonzalo; Jaramillo, don Enrique; Montes, don Carlos; Robles, don Alberto; Sunico, don Raúl; Tuma, donEugenio; Verdugo, don Germán, y Von Mühlenbrock, don Gastón. 4°) Que Diputado Informante se designó al señor Tuma, don Eugenio. Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Andrés Velasco, Ministro de Hacienda; Ricardo Escobar, Director del Servicio de Impuestos Internos; Alberto Arenas, Director de Presupuestos; Enrique Paris, Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos; Juan Luis Monsalve, Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda; Luis Felipe Céspedes; Hector Lehuedé; Julio Valladares; Rodrigo González y David Noe, todos Asesores del Ministerio de Hacienda y las señoras María Olivia Recart, Subsecretaria de Hacienda; Macarena Lobos, Abogada de la Dirección de Presupuestos;Tamara Agnic y Jacqueline Saintard, ambas Asesoras del Ministerio de Hacienda. II. ANTECEDENTES GENERALES A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa El Gobierno ha anunciado un plan de estímulo fiscal de apoyo a la actividad económica para enfrentar la crisis internacional durante este año. El plan busca crear las condiciones para estimular el crecimiento económico y de esta forma defender el empleo. En concreto, en el mes de marzo se otorgaría un bono especial de cuarenta mil pesos por carga familiar que beneficia a más de un millón setecientas mil familias, entre otras, las del programa Chile Solidario, aquellas que reciben subsidio familiar (SUF) y también las beneficiarias de asignación familiar. Así, una familia con más hijos recibe un aporte más grande, que compensa sus mayores gastos. Se propone adelantar, en forma transitoria, para septiembre del 2009, la devolución de impuestos a las personas que normalmente correspondería realizar el 2010. La devolución a la cual los contribuyentes del impuesto global complementario tendrán acceso, equivale al 50% de la devolución recibida en promedio en los años 2007, 2008 y 2009, con un tope máximo de $ 250.000. Los beneficiarios de esta medida son más de 1.000.000 de personas. Adicionalmente, se propone la eliminación transitoria del impuesto de timbres y estampillas, que se paga con cada préstamo. Asimismo, se propone perfeccionar los incentivos a la actividad forestal, de modo tal de ampliar las actividades bonificables. Se propone disminuir en 15 por ciento los pagos provisionales mensuales que efectúan las empresas de menor tamaño por concepto de impuesto a la renta y en 7 por ciento los que hacen las empresas más grandes. Se proponen medidas administrativas que permitan mejorar la calidad de los cursos de capacitación, reconociendo los estudios en centros de formación técnica. Se propone, también, facilitar el uso de la franquicia tributaria, permitiendo que los gastos en capacitación se descuenten mes a mes de los pagos provisionales mensuales, acogiendo una antigua aspiración de las Pymes. Finalmente, se hace un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal de $ 26.000 millones. El plan de estímulo fiscal de apoyo a la actividad económica implica mayores inversiones y gastos en el 2009 por un total de mil 485 millones de dólares, lo que equivale al uno por ciento del Producto Interno Bruto. A su vez, el total de las reducciones transitorias de ingresos fiscales producto del alivio tributario suma mil 455 millones de dólares, equivalente también a un uno por ciento del PIB. Como consecuencia de lo anterior, la meta del superávit estructural se reducirá temporalmente a cero por el año 2009, aplicando una política fiscal fuertemente contracíclica. En su conjunto, el plan de impulso fiscal alcanza a más de cuatro mil millones de dólares. En el mensaje se sostiene que mediante la aplicación de este plan se crearán más de cien mil puestos de trabajo, directa e indirectamente. B. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto 1) Los artículos 1° numeral 3), 2° y 3° del decreto ley Nº 3.475, de 1980, del Ministerio de Hacienda, sobre el Impuesto de Timbres y Estampillas. 2) El artículo 15 del decreto ley Nº 2.565, de 1979, del Ministerio de Agricultura, que reemplazó el decreto ley Nº 701, sobre Fomento Forestal. C. Contenido del proyecto La iniciativa legal contempla el otorgamiento de un bono extraordinario de cargo fiscal que no constituirá remuneración ni renta, para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, ni estará afecto a descuento alguno, el cual se pagará en una sola cuota, en el mes de marzo del 2009. Tendrán derecho a este bono los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2° del D.F.L. Nº 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del referido decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones y cuyo ingreso mensual a diciembre de 2008 sea igual o inferior a $ 441.274.-. El bono será de $ 40.000.- por cada causante acreditado como tal, al 31 de diciembre de 2008.Igualmente, tendrán derecho a este bono las familias registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario” al 31 de diciembre de 2008. En este caso cada familia tendrá derecho a un bono. Se autoriza a los contribuyentes del Impuesto Global Complementario que cumplan con los requisitos establecidos en el proyecto, a percibir un anticipo de la devolución del impuesto a la renta que pudiere corresponderles por el año tributario 2010. Dicho anticipo tendrá un valor máximo de $ 250.000.- y se pagará en el mes de septiembre del presente año. Se eliminan transitoriamente por el año 2009 las tasas establecidas en los artículos 1° numeral 3), 2° y 3° del decreto ley Nº 3475, de 1980, sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, autorizándose su rebaja a la mitad, durante el primer semestre del 2010. Se modifica el artículo 15 del decreto ley Nº 2565, de 1979, del Ministerio de Agricultura, que reemplaza el decreto ley Nº 701, sobre fomento forestal con el objeto de ampliar las actividades sujetas a los incentivos de forestación y facultar a la Corporación Nacional Forestal para modificar, por los años 2009 y 2010, el valor de los costos de las actividades bonificables. Por esta vía se hace más atractiva la forestación, permitiendo la creación de mayor empleo en toda la cadena de producción de plantas. Se autoriza una rebaja transitoria por el año 2009 de los PPM, respecto de los contribuyentes de primera categoría que ajusten anualmente sus tasas. Dicha rebaja será del 15% respecto de las empresas pequeñas y medianas y del 7% para las de mayor tamaño. La categorización de las empresas se efectuará en función de los ingresos totales brutos que hubieren obtenido durante el 2008. Con el fin de estimular la capacitación de los trabajadores en la actual coyuntura el proyecto de ley permite que de manera transitoria las empresas de mayor tamaño, descuenten los gastos incurridos en financiamiento de programas de capacitación a favor de los trabajadores contra los pagos provisionales mensuales. Tratándose de las pequeñas y medianas empresas dicha autorización es de carácter permanente. En el marco del proceso de modernización de los municipios, se contempla un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal de $ 26.000 millones, destinado a apoyar la gestión de las municipalidades y a proteger sus inversiones a favor de las comunidades locales. D. Antecedentes presupuestarios y financieros El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 6 de enero de 2009, señala respecto del proyecto, lo siguiente: “1. Concede, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la Ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2° del Dfl Nº 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del referido DFL, que al 31 de diciembre de 2008 perciban el subsidio o las asignaciones ya mencionadas. EI bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2008. Igualmente, tendrán derecho a un bono por familia, las registradas en el Sistema de Protección Social "Chile Solidario" al 31 de diciembre de 2008.Esta medida tiene un costo fiscal de $ 138.946 millones en 2009. 2.- Autoriza a los contribuyentes del Impuesto Global Complementario a percibir un anticipo de la devolución de impuesto a la renta que pudiere corresponderles por el año tributario 2010, el que será pagado en el mes de septiembre de 2009. EI anticipo será por el equivalente al 50% de la tercera parte de la suma de las devoluciones del saldo a que se refiere el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a que tenga o haya tenido derecho el contribuyente por los años tributarios 2007, 2008 y 2009. En ningún caso, el monto del anticipo será superior a $ 250.000 por cada contribuyente, ni procederá si la suma resultante conforme a las disposiciones de este número fuese inferior a $ 20.000. Esto implicará menores ingresos fiscales en 2009 por aproximadamente $ 139.000 millones, los que se registrarán en la asignación 007 "Anticipo Impuesto Global Complementario Año 2010", en el ítem 50-01-01-09-007 del Programa Ingresos Generales de la Nación de la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos vigente. 3.- Disminuye las tasas establecidas en los artículos 1°, número 3), 2° y 3°, del Decreto Ley Nº 3.475, de 1980, que contiene la ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, de la siguiente manera: a) A cero, respecto de los impuestos que se devenguen a contar del día 1° de enero de 2009 y hasta el día 31 de diciembre de 2009, ambos incluidos, y b) A la mitad, respecto de los impuestos que se devenguen a contar del día 1° de enero de 2010 y hasta el día 30 de junio de 2010, ambos incluidos. Esto implicará menores ingresos fiscales en 2009 por aproximadamente $ 396.000 millones. 4.- Introduce modificaciones al artículo 15 del DL Nº 2565, de 1979, del Ministerio de Agricultura, que reemplaza el texto del DL Nº 701 sobre fomento forestal con el objeto de ampliar las actividades sujetas a los incentivos de forestación y facultar a la Corporación Nacional Forestal para que durante los años 2009 y 2010 pueda modificar el valor de los costos de las actividades bonificables para cada temporada. Se estima que esta medida implique un costo fiscal aproximado de $ 12.600 millones en 2009. 5.- Rebaja transitoriamente los pagos provisionales mensuales del Impuesto de Primera Categoría cuyas tasas se ajustan anualmente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley Nº 824, de 1974, que deban declararse y pagarse por los ingresos brutos percibidos o devengados a partir del mes de enero de 2009 y hasta el mes de diciembre de 2009, ambos incluidos.Esto implicará menores ingresos fiscales en 2009 por aproximadamente $ 290.000 millones. 6.- Autoriza a los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 19.518, tengan derecho a deducir, como crédito contra el referido impuesto, los gastos incurridos en el financiamiento de programas de capacitación desarrollados en el territorio nacional a favor de sus trabajadores, para efectuar tal deducción contra los pagos provisionales mensuales. Esto implicará menores ingresos fiscales en 2009 por aproximadamente $ 93.000 millones. 7.- Faculta al Ministro de Hacienda para hacer un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal a que se refiere el artículo 14 de Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, durante 2009 y por una sola vez, por un monto de $ 26.000 millones.”. V. DISCUSIÓN DEL PROYECTO A. Discusión general En el debate de la iniciativa intervino el señor Andrés Velasco quien destacó los principales aspectos del plan de estímulo fiscal que representa la suma de US$ cuatro mil millones equivalentes al 2,8% del PIB. Expresó que se proyecta un equilibrio estructural para las cuentas públicas el año 2009, un crecimiento del gasto público de 10,7% real y un déficit fiscal efectivo de 2,9% del PIB. El plan se financiará con la utilización de recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social y la utilización de la facultad de emisión de bonos autorizada en la Ley de Presupuestos 2009. Con relación al proyecto de ley señaló los principales efectos esperados de las medidas de estímulo fiscal en las personas y empresas para fomentar el desarrollo económico y defender el empleo. La señora María Olivia Recart se refirió a las modificaciones al decreto ley Nº 701, sobre fomento forestal, destacando el presupuesto para el año 2009 que se duplica. B. Discusión particular En la discusión en particular el Diputado señor Montes planteó que las medidas propuestas en este proyecto de ley deberían estar vinculadas a determinadas metas, de manera de poder realizar con posterioridad a su implementación una evaluación del cumplimiento de dichos objetivos. Añadió que sin metas evaluables no hay certeza de la eficacia de las medidas adoptadas. El Diputado señor Ortiz solicitó que el Ejecutivo estudiara la factibilidad de patrocinar la indicación parlamentaria que propone ampliar hasta un máximo de treinta y seis meses el plazo que el Código Tributario concede a Tesorerías para otorgar facilidades para el pago de impuestos adeudados hasta el 31 de diciembre de 2008 y que faculta al Tesorero General para condonar los intereses, multas y sanciones por la mora en el pago de los impuestos.Sostuvo que esta indicación permitiría a pequeñas empresas que están en situaciones complicadas poder superar en alguna medida la crisis económica. La señora Recart recordó que en virtud de la ley Nº 20.221 de 2007, se autorizó a los deudores a reprogramar sus deudas tributarias con el Servicio de Tesorerías por un plazo de 36 meses, respecto de aquellos impuestos girados hasta el día 30 de junio de 2007, fecha que se modificó por la ley Nº 20.263 de 2008 a los impuestos girados al 31 de marzo de 2008. Agregó que dentro del plan de medidas de estímulo fiscal anunciadas por la Presidenta se encuentran dos iniciativas que no requieren aprobación legal que son la ampliación de la línea de financiamiento Corfo para el factoring bancario y no bancario, en 50 millones de dólares adicionales a los 100 millones de dólares que ya se han destinado a este instrumento, de los cuales se han aprobado 90 millones y la implementación de una nueva línea Corfo para brindar garantía en la reprogramación de créditos con las entidades bancarias, lo que permitirá que los beneficiados accedan a préstamos de largo plazo y cuotas más bajas. Esta última medida fue trabajada con los representantes de la Conapyme, que consideran el programa de renegociación el más ambicioso y pertinente. Añadió que la Conapyme no ha solicitado nuevas reprogramaciones de las deudas tributarias hasta analizar y estudiar las cifras de la ley Nº 20.221. En este sentido solicitó un plazo para estudiar y analizar las cifras de reprogramación realizadas bajo la ley Nº 20.221, comprometiéndose a concurrir a la Comisión en el mes de marzo o abril junto a la Tesorera General de la República. Por su parte, los Diputados señores Robles, Sunico y Tuma plantearon la necesidad que el Gobierno presente iniciativas legales que establezcan políticas públicas focalizadas en aquellos sectores de trabajadores que se están viendo más afectados por la crisis económica como los pequeños mineros, pescadores, temporeros, etcétera. Puestos en votación los artículos 1° a 7° permanentes y la disposición transitoria fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes. Los Diputados señores Alvarado, don Claudio; Dittborn, don Julio; Duarte, don Gonzalo; Jaramillo, don Enrique; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto; Sunico, don Raúl;Tuma, don Eugenio y Von Mühlenbrock, don Gastón, presentaron la siguiente indicación:“Artículo nuevo.- Amplíase, a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de esta ley, hasta un máximo de treinta y seis meses, en cuotas fijas o variables, el plazo que el inciso primero del artículo 192 del Código Tributario concede al Servicio de Tesorerías para otorgar facilidades para el pago de impuestos adeudados, sólo respecto de aquellos impuestos girados hasta el día 31 de diciembre de diciembre de 2008 y que se encuentren sujetos a cobranza administrativa o judicial. Facúltase, asimismo, al Tesorero General de la República para condonar totalmente los intereses, multas y sanciones por la mora en el pago de los impuestos sujetos a la cobranza administrativa o judicial.”. El Diputado señor Tuma (Presidente) declaró inadmisible la indicación por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad al artículo 65 incisos tercero y cuarto Nº 1 de la Constitución Política de la República. VI.ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN Ninguna. VII.ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD Ninguno. Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación. VIII.TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente: PROYECTO DE LEY “Artículo 1°.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2° del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del referido decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley Nº 18.987. El bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2008. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento se preferirá siempre a la madre beneficiaria. En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contados desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2008 se encuentre recibiendo el pago efectivo las respectivas asignaciones. Igualmente, tendrán derecho a un bono de $ 40.000 por familia, aquellas que, al 31 de diciembre de 2008, estén registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario”, y no se encuentren en el supuesto del artículo 7° de la ley Nº 19.949, las que, en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso anterior. El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno. El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará en una sola cuota en el mes de marzo de 2009 por el Instituto de Normalización Previsional. Al efecto, el Instituto de Normalización Previsional podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional. A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos u omitiendo la obligación prevista en el inciso segundo, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo respecto de los beneficiarios señalados en el inciso primero, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del decreto con fuerza de ley Nº 150, 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios del inciso tercero, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en la ley Nº 19.949. Artículo 2°.- Autorízase a los contribuyentes del Impuesto Global Complementario a percibir un anticipo de la devolución de impuesto a la renta que pudiere corresponderles por el año tributario 2010, el que será pagado en el mes de septiembre de 2009, con sujeción a los requisitos que a continuación se indican: a) Que en el año tributario 2009 les haya correspondido la devolución del saldo que resultó a su favor conforme a lo establecido en el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y que hayan presentado ese año su declaración anual de impuestos. b) Que lo soliciten por medios electrónicos con anterioridad al 15 de septiembre de 2009, en la forma y plazo que establecerá el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, la que deberá dictarse en un plazo no superior a seis meses contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. El anticipo será por el equivalente al 50% de la tercera parte de la suma de las devoluciones del saldo a que se refiere el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a que tenga o haya tenido derecho el contribuyente por los años tributarios 2007, 2008 y 2009. Para estos efectos, las devoluciones se convertirán a unidades tributarias mensuales, considerando el valor de la unidad del mes de marzo del año tributario respectivo, y reconvirtiéndolas a pesos considerando el valor de la unidad tributaria del mes de agosto de 2009. En ningún caso, el monto del anticipo será superior a $ 250.000 por cada contribuyente, ni procederá si la suma resultante conforme a las disposiciones de este artículo fuese inferior a $ 20.000. No tendrán derecho al anticipo los contribuyentes que: a) Al 31 de julio de 2009 no hayan concurrido a uno o más requerimientos del Servicio de Impuestos Internos, o b) Se encuentren denunciados, querellados o cumpliendo la pena correspondiente por delitos tributarios. Los contribuyentes que perciban el anticipo deberán incluirlo en su declaración de impuestos anuales a la renta del año tributario 2010, reajustado de acuerdo con el porcentaje de variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a la fecha de pago del anticipo y el mes anterior al de dicha declaración. Para todos los efectos, este anticipo tendrá el carácter de Impuesto Global Complementario de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La obligación de pago del anticipo a que se refiere este artículo, no será compensada por el Tesorero General de la República conforme a lo dispuesto por el artículo 6° del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1994, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería, pero será objeto de las retenciones judiciales que procedan. Artículo 3°.- Disminúyanse transitoriamente las tasas establecidas en los artículos 1°, numeral 3), 2° y 3° del decreto ley Nº 3.475, de 1980, que contiene la ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, de la siguiente manera: a) A cero (0), respecto de los impuestos que se devenguen a contar del día 1° de enero de 2009 y hasta el día 31 de diciembre de 2009, ambos incluidos, y b) A la mitad, respecto de los impuestos que se devenguen a contar del día 1° de enero de 2010 y hasta el día 30 de junio de 2010, ambos incluidos. En el caso del impuesto establecido en el artículo 3° precitado, la reducción de tasas se aplicará aun cuando su devengo se produzca con posterioridad al período indicado en el inciso anterior, siempre que la aceptación del respectivo documento de destinación aduanera o de ingreso a zona franca de la mercadería, se realice dentro de los períodos señalados. Para los efectos de determinar el tributo que corresponda conforme al artículo 24 Nº 17 del citado decreto ley, se considerará que las operaciones o documentos objeto de refinanciamiento, cuyos impuestos se hayan devengado durante la vigencia de las tasas rebajadas a que se refiere este artículo, se vieron afectados por las tasas que hubiese correspondido aplicar de no mediar la disminución de tasas establecida por este artículo. Asimismo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 2° bis del referido decreto ley, las líneas de emisión de bonos o de títulos de deuda de corto plazo cuya primera colocación tenga lugar dentro de los períodos indicados en las letras a) y b) del inciso primero, mantendrán la determinación de los impuestos aplicables a las colocaciones acogidas a la línea hasta completar la tasa de 1,2%, sin perjuicio que las colocaciones efectuadas en los períodos señalados se beneficien con las tasas rebajadas correspondientes. No procederá el cobro de los impuestos establecidos en los artículos a que se refiere el inciso primero de este artículo, que se hayan devengado entre el 1° de enero de 2009 y la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial, como tampoco de los respectivos intereses y multas que correspondan a tales tributos. Asimismo, de haberse efectuado durante tal período el recargo o retención de los tributos, ellos no deberán enterarse en arcas fiscales, en cuanto se hayan restituido por el sujeto, responsable o agente retenedor, a las personas que soportaron el gravamen, circunstancia que deberá acreditarse ante el Servicio de Impuestos Internos, cuando éste lo solicite. En caso que dichos impuestos hayan sido declarados y pagados por los sujetos, responsables de su pago o agentes de retención, procederá su devolución al declarante sin más antecedentes que la acreditación de que los impuestos pagados corresponden a los tributos beneficiados por la rebaja de tasas a que se refiere este artículo, lo cual deberá solicitarse conforme a lo dispuesto por el artículo 126 Nº 3, del Código Tributario. Las sumas así restituidas deberán ser reembolsadas por el solicitante a las personas que efectivamente soportaron el gravamen antes del vencimiento del mes siguiente a aquél en que ha tenido lugar la devolución. Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 15 del decreto leyNº 2.565, de 1979, del Ministerio de Agricultura que reemplazó el texto del decreto leyNº 701, sobre Fomento Forestal: a) Agrégase en su inciso primero, a continuación de la frase “actividades de preparación y cercado de terreno” la siguiente “mediante cercos nuevos y,o reparados,” b) Intercálase en su inciso primero entre las frases “labores de protección” y “y los gastos generales asociados a las actividades bonificables” la siguiente “(,) costo de primas de seguros forestales”. c) Agrégase el siguiente inciso final: “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero, facúltese a la Corporación Nacional Forestal para que, durante los años 2009 y 2010, pueda modificar en el transcurso de dichos años el valor de los costos de las actividades bonificables fijados para cada temporada. Dichas modificaciones deberán contar siempre con la aprobación previa de los Ministerios de Agricultura y Hacienda.”. Artículo 5°.- Rebájanse transitoriamente los pagos provisionales mensuales del Impuesto de Primera Categoría cuyas tasas se ajusten anualmente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto leyNº 824, de 1974, que deban declararse y pagarse por los ingresos brutos percibidos o devengados a partir del mes de enero de 2009 y hasta el mes de diciembre de 2009, ambos incluidos, de la siguiente forma: a) En 15%, respecto de la cantidad que corresponda pagar a los contribuyentes que en el año calendario 2008 hubiesen obtenido ingresos brutos totales iguales o inferiores al equivalente a 100.000 unidades de fomento, y b) En 7%, respecto de la cantidad que corresponda pagar a los contribuyentes que en el año calendario 2008 hubiesen obtenido ingresos brutos totales superiores al equivalente a 100.000 unidades de fomento o que hayan iniciado actividades a partir del 1° de enero de 2008. Para los efectos de lo establecido en este artículo, los ingresos brutos de cada mes se expresarán en unidades de fomento según el valor que haya tenido dicha unidad el último día del mes a que correspondan. La rebaja transitoria del monto de los pagos provisionales mensuales dispuesta en este artículo, no se considerará para los efectos de fijar las tasas de pagos provisionales mensuales que deban aplicarse a partir del mes de mayo de 2010, las que se determinarán conforme a las reglas generales del artículo 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La rebaja transitoria de pagos provisionales dispuesta en este artículo, será incompatible con la aplicación de cualquier otra disposición legal o reglamentaria que permita rebajar las tasas determinadas conforme al referido artículo 84, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Artículo 6°.- Autorízase por el año 2009 a los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que conforme a lo dispuesto por la leyNº 19.518, tengan derecho a deducir, como crédito contra el referido impuesto, los gastos incurridos en el financiamiento de programas de capacitación desarrollados en el territorio nacional a favor de sus trabajadores, para efectuar tal deducción contra los pagos provisionales mensuales, de acuerdo a las siguientes reglas: a) El monto a deducir como crédito en la declaración de cada mes, será el menor entre: i) El de los gastos de capacitación que el contribuyente haya efectuado en el mes que corresponda a la declaración en que se lleve a cabo la deducción, que cumplan con los requisitos dispuestos por la ley Nº 19.518, y sus normas reglamentarias;ii) El equivalente al 1% de las remuneraciones imponibles a que se refiere la leyNº 19.518, y sus normas reglamentarias, del mes que corresponda a la declaración en que se efectúa la deducción. Dichas remuneraciones deberán acreditarse, a solicitud del Servicio de Impuestos Internos, mediante los libros de remuneraciones del contribuyente, planillas de pagos de cotizaciones u otros antecedentes, en la forma y plazo que éste determine, yiii) El que resulte de dividir, el crédito por gastos de capacitación de la ley Nº 19.518 imputado por el contribuyente al Impuesto de Primera Categoría en el año tributario anterior, por doce, o por el número menor de meses en que el contribuyente hubiese efectuado actividades en el año comercial respectivo. Para estos efectos, el crédito imputado en el año anterior se reajustará en el porcentaje de variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el mes de noviembre del año anterior a la declaración anual que corresponda y el mes anterior a la declaración mensual en que se efectúe la deducción. En el caso que en el año tributario anterior, el contribuyente no hubiese imputado crédito por gastos de capacitación, este monto será el equivalente a 5% de los pagos provisionales que deban pagarse en la declaración respectiva. b) El crédito determinado conforme a lo dispuesto en la letra anterior se imputará a los pagos provisionales mensuales que deban declararse y pagarse en el mes respectivo. Si de esta imputación resultare un remanente, éste podrá deducirse de la misma forma en el período mensual inmediatamente siguiente, conjuntamente con el crédito de ese mes, de haberlo, y así sucesivamente, hasta los pagos provisionales mensuales que correspondan al mes de diciembre de ese mismo año comercial. El remanente se reajustará en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes respecto del cual se generó dicho remanente y el mes a que correspondan los pagos provisionales a los que se imputa. Si al efectuar la imputación señalada respecto de los pagos provisionales mensuales que correspondan al mes de diciembre del año comercial respectivo resulta un remanente, éste podrá imputarse en la declaración anual en los términos del artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Con todo, la suma de los créditos imputados en el año conforme a este artículo y reajustados de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso anterior, no podrá exceder del monto del beneficio que se determine conforme a lo dispuesto por la ley Nº 19.518, por lo que, de producirse un exceso, el contribuyente deberá restituirlo en su declaración anual de impuestos respectiva. La suma que se deba reintegrar conforme a lo dispuesto precedentemente, debidamente reajustada en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior al de su declaración y pago y el de la referida declaración anual, se considerará para tales efectos, y para la aplicación de sanciones, como un impuesto sujeto a retención o recargo. Si de la comparación entre la suma de los créditos imputados mensualmente en el año y el crédito determinado conforme a la ley Nº 19.518, resulta una diferencia a favor del contribuyente, ésta se imputará en la declaración anual respectiva de acuerdo a lo dispuesto por la referida ley. Lo dispuesto en este artículo regirá respecto de los pagos provisionales que deban declararse y pagarse a partir del mes subsiguiente al de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, por los contribuyentes que tengan la calidad de facturadores electrónicos, utilicen el portal para micro, pequeñas y medianas empresas habilitado por el Servicio de Impuestos Internos en Internet y, en todo caso, deban presentar sus declaraciones mensuales de impuestos por Internet, quienes podrán efectuar la deducción a que se refiere este artículo respecto de los pagos provisionales obligatorios que deban declararse y pagarse a contar de dicho mes. Respecto de los demás contribuyentes, lo dispuesto en este artículo regirá a contar de la declaración que corresponda al mes siguiente al de publicación en el Diario Oficial de la resolución del Servicio de Impuestos Internos que comunique la disponibilidad del mecanismo de deducción para las declaraciones efectuadas mediante formularios impresos, la que deberá dictarse en un plazo no superior a tres meses contados desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Los gastos de capacitación en que el contribuyente haya incurrido entre el 1° de enero de 2009 y la fecha en que pueda acceder a la deducción autorizada en este artículo, conforme a la vigencia establecida en este inciso, podrán deducirse, reajustados de la forma prevista en el literal b) del inciso primero para los remanentes, a contar de la primera declaración mensual en que se autoricen tales deducciones. No obstante la vigencia transitoria dispuesta en el inciso primero, los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta podrán efectuar la deducción autorizada en este artículo, en los años 2010 y siguientes, siempre que, en el respectivo año tributario anterior, hubiesen obtenido ingresos brutos totales iguales o inferiores al equivalente a 100.000 unidades de fomento. Para estos efectos, los ingresos brutos de cada mes se expresarán en unidades de fomento según el valor que haya tenido dicha unidad el último día del mes a que correspondan. Artículo 7º.- Autorízase al Ministro de Hacienda para que, a contar del primer día del mes siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, mediante decreto expedido bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, efectúe durante el año 2009 y por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal a que se refiere el artículo 14 de ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por un monto de $ 26.000 millones.Artículo único transitorio.- El mayor gasto que represente durante el año 2009 la aplicación de los artículos 1º y 7° de esta ley, incrementará en el monto que resulte, la suma del valor neto correspondiente a que se refiere el artículo 4º de la ley Nº 20.305, y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público. Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2º, créase la asignación 007 "Anticipo Impuesto Global Complementario Año 2010", en el ítem 50-01-01-09-007 del Programa Ingresos Generales de la Nación de la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos vigente.”. Tratado y acordado en sesión de fecha 7 de enero de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Tuma, don Eugenio (Presidente); Aedo, don René; Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Dittborn, don Julio; Duarte, don Gonzalo; Jaramillo, don Enrique; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto; Sunico, don Raúl; Verdugo, don Germán, y Von Mühlenbrock, don Gastón, según consta en el acta respectiva. Sala de la Comisión, a 7 de enero de 2009. (Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión.” 9. Moción del diputado señor Chahuán. Modifica la letra F) del artículo 93 del Código Procesal Penal, para precisar que el imputado tiene derecho al Recurso de Apelación en contra de la Resolución que rechace el sobreseimiento definitivo que solicite. (boletín Nº 6339-07). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. El artículo 93 del Código Procesal Penal dispone que todo imputado pueda hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren las leyes, y la misma disposición menciona una serie de derechos especiales que dicho cuerpo legal le acuerda. En la letra f) del mismo artículo, se consagra como un derecho del imputado la facultad de solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa “y recurrir contra la resolución que lo rechazare”. La expresión verbal “recurrir” se ha prestado a diversas interpretaciones, ya que puede referirse a una reposición, con apelación subsidiaria o a un recurso de apelación puro y simple. En este orden de ideas, cabe señalar que el artículo 370 del mismo cuerpo legal, que contempla cuales son las resoluciones apelables, establece en su letra a), que procede dicho recurso cuando dichas resoluciones pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o la suspendieren por más de treinta días. Al tenor de lo mencionado anteriormente, si una resolución rechaza el sobreseimiento definitivo que impetra un imputado, lo más probable es que no se ponga término al procedimiento ni se suspenda por más de treinta días, de modo que no sería apelable la citada resolución. Por otra parte, la letra b) del mismo artículo 370, dispone que las resoluciones en materia procesal penal, son apelables cuando la ley lo señala expresamente. En consonancia con esta última disposición, y para evitar confusiones en esta materia, estimamos que la expresión verbal “recurrir” que se emplea en la letra f) del artículo 93, debe ser reemplazada por la oración “y deducir recurso de apelación en contra de la resolución que lo rechazare”. En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifícase el texto de la letra f) del artículo 93 del Código Procesal Penal, sustituyendo la oración “y recurrir contra la resolución que lo rechazare” por la oración “y deducir recurso de apelación en contra de la resolución que lo rechazare”. 10. Moción del diputado señor Chahuán. Modifica artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de precisar el plazo en que puede interponerse el denominado “Falso Recurso de Hecho”. (boletínNº 6340-07). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. El artículo 203 del Código de Procedimiento Civil contempla el denominado “Recurso de Hecho”, que procede cuando un tribunal inferior deniega un recurso de apelación que ha debido concederse, caso en el cual la parte agraviada puede ocurrir al tribunal superior respectivo, dentro del plazo que concede el artículo 200 del mismo texto legal, vale decir cinco días, contado desde la notificación de la negativa, con el fin de que la Corte que corresponda a su jurisdicción, declare admisible el recurso. Por su parte, el artículo 195 del referido código permite el llamado “Falso Recurso de Hecho”, que procede cuando el tribunal inferior otorga apelación el efecto devolutivo, debiendo concederla también en el efecto suspensivo, caso en el cual, la parte agraviada puede pedir al tribunal de alzada que declare admitida la apelación en ambos efectos. Otras modalidades de “Falso Recurso de Hecho” que contempla esta misma disposición, procede cuando el tribunal de primera instancia concede apelación en ambos efectos, debiendo otorgarse únicamente en el efecto devolutivo, y cuando la apelación concedida sea improcedente, evento en el cual, dentro del mismo plazo de cinco días, la parte agraviada debe ocurrir al tribunal superior para que, en el primer caso, declare admitida la apelación solamente en el efecto devolutivo, y en el segundo, la declare inadmisible. Sin embargo, en cualquiera de estas hipótesis de “Falso recurso de Hecho”, aún cuando el plazo es de cinco días para interponerlo, el artículo 196 no indica el hito desde cuando debe computarse, lo cual ha dado lugar a diversas interpretaciones en las diferentes salas de las Cortes de Apelaciones que han debido conocer de los mismos, por lo cual se hace necesario precisarlo, estableciendo que debe ser a contar de la notificación de la resolución que otorga el recurso de apelación que se impugna. En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifícase el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, agregándose un inciso final a su texto, del siguiente tenor: ”El plazo mencionado en el artículo 200 para interponer cualquiera de los recursos mencionados anteriormente, se contará desde la notificación de la resolución que concede la apelación que en dichos casos se impugna.” 11. Modifica artículo 56 de la Ley 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de incorporar el Recurso de Casación en los juicios que de lugar la aplicación de dicha ley. (boletín Nº 6341-07). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. Con el transcurso del tiempo, la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores ha ampliado de manera considerable su ámbito de aplicación, de manera que las materias que deben conocer los Tribunales de Policía Local han ido aumentando en complejidad, todo lo cual ha dado origen a diferentes interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales. De acuerdo a lo previsto en el artículo 50 de la mencionada ley, inserto en el Título V de ella, es competente para conocer de las acciones a que dé lugar la aplicación de la misma, el Juez de Policía Local de la comuna en que se hubiere celebrado el contrato respectivo, o en su caso, se hubiere cometido la infracción o dado inicio a su ejecución. El artículo 51 dispone que la demanda respectiva deberá presentarse por escrito y no requerirá patrocinio de abogado habilitado. En esta misma norma y en los artículos 52 al 55 se contemplan otras disposiciones relativas al procedimiento que regulan estos juicios y en el artículo 56 se establece que en lo no previsto en dicho Título, el procedimiento se sujetará a las normas contenidas en la Ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. Dicho cuerpo normativo dispone en su artículo 32, que procede el recurso de apelación sólo en contra de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio. El recurso deberá ser fundado y se interpondrá en el término fatal e individual de cinco días, contados desde de la notificación de la resolución respectiva. Sin embargo, el artículo 38 de la misma ley, preceptúa que no procederá el recurso de casación en los juicios de policía local. Teniendo presente la complejidad de las materias relativas a la Ley Nº 19.496, se estima como una medida correcta de administración de justicia, que además asegura la independencia básica que deben tener los jueces para resolver las cuestiones planteadas, la necesidad de establecer un sistema de impugnación a las sentencias de segunda instancia, a través de la vía del recurso de casación. Para dicho efecto, se requiere modificar el referido artículo 56, incorporando la procedencia del mencionado recurso, caso en el cual el recurrente requerirá patrocinio de abogado habilitado. En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifícase el artículo 56 de la Ley Nº 19.496, agregándose el siguiente inciso segundo: “No obstante lo dispuesto en el inciso que antecede, en estos juicios procederá también el recurso de casación, para cuya interposición y tramitación se requerirá de patrocinio de abogado habilitado”.” 12. Modifica artículo 25 de la ley Nº 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con el objeto de incorporar Recurso de Apelación en casos que indica. (boletín Nº 6342-07). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. La ley Nº 18. 216 establece tres casos de medidas a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad que imponga el tribunal, que podrán ser suspendidas, al otorgarse los beneficios alternativos de remisión condicional de la pena, reclusión nocturna o libertad vigilada, si se cumplen respecto del sentenciado los requisitos que para cada caso se contemplan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la misma ley, el tribunal que conceda, de oficio o a petición de parte, alguno de estos beneficios, deberá así ordenarlo en la respectiva sentencia condenatoria, expresando los fundamentos en que se apoya y los antecedentes que han dado base a la convicción. Por su parte, si el tribunal negare la petición para conceder alguno de los citados beneficios, deberá exponer los fundamentos de su decisión en la sentencia. El artículo 25, por su parte, establece que la decisión revocatoria de los beneficios establecidos en la ley, es apelable ante el tribunal de alzada respectivo. Entendemos que los casos en que procede la revocación de dichos beneficios se encuentran previstos en los artículos 6, 11 y 19 de la misma ley, y consisten básicamente en el quebrantamiento o falta de cumplimiento de las condiciones que en su oportunidad impuso al tribunal al sentenciado, de lo cual toma conocimiento a través de Gendarmería de Chile, institución encargada de controlar dichas medidas. Sin embargo, no se contempla en el citado artículo 25, si procede el recurso de apelación en contra de la resolución que concede o deniegue algunos de los beneficios contemplados en esta ley, al emitirse un pronunciamiento al respecto, conjuntamente con la dictación de la correspondiente sentencia condenatoria. En tal virtud, y a fin de cumplir con el principio de un justo y racional procedimiento que consagra la Constitución Política, estimamos que debe establecerse que tanto en el evento de que se otorgue algunos de los citados beneficios o se les deniegue, dicha resolución debe ser apelable, para cuyo efecto se requiere modificar la citada norma. En mérito a las consideraciones expuestas, venimos en someter a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifìcase el artículo 25 de la Ley Nº 18.216, incorporándose el siguiente primer inciso, pasando el actual inciso único a ser segundo, del siguiente tenor: “La resolución que concede como la que deniegue alguno de los beneficios establecidos en esta ley serán apelables ante el tribunal de alzada respectivo”. 13. Modifica artículo 231 del Código Procesal Penal, para ampliar los antecedentes que debe contener la solicitud de formalización de investigación. (boletín Nº 6343-07). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. De conformidad al artículo 229 del Código Procesal Penal, la formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Por su parte, el artículo 231 del mismo texto legal, establece que si el fiscal deseare formalizar la investigación respecto de un imputado que no se encontrare en el caso previsto en el artículo 132 -detención de un imputado que es puesto a disposición del juez, en cuyo caso se obliga a formalizar- solicitará al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima, mencionando la individualización del imputado, la indicación del delito que se le atribuyere, la fecha y el lugar de su comisión y el grado de participación del imputado en el mismo. A dicha audiencia deberá ser citado el imputado, su defensor y los demás intervinientes en el procedimiento. Si bien en dicha audiencia solo se procede a materializar la comunicación a que se refiere el artículo 229, sin debatir en ella la comprobación fehaciente del o los delitos atribuidos ni el grado de participación que se le haya acreditado, consideramos que para una cabal y oportuna comprensión por parte del imputado del ilícito que se le atribuye, la solicitud que dispone el artículo 231, debiera contener además la forma en que se cometió el delito y hechos constitutivos del mismo que, hasta ese momento, sustentan la petición del fiscal. Fundamos esta proposición en que muchas veces la solicitud que formula el fiscal y que se comunica al imputado al citársele a la audiencia correspondiente, es excesivamente escueta, por lo que le impide conocer con la debida antelación los cargos que presentará en su contra el representante del Ministerio Publico en la referida audiencia. En tal virtud, estimamos que se hace necesario incluir dichos antecedentes en la solicitud de audiencia para efectuar una determinada formalización de investigación. En mérito a lo expuesto, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Sustitúyese el texto del inciso primero del artículo 231 del Código Procesal Penal, por el siguiente: “Solicitud de audiencia para la formalización de la investigación. Si el fiscal deseare formalizar la investigación respecto de un imputado que no se encuentre en el caso previsto en el artículo 132, solicitará al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima, mencionando la individualización del imputado, la indicación del delito que se le atribuyere, forma de comisión de aquél, hechos que lo configuraren, la fecha y el lugar de su comisión y el grado de participación del imputado en el mismo”. 14. Modifica artículo 348 del Código Procesal Penal, con el objeto de establecer el arraigo de pleno derecho en caso de sentencia condenatoria y regular los casos de interrupción del mismo. (boletín Nº 6344-07). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. En el antiguo Código de Procedimiento Penal, se contemplaba el denominado arraigo de pleno derecho, previsto en el su artículo 305 bis C, que procedía en las sentencias condenatorias que impusieren penas privativas o restrictivas de libertad que debían cumplirse en el país mientras no se ejecutaren o extinguieren y aún en los casos en que el condenado se encontrare en libertad condicional o estuviere suspendida la ejecución de la pena en virtud de algunos de los beneficios establecidos en la Ley Nº 18.216. En el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, el arraigo se encuentra considerado como una medida cautelar, que puede consistir en la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que fije el tribunal, según se establece en el artículo 155 letra d) del Código Procesal Penal. Por otra parte, las sentencias condenatorias de los tribunales de garantía y orales, no pueden imponer el arraigo, lo cual constituye un obstáculo para el cumplimiento del fallo cuando el imputado es condenado y beneficiado con algunas de las medidas alternativas de la Ley Nº 18.216. En tal virtud, consideramos necesario restablecer en el actual sistema procesal penal, el arraigo de pleno derecho, para el caso de los sentenciados, como asimismo, regular la interrupción del mismo, en caso de solicitud de ausencia del territorio nacional que formulen las personas afectados por dicho arraigo, para cuyo efecto se hace necesario modificar el artículo 348 del Código Procesal Penal. En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifìcase el artículo 348 del Código Procesal Penal, en la siguiente forma: a) Agrégase un inciso quinto, del siguiente tenor: “El sentenciado quedará afecto a arraigo nacional de pleno derecho, por el mismo lapso a que ha sido condenado, en todo caso, y especialmente si es beneficiario de alguna medida alternativa a la privativa o restrictiva de libertad, previstas en la ley, u obtuviese algún beneficio penitenciario”.b) Incorpórase como artículo 348 bis, el siguiente: “Artículo 348 bis: Los sentenciados afectos al arraigo nacional de pleno derecho, sólo podrán ausentarse del país, con autorización del tribunal que haya conocido de la causa, por el tiempo que en la misma resolución se fije. Para este efecto, deberá rendir caución cuya naturaleza y monto fijará el tribunal en la misma resolución que autoriza la ausencia.Si el arraigado no regresa dentro del plazo señalado por el tribunal, se hará efectiva la caución, sin más trámite. El quebrantamiento del arraigo será sancionado con prisión en su grado máximo. Se entiende que este delito se comete en Chile, sea que se haya burlado el arraigo nacional de pleno derecho, ausentándose del territorio nacional sin la autorización judicial correspondiente, sea que el arraigado no haya retornado al país en el plazo fijado en la resolución judicial pertinente” 15. Moción del diputado señor Chahuán Modifica el artículo 277 del Código Procesal Penal, para incorporar la obligación del Juez de Garantía de mencionar las Medidas Cautelares que afectan al acusado, y paraestablecer Recurso de Apelación en favor de los intervinientes que indica. (boletínNº 6345-07). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. La preparación del juicio oral, etapa intermedia del juicio oral propiamente tal, que se concreta en una audiencia que decreta el juez de garantía pertinente, conforma un conjunto de actos procesales cuyo objetivo es la corrección o saneamiento formal de los requisitos o actos conclusivos de la investigación y la determinación del objeto de conocimiento del juicio oral. En esta audiencia, se ofrecen las pruebas por parte del Ministerio Público, como por el defensor y el querellante, si lo hubiere. El artículo 276 del Código Procesal Penal establece que el juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio oral aquellas que fueren manifiestamente impertinentes y las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Del mismo modo, el inciso tercero del citado artículo 276, dispone que el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradasUna vez terminada la audiencia, se dicta el denominado auto de apertura oral, que se contiene en un acta, que contiene un resumen de las cuestiones debatidas en dicha audiencia, la que debe ser enviada al tribunal oral en lo penal competente. Este auto de apertura del juicio oral, sólo será susceptible del recurso de apelación por parte del Ministerio Público en lo que respecta a la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo 276, precedentemente transcrito, recurso que será concedido en ambos efectos. Estimamos que para una acertada aplicación del principio de igualdad de armas que rige actualmente en materia procesal penal, cualquier exclusión de pruebas que decrete el juez de garantía debe ser susceptible de impugnarse por la vía del recurso de apelación, interpuesto por cualquiera de los intervinientes, de modo que resulta procedente así establecerlo en dicha disposición. Por otra parte, entre las menciones que obligatoriamente debe contener el auto de apertura del juicio oral, no se contempla la mención de las medidas cautelares que afectaren al acusado. En nuestro concepto debe incluirse en dicha acta, ya que el artículo 281 del mismo cuerpo legal, dispone que el juez de garantía, conjuntamente con la remisión del auto de apertura del juicio oral al tribunal competente, debe también poner a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva o a otras medidas cautelares. A lo anterior, debe agregarse que, en caso de sentencia absolutoria, el artículo 347 prescribe que el tribunal oral debe disponer, en forma inmediata, el alzamiento de las medidas cautelares personales que afectaren al acusado, ordenando se tome nota de ello en todo índice no registro público y policial en que figuraren y asimismo ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia que se hubieren otorgado. En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifícase el artículo 277 del Código Procesal Penal, en la siguiente forma: a) En su inciso primero, agrégase como letra g) un acápite del siguiente tenor: “g) Las medidas cautelares personales que se hubieren decretado en contra del acusado y estuvieren vigentes” b) En su inciso segundo, sustitúyese su texto, por el siguiente: “El auto de apertura del juicio oral, sólo será susceptible del recurso de apelación por parte del ministerio público, del defensor y del querellante, si lo hubiere, en contra de la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía en cualquiera de los casos previstos en el artículo 276. Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la procedencia, en su caso, del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio oral, conforme a las reglas generales”. 16. Moción del diputado señor Chahuán Modifica artículo 18 del Código Orgánico de Tribunales, con el objeto de otorgar a los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal la competencia para ejecutar la decisión civil de las Sentencias que dicten. (boletín Nº 6346-07). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. El artículo 472 del Código Procesal Penal dispone que en el cumplimiento de la decisión civil de la sentencia, regirán las disposiciones sobre ejecución de las resoluciones judiciales que establece el Código de Procedimiento Civil. Al tenor de lo prescrito en esta norma, debe aplicarse el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, que establece que la ejecución de las resoluciones corresponden a los tribunales que las hayan pronunciado en primera o en única instancia y que se procederá a ella una vez que las resoluciones queden ejecutoriadas o causen ejecutoria en conformidad a la ley. Sin embargo, los tribunales de juicio oral en lo penal no tienen actualmente competencia para conocer de la ejecución de la decisión en la parte civil de las sentencias que dicten, por cuanto el artículo 18 del Código Orgánico de Tribunales que fija su competencia, no se la otorga. En consecuencia, y para que la disposición del artículo 472 del Código Procesal Penal tenga real efectividad en lo que respecta a la ejecución de la decisión civil que contengan las sentencias dictadas por los Tribunales de Juicio Oral en lo penal, se hace necesario modificar el artículo 18 del Código Orgánico de Tribunales, con el objeto de establecer dicha competencia. En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifícase el artículo 18 del Código Orgánico de Tribunales, agregándose una letra f) del siguiente tenor: “f) Conocer de la ejecución de la parte civil de las sentencias que dicten.”