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El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, estamos en presencia de una iniciativa largamente esperada por las pequeñas y medianas empresas, cuyos representantes siempre han argumentado que su situación es distinta de la que exhiben las grandes empresas y que, por lo tanto, requieren un tratamiento regulatorio también distinto.
En verdad, tiene sentido esa petición, sobre todo, si consideramos que la regulación a que el Estado somete a las empresas no es una cuestión inocua o que no tenga costos; por el contrario, los tiene. Obviamente, las medianas y grandes empresas pueden sobrepasar este valle porque tienen asesores, abogados, gerentes, personal e, incluso, amigos influyentes. Eso es lo que ocurre en Chile, porque es el país de los amigos. Reconozcámoslo. Lamentablemente, las empresas chicas no tienen gerentes, asesores, abogados y tienen muchos menos amigos. Por lo tanto, el aparato regulatorio que se les impone a todas por igual, tiene un peso distinto para ellas. Y esto es -así lo creolo que han tenido en mente los dirigentes gremiales de las pymes para pedir, hace muchos años un tratamiento regulatorio distinto, más liviano y menos costoso. El proyecto en estudio es un intento para ir en esa dirección y, en efecto, algo avanza en ese sentido, razón por la cual me parece que lo más sensato es votarlo favorablemente. Sin embargo, es un proyecto tremendamente tímido.
En la Comisión de Hacienda, un dirigente gremial dijo que lo mejor de este proyecto no era su contenido, sino que, por fin, el Gobierno había decidido enviar a tramitación una iniciativa que, por tímida que fuera, introducía un tratamiento distinto para las pymes. A mi juicio, eso es así; lamentablemente, como ya lo dije, los pasos que se dan son tímidos.
¿Qué otras medidas más potentes se pudieron haber considerado? Hay una medida muy pro pymes que, lamentablemente, la Concertación nunca ha asumido con fuerza por temor a que se produzca elusión tributaria. Me refiero a la ampliación del uso del beneficio establecido en el artículo 14 bis de la ley sobre Impuesto a la Renta, que establece algo muy simple: la empresa no paga impuesto a la renta mientras no haga retiro de utilidades. Es decir, en la medida en que se mantengan las utilidades en la empresa, ésta no tributa. Hoy, esa disposición favorece a las empresas con ventas de hasta 100 mil unidades de fomento al año. Esto constituye un tremendo y poderoso estímulo a la reinversión, no a la distribución de utilidades. Sin embargo, a la Concertación no le gusta, entiendo que por temor a la elusión y a la pérdida de control en materia de pago de impuestos.
Considero importante hacer la siguiente reflexión. El gran problema de las empresas familiares o pymes es su imposibilidad de acceder al financiamiento, porque no tienen garantías y, a veces, sus dueños están en Dicom; es muy difícil que les presten dinero. Entonces, ¿cuál es la gran fuente de financiamiento para las pymes? Sus propias utilidades. Cuando ellas hacen un negocio y obtienen un margen positivo, lo invierten en otro negocio, y así, sucesivamente.
Repito que la gran fuente de financiamiento de las pymes o de las empresas familiares es su propia generación de excedentes o de utilidades, aunque desde el punto de vista contable no son lo mismo.
Por lo tanto, cuando gravamos recursos, obviamente, de alguna manera, estamos impidiendo que esa fuente de financiamiento cumpla plenamente su rol. Por eso, es tan importante hacer la distinción entre el pago de impuestos por lo que se gana versus el pago de impuestos por lo que se reparte. En mi opinión, hay que gravar fuertemente el consumo y la repartición de utilidades; pero no a las pymes cuando generan excedentes que reinvierten en la empresa porque, reitero, constituyen su gran fuente de financiamiento.
Habría que ampliar esta norma, de manera de hacerla aplicable a empresas con ventas mayores.
Otro aspecto importante se relaciona con el Impuesto de Timbres y Estampillas. Me pregunto, ¿por qué no eximir definitivamente del pago de este impuesto a las empresas con bajos niveles de ventas, habida consideración de que es tremendamente gravoso, costoso y duro para ellas? Algunos argumentarán que sería invitarlas a subdividirse para no pagar. Pero, muchas veces, el Gobierno ha tomado medidas que benefician a empresas con ventas por debajo de determinado monto, sin que se haya producido una subdivisión masiva de ellas. Ahora que el Gobierno, en el último paquete económico, suspendió el pago del Impuesto de Timbres y Estampillas por un año para todas las empresas, yo le pediría que evaluara la posibilidad de eliminar definitivamente el pago de este gravamen para las empresas de menor tamaño, tomando como base para esta clasificación lo que establece el artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, es decir, que las empresas con ventas de 100 mil UF al año no pagaran dicho impuesto. No sé si esto, a juicio del ministro, generaría un comportamiento artificial de excesiva subdivisión de empresas; pero a mí me parece que sería una medida tremendamente potente. Otra cosa que creo que falta -leí el proyecto y no me parece haberlo vistodice relación con las regulaciones. Si el Estado no responde una petición después de determinado tiempo, ésta se da por otorgada. Esto se llama silencio administrativo. Se traspasa la responsabilidad al regulador: si éste no cumple con su deber dentro de cierto plazo, la pyme no tiene por qué pagar el costo de la demora. Casualmente, hoy en la mañana, visité una pyme que no ha podido conseguir que la Municipalidad de Viña del Mar le otorgue el permiso para formalizar la venta de departamentos que vendió en verde, porque hay un lío entre el Serviu y la Dirección de Obras, que desde hace meses que se tiran la pelota uno a otro. El pobre pyme está destruido porque, mientras esos dos organismos intentan ponerse de acuerdo respecto de la pavimentación de una calle, que generó un problema urbanístico, el taxímetro del banco que le financió parte de la obra sigue corriendo. Por eso, la institución del silencio administrativo debiera usarse con más fuerza. No puede ser que las consecuencias de que nadie se haga cargo de la obligación de resolver caigan, finalmente, sobre los ciudadanos o las pymes. Debe caer sobre quien ha sido incapaz de destrabar el problema y no sobre quien es regulado.
Por último, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, que aunque tímido, es un paso en la dirección correcta. Pienso que con un poco más de audacia podríamos hacer mucho más por las pequeñas y medianas empresas.
He dicho.
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