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- rdf:value = " NORMATIVA ESPECIAL PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.
Recuerdo a la Sala que en la sesión de ayer se rindieron los informes de las Comisiones de Unidas de Economía, Fomento y Desarrollo y de la micro, pequeña y mediana empresa y de la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín .
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, estamos ante un importante proyecto de ley que ha generado muchas expectativas para el desarrollo productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas y que es el resultado de un compromiso del Gobierno de la Concertación, en especial de la Democracia Cristiana.
Estamos convencidos de que este tipo de iniciativas contribuyen a evitar la concentración económica en el país, prioridad muy importante para nosotros. Agradezco la buena disposición del ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para acoger las ideas que planteamos los parlamentarios para mejorar el proyecto y que no siempre fueron aceptadas por sus asesores. Sin embargo, el ministro sí las acogió porque consideró que enriquecían el proyecto.
Además, es un asunto emblemático para la Democracia Cristiana por el efecto evidente que tiene el desarrollo de las pymes en el empleo y en el aspecto productivo de muchos sectores de la economía. Asimismo, tienen grandes reservas de productividad, que pueden permitir que el país desarrolle más competitividad.
Cabe señalar también lo importante que es contar con un estatuto porque las pymes han demostrado en la experiencia internacional que tienen mayor flexibilidad organizacional para enfrentar situaciones de crisis. Por último, constituyen un espacio prioritario y privilegiado para el desarrollo de la innovación e incorporación de procesos productivos más limpios que permiten aumentar las posibilidades de desarrollo.
Por lo tanto, puedo decir, como diputado democratacristiano, que este proyecto tiene la gran virtud de mejorar la competencia de la actividad productiva nacional, buscando una institucionalidad coherente y un marco regulatorio que permitan generar igualdad de condiciones para el desarrollo de las pymes. De manera que está nivelando la cancha para jugar mejor el partido del desarrollo nacional que requerimos. En esa línea, voy a destacar algunos elementos que, a nuestro modo de ver, como democratacristianos, tienen especial relevancia.
Al comienzo, teníamos algunas expectativas adicionales, en el sentido de que pudieran incorporarse a aspectos vinculados con la tributación, el emprendimiento o mejoras tributarias para favorecer a este sector; pero se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo, en cuanto a que esta materia se abordaría en otros proyectos que se han estado desarrollando.
Por tanto, por un acuerdo adoptado en el seno de la Comisión, dejo constancia de que la iniciativa no contiene ningún elemento vinculado con esta temática. Insisto en que no se trata de que la materia no vaya a abordarse, sino que se hará por otras vías.
Me referiré a cinco o seis puntos que, a mi juicio, tienen especial relevancia, aunque son muchos más los contenidos en el proyecto.
En primer lugar, el proyecto incrementa la fuerza de la institucionalidad pública para permitir el desarrollo de las empresas de menor tamaño. En este contexto, el Ministerio de Economía deberá impulsar -se trata de una función imperativa el desarrollo de las empresas de menor tamaño y facilitarles la utilización de instrumentos de fomento dispuestos por los órganos del Estado.
Debo reconocer que, luego de una larga discusión, el ministro de Economía accedió a cambiar el nombre de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. En lo sucesivo se denominará Subsecretaría de Economía y Empresa de Menor Tamaño, a fin de centrar la acción del Ministerio a favor de estas empresas. Por otra parte, al crear la División de Empresas de Menor Tamaño, que tampoco existía, se está reforzando la institucionalidad, a fin de favorecer a los micro, pequeños y medianos emprendedores. Dicha Subsecretaría deberá velar por que todas las políticas que se desarrollen en los distintos sectores dirijan una mirada especial y preferente a las empresas de menor tamaño. Asimismo, la nueva Subsecretaría estará obligada a realizar el seguimiento de los programas, políticas y acciones dirigidos a ese sector. Es decir, habrá una preocupación especial por las pymes que antes no existía.
En segundo lugar, me parece fundamental destacar lo relacionado con la definición de las empresa. No me referiré a sus divisiones, por cuanto la Comisión puso énfasis en definir a los beneficiarios, a fin de que los instrumentos que se pongan a su disposición lleguen a las personas adecuadas. Se ha demostrado que, muchas veces las buenas iniciativas se desfocalizan. En este caso, ese peligro está previsto.
En tercer lugar, otro elemento importante de subrayar es el establecimiento de un marco regulatorio que asegurará buenas prácticas para las pymes, lo que se traduce en apuntar con mayor énfasis a las particularidades del sector, de modo de ajustar las fiscalizaciones que en ocasiones les afectaban. En cuarto lugar, el proyecto propicia el otorgamiento de permisos provisorios de funcionamiento y patentes municipales provisorias. Este es un avance muy importante, porque facilita la marcha inicial de una empresa o su establecimiento. Con esta medida se evita que la empresa incurra en gastos adicionales que, muchas veces, no permiten dar viabilidad al emprendimiento. Asimismo, las normas sanitarias especiales establecidas en el proyecto ameritan un reconocimiento a las autoridades pertinentes. Quiero hacer hincapié en el tratamiento especial y diferenciado que se da a las pymes en el ámbito de aplicación de la ley laboral. La idea no es promover abusos, sino darles un tratamiento especial en función del número de trabajadores y de las sanciones de que va a ser objeto. Ello significa valorar sus particularidades.
Por último, el proyecto abre una gran oportunidad para que las empresas de menor tamaño suscriban acuerdos de producción limpia. Las instituciones públicas, a través de la Corfo, pondrán a su disposición instrumentos para efectuar mejoras productivas, de infraestructura y de procesamiento, a fin de que –repitoproduzcan- en forma limpia y, con ello, mejoren sus condiciones de competitividad y contribuyan a la sustentabilidad y al desarrollo, cuestión que, normalmente, estaba reservada sólo a las grandes empresas.
En general, las medidas reseñadas están orientadas a dar un trato especial y preferencial a las micro, pequeñas y medianas empresas.
No quiero finalizar mi intervención sin resaltar un hecho que considero de la mayor importancia.
Existen muchas propuestas legislativas que buscan incrementar el capital de trabajo de las pymes. En este proyecto se ha incorporado una materia fundamental: me refiero a las cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad de la empresa de mayor tamaño. Por primera vez, se crean condiciones para generar una competencia más leal y evitar que las grandes empresas abusen con las micro y pequeñas empresas, en especial en lo relativo a las formas de pago. Repito que se trata de una cláusula fundamental que nuestra bancada patrocinó con mucha decisión, pues producirá un cambio fundamental para el desarrollo de las pymes. Ella señala que las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario de mayor tamaño serán abusivas y, en especial, aquellas que reserven al empresario que contrata con la micro, pequeña y mediana empresa un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para satisfacer la prestación debida. Además, el proyecto recoge el acuerdo entre D&S y sus proveedores, señalando que se entenderá como abusivo o un plazo excesivamente largo aquel que supere los 30 días. Por primera vez, se fija por ley un plazo máximo de pago a los proveedores de las grandes empresas. Con esto, se termina con el abuso de pagar a 30, 60, 90 y 120 días, lo que limitaba absolutamente la liquidez de las pymes. La cláusula marcará un antes y un después en el vinculo entre las grandes empresas y los pequeños emprendedores. Con ello, estos últimos no tendrán que recurrir al endeudamiento o a los factoring para conseguir liquidez.
Por último, llamo a las diputadas y a los diputados a apoyar el proyecto, en particular la cláusula reseñada.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, ¿cuántos años debieron pasar para hacer un reconocimiento a las pymes? El proyecto representa un avance en esta materia, aunque siempre hay “peros” en el camino. Siempre hemos dicho que las pymes son las que generan la mayor cantidad de empleos en el país. Hay distintos cálculos y estadísticas sobre la materia.
Pero lo que queda claro es que el propósito de la iniciativa es crear una institucionalidad y una regulación comprensiva de las necesidades a que se halla sujeto el desenvolvimiento de las empresas de menor tamaño para fomentar su desarrollo económico. No voy a ahondar en las ideas centrales del proyecto, porque quienes me antecedieron en el uso de la palabra ya se refirieron con precisión a tópicos tales como la definición de empresa de menor tamaño, armonización regulatoria, Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño, permisos provisorios, normas sanitarias, protección de la micro y pequeña empresa en su rol de consumidoras, asesores económicos y multas laborales. Se han precisado claramente su significado y lo que constituyen todas estas normas, que son ideas centrales del proyecto.
Pero, cuando hablamos de las pymes, nuestro interés debe traducirse en iniciativas legales como ésta; sin embargo, queda mucho por avanzar, sobre todo, en un año económico bastante difícil donde las más perjudicadas van a ser, precisamente, la pequeña y la mediana empresa.
Cuando se comenzó a hablar sobre la crisis económica, el Gobierno y el ministro de Hacienda manifestaron que si bien su control no estaba asegurado, se habían tomado medidas que permitirían enfrentarla en mejor forma. Ahora, el ministro nos dice que no se previó que sus efectos iban a ser mayores. Obviamente, los más perjudicados serán los trabajadores y las pymes. Aquí ha habido un avance, interés del Ministerio de Economía. ¿Cuántas veces hemos criticado al Gobierno por sus políticas económicas? Muchas veces, pero es justo reconocer que, en el caso de las pymes, después de que pasaron por el Ministerio de Economía distintos ministros, quizás, el ministro señor Lavados tomó esta iniciativa como propia. A lo mejor, no estamos de acuerdo con muchas de las cosas en que no se avanzó, pero hay que reconocer -lo hago como Oposición- que se tomó como una cuestión personal -por decirlo así- un anhelo que ha sido muy importante para las pymes. Pero, obviamente, el tema no se ha resuelto y las medidas propuestas en el proyecto son positivas y oportunas.
La institucionalidad que se está impulsando debiera llenar un significativo vacío en nuestra legislación que, sistemáticamente, ha postergado a las empresas de menor tamaño. Aún así, nos parece que este proyecto es suficientemente claro y decidido en su estrategia de fomento de las pymes.
Algunas de las reformas propuestas como, por ejemplo, los acuerdos para producción limpia, son consagraciones legales de cosas que, en los hechos, ya se vienen haciendo desde hace tiempo.
Asimismo, las reformas en torno a los asesores económicos de insolvencias, una de las materias más profundamente desarrolladas del proyecto, si bien están orientadas en forma positiva, parecen excesivamente tardías. Un apoyo para las pymes que capacite y facilite el desempeño comercial de los pequeños emprendedores, podría ser de mucho mayor impacto que una asesoría de rescate que, ordinariamente, llegará demasiado tarde para lograr algún grado de salud financiera para el asistido.
Por último, no puede dejar de destacar también que se ha desperdiciado una oportunidad inigualable para avanzar más profundamente en la definición del concepto de pyme. Existen criterios más dinámicos e integrales que el adoptado aquí que caracterizan claramente a las empresas de menor tamaño y que consisten en el mero volumen de ventas.
A decir verdad, en este caso, ha imperado una cierta falta, no sé si de creatividad legislativa, a la hora de segmentar los distintos rangos de las empresas para lograr una focalización más comprensiva de su realidad comercial. Se podría haber optado por un polinomio de cálculo que ponderara distintos criterios, tales como número de trabajadores, capital, ventas, sector productivo, etcétera. Tal vez, ese habría sido un auténtico avance por su novedad conceptual y porque permitiría un diseño mucho más agudo de potenciales futuras políticas orientadas a las empresas de menor tamaño. Esperamos que se puedan corregir, y es de esperar que el Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño avance en este sentido.
Independientemente de esta reflexión, de las aprensiones que uno pueda tener, en el sentido de que quizás podría habernos faltado un poco más de creatividad y de realismo para avanzar un poco más, reitero que estas medidas son positivas y oportunas. En este contexto, lo más importante es que estamos dando un paso en el camino de las mil millas para hacer realidad nuestra preocupación de llevar a las pymes del país a un grado de esperanza, de poder ser viables y seguir dando mayor trabajo en una crisis que se nos viene fuerte.
Por eso, que no quepan dudas de que vamos a apoyar con todas nuestras fuerzas este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Gonzalo Arenas .
El señor ARENAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar la flexibilidad del Ejecutivo durante la discusión de este proyecto de ley, porque acogió muchas sugerencias que se hicieron sobre esta materia en las Comisiones Unidas de Economía y Pymes. Por lo tanto, consideramos que se alcanzaron, si no todos, varios de los objetivos propuestos en esta legislación especial. Principalmente, quiero destacar la creación de la división de empresas de menor tamaño a que el Gobierno se allanó durante la discusión del proyecto. Sin duda, es importante, no porque creamos que las pymes van a surgir porque existirá una División de Empresas de Menor Tamaño, sino porque es tal el caos o la dispersión institucional de recursos, de fomento y de capacitación a los cuales pueden optar que, muchas veces, es difícil lograr una centralización o una especie de ventanilla única para estos beneficios. Por eso, la creación de esta División, si bien no es todo lo que buscábamos -muchos diputados pidieron, incluso, una especie de Subsecretaría de las pymes dentro del Ministerio de Economía-, sí importa un inicio para tratar de ordenar y dar cierta lógica al apoyo estatal a las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, quiero destacar algunas ideas inspiradoras del Estatuto pymes. Por ejemplo, los permisos provisorios; la autodenuncia en materia ambiental, en el entendido de que el Estado busca ayudar a las pymes a que cumplan con la normativa, más que perseguirlas; los asesores económicos de insolvencia y los acuerdos de producción limpia. Esta última materia no debió haber estado en el Estatuto, sino que debió haber sido una norma aparte, especial, por su importancia y trascendencia. No fue objeto de mayor discusión en la Cámara, porque varios de los diputados presentes tuvimos oportunidad de conocer el proyecto a fondo. Se trata de un programa que ha impulsado el Gobierno, a través de la Comisión de Producción Limpia que, sin duda, ha dado resultados positivos y está en la lógica de ayudar a las empresas a cumplir con la normativa, más que a perseguirlas. Además, está en la lógica de que cumplir con las normas ambientales también ayuda a la eficiencia y a la productividad.
Por eso, en el mediano o largo plazo, es rentable invertir en producción limpia y eso hay que destacarlo.
Ahora, hay dudas respecto de algunos aspectos de la institucionalidad que se crea, principalmente respecto del Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño. Creo que se pudo haber avanzado más en las atribuciones de este Consejo, porque el temor que surge siempre, cuando se crean estos consejos tan amplios, donde participa tanta gente, es que se conviertan en una especie de encuentros para realizar una catarsis de los problemas de las pequeñas y medianas empresas y no en una instancia que dé soluciones efectivas y reales. Por eso, hay que ver cómo funciona y cómo se desarrollará este Consejo, junto con la División de Empresas de Menor Tamaño al interior del Ministerio de Economía, para determinar, posteriormente, si es necesario dotar a esta institucionalidad de un poder resolutivo mayor que el que hoy tiene. También deseo destacar la protección a las micro y pequeñas empresas en su rol de consumidoras. En este sentido, como lo dijo el diputado Vallespín , un tema de especial importancia dice relación con el término de las cláusulas abusivas, porque todos estamos por evitar que las grandes empresas hagan negocios y obtengan ingresos a costa del crédito o del pago que deben hacer las pequeñas empresas. Por eso, es importante la incorporación de estas normas en la ley Nº 20.169, que regula la competencia desleal.
Si bien reconocemos estos avances, podrían implementarse otras medidas, quizás no tan llamativas y menos centralizadas en la pequeña empresa, pero podrían tener un impacto positivo. Quizás, estas medidas podrían ser materia de otra iniciativa, pero son desafíos pendientes a favor de las pequeñas y medianas empresas.
Deseo referirme de manera especial al tema tributario, materia respecto de la cual todavía se puede avanzar mucho más para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a destrabar la burocracia existente en la actualidad, que muchas veces las obliga a incurrir en incumplimiento de sus obligaciones tributarias y, en consecuencia, caer en la informalidad. El último paquete de medidas económicas considera normas importantes en materia tributaria, relaja lo relacionado con los pagos PPM y suspende, por algún tiempo, la aplicación del Impuesto de Timbres y Estampillas. Pero, reitero, se podrían implementar otras medidas que, sin duda, serían bien recibidas por las pequeñas y medianas empresas.
El establecimiento de normas más flexibles en relación con la aplicación de sanciones y el proceso de fiscalización en materia laboral por parte de la Dirección del Trabajo son avances que incorpora el Estatuto de las pymes. Sin embargo, se podría avanzar en materia de flexibilidad laboral, sobre todo, si consideramos que es muy difícil para las pymes, en relación con las grandes empresas, cumplir con las normas laborales. Sin embargo, esa diferencia todavía no se plasma en nuestra legislación.
Asimismo, se podría haber avanzado más en la simplificación de los trámites de formalización de las pequeñas y medianas empresas. Al respecto, uno de los objetivos dice relación con la necesidad de lograr el denominado trámite cero, o prácticamente cero, para los primeros meses de vida de las medianas, pequeñas y microempresas, y exigirles una formalización gradual cuando logren consolidarse de manera más o menos sólida. Sin embargo, esa materia no se recoge en profundidad en este proyecto de ley. Un último aspecto que vale la pena considerar se relaciona con lo excesivos que resultan los costos notariales para las empresas de menor tamaño. El Ejecutivo envió a tramitación un proyecto de ley, radicado en la Comisión de Constitución, que reforma el sistema registral y notarial. Por lo tanto, una vez que esa iniciativa se convierta en ley de la República, favorecerá a las pymes, que, reitero, pagan costos notariales excesivos por un servicio que es muchas veces, deficiente.
Para finalizar, agradezco al Ejecutivo el tiempo que ha dedicado a la tramitación de este proyecto de ley, y espero que éste sea sólo el primer paso para ir perfeccionando una institucionalidad real y efectiva en favor de las pequeñas y medianas empresas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, estamos en presencia de una iniciativa largamente esperada por las pequeñas y medianas empresas, cuyos representantes siempre han argumentado que su situación es distinta de la que exhiben las grandes empresas y que, por lo tanto, requieren un tratamiento regulatorio también distinto.
En verdad, tiene sentido esa petición, sobre todo, si consideramos que la regulación a que el Estado somete a las empresas no es una cuestión inocua o que no tenga costos; por el contrario, los tiene. Obviamente, las medianas y grandes empresas pueden sobrepasar este valle porque tienen asesores, abogados, gerentes, personal e, incluso, amigos influyentes. Eso es lo que ocurre en Chile, porque es el país de los amigos. Reconozcámoslo. Lamentablemente, las empresas chicas no tienen gerentes, asesores, abogados y tienen muchos menos amigos. Por lo tanto, el aparato regulatorio que se les impone a todas por igual, tiene un peso distinto para ellas. Y esto es -así lo creolo que han tenido en mente los dirigentes gremiales de las pymes para pedir, hace muchos años un tratamiento regulatorio distinto, más liviano y menos costoso. El proyecto en estudio es un intento para ir en esa dirección y, en efecto, algo avanza en ese sentido, razón por la cual me parece que lo más sensato es votarlo favorablemente. Sin embargo, es un proyecto tremendamente tímido.
En la Comisión de Hacienda, un dirigente gremial dijo que lo mejor de este proyecto no era su contenido, sino que, por fin, el Gobierno había decidido enviar a tramitación una iniciativa que, por tímida que fuera, introducía un tratamiento distinto para las pymes. A mi juicio, eso es así; lamentablemente, como ya lo dije, los pasos que se dan son tímidos.
¿Qué otras medidas más potentes se pudieron haber considerado? Hay una medida muy pro pymes que, lamentablemente, la Concertación nunca ha asumido con fuerza por temor a que se produzca elusión tributaria. Me refiero a la ampliación del uso del beneficio establecido en el artículo 14 bis de la ley sobre Impuesto a la Renta, que establece algo muy simple: la empresa no paga impuesto a la renta mientras no haga retiro de utilidades. Es decir, en la medida en que se mantengan las utilidades en la empresa, ésta no tributa. Hoy, esa disposición favorece a las empresas con ventas de hasta 100 mil unidades de fomento al año. Esto constituye un tremendo y poderoso estímulo a la reinversión, no a la distribución de utilidades. Sin embargo, a la Concertación no le gusta, entiendo que por temor a la elusión y a la pérdida de control en materia de pago de impuestos.
Considero importante hacer la siguiente reflexión. El gran problema de las empresas familiares o pymes es su imposibilidad de acceder al financiamiento, porque no tienen garantías y, a veces, sus dueños están en Dicom; es muy difícil que les presten dinero. Entonces, ¿cuál es la gran fuente de financiamiento para las pymes? Sus propias utilidades. Cuando ellas hacen un negocio y obtienen un margen positivo, lo invierten en otro negocio, y así, sucesivamente.
Repito que la gran fuente de financiamiento de las pymes o de las empresas familiares es su propia generación de excedentes o de utilidades, aunque desde el punto de vista contable no son lo mismo.
Por lo tanto, cuando gravamos recursos, obviamente, de alguna manera, estamos impidiendo que esa fuente de financiamiento cumpla plenamente su rol. Por eso, es tan importante hacer la distinción entre el pago de impuestos por lo que se gana versus el pago de impuestos por lo que se reparte. En mi opinión, hay que gravar fuertemente el consumo y la repartición de utilidades; pero no a las pymes cuando generan excedentes que reinvierten en la empresa porque, reitero, constituyen su gran fuente de financiamiento.
Habría que ampliar esta norma, de manera de hacerla aplicable a empresas con ventas mayores.
Otro aspecto importante se relaciona con el Impuesto de Timbres y Estampillas. Me pregunto, ¿por qué no eximir definitivamente del pago de este impuesto a las empresas con bajos niveles de ventas, habida consideración de que es tremendamente gravoso, costoso y duro para ellas? Algunos argumentarán que sería invitarlas a subdividirse para no pagar. Pero, muchas veces, el Gobierno ha tomado medidas que benefician a empresas con ventas por debajo de determinado monto, sin que se haya producido una subdivisión masiva de ellas. Ahora que el Gobierno, en el último paquete económico, suspendió el pago del Impuesto de Timbres y Estampillas por un año para todas las empresas, yo le pediría que evaluara la posibilidad de eliminar definitivamente el pago de este gravamen para las empresas de menor tamaño, tomando como base para esta clasificación lo que establece el artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, es decir, que las empresas con ventas de 100 mil UF al año no pagaran dicho impuesto. No sé si esto, a juicio del ministro, generaría un comportamiento artificial de excesiva subdivisión de empresas; pero a mí me parece que sería una medida tremendamente potente. Otra cosa que creo que falta -leí el proyecto y no me parece haberlo vistodice relación con las regulaciones. Si el Estado no responde una petición después de determinado tiempo, ésta se da por otorgada. Esto se llama silencio administrativo. Se traspasa la responsabilidad al regulador: si éste no cumple con su deber dentro de cierto plazo, la pyme no tiene por qué pagar el costo de la demora. Casualmente, hoy en la mañana, visité una pyme que no ha podido conseguir que la Municipalidad de Viña del Mar le otorgue el permiso para formalizar la venta de departamentos que vendió en verde, porque hay un lío entre el Serviu y la Dirección de Obras, que desde hace meses que se tiran la pelota uno a otro. El pobre pyme está destruido porque, mientras esos dos organismos intentan ponerse de acuerdo respecto de la pavimentación de una calle, que generó un problema urbanístico, el taxímetro del banco que le financió parte de la obra sigue corriendo. Por eso, la institución del silencio administrativo debiera usarse con más fuerza. No puede ser que las consecuencias de que nadie se haga cargo de la obligación de resolver caigan, finalmente, sobre los ciudadanos o las pymes. Debe caer sobre quien ha sido incapaz de destrabar el problema y no sobre quien es regulado.
Por último, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, que aunque tímido, es un paso en la dirección correcta. Pienso que con un poco más de audacia podríamos hacer mucho más por las pequeñas y medianas empresas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, ante todo, felicito al Gobierno por el envío de este proyecto que entrega un nuevo marco regulatorio para un sector muy importante de nuestra economía. Pocas veces tenemos la posibilidad, desde esta tribuna y en forma personal, de felicitar al Ejecutivo, representado hoy por el ministro de Economía. La bancada PRI-Independientes esperaba con mucha fuerza y desde hace mucho tiempo el envío de este Estatuto. Ello es indicador de que vamos por el camino correcto, toda vez que implica un reconocimiento a la tremenda labor que realizan las pequeñas y medianas empresas.
Durante las dos o tres semanas que duró mi visita al País Vasco, pude apreciar el rol que han jugado la micro, pequeña y mediana empresa en el resurgimiento de la economía de ese país. Asimismo, el reconocimiento del Estado y la creación de una institucionalidad que sostiene a estas empresas provocaron un recambio muy importante que ha sido valorado por el sector.
Nosotros hemos sostenido siempre la necesidad de crear una Subsecretaría de Pymes, a pesar de que tenemos claro que es mucha la carga de trabajo del ministro de Economía y son muchas las aristas de su cargo, desde visitar ferias hasta hacer frente a las complejidades de la crisis económica, etcétera. Por eso, repito, planteamos la creación de una Subsecretaría de Pymes. ¿Y por qué? Porque aunque estemos creando un nuevo marco regulatorio básico, con grados de flexibilidad que permitirá incorporar a las pymes con más certeza. Hemos comprobado en terreno que las reglas del juego no son claras, sobre todo, en lo que dice relación con los distintos instrumentos de fomento productivo.
Quiero dar un ejemplo. Soy diputada por Chimbarongo, comuna que tiene muchos microempresarios que son artesanos. A esos artesanos, Sercotec les pidió un tipo de regulación, una suerte de asociatividad. Hicieron todo lo que había que hacer; pero cuando postularon al instrumento de fomento productivo, que es el capital semilla, les cambiaron las reglas del juego, no pudieron optar y todo el proceso de unificación, que es tan importante para el negocio, se quebró. Por eso, pienso que este cambio de institucionalidad debiera considerar un mecanismo más flexible para la creación de pymes. Nos da la impresión de que hay una gota por aquí y otra gota por allá. Por eso, una Subsecretaría de Pymes habría permitido tener una sola visión del problema y, de esa forma, buscar una solución integral. Siempre hemos planteado que para el microempresario debiera haber una ventanilla única para obtener permisos, materia que el proyecto flexibiliza; ventanilla única para postular a los instrumentos de fomento productivo; ventanilla única para buscar vías de financiamiento, es decir, capital de trabajo, y también para solucionar los problemas de endeudamiento, que es una mochila muy pesada para el desarrollo del sector.
Todas las propuestas del proyecto; las definiciones; las regulaciones especiales; las fiscalizaciones, que más que punitivas pasan a tener un carácter educativo; el otorgamiento de permisos provisorios, que dará más flexibilidad al sistema; las normas especiales de orden sanitario, sin duda, muy importantes para la creación de microempresas; los asesores económicos de insolvencias, institución muy importante para quienes no tienen recursos para pagar una asesoría que los oriente, y las normas especiales relativas a sanciones por incumplimiento de la normativa laboral. Siempre digo que las leyes andan por allá arriba, porque otra cosa es lo que ocurre en terreno; otra cosa es lo que ocurre con las personas o con las microempresas. Tenemos que ir revisándolas y mejorándolas, en la medida en que la ley se vaya haciendo carne y sea utilizada por la pequeña y la mediana empresa.
Los diputados de las bancadas PRIIndependientes vamos a votar a favor de la iniciativa, pero esperamos tener muy pronto una subsecretaría especializada en la materia. Si incorporamos con fuerza la visión de la microempresa en el quehacer político del Gobierno, vamos a tener una reactivación económica mucho más rápida, profunda y estable, que nos permitirá mirar más de lejos las crisis económicas, no sólo la que estamos viviendo hoy, sino las que tengamos que enfrentar en el futuro.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, tal como lo planteó uno de los invitados en la Comisión de Hacienda, es lógico que el Estado trate de distinta forma a las empresas que son diferentes.
Desde el punto de vista del mercado y de la regulación que hace el sector público, me parece razonable la premisa que planteó nuestro invitado. No es lo mismo una pequeña empresa que tiene ingresos menores a 100 mil UF al año que una gran empresa; no tiene la misma capacidad operativa, de planificación ni los recursos humanos para desarrollar una gestión similar. Una pequeña empresa, de cualquier rubro, requiere un trato distinto de parte del Estado, tanto en los aspectos regulatorios, como en aquellos que le permiten desarrollar en mejor forma su función. Esto por una razón muy simple y, tal vez, la más importante; que las pequeñas y medianas empresas generan más del 60 por ciento del empleo en Chile, porcentaje que se eleva a más del 70 por ciento si sólo se considera al sector privado. Por lo tanto, constituyen la fuente laboral donde trabaja la gran mayoría de los chilenos. De manera que la regulación a que las somete el Estado no puede medirse con la misma vara con que se miden otras empresas. Hay cosas bastante claras, simples y fáciles de entender, como lo plantearon nuestros invitados a la comisión. A una pequeña empresa de servicios, que podría ser un pequeño restorán de comida al paso no se le puede exigir que tenga baños separados para hombres y mujeres. Bastaría con uno porque sus clientes pueden fluctuar entre cinco y diez personas, sobre todo en provincias o en sectores rurales. ¿Por qué debemos exigirles baños separados para hombres y para mujeres y, además, para el personal? No tiene lógica.
Tampoco tiene lógica, cuestión que hemos discutido en otras ocasiones, que los grandes malls o empresas como Falabella, que están subdivididos en pequeñas empresas, se beneficien con las franquicias que se otorgan a las pymes. Por eso, el Estado deberá tener la claridad suficiente para tratar de manera distinta a las empresas que son diferentes.
El proyecto contiene normas para distintas áreas, que las pequeñas empresas nunca tuvieron en el pasado; por ejemplo, en temas ambientales, que les permitirán llevar a cabo buenas prácticas laborales y medioambientales.
También incorpora materias muy importantes, una de las cuales me parece muy decidora; una pequeña empresa es distinta de una gran empresa y, por lo tanto, los ministerios van a tener que readecuar necesariamente sus reglamentos a esa realidad. Al respecto, le pedimos al ministro que presentase una indicación para que los distintos ministerios, en un plazo de tres a cinco años, a los más, incorporen los conceptos que estamos entregando en esta oportunidad en los reglamentos que dicten, con el objeto de que armonicen con la futura ley.
Dicho esto, quiero referirme a dos temas que me parecen importantes, respecto de los cuales tuvimos ciertas discrepancias con el Ejecutivo.
El primero tiene que ver con el Código Sanitario. Consideramos que la Comisión de Salud debe analizar las modificaciones que se introducen a este Código, porque no me parece bien que esa labor sea realizada por la Comisión de Hacienda. Yo me opuse a los cambios que se efectúan mediante este proyecto a dicho Código, porque, si bien es cierto que estamos legislando para facilitar la actividad de las empresas de menor tamaño, no lo es menos que nuestro interés final es el bien público, es decir, que las personas reciban el mejor servicio o producto. A mi juicio, esto no puede quedar plasmado en una ley económica, puesto que es una materia que tiene que ver con el Código Sanitario, es decir, con lo que la gente va a recibir, desde el punto de vista de su salud o de su alimentación.
Al respecto, puse un ejemplo muy simple que se da permanentemente. Todos sabemos que cuando el queso de cabra se elabora en forma muy artesanal, hay muchas posibilidades de que se produzca una intoxicación alimenticia grave de las personas que lo consumen, porque no tuvo la precaución de pasteurizar la leche. Por lo tanto, no se le pueden dar facilidades a una pequeña empresa para que elabore queso de cabra sin atenerse a lo que establece el Código Sanitario y la autoridad sanitaria respecto de los procesos y procedimientos de elaboración de este alimento.
Por eso, creo que en determinadas áreas el proyecto avanza más allá de lo que hubiéramos querido, porque lo lógico hubiera sido que un reglamento determinara esta materia desde un punto de vista estrictamente técnico y pensando en el bien común, particularmente en las personas que van a consumir productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas.
El otro tema respecto del cual también tuvimos diferencias con el Ejecutivo tiene que ver con los estamentos educacionales, porque la gran mayoría de los colegios y de los liceos, incluso del área rural, van a tener un trato distinto en relación con su gestión educacional. Nos parece tan importante la educación -consideramos que es la piedra angular del desarrollo-, que las pequeñas y medianas empresas que quieran lucrar con ella deben estar reguladas en forma mucho más profunda y estricta que otras. Por ello, con el diputado Súnico presentamos una indicación para excluir de los beneficios que otorga el proyecto a las pequeñas y medianas empresas que lucran con la educación.
Otro aspecto que quiero comentar, es que el Ejecutivo está abusando con el mecanismo de las urgencias. Digo esto porque la única posibilidad que tenemos los diputados de modificar una iniciativa del Ejecutivo es mediante la presentación de indicaciones; pero éstas sólo se pueden formular cuando un proyecto es calificado con simple urgencia. Pues bien, el Ejecutivo calificó la iniciativa en debate, que no es tan compleja, con “suma” urgencia, por lo que los diputados no podremos presentar indicaciones para mejorarla. Considero que el Ejecutivo hace uso abusivo de sus atribuciones en esta materia. Los parlamentarios somos elegidos por el pueblo para que demos a conocer nuestra visión sobre las distintas materias a través de indicaciones.
Espero que en el próximo período presidencial se cambie el sistema político existente. Creo que debemos optar por uno semipresidencial. No es posible que el Presidente de la República tenga tanto poder para impedir, mediante el mecanismo de las urgencias, que los diputados presentemos indicaciones a proyectos que no son tan relevantes. Ello permitirá que los diputados que no estuvieron presentes en las comisiones también hicieran sus aportes.
Uno puede ver la gran cantidad de proyectos que ingresan a las comisiones con urgencia “simple” o sin urgencia, pero cuando llegan a la Sala, son calificados con “suma” urgencia, lo que impide que los parlamentarios ejerzamos nuestras funciones.
Hago esta reflexión porque me parece muy importante que los parlamentarios tengamos la posibilidad real de trabajar y desarrollar nuestra labor en la Sala como corresponde.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el ministro de Economía, don Hugo Lavados .
El señor LAVADOS (ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente, después de casi un año de debate en comisiones, de un profundo análisis del proyecto y de muchas indicaciones presentadas -gran parte de ellas consensuadas y recogidas por el Ejecutivo-, nos encontramos en esta instancia que es extremadamente importante para nosotros.
Quiero agradecer de verdad las opiniones vertidas en estas dos sesiones. Todas han sido muy positivas y enriquecedoras, porque nos van a permitir seguir avanzando, incluso, las más críticas y discrepantes, porque si sólo se plantean opiniones de acuerdo, no vamos a poder contrastar y plantear cosas distintas.
Es conveniente, necesario y justo hacer un reconocimiento al trabajo de los diputados tanto en las Comisiones Unidas, donde se discutió el proyecto, como en la Comisión de Hacienda. Hubo un arduo trabajo, aunque, desde nuestro punto de vista, quizás excesivamente largo en el tiempo.
Los distintos temas que se tratan en las comisiones, los tiempos, las posibilidades de reunión no siempre son los que a uno le gustarían, pero en este caso se logró un proyecto que claramente perfecciona lo planteado originalmente.
Una vez despachada la iniciativa por el Senado, vamos a iniciar un análisis de las adecuaciones necesarias de la reglamentación existente.
Quiero finalizar diciendo al diputado señor Robles que las regulaciones sanitarias van a continuar en manos de las autoridades sanitarias. No hay modificación al respecto. Es sólo un ajuste respecto de un tema, pues siempre es la autoridad sanitaria la que calificará el potencial peligro para la salud. Quiero enfatizar que ha sido un tiempo muy positivo y esperamos que el Senado apruebe la iniciativa en el plazo más breve para que se transforme en ley.
Muchas gracias.
El señor ENCINA (Presidente).-
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación general el proyecto que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, con excepción del los artículos NOVENO -número 4y UNDÉCIMO -artículo 8º-, que requieren quórum de ley orgánica constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Pérez San Martín Lily ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe
-Se abstuvo el diputado señor Mulet Martínez Jaime .
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación los artículos NOVENO -número 4- y UNDÉCIMO -artículo 8º-, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de 66 señoras y señores diputados en ejercicio.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Pérez San Martín Lily ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
-Se abstuvo el diputado señor Mulet Martínez Jaime .
El señor ENCINA (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para considerar una indicación presentada por su excelencia la Presidenta de la República.
Acordado.
El señor Secretario le dará lectura.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación es para intercalar el siguiente ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO nuevo:
“Dentro de los dos primeros años de vigencia de la presente ley, la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, hará una revisión de la reglamentación actualmente aplicable a las empresas de menor tamaño, con la finalidad de proponer a los órganos públicos competentes las adecuaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo señalado en el ARTÍCULO PRIMERO de la presente ley.”
El señor ENCINA (Presidente).-
La indicación requiere quórum simple para su aprobación.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobada la indicación.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Pérez San Martín Lily ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; EnríquezOminami Gumucio Marco ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Soto González Laura ; Tarud Daccarett Jorge ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
-Se abstuvo el diputado señor Mulet Martínez Jaime .
El señor ENCINA (Presidente).-
Despachado el proyecto.
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/5724-26