REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 122ª, en martes 13 de enero de 2009 (Ordinaria, de 11.12 A 14.34 horas) Presidencia del señor Encina Moriamez, don Francisco. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.- Asistencia ........................................................................................................ 8 II.- Apertura de la sesión ..................................................................................... 11 III.- Actas................................................................................................................ 11 IV.- Cuenta ............................................................................................................. 11 - Permiso constitucional ..................................................................................... 11 - Envío de proyecto a Comisión de Economía................................................... 12 V.- Fácil despacho. - Regularización de construcciones de bienes raíces urbanos destinados a equipamiento de deporte y de salud. Tercer trámite constitucional................. 12 VI.- Orden del Día. - Perfeccionamiento de normas relacionadas con la nulidad de elección de autoridades locales. Primer trámite constitucional .............................................. - Perfeccionamiento de normativa sobre gobierno corporativo de empresas. 13 Primer trámite constitucional........................................................................... 27 VII.- Proyectos de acuerdo. -Eliminación de tributo anual a pescadores artesanales .................................... -Apertura de poder comprador del trigo a precio similar al internacional. (Preferencia)............................................................................................................ VIII.- Incidentes. - Mejoramiento de infraestructura y mantención de paradero del Transantiago en sector de comuna de San Bernardo. Oficios................................................ 49 - Construcción de pasarela peatonal en kilómetro 625 de la Ruta 5 Sur. Oficios... 49 - Contaminación del litoral de Melinka con virus ISA. Oficios......................... 50 - Medidas para dotar de agua potable a islas de Aisén. Oficios......................... 50 -Asfaltado de ruta que une localidad de Loncotoro con Llanquihue. Oficio .... -Mejoramiento de la atención de salud en población Pablo Neruda de Valdi-51 Oficios....................................................................................................... 52 -Adquisición de ambulancia para sector costero de Valdivia. Oficios.............. -Incorporación de tecnología no contaminante en centrales termoeléctricas de 53 Región de Atacama. Oficios............................................................................ 53 -Reparación de infraestructura vial en comunas de Cholchol e Imperial. Oficios. -Solución a crisis generada en Iquique por prohibición de Bolivia de importar 54 vehículos usados desde Chile. Oficio............................................................... 55 - Ampliación de obras de vialidad en isla Huar, comuna de Calbuco. Oficio.... 56 - Pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de publicidad de programas del gobierno. Oficio..................................................... 58 - Preocupación por actos de violencia en Región de La Araucanía. Oficios...... 58 -Investigación de irregularidades en la Enap. Oficio ........................................ -Pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre revocación de decreto alcaldicio que prorroga contratos de funcionarios de San Carlos. 59 Oficio ............................................................................................................... - Construcción de pasarela peatonal en sector que une Coihueco con San 60 Fabián. Oficios................................................................................................. 60 IX.- Documentos de la Cuenta. - Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1. “Regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342”. (boletín N° 6355-0). 2. “Aprueba el Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y la República de Argentina, suscrito en Buenos Aires el 26 de abril de 1996, y celebrado en dicha ciudad el 25 de septiembre de .62 2008”. (boletín N° 6356-10) 3. “Modifica el D.F.L. N° 1 (G), de 1997 y establece normas de ajuste remuneracional para el personal de las Fuerzas Armadas que indica”. (boletín 86 N° 6358-05) -Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia, de “discusión inmediata”, para el despacho de los siguientes proyectos: 4. “Introduce diversas modificaciones a la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios y la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”. 88 (boletín N° 6349-06). 5. “Modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y de su inscripción automática en los Registros Electorales”. (boletín N° 3544-07)...................... - Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 97 6.“Sanciona conducta sobre maltrato animal”. (boletín N° 3250-12)................. 7.“Crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo”. (boletín 97 N° 6260-06) 8. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “modifica la ley 98 N° 17.798, sobre control de armas”. (boletín N° 5405-05).............................. 98 9. Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que “introduce diversas modificaciones a la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, ley N° 198.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios y ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre sistema de Inscripciones electorales y Servicio Electoral”. (boletín N° 6349-06) 10. Primer informe de las Comisiones Unidas de Economía, Fomento y Reconstrucción y Pymes recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que “fija normas especiales para las empresas de menor tamaño”. (boletín N° 5724-26) 11. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que “fija normas especiales para las empresas de menor tamaño”. (boletín N° 5724-26) 12. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que “introduce perfeccionamiento a la normativa que regula los Gobiernos Corporativos de las empresas”. (boletín N° 5301-05) 13. Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que “establece un nuevo asiento para el Juzgado de Letras de Chaitén”. (boletín N° 6072-07) 14. Informe de la participación de la diputada señora Vidal, doña Ximena, en la sesión del Parlatino realizada en Ciudad de Panamá en el mes de diciembre del año 2008 15. Moción de los diputado señores Chahuán y Sepúlveda, don Roberto, que “modifica el decreto con fuerza de ley N° 340, sobre concesiones marítimas, con el objeto de establecer la obligación de los concesionarios de preservar el medio ambiente marítimo y acuático libre de contaminación”. (boletín N° 6347-12).... - Moción de los diputados señores Chahuán, Aedo, Díaz, don Eduardo, Escobar, Mulet, Valenzuela y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, referidos a las siguientes materias: 16. “Modifica el artículo 80 de la Constitución Política de la República, para permitir la interposición de querellas por personas distintas a los ofendidos, en casos que indica”. (boletín N° 6351-07) 17. “Deroga inciso final del artículo 20 de la ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de Policía Local, para permitir a los jueces dejar en suspenso las sanciones que impongan a infracciones que indica”.(boletín N° 6352-07) 18. Moción de la diputada señora Pérez, doña Lily y del diputado señor Palma que “otorga protección en la entrega de datos privados a los fiscales del Ministerio Público”. (boletín N° 6353-07) 19. Moción de los diputados señores Mulet, Araya, Egaña, Escobar, Meza, Jarpa, Olivares, Robles, Rojas y Valenzuela, que “autoriza construir monumento en honor a la vida y obra del Senador Pedro León Gallo, en la ciudad de Copiapó”. (boletín N° 6354-24) 20. Moción del diputado señor Eluchans que, “modifica la ley N° 19.871, que autoriza erigir un monumento, en la localidad de isla Negra, en memoria de Pablo Neruda”. (boletín N° 6357-24 21. Certificado del Jefe de Unidad de Adm, de Causa del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, de Valparaíso, por el cual certifica que en causa RUC 0610014802-K, RIT 142-2008, la señora Laura Soto González fue comunicada de veredicto absolutorio, sentencia que se encuentra ejecutoriada. 230 X. Otros documentos de la Cuenta. -Petición de 54 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 N° 1 letra c), de la Constitución Política de la República, solicitan la formación de una “Comisión Investigadora que se aboque a investigar las actuaciones de la Superintendencia de pensiones (ex AFP), en relación con las medidas adoptadas para enfrentar la actual crisis económica internacional y las medidas para prevenir una mayor pérdida patrimonial en las pensiones de millones de chilenos, teniendo presente que: a) durante los últimos doce meses los multifondos A, B, C, D y E, arrojaron números negativos , lo que ha implicado importantes pérdidas en las cuentas de capitalización de las personas afiliadas a este régimen provisional, y b) la obligatoriedad del sistema de cotizaciones en las AFP, supone una evidente responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones de revalorizar estos recursos que son los que finalmente constituirán las jubilaciones. Asimismo, con el objeto de que se investiguen las medidas adoptadas para el acceso a la información por parte de los usuarios y el eventual uso de información privilegiada por parte de los directivos de las administradoras, teniendo en cuenta el eventual grave compromiso patrimonial de los fondos de pensiones que afecta a millones de afiliados. Para estos efectos la Comisión realizará su labor en un plazo de 60 días y podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”. -Oficios: Contraloría General de la República: -Diputado Ward, forma, utilización, asignación y legalidad de los recursos denominados “Fondo Social Presidente de la República”, desde 2006 a la fecha. Ministerio de Relaciones Exteriores: -Diputado Jaramillo, situación de Productores Lecheros Nacionales. -Proyecto de Acuerdo 679, declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército de Perú. -Proyecto de Acuerdo 681-A, ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. Ministerio de Hacienda: -Diputado Díaz don Marcelo, medidas Deudores PET Vulnerables. Ministerio de Defensa Nacional: -Diputado Jaramillo, creación de oficina de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, Dicrim, en La Unión. -Diputada Cristi, riesgo por emplazamiento de planta de gas propano en comuna de Peñalolén. Ministerio de Salud: -Diputado Mulet, Médicos Generales provincia de Huasco. Ministerio de Planificación y Cooperación: -Proyecto de Acuerdo 678, garantía de acceso a fuentes laborales a discapacitados. Policía de Investigaciones de Chile: -Diputado Súnico, elevar de categoría la actual Bicrim de Talcahuano. Municipalidad de Macul: -Diputado Salaberry, bonificación por retiro voluntario de profesores de Macul. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aguiló Melo, Sergio -Alinco Bustos, René -Allende Bussi, Isabel -Alvarado Andrade, Claudio -Pérez San Martín, Lily -Álvarez Zenteno, Rodrigo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, -Burgos Varela, Jorge -Schilling Rodríguez, Marcelo -Cardemil Herrera, Alberto -Correa De la Cerda, Sergio -Cristi Marfil, María Angélica -Cubillos Sigall, Marcela -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Del Río, Eduardo -Díaz Díaz, Marcelo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Eluchans Urenda, Edmundo -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Farías Ponce, Ramón -Fuentealba Vildósola, Renán -Galilea Carrillo, Pablo -García García, René Manuel -Girardi Briere, Guido -Godoy Ibáñez, Joaquín -Goic Boroevic, Carolina -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Isasi Barbieri, Marta -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -Leal Labrín, Antonio -León Ramírez, Roberto -Lobos Krause, Juan -Martínez Labbé, Rosauro -Masferrer Pellizzari, Juan -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Moreira Barros, Iván -Mulet Martínez, Jaime -Muñoz D’Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Palma Flores, Osvaldo -Paredes Fierro, Iván -Pascal Allende, Denise -Paya Mira, Darío -Pérez Arriagada, José -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rossi Ciocca, Fulvio -Rubilar Barahona, Karla -Saa Díaz, María Antonieta -Sabag Villalobos, Jorge -Saffirio Suárez, Eduardo -Salaberry Soto, Felipe -Sepúlveda Hermosilla, Roberto -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Tarud Daccarett, Jorge -Tohá Morales, Carolina -Tuma Zedan, Eugenio -Turres Figueroa, Marisol -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valcarce Becerra, Ximena -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vallespín López, Patricio -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Cárdenas, Mario -Venegas Rubio, Samuel -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Patricio -Ward Edwards, Felipe -Asistieron, además, los ministros de Defensa, don José Goñi; de Hacienda, don Andrés Velasco; de Cultura, doña Paulina Urrutia, y del Interior (S), don Patricio Rosende. -Concurrieron, también, los senadores señores Juan Pablo Letelier y Jorge Pizarro. -En misión oficial estuvieron ausentes los diputados señores Guillermo Ceroni, Alejandro García-Huidobro, Raúl Súnico y Jorge Ulloa. - II.APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.12 horas. El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III.ACTAS El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 117ª se declara aprobada. El acta de la sesión 118ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV.CUENTA El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. PERMISO CONSTITUCIONAL. El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el señor Núñez para ausentarse del país, por un plazo superior a treinta días, a contar del 9 de enero de 2009, a fin de dirigirse a Laos. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor ENCINA (Presidente).- De conformidad con lo dispuesto en la letra c) Nº 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, 54 diputados solicitan la creación de una comisión que “se aboque a investigar las actuaciones de la Superintendencia de Pensiones (ex AFP), en relación con las medidas adoptadas para enfrentar la actual crisis económica internacional, las medidas para prevenir una mayor pérdida patrimonial en las pensiones de millones de chilenos. Asimismo, con el objeto de que se investiguen las medidas adoptadas para el acceso a la información por parte de los usuarios y el eventual uso de información privilegiada por parte de los directivos de las administradoras. ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado? No hay acuerdo. Recuerdo a la Sala que se requiere el voto favorable de 46 diputados para proceder a lo pedido. En votación la petición. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Rechazada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Briere Guido; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Bauer Jouanne Eugenio; Cristi Marfil María Angélica; Masferrer Pellizzari Juan; Recondo Lavanderos Carlos; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Barros Montero Ramón; Rojas Molina Manuel. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, en el punto 16 de la Cuenta se informa que llegó un certificado de la institución que allí se señala respecto de un veredicto absolutorio relacionado con la diputada Laura Soto. ¿Qué significa eso? ¿Que la diputada está en condiciones de reintegrarse de inmediato a la Cámara? El señor ENCINA (Presidente).- Sí, señor diputado. Ella se puede reintegrar a sus labores parlamentarias cuando lo estime conveniente. Así se informó a los Comités. El señor BURGOS.- Gracias, señor Presidente. ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE ECONOMÍA. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia un proyecto que modifica las leyes Nºs. 19.628 y 20.285, sobre privacidad de datos personales. Solicito que sea enviado a la Comisión de Economía, que es la comisión técnica, porque está relacionado con tres iniciativas sobre base de datos que estamos tratando en ella y que, posteriormente, vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado? Acordado. V. FÁCIL DESPACHO REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE BIENES RAÍCES URBANOS DESTINADOS A EQUIPAMIENTO DE DEPORTE Y DE SALUD. Tercer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud, denominado “ley del mono de los deportistas”. Antecedentes: -Modificaciones del senado, boletín Nº 4304-14, sesión 121ª, en 8 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 4. El señor ENCINA (Presidente).- En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente, quiero agradecer y respaldar las modificaciones del Senado, que introducen algunos cambios de fondo a lo que la Cámara de Diputados aprobó, pero que en su gran mayoría son de forma. En primer lugar, establece un límite de antigüedad para que esos equipamientos puedan acogerse a los beneficios de la ley. En segundo lugar, dispone que se aplica básicamente a propiedades de personas jurídicas o del ámbito público. Por lo tanto, me alegro de que se esté poniendo término a la tramitación de esta iniciativa, que permitirá a centenares de clubes deportivos y pequeñas organizaciones barriales y comunitarias regularizar construcciones, muchas veces realizadas mediante campañas o programas de autoconstrucción. Espero que las modificaciones del Senado cuenten con el respaldo de la Sala. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación las modificaciones del Senado. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor ENCINA (Presidente).- Despachado el proyecto. VI. ORDEN DEL DÍA PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS RELACIONADAS CON LA NULIDAD DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES LOCALES. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que introduce diversas modificaciones en las leyes Nºs. 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades; 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y 18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, con urgencia calificada de “discusión inmediata”. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Felipe Ward. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 6349-06, sesión 120ª, en 7 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 1. Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social. Documentos de la Cuenta Nº 9, de esta sesión. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor WARD.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social paso a informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje y con urgencia calificada de discusión inmediata, que introduce diversas modificaciones en las leyes mencionadas por su señoría. La iniciativa en referencia fue aprobada en general por 8 votos a favor y 1 abstención. Votaron afirmativamente la señora Turres, doña Marisol, y los señores Duarte, Egaña, Godoy, Jaramillo, Ojeda, Valenzuela y Ward, en tanto que se abstuvo el señor De Urresti. El proyecto es orgánico constitucional en su totalidad, de acuerdo con los artículos 18, 113, 118 y 119 de la Carta Fundamental. En ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, el señor Presidente determinó que la iniciativa en informe no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda. A continuación, daré a conocer los artículos más relevantes del proyecto, dada su simpleza y la urgencia con que ha sido calificado. El artículo 1º incorpora a la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el siguiente artículo 84 bis: “Cuando el tribunal electoral competente hubiese declarado, mediante sentencia firme o ejecutoriada, la nulidad de una elección municipal de concejales, el consejo regional se integrará transitoriamente por consejeros elegidos por los concejales de la región, constituidos en colegio electoral por cada una de las provincias respectivas, excluyéndose aquellas provincias en las cuales existiere una o más comunas cuya elección de concejales hubiere sido anulada. Para el caso de estas últimas provincias, continuarán en ejercicio aquellos consejeros regionales que hayan sido elegidos en la anterior elección en representación de las mismas. Estos consejeros permanecerán en sus cargos hasta la fecha de investidura de quienes resultaren electos, según lo dispuesto en el inciso siguiente”. Su último inciso agrega: “El mandato de los consejeros regionales elegidos de conformidad al inciso anterior se extenderá hasta completar el período que reste para cumplir el plazo de cuatro años establecido en el artículo 30 de la presente ley.” El artículo 2º incorpora a la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, el siguiente artículo 62 bis: “En caso de nulidad del acto eleccionario de alcalde, declarada por sentencia firme o ejecutoriada por el tribunal electoral competente, las funciones correspondientes serán desempeñadas por el secretario municipal, hasta la investidura del nuevo alcalde.” Además, agrega el siguiente artículo 78 bis a dicha ley. “En caso de nulidad del acto eleccionario de concejales, declarada por sentencia firme o ejecutoriada por el tribunal electoral competente, las funciones a que se refieren los artículo 64 y 65 serán desempeñadas, en conjunto y de consuno, por los cuatro funcionarios en ejercicio que sigan al alcalde en orden de jerarquía, con exclusión del juez de policía local, hasta la instalación del nuevo concejo. “Con todo, cuando el tribunal electoral competente hubiese declarado la nulidad de una elección de alcalde y concejales, mediante sentencia firme o ejecutoriada, las atribuciones a que se refiere el inciso anterior serán desempeñadas, en conjunto y de consuno, por los cuatro funcionarios en ejercicio que sigan al alcalde en orden de jerarquía, con exclusión del secretario municipal y del juez de policía local, hasta la instalación del nuevo concejo.” Las disposiciones contenidas en el artículo 3º del proyecto son adecuaciones de carácter formal que dan cuenta de lo antes señalado y que le dan forma. El artículo 4º incorpora a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el siguiente artículo 99 ter: “Cuando el Tribunal Calificador declare nulo un acto eleccionario por vicios o defectos en el Registro Electoral, se remitirán los antecedentes al juzgado de garantía competente, para que éste proceda a la exclusión de aquellas personas que han sido inscritas en contravención a la ley. El nuevo acto eleccionario se realizará en base a los Registros Electorales correspondientes, exceptuadas las inscripciones excluidas de conformidad al inciso anterior”. Los dos artículos transitorios, básicamente, son la aplicación práctica de las adecuaciones a las leyes mencionadas y que tienen que ver con la solución del problema que se ha creado en la comuna de Sierra Gorda, donde no hay concejo en funciones; por lo tanto, el Colegio Electoral de la Segunda Región está incompleto, lo que provoca un problema de dimensiones, en consideración a que el 19 de febrero es el último día de funcionamiento del actual gobierno regional. El proyecto fue tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de fechas 7 y 8 de enero de 2009, con la asistencia de los señores Jaramillo, don Enrique; Becker, don Germán; De Urresti, don Alfonso; Duarte, don Gonzalo; Egaña, don Andrés; Godoy, don Joaquín; Kast, don José Antonio; Ojeda, don Sergio; señora Pascal, doña Denise; señor Quintana, don Jaime; señoras Tohá, doña Carolina, y Turres, doña Marisol; señor Valenzuela, don Esteban, y quien habla. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, el proyecto modifica cuatro leyes orgánicas. Es sencillo y resuelve una situación puntual, pero, a la vez, establece reglas por si se vuelve a producir el problema. Es un tema sobre el que no se ha legislado. Se trata de un verdadero vacío legal que la iniciativa pretende llenar. Lo normal es que las elecciones municipales se realicen en la forma regulada por la ley, y que los alcaldes y concejales sean elegidos sin ningún problema, tanto para el Gobierno como para la administración de la respectiva comuna. Lo normal es que los concejales, una vez elegidos y constituidos en colegio electoral por cada una de las respectivas provincias, elijan al consejo regional de la manera en que lo estipula la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobiernos y Administración Regional. Pero ha ocurrido lo que la ley no previó: en la comuna de Sierra Gorda -pudo haber sido en cualquiera otra- se detectaron graves irregularidades que llevaron a que el Tribunal Electoral declarara nula la elección. Eso ha significado que la referida comuna no tenga sus concejales y, por lo tanto, que la Segunda Región tampoco tenga sus consejeros regionales. Por supuesto, la situación está alterando la normal administración regional, por la trascendencia e importancia del consejo regional en la decisión y autorización de los respectivos proyectos, programas o fondos regionales. Es una situación compleja y difícil, que hay que resolver. La Segunda Región debe elegir sus consejeros, lo que no se puede hacer por la nulidad de la elección de la comuna de Sierra Gorda. La solución la da el proyecto que estamos analizando. Ante la referida nulidad, el proyecto establece que “el consejo regional se integrará transitoriamente por representantes elegidos por los concejales de la región, constituidos en colegio electoral por cada una de las respectivas provincias, excluyéndose aquellas provincias en las cuales existiere una o más comunas cuya elección de concejales hubiere sido anulada.” Pienso que eso es porque los antiguos concejales y consejeros no responden a una nueva evaluación o no están a la par con los nuevos consejeros regionales en cuanto a identidad o representación electorales. “Para el caso de estas últimas provincias, continuarán en ejercicio aquellos consejeros regionales que hayan sido elegidos en la anterior elección en representación de las mismas.” Una vez realizada la nueva elección de concejales en aquellas comunas en que se anuló la anterior, se llevará a cabo la elección de consejeros regionales que correspondan a la o las provincias excluidas. También se resuelve de muy buena manera y se legitima una situación en el caso de la nulidad de la elección de alcaldes. Si la declaración de nulidad fuere de una elección de alcalde y concejales, las atribuciones serán desempeñadas en conjunto y de consuno, por los cuatro funcionarios en ejercicio que sigan al alcalde en orden de jerarquía, con exclusión del secretario municipal y del juez de policía local, hasta la instalación del nuevo concejo. En el caso de la declaración de nulidad del acto eleccionario de los concejales, serán desempeñadas por los cuatro funcionarios en ejercicio que siguen al alcalde en orden de jerarquía, con exclusión del juez de policía local. Este proyecto de ley, aprovechando la situación de Sierra Gorda, pretende resolver en general y a futuro la inexistencia de concejales por nulidad de la elección o por otras circunstancias, y también, en particular la elección de los consejeros de la Segunda Región, que por la nulidad de la elección de concejales de esa pequeña comuna, la constitución del consejo regional está entrabada, impidiendo así las decisiones regionales de los programas y proyectos. A lo mejor, como decíamos tal vez irónicamente, pero con mucha legitimidad, el proyecto nace como un mono con cara de gato y cuerpo de elefante, porque se entregan atribuciones que tal vez alteren las funciones constitucionales. Pero las situaciones como éstas, que se salen de la normalidad y de la reglamentación, requieren de una solución rápida. En este caso, la gente la quiere. Sin embargo, también es necesario que estemos muy atentos a ese tipo de situaciones, porque cuando se suscitan, generan alteraciones y perjuicios para la zona. Entonces, es necesario que el Ejecutivo dicte normas que sancionen el abultamiento del padrón electoral de una comuna por el traslado de electores de una a otra, lo que altera sustancialmente y artificialmente la correlación de fuerzas políticas en las respectivas comunas. Son algunos de los vicios electorales que empañan nuestro proceso electoral y que, desde luego, debemos corregir, para que no se altere la voluntad de la decisión ciudadana. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el diputado informante se ha referido ya a la simplicidad del proyecto que estamos tratando. Con ello solucionaremos varios vacíos de nuestra legislación cuando un acto eleccionario, en este caso municipal, se declara nulo. Sin embargo, hay que hacer una reflexión sobre la iniciativa. El fundamento de este proyecto fue la inscripción electoral de cientos de personas con domicilios que no existen en la comuna de Sierra Gorda. En otras palabras, existió acarreo de votantes hacia esa comuna, algo que no va con la democracia y que da cuenta de un vacío en la legislación. Dicha situación perjudicó a los verdaderos habitantes de esa comuna, contaminó el acto electoral y distorsionó sus resultados. Se incurrió en una ilegalidad -que podría repetirse en otras comunas-, debido a lo cual el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta anuló la elección de alcalde y concejales de Sierra Gorda, la cual deberá repetirse en una fecha próxima. No obstante ello, se ha generado una serie de inconvenientes para la elección de los respectivos consejeros regionales, ya que no se han constituido los colegios electorales de ninguna de las provincias de la región pues no existe concejo instalado en la comuna de Sierra Gorda. Como señalé, el proyecto es simple: busca remediar la situación antes descrita, al permitir que el consejo regional se constituya con los nuevos consejeros de las provincias que han tenido problemas más los antiguos consejeros, en este caso por Antofagasta, los cuales se elegirán e integrarán una vez que se realice una elección municipal limpia en Sierra Gorda. Eso lo manifestó claramente -al margen del relator del proyecto, señor Felipe Ward- el diputado señor Manuel Rojas, quien agregó que debió haberse legislado con anticipación y con una premura diferente a la actual, pues debido a lo ocurrido en la Región de Antofagasta ya se hizo un comentario adverso respecto de la legislación correspondiente. A su vez, la comuna será dirigida interinamente por el secretario municipal más los funcionarios que le siguen en rango como concejo, hasta la nueva elección de las autoridades comunales. Con la aprobación de esta iniciativa, se impedirá que en el futuro se generen problemas como el dado a conocer en caso de repetirse lo sucedido en la comuna de Sierra Gorda, pues se salvará la situación que afecta a la región correspondiente respecto de los consejeros regionales. Esperamos la aprobación de este proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, y que modifica distintas leyes sobre la materia. Por último, anuncio que la bancada del Partido por la Democracia aprobará, sin lugar a dudas, la iniciativa. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, sin duda éste es un proyecto bastante complejo. Modifica diversas legislaciones, lo que amerita mayor profundidad en el análisis respecto de la subrogancia, específicamente en materia alcaldicia, por ciertas irregularidades. Pero, en el fondo, también nos encontramos con un tema legal judicial, que dice relación con dos resoluciones de tribunales distintos -eso, no cabe duda, complica aún más este proyecto- respecto de una misma situación. Por un lado, la resolución del Tribunal Electoral respecto a la denuncia de acarreo de gente realizado por distintos partidos hacia una comuna determinada para una elección popular y, por otro, sobre ese mismo hecho, el Ministerio Público determina, de acuerdo a la información que tenemos, que es válido que un ciudadano pueda tener la intención de inscribirse en el lugar que estime conveniente. Por lo tanto, aquí tenemos algo mucho más profundo que sólo una subrogancia. Considero válido que el subsecretario asuma estas preocupaciones para que el Senado profundice el estudio de ciertos problemas. Hoy buscamos resolver, en primer lugar, el problema que se produce con la no elección del alcalde en una comuna y, en segundo término, los efectos que genera la no elección de alcalde y concejales en la instancia gubernativa-administrativa de un gobierno regional. En el caso de nulidad del acto eleccionario de alcalde se determinó que las funciones correspondientes sean desempeñadas por el secretario municipal, lo cual nos parece correcto dado que, dentro del órgano rector municipal, el secretario municipal es quien tiene mayor rango. Y se da la potestad a los directivos del municipio que se encuentra en problemas para que asuman las funciones y las tomas de decisiones colegiadas, como lo haría el respectivo concejo. La propuesta inicial del acuerdo sostenido con el diputado Felipe Ward y en conversaciones con el Gobierno, representado por el ministro Viera-Gallo, respecto de la elección de los consejeros regionales por esta situación, era algo fácil: proyectar en el tiempo el Core -órgano colegiado- ya establecido hasta resolver el problema, con la esperanza de que ello ocurra rápidamente, para darle vida después en las elecciones formales. Así, se llegó a un consenso inicial. Sin embargo, ¿por qué no se proyectó planteamos la dificultad en la discusión- este órgano colegiado? Porque en la constitución del consejo regional de Antofagasta intervienen tres provincias: El Loa, Tocopilla y Antofagasta, las dos primeras ya están listas tanto con el proceso municipal como con la posibilidad de realizar la elección del core, para solamente prorrogar la vigencia de los cargos de los consejeros regionales de Antofagasta, lo cual también es una alternativa. Nosotros sugerimos que sería interesante que este cuerpo colegiado ya establecido y trabajando se mantuviera en el tiempo. Sólo quiero poner de manifiesto nuestra preocupación respecto de la situación municipal -esto también lo plantearon otros parlamentarios- sobre la subrogancia, la potestad, derechos y deberes administrativos mientras no haya respuesta de los tribunales pertinentes. Ello también debe asociarse a los incentivos económicos que una subrogancia puede significar. En el caso de que alguno asuma la responsabilidad directa como alcalde, debemos analizar si puede o no recibir el sueldo respectivo. Planteamos nuestras dudas y ya las informamos al subsecretario. Por último, esperamos -repito- que la aprobación del proyecto permita solucionar un vacío legal, que lo ocurrido en la Región de Antofagasta no se vuelva a repetir y que como aquí se ha dicho- las cosas se hagan de manera transparente, sobre todo en los procesos eleccionarios. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, este proyecto -que busca solucionar un inconveniente producido en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta- ha llevado a una reflexión, al menos dentro de la Comisión de Gobierno Interior, que apunta a ver de qué manera, una vez declarado nulo un acto eleccionario, puede llevarse adelante una nueva elección de alcaldes y concejales y, en forma subsidiaria indirecta, qué ocurre con los consejeros regionales. Fui el único que se abstuvo en la votación del proyecto en la Comisión de Gobierno Interior, porque creo que la solución que se propone no apunta al problema de fondo, pues con ella se afecta la constitucionalidad de la iniciativa. Entiendo absolutamente la voluntad de salir adelante, de resolver el inconveniente que existe en Sierra Gorda, donde hoy no hay alcalde ni concejo y, por añadidura, no se ha podido elegir a los correspondientes consejeros regionales. Pero, reitero, a mi juicio, la solución no garantiza la constitucionalidad del proyecto. En concreto, el número 2 del artículo 2º de la iniciativa establece: “Agrégase el siguiente artículo 78 bis: “Artículo 78 bis.- En caso de nulidad del acto eleccionario de concejales, declarada por sentencia firme o ejecutoriada por el tribunal electoral competente, las funciones a que se refieren los artículos 64 y 65 serán desempeñadas, en conjunto y de consuno, por los cuatro funcionarios en ejercicio que sigan al alcalde en orden de jerarquía, con exclusión del juez de policía local, hasta la instalación del nuevo concejo.”. Ese precepto está en absoluta colisión con el artículo 119 de la Constitución Política de la República, que señala textualmente: “En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir al alcalde. El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.” Podemos interpretar que lo que hace este proyecto es entregarle a esos funcionarios las facultades del concejo municipal, más no la calidad de concejales. Está bien; es una interpretación posible. Pero hay que ser rigurosos en la discusión jurídica y no sólo establecer una norma para el caso de marras, el de Sierra Gorda, sino anticiparse y proyectarse para que inconvenientes de esa naturaleza no ocurran en otras regiones. Ésa es una de las razones que manifesté en la Comisión de Gobierno Interior y que me llevó a abstenerme cuando votamos el proyecto. Estoy de acuerdo con avanzar en la búsqueda de una solución, pero debemos poner atención a esa situación particular. En todo caso, creo que el tema de fondo que subyace en esta discusión es la necesidad de avanzar efectivamente hacia la elección democrática de los consejeros regionales. Las últimas semanas hemos visto cómo a lo largo de todo el país se han producido situaciones francamente impresentables. La comunidad no sabe quiénes son sus consejeros regionales, porque son elegidos entre cuatro paredes. Por norma constitucional, los ciudadanos tienen la facultad de elegir Presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes y concejales, pero no sus consejeros regionales, que son quienes deciden acerca de proyectos fundamentales para el desarrollo de la respectiva región, que en muchas ocasiones involucran importantes y contundentes montos de dinero. Seguimos con déficit en la profundización de nuestra democracia al no haber traspasado a los ciudadanos la capacidad de decidir quiénes serán sus consejeros regionales. ¿Por qué debemos tener un sistema de elección indirecta? ¿Por qué le tememos a la ciudadanía? Si hemos establecido la posibilidad de que en los concejos haya representantes de todos los colores políticos, ¿por qué no avanzar hacia un sistema de elección democrática de los consejeros regionales? Ése es el tema de fondo en esta discusión. Si bien el proyecto resuelve el problema de Sierra Gorda, no apunta al fondo de la cuestión: que es avanzar hacia una democratización efectiva de la instancia regional y consagrar definitivamente la elección popular de los consejeros regionales y más aún, de los gobiernos de las regiones. ¿Por qué no elegir también al presidente de cada gobierno regional? ¿A qué le tememos? ¿A esta sacrosanta institución del estado unitario? Varios de los países de América, como Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, eligen a las autoridades de sus regiones. Ésta es una discusión tremendamente importante para expandir la participación y la capacidad de decidir de las regiones y de sus ciudadanos, que deben tener la facultad de elegir a quien quieren que los gobierne. Ése es el tema de fondo. Por las objeciones constitucionales que he señalado y por la razón de fondo, de principios que he expresado: la necesidad de avanzar en la elección democrática de las autoridades regionales a través del voto popular, anuncio mi abstención en la votación de este proyecto. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, los diputados de la bancada PRI e Independiente apoyamos esta iniciativa que viene a resolver un problema puntual que se generó en la última elección municipal, específicamente en la comuna de Sierra Gorda, donde el Tribunal Calificador de Elecciones anuló la elección de concejales, luego de las denuncias de vicios de inscripción en el padrón electoral que hicieron ciudadanos y candidatos de la comuna. Esto dejó al descubierto una serie de vacíos en nuestra legislación. Así, quedó en evidencia que la ley no establece un mecanismo de subrogación de alcalde o de concejales en caso de que se anule la elección de dichas autoridades, ni tampoco cómo proceder a la elección de los consejeros regionales ante esa situación, por lo que en la Segunda Región no se pudo llevar a efecto. Asimismo, hay que resolver el vacío que dice relación con el gasto electoral, dado que como el Servicio Electoral ha entendido que la elección ya realizada es la vigente, los candidatos cuya elección fue anulada deberán presentar su rendición de cuenta sin saber la votación que efectivamente obtuvieron y, por tanto, cuál es el monto de dinero cuyo reembolso pueden solicitar al Estado. Por otro lado, el caso de Sierra Gorda dejó al descubierto la fragilidad de nuestro sistema de inscripción electoral, dado que como en Chile las personas pueden fijar su domicilio de acuerdo con su interés, sin tener mayores ataduras para ello, salvo determinadas autoridades que ejercen funciones públicas, como los jueces y, eventualmente, los parlamentarios, no hay obligación de residir en la comuna donde uno vota, lo que permite que se produzcan situaciones como la que nos ocupa, lo cual, obviamente, distorsiona las elecciones. En efecto, en la comuna de Sierra Gorda viven entre 300 y 400 personas habitualmente, pero en las elecciones votan entre 3 mil y 4 mil, lo que demuestra que, sin duda, se realiza un acarreo de electores que afecta a la voluntad popular. Este proyecto de ley entrega una solución que, a nuestro juicio, es bastante salomónica y posibilita zanjar el problema puntual que hoy afecta a la provincia de Antofagasta y a la comuna de Sierra Gorda, pero, además, permitirá contar con una norma clara para el futuro respecto de qué debe hacerse con la elección de los consejeros regionales cuando ocurran situaciones como la sucedida en la mencionada comuna. En ese sentido, nos parece correcto que en aquellas provincias cuya elección no fue cuestionada puedan elegir sus consejeros regionales y prorrogar el mandato de los de aquellas provincias en las cuales se ha anulado una o más elecciones locales. De esa manera, lo que ocurrirá en la Segunda Región es que las provincias de El Loa y Tocopilla deberán elegir a sus consejeros regionales dentro de los quince días siguientes a la aprobación de esta iniciativa, en tanto que los ocho consejeros regionales que representan actualmente a la provincia de Antofagasta continuarán en sus funciones hasta que se realice otra vez la elección municipal en Sierra Gorda y tengamos nuevamente cuerpo electoral. Entendemos que ésa es una solución bastante salomónica, como ya se planteó en el debate. En todo caso, hay algunos temas que nos preocupan. Uno de ellos nos lo hicieron presente funcionarios municipales de Sierra Gorda: mientras se subsana la situación ocurrida en esa comuna, el secretario municipal deberá cumplir las funciones del alcalde y se creará una suerte de concejo integrado por los cuatro directivos de más alto rango de la municipalidad, sin que reciban la remuneración correspondiente. Creo no equivocarme al sostener que la ley orgánica de Municipalidades no considera la posibilidad de que los funcionarios municipales que deberán a asumir esas funciones extras puedan recibir la remuneración que corresponda a los otros cargos que ejercerán. En concreto, el secretario municipal no percibirá la remuneración de alcalde y los funcionarios directivos que constituirán esa suerte de concejo transitorio no recibirán la dieta que corresponde a un concejal. Por esa razón, para no entrabar la discusión de este proyecto, que estamos dispuestos a aprobar, le solicitamos al ministro del Interior subrogante, el señor Patricio Rosende, que en el Senado se revise ese aspecto que dice relación con las remuneraciones de quienes deberán asumir esas tareas extraordinarias. Esperamos que lo que ocurrido en Sierra Gorda sirva como ejemplo y que en el proyecto que establece la inscripción automática y el voto voluntario se corrijan las normas que permiten que se produzcan ese tipo distorsiones en materia electoral. Quizás el caso de Sierra Gorda sea el ejemplo más palpable de lo que ocurre en muchas comunas pequeñas de nuestros país, donde una gran cantidad de candidatos, con el objeto de ser elegidos, inscriben electores que no tienen ninguna relación con la comuna y cuyos votos distorsionan la voluntad popular, lo que, al final, perjudica a la gente que vive día a día en ese lugar. Ojalá que el nuevo sistema propuesto termine con esas distorsiones y las comunas elijan a sus representantes sin este tipo de anormalidades, dado que son los municipios los que deben conocer los problemas reales de la gente y encarnar su voluntad. Cuando concejales o alcaldes que no son de la comuna porque han sido elegidos producto de este sistema de acarreo, no representan las verdaderas necesidades de sus habitantes. En consecuencia, anuncio que la bancada de diputados independientes y del Partido Regionalista de los Independientes apoyará esta iniciativa. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward. El señor WARD.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la disposición del Ejecutivo para resolver un problema grave que actualmente enfrentamos en la Segunda Región producto de la situación que se generó en la comuna de Sierra Gorda. Finalmente, se modifica el colegio electoral para efectos de la elección de los consejeros regionales, ya que los actuales cesan en sus funciones el próximo 19 de febrero. Hace aproximadamente tres semanas, junto con el diputado Manuel Rojas conversamos con el ministro Viera-Gallo y le dimos a conocer que esta situación se venía encima y que era necesario que el Gobierno también participara en su solución. Entonces, se produjo un acercamiento, que se plasmó en un mensaje que inició un proyecto de ley, el que fue analizado por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social. Además, agradezco el aporte del señor subsecretario del Interior, con quien tuvimos la oportunidad de estudiar este proyecto en la Comisión. Al final, llegamos a un acuerdo y votamos la iniciativa tal como se propuso, en el sentido de que aquellos consejeros de la comuna con problemas -Sierra Gorda- van a seguir transitoriamente en sus funciones en el consejo regional y sólo serán elegidos los que pertenezcan a las comunas de las provincias de El Loa y Tocopilla. Como esta situación me preocupa mucho, ayer conversé nuevamente, junto con el senador Carlos Cantero, con el ministro José Antonio Viera-Gallo, a quien solicitamos que estudiara la posibilidad de realizar una modificación a este acuerdo, a fin de mantener en funciones a todos los consejeros regionales, tanto los de la provincia de Antofagasta como los de El Loa y Tocopilla, hasta que se solucione el problema en Sierra Gorda y que, además, este procedimiento se propusiera como permanente para resolver problemas similares, a diferencia de las modificaciones planteadas en el presente proyecto de ley. La disposición del ministro Viera Gallo fue favorable, por lo que esperaba que durante el transcurso de la mañana se presentara la correspondiente indicación del Ejecutivo, que no ha llegado y que, entiendo, finalmente no va a llegar. En tal sentido, tuve una conversación de carácter privado con el subsecretario del Interior -que no es necesario reproducir en esta instancia-, que me confirma que no se presentará esa indicación. Los diputados de la UDI mantendremos nuestro acuerdo y votaremos favorablemente la iniciativa tal como viene, pero manifiesto mi preocupación, porque ayer habíamos llegado a un acuerdo con el Ejecutivo distinto al contenido en este proyecto, y, aunque esperé que esta mañana llegara una indicación a la Sala, ello no ha ocurrido. Obviamente, nuestra recomendación a los senadores de la UDI será que aprueben el proyecto sólo si se presenta la modificación que esperamos. La presente iniciativa se declaró de “discusión inmediata” y sólo disponemos de dos semanas legislativas más en enero, por lo que, en lo posible, queremos evitar que se llegue al tercer trámite constitucional. En fin, las cosas se han desarrollado en la forma en que se han planteado. Anuncio que vamos a mantener el acuerdo, con las aprensiones y preocupaciones que ya he manifestado, producto de la conversación que mantuve ayer con el ministro secretario general de la Presidencia. En segundo lugar, me interesa señalar que el artículo 4º de este proyecto, que modifica la ley Nº 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, presenta un problema que, a nuestro juicio, es bastante grave: consagra una nueva causal de nulidad electoral. En nuestro ordenamiento jurídico no existe norma expresa que permita la nulidad de las elecciones por vicios en el padrón electoral. Este proyecto reconoce y legaliza la jurisprudencia instaurada por el Tricel. Por lo tanto, ante las consecuencias y efectos negativos que esta modificación puede producir en la calendarización, conservación, certeza y unidad de nuestros actos electorales, pido formalmente la votación separada del artículo 4º del proyecto. Por último, reitero lo señalado al principio de mi intervención. Aunque comprendo que se trata de una situación que debe resolverse de manera urgente y que el proyecto debe pasar a segundo trámite constitucional, habría sido positivo que hubiera llegado a la Sala con la fórmula convenida con la Alianza por Chile. Todavía falta que pase al Senado, lo cual, por la calificación de la urgencia del proyecto, seguramente ocurrirá mañana, por lo que espero que las conversaciones que se sostengan con los representantes de la Subsecretaría del Interior o del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en el sentido descrito, eviten que su tramitación se prolongue. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el ministro del Interior subrogante, señor Patricio Rosende. El señor ROSENDE (ministro del Interior subrogante).- Señor Presidente, estamos frente a una situación excepcional y emblemática que, por cierto, requiere una solución especial. No es común ni habitual en el país que se declare la nulidad de una elección, como ha ocurrido en la comuna de Sierra Gorda. Este caso, es único y esperamos que no se repita, porque confiamos en que la próxima elección de consejeros regionales será directa, por lo que no se volvería a enfrentar una situación como la que hoy nos ocupa en los colegios electorales que hoy actúan en la elección de los consejos regionales. La filosofía de este proyecto -así lo acordamos en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social- era resolver el tema municipal de la manera descrita por los señores diputados, de modo que el secretario municipal asuma la función de alcalde por un período incierto, porque no sabemos cuándo los tribunales resolverán definitivamente la situación. Al respecto, me interesa aclarar un punto planteado por los diputados Araya y Rojas. El secretario municipal no asume como subrogante, sino como suplente. En consecuencia, las dudas respecto del sueldo de esa persona se resuelven de acuerdo con el artículo 6º del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que señala que cuando un cargo esté vacante y asuma un suplente, no un subrogante, esa persona tendrá derecho a percibir la remuneración asignada a tal cargo. No es la misma situación del subrogante, que desempeña el cargo sólo por un plazo de treinta días. De modo que el problema planteado está resuelto. En el caso del concejo, este proyecto no crea un nuevo concejo, porque no se puede ya lo señaló el diputado De Urresti-. Sierra Gorda será la única comuna del país que no tendrá concejo durante un período indeterminado de tiempo. Pero como es necesario que el alcalde cumpla las funciones que le señala la ley, se estableció que los cuatro funcionarios en ejercicio de mayor jerarquía dentro del municipio -sin contar, en el caso de Sierra Gorda, al secretario municipal- puedan asumir las funciones que la ley entrega al concejo, sin ser concejales. Por ejemplo, pueden prestar el acuerdo al alcalde para determinadas inversiones o decisiones que deban adoptarse, sin las cuales se paralizaría la municipalidad. El tema urgente es el relacionado con el consejo regional, que, como en el resto del país -y la región de Antofagasta no puede ser la excepción-, tiene que estar constituido en febrero. Además, en la Comisión se discutió la posibilidad de prorrogar el ejercicio del consejo regional actual. Al respecto se argumentó que hacerlo de una manera distinta alteraría los equilibrios y la representación política que hoy existe en el consejo regional de Antofagasta. El Gobierno tenía una posición inicial distinta, en el sentido de proceder a una elección completa del consejo, de manera transitoria, y repetirla una vez que la situación en Sierra Gorda se consolidara. En la discusión y en el acuerdo de la Comisión de Gobierno Interior señalamos que en las provincias y comunas en las que no han existido problemas, esto es, El Loa y Tocopilla, debe procederse, en plazos muy breves, a constituir el colegio electoral y elegir a los consejeros que corresponda. Por su parte, Antofagasta mantendrá a sus actuales consejeros por el incierto período que demoren los tribunales en resolver la situación. ¿Por qué se ha decidido actuar en esos términos? Porque nos parece que ésa es una solución mucho más transparente y democrática. Si se observa cuál es la conformación actual de las fuerzas políticas en Antofagasta y cuál es la voluntad soberana, al menos ese consejo regional, elegido en la forma en que lo propone el proyecto, va a recoger, de alguna manera, la representatividad política y la voluntad soberana de la región. No hacer eso sería reconocer que la representación y la realidad política de hace cuatro años es la misma que existe hoy, lo que, a nuestro juicio, no es adecuado ni conveniente. El proyecto establece un consejo regional mixto que va a durar el tiempo que la ley señala en el caso de los consejeros de Tocopilla y El Loa y un período distinto, para los de Antofagasta, que dependerá de la decisión de los tribunales. Reitero, ésta es una situación que nos urge porque tenemos que constituir ese consejo en el mes de febrero; además, es allí donde se resuelve buena parte de la inversión pública de la región. Esa es la razón por la cual no podemos esperar mucho tiempo para solucionar el problema. Muchas gracias. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el problema de Sierra Gorda no es fácil de abordar. Por lo demás, la duda planteada por el diputado De Urresti es razonable. De hecho, el inciso segundo del artículo 119 de la Constitución Política de la República establece que el concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva”. El ministro del Interior subrogante, don Patricio Rosende, lo ha explicado bien, ya que se trata de buscar una solución transitoria a este problema, la que, seguramente, no sería tan compleja si los consejeros regionales se eligieran en forma democrática y en elección universal. Espero que ésta sea la última ocasión en que tengamos que analizar una fórmula tan rebuscada para resolver este problema. En la comuna de Cholchol, Región de La Araucanía, ocurre una situación similar, sólo que ahí la nueva elección es para elegir el alcalde; en este caso, se anuló todo el proceso, incluido el padrón. Insisto, no sólo se trata del gobierno comunal, sino que, como los concejales son los que eligen a los consejeros regionales, existe una complejidad adicional, ya que hoy no existe un órgano que decida sobre las inversiones públicas en la comuna. Por tanto, debemos resolver esto en la forma propuesta por el Ejecutivo. La solución propuesta para el gobierno comunal es que el secretario municipal asuma como alcalde suplente, pero lo que ha originado más discusión tiene que ver con los concejales. Está claro que las cuatro primeras antigüedades que siguen en el escalafón jerárquico al secretario municipal lo van a asesorar en la toma de decisiones, pero ellos no van a tener la función de representar a la comunidad y, como bien decía el ministro del Interior subrogante, no va a haber concejo hasta que el problema quede zanjado por la justicia y se efectúe la elección. Pero los plazos nos apremian. El 19 de febrero tiene que estar instalado el consejo regional, al igual que en el resto del país. Por eso, vamos a dar nuestro apoyo a la solución propuesta y analizada en la Comisión de Gobierno Interior, tal como allí lo hicieron presente la diputada Carolina Tohá y el diputado Enrique Jaramillo, porque estamos preocupados de lo que ocurre en las regiones y porque, producto de un hecho insólito, hoy una región se encuentra en una situación de falta de conducción e inseguridad para sus habitantes. Por eso, vamos a aprobar el proyecto en discusión. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor ENCINA (Presidente).- En votación general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que introduce diversas modificaciones en las leyes Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades; Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y Nº 18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 66 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado en general. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: De Urresti Longton Alfonso; Mulet Martínez Jaime. El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, por no haber sido objeto de indicaciones, se dará por aprobado también en particular, dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido, con excepción del artículo 4º, respecto del cual se ha pedido votación separada. Acordado. En votación particular el artículo 4º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 66 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 81 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Araya Guerrero Pedro; Díaz Del Río Eduardo; Espinoza Sandoval Fidel; Muñoz D’Albora Adriana; Silber Romo Gabriel; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Estay Peñaloza Enrique; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: De Urresti Longton Alfonso; Farías Ponce Ramón. El señor ENCINA (Presidente).- Despachado el proyecto. PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE EMPRESAS. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de “suma”, el proyecto de ley que introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas. Diputados informantes de las Comisiones de Hacienda y de Constitución, Legislación y Justicia son los señores Rodrigo Álvarez y Gonzalo Arenas, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 5301-05, sesión 72ª, en 4 de septiembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informe de la comisión de Hacienda, sesión 69ª, en 2 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 21. -Informe de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta Nº 12, de esta sesión. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre el proyecto que introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas. Se trata de una iniciativa particularmente relevante, entre aquellas que ha aprobado la Comisión de Hacienda. En líneas generales, se recomienda a esta Sala votarlo afirmativamente, porque produce un cambio en nuestra normativa, alineamientos a nivel internacional del derecho corporativo chileno y, al mismo tiempo, permite agregar valor a muchas empresas que hoy tienen que acogerse a las normas de las leyes Nºs 18.045 y 18.046. La idea matriz del proyecto en informe consiste en incrementar los estándares y la eficacia de los gobiernos corporativos de las empresas mediante la modificación de la ley de Sociedades Anónimas y de la ley de Mercado de Valores tendiente a incrementar la divulgación de información al mercado, perfeccionar las normas sobre el uso de información privilegiada, incorporar los directores independientes a los directorios, regular los comités de directores y las operaciones con partes relacionadas y los conflictos de interés; potenciar el funcionamiento de la junta de accionistas, perfeccionar las normas sobre el voto de los accionistas, elevar estándares de la auditoría externa y perfeccionar el mecanismo de las Opas. El informe es extraordinariamente amplio, complejo y bien desarrollado. Por eso, sólo haré mención a los aspectos más importantes del proyecto. Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Andrés Velasco, ministro de Hacienda; Guillermo Larraín, superintendente de Valores y Seguros; Hernán López, intendente (S) de Valores; Luis Felipe Céspedes, asesor jefe; Héctor Lehuedé, asesor de política tributaria; Juan Luis Monsalve y Rodrigo González, asesores de dicha Cartera de Estado; la señorita Anne Traub, asesora legislativa, todos del Ministerio de Hacienda; Felipe Divin, jefe de Gabinete, y Daniel García, jefe de Comunicaciones, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros. Concurrieron, además, los señores José Monsalve, presidente del Instituto de Auditores A.G.; Renzo Corona y Orlando Jeria, directores, y la señora Tatiana Munro, abogada, todos de dicha institución; Rafael Aldunate, director económico del Instituto Libertad; Axel Buchheister, director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo; Felipe Cousiño, socio del estudio jurídico Alessandri y Compañía; Fernando Lefort, secretario ejecutivo del Centro para el Gobierno de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Álvaro Clarke, economista. Entre los fundamentos del proyecto se destaca que la iniciativa en informe se sustenta en cuatro grandes pilares: Primero, la transparencia, dado que el proyecto de ley busca aumentar el flujo de información al mercado. Segundo, corregir asimetrías de información; reducir costos de información y coordinación. Tercero, fortalecer los derechos de los accionistas minoritarios. Cuarto, dictar normas para una adecuada autodeterminación por parte de los accionistas, de la junta de accionistas o del directorio. Las disposiciones legales que se modifican por el proyecto son, en primer lugar, la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, en especial el Título III, que establece normas sobre la información continua; el Título IX, que regula la información en la obtención de control de una empresa; Título XV, que alude a los grupos empresariales; el Título XXI, sobre información privilegiada, y el Título XXV, que regula la Oferta Pública de Adquisición de Acciones. El segundo gran cuerpo legislativo que se modifica es la ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, en particular, el Título I, que corresponde a la sociedad y su constitución; el Título IV, que se refiere a la administración de la sociedad; el Título V, que contempla la fiscalización de la administración, y el Título XII, que regula el arbitraje. En el contenido del proyecto se incrementa la divulgación de información al mercado a través de los siguientes mecanismos: Primero, el directorio deberá preparar y actualizar una lista de los ejecutivos principales de la empresa. Segundo, los sujetos obligados a comunicar sus transacciones en acciones de la compañía deberán hacerlo en tiempos más breves y por sistemas más expeditos que los actuales, acorde con la velocidad con que funcionan los mercados. Tercero, los ejecutivos principales deberán informar públicamente su posición en valores de la sociedad y del grupo y, reservadamente, su posición en valores de los principales clientes, proveedores y competidores. Cuarto, el directorio deberá definir una política que asegure el flujo de información al mercado en el menor tiempo posible, con un responsable definido. Es decir, a partir de las actuales normas que existen en materia de información relevante o de información continua, estamos profundizando y exigiendo mayores contenidos y flujos de información por parte de los distintos agentes del mercado, con lo cual, por una parte, se facilita el acceso a ella y, por otra, se disminuyen o se colocan, creo que de manera adecuada, los costos de generación de ese tipo de información. En materia de información privilegiada, que es otro elemento esencial de este proyecto, se propone lo siguiente: a) Congregar la prohibición de vender los valores cuando se está en posesión de información privilegiada, creando una categoría de personas que pueden tener acceso a estas categorías y respecto de las cuales se presume que tienen esa información. Por tanto, no pueden transar con instrumentos y valores de la compañía al poseer ese tipo de información. Esto ya había sido materia de otra moción. b) Distinguir la presunción de posesión de información (aplicable a los sujetos que se desempeñan dentro de la administración de la empresa) de la presunción de acceso a la información (aplicable a actores que interactúan con la administración, sin ser parte de ella), lo que se traducirá en un estándar más alto para los primeros. c) Exigir a los corredores y agentes de valores adoptar y hacer públicas las políticas que regulen las obligaciones y responsabilidades por el mal uso de la información de transacciones de sus clientes o de recomendaciones de sus analistas. d) Establecer que es responsabilidad del directorio que las empresas adopten y hagan pública una política interna que determine las obligaciones y responsabilidades de sus ejecutivos principales respecto de la transacción de valores de la compañía, pudiendo optar por alguna de las alternativas contenidas en un repertorio que ofrece la ley (prohibición temporal, restitución a la empresa de las utilidades obtenidas en períodos determinados, prohibición total, etcétera) y por una multa prevista en la ley, cuyo monto es, a lo menos, igual al beneficio ilegítimamente obtenido. Así como el primer punto se refiere a mayores contenidos de información, éste es un segundo pilar relativo a la modificación de la actual estructura en materia de información privilegiada. En cuanto a los directores independientes, -también fue una modificación aprobada por el Congreso Nacional en la ley de Opas y gobiernos corporativos- se propone lo siguiente: a) Exigir que toda sociedad con alta capitalización bursátil deba integrar al menos un director independiente a su directorio. Se entiende por tal aquél que no mantiene ninguna vinculación con la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellas, que pueda privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía. b) Se presume la dependencia, que impide ser director independiente, cuando ha existido, durante los últimos dieciocho meses, una serie de vinculaciones con la sociedad, entre las que destacan las de dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, así como la relación de parentesco y otras. Es decir, se profundiza una exigencia que ha sido motivo de distintas interpretaciones o, incluso, indicaciones en su momento, como el establecimiento en compañías con importantísimo valor o patrimonio bursátil de directores que tengan la naturaleza de independientes. Respecto del comité de directores, se propone: a) Deberá estar siempre constituido por una mayoría de independientes. b) Deberá tener un presupuesto mínimo. c) Tendrá mayores funciones y atribuciones. d) Se facilitará su acceso a los accionistas al incluir su informe anual en la memoria de la compañía. En lo que a operaciones con partes relacionadas y conflictos de interés se refiere, el proyecto postula: a) Crear un nuevo Título en la Ley sobre Sociedades Anónimas que regula estas operaciones para las sociedades anónimas abiertas. b) Establecer un procedimiento reglado para resolver los conflictos, que contiene la obligación de explicitar los conflictos y exige que los directores comprometidos se abstengan de votar, pero no de dar su opinión. c) Otorgar mayor protagonismo al comité de directores. d) Permitir que operaciones con partes relacionadas que son habituales, de bajo monto o que se realizan con filiales, sean realizadas con una simple aprobación del directorio. Por otra parte, el proyecto también aborda el funcionamiento de la junta de accionistas, para cuyo efecto propone: a) Potenciar el funcionamiento al establecer medidas que buscan que los accionistas dispongan de más y mejor información con la cual ejercer su voto. b) Establecer la obligación de entregar información, efectuar citaciones y publicar la memoria, entre otros, vía sitio en Internet para las compañías que dispongan de tales medios. c) Aumentar las decisiones de la junta que requieren del quórum de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto, en lo que dice relación con la independencia de los auditores y respecto de la venta de los activos o negocios de sus filiales, cuando sean relevantes. Respecto del voto de accionistas, el proyecto propone: a) Perfeccionar las normas que regulan el voto de los accionistas, permitiendo que las empresas adopten, con autorización de la Superintendencia, mecanismos de voto a distancia que incentiven una mayor participación de minoritarios. b) Regular el voto de los agentes de valores y corredores de bolsa, quienes no podrán votar por las acciones que mantienen bajo su custodia si no cuentan con instrucciones expresas de sus clientes. c) Establecer que el controlador debe votar primero y públicamente. d) Exigir que toda materia de decisión en que existan dos o más opciones debe estar fundamentada por escrito y esos fundamentos deben ser puestos a disposición de los accionistas con anticipación a la junta. e) Los candidatos a director independiente deben ser anunciados con anticipación y en su elección el voto del controlador no será decisivo. Para la auditoría externa, -materia que fue particularmente discutida en la Comisión- se dispone: a) Elevar los estándares aplicables a los auditores externos, de manera de garantizar una mayor seguridad e idoneidad técnica, actualizándolos tanto con normas europeas como norteamericanas y aplicando mejores criterios, con el propósito de garantizar mayor seguridad o idoneidad técnica. Para tales efectos, se introducen normas que buscan asegurar la rigurosidad de los informes de auditoría y la obligación de los auditores de asistir a la junta para responder las preguntas de los accionistas. b) Se requiere un quórum de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto para adoptar la decisión de renovar a los auditores o para autorizarlos a prestar a la empresa servicios complementarios a la auditoría, cuando ello pueda generar riesgo de falta de independencia. En cuanto al perfeccionamiento de las Opas, se propone: a) Eliminar la obligación de una segunda OPA cuando el controlador adquiere dos tercios de las acciones en una OPA por el ciento por ciento que ha resultado exitosa. b)Generar un derecho a retiro a favor de los minoritarios cuando el controlador alcanza el 95 por ciento de participación por la vía de una OPA por el ciento por ciento que ha resultado exitosa, de manera de no dejarlos sin influencia ni liquidez. Con esto se soluciona un problema real de falta de liquidez de determinados accionistas cuando el controlador alcanza un porcentaje masivo del mismo. Además, se confiere al controlador el derecho para comprar las acciones de aquellos accionistas que no hayan ejercido su derecho a retiro, permitiéndole al primero tomar control total de la compañía, pagando el precio justo. Antecedentes presupuestarios y financieros. El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 28 de agosto de 2007, señala que la iniciativa legal no representa gasto fiscal. En la discusión general del proyecto intervino en forma destacada el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, y los demás invitados que ya señalé. El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda. En cuanto a la discusión en particular, diversos artículos fueron aprobados por unanimidad; otros fueron objeto de indicaciones, como los numerales 29, 38 y 53 del artículo 2º, donde hay diferencias en algunas normas relacionadas con la auditoría, otras con el uso de información privilegiada y otras relativas al funcionamiento de los directores independientes de los comités de directores. El diputado Roberto Delmastro presentó una serie de indicaciones que fueron rechazadas por la Comisión. El detalle de las indicaciones se encuentra en el informe. Reitero que el proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda, con la excepción de algunas diferencias que surgirán durante el debate en la Sala, relacionadas con auditorías, información privilegiada y algunas normas nuevas para los comités de directores o los directores independientes. Por lo tanto, la Comisión recomienda a la Sala que apruebe el proyecto en general. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas, informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor ARENAS.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar sobre el proyecto de ley que introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas. Durante el análisis de la iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de don Héctor Lehuedé Blanlot, don Rodrigo González López y don James Wilkins Binder, quienes asesoraron a la Comisión en el análisis sólo de los artículos que fueron objeto de indicaciones. La idea matriz del proyecto es incrementar los estándares y la eficacia de los gobiernos corporativos de las empresas, mediante la modificación de las leyes sobre Sociedades Anónimas y Mercado de Valores. Con tal fin, pretende incrementar la divulgación de información al mercado; perfeccionar las normas sobre el uso de información privilegiada; incorporar los directores independientes a los directorios de las empresas; regular los comités de directores y las operaciones con partes relacionadas y los conflictos de intereses; potenciar el funcionamiento de las juntas de accionistas; perfeccionar las normas sobre el voto de los accionistas; elevar los estándares de la auditoría externa y perfeccionar el mecanismo de las ofertas públicas de adquisición de acciones. Cabe dejar constancia de que don Héctor Lehuedé Blanlot, asesor de política tributaria del Ministerio de Hacienda, señaló que el proyecto era sumamente importante para cumplir con los estándares que nos había impuesto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico respecto del cumplimiento en Chile de los principios de gobiernos corporativos adoptados por esa organización y sus países miembros. Agregó que, entre otras materias, era importante cumplir con las revisiones internacionales anteriores, como el estudio Rosc efectuado por el Banco Mundial en 2005, que había destacado la conveniencia de que Chile avanzara en perfeccionar los mecanismos de divulgación de información al mercado, adoptar políticas para prevenir el uso de información privilegiada, potenciar el funcionamiento del directorio, del comité de directores y las normas sobre auditoría. El proyecto busca mejorar la transparencia del mercado, corregir las asimetrías de información y reducir costos de información, reforzar el rol del director independiente y del comité de directores y otras materias de autodeterminación. Durante la discusión, la Comisión dio por aprobados, sin debate y en los mismos términos, una gran cantidad de artículos que ya habían sido discutidos en la Comisión de Hacienda y que figuran en el informe, razón por la cual no les daré lectura. Sólo quiero mencionar que se presentaron y aprobaron las siguientes indicaciones al texto propuesto por la Comisión de Hacienda: 1.- Para reemplazar el número 19) del artículo 1º, propuesto por la Comisión de Hacienda, mediante la cual la Comisión de Constitución sustituyó el artículo 61 por los artículos 61, nuevo, y 61 bis. 2.- Para suprimir el inciso segundo de la letra f) del artículo 59 de la ley Nº 18.045. Este tema no fue tratado en la Comisión de Hacienda. 3.- Para eliminar el inciso final del artículo 60 de la ley Nº 18.045. 4.- Para reemplazar el literal a) del número 25) del artículo 1º propuesto por la Comisión de Hacienda. 5.- Para sustituir los números 26) y 27) del artículo 1º propuestos por la Comisión de Hacienda. 6.- Para reemplazar en la letra g) del inciso segundo del artículo 242, nuevo, agregado por el número 41) del artículo 1º, propuesto por la Comisión de Hacienda, el porcentaje “2,5%” por el de “5%”. 7.- Para sustituir en la letra c) del nuevo artículo 244, agregado por el número 41) del artículo 1º propuesto por la Comisión de Hacienda, el porcentaje “15%” por “25%”. 8.- Para reemplazar la letra b) del nuevo artículo 246, agregado por el número 41) del artículo 1º propuesto por la Comisión de Hacienda. 9.- Para sustituir en la letra c) del número 6) del artículo 2º propuesto por la Comisión de Hacienda, las expresiones “los incisos precedentes” por “el inciso primero”. 10.- Para reemplazar la letra a) del número 8) del artículo 2º propuesto por la Comisión de Hacienda. 11.- Para sustituir en el número 3 de la letra c) del número 19) del artículo 2º propuesto por la Comisión de Hacienda, la frase “ejerzan control sobre” por “supervisen a”. 12.- Para reemplazar el inciso segundo del artículo 44 propuesto por el número 26) del artículo 2º del texto de la Comisión de Hacienda. 13.- Para intercalar en el inciso penúltimo del artículo 44, propuesto por el número 26) del artículo 2º del texto de la Comisión de Hacienda, entre la expresión “accionistas” y el punto final que la sigue, la frase “con el quórum de 2/3 de la junta”. 14.- Para suprimir en el número 1) del inciso undécimo del artículo 50 bis propuesto por el número 31) del artículo 2º del texto de la Comisión de Hacienda, la coma escrita entre las palabras “accionistas” y “y pronunciarse”. 15.- Para sustituir la letra d) del número 42) del artículo 2º propuesto por la Comisión de Hacienda. 16.- Para reemplazar en el número 1) del inciso primero del artículo 147 propuesto por el número 58) del artículo 2º del texto de la Comisión de Hacienda, las expresiones “ejecutivo principal designado en conformidad a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.045, quien, a su vez, deberá informar al directorio” por lo siguiente: “directorio o a quien éste designe”. 17.- Para intercalar en el número 2) del inciso primero del artículo 147 propuesto por el número 58) del artículo 2º del texto de la Comisión de Hacienda, entre la palabra “operación” y la coma que precede a los términos “debiendo dejarse constancia”, las expresiones “si son requeridos por el directorio”. 18.- Para sustituir en el inciso primero del artículo 148 propuesto por el número 58) del artículo 2º del texto de la Comisión de Hacienda, la expresión “accionista” por “controlador”. La discusión habida en la Comisión de Constitución giró en torno a las materias modificadas por indicaciones, todas las cuales se encuentran detalladas en el informe que los colegas tienen en su poder. Por lo tanto, no me referiré a ellas. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, como lo dijo el diputado informante de la Comisión de Hacienda, Rodrigo Álvarez, estamos en presencia de un proyecto sumamente importante. Además, el trabajo realizado por esa Comisión y por la de Constitución, Legislación y Justicia, que introdujo algunas pequeñas correcciones, aprobadas por mayoría o por unanimidad, amerita su rápido despacho. Quiero formular algunas consideraciones de orden sociopolítico respecto del tema en discusión, a propósito de un visitante que anda “aznando” por acá, es amigo de Bush y ahora tiene otros amigos, quien expresó que buena parte de la crisis financiera se debe a la ausencia de regulación o a la falta de regulación por parte de los Estados. No obstante que no comparto con él otras cosas, coincido con el visitante amigo de Bush en que es probable que haya existido problemas de regulación -y no sólo eso-, en el entendido de que ésta permite, como dice el proyecto, que el mercado funcione mejor, con más transparencia, más derechos para los minoritarios y menos uso de la información privilegiada. Al respecto, si afirmara que el uso de la información privilegiada ha sido una práctica generalizada en Chile, alguien podría sostener que estoy exagerando y haciendo ruido respecto de un mercado que funciona bien. Pero esto no lo digo yo, sino don Francisco Armanet, académico de la Universidad de Chile, en una entrevista al diario La Tercera, del viernes 2 de enero del presente año, quien hace sólo cuatro meses dejó la gerencia general de la corredora de Bolsa más importante del país, Banchile. Voy a citar algunas preguntas que se le hicieron y sus respuestas. Pregunta: -Ahora que está fuera del mercado bursátil, ¿cuáles cree que son los principales desafíos del sistema en Chile? Respuesta: -Estando dentro, y ahora que estoy fuera, repito lo mismo: las manipulaciones de precios y el uso de información privilegiada son delitos graves que según nuestra legislación, contemplan penas de 10 y cinco años de cárcel, respectivamente. Si nadie ha estado detrás de las rejas no es porque en Chile no se cometen estos delitos. No, de hecho, ha habido pruebas concretas en la superintendencia de gente que ha manipulado precios y los ha aumentado. Esa gente debería estar presa, pero no es así. ¿Sabe usted cuántas empresas en Chile tienen períodos de black out para que los insiders no compren o vendan acciones de sus compañías? Es posible que la respuesta de Venezuela sea mejor que la chilena. Aquí hay demasiada evidencia de malas prácticas para seguir haciéndonos los lesos. Pregunta: -¿Finalmente, entonces, por qué la gente no se va presa? Respuesta: -Porque los antecedentes se manejan en los tribunales del crimen y ahí nadie sigue la causa. Y así pasa el tiempo y se sobreseen las causas. Pregunta: -¿Ve el uso de información privilegiada y la manipulación de precios como algo muy generalizado en nuestro mercado? Respuesta: -El uso de información privilegiada ha sido una práctica generalizada y la manipulación de precios lo sigue siendo. Ahora, gracias a la labor de la superintendencia, el uso de información privilegiada ha disminuido de forma brutal. Hoy día, la gente está atenta, alerta. ¿Pero ha sido una cosa generalizada? Sí. Luego, da una serie de ejemplos sobre lo que le tocó vivir, después de escuchar algunas grabaciones telefónicas de los agentes del mercado. Señala: “Nosotros como corredores de Bolsa estamos obligados a la reserva, no como los funcionarios públicos que tienen la obligación de ir y denunciar”. Pregunta: -Estando en el mundo de los agentes de valores ¿cómo ve el rol de las Bolsas ante estos delitos? Respuesta: “Los gobiernos corporativos de las bolsas tienen que ser reformados, tienen que ser impecables; no puede haber ni un presidente ni un gerente general de un banco metido ahí, ni un corredor de director, porque si hay un corredor que comete un delito grave, como la manipulación de precios y la Bolsa lo sanciona, primero lo tiene que echar, de acuerdo a la ley de Valores y a los estatutos de la Bolsa. En el caso de MBI -corredora chilena sancionada en 2006 por manipular precios y convenir operaciones-, la Bolsa Electrónica y la SVS debieron haberlos echado, pero no lo hicieron. En Japón pasó lo mismo, y se demoraron dos horas en echarlos. No deja de ser preocupante que un agente del mercado diga eso. No tuvimos oportunidad de invitar al señor Armanet a la Comisión de Hacienda ni a la de Constitución, Legislación y Justicia. Cuando el proyecto se trate en el Senado, sería una buena oportunidad para invitarlo para que cuente cómo opera lo que él dice, en cuanto a que la información privilegiada es una práctica generalizada. Sin pretender ligar lo que manifesté con lo que voy a decir, quiero recordar una entrevista al gerente general de una de las corredoras de bolsa más importantes del país, Celfin Capital, que suele presentarse como un banco de inversiones. En Chile no hay banco de inversiones, sino sólo bancos autorizados que podrían desarrollar actividades relacionadas con inversiones. Aquí se presenta a dicha institución como un banco de inversiones, pero la verdad es que se trata de una corredora de bolsa que actúa por cuenta propia y de terceros. Pues bien, esa persona sostuvo en una entrevista que: “Estigmatizar la codicia le ha hecho mal a Chile”. La codicia, más allá de las posiciones religiosas que uno tenga, es un pecado capital, porque es el afán excesivo de riqueza. Estigmatizar esto me parece más o menos complicado porque es, per se negativo. En este contexto, consideramos que es algo positivo proponernos mejorar sustancialmente las reglas de los gobiernos corporativos y, dentro de ellas, la inside information o información privilegiada. En ese sentido, el trabajo realizado por la Comisión de Constitución, a través de una indicación que presentamos con el diputado Schilling, que fue enriquecida durante su discusión, es un buen aporte para mejorar la norma contenida en el proyecto del Ejecutivo. Lo que hicimos fue eliminar las expresiones “a sabiendas” o “no pudiendo menos que saber”, que, a nuestro juicio, podrían producir confusión en la práctica. Ya sabemos que la práctica jurisprudencial, lejos de colaborar en la correcta aplicación del tipo penal, que en este caso trata el artículo 61, produce situaciones complejas. Por eso, el artículo 61 propuesto, por la Comisión de Constitución, aprobado por mayoría, apunta a mejorar el proyecto de la Comisión de Hacienda, por la vía de separar los sujetos activos que contemplaba la norma original, en atención a los problemas de imputabilidad en casos de autoría mediata o de instigación, tratándose de delitos especiales. Asimismo, la Comisión propone una fórmula genérica y no una remisión, como lo hace la Comisión de Hacienda, en atención a que no parece viable sustentar un elemento de tipo penal en una presunción meramente legal, fórmula que generalmente no es aceptada por la jurisprudencia, por ser incompatible con la presunción de inocencia. Finalmente, respecto de la información privilegiada, tema muy importante a la hora de transparentar los mercados y de mejorar la situación bastante dramática descrita por el gerente de Banchile, fue necesario modificar la referencia al dolo directo eventual que envolvía a las expresiones “habiendo sabido” o “debido saber”, ya que resultan incompatibles con la forma culposa contenida en el término “inexcusablemente”, porque ello afecta la estructura típica del delito, tornando inaplicable la norma. Por ello, proponemos expresar separadamente el tipo básico en que puede incurrir cualquiera persona y la norma de agravación de plus de pena, respecto de quienes posean o tengan acceso a información privilegiada. Asimismo, se mejoró el tipo de sanción accesoria a la eventual corporal, respecto de los agentes con calidad profesional que, prevaleciendo sobre su cargo, puedan obtener o intentar obtener beneficios de la información privilegiada. En materia de auditoría, llegamos a un consenso relativo que mejora el proyecto, en cuanto a que, a través de la norma propuesta por la mayoría de la Comisión, se recoja la discusión habida en su momento y se pongan límites más abordables a la hora de establecer una separación clara entre auditores y abogados. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, ha sido muy interesante la intervención del colega Jorge Burgos, porque nos permite entender que, en Chile, la información privilegiada es generalizada. Por desgracia, no estuvo dentro de los anteriores proyectos la posibilidad de erradicar, de una vez por todas, esa mala práctica de los inversionistas nacionales e internacionales. Sin duda, este proyecto se enmarca dentro de las grandes leyes que Chile puede mostrar al mundo, basado en el prestigio internacional de que goza, gracias al buen manejo de sus finanzas. Los gobiernos corporativos de las empresas, como las sociedades anónimas y todas las que operan en el mercado de valores, no es un tema de menor importancia, puesto que han llegado a ser lo que sustenta al mundo de la economía. En esto, Chile tiene prioridades y se maneja bien. Por lo tanto, es interesante ver que después de un tiempo más que prudente -par de años- en que el proyecto estaba siendo tratado, de alguna forma queríamos traerlo a la Sala. Hemos podido observar la forma en que han tambaleado las estructuras de los principales grupos corporativos a nivel mundial y en que como resultado de la crisis económica, han surgido grandes dudas respecto de la transparencia de la información sobre el funcionamiento de los grandes mercados mundiales. Por ello, se hace más que necesario que nuestro país entregue señales claras respecto de nuestra intención de mejorar los estándares de nuestros gobiernos corporativos, con el fin de aumentar la confianza e incentivar la inversión, en un marco de transparencia y confianza de los actores sobre el funcionamiento del estamento económico. La literatura académica destaca la directa relación que existe entre crecimiento económico, desarrollo de los mercados financieros y gobiernos corporativos más transparentes, responsables y que promuevan el respeto de los derechos de todos los accionistas que participan en la empresa. Mejores estándares de gobiernos corporativos son también buenos predictores de aumento de la valorización de las empresas, de incremento del pago de dividendos, de la ampliación del número de apertura de empresas a la Bolsa y, en definitiva, de un mercado de capitales más eficiente y con menores costos de financiamiento. En consecuencia, es muy importante lo que establece el actual proyecto, que busca que Chile se coloque a la altura de las exigencias de las grandes economías en las cuales estamos insertos y considerados, dando cumplimiento a los principios de los gobiernos corporativos que plantea la Ocde, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cual está permanentemente evaluando y revisando su cumplimiento. El proyecto que hoy se somete a la consideración de la Sala no hace otra cosa que promover mejores gobiernos corporativos que reduzcan las vulnerabilidades que pueden mermar la confianza de los inversionistas y que reafirmen la competitividad de nuestra economía. En otro orden de materias, el proyecto aborda el rol de los directores independientes, argumento fundamental dentro del comité de directores, elementos centrales del diseño de las mejores prácticas internacionales, que facilitan el equilibrio de las visiones de los diversos accionistas de las empresas, sean controladores o accionistas minoritarios. Se reafirma también en el proyecto la responsabilidad judiciaria de la administración en su manejo de información reservada y en el adecuado tratamiento de los conflictos de interés. Para ello, se propone que sea el propio directorio el que deba asumir la responsabilidad de diseñar las normas más adecuadas a la realidad de cada empresa. Como lo explicó el diputado informante, señor Rodrigo Álvarez, este tema fue muy discutido en su momento en la Comisión. La iniciativa establece un marco regulatorio para elevar los estándares aplicables a nuestras empresas auditoras que, en atención al importante papel que desempeñan y a su rol de ministros de fe pública, evitan los conflictos de interés a que puedan estar expuestas y aseguran la independencia de juicio, lo que es muy relevante. Como señalé al inicio de mi intervención, cuando se habla de información privilegiada, hace fuerza lo dicho por el diputado señor Jorge Burgos, en cuanto a que ésta se ha generalizado en el país. Por eso, este proyecto de ley es muy necesario en la época económica contemporánea que estamos viviendo. Es así como hemos visto que la Superintendencia de Valores ha sancionado a accionistas de empresas que han utilizado información privilegiada, con el objeto de sacar provecho a costa de los accionistas minoritarios. Esto es lo que el proyecto pretende evitar y regular de mejor manera y de una vez por todas. El mejoramiento de nuestro mercado hará que nuestro país obtenga una mejor evaluación internacional y mayor prestigio, que ya hemos logrado, precisamente, porque nos atrevemos a tratar temas de esta envergadura. Por eso, considero importante aprobar esta iniciativa, porque permitirá el establecimiento de un sistema más transparente, construido sobre la base de las mejores prácticas internacionales, y una importante participación de accionistas, directores y ejecutivos, lo que asegurará un tratamiento equitativo a los distintos actores del mercado. Un último comentario: este proyecto de ley pone a nuestro país a la altura de las grandes naciones que participan en los mercados internacionales y que defienden a los accionistas de las empresas privadas y públicas. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, este proyecto de ley, en primer trámite constitucional, modifica la ley sobre Sociedades Anónimas y de Mercado de Valores, perfeccionando los preceptos que regulan los gobiernos corporativos de las empresas. Este proyecto, originado en mensaje, se hizo necesario porque no existía transparencia en el mercado de valores. En septiembre del año pasado, recibimos la triste noticia de que muchos países estaban siendo afectados por una grave crisis económica que se mantiene hasta hoy, y nos dimos cuenta de que en nuestro país no teníamos las regulaciones correspondientes. La crisis financiera ha incidido en todo el mundo y, en nuestro caso, ha repercutido fuertemente en los fondos A B y C de las administradoras de fondos de pensiones, que en su inmensa mayoría se colocan en el mercado de acciones, cuestión que nos preocupa mucho. Por otra parte, al inicio de esta sesión se dio cuenta de una petición de más de cincuenta señores diputados -no la suscribí- de crear una comisión investigadora de las administradoras de fondos de pensiones. Pero, nos encontramos con la sorpresa de que al ser puesta en votación, menos de treinta señores diputados la votaron afirmativamente. Nos preocupa que la inmensa mayoría de los trabajadores chilenos tengan que sufrir los efectos de una crisis económica en la que no tuvieron responsabilidad alguna. Este proyecto se sustenta en cuatro principios. En primer lugar, en la transparencia, para lo cual busca aumentar el flujo de información al mercado, permitiendo a los accionistas y al regulador una mejor supervisión y evaluación de la empresa. Por otra parte, el deber de velar por que no se abuse de la información privilegiada no puede quedar entregado solamente a la autoridad, puesto que evitar que ello ocurra va en directo interés de los accionistas de la empresa. En razón de lo anterior, el directorio debe ejercer un rol insustituible en la definición de políticas que promuevan la transparencia y definir, a través de directrices claras y eficientes, atendida la realidad de la empresa, las normas que regulen las transacciones de los principales ejecutivos y directores. En ésta y otras materias similares, el proyecto encomienda a la Superintendencia que, sin perjuicio de sus facultades normativas generales establecidas en conformidad a su ley orgánica, dicte normas de carácter general que contribuyan a la formulación y al mejor funcionamiento de las mencionadas políticas. El ministro de Hacienda, en su exposición en la Comisión de Hacienda, sostuvo que las empresas están cometiendo un error en relación con los llamados “hechos esenciales”; esto es, información relevante de la empresa que el mercado debe conocer, ya que se está enviando a la Superintendencia de Valores y Seguros de manera muy escueta, casi en forma telegráfica, en circunstancias de que debe ser lo más explícita, clara, amplia y oportuna posible, a fin de que los accionistas, en general, tengan mayor información. En este sentido -expresó-, la Superintendencia debería exigir que dicha información le sea remitida en forma más amplia. En segundo lugar, el proyecto apunta a corregir asimetrías de información y reducir los costos de información y coordinación. Los accionistas, especialmente si son dueños de un porcentaje menor de la empresa, no tienen incentivos suficientes para recabar la información ni pueden coordinarse fácilmente para hacer valer sus derechos, situación que genera graves problemas de agencia y riesgos de abuso por parte de quienes tienen ventajas de información y coordinación. Este contexto genera reticencia a invertir por parte de pequeños inversores, lo que deriva en una menor profundidad y desarrollo del mercado. En particular, el abuso en perjuicio de los minoritarios puede originarse en transacciones desfavorables con partes relacionadas, apropiación de oportunidades comerciales y uso de información privilegiada, entre otras causas. En tercer lugar, la iniciativa busca fortalecer los derechos de los accionistas minoritarios. En concordancia con lo anterior y como una forma de resolver los problemas planteados que afectan negativamente a los accionistas minoritarios y al mercado, el proyecto ha identificado la figura del director independiente como el mecanismo idóneo para la defensa de dichos actores. En efecto, el director independiente, actuando a través del comité de directores, se configura como la herramienta más eficaz y eficiente para proteger a los minoritarios y mejorar el flujo de información al mercado, sin privar a los accionistas controladores de sus legítimos derechos. Por último, está la autodeterminación. En la medida de lo posible, los accionistas, a través de la junta o del directorio, deben tomar las decisiones claves acerca de cómo proceder en casos individuales, considerando las circunstancias particulares de cada empresa y sus preferencias. En suma, los principios básicos en que se sustenta el proyecto de ley aseguran una adecuada y oportuna divulgación de la información, evitando las asimetrías que generan distorsiones y permitiendo, a su vez, que los accionistas puedan adoptar las mejores decisiones para cada caso, atendida la realidad de la empresa. La Comisión de Hacienda debatió el proyecto, por lo menos, durante quince sesiones. Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solicitó una prórroga de quince días, que se extendió a cerca de un mes y medio. A pesar de ello, un grupo de parlamentarios no estuvimos de acuerdo con un aspecto relacionado con el proyecto, situación que dio origen a la presentación de una indicación. Debido a que el Ejecutivo calificó el proyecto con “suma” urgencia, ésta no se alcanzó a presentar. Seguramente, será presentada en el Senado de la República. A nuestro juicio, no se está siendo justo con las empresas auditoras. Lo digo con todas sus letras, porque creo que la transparencia debe practicarse siempre y no sólo cuando conviene. La indicación tiene por objeto introducir las siguientes modificaciones a la letra g) del artículo 242, que se propone agregar a la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, en virtud del número 41 del artículo 1º del proyecto: a) Reemplazar la frase “en cualquier tipo de gestión administrativa o procedimiento judicial y arbitral” por la expresión “en cualquier tipo de procedimiento judicial o arbitral”. b) Eliminar la frase “cuando la primera instancia jurisdiccional se tramite ante el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Aduanas”. De no eliminarse esa frase, las empresas auditoras quedarán en una situación muy desmejorada. A los diputados que formamos parte de la Comisión de Hacienda, nos consta que éstas han efectuado inversiones y que se encuentran integradas por grupos multidisciplinarios que hacen muy bien su trabajo. Por último, y con el fin de que quede consignado en la historia fidedigna de la ley, anuncio que presentaré la indicación señalada y que la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Informo a la Sala que restan 12 minutos para el término del Orden del Día, y que no han intervenido tres diputados que se encuentran inscritos. ¿Habría acuerdo de la Sala para que, una vez que intervengan, se cierre el debate y se vote el proyecto? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, cuando uno tiene dudas respecto de si determinada legislación es justa para las partes interesadas, es un buen ejercicio examinar el derecho comparado. Respecto de la polémica que ha surgido, relacionada con el rol de las empresas auditoras, tienen muchos antecedentes, doctrina y jurisprudencia en los países desarrollados, en particular en Estados Unidos y Europa. Creo que la iniciativa del Gobierno en este aspecto es audaz, pero correcta. Es audaz porque estamos innovando respecto de una costumbre según la cual no existía una clara separación o independencia entre el rol de una empresa auditora externa y la representación de abogados en determinados conflictos. El cambio más radical propuesto por el Ejecutivo es la prohibición absoluta de que las empresas auditoras patrocinen o representen a la entidad auditada en cualquier tipo de gestión administrativa o procedimiento judicial o arbitral. Entiendo que esa materia no se votará, por cuanto se morigeró y quedó condicionada a la existencia de tribunales tributarios. En el fondo, tales facultades se mantendrán en relación con las causas tramitadas por las empresas auditoras respecto de las cuales el Servicio de Impuestos Internos actúe como juez y parte. Lo mismo sucederá cuando estas causas deban ser alegadas ante la Corte Suprema. Sin embargo, ¿qué sucederá cuando dentro de unos años, entren en funcionamiento los tribunales tributarios? A mi juicio, es necesario establecer una barrera divisoria entre ambos roles. Por lo demás -repito-, así se ha hecho en los países desarrollados. Por ejemplo, la SEC norteamericana considera como principio básico que una empresa de auditoría no puede auditar su propio trabajo que está vinculado, por ejemplo, con la prestación de servicios de contabilidad, diseño de sistemas, información financiera, etc. Además, dice que la empresa no debe funcionar como parte de la administración o como un empleado del cliente de auditoría. Por último, subraya que la empresa no debería actuar como defensor del cliente de auditoría. Por otra parte, si bien es cierto que la Federación Internacional de Contadores europea, Ifac, no enumera prohibiciones, establece las causales que hacen perder la independencia de las empresas auditoras. Ese organismo señala que las empresas auditoras, al tomar parte y defender una posición en nombre del cliente de auditoría, hace propia la causa del cliente. Entonces, resulta evidente que estos cambios en la normativa producen impacto. Sin embargo, se están haciendo en forma gradual y van en la dirección correcta. No me parece que tengamos que debilitar la eventual independencia y autonomía de una empresa externa a la hora de emitir su informe. Por otra parte, el rol de un abogado es distinto, pues debe defender a su cliente y buscar la mejor estrategia para ello, independientemente del informe de auditoría emitido. Por lo tanto, a todas luces, existe un rol diferenciador. Insisto en que la experiencia que existe sobre este punto en los países desarrollados, tanto en Europa como en Estados Unidos de Norteamérica es clara y contundente. No veo el sentido de abstraernos de ese desarrollo legislativo y quedarnos atrás; por el contrario, creo que es necesario avanzar en esa dirección. Por último, no creo que esta norma genere una injusticia en contra de alguien; por el contario, establece claramente facultades en relación con dos funciones distintas. A nadie le gustaría que en el futuro se presentara un proyecto que señalara, por ejemplo, que los estudios de abogados estarán facultados para ser los auditores externos de sus propios clientes. Tampoco me gustaría que respecto de esta materia se confundan los roles. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, el proyecto en debate lleva mucho tiempo tramitándose en esta Corporación, razón por la cual es imprescindible votarlo ahora para que pase al Senado, donde habrá tiempo para discutir varias de estas materias, que son normas muy complejas que requieren mucho análisis, precisión y complementación. Por eso, es positivo que en el Senado se puedan debatir materias tales como la distinción entre posesión y acceso a información privilegiada, las normas sobre auditores y directores independientes y sobre algunas auditorías, como las mencionadas por el diputado Ortiz; la exigencia de información continua y sus costos; las nuevas normas en materia de Opas y, en general, las vinculadas con el insider trading. A mi juicio, se trata de un buen proyecto, pues ordena la legislación en cuanto a las nuevas normas de la Ley de Sociedades Anónimas. Sólo quiero hacer dos reflexiones -me parece que requieren un buen análisis de parte de esta Cámara y, en el futuro, del Senado- sobre dos problemas que suelen producir este tipo de legislaciones. El diputado Monckeberg aludía recién a algunos de esos problemas, pero creo que hay dos adicionales. Uno es el adecuado matiz entre la necesaria internalización, el alineamiento internacional y la asimilación de fuentes extranjeras con la diferencia de mercado. Por ejemplo, el Congreso Nacional, a veces, ha cometido el error de establecer normas que son muy adecuadas para la legislación americana -por ejemplo, en su momento, William Taft, en materia de Opas-, pero que no se pueden aplicar adecuadamente en mercados distintos como el chileno, desde el punto de vista del tamaño y de la concentración. Hoy, en Estados Unidos, el gran debate corporativo radica en cómo devolver el poder directamente a los accionistas. Uno de los papers más famosos de los últimos años van en esa línea. Por ejemplo, el profesor de Harvard, Lucian Bebchuk, busca devolver el poder a los accionistas. Eso es totalmente distinto en sociedades como las nuestras en que hay un altísimo nivel de concentración. En las sociedades americanas se puede tener el control de una empresa con el 7 por ciento, que es el promedio que se requiere para controlar ciertas compañías de Delaware. Por lo tanto, siempre debemos tener cuidado respecto de la diferencia que existe entre los mercados en cuanto a tamaño y a historia legislativa, porque una cosa es la legislación anglosajona y otra, nuestra natural dependencia de la legislación europea. Es de esperar que en el permanente debate que deberemos seguir teniendo en materia de información privilegiada, continua y de directores, se tengan a la vista estos elementos: diferentes mercados, diferentes legislaciones. El otro problema que deseo precisar, y que requiere que todo este tipo de normas sean constantemente discutidas y revisadas, es la necesidad de que exista un justo y adecuado equilibrio entre accionistas mayoritarios y los minoritarios. Así como durante muchos años el poder de los accionistas mayoritarios fue excesivo en nuestro país, hay momentos en que el poder de un accionista minoritario puede ejercer el suyo mediante el chantaje, porque si bien su votación no es gravitante, puede adquirir mucho poder a través de la vía legislativa. Es muy importante armonizar el derecho de los accionistas mayoritarios con el de los minoritarios, sin producir una sensación de desequilibrio en que la posición de los accionistas minoritarios termina valiendo muchos más que la de los mayoritarios, de manera indebida. Lo que hay que hacer es cuidar los derechos, pero no agregar una carga exagerada de poder. Por último, está el anuncio que le escuché al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y al superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, en cuanto a que es muy importante continuar con los análisis y con las evaluaciones del perfeccionamiento de nuestra institucionalidad en materia de valores y, particularmente, de la Superintendencia. Creo que debemos ir al modelo de una comisión de valores, para que muchas de estas normas no tengan que pasar por el Congreso Nacional, sino que sean definidas por una comisión independiente, -podría estar integrada por tres, cuatro o cinco personas- que norme aspectos de naturaleza absolutamente formal, pero que tienen gran impacto en el mercado, y que permita reaccionar en forma mucho más rápida. Habría sido preferible, por ejemplo, que muchas de estas normas hubieren sido despachadas en 2007. Probablemente, este proyecto será ley, recién, hacia fines de 2009, y muchas de dichas normas pudieron haber sido adoptadas, en su momento, por una comisión de valores. Ojalá que este proyecto sea despachado cuanto antes, simultáneamente con una modificación importante de nuestra estructura de superintendencias -en particular, de ésta-, para pasar a un modelo similar al americano de una comisión de valores. Junto con adherir a lo expresado por el diputado Ortiz, en cuanto a que ojalá en el Senado se siga discutiendo lo relativo a las auditorías, anuncio que vamos a votar favorablemente este proyecto que es importante y bueno, porque una vez que esté vigente siempre que tengamos cuidado con el chequeo de la información- va a agregar valor a nuestras compañías y profundidad, transparencia y liquidez a nuestros mercados de valores, lo cual va a producir mayor impacto y mayor relación a nivel internacional. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco. El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en días en que en Chile y en el mundo se discute qué hacer para que las empresas inviertan, para que exista financiamiento y para que se creen más empleos, aquí tenemos una fórmula que va, precisamente, en esa dirección. El mercado de valores es una fuente muy importante de financiamiento de las empresas y de la inversión. Pero, para que estos fondos lleguen al lugar correcto, para que los ahorrantes tengan razones para invertir en acciones y para que los derechos de los minoritarios se respeten, es clave tener una legislación moderna que garantice la transparencia, el uso simétrico, no privilegiado, de la información, y una estructura societaria con los más altos estándares mundiales. Hay consenso en cuanto a que, en Chile, el mercado de valores funciona razonablemente bien; pero también hay consenso entre los expertos de que es necesario realizar mejoras importantes. Sólo así tendremos un mercado de valores que financie efectivamente las inversiones que el país necesita. Estos cambios están contenidos en el proyecto de ley que hoy trata la Cámara de Diputados. Como decía el diputado Álvarez, el Ejecutivo planteó un diseño inicial, en 2007, que fue perfeccionado, primero, en la Comisión de Hacienda y, después, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. A juicio del Ejecutivo, la aprobación de este proyecto nos va a permitir dar un importante paso adelante para garantizar a una persona que invierta en acciones, en el mercado de valores, que puede tener la certeza de que sus derechos estarán resguardados, de que nadie va a usar y abusar de información privilegiada, de que los directores van a ser elegidos y a actuar en forma coherente con los intereses de los minoritarios -al menos, algunos directores independientes- y de que se va a velar por evitar los conflictos de intereses. En ese sentido, el rol de los auditores y la debida separación de las labores de quienes representan a una empresa en los tribunales es también sumamente importante. Durante el trabajo legislativo, el Ejecutivo planteó una fórmula que es la que contiene el proyecto, que funciona bien y que garantiza esa debida independencia. Por lo tanto, no queda más que agradecer a los parlamentarios, especialmente de las dos comisiones ya referidas, por el trabajo que ha permitido perfeccionar este proyecto que, cuando se convierta en ley va a ser una muy buena noticia para la economía chilena. Gracias. El señor DÍAZ (don Eduardo).- Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, sólo para hacer una sugerencia. En relación con la norma sobre empresas auditoras y oficinas de abogados, invito a quienes trabajen en alguna de ellas a que se inhabiliten. Gracias, señor Presidente. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, cada señor diputado y señora diputada sabe cómo cumplir con sus labores y cómo votar. De manera que es un problema de conciencia de cada cual. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas, con excepción del numeral 41) del artículo 1º, en relación con el artículo 241, que requiere quórum calificado. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor ENCINA (Presidente).- En votación general el artículo 241, incorporado por el numeral 41) del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 59 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto en particular, con las modificaciones que propone la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dejando constancia de que alcanzó el quórum constitucional requerido. Aprobado. Despachado el proyecto. VII. PROYECTOS DE ACUERDO ELIMINACIÓN DE TRIBUTO ANUAL A PESCADORES ARTESANALES. El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 694, de los diputados señores Alvarado, Dittborn, Von Mühlenbrock, Moreira, Álvarez, Egaña, Galilea, Masferrer, Barros, Lobos y Rojas, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República los estudios pertinentes para eliminar el tributo anual que pagan los pescadores artesanales por el impuesto de renta presunta. Asimismo, se sirva instruir al Servicio de Impuestos Internos para que evacue un informe sobre la aplicación de este tributo y se analice la opción de eliminar esta carga tributaria que afecta negativamente a numerosas familias que, en la zona sur austral, subsisten de la pesca artesanal.” El señor ENCINA (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, a nuestro juicio, este proyecto de acuerdo tiene una profunda connotación de carácter social. Hace dos años, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a aplicar un impuesto anual a la pesca artesanal, por concepto de renta presunta, que fluctúa entre media y 3 unidades tributarias anuales, y que se calcula en función del tamaño de las embarcaciones. La actividad desarrollada por los pescadores artesanales se caracteriza por su bajo volumen de negocios. Además, está sujeta en forma permanente a la viabilidad de las condiciones climáticas, restringida por vedas biológicas y limitada por las cuotas establecidas por la autoridad administrativa. Se trata de gente de mar que no extraen más de 280 a 300 kilos de producto por mes. Sus ingresos líquidos no superan el ingreso mínimo mensual, no obstante lo cual el Estado de Chile los grava con un tributo. Dado el actual escenario económico nacional, en que el Gobierno se encuentra haciendo ingentes esfuerzos, mediante iniciativas enviadas al Congreso Nacional, para eliminar transitoriamente algunos tributos y de ofrecer incentivos para la contratación de mano de obra, de manera que las fuentes laborales no disminuyan, es perfectamente posible incorporar una iniciativa de esta naturaleza en un paquete de medidas económicas y que tengan por objeto suspender la aplicación de este impuesto por renta presunta a los pescadores artesanales, porque afecta negativamente su ingreso per cápita. Soy un convencido de que los ingresos fiscales que se recaudan por este concepto son mínimos; en cambio, el impacto de dicho impuesto es muy significativo, fundamentalmente porque muchos pescadores artesanales están atrasados en su pago, debido a lo cual enfrentan dificultades con el Servicio de Impuestos Internos. Todo esto se traduce en que no pueden desarrollar en forma normal su actividad económica. Por las razones expuestas, invito a la Sala a aprobar este proyecto de acuerdo, que tiene por objeto solicitar a la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que elimine este impuesto a la pesca artesanal que, a mi juicio, es muy injusto. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, me sumo con entusiasmo a este proyecto de acuerdo. Como muy bien expresó el diputado Claudio Alvarado, la aplicación de dicho tributo constituye un grave problema para los pescadores artesanales de la provincia de Chiloé -como plantea el proyecto de acuerdo- y, en general, para todos los de la Región de Los Lagos, que concentra casi el 50 por ciento de los pescadores artesanales del país. Ellos se han visto afectados por la medida del Servicio de Impuestos Internos, de aplicarles un tributo anual que fluctúa entre 0,5 y 3 unidades tributarias mensuales, calculado según el tamaño de las embarcaciones. Muchos pescadores se encuentran atrasados en ese pago y presentan graves problemas debido al endeudamiento con la banca privada. En efecto, el Banco del Desarrollo tiene a muchos de ellos “acogotados”, porque les prestó dinero a tasas de interés absolutamente impagables. El fin de semana pasado me reuní con dirigentes de los pescadores artesanales, quienes me plantearon la enorme preocupación que los aflige. Por eso, ojalá el proyecto de acuerdo en estudio signifique un alivio para ellos. Así como habrá una ley del salmón, que buscará entregar soluciones para esa industria en momentos de crisis, es necesario que el Gobierno implemente medidas de apoyo en favor de los pescadores artesanales de nuestra región y del país. A eso apunta el proyecto de acuerdo. Junto con el diputado señor Alvarado, jefe de bancada de la UDI, tomamos contacto con el ministro de Hacienda para solicitar que el Ejecutivo ingrese a tramitación un proyecto de ley que concrete las peticiones formuladas mediante el proyecto de acuerdo en estudio, pero que incorpore dentro de los beneficiarios a los algueros, que están pagando derechos acuícolas bastante elevados por sus concesiones y hoy se encuentran en una situación económica bastante desmedrada. Por eso, llamo a los colegas a prestar su aprobación a este importante proyecto de acuerdo, que irá en beneficio de miles de pescadores artesanales que viven con ingresos bastante limitados, hoy aún más exiguos debido a las vicisitudes que ha generado la crisis económica en diferentes segmentos de la población. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, me carga el populismo, sea de Derecha o de Izquierda. Eugenio Las Heras, asesor del entonces Presidente Lagos, recordaba que es necesario focalizar bien las exenciones tributarias. Es decir, no puede eximirse de pago a todos los pescadores artesanales. A los que lo están pasando mal, busquémosles algún subsidio del Estado para pagar esos impuestos o eximámoslos de su pago; pero a ellos y no a todos. Los beneficios tributarios no pueden entregarse al voleo. A la Derecha le recuerdo que un famoso libro, que plasma el legado del ex ministro Miguel Kast, trata, entre otros aspectos, sobre la importancia de la focalización de las políticas sociales y de los subsidios y sobre las exenciones tributarias. Por eso, tal como me opongo a eximir del pago de contribuciones a los agricultores, principal ingreso tributario de los municipios, también me opongo a estos proyectos de acuerdo para la galería, que proponen eliminar impuestos a destajo, en un país que ha construido imagen de seriedad tributaria. Es más, respecto de este proyecto, es necesario saber de qué estamos hablando, cuánto dejaría de percibir el fisco por esa exención, etcétera. Es decir, hay que ser más serio con estas peticiones. Apoyemos a los pescadores artesanales que están en dificultades y al resto dejémoslo fuera, toda vez que en épocas de crisis económica se requiere solidaridad y a los que les está yendo bien deben pagar los impuestos que corresponden. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alinco Bustos René; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Valenzuela Van Treek Esteban. APERTURA DE PODER COMPRADOR DEL TRIGO A PRECIO SIMILAR AL INTERNACIONAL. (Preferencia). El señor ENCINA (Presidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para tratar a continuación el proyecto de acuerdo Nº 705, sobre apertura de poder comprador del trigo a precio similar al internacional. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor Prosecretario le va a dar lectura. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 705, de los diputados señores Palma, Martínez, Becker, García, Recondo, Barros, Jaramillo, Quintana, Hernández y José Pérez, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a la Presidenta de la República disponga con urgencia que la empresa comercializadora de trigo S.A., Cotrisa, disponga establecer un poder comprador a los precios reales de mercado similares a los precios internacionales.” El señor ENCINA (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma. El señor PALMA.- Señor Presidente, 15 millones de chilenos se están viendo afectadas por el alto precio del pan, como consecuencia del alto precio de la harina, a pesar de que el trigo ha bajado en los últimos meses, lo que agrava la situación de 50 mil productores, de los cuales 40 mil son pequeños agricultores y campesinos que sembraron con insumos caros. Las siembras de trigo se programaron con un petróleo caro y con un precio internacional que superaba los 20 mil pesos el quintal. Ese mismo quintal, hoy bordea los 12 mil pesos y la amenaza es que llegue a 10 mil pesos, lo que está generando un tremendo déficit que imposibilitará a campesinos y agricultores pagar las deudas contraídas con las proveedoras de semillas e insumos. Para salvar ese escollo, que está afectando no sólo a los casi 50 mil agricultores trigueros, generadores de miles de empleos directos e indirectos, sino también a los 15 millones de chilenos, que deben pagar un alto precio por el pan, base importante de su dieta, proponemos que el Gobierno abra un poder comprador a través de la Comercializadora de Trigo S.A. (Cotrisa). Para tal efecto, la Comercializadora no tiene que gastar un peso; basta con que nivele el precio de las transacciones con el del mercado competitivo internacional, que es bastante más alto del que están ofreciendo los 50 molineros de Chile, que fácilmente se ponen de acuerdo para hacerse el pino con los agricultores trigueros, comprándoles barato, en unas cuantas semanas, el sacrificio de todo un año. Por eso, repito, solicitamos a la Presidenta de la República que disponga la apertura del poder comprador de Cotrisa, para salvar de esta grave situación a nuestros agricultores trigueros. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, deseo reafirmar las palabras del diputado Palma e invitar a votar a favor el proyecto de acuerdo. Recordemos que la razón de existir de Cotrisa es intervenir en momentos en que quienes compran el trigo se conciertan para pagar bajos precios, o sea, su objetivo es salir a comprar para evitar la concertación de precios. Dada la dramática situación que viven miles de agricultores, que en febrero se proyectará a toda la Región de La Araucanía y al sur de Chile, llamamos a implementar una política de compra, pues Cotrisa no podrá cumplir con la función para la cual fue creada, cual es la prestación de servicios de almacenamiento de granos, porque los silos están arrendados a los mismos molineros que hoy día se conciertan en los precios, lo que consideramos inaceptable. Insisto: se debe implementar una política de compra, sobre todo cuando en abril se nos viene la cosecha de maíz, con cuya comercialización pasará exactamente lo mismo. Para evitar la concertación de precio, es menester establecer un poder comprador que pague un valor equivalente a los costos de internación de trigo en el mercado nacional, que es del orden de 18 ó 19 mil pesos por quintal versus los 12 mil pesos que hoy se pagan. En definitiva, votaremos favorablemente el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, ante la terrible situación que afecta a nuestros agricultores trigueros, no podemos evitar recordar con nostalgia a la Empresa de Comercio Agrícola, ECA, que con su accionar mantenía normalizado el precio del trigo. La situación actual no sólo está afectando los bolsillos de esos productores, sino también los de la gente sencilla. Estamos enfrentando una tremenda dicotomía: el precio del trigo por el suelo y el del pan por las nubes. Por eso, hace falta que el Estado intervenga no sólo para regular, a través de Cotrisa, el precio del trigo y ponerlo al nivel internacional de 19 mil pesos el quintal, sino también para fiscalizar con mayor fuerza la connivencia, la evidente colusión que existe entre los molineros para elevar artificialmente el precio del pan, alimento que no debe faltar en ninguna mesa de Chile. Recordemos que somos el país que más consume pan en el mundo; sin embargo, por culpa de especuladores, que se han hecho propietarios del mercado del trigo y de los molinos, estamos sufriendo esas consecuencias. Por eso, es importante aprobar el proyecto de acuerdo, para defender la mesa de la clase media trabajadora chilena, que ve cómo el pan se ha ido a las nubes por culpa de esos especuladores. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdo s.aspx VIII. INCIDENTES MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENCIÓN DE PARADERO DEL TRANSANTIAGO EN SECTOR DE COMUNA DE SAN BERNARDO. Oficios. El señor ENCINA (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, vecinos y representantes de agrupaciones vecinales de la comuna de San Bernardo, que pertenece a mi distrito, me solicitaron que les represente y apoye en el rechazo al traslado de la parada de buses del Transantiago, ubicada en calle San José con José Beza. Señalaron que desde noviembre de 2008 existiría la intención de cambiar este paradero de los recorridos 201-E y 201, que conectan San Bernardo con Santiago. Los vecinos manifiestan la necesidad de que no se ejecute la modificación, pues indican que en el sector donde eventualmente se implementaría el nuevo paradero, esto es, avenida Portales con Esmeralda, corresponde a un lugar donde la seguridad e integridad física de los usuarios se vería amenazada, ya que se han constatado diversos problemas de delincuencia. También es importante hacer presente que el actual paradero no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a los pasajeros, por lo que resulta imperioso realizar las obras de implementación, debido a que es de mucha utilidad contar con las instalaciones adecuadas. Solicito oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que informe de la veracidad del traslado del paradero referido y, de ser afirmativa la respuesta, si existe la opción de mantenerlo en el lugar donde se encuentra emplazado en la actualidad. Asimismo, pido oficiar al director del Serviu Metropolitano, con el objeto de que informe sobre la posibilidad de contar con la infraestructura necesaria en el paradero señalado, a fin de que se resuelva este problema que aqueja a un gran número de vecinos del sector que utilizan a diario el transporte público y así acoger sus demandas. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN KILÓMETRO 625 DE LA RUTA 5 SUR. Oficios. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas comienza a votar esta tarde un proyecto que modifica la actual ley de concesiones. En el marco de esta discusión, hemos solicitado al subsecretario de Obras Pública que nos haga llegar un listado de las obras complementarias que debieron construirse hace dos años en la ruta 5 Sur, específicamente en la Región de La Araucanía. Esas obras tienen que ver con la seguridad de los peatones, transeúntes, automovilistas y de todos lo que usan esa vía concesionada. Estamos hablando de pasarelas peatonales, calles de servicio y refugios peatonales. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, con copia al alcalde y a los concejales de Perquenco, con el objeto de que la Coordinadora de Concesiones se pronuncie respecto de un planteamiento que le ha hecho el alcalde de esa comuna, don Luis Muñoz Pérez, y que también me ha referido el concejal Roberto Leal Quiroz, relativo a lo que sucede en el kilómetro 625 de la ruta 5 Sur, límite entre las comunas de Victoria y de Perquenco, respecto del cual las comunidades mapuches del sector Pichiquiñinao, Jacinta Millalén y Pintilhuán Zapata han entregado un listado de firmas para solicitar que, entre las obras complementarias, se construya una pasarela peatonal en ese punto debido a los trágicos accidentes que han ocurrido y al constante riesgo a que se ven expuestos los vecinos y los niños que salen a sus respectivas escuelas, quienes deben esquivar esa ruta o cruzarla, con los riesgos que eso significa. Pido que este asunto sea analizado por la Coordinadora de Concesiones, pues ya se ha planteado oficialmente por el alcalde de la comuna de Perquenco en un oficio que entregaré a la Mesa, a fin de que se construya la pasarela peatonal en el sector. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con las copias a que ha hecho referencia. CONTAMINACIÓN DEL LITORAL DE MELINKA CON VIRUS ISA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente, hace algún tiempo se dio a conocer en todo Chile la contaminación por virus ISA que afecta a la salmonicultura. El Gobierno ha tomado algunas medidas, entre otras, ayudar con alrededor de 450 millones de dólares al sector industrial de la salmonicultura; pero, al parecer, no ha sido suficiente, porque en la isla de Melinka se detectó que algunos centros salmoneros también fueron afectados por dicho virus, lo que está contaminado enormemente el litoral y las aguas del sector. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Salud, al subsecretario de Pesca, al ministro de Economía y al ministro del Interior, para denunciar esta contaminación, porque, lamentablemente, las autoridades regionales de Aisén se han ido en puras declaraciones, estudios y análisis, pero la situación no mejora. He recibido llamadas telefónicas y correspondencia de los habitantes y de representantes de organizaciones de pescadores artesanales de Melinka, quienes están preocupados, más bien desesperados, por la situación. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. MEDIDAS PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A ISLAS DE AISÉN. Oficios. El señor ALINCO.- Señor Presidente, el segundo tema que quiero plantear se refiere también al litoral de Aisén, concretamente a las Islas Huichas, Puerto Aguirre, Estero Copa y Caleta Andrade. Los pobladores de esas islas ¡que se escuche bien! hace más de veinte días sufren problemas de sequía; y no cuentan con agua potable para consumir o ésta muy escasa. Esta situación se arrastra por más de veinte o treinta años. Lamentablemente, las autoridades regionales tampoco han tomado medidas para solucionarla en forma definitiva. He recibido llamadas telefónicas y un listado de pobladores, que representan a más de treinta familias mediante los cuales solicitan al nivel central que solucione el problema de agua potable en esas islas, donde habitan más de tres mil pobladores, muchos de ellos niños. Aisén tiene una de las mayores reservas de agua del mundo, por lo que resulta irónico que nuestra gente no pueda disponer de agua potable para su consumo. Debemos reconocer el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que han llevado ese vital elemento a la gente, pero no es suficiente. Basta de que los habitantes de Aisén sigan sufriendo sinsabores y necesidades por la negligencia de las autoridades regionales, las que, lamentablemente, no toman las medidas ni buscan las soluciones que corresponden. Éste no es un problema de ahora, sino que se arrastra desde hace muchos años. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Salud, al director nacional de la Onemi y al ministro del Interior, con copia a la Presidenta de la República, con el objeto de que se preocupen del problema. Con el diputado Galilea estamos trabajando para solucionar el problema en Puerto Aguirre. Lo digo para que su nombre se incluya en los oficios correspondientes. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Galilea. ASFALTADO DE RUTA QUE UNE LOCALIDAD DE LONCOTOR0 CON LLANQUIHUE. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de dar cuenta de una situación que afecta a la localidad de Loncotoro, villorrio rural del distrito que represento, ubicado en el poniente de la ciudad de Llanquihue por la ruta V-40, y que data de 1872. Está formada por dos calles principales, la ruta V-40, antigua línea Machmann, y la V-56, línea Balmaceda. Su población se dedica principalmente a las faenas del campo. Son personas esforzadas, trabajadoras, campesinas, pequeños agricultores o que trabajan en los fundos cercanos a la localidad. En la actualidad, cuenta con una posta rural, una escuela, un retén de Carabineros, una sede social, una medialuna y una iglesia que data de 1915. Su problema histórico ha sido la conectividad. Habitan allí aproximadamente cien familias, pero en los lugares circundantes hay otras localidades que también serán beneficiadas con el proyecto que estamos solicitando al ministro, como Línea Balmaceda, Línea Solar, Línea Sin Nombre y Colonia Los Indios. Hace aproximadamente cuatro o cinco años, el alcalde de la época inició gestiones para asfaltar la ruta V-40, que une Loncotoro con Llanquihue, proyecto que estaba sobrepasado muy largamente en las cifras que podría financiar el Ministerio de Obras Públicas. En esa época, se trataba de 4.500 millones de pesos para financiar el proyecto, lo que lo hacía inviable. Hace exactamente un año, en enero de 2008, en esta misma Sala solicité que el proyecto fuera rediseñado por el Ministerio de Obras Públicas, para que sus montos se ajustaran a precios reales a fin de hacerlos acordes a la posibilidad efectiva de llevarlo a efecto. Agradezco públicamente al ministro de Obras Públicas, don Sergio Bitar; al director regional de Vialidad, don Álvaro Alrruiz, por haber acogido la iniciativa del rediseño. En la actualidad, el proyecto tiene un costo aproximado de 3 mil millones de pesos, monto que está ajustado a la realidad. Por ello, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que dicho proyecto, rediseñado por el MOP, sea incorporado definitivamente y sin modificaciones en el presupuesto para ejecución de obras a partir de este año, porque significará un gran y necesario avance para toda la gente que habita en Loncotoro y en los lugares vecinos que mencioné. Pero hay algo más importante aún: el proyecto fue rediseñado para asfaltar el cruce de Loncotoro con Llanquihue, pero eso no soluciona el grave problema de Loncotoro que por años ha vivido atravesado por dos rutas que hacen que en invierno sus habitantes vivan en el barro, y en el verano en medio del polvo, sin que se pueda ni siquiera colgar la ropa recién lavada. Por eso, solicito que en el oficio se pida agregar en el proyecto 1.400 metros de asfalto, para que abarque todo el villorrio de Loncotoro, en su ruta V-56, que va desde la cuesta, que genera mucha problemática en el sector cuando en invierno los vehículos de carga menor no la pueden subir, hasta el retén de Carabineros, y una aproximadamente 600 metros en el camino que conduce a Línea Solar, en un tramo como el que he caracterizado, con el objeto de que todo el villorrio quede con asfalto, que es lo que sus habitantes han anhelado por muchos años. Nada sacamos con asfaltar una ruta importante si el villorrio queda sin asfalto. Solicito que quede íntegramente con asfalto. Lo agradecerá toda la comunidad y toda la Región de Los Lagos. Adjunto un mapa para mayor compresión de lo que he expresado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los parlamentarios que lo están indicando. MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE SALUD EN POBLACIÓN PABLO NERUDA DE VALDIVIA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la semana pasada, la comunidad de la población Pablo Neruda, de Valdivia, vivió con mucha preocupación una decisión tomada por el Servicio de Salud de Valdivia, de sectorizar la atención de salud, estableciendo un nuevo sistema para derivar a los más de cuatro mil habitantes de dicha población desde el consultorio externo de avenida Francia a una estación de salud dentro de la población, la cual tiene sólo dos piezas y poco personal, quedando desmejorada de la noche a la mañana su atención de salud. Seguramente, esa decisión está inspirada en la política de atención del nuevo sistema de salud, pero tendría que haberse tomado una vez implementada la infraestructura necesaria. Además, entiendo que la decisión no fue comunicada a los pobladores. Por otra parte, se afecta a los funcionarios que trabajan en la estación de salud, porque de un día para otro vieron llegar cientos de personas. Por ello, pido que se oficie al ministro de Salud para que se revierta esa decisión y se adopten las medidas necesarias con la participación de la ciudadanía y de los habitantes de la población Pablo Neruda, a fin de que esas modificaciones sean para la mejora en la calidad de atención y no al revés. Además, al Servicio de Vivienda y Urbanismo, a través del Ministerio de Vivienda, para que se busquen los terrenos necesarios a fin de que en la referida población se pueda construir a la brevedad un centro comunitario de salud familiar, con el objeto de que ahí se derive a sus habitantes como primer centro de atención y no simplemente a la estación de salud. Solicito que se envíe copia de mi intervención a doña Norma Rojas, presidenta del comité de salud de la población Pablo Neruda, a la señora Esperanza Toledo y a la presidenta de la junta de vecinos. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo están indicando. ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA SECTOR COSTERO DE VALDIVIA. Oficios. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Salud, con el objeto de que se destinen los fondos necesarios para la adquisición de una ambulancia para el sector costero de la ciudad de Valdivia. El Consejo de Desarrollo Local de la Costa ha estado solicitando permanentemente contar con infraestructura necesaria y con una ambulancia, para atender a cientos de personas que habitan en la costa, especialmente durante el verano, cuando la población aumenta en forma considerable. Solicito que se envíe copia de esta intervención al Consejo de Desarrollo Local de la Costa, de Valdivia. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los parlamentarios que así lo están indicando. INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE EN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE REGIÓN DE ATACAMA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, en la Región de Atacama se está proyectando construir varias centrales termoeléctricas. Si bien es cierto dichas instalaciones tienen un efecto positivo en el abastecimiento de energía para los proyectos de desarrollo de la región, no es menos cierto que, si no están bien implementadas las tecnologías para disminuir sus efectos contaminantes, provocan un serio problema de contaminación del ambiente, en una región que requiere energía pero también cuidar la salud de las personas. Por eso estoy muy contento por la noticia de hoy que señala que “el Gobierno prepara una ley que eleva los requisitos para las centrales a carbón aumentando costos de inversión”. Independiente de que dicho proyecto ingrese al Congreso, la ministra del Medio Ambiente tiene facultades normativas que le permiten establecer ciertos parámetros con el objeto de que las centrales termoeléctricas que actualmente están siendo sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o que lo hagan en el futuro, cumplan los requisitos que se proponen. Es decir, considero absolutamente necesario que las termoeléctricas tengan la mejor tecnología disponible hoy en el mundo. No parece nada lógico que se les permita seguir contaminando con anhídrido sulfuroso o con material particulado más allá de la norma establecida. Sobre todo, es bueno que de una vez por todas se dé una indicación clara para que no se utilice petcoke en la forma en que se está empleando. Todos sabemos que dicho residuo produce una gran cantidad de anhídrido sulfuroso, mucho más que el carbón subbituminoso que se puede desarrollar y entregar incluso en nuestro país a las centrales termoeléctricas y no seguir utilizando un carbón tan pernicioso para la salud de la población como el petcoke. Por eso, solicito oficiar, con copia de mi intervención, a la ministra del Medio Ambiente, a la intendenta de la Región de Atacama y al director de la Corema de Atacama, con el objeto de que se exija que las termoeléctricas que se hallan en proceso de evaluación de impacto ambiental o presentando sus proyectos incorporen la tecnología señalada. Además, me parece muy necesario que las centrales termoeléctricas que ya están produciendo a carbón incorporen las medidas que el Gobierno está planteando, por una razón lógica: necesitamos que las empresas vayan mejorando y adecuando sus procesos productivos a la tecnología que hoy existe y al cuidado medioambiental. No veo por qué las plantas termoeléctricas no incorporan estas medidas. Se les dará un plazo, una cantidad de años para que puedan ajustar sus procesos a esta nueva tecnología. Pero deben hacerlo. No encuentro una razón para que no lo hagan, sobre todo, por el precio actual de la energía en el país, pues al final de cuentas estas inversiones las pagamos los chilenos, la gente de la Región de Atacama que consume la energía, las empresas, etcétera. Por lo tanto, de una vez por todas, debemos exigir la mejor calidad a estas empresas para que no contaminen. La Corema de la Región de Atacama tiene una cantidad muy importante de proyectos sobre los cuales pronunciarse. Hay algunos muy relevantes, que incorporan este nuevo tipo de energía y procesos. Espero que el director regional adopte todas las medidas del caso para exigir que las empresas desarrollen la mejor tecnología disponible en el mundo en beneficio de los ciudadanos de la Región de Atacama. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN COMUNAS DE CHOLCHOL E IMPERIAL. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz. El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, como parte de los extensos recorridos que realizo en terreno he podido constatar un grave problema que enfrentan los campesinos de origen mapuche de mi comuna de Cholchol, donde varias obras públicas y recintos deportivos se encuentran en muy mal estado. Así, el puente El Aromo está en deplorables condiciones, casi desarmado, y lo mismo ocurre con las pasarelas de El Peral y Huamaqui, que se encuentran bajo el agua. Estas pasarelas están así desde las avenidas de agosto pasado. Las autoridades prometieron su arreglo, pero hasta el día de hoy nada han hecho, no han puesto allí ni un clavo, por lo que su incumplimiento deja a la gente aislada, con estos viaductos peatonales bajo las aguas. Al caso del puente y las pasarelas debe sumarse lo que pasa con la cancha El Coihue, que se la está llevando el río, porque en ese lugar faltan unos muros de contención que tampoco se han hecho. La situación que he descrito en la comuna de Cholchol afecta a cientos de campesinos mapuches del amplio y populoso sector de Huamaqui, quienes no sólo viven aislados por la lejanía de los centros urbanos, sino por la desidia de autoridades que prometen arreglos que nunca llevan a cabo. Una situación similar, aunque dentro del radio urbano, se vive en pleno centro de Nueva Imperial. Allí, dos arterias fundamentales para la conectividad de esa ciudad con Temuco, Carahue, Puerto Saavedra, Almagro y Cholchol, las avenidas O’Higgins y República, ambas vías estructurantes, están demolidas, con sus calzadas destrozadas, sin que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas ni de la Dirección Regional de Vialidad hagan algo al respecto. Ello, pese a la serie de oficios cursados en busca de una solución a este problema que puede generar un grave accidente de tránsito si un conductor pierde el control de su vehículo debido a las decenas de hoyos que jalonan esas vías. Resulta increíble que dos avenidas por las que las autoridades transitan a diario, pues ambas atraviesan Nueva Imperial, una de sur a norte y, la otra, de oriente a poniente, lleven tanto tiempo en mal estado y se destruyan cada día más sin que nadie haga algo al respecto. A tanto llega la desidia que hace tres semanas, al repintar las líneas de tránsito de calle República, buena parte del trabajo quedó en medio de los hoyos que la adornan por largas cuadras. Debido a lo anterior y en atención a la entidad de las situaciones que he expuesto, pido que se oficie al subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, y a la intendenta Regional de la Araucanía, señora Nora Barrientos, para que ordenen las urgentes reparaciones del Puente El Aromo y las pasarelas El Peral y Huamaqui; la construcción de defensas ribereñas frente a la cancha El Coihue, en la comuna de Cholchol, y la repavimentación integral de las avenidas O'Higgins y República, en la comuna de Nueva Imperial. Lo anterior, para prevenir los serios problemas que se producen cada invierno. Es importante hacer las cosas diligentemente en verano, cuando se puede trabajar. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría con copia de su intervención. SOLUCIÓN A CRISIS GENERADA EN IQUIQUE POR PROHIBICIÓN DE BOLIVIA DE IMPORTAR VEHÍCULOS USADOS DESDE CHILE. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi. La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, hoy por hoy estamos enfrentando una crisis. Y bien cabe consignar que existen diversas crisis en el ser humano, en la familia, en la sociedad y en el mundo en general. Inicio mi intervención con el concepto de crisis, ya que muchas veces una acarrea a otra, y así sucesivamente. La crisis de haber perdido un ser amado trastorna a la familia y es un duro golpe a su seno más íntimo. Claro que si uno es capaz de aplicar diversas medidas se puede salir adelante. Y estas medidas uno las puede encontrar en el amor, la fe y la comprensión, no sólo de la familia, sino del entorno. En la actualidad hablamos de crisis económica, pero esta es sólo una parte de un escenario donde muchas veces las familias se ven claramente debilitadas. Y me concentro en este punto, porque es habitual referirse solamente a ese tipo de crisis. Sin embargo, la consecuencia de la falta de empleo, de la quiebra de pequeñas y medianas empresas puede acarrear resultados nefastos para el grupo familiar y, por supuesto, para toda la sociedad. Dejo atrás este preámbulo para referirme ahora al anuncio de la Presidenta Bachelet, de valiosas medidas económicas para el país destinadas a afrontar las turbulencias financieras mundiales. No obstante, la Región de Tarapacá, a la cual con inmenso cariño represento, está viviendo una grave situación generada por la dictación de un decreto por parte del Gobierno de Bolivia que impide la compra de vehículos con más de cinco años de antigüedad, lo cual ha provocado que miles de vehículos se encuentren hoy detenidos en la Zona Franca y más de mil hayan quedado a medio camino, aun cuando ya estaban vendidos. De hecho, ayer regresó a Iquique un centenar de transportistas, quienes estuvieron un mes en el paso de Tambo Quemado, Bolivia, con más de mil vehículos cargados en sus camiones a la espera de una solución para poder ingresar a ese país. Los alcaldes de Pica y Colchane, Iván Infante y Teófilo Mamani, respectivamente, han estado permanentemente preocupados por la situación de los transportistas, quienes ven esta situación con real inquietud, dado que tienen recursos comprometidos y cuotas de sus camiones que pagar. Si bien es cierto se cuenta con el mercado de Paraguay, el de la propia Región de Tarapacá y los de la Décimo Quinta y Décimo Segunda regiones, no son suficientes para el alto stock existente. Es que en realidad Bolivia es el principal nicho de mercado. Resulta curioso darnos cuenta de que hasta hace poco tiempo discutíamos si los empresarios se mantendrían en Iquique o partirían a Alto Hospicio o a Arica, mientras que ahora necesitamos con urgencia una medida del Gobierno que permita vender el stock que se encuentra en los galpones de la Zona Franca o en el puerto seco. Hace poco rato conversé con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien me manifestó una muy buena disposición para buscar y encontrar soluciones al problema que, directa o indirectamente, afecta a miles de familias de la región de Tarapacá. Por esta razón, solicito que se oficie al ministro de Hacienda, con el cual ya conversé, para que busque alternativas de solución a esta crisis y entregue propuestas concretas antes de que sea demasiado tarde y empecemos a lamentar desgracias en la calidad de vida de miles de nortinos. No podemos perder de vista que hay inversiones millonarias y que se están afectando directamente fuentes laborales que hasta hace poco tiempo eran estables y daban tranquilidad a muchas familias. Pido que en envíe copia del oficio al ministro de Relaciones Exteriores. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitas por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. AMPLIACIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, el domingo visité la isla Huar, un lugar maravilloso que pertenece a la comuna de Calbuco y, por tanto, forma parte del distrito que represento. La regla general en mi distrito y en mi región son la ruralidad y las dificultades de la gente para trasladarse desde y hacia los distintos lugares de la zona, debido al mal estado de los caminos, principalmente vecinales. Esa isla no es la excepción. A ello hay que agregar la imposibilidad de trasladarse con un vehículo propio para recorrerla, pues no existen rampas adecuadas para que atraque un trasbordador. En mi visita me encontré con que los caminos que bordean la isla y que recorren sus distintos sectores están, en general, en pésimo estado. Sin embargo, me alegré al ver que hay maquinaria de Vialidad realizando trabajos en el lugar, pero me surgieron algunas dudas respecto de lo que se está haciendo. Por eso, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que nos informe acerca de los siguientes puntos: De acuerdo con informaciones que me entregó el alcalde de Calbuco durante la última campaña municipal, quien acaba de ser reelecto, esos trabajos consistirían en el ensanchamiento de los caminos internos de la isla. Hago presente que hay sectores y tramos donde el camino tiene apenas un poco más de dos metros de ancho, lo que imposibilita el paso de dos vehículos a la vez, de manera que uno de ellos debe retroceder varios metros hasta encontrar algún lugar donde hacerse a un lado y permitir que pase el que va en sentido contrario. De más está referirme a la situación hoy en día, con la maquinaria de Vialidad dando vueltas por toda la isla y las dificultades que ello importa para el tránsito entre sus distintos lugares. Entonces, uno de los problemas es el ancho de los caminos. Además, al lado de los caminos se están haciendo cunetas muy profundas, de 50 ó 60 centímetros de profundidad, y de unos 50 centímetros de ancho. Por lo tanto, si los caminos ya eran estrechos, con estas cunetas lo serán aún más y aumentará el peligro en el tránsito dentro de la isla. Ése es el primer aspecto al que debe referirse el oficio al señor ministro de Obras Públicas. Asimismo, se le debe plantear la necesidad de abarcar otros sectores que, según lo que informa la gente que está trabajando en las obras, no estarían considerados dentro de esta mantención. Me refiero a 3 kilómetros de camino que van hacia Chauquén, que no están contemplados en este proyecto de mantención, a pesar de que son muy transitados, sobre todo por estudiantes. Tampoco se ha considerado la mantención del camino que va hacia el estero Colhue, donde hay un embarcadero en el que atracan lanchas de recorridos que trasladan pasajeros desde y hacia Puerto Montt, ni la del tramo que une el colegio del sector de Nalcahue con el camino a Quetrolauquén, que necesita mantención. También requiere mantención el camino que va desde Nalcahue hasta al estero Colhue, pasando por el sector donde viven las familias Morales, Almonacid, Mancilla, Velásquez y Uribe. Así es como uno se ubica allá. Tampoco se sabe si está considerado hacerle mantención al camino hacia el sector de Chihue. En resumen, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas con el objeto de saber, por una parte, qué posibilidades hay de incorporar en estos trabajos los caminos que acabo de mencionar y, por otra, para que nos informe si los trabajos que se están realizando en la isla Huar corresponden al contrato global de mantención de caminos de la región de Los Lagos o a un contrato independiente. Si se tratara de un contrato especial, que se nos informe cuál es su monto y los demás detalles del contrato, porque la gente de la isla Huar necesita saber qué pasará con sus caminos. Espero que el oficio se despache pronto y que el ministro responda a la brevedad estas inquietudes, por cuanto la maquinaria de Vialidad sólo estará durante el verano en la isla y sería muy importante para sus habitantes que se considerara la mantención de los otros caminos mencionados. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPECTO DE PUBLICIDAD DE PROGRAMAS DEL GOBIERNO. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, en el articulado permanente de todas las leyes de presupuestos que hemos aprobado los últimos años hemos incluido un artículo del siguiente tenor: “Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.” Así lo ratificó, además, la Contraloría General de la República en el dictamen Nº 47.311, de 19 de noviembre de 2002, luego de que un grupo de diputados recurriera a dicha entidad para manifestarle que el Ministerio de Salud estaba llevando a cabo una campaña destinada a publicitar el plan Auge, sin que se respetase la norma sobre publicidad que acabo de leer. No me parece necesario dar lectura al informe que la Contraloría emitió en esa oportunidad, porque ya está citado. Pero sí quiero que se oficie a dicho organismo para que, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, investigue y emita un pronunciamiento relativo a tres programas de publicidad del Gobierno: la reforma previsional, Chiledeportes y el sistema Chile Crece Contigo. En televisión y, en general, en los medios de prensa se ha producido una amplia difusión que, a mi juicio, no cumple con el artículo que acabo de citar de la ley de Presupuestos, razón por la cual solicito que la Contraloría General de la República realice una investigación respecto a si esos tres programas cumplen o no con la legalidad vigente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención. PREOCUPACIÓN POR ACTOS DE VIOLENCIA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay. El señor ESTAY.- Señor Presidente, manifiesto mi honda preocupación por los hechos de violencia que se han sucedido durante los últimos días, sobre todo en horas recientes, en la Región de La Araucanía. Se ha tomado conocimiento de que en la comuna de Vilcún, Carabineros fue impedido de cumplir una orden de investigación impartida por la correspondiente fiscalía y que la fuerza policial fue atacada con balazos. Situación similar ha ocurrido en otras zonas. Además, en la madrugada de ayer, también fue asaltada una vivienda de campesinos, de trabajadores al cuidado del fundo San Leandro, del sector Dollinco Bajo, aproximadamente de doce kilómetros de la comuna de Lautaro, lugar al que ingresó en forma violenta un grupo de doce o quince personas, todos hombres, con equipamiento y preparación de tipo paramilitar, y procedieron a la destrucción de dos galpones. Estos hechos han sido absolutamente minimizados por las autoridades de Gobierno y por el general de Carabineros, Cristián Llévenes, jefe de la Novena Zona de Carabineros, quien señaló que se trataría simplemente de hechos delictuales. Pido oficiar al general director de Carabineros de Chile, con copia de mi intervención y de las declaraciones formuladas por el general Llévenes, pues no se condicen con la información que ha aparecido en las últimas horas en la prensa, que señalan que la Coordinadora Arauco-Malleco se ha adjudicado estos hechos de violencia ocurridos en Lautaro. Además, solicito que se oficie al ministro del Interior -y se le adjunte copia de mi intervención- para pedirle que se haga parte y cargo de estos hechos violentos que ocurren en la Región de La Araucanía, que aumentan cada vez más, lo que hace pensar, derechamente, que en la zona están actuando grupos paramilitares ligados con movimientos extremistas. Debemos considerar también que al menos diez ciudadanos chilenos habrían recibido formación militar por parte de las Farc, antecedentes que hoy se encuentran en poder del Ministerio Público. Espero que el Ministerio del Interior se haga cargo de estos hechos y proceda a iniciar las acciones que correspondan, porque se trata de actos de terrorismo y no simplemente de actos delictuales. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y en ambos se adjuntará copia de su intervención. INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA ENAP. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alfonso Vargas. El señor VARGAS.- Señor Presidente, en los últimos días han quedado en evidencia irregularidades que afectan a la Enap. Digo “nuevamente”, porque no podemos olvidar el “caso del desmalezado” ocurrido en la Quinta Región. El gerente general de la Enap presentó su renuncia por la pérdida de miles de millones de pesos, alrededor de 550 millones de dólares. Además, la deuda a corto plazo de la empresa subió, en 2008, de 800 a 4 mil millones de dólares, debido a la compra de diésel a alto precio, a los aportes al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y al Transantiago, entre otras razones. En estos casos, siempre los medios y la opinión pública se preguntan quién controla esto y, específicamente, qué hizo la Cámara de Diputados en el cumplimiento de su función fiscalizadora. Pues bien, informo a esta Sala que ya en octubre solicité a la Enap, por medio de la Subsecretaría de Minería, información y documentos con el objeto de corroborar diversas irregularidades de las que había tomado conocimiento. El 17 de diciembre pasado, el renunciado gerente general, señor Dávila, amigo personal de la Presidenta de la República, se da el lujo de estimar “improcedente” remitir la mayoría de los antecedentes solicitados por la Cámara de Diputados. La prepotencia y el desprecio manifestados por el señor Dávila hacia esta Cámara es absolutamente inaceptable. Digo “esta Cámara” puesto que el señor Dávila ignoraba quién solicitaba esos antecedentes, ya que el oficio fue cursado a través de la Oficina de Informaciones de esta Corporación. En merito de lo expuesto, solicito que se oficie al señor contralor general de la República para que investigue, recabe y remita a esta Cámara los siguientes antecedentes: 1.- Todas las actas de sesiones de Directorio de 2007 y 2008. 2.- Memorandos confidenciales Nos 066, de 26 de julio de 2006; 072, del 1 de agosto de 2007, y 088, del 1 de septiembre de 2007. 3.- Actas de sesiones del Comité de Auditoría Nos 82, del 26 de julio de 2007; 83, del 28 de agosto de 2007; 86, del 10 de septiembre de 2007, y 87, del 25 de septiembre de 2007. 4.- Acuerdo de Directorio Nº 978-4. 5.- Informe en derecho del abogado Davor Harasic al Comité de Auditoría de la Enap de fecha 24 de septiembre de 2007. 6.- Incumplimiento del gerente general señor Dávila de las normas establecidas referentes a la creación, supresión o modificaciones de la estructura organizativa y nombramiento de ejecutivos sin acuerdo previo ni posterior del Directorio, como también de la fijación de remuneraciones y modificación del reglamento de contrataciones de la Enap con efecto retroactivo. 7.- Observancia por parte del señor Dávila de las normas de la empresa en el nombramiento de la señora Paula Hidalgo, quien ingresó a la Enap en 2001 con contrato a honorarios por un monto de 600 mil pesos, pero que ya en 2007 recibía 9.575.989 pesos mensuales. Es decir, en seis años se le aumentó la remuneración en casi 9 millones de pesos, más los montos que recibe en diversos directorios en que fue nombrada por don Enrique Dávila. Indicar monto de la remuneración actual de la señora Hidalgo y de lo que recibe por concepto de directorios de empresas anexas a Enap. 8.- Comisiones al extranjero, viáticos, motivos, lugares y fechas de los viajes de don Enrique Dávila y de doña Paula Hidalgo desde el 2003 a la fecha. 9.- Informar si procede el pago de indemnización al señor Dávila y, en caso de ser positiva la respuesta, indicar el monto. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE REVOCACIÓN DE DECRETO ALCALDICIO QUE PRORROGA CONTRATOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN CARLOS. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado don Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, el 3 de diciembre de 2008, el alcalde saliente de la comuna de San Carlos, provincia de Ñuble, firmó un decreto en que prorroga los contratos de veinte funcionarios municipales. No obstante, el 26 de diciembre de 2008, dicho decreto fue revocado por otro decreto firmado por el nuevo alcalde, por el cual se exonera a dichos funcionarios municipales. En consecuencia, pido que se envíe oficio al Contralor General de la República para que informe a esta Cámara si procede que el nuevo alcalde revoque un decreto firmado por el alcalde anterior en perjuicio de un número significativo de funcionarios municipales. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de quien habla. CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN SECTOR QUE UNE COIHUECO CON SAN FABIÁN. Oficios. El señor SABAG.- Señor Presidente, quiero referirme a la situación de aislamiento que viven los vecinos del sector Las Veguillas, comuna de San Fabián, vecina a la comuna de Coihueco. En dicho sector existe un cable que cruza el río Ñuble, a través del cual se desplaza un carro, único medio por el cual se trasladan las personas entre ambas comunas. Dichos carros han sido fabricados por los vecinos, pero hoy se hallan en precarias condiciones. Esta situación se analizó extensamente en un programa de Televisión Nacional de Chile, denominado “Esto no Tiene Nombre”, en que se mostró la situación de aislamiento que viven las familias del sector en pleno Siglo XXI. Ante ello, el ministro de Obras Públicas se comprometió a realizar un proyecto de ingeniería para construir una pasarela, cuyos fondos estarían disponibles. Por tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al director de Vialidad, para que informen en qué etapa se encuentra el proyecto de pasarela peatonal que une las comunas de Coihueco y San Fabián y si están disponibles los recursos para que ello sea una realidad, a fin de poder dar solución al problema de aislamiento que viven los habitantes del sector Las Veguillas de la comuna de San Fabián, colindante con la comuna de Coihueco, proyecto que fue comprometido por el ministro de Obras Públicas a través de Televisión Nacional de Chile, a fin de dar una respuesta a los vecinos sobre esta situación que les afecta diariamente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de quien habla. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.34 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 14. Informe de la participación de la diputada señora Vidal, doña Ximena, en la sesión del Parlatino realizada en Ciudad de Panamá en el mes de diciembre del año 2008. 1.- La necesidad de ir adecuando los ordenamientos jurídicos tanto internos como externos de los países latinoamericanos en orden a establecer herramientas jurídicas de protección uniformes y claras respecto de los derechos de las personas a poner límites a las conductas de racismo, xenofobia, discriminación, violencia racial o étnica y cualquier otra forma de atentado contra la dignidad humana. 2.- En cuanto al derecho de educación, tenemos que materializar las múltiples normas que existen en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos y hacer efectivas las garantías que va existen en los documentos constitucionales de este lado del mundo, por lo que el desafío concreto es entender que esas normas deben ser llevadas a la acción c no permanecer en los documentos constitucionales como normas de carácter programático o aspiracionales de cada Estado, logrables sólo en la medida de lo posible, o subordinadas a la voluntad del gobernante. Un derecho es tal cuando es exigible de otro, en este caso del Estado. El derecho a la educación, y a que esta sea digna, de calidad sin exclusiones y sin discriminaciones de ningún, tipo tal ha sido formulado a nivel multilateral desde el año 1960 en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la cual fue Adoptada en París el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia v la Cultura, que señala a este respecto: Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por "discriminación" toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial: a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados t tipos de enseñanza; b) Limitar a un nivel inferior la educación de una o de un grupo; c) A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; d) Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación incompatible con la dignidad humana; Esta garantía tiene que ser efectiva y llevada a la práctica los países suscritos a este instrumento, deben estar dotados de la institucionalidad necesaria para supervigilat el cumplimiento de dicho derecho. En Chile poseemos al Ministerio de Educación con facultades fiscalizadoras, tenemos también acciones constitucionales destinadas a la protección de dicho derecho tal como el recurso de protección, que defiende la libertad de enseñanza v de educación, como además estamos en un proceso de creación de una Superintendencia de Educación que intenta agrupar atribuciones fiscalizadoras p poder sancionador. 3.- En la misma línea, es necesario tener presente las reflexiones y conclusiones consignadas en el documento final de la Conferencia Regional de América Latina y El Caribe preparatoria a la Conferencia de Examen de Durban, reunida en Brasilia del 17 d 19 de junio de 2008, en el contexto de la celebración del Año Iberoamericano contra todas las Formas de Discriminación y del 60° Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del I nombre; en la cual se señaló en sus múltiples y diferentes párrafos que debe "considerarse que un sistema eficiente de protección contra la discriminación en el marco del sistema universal de derechos humanos debe propiciar el fortalecimiento y la coherencia entre los mecanismos en la materia, evitando la duplicación e incrementando la efectividad;" Señala además que "Acoge con beneplácito la labor realizada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, frente a las formas nuevas y contemporáneas de racismo y discriminación racial". Asimismo, "expresa su pleno apoyo y reconocimiento al Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo Discriminación Racial Xenofobia y f r Conexas de Intolerancia por su labor, y pide al Relator Especial que siga poniendo particular atención a la incidencia negativa del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el goce pleno de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales por las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, las poblaciones inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados"; Esa línea de acción que propone el señalado documento bajo distintas formas es la forma con la que debe actuarse, poniendo énfasis en el desarrollo de formas efectivas de protección 4. Una de las vigas maestras del Parlatino debemos recordar, son: la defensa de la democracia; el fomento del desarrollo pleno y la integración socio cultural, política y económica de la comunidad latinoamericana; la afirmación de la paz, la seguridad y el desarme mundial- la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo racismo otro tipo de discriminación; la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de las controversias internacionales, y la prevalencia de principios generales del Derecho y de los valores éticos universales; entre otros. Tanto el desarrollo de algunos de estos conceptos como la descripción de las diversas actividades que el Parlamento Latinoamericano impulsa para llevarlos a la práctica, se encuentran en los documentos institucionales del organismo. Es redundante entonces ir mas allá de lo dicho, pues el documento realizado en reunión del Parlatino en Brasil del año 2001, se perfilan claramente además todas las directrices programáticas que hacen del Parlatino un defensor permanente de las garantías humanas tuteladas por el Derecho Internacional v Nacional. Se suma a lo anterior, el párrafo siguiente: "Lo anteriormente señalado exige identificar e incorporar en la dinámica pretendida a los actores sociales claves de cada país. Esto no es simple ni rápido, pero puede ser hecho paulatinamente. Los actores sociales, su papel y su nivel de influencia, son cambiantes. De acuerdo a las circunstancias aparecen y desaparecen, pueden involucionar o adquirir un mayor protagonismo. Cada país tiene sus peculiaridades al respecto, por lo que no es posible tener un esquema rígido para imponerlos a todos. Más aún, debido a la dinámica ya mencionada, dentro de un mismo país pueden producirse cambios muy significativos v en períodos relativamente breves. Los actores sociales claves son aquellos que determinan el avance de cada país. Algunos de ellos tienen una destacada actividad política, otros acMan menos notoriamente en ese plano, pero de ellos depende la actividad académica, o la productiva, o la informativa, o la gestión social de los problemas cotidianos de las comunidades, u otro aspecto crucial para la marcha de esa sociedad. Pueden ser organismos del gobierno central, o de gobiernos seccionales, municipios u otras formas de poder local. También pueden ser organizaciones sindicales, de profesionales, de comunidades urbanas y rurales pobres que autogestionan su desarrollo, cámaras de los diferentes sectores de producción y comercio, asociaciones de comunicadores, etc. Pueden estar formalmente reconocidas, o simplemente ser organizaciones de hecho. Pueden expresar intereses de sectores ocupacionales, O étnicos, o religiosos, o de ciertas minorías. Pero sólo pueden ser identificados y contactados desde el interior de sus propios contextos. El Plan de educación para la integración y Desarrollo (documento desarrollado en Brasil 2001 como lo señalamos) lo señala claramente. La orientación para la acción debe reconocer, distinguir y actuar conforme a dichas distinciones, y para ello es necesario poder seguir avanzando en políticas que tomen en cuenta los grupos de la sociedad civil, las herramientas jurídicas con las que cuentan, y las institucionalidad de cada país para canalizar el contenido del derecho a una educación digna, de calidad, participativa, inclusiva, etc. 5.- Se observa hoy en Latinoamérica un abandono y algo de ignorancia de los posibles resultados económicos y sociales del proceso de integración en la educación; debilidad de quienes lo impulsan, y fortaleza de los factores internos y externos; hay también una limitada conciencia política del proceso; ideologías intransigentes; grandes problemas económicos e intereses cortoplacistas, etc. Entonces talvez, la unificación de criterios sea la tarea a realizar hoy a nivel latinoamericano, y ese es hoy un trabajo político, no sólo de recursos o de instrumentos jurídicos. Luego de la etapa de cristalización de las cartas constitucionales, es necesario unificar criterio para pasar a la etapa de implementación de planes que tengan como fin la realización de los derechos. Se habla de la integración en un nivel técnico; también en un nivel político, v se elaboran ideas generales y se asumen compromisos, pero la gente de los distintos países continúa sabiendo poco y nada sobre este tema, y esperando poco y nada también, por lo tanto, no se han comprometido con el proceso. Deber de este órgano de quienes lo componemos, es también eso, comprometer a la ciudadanía con el reclamo y respeto de sus propios derechos. 15. Moción de los diputados señores Chahuán, y Sepúlveda, don Roberto. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley Nº 340, sobre concesiones marítimas, a fin de establecer la obligación de los concesionarios de preservar el medio ambiente marítimo y acuático libre de contaminación. (boletín N° 6347-12). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. El otorgamiento de concesiones marítimas se encuentra regulado en el Decreto Supremo (M) Nº 340 de 1960, en cuyo artículo 2º se establece que es facultad privativa del Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Marina, conceder el uso particular en cualquier forma, de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja de 80 metros de ancha, medidos desde la más alta marea de la costa del litoral; como asimismo la concesión de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahías; y también las concesiones en ríos o lagos que sean navegables por buques de más de 100 toneladas, o en los que no siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la extensión en que estén afectados por las mareas, de las playas de unos y otros y de los terrenos fiscales riberanos hasta una distancia de 80 metros medidos desde comienza la ribera. El artículo 3º por su parte, prescribe que son concesiones marítimas, las que se otorgan sobre bienes nacionales de uso público o bienes fiscales cuyo control, fiscalización, supervigilancia corresponde al Ministerio de Defensa Nacional Subsecretaría de Marina, cualquiera sea el uso a que se destine la concesión y el lugar en que se encuentren ubicados los bienes. Esta misma norma establece que las concesiones de acuicultura son las que define la Ley General de Pesca y Acuicultura, que se otorgan para fines de cultivo de especies hidrobiológicas, en las áreas fijadas como apropiadas para el ejercicio de la acuicultura y se rigen por las disposiciones de la referida ley. El referido artículo 3º prescribe que tienen el carácter de permiso o autorizaciones aquellas concesiones marítimas de escasa importancia, de carácter transitorio y que solo son otorgadas por el plazo de un año, correspondiéndole su otorgamiento a la Dirección del Litoral y Marina Mercante (Actualmente, Dirección General del Territorio y Marina Mercante). Pese a que el otorgamiento de concesiones marítimas tiene una gran importancia para el desarrollo económico del país, especialmente en los ámbitos pesquero y acuícola, no se advierte en el texto de este cuerpo legal la obligación que los concesionarios deben tener en orden a preservar el medio ambiente marítimo y acuático libre de contaminación, que en nuestro concepto resulta de suma importancia, ya que dicho deber no solo corresponde al Estado, conforme lo preceptúa el artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República, sino que también resulta exigible a quienes usen de forma particular determinadas porciones del territorio marítimo o acuático, en virtud de dichas concesiones. En tal virtud, consideramos necesario agregar un inciso final al artículo 4º de este Decreto con Fuerza de Ley, en que se establezca en forma precisa esta obligación. En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente: PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifìcase el artículo 4º del Decreto con Fuerza de Ley (M) Nº 340 de 1960, sobre Concesiones Marítimas, agregando un inciso final, del siguiente tenor: “Todos los concesionarios estarán obligados a preservar el medio ambiente marítimo y acuático, libre de contaminación.” 16. Moción de los diputados señores Chahuán, Aedo, Díaz, don Eduardo; Escobar, Mulet, Valenzuela y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra Modifica artículo 80 de la Constitución Política de la Republica, para permitir la interposición de Querellas por personas distintas a los ofendidos, en casos que indica. (boletín N° 6351-07). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. El artículo 80 de la Constitución Política de la República que define al Ministerio Público como un organismo autónomo y jerarquizado que tiene por finalidad dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, le impone también el deber de ejercer, en su caso, la acción penal pública en la forma prevista por la ley, obligaciones que también se transcriben en el texto del artículo 1º de la Ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Por su parte, el inciso segundo del citado artículo 80, dispone que el ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. Consideramos que esta facultad se ha visto excesivamente restringida, por cuanto el Código Procesal Penal establece que sólo el ofendido por el delito, al que denomina víctima, podrá querellarse. En efecto, el artículo 111 del mencionado texto legal, que regula dicho ejercicio, sólo permite que se querelle una persona distinta a la víctima, y que sea capaz de parecer en juicio y domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos por un funcionario público, que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución Política o contra la probidad pública. A su vez, el inciso tercero de este mismo artículo 111, prescribe que los órganos y servicios públicos sólo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes. Esta disposición, en nuestro concepto, no hace sino restringir aún más el rango de acción para el ejercicio de este tipo de acción, ya que si un servicio público determinado no cuenta expresamente con esta potestad, no podría interponer una querella contra un funcionario de su dependencia y que haya cometido, por ejemplo, un delito de malversación. En tal virtud, si bien concordamos con la exclusividad que el Estado otorga al Ministerio Público para la dirección de la investigación de los hechos constitutivos de delito, con el objeto de ejercer en su caso la acción penal pública correspondiente, consideramos que no resulta procedente minimizar la posibilidad de que personas distintas al ofendido puedan deducir querellas por delitos de acción penal pública. En este orden de ideas, debe considerarse al querellante ajeno al ofendido, como un verdadero coadyuvante del Ministerio Público, aportando antecedentes, proponiendo diligencias indagatorias, y en fin, colaborando con la investigación, máxime si se considera que dada la excesiva carga de trabajo que deben enfrentar los Fiscales del Ministerio Público, que les impide atender con la dedicación requerida la gran cantidad de causas que tienen asignadas, les resulta casi imposible conocer a fondo cada causa, a lo que se agrega que en muchas audiencias propias del procedimiento, son otros los fiscales que intervienen, con un conocimiento transitorio del caso. A lo anterior debe agregarse que actualmente muchos municipios del país han implementado dentro de sus estructuras, organismos destinados a combatir la delincuencia en el ámbito jurídico, como asimismo, para hacer efectiva la protección a las víctimas, aspecto en que el Ministerio Público no ha demostrado gran eficiencia, pero se han visto impedidos de interponer querellas a nombre de los ofendidos, por no estar permitido por la legislación. Asimismo, se han organizado en varias ciudades, corporaciones o asociaciones de defensa de víctimas, a los que por esta misma razón, les está vedado ejercer una acción penal como querellantes, en nombre o representación de los ofendidos, sobre todo cuando se trata de ilícitos contra la propiedad, que constituyen el mayor porcentaje de los que se cometen actualmente en el país. Con anterioridad a la reforma introducida al Código Procesal Penal, en virtud de la Ley Nº 20.074, publicada el 14 de Noviembre de 2005, el inciso final del artículo 111 ya mencionado, disponía: “Asimismo, podrá deducir querella cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, respecto de delitos cometidos en la misma, que afectaren intereses sociales relevantes o de la colectividad en su conjunto.” Considerando que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que el ejercicio de la acción penal pública está entregado principalmente al Estado, por mandato constitucional, creemos que debe incorporarse al artículo 80 de la Carta Fundamental, una norma similar a la que fue derogada, a fin de permitir la interposición de querellas por parte de personas distintas a los ofendidos y demás personas determinadas en la ley. En virtud de las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL: Artículo único: Modifícase el artículo 80 de la Constitución Política de la República, agregándose en su inciso segundo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “De igual modo, podrá ejercer la acción penal pública cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, respecto de delitos cometidos en la misma, que afectaren intereses sociales relevantes o de la colectividad en su conjunto, en la forma prevista por la ley”. 17. Moción de los diputados señores Chahuán, Aedo, Díaz, don Eduardo; Escobar, Mulet, Valenzuela y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra Deroga inciso final del artículo 20 de la ley Nº 18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de Policía Local, para permitir a los jueces dejar en suspenso las sanciones que imponga a infracciones que indica. (boletín N° 6352-07). FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. La Ley Nº 18.287, que establece el procedimiento aplicable ante los Juzgados de Policía Local, dispone en su artículo 20 que si resultare mérito para condenar a un infractor que no hubiere sido antes sancionado, el Juez le impondrá la pena que corresponda, pero si aparecieren antecedentes favorables, podrá dejarla en suspenso hasta por un año, declarándolo así en la en la sentencia misma y apercibiendo al infractor para que se enmiende. Si dentro de ese plazo, el infractor reincidiere, el fallo que se dicte en el segundo proceso, lo condenará a cumplir la pena suspendida y la que corresponda a la nueva contravención o falta en que se le juzgue culpable. Esta facultad, que consideramos absolutamente procedente, toda vez que se otorga una nueva oportunidad al infractor que demostrare la concurrencia de antecedentes favorables a su respecto, no es aplicable empero a las infracciones calificadas de graves o gravísimas por la Ley de Tránsito, según lo prescribe el inciso final del artículo 20 ya mencionado. Estimamos que la limitación de la facultad antes descrita, que inhibe al Tribunal a otorgar una oportunidad a los infractores para que se enmienden y eviten incurrir en nuevas faltas o contravenciones, resulta absolutamente drástica y desmesurada, más aún si se considera que las infracciones consideradas gravísimas previstas en la Ley de Tránsito son cinco y las graves, son cuarenta y cuatro. Entonces, muchas veces, si el juez encuentra antecedentes favorables que concurren en relación a la conducta que se atribuya al infractor, no le queda más camino que imponer la sanción, pese a que bien podría dejarla en suspenso, para los efectos de rehabilitación ya señalados. En tal virtud, consideramos que para dar un mayor rango al tribunal en lo que respecta tanto a la apreciación de los hechos imputados como de los antecedentes favorables que pudieren aparecer respecto del denunciado, en que no obstante se hace procedente su condena, pero permitiéndose dejarla en suspenso, se hace necesario derogar este inciso tercero, que prohíbe hacer uso de la facultad referida, cuando se trate de infracciones graves o gravísimas. En mérito a lo expuesto, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifícase la Ley Nº 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, derógandose el inciso final de su artículo 20. 18. Moción de la diputada señora Pérez, doña Lily, y del diputado señor Palma. Otorga protección en la entrega de datos privados a los Fiscales del Ministerio Público (boletín N° 6353-07). ANTECEDENTES: Como se sabe, la reforma procesal penal, junto con haber introducido grandes mejoras en el sistema inquisitivo que regía en Chile, ha traído como consecuencia problemas no deseados en el espíritu de la reforma, que dicen relación principalmente con la seguridad personal de los fiscales del ministerio público. Si bien, nadie puede negar, que la labor de los fiscales implica por esencia un determinado nivel de riesgo, al ser ellos, los que representan a la sociedad, para efectos de lograr encontrar y castigar a quienes cometen los ilícitos, ello no puede significar, que la ley no se encargue de brindarles la debida protección. De esta manera, la seguridad de los fiscales del ministerio público es un tema primordial en estos días, no solo por la gran conmoción pública que han provocado los últimos acontecimientos dados a conocer en los medios de comunicación social, sino por ser un aspecto medular en un estado de derecho. Al respecto, no podemos dejar de mencionar que han existido importantes avances en la materia, principalmente dados por la ley 20.236, que sanciona los delitos cometidos contra los fiscales del ministerio público y defensores. No obstante ello, siguen existiendo aspectos que mejorar, principalmente, aquellos que dicen relación con la protección en la entrega de sus datos personales. Por estas razones, hemos estimado necesario modificar el Código Procesal Penal, con el objeto de proteger los datos privados de los fiscales del ministerio público en las causas que actualmente te encuentren investigando. Es así, como este proyecto contempla medidas de protección para hacer frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia, pudiendo además exigir, a cualquier persona o entidad pública o privada, que se inhiba de entregar a terceros, información o antecedentes personales, que puedan comprometer la seguridad individual de los fiscales. En consecuencia, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY 1.- Para agregar un inciso segundo al artículo 77 del código procesal penal con el siguiente tenor: “En el ejercicio de estas facultades, el Fiscal o Fiscales Regionales respectivos, siguiendo el procedimiento administrativo que el Ministerio Público haya regulado para estos casos, podrán requerir a los tribunales y a las Policías, todas las medidas de protección necesarias para hacer frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra de algún Fiscal o Funcionario de esa institución o de sus familiares, entendiendo por tales los que estén vinculados con él por parentesco por consaguinidad o afinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o por adopción. Asimismo, podrán exigir a cualquier persona o entidad pública o privada, incluyendo instituciones financieras, casas comerciales, u otras que administren o tengan bases con datos o antecedentes personales, que se inhiban de entregar a cualquier tercero, información o dichos datos o antecedentes, con el fin de evitar comprometer la seguridad individual de algún Fiscal. Lo anterior, con la salvedad, que el o los Fiscales o Funcionarios interesados, consientan en dicha entrega.” 2.- Para agregar un inciso cuarto al artículo 180 del código procesal penal, con el siguiente tenor: “Durante el desarrollo de la investigación de un hecho que revista los caracteres de delito, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Garantía, que prohíba la difusión del nombre, rostro u otros datos personales, de los fiscales que se encuentren participando en ella, o sus familiares, conforme al inciso segundo del artículo 77”. 19. Moción de los diputados señores Mulet, Araya, Egaña, Escobar, Meza, Jarpa, Olivares, Robles, Rojas y Valenzuela. Autoriza construir monumento en honor a la vida y obra del Senador Pedro León Gallo en la ciudad de Copiapó. (boletín N° 6354 24). Don Pedro León Gallo nació en Copiapó, el 12 de febrero de 1830; su padre fue el empresario minero de la plata de Chañarcillo Miguel Gallo Vergara y su madre, Candelaria Goyenechea y Sierra, quienes fueron padres de 9 hijos, de los cuales tres destacaron ya sea en la minería o en la política: José Tomás, Miguel Ángel Custodio y Pedro León. La existencia de Pedro León Gallo se inserta en una sociedad nueva y pujante que era el resultado del gran auge minero de Atacama hacia mediados del siglo XIX. Fue en su ciudad natal donde realizó sus primeros estudios, en el colegio de La Merced, trasladándose más tarde a Santiago donde ingresó al Instituto Nacional. La lucha contra los gobiernos de Bulnes y Montt habría sido por la rigidez institucional y el deseo de mayor libertad. Avanzada la década de 1850 el propósito de reformar la Constitución era evidente en los grupos con mayor libertad que propiciaban una vida política más desenvuelta. En lo fundamental se trataba de reducir el poder del presidente de la república y asegurar los derechos individuales. Para el año 1852, las fuerzas gubernativas se impusieron, derrotando a los movimientos de La Serena y Copiapó, aplacando la guerra civil y los levantamientos. El régimen institucional, tenía su base en las instituciones jurídico políticas creadas por la Constitución de 1833 y algunas leyes complementarias, que dieron al régimen su carácter presidencial, autoritario, aristocrático y conservador. El Presidente de la República duraba cinco años en su cargo, poseía las atribuciones que son corrientes a los Jefes de Estado, pero poseía otras que acentuaban su poder, por ejemplo, el ejercer el patronato de la Iglesia, con el derecho de proponer a los más altos dignatarios, durante el receso parlamentario podía declarar en estado de sitio uno o varios puntos del país, suspendiéndose el imperio de la Constitución en el territorio respectivo. Además, nombraba a los magistrados de los tribunales de justicia, los jueces letrados de primera instancia, y velaba por la pronta y cumplida administración de justicia y la conducta ministerial de los jueces. Después de la revolución de 1851 reinó el apaciguamiento en el país debido a la política tranquilizadora del gobierno. Acercándose el término del año 1858 llega el momento en el cual el parlamento debía discutir sobre el presupuesto del año siguiente, según lo estipulaba la Constitución. La oposición quiso utilizar la oportunidad para hacer presente las arbitrariedades del ejecutivo, pero el gobierno impugnó la indicación y manifestó que el presupuesto fuera aprobado sin entrar a analizarlo como era ya costumbre. Así se hizo. Se desarrolló a lo largo del país el reformismo Constitucional que buscaba el cambio de las instituciones por la vía del convencimiento y sin recurrir a la lucha violenta. Durante el mes de Diciembre de 1858 se formaron en Santiago, Valparaíso, San Felipe, Concepción, Talca, Los ángeles, La Serena, Copiapó y Caldera clubes políticos de tendencia liberal que promovían la realización de una gran asamblea Constituyente de carácter nacional para preparar un cambio en el régimen institucional. Siendo aún muy joven colaboró con los negocios familiares en su ciudad natal, pero también surgió en él, su incuestionable vocación política lo que lo llevó a ser elegido regidor, al denunciar “la dura y horrible flagelación que se aplicaba sin tino ni mesura” Esta primera experiencia terminó con su destitución producto de la presentación de un voto de censura en contra del intendente. Esta situación ocurre en el contexto en el cual la lucha entre opositores y gobiernistas se acentúa en agosto de 1858, con motivo de una medida tomada por el intendente José María Silva Chávez contra dos policías municipales, a quienes se les aplicó la pena de “palos” que se daba con varas. Como ese tipo de castigo se encontraba prohibido por la municipalidad, el regidor Pedro León Gallo, que desde ese momento adquiere relieve político, presenta entonces el mencionado voto de censura. Su posición política inicial de apoyo al gobierno de Montt, varió sustancialmente pasándose a la oposición y organizando reuniones en esta línea, tanto en el norte como en Santiago. Aquí también surgió otra de sus facetas, como periodista, escribiendo artículos políticos en el periódico “El Copiapino”. En 1859 organizó una junta política, agrupando a ciudadanos descontentos, para enfrentar el Gobierno del Presidente Manuel Montt, que encarnaba el presidencialismo y el centralismo que asfixiaban la democracia. El 5 de enero de ese año inicia la “Revolución Constituyente”. Pedro León Gallo es elegido Intendente de Atacama al día siguiente. Se pone a la cabeza del movimiento, logra organizar un mediano ejército y se apodera y controla la ciudad de Copiapó y Caldera, luego Vallenar y La Serena, para conquistar esta en sus cercanías libra la gloriosa batalla de Los Loros donde el caudillo atacameño a la cabeza de su ejército y con gran valentía y arrojo derrota a las fuerzas de gobierno. Se prepara para seguir hacia el Sur. El gobierno envía un numeroso ejército a enfrentarle y es derrotado en Cerro Grande (cerca de Coquimbo) el día 29 de abril de ese año. El joven caudillo de Copiapó, que contaba con sólo con veintinueve años de edad se había convertido en un héroe romántico, encarnación de la libertad. Una vez derrotado debió exiliarse, permaneciendo en Argentina, Estados Unidos y Europa. Se ocupó entonces de la vida política y cultural, realizando observaciones que refinaron su espíritu y dedicó largo tiempo a las lecturas. Le interesaron principalmente la filosofía, la sociología y la literatura de preferencia la española. Gracias a una ley de amnistía que dictó el presidente don José Joaquín Pérez, pudo volver al país en 1863 y fue aclamado en todas partes en recuerdo de sus hazañas. En el teatro Municipal de Santiago se le ofreció un banquete por la juventud, sonde proliferaron los discursos de elogio y en cuya ocasión Vicuña Mackenna pronunció un entusiasta brindis. Junto con llegar al país, renacieron en el pecho de Gallo sus ideales reformistas, aunque aplacada la vehemencia por la nueva situación que se vivía. Ahora existía la posibilidad de avanzar en forma segura y de crear elementos sólidos para la apertura más democrática del Estado. En Copiapó fundó la primera Asamblea Radical que dio nacimiento a un nuevo partido político en Chile. Así mismo fundo el periódico “El Constituyente”, desde cuyas páginas propició una reforma de fondo a la Constitución de 1833. Siempre con el deseo de promover la transformación política y abrir un debate nacional, se creó en 1868 el club de la reforma, segundo de ese nombre, cuyos objetivos eran impulsar “el progreso político del país, propagando ideas que deben servir de fundamento a la reforma liberal de nuestras instituciones y corregir los malos hábitos que vician el sistema democrático”. Desde el punto de vista parlamentario, fue elegido Diputado suplente por Copiapó y Caldera, periodo 1864 1867. Fue Diputado propietario por Copiapó, periodo 1867 1870; integró la Comisión Permanente de Guerra y Marina. El Diputado suplente fue su hermano, José Tomás Gallo. Posteriormente, fue reelegido Diputado propietario por Copiapó, periodo 1870 1873; continuó en la Comisión Permanente de Guerra y Marina. Pedro León Gallo fue nuevamente, Diputado propietario por Copiapó durante el periodo 1873 1876; continuó en la Comisión Permanente de Guerra y Marina. Fue elegido Senador propietario por Atacama, periodo 1876 1882; integró la Comisión Permanente de Hacienda e Industria. Falleció repentinamente en Santiago, el 16 diciembre de 1877. Su súbita muerte estuvo ligada al agravamiento de una antigua herida que había recibido en la batalla de Los Loros en 1859, se le rindieron elogios y homenajes por parte de personalidades, instituciones y la prensa de todo el país. Como subrogante, fue electo en 1879, por 3 años, Manuel Antonio Matta. Sus restos fueron enviados entre muestras de dolor colectivo, de Santiago a Copiapó, donde fueron inhumados en medio de los tributos más sentidos. Durante este año se cumplen 150 años de su gesta y la comunidad copiapina liderada por su actual alcalde don Maglio Ciccardini Neyra han decidido perpetuar la obra del caudillo. Por tanto, venimos en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo 1 °: Autorízase erigir un monumento en la ciudad de Copiapó, en honor de la “Vida y Obra del ex Diputado y Senador Pedro León Gallo”. Artículo 2°: Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se creará para el efecto, en coordinación con la Intendencia Regional. Artículo 3°: Créase, en la Región de Atacama, un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en artículo precedente. Artículo 4°: Créase, en la Región de Atacama, una comisión especial, integrada por miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por: -Dos diputados de la región de Atacama. -El Alcalde de la comuna de Copiapó -Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales. -Un representante del Colegio de Arquitectos de Chile. -Un representante de la región respectiva perteneciente al Partido Regionalista de los Independientes y uno perteneciente al Partido Radical Social Demócrata. La Comisión elegirá un presidente de entre sus miembros; funcionará en la Gobernación de la Provincia de Copiapó, en la ciudad de Copiapó, y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros. Artículo 5°: La comisión tendrá las siguientes funciones: a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2°, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción, b) Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con la Municipalidad de Copiapó y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar sus construcciones, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales; c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo: d) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo. Artículo 6°: Si una vez construido el monumento queda excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados a los fines que la Comisión determine. 20. Moción del diputado señor Eluchans. Modifica la Ley N° 19.871, que autoriza erigir un monumento en la localidad de Isla Negra, en memoria de Pablo Neruda (boletín N° 6357 24). ANTECEDENTES. 1.- La ley N° 19.871, publicada en el Diario Oficial el 9 de mayo de 2003, autorizó erigir un monumento en la localidad de Isla Negra en memoria de Pablo Neruda. En su artículo 7°, la ley citada estableció que el monumento en memoria de Pablo Neruda debería erigirse en el plazo de 5 años contado desde la publicación de la ley. 2.- Luego, la ley N° 20.177, publicada en el Diario Oficial el 10 de abril de 2007, modificó la ley N° 19.871, estableciendo que el monumento ya mencionado podía erigirse en Isla Negra “o en su entorno”; 3.- Actualmente, el plazo establecido por el artículo 7° de la ley N° 19.871 se encuentra vencido desde el 9 de mayo de 2008 y el monumento aún no se ha ejecutado. 4.- Por lo anterior, de no ampliarse el plazo, de acuerdo a la misma norma recién citada, procedería aplicar los recursos obtenidos hasta esa fecha, por concepto de erogaciones, a los objetivos de beneficencia establecidos por la Comisión Especial de miembros ad honorem, encargada de ejecutar el monumento a Pablo Neruda. 5.- De esta manera, se hace necesario renovar el plazo para hacer efectiva la ejecución total y completa del monumento a Pablo Neruda que autorizó erigir la ley N° 19.871. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente: PROYECTO DE LEY: “Artículo primero transitorio. Renuévese el plazo a que se refiere el artículo 7°, por un año, a contar de la publicación de esta ley.”. 21.Certificado del Jefe de Unidad de Administración de Causa del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, de Valparaíso. Certifico: que en la causa Ruc 0610014802-K, RIT 142-2008, caratulada Ministerio Público contra Laura Filomena Soto González y otros por el delito de Estafa, se realizó la Audiencia de Juicio Oral desde el día 17 de junio al 28 de agosto de 2008,, comunicándose veredicto absolutorio respecto de Laura Filomena Soto González; que con fecha 23 de septiembre de 2008 se efectuó la Audiencia de Comunicación de sentencia, exponiendo en su parte resolutiva que se absuelve a la acusada Laura Filomena Soto González, cédula de identidad N° 2.513.730-2, como autora del delito de estafa del artículo 468 del Código Penal, acaecido en esta ciudad, en el segundo semestre del año 2005; que la referida acusada no se halla sometida a medida cautelar alguna; que con fecha 05 de enero de 2009 la Ilustrísima Corte de esta ciudad declara que la sentencia no es nula, la que se encuentra ejecutoriada, dictándose el cúmplase con fecha 08 de enero de 2009. Valparaíso, 09 de enero de 2009. (Fdo.): MAURICIO ABARCA SILVA, Jefe Unidad de Administración de Causa, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Valparaíso.