REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 131ª, en martes 3 de marzo de 2009 (Ordinaria, de 11.04 a 14.18 horas) Presidencia de los Encina Moriamez, don Francisco; Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.- Asistencia II.- Apertura de la sesión ..................................................................................... 15 III.- Actas................................................................................................................ 15 IV.- Cuenta ............................................................................................................. 15 Creación de Comisión Especial Investigadora................................................. 15 Integración de Comisión Mixta........................................................................ 15 V.- Orden del Día. Otorgamiento de nacionalidad, por especial gracia, a doña Joan Alison Turner Roberts. Primer trámite constitucional................................................. Perfeccionamiento del procedimiento de reclamación de multas aplicadas 15 por la Superintendencia de Valores y Seguros. Primer trámite constitucional Eliminación de constancia de prohibición de cambio de uso de suelo de pre-22 dios subdivididos. Primer trámite constitucional............................................. Perfeccionamiento de normas sobre protección a usuarios de tarjetas de crédito y débito. Modificación de las leyes N°s. 20.009 y 19.496. Primer trámite 27 constitucional ................................................................................................... 37 VI.- Proyectos de acuerdo. Medición de niveles de contaminación en estación intermodal de La Cister- na. (Votación)................................................................................................... Declaración de 2009 como año oficial de don Pedro León Gallo, José Sierra 41 y los constituyentes de 1859 ............................................................................ 41 Suspensión de reavalúo de bienes raíces agrícolas durante 2009 .................... 43 VII.- Incidentes. Investigación sobre otorgamiento de subsidios para viviendas usadas en la Sexta Región y ampliación de cupos. Oficios.................................................. Urgencia a proyecto de ley que regula instalación de antenas de telefonía ce-45 lular. Oficio...................................................................................................... Apoyo a intervención de presidente de la Corte Suprema en materia de vio-46 lencia intrafamiliar ........................................................................................... 46 Publicidad sobre funcionamiento de juntas inscriptoras electorales. Oficio.... 48 Urgencia a proyectos sobre donación de órganos. Oficios.............................. Agilización de toma de razón por la Contraloría de proyectos de inversión. 49 Oficios.............................................................................................................. Investigación de fusión de empresas importadoras de fertilizantes Soquimich 50 Comercial y Anagra. Oficios............................................................................ 50 Reactivación de proyectos públicos en la Región del Maule. Oficio............... 51 Creación de banco ganadero en la Región de Los Ríos. Oficio....................... 53 -Remodelación de estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. Oficios... -Investigación sobre entrega de recursos y facultades de la delegada presiden-54 cial en Chaitén. Oficios.................................................................................... Antecedentes sobre licitación de transporte público y rural en la Región de 54 O’Higgins. Oficio............................................................................................. Aumento de dotación y mejoramiento de infraestructura de Carabineros en la 55 Región de O’Higgins. Oficio ........................................................................... VIII.- Documentos de la Cuenta. Mensajes de S. E. la presidenta de la Republica por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1. “Aprueba el Segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones al Acuerdo de alcance parcial sobre Transporte Internacional Terrestre (Atit) entre los gobiernos de las Repúblicas Argentina, Bolivia, Federativa del Brasil, de Chile, de Paraguay, del Perú y Oriental del Uruguay”, suscrito en Montevideo el 16 de febrero de 2005, y el Acta de Rectificación de dicho 56 Segundo Protocolo Adicional, de igual fecha. (boletin N° 6390-10) .............. 2. “Modifica la ley General de Pesca y Acuicultura en materia de áreas de ma-58 nejo y registro pesquero artesanal”. (boletín N° 6391-21). (1156-356)........... 61 3.“Crea el subsidio al empleo”. (boletín N° 6393-05). (1437-356).................... 4.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “introduce modificaciones al Código Penal, en la regulación de ciertos deli-72 tos contra la administración pública”. (boletín N° 5725-07) ........................... 82 5. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira las urgencias que hiciera presente para el despacho de los proyectos mencionados en el presente documento: a)“Sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros”. (Boletín Nº 5407-05); b)“Modifica el artículo 66 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades”. (Boletín Nº 5924-06); c)“Regula la instalación de antenas emisoras y trasmisoras de servicios de telecomunicaciones”. (Boletín Nº 4991-15); d)“Establece el Estatuto Especial de Gobierno y Administración para el territorio de Isla de Pascua”. (Boletín Nº 5940-06); e)“Crea el sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”. (Boletín Nº 6260-06); f)“Sobre expendio de alcoholes en casinos de juegos”. (Boletín Nº 4468-06); g)“Aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana”, suscrito en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989. (Boletín Nº 6152-10) h)“Reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas”. (Boletín Nº 6-232-07) i)“Regula la obligación de ciertas autoridades públicas de constituir un mandato especial de administración ciega de patrimonio y de enajenar activos, en los casos y forma que se indica”. (Boletín Nº 5.898-07) j)“Modifica diversos cuerpos legales en materia de orden público y establece normas en materia de reuniones públicas”. (Boletín Nº 4832-07) k)“Establece impedimentos para ocupar cargo en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo”. (Boletín Nº 4186-07) l)“Fortalece la educación pública”. (Boletín Nº 6251-04) m)“Aprueba el “Segundo Protocolo Adicional al acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuanta la Adhesión de la República de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea” y sus Anexos, suscrito en Bruselas, Bélgica, el 24 de julio de 2007 y el “Acta de Corrección de Errores del referido Segundo Protocolo Adicional”, de 30 de junio de 2008. (Boletín Nº 6261-10) n)“Establece normas sobre elaboración y comercialización de aceites de oliva y de orujo de oliva”. (Boletín Nº 5934-01) ñ) “Crea el Ministerio del Deporte y de la Juventud”. (Boletín Nº 5697-29) ñ) “Modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas”. (Boletín Nº 5405-02) o)“Modifica la ley de concesiones de obras públicas y otras normas que indica”. (Boletín Nº 5172-09) p)“Crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana”. (Boletín Nº 5406-15) q)“Regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley Nº 19.342”. (Boletín Nº 6355-01) r)“Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente”. (Boletín Nº 5947-12) s)“Modifica la ley Nº 19.451 que establece normas sobre transplante y donación de órganos”. (Boletín Nº 6138-11) t)“Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores”. (Boletín Nº 6106-10) u)“Modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras que no forman parte de yacimientos en actual explotación. (Boletín Nº 4901-08) v)“Introduce modificaciones a la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada y a la ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública”. (Boletín Nº 6120-07); w)“Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en el mismo registro”. (Boletín Nº 6242-21), y x)“Crea el Fondo de Fomento a la Productividad de las Zonas Extremas, establece una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones y en las provincias que indica, crea el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas, y prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aysén y de Magallanes y de la Provincia de Palena”. (Boletín Nº 5990-27)........................................................................................ 6. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “crea la 83 defensoría de las personas”. (boletín N° 6232-07) .......................................... Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los proyectos que se indican: 7. “Faculta al Fisco para comprar y vender propiedades particulares afectadas 84 por situaciones de catástrofe”. (boletín N° 6010-12)....................................... 85 8.“Sobre modernización del Servicio Electoral”. (boletín N° 6139-06)............. 9.“Establece el Estatuto Especial de Gobierno y Administración para el territo-85 rio de Isla de Pascua”. (boletín N° 5940-06) ................................................... 10. “Establece nuevo asiento para el Juzgado de Letras de Chaitén”. (boletín 85 N° 6072-07)...................................................................................................... 11. “Crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo”. (boletín 86 N° 6260-06)...................................................................................................... 12. “Modifica el Código de Minería con el objeto de mantener la existencia de 86 los boletines oficiales de minería”. (boletín N° 4728-08 y 4741-08) .............. 13. “Modifica la ley general de pesca y acuicultura, en materia de acuicultura”. 87 (boletín N° 6365-21)........................................................................................ Oficios de S. E. la Presidente de la República mediante los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los proyectos que se mencionan: 14. “Introduce modificaciones a la ley N° 19.657, sobre Concesiones de Energía 87 Geotérmica”. (boletín N° 6379-08).................................................................. 15. “Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superinten-87 dencia del Medio Ambiente”. (boletín N° 5947-12)........................................ 88 16. “Fortalece la Educación Pública”. (boletín N° 6251-04)................................. 17. “Sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros. 88 (boletín N° 5407-05)........................................................................................ 18. “Modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras que no forman parte de yacimientos en actual explotación (gobiernos corpo-89 rativos Codelco). (boletín N° 4901-08)............................................................ 89 19. “Modifica diversos cuerpos legales, en materia de orden público”. (boletín N° 4832-07)...................................................................................................... 20. “Modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas 89 privativas o restrictivas de libertad”. (boletín N° 5838-07)............................. 21. “Modifica el artículo 66 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (ley compras públicas a municipalidades)” (boletín 90 N° 5924-06)...................................................................................................... 22. “Establece sanciones a la falta de actividad de los fiscales en los casos que 90 indica”. (boletín N° 6014-07)........................................................................... 23. “Modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665, en las mate-91 rias que indica”. (boletín N° 6244-07)............................................................. 91 24.“Crea la Subsecretaría de Asuntos Indígenas”. (boletín N° 6018-06 (1458-56).. 25.“Modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que in-91 dica”. (boletín N° 5172-09).............................................................................. 26. “Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio 92 de Relaciones Exteriores”. (boletín N° 6106-10)............................................. 27. “Modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile”. (boletín 92 N° 6191-19)...................................................................................................... 93 28.“Crea el cargo de Ministro del Deporte y de la Juventud”. (boletín N° 5697-29) 29.“Introduce modificaciones a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y N° 20.285, de acceso a la información de la Administración del 93 Estado. (Agenda de transparencia)”. (boletín N° 6120-07) ............................. 30. “Modifica la ley general de pesca y acuicultura en materia de áreas de mane-93 jo y registro pesquero artesanal”. (boletín N° 6391-21) .................................. 31. “Regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342”. 94 (boletín N° 6355-01)........................................................................................ 32. “Establece normas sobre elaboración y comercialización de aceites de oliva 94 y de orujo de oliva”. (boletín N° 5934-01) ...................................................... 95 33.“Permite la introducción de la televisión digital terrestre”. (boletín N° 6190-19) 34.“Regula la instalación de antenas emisoras y trasmisoras de servicios de te-95 lecomunicaciones”. (boletín N° 4991-15)........................................................ 35. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual formula observaciones al proyecto sobre “publicaciones ordenadas por el Código de Minería”. 95 (boletín N° 472808 y 4741-08)...................................................................... 36. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto “sobre compensación y liquidación de instrumentos fi-96 nancieros”. (boletín N° 5407-05)..................................................................... 37. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo que “Aprueba las modificaciones al Convenio de Seguridad Social, de 1996, entre Chile y Argentina”, suscrito en Buenos Aires el 26 de sep-103 tiembre de 2008. (boletín N° 6356-10)............................................................ 121 38. Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recaído en la moción que “modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de crear una Comisión Permanente de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social”. (boletín N° 5183-16)................. 39. Primer informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos re-123 caído en el proyecto que “prohíbe la pesca de arrastre”. (boletín N° 5470-21).... 40. Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de “reforma constitucional que establece nuevos 126 requisitos para la promulgación de leyes”. (boletín N° 5941-07).................... 41. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que “impide que los bancos establezcan cajas u oficinas exclusivas para clientes”. 138 (boletín N° 5637-05)........................................................................................ Primeros informes de la Comisión de la Cultura y de las Artes Recaídos en los siguientes proyectos: 42 “Autoriza erigir un monumento, en la comuna en Puyehue, en homenaje a 141 S.S. Juan Pablo II”. (boletín N° 3838-04)........................................................ 43. “Autoriza erigir un monumento, en la comuna de Santiago, en homenaje a 144 Su Santidad Juan Pablo II”. (boletín N° 3829-04)........................................... 44. “Autoriza erigir un monumento a Su Santidad Juan Pablo II en los principa-149 les pasos fronterizos de Chile”. (boletín N° 3835-04) ..................................... 45. Informe de la participación de los diputados señores Egaña; Valenzuela y Venegas, don Samuel, en la XI Sesión Extraordinaria del Parlamento Andino, efectuada en Medellín, Colombia, entre los días 5 a 7 de febrero del año 152 en curso)........................................................................................................... 46. Informe de la Participación del Diputado señor Masferrer en el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de América Latina, celebrado en las ciudades de Cuenca y Quito, Ecuador, entre los días 18 al 20 de febrero del año 157 en curso)........................................................................................................... 47. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Allende, doña Isabel; Goic, doña Carolina; Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Ascencio, De Urresti; Espinoza, don Fidel y Jiménez, que “prohíbe el otorgamiento de tarjetas de crédito a estudiantes que carecen de ingresos pro-161 pios”. (boletín N° 6382-03).............................................................................. 48. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, EnríquezOminami, Girardi y Saffirio, que “modifica el procedimiento de juicio ejecutivo aumentando el plazo para oponer excepciones y regulando la causal de oposición de excepciones prevista en el número 11 del artículo 464, del Có-161 digo de Procedimiento Civil”. (boletín N° 6383-07) ....................................... 163 -Proyectos iniciados en moción de los diputados señores Escobar, Araya, Ascencio, Enríquez-Ominami, Girardi, Jiménez, Valenzuela, Vallespín, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, referidos a las siguientes materias: 49. “Modifica la ley N° 18.010, consagrando el derecho del deudor a renegociar las condiciones y plazos del mutuo en casos de desempleo y merma en los ingresos por razones externas no imputables al deudor”. (boletín N° 6384-05)................ 50. “Modifica el Código Civil en materia de declaración de muerte presunta, consagrando la obligación de restituir bienes a favor de las personas que indica e indemnizarlos en el evento que se rescinda el decreto de posesión de-165 finitiva por causal que indica”. (boletín N° 6385-07)...................................... 51. “Modifica el artículo 489 del Código Penal en materia de exención de la responsabilidad penal fundada en la existencia de lazos de parentesco con la 166 víctima de hurtos, defraudaciones y daños”. (boletín N° 6386-07)................. 52. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pascal, doña Denise; Sepúlveda, doña Alejandra, y de los Diputados señores Accorsi, De Urresti; Díaz, don Marcelo; Girardi, León y Vallespín, que “modifica el Código de Aguas para la protección de aguas y ecosistemas en áreas protegidas”. (bole-168 tín N° 6387-09) ................................................................................................ 53. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Vallespín, Accorsi, De Urresti, Duarte, Escobar, Jiménez, Saffirio, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Pascal, doña Denise, que “modifica la regulación de la prelación de créditos con el objeto de favorecer a los trabajadores”. (boletín 169 N° 6388-07)...................................................................................................... 54. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán, Godoy, Martínez; Monckeberg, don Cristián; Palma; Sepúlveda, don Roberto; Vargas, y de las diputadas señoras Pérez, doña Lily y Valcarce, doña Ximena, que “modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales en lo relativo a las medidas de seguridad contra incen-171 dios”. (boletín N° 6389-14).............................................................................. 175 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Petición. -Petición de 50 señores Diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República, solicitan la creación de una “Comisión Especial Investigadora que tenga por objeto analizar las presuntas comisiones indebidas que se habrían pagado en el marco de la compra de los 25 aviones Mirage que el gobierno chileno realizó a Bélgica”. Para el cumplimiento de su cometido la Comisión Especial Investigadora dispondrá de un plazo de 90 días a contar de su constitución. 2. Comunicación. Comunicación del Diputado señor Hales quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 25 de enero, para dirigirse a Jordania. 3. Oficios. Contraloría General de la República: -Diputado Espinoza don Fidel, entrega de alimentos en comunas de Fresia, Los Muermos y Puyehue, por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario. -Diputado Alinco, viáticos otorgados a funcionarios de la Policía de Investigaciones de la Región de Aisén. -Diputado De Urresti, ejecución del proyecto destinado a mejorar la iluminación del sector Collico en Valdivia. Ministerio de Interior: -Diputado Pérez don José, fachada del ex edificio de El Mercurio, en Santiago. -Diputado Jaramillo, construcción de embalse en río San Pedro. -Diputado Jaramillo, número y montos de proyectos entregados por Subdere en Región de Los Ríos. -Diputado Espinoza don Fidel, soluciones ante un eventual cierre de la empresa Unisur. -Diputado Von Mühlenbrock, listado de autoridades que en su nombre hayan tramitado para terceras personas reconocimiento de exonerados políticos. -Diputado Delmastro, plan de desarrollo de sector costero de Valdivia, conectividad de Puerto Corral y término y habilitación del Paso fronterizo Hua Hum. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: -Diputado De Urresti, propaganda de campaña “Patagonia sin represas” en Valdivia. Ministerio de Hacienda: -Diputado Jarpa, construcción del Centro Penitenciario de Chillán. -Diputado Hernández, solución a señor que indica, a quien se le siguen cobrando el impuesto territorial de inmueble expropiado por el Ministerio de O. Públicas el 2005, de de San Juan. Ministerio de Defensa Nacional: -Diputada Vidal, participación de efectivos de las fuerzas armadas en Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Ministerio de Obras Públicas: -Diputada Pérez doña Lily, cobro por tratamiento de aguas servidas por Agua Nueva Sur. -Diputado De Urresti, socavón Km. 889, salida Puente Río Bueno y situación de Ruta T-298, Región de Los Ríos. -Diputado Von Mühlenbrock, socavón Km. 889, salida Puente Río Bueno y situación de proyectos en Región de Los Ríos. -Diputado Hales, señalética para el ingreso a carreteras de autopistas concesionadas. -Diputado Accorsi, financiamiento y duración del Tag. -Diputado Jaramillo, situación del camino Las Frutillas sector Trafún, comuna de Panguipulli. -Diputado Delmastro, proyecto de doble vía entre Valdivia y San José de la Mariquina. -Diputado Monckeberg don Nicolás, situación camino de Queime y Peñablanca, comuna de Quillón. -Diputada Pascal, concesión “Conexión Vial Melipilla – Camino de la Fruta”. Ministerio del Trabajo y Previsión Social: -Diputado Venegas don Samuel, programa de becas individuales de capacitación dirigidas a trabajadores portuarios de baja calificación laboral, patrocinado por la Gobernación de San Antonio. Ministerio de Salud: -Diputado Silber, estudios realizados por la Universidad de La Frontera para construcción de Hospital. -Diputado Delmastro, antecedentes respecto a depósito de lodos de aguas servidas en Máfil. -Diputado Martínez, acceder a implante coclear en Hospital Naval de Viña del Mar. -Diputado GarcíaHuidobro, depósitos de basura en ribera de río Cachapoal. Ministerio de la Vivienda y Urbanismo: -Diputado Monckeberg don Nicolás, construcción de la villa El Bosque de Cobquecura VIII Región. -Diputada Goic, Programa de Protección del Patrimonio Familiar. Ministerio Público: -Diputado Hernández, investigación, que permita esclarecer el homicidio de menor que indica de Osorno. Comisión Nacional del Medio Ambiente: -Diputado Jaramillo, construcción de hidroeléctrica en sector de MantilhueBoquial en Río Bueno. -Diputado Espinoza don Fidel, bypass vial en Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. -Diputado De Urresti, recuperación de humedales en Valdivia. -Diputado Venegas don Samuel, construcción de vertedero en provincia de San Antonio. Subsecretaría de Carabineros: -Diputado Errázuriz, situación de conductor que ocasionó el accidente de señora que indica. -Diputado Espinoza don Fidel, actuación de Carabineros durante la detención de señor que indica en Puerto Varas. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aedo Ormeño, René -Aguiló Melo, Sergio -Alinco Bustos, René -Allende Bussi, Isabel -Alvarado Andrade, Claudio -Pérez San Martín, Lily -Álvarez Zenteno, Rodrigo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Burgos Varela, Jorge -Schilling Rodríguez, Marcelo -Cardemil Herrera, Alberto -Ceroni Fuentes, Guillermo -Correa De la Cerda, Sergio -Cristi Marfil, María Angélica -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Del Río, Eduardo -Díaz Díaz, Marcelo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Eluchans Urenda, Edmundo -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Errázuriz Eguiguren, Maximiano -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Farías Ponce, Ramón -Forni Lobos, Marcelo -Fuentealba Vildósola, Renán -Galilea Carrillo, Pablo -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Girardi Briere, Guido -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Isasi Barbieri, Marta -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -Leal Labrín, Antonio -León Ramírez, Roberto -Lobos Krause, Juan -Lorenzini Basso, Pablo -Martínez Labbé, Rosauro -Masferrer Pellizzari, Juan -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Moreira Barros, Iván -Mulet Martínez, Jaime -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Palma Flores, Osvaldo -Paredes Fierro, Iván -Pascal Allende, Denise -Paya Mira, Darío -Pérez Arriagada, José -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Saffirio Suárez, Eduardo -Salaberry Soto, Felipe -Sepúlveda Hermosilla, Roberto -Silber Romo, Gabriel -Soto González, Laura -Sule Fernández, Alejandro -Súnico Galdames, Raúl -Tarud Daccarett, Jorge -Tuma Zedan, Eugenio -Ulloa Aguillón, Jorge -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vallespín López, Patricio -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Rubio, Samuel -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Patricio -Ward Edwards, Felipe -Concurrió, también, el senador Larraín, don Hernán. -Diputadas en misión oficial señoras Marcela Cubillos Sigall, Carolina Goic Boroevic, Alejandra Sepúlveda Orbenes, y señorita María Antonieta Saa. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.04 horas. El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 126ª se declara aprobada. El acta de la sesión 127ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA. El señor ENCINA (Presidente).- De conformidad con lo dispuesto en la letra c) del Nº 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, cincuenta señores diputados y señoras diputadas solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora que indague “las presuntas comisiones indebidas que se habrían pagado en el marco de la compra de los 25 aviones Mirage que el gobierno chileno realizó a Bélgica”. Para el cumplimiento de su cometido, dicha Comisión dispondrá de un plazo de noventa días, a contar de su constitución. ¿Habría acuerdo para la creación de la citada Comisión? Acordado. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA. El señor ENCINA (Presidente).- Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley que suspende por cuatro años la aplicación del artículo 3º transitorio de la ley Nº 20.158, contenida en el boletín Nº 6.19504, con los diputados señores Sergio Bobadilla, Rodrigo González, Germán Verdugo, Gabriel Silber y Manuel Monsalve. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD, POR ESPECIAL GRACIA, A DOÑA JOAN ALISON TURNER ROBERTS. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que concede nacionalidad por gracia a doña Joan Alison Turner Roberts. Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Tucapel Jiménez. Antecedentes: -Moción, boletín N° 6077-17, sesión 75ª, en 9 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 1. -Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 82ª, en 30 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 25. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía paso a informar sobre el proyecto de ley que concede por especial gracia la nacionalidad chilena a Joan Jara, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en una moción de la diputada señora Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores Accorsi, Aguiló, Ascencio, Escobar, Ojeda, Salaberry, Verdugo, Von Mühlenbrock y de quien habla. Su idea matriz o fundamental es conceder por especial gracia la nacionalidad chilena a la ciudadana británica doña Joan Alison Turner Roberts, más conocida como Joan Jara. La iniciativa no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ni que requieren trámite de Hacienda. Fue aprobada en general por unanimidad, en la sesión de 10 de septiembre de 2008. Votaron por la afirmativa la diputada señora Vidal, doña Ximena, y los diputados señores Aguiló, Ascencio, Ojeda, Silber y quien habla. Fundamentos de la moción. Ella propone conferir la nacionalidad chilena por especial gracia a la ciudadana británica doña Joan Alison Turner Roberts. Agrega una relación pormenorizada de su vida y obra, que, a continuación, voy a resumir. En 1947, Joan ingresó a la Escuela de Danza de Sigurd Leeder, en Londres, de la cual egresó como una de sus más destacadas alumnas. Viaja a Chile en 1954 e ingresa, por concurso, al Ballet Nacional Chileno, en el cual interpreta importantes roles. Con un pequeño grupo de bailarines profesionales de dicho Ballet crea el Ballet Popular, para hacer difusión de la danza en barrios populares. Crea coreografías para ese grupo y para el taller coreográfico de la Casa de la Cultura de Las Condes. Durante varios años ejerce como profesora de movimiento en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Con la reforma universitaria, regresa a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde concibe y dirige la carrera para profesores de danza infantil. Asimismo, se hace cargo del entrenamiento de técnica moderna del Ballet Nacional Chileno e imparte técnica moderna, eukinética y coréutica en la escuela de danza de la Universidad de Chile. Joan Turner, joven y promisoria bailarina, dejó atrás lo que para muchos era la culminación de una carrera en la danza, para afincarse en un país lejanísimo de su Inglaterra natal y unir indisolublemente su nombre y su vida a la suerte del pueblo, el arte y la historia de Chile. Lo hizo por amor; y son el amor, la ternura y la coherencia, las ataduras que, por más de medio siglo, han ligado a esta extraordinaria mujer a nuestro país. Con timidez y elegancia, Joan Turner escribiría importantes páginas de la danza, el teatro, la canción y la democracia chilenas. Este país, al que ama, le arrancó violentamente la vida de su compañero y esposo, el cantautor y director teatral Víctor Jara. Durante años, por respuesta a sus interrogantes recibió mentiras y silencios de las instituciones nacionales. Pero eso no la hizo bajar la guardia ni deponer su corajuda lucha por la verdad y contra el olvido. Desde su exilio en Londres -donde llegó en 1973, tras veinte años de ausencia, con sus dos pequeñas hijas chilenasy luego de su regreso, en 1985, a Chile, país con el que seguía sintiendo tan profundos lazos como para sentir que aquí estaba su casa, Joan Turner emprendió una lucha admirable, no sólo por establecer la verdad sobre la atroz muerte de Víctor Jara, sino por el rescate de la vida y obra de este insigne chileno, y por devolver al país que eligió como su hogar la convivencia democrática y los valores de igualdad y justicia social por los que luchó su esposo y cuya defensa le significó el martirio y la muerte. En 1983, Joan publica su obra testimonio “Víctor Jara, un canto inconcluso”, libro que, junto con narrar su historia personal con el malogrado cantor, constituye una referencia de primera fuente a la creación artística de su compañero y una valiosa crónica de las condiciones políticas y sociales de Chile en la época, convirtiéndose en el relato más cercano sobre la vida y el trabajo de Víctor, como asimismo, en uno de los más dolorosos testimonios de la fuerte situación que nuestro país conoció en materia de derechos humanos en 1973. Sobre este importante libro, editado en todo el mundo, se han elaborado guiones para cine y televisión, y recientemente, por primera vez ha sido publicado por un sello editorial nacional, con la finalidad de difundir este canto de amor y esperanza de Víctor y Joan a todos los chilenos. El nombre de Joan Turner quedó ligado así a Chile y a la causa de la libertad y la democracia en todo el planeta, y muy especialmente al mundo intelectual y cultural. Sucesivas giras la llevaron por toda Europa, Japón, Australia, Estados Unidos de América, Canadá y América Latina. Miles de personas escucharon sus palabras, siempre medidas, sobrias y sinceras. En ellas, el nombre de Chile apareció siempre con respeto y cariño, aunque muchas veces con comprensible dolor. Gracias a su inteligencia, tesón y sensibilidad, Joan ganó para el arte chileno a importantes amigos, muchos de los cuales figuran entre los sostenedores de la Fundación Víctor Jara, como Harold Pinter, Paco Peña, Harry Belafonte, Joan Báez, Peter Gabriel, Pete Seeger, Ema Thompson, Bono, Joan Manuel Serrat, Julie Christie, Vanesa Redgrave, David Zucker y muchos otros que, en bien de la brevedad, no vamos a citar. Todos ellos se acercaron a Chile y a su cultura gracias al trabajo de esta inglesa, que ha entregado al país y a su cultura gran parte de su vida y la vida de su bien más preciado. Regresa a Chile en 1984 y en 1985 funda, con Patricio Bunster, el centro de danza Espiral. Desde entonces se ha dedicado a la formación de jóvenes bailarines y profesores de danza, impartiendo técnica moderna, eukinética y coréutica, análisis del movimiento y didáctica de la danza. Entre 1984 y 1986 viajó quincenalmente a la ciudad de Concepción a dar clases, trabajar en la formación de monitores de danza y montar coreografías con el grupo de danza Calaucán y con el de la Universidad de Concepción, que se forman bajo su alero. Durante ese período también trabajó en el centro de danza Espiral, en la formación de monitores de danza de poblaciones populares de Santiago. En 1999 es distinguida con el Premio de Danza de la Municipalidad de Santiago y, en 2000, con un reconocimiento de la Universidad de Chile por su trayectoria y aporte a la danza. En 2004 es distinguida por sus pares en el Teatro Municipal de Santiago en el marco del Día Internacional de la Danza. Como fundadora y presidenta de la Fundación Víctor Jara, trabaja en la actualidad activamente en la difusión de la vida y obra de quien fuera su marido. Los autores de la moción sostienen que una importante retribución a Joan Turner, aunque siempre insuficiente, por su invaluable aporte al arte, la cultura, la historia y la docencia de nuestra patria, sería que las más altas autoridades de nuestra nación le confirieran la nacionalidad chilena por gracia. En conformidad con el Nº 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República y 24 y 32 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es conceder por especial gracia la nacionalidad chilena a la ciudadana británica doña Joan Alison Turner Roberts, la cual se encuentra desarrollada en el artículo único del proyecto. El Servicio de Registro Civil e Identificación remitió a la Comisión antecedentes sobre la identificación y filiación, además de copia de la respectiva cédula de identidad para extranjeros, de la señora Joan Alison Turner Roberts. La Comisión aprobó por unanimidad en general y en particular el proyecto de ley en informe, en su sesión de 10 de septiembre de 2008, con los votos favorables de la diputada señora Vidal y de los diputados señores Aguiló, Ascencio, Ojeda, Silber y de quien habla. La Comisión consideró que las obras realizadas por doña Joan Jara son antecedentes suficientes y la hacen merecedora a la nacionalización por especial gracia que nuestra Carta Fundamental permite conferir por ley a quienes han prestado los valiosos servicios a que se refiere el número 4º del artículo 10 de la Constitución Política de la República, circunstancia sobre la que esta Comisión informante no tuvo ningún cuestionamiento. No hubo indicaciones rechazadas. Por las razones señaladas, la Comisión recomienda aprobar el proyecto de ley en informe. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, es un honor y un gran mérito comenzar esta nueva jornada legislativa con la tramitación de la moción que concede por especial gracia la nacionalidad chilena a Joan Alison Turner Roberts. Es un honor, por cuanto se trata de una ciudadana extranjera muy ligada con nuestra historia, con nuestra patria, que ha realizado una gran labor en beneficio del arte y la cultura de nuestro país. Joan Turner cumple con todos los requisitos y condiciones exigidas para recibir una gracia de tal naturaleza. Tal como señaló el diputado informante, ha desarrollado una vasta labor en beneficio del arte, sobre todo del ballet y de la danza; también de la docencia, de la educación y de la cultura, amén de su gran contribución a la recuperación de nuestra democracia. Fue compañera y esposa de Víctor Jara, ese gran cantautor y poeta de la música. Al respecto, se ha destacado por reivindicar la memoria de este gran luchador. Para la aprobación de esta moción no debería haber problemas, por cuanto fue suscrita por diputados de todos los partidos políticos. Es decir, existe apoyo transversal para conceder la nacionalidad por especial gracia a Joan Jara, lo que es un gran mérito. Ella ha prestado muchos y grandes servicios a la patria. Por eso, el otorgamiento de ese beneficio se justifica plenamente. Pese a venir desde tierras muy lejanas, Joan se considera inserta y totalmente identificada con nuestros valores patrios, y ha enfocado su trabajo en atender las necesidades y requerimientos de nuestro pueblo. Además, se ha constituido en una especie de líder. Nos entrega la imagen positiva de la mujer, de la mujer laboriosa, de la mujer trabajadora, de la mujer luchadora. En 1983, publicó su obra testimonio “Víctor Jara, un canto inconcluso”. En ella relata su historia personal con el malogrado cantor. La obra es una referencia de primera fuente de la creación artística de su compañero y una valiosa crónica de las condiciones políticas y sociales del Chile de la época. En síntesis, es el relato más cercano sobre la vida y el trabajo de Víctor Jara, además uno de los más dolorosos testimonios de la fuerte situación que vivió nuestro país en materia de derechos humanos en 1973. Joan Turner, la viuda de Víctor Jara, no sólo fue en aquellos años embajadora de la causa democrática, sino también una extraordinaria promotora de la cultura chilena. Gracias a su inteligencia, tesón y sensibilidad ganó para el arte chileno importantes amigos. Recorrió el mundo con la insignia y la bandera chilena. Llevó el nombre de nuestra patria a distintos lugares del orbe. Por eso, consideramos a Joan Alison Turner Roberts una verdadera compatriota, una verdadera amiga de este Chile, de este Chile lindo, y una verdadera representante y embajadora de las artes y la cultura de nuestra tierra. Por lo anterior, mi bancada apoyará la moción, toda vez que los antecedentes dados a conocer en la Sala la justifican plenamente. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, luego de las vacaciones, es bueno retomar la actividad legislativa con un proyecto de ley tan hermoso que implica un merecido reconocimiento y homenaje que el Estado de Chile, a través del Congreso Nacional, está pronto a realizar al conceder la nacionalidad por gracia a una gran mujer. Deseo reconocer muy sinceramente el noble gesto de tres diputados de la Alianza por Chile, que suscribieron con entusiasmo esta iniciativa: Felipe Salaberry, Germán Verdugo -diputado por Talcay Gastón von Mühlenbrock. Joan Turner, ciudadana inglesa que lleva más de cincuenta años avecindada en Chile, más conocida como Joan Jara por haber sido la esposa, pareja y compañera de Víctor Jara -ese cantautor chileno que superó en vida las fronteras de nuestro país para transformarse en un cantautor de América Latina y del mundo-, ha hecho un invaluable aporte directo y personal a la cultura chilena. Ella fue una de las creadoras del Ballet Nacional Chileno. Llegó a nuestro país en 1954, cuando varios de los diputados que están en la Sala aún no nacían, para entregar un tremendo aporte a la danza, al teatro, a la canción chilena. Jugó un rol destacadísimo como profesora de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y como técnica en danza del Ballet Nacional Chileno. Fue la promotora de un conjunto enorme de iniciativas en el terreno de las tablas, del ballet y de la danza. En el campo de la cultura conoció a quien fue su compañero, Víctor Jara. Después de su muerte pudo haber retornado a Inglaterra y haberse quedado allá; sin embargo, Chile la cautivó para siempre, por lo que, luego del exilio forzoso, regresó a nuestra patria, constituyó la fundación Víctor Jara, que funciona en un hermoso local de un centro histórico de Santiago, el barrio Brasil, recuperado por nuestros alcaldes de la ciudad capital. Es un lugar de enorme creatividad, que aporta al desarrollo de diversas iniciativas, especialmente de jóvenes chilenos, en la música rock, en el teatro, en la mímica y en diversas expresiones artísticas y culturales. Logró concitar la voluntad de sus amigos, que son grandes figuras de la cultura del mundo, como Julie Christie, Vanesa Redgrave, Joan Manuel Serrat, Paco Peña, Peter Gabriel, entre otros, para que formaran parte del directorio de ese centro cultural. Se trata de una figura mundial, señera, que hace un inmenso honor a nuestro país al quedarse en Chile, al seguir aportando su creatividad, su cariño, su talento y toda su ternura, tal como lo han dicho quienes intervinieron anteriormente. Por esas razones, señor Presidente, creo que su señoría ha hecho bien en colocar en primer lugar de la Tabla de la sesión de este día una iniciativa que rinde merecido homenaje a una de las grandes figuras del teatro y de la cultura mundial, avecindada en Chile, a quien hoy le decimos con justicia: “Bienvenida, Joan Jara, puede ser ciudadana chilena por gracia del Estado.” He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, felicito a los autores del proyecto y, al mismo tiempo, debemos congratularnos de que la Tabla de la primera sesión después del receso esté encabezada por una moción como ésta, que otorga por gracia la nacionalidad chilena a Joan Turner. Aquí se ha dicho todo respecto a la biografía de Joan, pero como su nombre suele estar asociado legítimamente con el de Víctor Jara, quiero resaltar sus méritos propios como mujer y artista, su coraje, su talento para promocionar nuestra cultura, su contribución al teatro, a la danza y a la formación de las nuevas generaciones de artistas del país. La mayor prueba de lo anterior la constituye la enorme cantidad de amigos que ganó para el arte nacional, muchos de los cuales son sostenedores de la Fundación Víctor Jara, como Harold Pinter, Harry Belafonte, Joan Baez, Peter Gabriel, Pete Seeger, Ema Thompson, Bono, Joan Manuel Serrat, Julie Christie, Vanesa Redgrave, David Zucker. Este solo hecho nos debería llenar de orgullo, ya que se trata de figuras de nivel mundial que la ayudan a mantener la Fundación Víctor Jara, que ella creó gracias a su tesón y empuje, con los que logró vencer las muchas dificultades que se presentaron, que no hicieron fácil esa labor. Fue todo un hito lograr cambiar el nombre del Estadio Chile por Estadio Víctor Jara. Muchas veces hemos lamentado las condiciones materiales en que se encuentra ese recinto, ya que consideramos que es una de las deudas que el Estado de Chile debe asumir, pues se trata de un edificio que forma parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra memoria histórica. Quiero reiterar los valores de Joan como mujer, su trayectoria y su aporte; pero no puedo dejar de decir que luchó por reivindicar el nombre y la memoria de Víctor Jara, vil y atrozmente asesinado durante la dictadura. La perseverancia de Joan en su lucha y en su denuncia internacional por el asesinato de Víctor Jara produjo una conmoción mundial que ayudó a recuperar la dignidad, la memoria y la trayectoria de ese hombre tan valioso. Testimonio de ello figura en el libro de Joan titulado “Víctor Jara, un canto inconcluso”, conocido universalmente y traducido a muchos idiomas. Además, Joan Jara es una de las cuatro mujeres que figuran en el notable documental británico “Cruel separación”, donde ella narra en forma muy simple lo que vivió a partir del día en que Víctor desapareció, su lucha por tratar de ubicarlo y la forma en que alguien le señaló anónimamente que lo buscara en la morgue. En definitiva, describe esas dramáticas horas. He considerado conveniente referirme a ese documental inglés, porque es muy probable que pocos colegas lo conozcan. Cuatro mujeres cuentan sus historias, que se van entrelazando; testimonios que no deberíamos ignorar. Como dije, uno corresponde a lo vivido por Joan después de la desaparición de Víctor Jara. Otro es el relato de Joyce Horman, esposa de Charles Horman, periodista norteamericano que desapareció en el estadio Nacional y que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta clara y definitiva sobre lo que ocurrió. También figuran los testimonios de dos chilenas, perdonen que lo diga tan directamente, muy notables. Una de ellas es Ángela Jeria, la madre de nuestra Presidenta, quien narra lo sucedido con el general Bachelet, su padre. La otra mujer es Hortensia Bussi, quien cuenta su propia historia, lo que vivió durante el bombardeo de Tomás Moro y lo que significó ese 11 de septiembre. He traído esto a colación, porque pocas veces se ha visto en un documental las historias entrelazadas de cuatro mujeres, una inglesa, una norteamericana y dos chilenas, que demuestran la magnitud de lo que se vivió en esa época y del valor y coraje de la mujer chilena, lo cual está muy bien representado en Joan. Por eso, como un gesto de reparación y reconocimiento deberíamos aprobar unánimemente el proyecto. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, quiero insistir en algo que dijo el diputado señor Ojeda: un proyecto de esta naturaleza implica una muy bonita manera de empezar nuestro año legislativo. Se ha dicho acá que es un pequeño acto de justicia. Joan Jara ha hecho un tremendo trabajo en búsqueda de la verdad y de la justicia, pero quiero recalcar que no propusimos entregarle la nacionalidad por gracia debido a que es viuda de Víctor Jara, sino principalmente por su tremendo y muy valorado trabajo en relación con la cultura y el arte. Es una mujer con una tremenda fortaleza y ha dejado muy bien puesto el nombre de nuestro país alrededor del mundo. Ha realizado una importante labor en sectores populares, ha impartido clases de danza y teatro, en definitiva, ha efectuado un inmenso aporte a la nación. Por lo tanto, el otorgamiento de la nacionalidad por especial gracia a Joan es un acto de justicia, por sus méritos. Valoro que el proyecto haya sido firmado en forma transversal por las distintas bancadas. Después del receso, empezamos nuestra labor con un proyecto de esta naturaleza. Ojalá que esto sea indicador de un muy buen año legislativo en materia de derechos humanos. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, felicito a los autores de esta moción para otorgar la nacionalidad por gracia a la viuda de Víctor Jara. Me alegro de que haya sido suscrita por diputados de distintas bancadas. Sólo faltó el Partido Radical, porque no tenemos un representante en la Comisión de Derechos Humanos. Por ello, aprovecho esta oportunidad para expresar nuestra adhesión como partido al merecido reconocimiento a Joan Turner por lo realizado en el aspecto cultural, en la danza y por su compromiso con los derechos humanos. Como representante del distrito 41, donde está la comuna de Pemuco, lugar de nacimiento de Víctor Jara, es doblemente gratificante entregar este merecido reconocimiento. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia a la señora Joan Jara Turner. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Norambuena Farías Iván. El señor ENCINA (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular. Despachado el proyecto. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE MULTAS APLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece procedimiento de reclamación de multas aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Alberto Cardemil. Antecedentes: -Moción, boletín N° 5998-07, sesión 55ª, en 30 julio de 2008. Documentos de la Cuent N° 8. -Informe de la Comisión Constitución, Legislación y Justicia, sesión 73ª, en 9 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 9. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, paso a informar este importante proyecto, aunque simple a la vez. Nació de una idea de nuestro colega Jorge Burgos, que lo patrocinó e invitó a copatrocinarlo a los diputados Bauer, Duarte, Eluchans, Fuentealba, Hales, Ortiz, Saffirio y a quien habla. La iniciativa se incluyó en tabla de Fácil Despacho de la Comisión, donde fue aprobado por unanimidad. Su objetivo es unificar nuestra legislación procesal. Básicamente, resulta importante dejar constancia de que la regla general en reclamos por improcedencia o imposición de multas que apliquen las superintendencias -entidades extraordinariamente relevantes dentro del orden público económicoes que sean conocidos por las cortes de apelaciones, es decir, por tribunales de alzada que estén al margen de las presiones que suelen ejercerse en el mundo económico en favor o en contra de una u otra resolución. La excepción a esa regla la constituye la Superintendencia de Valores y Seguros. En ese caso, el procedimiento de reclamación es distinto, lo que no se justifica ni se divisa razón para mantenerlo. Sepresenta ante un juez, es decir, ante un tribunal inferior a la corte de apelaciones. En consecuencia, el objetivo del proyecto es que la norma general sea el procedimiento de reclamos por resoluciones de las superintendencias. A raíz de la iniciativa, la Corte Suprema envió un interesante, profundo y extenso informe a la Comisión. Considera que el proyecto es muy bueno y hace ver la importancia, urgencia y necesidad de crear los tribunales contencioso administrativos, que es una antigua aspiración del mundo del derecho, importante tenerla en cuenta. Es una reforma necesaria y hay que proceder a ella lo antes posible. Hace una serie de observaciones más o menos procesales, pero, en líneas generales, se muestra de acuerdo con la iniciativa. En la discusión se consideraron las observaciones de la Corte Suprema y otras de expertos en la materia. El diputado Burgos hizo un largo análisis de su proyecto, que en general fue aceptado, concordado y comentado por todos los diputados presentes. También participaron intensamente los diputados Eluchans y Walker. En general, todos estuvimos de acuerdo con la idea de legislar. El texto del proyecto se canaliza en un artículo único, que señala lo siguiente: “Artículo único.- Modifícase el artículo 30 del decreto ley Nº 3.538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, en el siguiente sentido: a) Reemplázanse en el inciso segundo las expresiones “el juez de letras en lo civil que corresponda, dentro del plazo de diez días de indicado” por las siguientes: “la Corte de Apelaciones de Santiago dentro del plazo de diez días indicado”. Es decir se cambia el tribunal que tendrá que revisar el recurso, de juez de letras a Corte de Apelaciones. Mediante la letra b) se sustituyen los incisos cuarto y quinto por el siguiente: “La Corte de Apelaciones de Santiago deberá pronunciarse en cuenta si el reclamo es admisible y si ha sido interpuesto dentro del término legal.” -con eso se acoge una observación de la Corte Suprema-. “Admitido el reclamo, la Corte dará traslado por seis días hábiles a la Superintendencia, notificándole esta resolución por oficio. Evacuado el traslado o acusada la rebeldía, la Corte ordenará traer los autos en relación. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. Los recursos de que trata este artículo gozarán de preferencia en la formación de la tabla de causas para la vista. La Corte dictará sentencia en el término de treinta días, sin ulterior recurso. La sentencia que no dé lugar a la reclamación condenará necesariamente en costas al reclamante.”. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda la aprobación unánime de este proyecto. Es una buena idea porque uniforma nuestra legislación e introduce certeza en el ámbito del orden públicoeconómico. Además, la iniciativa ha recogido todas las observaciones y sugerencias útiles y válidas formuladas por la Corte Suprema y todos los expertos en esta área, de tal manera que el proyecto ha quedado en inmejorables condiciones para ser aprobado, que es lo que espero ocurra. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, como señalaba el señor Cardemil, diputados de diversas bancadas presentamos este proyecto de ley, que es muy sencillo, pero tiene una consecuencia práctica importante. La iniciativa tiene por objeto que sean simétricos los procedimientos para reclamar de las multas aplicadas por las superintendencias que tienen que ver con el devenir económico del país. Si uno revisa la legislación actual, se dará cuenta de que es claro el procedimiento para el reclamo de multas que aplica, por ejemplo, la Superintendencia de Administradoras de Pensiones a las AFP. Se inicia con su presentación ante la corte de apelaciones respectiva. En cuanto a las multas que aplica la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a las instituciones que fiscaliza, el procedimiento para reclamar de ellas también es sencillo. La acción será sustanciada por la corte de apelaciones respectiva. Sin embargo, en el caso de la Superintendencia de Valores y Seguros, que fiscaliza a las sociedades anónimas abiertas y a las compañías de seguros, a mi juicio por un olvido, quedó vigente un procedimiento de reclamación totalmente distinto a los anteriores, más largo, que dilata mucho más la decisión de las causas, porque de la resolución administrativa del organismo fiscalizador -en este caso la Superintendencia de Valores y Segurosse puede reclamar ante un juzgado civil del domicilio del reclamante, y de la decisión de este tribunal se puede recurrir a la corte de apelaciones. ¿Qué sucede en la práctica? Que mientras el procedimiento de reclamo de las decisiones de las superintendencias de AFP y de Bancos es corto en su tramitación, el establecido para el reclamo de las resoluciones de la Superintendencia de Valores y Seguros es largo. Un ejemplo. Todos conocimos la discusión pública y la multa que aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros al intento fallido de fusión -aparente, según todo indicaentre Falabella y D&S. Se multó a personas que, a juicio de la Superintendencia de Valores, tuvieron información privilegiada y en su momento intentaron hacer negocio con ella. Son varias personas naturales las que fueron sentenciadas por su actuar. Algunas de ellas han presentado recursos de reclamación que aún no terminan de fallarse en el juzgado civil respectivo; luego de eso va a venir la apelación ante la corte de apelaciones. En definitiva, esperaremos mucho tiempo, como ocurrió en el caso de una antigua multa de la Superintendencia de Valores y Seguros por la fusión de las eléctricas a mediado de los noventa, que vino a sentenciarse ocho años después. Hay cierta sensación de que las multas de la Superintendencia de Valores y Seguros son muy poco comunes, pero eso no es así. Se conocen muy pocas, las que tienen que ver con las sociedades listadas de la bolsa o con importante capital, pero son cientos de multas que se cursan anualmente por ese organismo fiscalizador, cuyos reclamos se tramitan con este procedimiento largo. A mi juicio, tiene lógica que aprobemos este proyecto a fin de tener un procedimiento simétrico. Es el único cambio que planteamos, y lo señalo para que nadie diga que estamos haciendo otros que pudieran ser favorables a quienes hoy están reclamando. Por ejemplo, hay una cuestión bien discutible en la ley, me lo señalaba el diputado Eluchans en la discusión. La actual ley establece que las sentencias condenatorias siempre serán con costas, lo que desde el punto de vista jurídico es discutible, y podría ser una cuestión evaluable por el juez. Por eso, aparte de la modificación que proponemos para terminar con esta instancia en el juzgado civil y fijar un procedimiento simétrico a otros que existen en nuestra legislación, se podría establecer que no siempre la sentencia condenatoria será con costas y dejar la materia a la discrecionalidad del juez. Sin embargo, alguien podría decir que hay que tener cuidado porque justo se hace ahora, cuando existen causas pendientes muy conocidas públicamente. Me refiero al tema de la fallida fusión de D&S y Falabella. En consecuencia, esa reforma la dejamos pendiente, para que nadie pueda señalar que se está pensando en alguien. Nada más lejos que eso. Respecto de algunas consideraciones de la Corte Suprema, las más importantes son muy de fondo. Como decía el diputado Cardemil, establecer en Chile un procedimiento contencioso administrativo definitivo, es decir, que haya tribunales de carácter administrativo y no le entreguemos eso a las cortes de apelaciones es un objetivo que todos respaldamos, pero requiere de una reforma estructural muy profunda, de modificaciones al Código de Procedimiento Civil, en fin, se trata de una gran reforma, como la del Código Penal. Mientras se implementa, creo que es perfectamente posible hacer simétricas normas procesales, porque la ausencia de esa simetría produce efectos negativos para el estado de derecho, por ejemplo, en el sentido de la larga tramitación de causas de este carácter. Por esas razones, estimamos prudente este sencillo proyecto, pero que tiene un efecto práctico no menor en la vida jurídica del país. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, seré muy breve, porque el informe rendido por el diputado Cardemil y la intervención del diputado Burgos hacen casi innecesaria mi participación en este debate, pues ambos han sido muy claro. El objetivo de mi intervención es sumarme entusiastamente a este proyecto e invitar a mis colegas diputados a que concurran a votarlo favorablemente. Esta iniciativa, de la cual soy uno de los autores, tiene como finalidad, unificar los procedimientos de reclamo de multas. Actualmente, la ley orgánica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y la ley general de Bancos establecen que los procedimientos de reclamo de multas se inician directamente ante la corte de apelaciones respectiva. Sin embargo, en el caso de la Superintendencia de Valores y Seguros, hay una norma distinta, que no sólo no se justifica, sino que torna extremadamente lento el procedimiento. Al respecto, el diputado informante y el diputado Burgos mencionaron casos en que la resolución por parte de los tribunales ha demorado muchos años. El proyecto busca la simplificación de este trámite y unificarlo con el que se aplica en el caso de las otras superintendencias. No quiero detenerme en este punto, porque me parece innecesario, pues tanto el diputado Cardemil como el diputado Burgos ya mencionaron que las observaciones que formuló la Corte Suprema en relación con este proyecto apuntan a temas más de fondo, que no se pretenden resolver a través de esta iniciativa. Ciertamente, ya habrá un momento en que podamos discutir respecto de la conveniencia -que hoy casi nadie pone en cuestióndel funcionamiento de los tribunales contencioso administrativos. Lo que queremos lograr es que, a través de los procedimientos que hoy establece la ley, podamos fijar uno más expedito y más rápido para la reclamación de multas. Lo mismo sucede respecto del tema de las costas, donde nuestro propósito no es entrar en mayores modificaciones. Me sumo con entusiasmo a este proyecto e invito a los diputados presentes que hagan lo mismo, porque es un aporte importante en el proceso de reclamo de multas administrativas. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que establece un procedimiento para la reclamación de multas de la Superintendencia de Valores y Seguros. Para su aprobación, se requiere del voto afirmativo de 68 diputados en ejercicio. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor ENCINA (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular. Se deja constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido. Despachado el proyecto. ELIMINACIÓN DE CONSTANCIA DE PROHIBICIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE PREDIOS SUBDIVIDIDOS. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto ley Nº 3.516, de 1980, referido a la subdivisión de predios rústicos. Diputado informante del nuevo informe de las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Rosauro Martínez. Antecedentes: -Moción, boletín N° 5049-01, sesión 26ª, en 15 de mayo de 2007. Documentos de la Cuenta N° 23. -Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 39ª, en 12 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta N° 6. -Informe de las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 126ª, en 20 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta N° 17. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, en nombre de las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Vivienda y Desarrollo Urbano doy a conocer a la Sala el nuevo informe sobre el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.516, de 1980, referido a la subdivisión de predios rústicos. El proyecto, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, tuvo su origen en una moción de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Mario Bertolino, Roberto Sepúlveda, Ximena Valcarce, Alfonso Vargas y Germán Verdugo. El proyecto fue despachado por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural en su primer trámite reglamentario el 3 de junio de 2008. Del informe de dicha Comisión se dio cuenta en la honorable Cámara de Diputados en la sesión 39, de 12 de junio de 2008. La Sala conoció ese informe en sesión 113ª, de 9 de diciembre de 2008. La presentación de indicaciones motivó un acuerdo para solicitar nuevo informe a las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Vivienda y Desarrollo Urbano en un plazo de 20 días, al que se da cumplimiento en este acto. Constancias reglamentarias previas. 1ª) Que lo planteado es materia de ley, toda vez que modifica una norma, en conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política de la República. 2ª) Que el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado. 3ª) Que, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión no amerita ser conocido por la Comisión de Hacienda. 4ª) Se hace constar que, en virtud del artículo 15 del Reglamento, se introdujeron algunas correcciones formales, que no es del caso detallar. 5ª) Que el nuevo informe del proyecto de ley ha sido aprobado por las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Vivienda y Desarrollo Urbano, por unanimidad, con el voto favorable de los diputados señores Barros, Hernández, Martínez, Sepúlveda, García, Lobos, de la diputada señora Nogueira y del diputado señor Uriarte. Ideas fundamentales o matrices del proyecto. La idea matriz del proyecto es eliminar la obligación de estipular expresamente en los contratos relativos a los predios resultantes de una subdivisión la prohibición del cambio de uso o destino. El decreto ley Nº 3.516, publicado en el Diario Oficial el 1 de diciembre de 1980, estableció normas sobre la división de predios rústicos. Su artículo 1º dispone que la única limitación que tendrá la división libre de inmuebles ubicados fuera de los límites urbanos, o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso, y del plan regulador metropolitano de Concepción, es que cada lote resultante tenga una superficie no inferior a las 0,5 hectáreas físicas. Agrega el mismo artículo 1º, en sus incisos séptimo y octavo, que los predios resultantes de una subdivisión quedan sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos que establecen los artículos 55º y 56º de la ley general de Urbanismo y Construcciones. En las escrituras públicas en que conste el título de la enajenación de predios resultantes de una división se dejará constancia de estas prohibiciones. Por su parte, el inciso final establece una prohibición a los notarios de autorizar, y a los conservadores de inscribir aquellas escrituras que no “se ajusten a las disposiciones del presente decreto ley.” De acuerdo a la ley general de Urbanismo, las prohibiciones a que alude el citado artículo 1º consisten en que, fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones. La ley admite como excepciones las subdivisiones o construcciones, con autorización de la Seremi de Agricultura, con los siguientes fines: explotación agrícola del inmueble; viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, y construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 UF, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado. Finalmente, el artículo 3º del decreto ley Nº 3.516 señala: “Los actos y contratos otorgados o celebrados en contravención a lo dispuesto en el presente decreto ley serán absolutamente nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan en conformidad a la ley”. Este proyecto de ley se funda en la necesidad de determinar con claridad la sanción frente al incumplimiento de la constancia exigida. La interrogante que siempre se ha planteado es si constituye la omisión de dejar constancia de la referida prohibición del cambio de uso en la escritura un vicio de nulidad. Cabe señalar que el criterio de los tribunales en esta materia fue, inicialmente, declarar la nulidad del respetivo acto o contrato; sin embargo, en fallos más recientes se ha establecido que la omisión en una escritura pública de estampar la prohibición que se exige constituye una irregularidad que no afecta al fondo del acto o contrato. Así lo establecen las sentencias de la Ilustre Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 19 de enero de 1995, en causa rol 49.502, y de la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa rol 4166-99. Antecedentes del proyecto. Según se expresa en el primer informe de la Comisión de Agricultura, el proyecto modifica el artículo 1º del decreto ley Nº 3.516, de 1980, que regula la subdivisión de predios rústicos de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos. Ese artículo dispone que estos predios pueden ser divididos libremente por sus propietarios, siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas. Asimismo, establece una serie de excepciones a esta limitación. Luego, prescribe que los predios resultantes de una subdivisión quedan sujetos a la prohibición de cambiar su destino, en los términos que establecen los artículos 55 y 56 de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Asimismo, dispone que en las escrituras públicas en que conste el título de la enajenación de predios resultantes de una división se debe dejar constancia de la prohibición de cambio de destino. Por último, exige a los notarios públicos no autorizar las escrituras públicas de enajenación y a los conservadores de bienes raíces no practicar inscripción alguna si dichas escrituras no se ajustan a estas disposiciones. Finalmente, el artículo 3º prescribe que los actos y contratos otorgados o celebrados en contravención a lo dispuesto en el presente decreto ley serán absolutamente nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan en conformidad a la ley. Se deja constancia de que en la sesión 113ª, de fecha 9 de diciembre de 2008, en la Sala se presentaron indicaciones al proyecto, lo que motivó el acuerdo según el cual las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Vivienda y Desarrollo Urbano debían emitir, en el plazo de 20 días, un nuevo informe. El texto aprobado por las Comisiones Unidas consta de dos artículos. El artículo 1º deroga el inciso octavo del artículo 1º del decreto ley Nº 3.516, de 1980, y su consecuencia es que se elimina la obligación de mencionar, en las escrituras públicas de los contratos que corresponda, las prohibiciones a que queda sujeto un predio que ha sido subdividido. El artículo 2º expresa: “Declárase saneado, por el solo ministerio de la ley, el vicio de nulidad que pudiere afectar o haber afectado la validez de los actos y contratos celebrados con omisión de la constancia prevista en el inciso octavo del artículo 1º del decreto ley Nº 3.516. “Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los casos que en la actualidad se encuentren sometidos a proceso judicial, ni afectará lo resuelto por sentencias ejecutoriadas.”. En definitiva, esto significa que, sin modificar las prohibiciones existentes para un predio rústico que ha sido subdividido, se sanea la sanción de nulidad de los actos y contratos en que no se haya dejado constancia de la prohibición a que queda sujeto el predio rústico. En mérito de las consideraciones anteriores, las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Vivienda y Desarrollo Urbano recomiendan la aprobación del proyecto de ley. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, este proyecto de ley busca poner fin a la discusión suscitada respecto de la procedencia de la nulidad de los actos y contratos celebrados por la omisión de estipular la prohibición de cambiar el destino de los predios resultantes de una subdivisión. Es importante destacar que en los primeros tiempos de aplicación de la norma legal, las sentencias de los tribunales de justicia fallaron en el sentido de que la omisión constituía un vicio de nulidad, lo que produjo un estado de inseguridad en el dominio de inmuebles. No obstante lo anterior, en períodos más recientes, la jurisprudencia ha variado y ha dictaminado que la omisión no acarreara la nulidad absoluta del acto. Por lo tanto, estamos en presencia de pronunciamientos distintos que llevan a confusión, lo que se pretende remediar con esta iniciativa. Existe la sensación de que cualquier día un tribunal puede fallar en uno u otro sentido, no obstante existir una sentencia de la Corte Suprema que determinó la inexistencia de un vicio de nulidad en caso de omisión de la estipulación mencionada. La inseguridad del propietario afectado por esta omisión tendría como única posibilidad de solución resciliar el contrato supuestamente viciado y escriturar una nueva compraventa o bien buscar que se interprete el tema desde otro punto de vista. Cabe destacar que el aporte de la prohibición en la escritura pública es bastante menor, ya que, al estar contenida esa limitante en el decreto ley, no habría necesidad de señalarla nuevamente ya que, según lo establece el Código Civil en su artículo 8º, la ley se presume conocida por todos una vez que ha entrado en vigencia. Parece que el verdadero sentido de esta expresión se debe a motivos de publicidad de la prohibición más que a una intención directa del legislador de proteger la conservación rural de los predios subdivididos. En suma, el proyecto es positivo y lo vamos a votar favorablemente, tal como ocurrió en la Comisión de Agricultura y en las Comisiones Unidas de Agricultura y de Vivienda y Desarrollo Urbano, ya que la sanción por la omisión de una medida de mera publicidad, a todas luces es desproporcionada. En este sentido lo entendió la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural en su primer informe y por eso se aprobó por unanimidad el texto que hoy es discutido por la Sala. Se ha argumentado que este proyecto traería como consecuencia una subdivisión masiva de predios rústicos en función de parcelas de agrado. ¡Nada más alejado de la realidad! Esta iniciativa viene a subsanar un problema práctico, y así lo han expresado en las Comisiones correspondientes representantes de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile y personas que se vieron perjudicadas por la omisión de la constancia de la prohibición de cambio de destino en la escritura en que consta el título de la enajenación. Por lo demás, la disposición correspondiente ha sido interpretada de manera distinta por diferentes tribunales. Por lo tanto, el proyecto de ley en discusión busca subsanar esta situación, para evitar complicaciones a quienes compran sin existir ninguna modificación de fondo respecto de la normativa vigente. La bancada de la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente esta sencilla iniciativa que busca regularizar la situación descrita. Además, felicita a sus autores. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el excelente informe entregado a esta Sala por el diputado Rosauro Martínez me ha hecho repensar la primera apreciación que tenía sobre el proyecto. Muchas veces se entregan informes tan rápidamente, que aquellos colegas que no han participado en su debate en la Comisión no alcanzan a percibir el fondo del proyecto. Por ello, por intermedio de la Mesa, agradezco al diputado Martínez la excelente forma en que ha entregado el informe a esta Sala, sobre todo, porque me ha aclarado muchas dudas que tenía sobre el particular. El proyecto perfecciona la redacción de la norma, ya que, por el solo ministerio de la ley, queda saneada la sanción de nulidad de los actos y contratos en que no se había dejado constancia de las prohibiciones a que queda sujeto el predio rústico que ha sido objeto de subdivisión, lo que en ningún caso afecta las causas ya falladas por los tribunales. Represento un distrito cuya principal fuente laboral y productiva es la agricultura, lo que me obliga a poner especial atención al proyecto, sobre todo, cuando lo que se pretende es corregir una situación que ha provocado más de algún problema en subdivisiones de predios agrícolas. A diario conozco personas que viven en el mundo rural y que están preocupadas por la situación que de alguna forma queremos remediar. El decreto ley Nº 3.516, de 1980, autorizó la subdivisión de predios agrícolas hasta por media hectárea, y estableció la prohibición de cambiar su destino en los términos establecidos por ley. En esos años, se agregó una disposición que establece: “En las escrituras públicas en que conste el título de la enajenación de predios resultantes de una división se dejará constancia de la prohibición” señalada, lo que ha provocado varios problemas, ya que por esa razón se ha pedido la nulidad de la venta, alegándose que falta una causa esencial de los contratos. En más de una ocasión los tribunales han aceptado esa tesis, aun cuando los últimos fallos de la Corte Suprema han negado la posibilidad de nulidad, señalando que la exigencia es una obligación que deben cumplir los notarios y conservadores de bienes raíces y no las partes. A mi entender, la declaración de nulidad del contrato es una sanción desproporcionada; no obstante ello, tampoco resulta innecesaria, ya que lo que la ley pretende impedir es la subdivisión de terrenos agrícolas para otros fines distintos del agrícola, por ejemplo, el habitacional. Incluso, he podido observar, a través de la tramitación de distintos proyectos de ley, que existen personas inescrupulosas que subdividen pequeñas propiedades agrícolas con el fin de vender lotes a personas que luego no pueden regularizar sus títulos, creando un serio problema social al Gobierno, a los municipios y a las personas que compraron un bien raíz para construir su futura vivienda. A mi juicio, la omisión de la cláusula respectiva no debería constituir una causal de nulidad. En todo caso, tendría que mantenerse como una obligación para los notarios y conservadores de bienes raíces, con el objeto de publicitar en los contratos de subdivisión que el destino de los predios es y será siendo agrícola. Me queda aún la duda, pero el informe me ha hecho repensar mi posición. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, en virtud de una disposición legal se autorizó la subdivisión de predios agrícolas por una superficie no inferior a media hectárea y se estableció también para sus propietarios la prohibición de cambiar el destino del suelo del predio subdividido. Además -y esto es lo importante en relación con el tema en discusión-, se agregó una disposición que prescribe que se debe dejar constancia en la escritura correspondiente de la enajenación de los predios resultantes la prohibición del cambio del destino al que se encuentran sujetos, lo que ha provocado múltiples problemas, entre ellos, que en más de una ocasión se haya solicitado la nulidad de la venta, alegándose la falta de la cláusula esencial del contrato. Fallos recientes de la Corte Suprema como lo han señalado los diputados Barros y Jaramillohan negado la posibilidad de nulidad. Han señalado que la exigencia es una obligación que deben cumplir los notarios y los conservadores de bienes raíces y no las partes. Esto ha sentado jurisprudencia que fundamenta la necesidad e importancia que tiene hacer esta corrección. Oportuno es recordar que, en los primeros años de la aplicación de esta norma legal, los tribunales de justicia sostuvieron que la omisión constituía un vicio de nulidad, lo que produjo un estado de inseguridad respecto del dominio de estos inmuebles; luego, la jurisprudencia varió y manifestó que su omisión no era causal de nulidad absoluta, lo que demuestra que el Poder Judicial ha aplicado distintos criterios respecto de esta situación. Como es comprensible, esta disparidad de criterios ha producido en las personas afectadas la sensación de que cualquier día un tribunal puede fallar en sentido inverso, no obstante existir una sentencia de la Corte Suprema que determinó la no existencia de vicio de nulidad en caso de omisión de la estipulación señalada. Lo que busca el proyecto es, precisamente, eliminar la obligatoriedad de establecer en la escritura la cláusula que prohíbe el cambio de destino del suelo del predio que ha sido objeto de una subdivisión, ya que dicha prohibición se encuentra establecida por ley, lo que no hace necesario que se señale en cada uno de los contratos. Con la eliminación de estos elementos que entorpecen la real aplicación de una norma legal se va a evitar una multiplicidad de conflictos judiciales y facilitar también el cumplimiento de la ley. Frente al debate producido y a los apremios de algunos colegas, debo enfatizar que el proyecto no viene a modificar criterio alguno en la subdivisión de ningún tipo y sólo se hace cargo de una situación puntual en la cual los fallos de los tribunales de justicia han sido ambiguos para declarar la nulidad, lo que ha transformado esto en un problema para los adquirentes de estas propiedades. Conviene dejar establecido que el proyecto no contiene ninguna modificación al criterio de subdivisión y sólo busca salvar una situación de hecho que se produce con los distintos notarios y conservadores de bienes raíces. Asimismo, cabe recordar que sólo existe una disposición legal que permite la subdivisión predial en menos de 0,5 hectáreas: cuando un padre asigna terrenos de su propiedad a sus hijos para que construyan sus moradas. En la práctica, lo que sucede es que los abogados de los bancos rechazan las escrituras presentadas por los pequeños propietarios por no contener la cláusula de cambio de uso o de destino agrícola, lo que, además, les provoca dificultades para conseguir un crédito, pues muchos de ellos sólo cuentan con ese pedazo de tierra. La forma en que las Comisiones Unidas zanjan la situación es adecuada, y más importante aún, aclara definitivamente la materia. Por eso, invito a las señoras diputadas y a los señores diputados a votar afirmativamente el proyecto. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, el proyecto fue objeto de bastante debate en su primer informe. Varios planteamos observaciones sustantivas y de fondo para legislar en la dirección correcta. En la primera reunión de las Comisiones Unidas, algunos dijimos que estábamos dispuestos a aprobar un proyecto lo más acotado posible, que saneara situaciones pasadas; una especie de “ley del mono”. Finalmente, lo que se aprobó en la Comisión es distinto a lo planteado. Se mantuvo lo fundamental del proyecto original de la Comisión de Agricultura. No sé cómo se dieron las cosas, pero en la votación sólo participaron parlamentarios de la Derecha: cinco diputados de la Unión Demócrata Independiente y tres de Renovación Nacional; no estuvo presente la Concertación. Es posible que en el momento haya habido actividades paralelas. Estoy en contra del proyecto, por dos razones. La primera, porque, en definitiva, más allá de la voluntad de quienes lo promueven, rebaja las exigencias para acogerse al decreto ley Nº 3.516, y como señaló el diputado Jorge Burgos, ese decreto ha provocado tales distorsiones, que en vez de rebajar las exigencias es necesario subirlas. Los autores del proyecto buscan eludir un mecanismo más bien administrativo, pero el resultado real es que rebaja las exigencias para acogerse al decreto ley Nº 3.516, relativo a las parcelas de agrado. Por otro lado, en la sesión anterior, el diputado Patricio Hales decía que además el proyecto tiende a reafirmar lo sostenido en el decreto ley Nº 3.516, como si fuera una solución a un problema de nuestras ciudades. El decreto ley mencionado ha generado grandes distorsiones en el crecimiento de las ciudades. Como modelo de expansión es pésimo, porque en torno a cualquier ciudad, grande, pequeña o mediana, se lotean los terrenos, lo que genera un serio problema de concepción de cómo se desarrolla y quién se hace cargo de los costos de unirse a la ciudad principal. Reitero, es un pésimo modelo de expansión de las ciudades, que se ha extendido a casi todo el país. Ha sido un gran error no haber detenido a tiempo ese procedimiento, como se planteó por primera vez en 1992, después en 1997 y 1998. Ahora el Ejecutivo, por tercera vez, presentó un proyecto en el Senado que busca modificar la manera de crecer de nuestras ciudades. Entonces, se ha generado un modelo de expansión contrario al de muchos países que han logrado darle más racionalidad, más responsabilidad a la forma en que vamos construyendo ciudad. Además, hay un incentivo muy grande para las parcelas de agrado, porque constituyen una alternativa muy atractiva de ahorro, sin tributos. Entonces, los que tienen parcelas de agrado constatan que se siguen valorizando y los tributos son prácticamente nulos. Como he dicho otras veces, se paga un impuesto a la ganancia de capital anual, es una manera de desincentivar esa forma de ahorro sin aporte a la sociedad. No viene al caso referirse a otros modelos de crecimiento de las ciudades ni a alternativas para la agricultura. En muchas ocasiones he escuchado al diputado René Manuel García señalar que a él le preocupa en su región la forma en que se crece en torno a los lagos. Entiendo que ahí hay un problema, pero entonces debemos pensar en un modelo de urbanización en zonas turísticas de lagos, de playas, pero no apliquemos una modalidad absolutamente impropia, inadecuada, distorsionadora, que al final se extiende a todo el resto del país, que es cara para la sociedad y no asegura un resultado socialmente adecuado. Con todos esos argumentos, quiero decir que no me puedo sentir parte de una iniciativa que rebaja las exigencias para acogerse al decreto ley Nº 3.516 y que, además, lo reafirma. Estuvimos dispuestos a buscar una solución para la situación generada luego de tanto tiempo, como dije, una especie de “ley del mono”, pero al final se insistió en una norma permanente que modificara el DL 3.516, mecanismo que me parece bastante inadecuado. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, reconozco que he leído el informe sólo en esta ocasión; sin embargo, hay una cuestión que me llama la atención y que se desprende de su sola lectura. Originalmente, los mocionantes buscaron la vía de la interpretación, es decir, dictar una ley de carácter interpretativo. Ésa era la propuesta. Las leyes interpretativas tienen su razón de ser y no son ajenas a nuestra legislación cuando, en definitiva, la norma interpretada, es decir, la anterior, ha tenido en la práctica jurisprudencial diversas interpretaciones, por anga o por manga, a o b, a veces absolutamente opuestas y otras, con grados de oposición. Sin embargo, aunque reconozco que no escuché todas las intervenciones y no está muy explicado en el informe, en algún momento se deja la tesis de la interpretación y se plantea la del saneamiento. Mediante una disposición legal se pretende declarar saneado, por el solo ministerio de la ley, el vicio de nulidad que pudiere afectar o ha afectado la validez de actos o contratos celebrados con omisión de la constancia que requería la ley y que antes se planteaba interpretar. Dictar una ley de saneamiento tampoco es ajeno al derecho, pero me llama la atención una frase que señala: “Lo dispuesto en el inciso anterior -es decir, el saneamiento ipso jure, por el solo ministerio de la leyno será aplicable a los casos que en la actualidad se encuentren sometidos a proceso judicial, ni afectará lo resuelto por sentencias ejecutoriadas. De aprobarse la norma tal como está, a mi juicio, se genera un efecto discriminatorio muy complejo, porque si en definitiva lo que hace el legislador es sanear, es decir, se estima que ya no hay vicio de nulidad porque no se cumplieron los requisitos, incluso aquellas cuestiones que están sin sentencia, en mera demanda o notificación de una demanda, van a tener un trato distinto. Entonces, se va a producir una discriminación muy brutal, porque los bienes de quienes no están en juicio quedan saneados, y a los otros, aun sin sentencia, no se les aplica la ley. Ahí hay un vicio complejo, desde el punto de vista de la constitucionalidad de la norma. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, discrepo de lo planteado por el diputado Carlos Montes, en el sentido de que le parece raro que sólo hubiera diputados de la Alianza discutiendo la iniciativa. El proyecto no divide en blanco y negro a los diputados que participamos en su debate. La visión del diputado Carlos Montes me parece absolutamente sesgada y carente de toda lógica. No se trata de un proyecto que determine posturas políticas de Alianza o de Concertación. Por lo tanto, si los diputados de Gobierno, incluido el señor Montes, no asistieron a la Comisión, tendrán que hacer su propia revisión de por qué no lo hicieron, pues con seguridad debieron ser citados mediante carta enviada a sus respectivas oficinas. Es una visión bastante notable plantear que sólo había diputados de la Alianza por Chile en la votación del proyecto, como si éste fuera un tema de discusión entre el oficialismo y la Oposición, en circunstancias de que sé que muchos diputados de la Concertación se han manifestado a su favor, como lo hizo el diputado Jaramillo, brillante miembro de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. En consecuencia, no llevemos la discusión a ese plano. En segundo lugar, reitero que la moción no modifica en nada la normativa actual. Sólo viene a clarificar una situación que lleva a confusión por las jurisprudencias distintas en los tribunales de justicia. Así también, al final del informe, entregado en forma brillante por el diputado Rosauro Martínez, se consigna a quienes participaron en la discusión. Ahora, si en la sesión que se votó no había más diputados presentes, habría que preguntarles a ellos la razón de su inasistencia. Por último, quiero decir que los proyectos presentados básicamente por diputados del mundo rural son mirados con lupa, gran precisión y puntillismo. Sin embargo, no ocurrió lo mismo cuando la Región Metropolitana se amplió diez mil hectáreas en terrenos agrícolas. En ese caso, hubo manga ancha, porque, al parecer, se defendían intereses de algunos inversionistas. La situación pasó colada y a nadie le hizo cosquillas. Por lo tanto, no acepto esa forma de ver las cosas. Por otro lado, hago un llamado a aprobar este proyecto que viene a solucionar un problema que no debería enfrentar a la Alianza con la Concertación, pues más bien dice relación con hechos precisos que ocurren en el mundo rural respecto de gente bastante vulnerable que carece de medios para pagar notarios y los gastos que se generan por las distintas interpretaciones en los tribunales de justicia. Como sé que será aprobado, de antemano, agradezco ese gesto. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes en su segundo discurso. El señor MONTES.- Señor Presidente, el diputado Barros lleva las cosas al extremo por plantear mi extrañeza porque en las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Vivienda y Desarrollo Urbano sólo hubiera ocho parlamentarios, todos de la Alianza, cinco de la UDI y tres de Renovación Nacional, al momento de la votación. Yo no pude asistir porque estaba en Comisión Mixta en el Senado, pero la tramitación del proyecto requería considerar otros puntos de vista, lo que normalmente se hace, respecto de lo cual no haré mayor cuestión. Sin embargo, él lleva las cosas al extremo cuando sostiene que se trata de politizar un tema. ¡Basta de argumentar que es malo politizar un tema en la Cámara de Diputados, ya que aquí es dónde se discuten las distintas visiones del bien común y lo más profundo del sentido de la política: debatir lo que más conviene a un país! ¡Eso es la política! Por lo tanto, lo que discutimos efectivamente es política. En cuanto al tema del suelo y de la tierra, puedo decir que ha sido recurrente en las sociedades del mundo de todas las épocas, pues suscita un gran debate con distintas visiones ideológicas y enfoques de cómo se deben hacer las cosas. La Constitución española, por ejemplo, tiene una norma muy precisa que señala que no se deben obtener ganancias ni profitar de la propiedad de la tierra, pues es un bien con un sentido general. La nuestra no establece lo mismo; al contrario. Pero aquí hemos planteado que el modelo de crecimiento de las ciudades a través de las parcelas de agrado se distorsiona, pues genera muchas irracionalidades y, a su vez, incentiva una manera de ahorro sin tributo, porque nuestra legislación no lo contempla. Éste es un tema muy profundo. Cuando a alguien se le ocurrió implementar el decreto ley Nº 3.516, en 1980, no en democracia, sin debate, generó algo que está afectando a todas las ciudades del país. Por ello, debemos ser un poco más responsables y pensar, por ejemplo, cómo debe ser el crecimiento alrededor de los lagos y que está ocurriendo con esas zonas. Nuestra responsabilidad como Congreso Nacional es anticipar alternativas. Si optamos por la continuación de las parcelas de agrado y que se arme un tejido con ellas, lo que conlleva a conurbaciones irracionales, obtendremos resultados indeseables. Esta situación se da en países muy capitalistas, como Estados Unidos, por ejemplo. El problema es determinar qué es mejor para el crecimiento de una ciudad. Era lo que quería decir. Simplemente, reaccioné frente al razonamiento de que porque se planteaba que era un problema de distintos sectores políticos eso descalificaba los argumentos. El problema es mucho más profundo. La objeción que hicimos fue a la rebaja de las exigencias del decreto ley Nº 3.516, sobre parcelas de agrado, el que, a su vez, reafirma el modelo de crecimiento de las ciudades. Por eso, el tema nos parece muy mal resuelto en los términos que figura en el informe. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.516, de 1980, referido a la subdivisión de predios rústicos. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 10 abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Burgos Varela Jorge; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Leal Labrín Antonio; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio. -Se abstuvieron los diputados señores: Duarte Leiva Gonzalo; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Jiménez Fuentes Tucapel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Saffirio Suárez Eduardo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vidal Lázaro Ximena. El señor ENCINA (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular. Despachado el proyecto. PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN A USUARIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO. MODIFICACIÓN DE LAS LEYES Nºs. 20.009 Y 19.496. Primer trámite constitucional. El señor CERONI (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifican la ley Nº 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, y la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de aumentar los grados de responsabilidad y establecer normas preventivas y de seguridad en las operaciones de tarjetas de crédito y débito. Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Marcelo Díaz. Antecedentes: -Mociones, boletín N° 5378-03, sesión 83ª, en 4 de octubre de 2007. Documentos de la Cuenta N° 7; -Boletín N° 5424-03, sesión 93ª, en 30 de octubre de 2007. Documentos de la Cuenta N° 28; -Boletín N° 5542-03, sesión 113ª, en 6 de diciembre de 2007. Documentos de la Cuenta N° 11; -Boletín N° 5558-03, sesión 115ª, en 12 de diciembre de 2007. Documentos de la Cuenta N° 7, y -Boletín N° 5868-03, sesión 27ª, en 13 de abril de 2008. Documentos de la Cuenta N° 19. -Informe de la Comisión de Economía, sesión 120ª, en 7 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta N° 42. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar sobre los proyectos de ley que modifican la ley Nº 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, y la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de aumentar los grados de responsabilidad y establecer normas preventivas y de seguridad en las operaciones de tarjetas de crédito y débito. Los proyectos, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia, se originaron en las mociones que a continuación se enuncian: De los diputados señores Ceroni, Duarte, González, Insunza, Leal, Pérez don José, Rossi, Tuma, Valenzuela y de la diputada señora Saa, boletín 5378-03; de los diputados señores Araya, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag, Venegas, Díaz, don Marcelo, y de las diputadas señoras Goic y Sepúlveda, boletín 5424-03; de los diputados señores Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Ortiz, Tuma y Díaz, don Marcelo, boletín 5542, y de los diputados señores De Urresti, Escobar, Godoy, Jiménez, Súnico, Tuma y Díaz, don Marcelo, boletín 5558-03. La idea matriz o fundamental es modificar la ley Nº 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, y la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el propósito de procurar una mejor protección a los usuarios de las tarjetas de crédito y débito, en caso de mal uso de aquéllas, con el aumento de la responsabilidad del emisor y el establecimiento de normas preventivas y de seguridad. El objeto de las mociones es armonizar, mejorar o actualizar nuestra legislación con el fin de prevenir y de mejorar los estándares de seguridad en el funcionamiento del dinero plástico, del dinero no constante y sonante. Como es sabido, en el último tiempo ha aumentado de manera sustantiva el uso de la técnica denominada clonación para usar en forma fraudulenta las tarjetas de crédito y de débito. Esto no sólo tiene que ver con el extravío, sustracción o uso malicioso o fraudulento de una tarjeta de crédito por un tercero, porque en este caso no sólo hay pérdida material de la tarjeta, sino una copia de la información contenida en la banda magnética. En las mociones se plantea aumentar la responsabilidad del emisor de las tarjetas de crédito y débito, sea institución bancaria, financiera o casa comercial, el que deberá responder en forma íntegra por las operaciones que se realicen cuando haya tomado debido conocimiento de su hurto, robo o extravío. Asimismo, deberá proveer al consumidor servicios de comunicación, de acceso gratuito durante las 24 horas del día y todos los días del año, que le permitan recibir y registrar los referidos avisos. En el evento de ser imposible para el usuario comunicarse por los servicios de acceso gratuito, deberá concurrir a la unidad policial más cercana, con el objeto de establecer la constancia o denuncia pertinente, la que servirá como aviso para todos los efectos legales. En caso de falsificación de cualquier naturaleza de las tarjetas, el emisor deberá restituir en forma íntegra la suma defraudada, sin perjuicio de que pueda repetir en contra de quien resulte responsable de la comisión del hecho ilícito. El consumidor no tendrá responsabilidad por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso entregado al emisor, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponder. Verificado que sea el aviso señalado, las tarjetas serán bloqueadas de inmediato por el emisor, asumiendo éste la responsabilidad íntegra por cualquiera operación posterior a dicho aviso. Toda cláusula que busque eximir o atenuar la responsabilidad del emisor por operaciones realizadas por un tercero distinto del tarjetahabiente, cuando la tarjeta de éste haya sido objeto de hurto, robo o extravío, se tendrá por no escrita. Por otra parte, se establece que las siguientes conductas constituyen delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito, débito y/o emitidas por empresas o sistemas de transporte colectivo: a) Falsificar tarjetas de crédito, débito y/o emitidas por sistemas de transporte colectivo. Para los efectos de esta ley, se entenderá que constituye falsificación, entre otras, la extracción y copia no autorizada, por cualquier medio, de la información contenida en la banda magnética u otro elemento de una tarjeta. b) Sustraer, a través de medios tecnológicos, de manera directa o indirecta -es lo que se conoce comúnmente como clonación-, información necesaria para que terceros realicen operaciones de compra o de acceso al crédito o débito que corresponden exclusivamente al titular. Lo que hace el proyecto es adecuar nuestra legislación a la realidad, recogiendo situaciones que se presentan comúnmente en nuestro país y respecto de las cuales no se habían establecido responsabilidades en forma clara. Lo que se pretende es hacer recaer el peso de la generación de mecanismos de seguridad en los emisores, con el fin de resguardar el uso de tarjetas. En este caso, hablamos de los emisores porque es mucho más lógico que sean ellos y no los consumidores los que mejoren el nivel de seguridad de las operaciones comerciales realizadas con estos instrumentos. Se trata de que las instituciones que emiten tarjetas de crédito incorporen tecnologías que ya están disponibles en otros países, a fin de evitar que, en el caso de la clonación, nos veamos enfrentados a la imposibilidad de definir quién es el verdadero responsable de la defraudación que se pueda llevar a cabo. Por lo tanto, se propone modificar la ley Nº 20.009, con el objeto de ampliar el límite de responsabilidad por los delitos que afecten a los usuarios de tarjetas de crédito, y la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, estableciendo mecanismos que permitan a los tarjetahabientes ejercer plenamente sus derechos. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- En discusión. Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, tal como lo dijo muy bien el diputado Marcelo Díaz, el proyecto de ley que hoy discutimos en la Sala, corresponde a la fusión de diversas mociones relacionadas con un problema relativamente nuevo. Me refiero a la inseguridad a que están expuestos los usuarios de tarjetas de crédito, situación que no ha sido resuelta por sus emisores. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, después de analizar distintas mociones sobre la misma materia, que fueron presentadas en diferentes oportunidades. Considero que esta iniciativa es absolutamente necesaria, porque los emisores de tarjetas de crédito o débito, es decir, bancos, instituciones financieras y casas comerciales, no garantizan seguridad a sus usuarios. Se trata de un problema universal, porque los bancos han entregado más de tres millones y medio de tarjetas; las casas comerciales, cerca de 12 millones, y se han emitido más de 22 millones. Ésa es la dimensión del universo del cual estamos hablando. De manera que estamos ante un problema que afecta, prácticamente, a todos los chilenos. Tal como lo dijo el diputado Marcelo Díaz, lo que se pretende es modificar la ley Nº 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito en operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, y la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el propósito de ofrecer mayor seguridad a los usuarios de las tarjetas de crédito y débito. Dentro de las normas del proyecto, es muy importante la que dispone que el emisor de tarjetas de crédito y/o débito, sea institución financiera, bancaria o casa comercial, deberá responder en forma íntegra por las operaciones que se realicen, cuando haya tomado debido conocimiento de su hurto, robo o extravío. Además, deberá proveer al tarjetahabiente servicios de comunicación, de acceso gratuito durante las 24 horas del día y todos los días del año, que permitan recibir y registrar los referidos avisos. Como para el consumidor resulta muy difícil comunicarse por los servicios de acceso gratuito -muchas veces, cuando uno se encuentra en esta situación y llama al teléfono que se pone a disposición de los usuarios éste no responde, en particular, durante la noche-, el proyecto establece que en el evento de que para el consumidor resulte imposible comunicarse por los servicios de acceso gratuito, deberá concurrir a la unidad policial más cercana, con el propósito de establecer la constancia o denuncia pertinente, la que servirá como aviso para todos los efectos legales. Esto significa proteger al usuario cuando su tarjeta de crédito ha sido objeto de hurto o de clonación o cuando se le ha extraviado. Me parece importante que en caso de falsificación de cualquier naturaleza de las tarjetas, el emisor deberá restituir en forma íntegra la suma defraudada, sin perjuicio de que pueda repetir en contra de quien resulte responsable de la comisión del hecho ilícito. Debo señalar que, en virtud de la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, hay varios juicios que no han sido fallados porque no existe una normativa precisa que se refiera a los delitos considerados en este proyecto de ley. De manera que el consumidor no será responsable por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso que entregue al emisor, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponder. Valoro también que el proyecto establezca que, verificado que sea el aviso relativo a las tarjetas, éstas serán bloqueadas de inmediato por el emisor. Se trata de una situación que, no obstante estar establecida, no se lleva a cabo con la automaticidad y rapidez requeridas. El proyecto dispone que toda cláusula del banco o de la casa comercial, es decir, el emisor de la tarjeta de crédito y/o débito, que busque eximir o atenuar la responsabilidad del emisor por operaciones realizadas por un tercero distinto del consumidor, cuando la tarjeta de éste haya sido objeto de hurto, robo o extravío, se tendrá por no escrita. Esto también es muy importante, porque los bancos hacen firmar a los usuarios cláusulas impresas en letras muy pequeñas; sin embargo, ninguna disposición legal establece que ellas no tienen valor frente a lo que dispone la ley. Finalmente, se tipifica como delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito, débito y/o emitidas por empresas o sistemas de transporte colectivo, las siguientes conductas: a) Falsificar tarjetas de crédito, débito y/o emitidas por empresas o sistemas de transporte colectivo. Para los efectos de esta ley, se entenderá que constituye falsificación, entre otras, la extracción y copia no autorizada, por cualquier medio, de la información contenida en la banda magnética u otro elemento de una tarjeta. En la Comisión de Economía, recibimos a expertos en materia de seguridad, que nos adelantaron que llegará un sistema totalmente nuevo que hará imposible el acceso a la información de la tarjeta. Pero, mientras ello ocurre, estas disposiciones legales son de absoluta necesidad, porque la falsificación de tarjetas de crédito, el ingreso a la información y su posterior utilización, constituyen un problema cotidiano que daña a los consumidores. Se establece también que quien sustraiga, a través de medios tecnológicos, de manera directa o indirecta, información necesaria para que terceros realicen operaciones de compra o de acceso al crédito o débito que corresponde exclusivamente al titular, también está cometiendo un hecho fraudulento, un delito. La iniciativa en debate pretende que el emisor asuma una mayor responsabilidad respecto de las tarjetas de crédito que hoy se entregan por doquier y por correo. ¿A cuántos parlamentarios nos han llegado tarjetas con un cupo de 500 mil pesos para comprar de inmediato mercaderías en un supermercado? Estas tarjetas se distribuyen en la feria, en la calle, en cualquier parte, y el emisor no se hace responsable. Por lo tanto, se va a crear un sistema para que asuma una responsabilidad más directa. Asimismo, se van a tipificar delitos que hoy no están consagrados en la ley. Como formé parte de un grupo de diputados que presentamos mociones para resolver estos problemas, me complace anunciar que respaldaremos esta iniciativa que tiene que ver con una materia que a diario perjudica a los consumidores. Por lo tanto, considero necesario modificar las leyes Nºs 20.009 y 19.496. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día. Queda pendiente la discusión del proyecto para la próxima sesión. VI. PROYECTOS DE ACUERDO MEDICIÓN DE NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN ESTACIÓN INTERMODAL DE LA CISTERNA. (Votación). El señor CERONI (Vicepresidente).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 701, sobre medición de niveles de contaminación en estación intermodal de La Cisterna. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CERONI (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Díaz Nicolás; Mulet Martínez Jaime; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. DECLARACIÓN DE 2009 COMO AÑO OFICIAL DE DON PEDRO LEÓN GALLO, JOSÉ SIERRA Y LOS CONSTITUYENTES DE 1859. El señor CERONI (Vicepresidente.- El señor Prosecretario dará lectura la siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 702, de los señores Robles, Leal, Espinosa, don Marcos; Venegas, Jarpa, Mulet, Pérez y Rojas, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que en uso de las facultades que le reconoce la Constitución Política y las leyes, tenga a bien considerar la posibilidad de declarar el 2009 como el año oficial de “don Pedro León Gallo, José Sierra y los constituyentes de 1859”, por motivo de cumplirse los 150 años de la Revolución Constituyente, episodio trascendental que logra provocar un quiebre en el desarrollo político de nuestro país dando paso a la República Liberal”. El señor CERONI (Vicepresidente).- Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo tiene como objetivo declarar 2009 como año oficial de don Pedro León Gallo, José Sierra y los constituyentes de 1859. Con ello se intenta simbolizar la preocupación de las regiones por su desarrollo. Como se sabe, en 1859, Pedro León Gallo, insigne copiapino, lideró la revolución constituyente, que buscaba incorporar a las provincias, en particular a Atacama, al desarrollo económico del Chile de esa época. Quiero recordar que en aquel tiempo Chañarcillo era uno de los más importantes yacimientos mineros, cuya producción permitía generar gran parte de los recursos que el Estado distribuía en el país. Sin embargo, la región de Copiapó no demostraba un desarrollo acorde con los recursos que aportaba al resto del territorio. La globalización política y económica es un fenómeno inmenso, pues lo que sucede en una economía del mundo afecta a todas las demás. Por ello, la necesidad de pertenencia a un sector, localidad o terruño resulta muy importante. La declaración de 2009 como año oficial de los líderes regionalistas don Pedro León Gallo y José Sierra y los constituyentes de 1859, significa un reconocimiento al aporte de las regiones a la vida y desarrollo del país. Solicito a los colegas presentes que apoyen el proyecto de acuerdo, pues simboliza la mirada descentralizadora, tan necesaria en el Chile del siglo XXI. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con el proyecto, que suscribí a instancias del diputado señor Robles. Este año, la figura de Pedro León Gallo resulta muy relevante en la zona de Atacama, pero debería constituir un ejemplo para todas las regiones. Apoyamos con fuerza el proyecto, en especial porque se trata de un año electoral. En tal sentido, es preciso poner énfasis en la necesidad de avanzar en el proceso de regionalización, que se encuentra detenido desde hace años. Es absurdo constatar que todas las decisiones se toman en Santiago. A la hora de construir un puente, o de calcular los metros cuadrados de una vivienda social, las decisiones se adoptan al interior del Ministerio de Obras Públicas, en calle Morandé. Asimismo, resulta absurdo que todos los recursos generados en las regiones, como los provenientes de la minería, se canalicen a través del poder central, desde donde emanan todas las decisiones. En Chile urge implementar un proceso de regionalización. La visión de Pedro León Gallo, surgida hace 150 años, debe reanimar esta discusión. Por lo menos en Atacama, así como en la Cuarta Región, de Coquimbo, hay mucha fuerza para relevar la figura de Pedro León Gallo en la lógica de la deuda regionalista que arrastra nuestro país. Suscribimos el proyecto de acuerdo, con el objeto de que su excelencia la Presidenta de la República tome las riendas en este tema y tenga a bien declarar 2009 como el año oficial de don Pedro León Gallo, José Sierra y los constituyentes de 1859. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. El señor CERONI (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Egaña Respaldiza Andrés; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Leal Labrín Antonio; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Rubio Samuel; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio. -Votó por la negativa el diputado señor Ulloa Aguillón Jorge. -Aplausos. SUSPENSIÓN DE REAVALÚO DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS DURANTE 2009. El señor CERONI (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 703, de la diputada Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Olivares, Araya, Mulet, Sabag, Barros, Jaramillo, Pérez, Rojas, Masferrer y Von Mühlenbrock, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, y al ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, instruir a las instituciones competentes y realizar a la brevedad las gestiones conducentes a la suspensión del reavalúo previsto para este año 2009 de los bienes agrícolas, con el objeto de aliviar económicamete a este sector de nuestro país”. El señor CERONI (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, la diputada Alejandra Sepúlveda, autora de este proyecto de acuerdo, que suscribí con mucho agrado, tiene toda la razón para pedir a la Presidenta de la República y al ministro de Hacienda que realicen las gestiones conducentes a la suspensión del reavalúo de bienes raíces agrícolas previsto para este año. Todos conocemos los problemas que enfrentan el sector agrícola y otros sectores de la economía. El problema es global. De manera que estudiar la suspensión de dicho avalúo es absolutamente lógico y permitiría aliviar, al menos en parte, la pesada carga de los pequeños y medianos agricultores del país. Señor Presidente, usted representa una zona agrícola y yo también. En Atacama existen dos importantes valles agrícolas, el del Huasco y de Copiapó, y éste no es un tema menor. Hay agricultores que no tienen para pagar sus contribuciones de bienes raíces; en 2007 sufrieron daños severos debido a las heladas; en 2008, por la crisis que los afectó gravemente, incluso a los exportadores; por la inflación, etcétera. Ha habido dos o tres años en que nuestros pequeños agricultores han soportado situaciones dramáticas. De modo que mantener la tasa impositiva del impuesto territorial o las contribuciones de bienes raíces es lo lógico, o sea, no subir esos impuestos. Gravar en un porcentaje más alto los bienes raíces agrícolas en un año de crisis, con todo los problemas que enfrentan distintos sectores agrícolas del país, no es la medida más adecuada. Por eso, la propuesta de la diputada Sepúlveda, que apoyo con entusiasmo, me parece correcta. He visitado algunas regiones y tienen problemas los trigueros, los lecheros, los productores de uva en mi región, la gente que se dedica a la chacarería. Todos los agricultores están en una situación difícil, al igual que el resto de las actividades económicas, en particular las pequeñas y medianas empresas. En consecuencia, solicito, también en nombre de la diputada Sepúlveda, aprobar este proyecto de acuerdo para que no se reavalúen las contribuciones de bienes raíces de los predios rurales o agrícolas. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo habla por sí solo. Se propone mucho reducir impuestos en tiempos difíciles; felizmente, Chile no está en crisis. La conducción económica del país nos ubica en un lugar preferencial. Hay problemas, hay dificultades, claro que sí, pero la reducción de impuestos debe estudiarse muy bien. El proyecto en debate no implica otra cosa que decir: No aumentemos los impuestos al sector agrícola. En Chile el agro está pasando por momentos muy difíciles. El sur está en sequía. Se ha solicitado, por parlamentarios y autoridades del agro, que de una vez por todas vuelvan las ayudas a ese sector que está viviendo la emergencia. Por lo tanto, aumentar los montos de los avalúos, aunque sea solamente en el IPC, ya es un costo mayor para una agricultura que está complicada. Por eso, no podría dejar de apoyar este proyecto para que no se aumente el avalúo de los predios agrícolas, por las razones que se contienen en su texto y que todos conocemos. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CERONI (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Egaña Respaldiza Andrés; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTES INVESTIGACIÓN SOBRE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS USADAS EN LA SEXTA REGIÓN Y AMPLIACIÓN DE CUPOS. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo correspondiente al Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero aprovechar estos minutos para solicitar una explicación a la ministra de Vivienda y al Serviu de la Sexta Región respecto al otorgamiento de subsidios para viviendas usadas por intermedio de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, Egis. Curiosamente, en dos días se ocuparon los doscientos cupos disponibles en esa región para solucionar el problema habitacional de mucha gente, con viviendas usadas. Pero, más curioso aún es que esos cupos se habrían asignado a una sola entidad de gestión inmobiliaria social, Egis. En mi comuna hay más de trescientas personas que están esperando, con sus carpetas listas, postular a este subsidio y, curiosamente también, el Serviu demora alrededor de tres meses en efectuar los estudios y analizar si procede o no este tipo de subsidio a quienes lo solicitan. ¿Qué ha ocurrido también en lo social? Muchas personas pensaron que iban a obtener el subsidio y dieron anticipos a los dueños de viviendas, para que no las vendieran otros compradores, o se comprometieron con créditos en espera del subsidio. ¡Para qué hablar sobre las expectativas que se crearon! La gente en mi región está esperando una explicación sobre lo que ha ocurrido. Entiendo que la política habitacional del país, no sólo del Gobierno, debe ser de absoluta equidad. En el caso de la municipalidad de Rancagua, por ejemplo, que tiene también una Egis, no pudieron ingresar ni siquiera las carpetas. Las devolvieron y no hubo posibilidad alguna de acceder a la solicitud de subsidio, porque, justamente, en dos días se cerraron las postulaciones. Por eso, pido que el Serviu de la Sexta Región y, en especial la ministra y el contralor general de la República, puedan hacer una investigación acerca de los criterios con que se está otorgando este tipo de subsidio, de la premura y rapidez con que se acaban esos cupos, los que se entregaron solamente a una Egis, sin efectuar las revisiones del caso, como burocráticamente siempre lo ha hecho el Serviu, las que, repito, duran alrededor de tres meses. Da la impresión de que en este tipo de procedimiento hay personas que tienen una llegada muy especial al Serviu de la Sexta Región, y no sé si en otras regiones también sucede lo mismo. Quiero una respuesta de la ministra y también que se estudie la posibilidad de aumentar los cupos, porque cientos de personas están esperando el subsidio para adquirir una vivienda usada. Espero, según la determinación del Gobierno, que se pueda aumentar el número de cupos y que el procedimiento se realice de manera transparente y no, como muchas veces ocurre, a través de empresas que tienen muchos regalones. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. URGENCIA A PROYECTO DE LEY QUE REGULA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi preocupación porque en la Cuenta de la sesión de hoy se informó que la Presidenta de la República decidió retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones. La instalación de antenas de telefonía celular es un hecho cada vez más frecuente. Sin embargo, como todos sabemos, el drama para los vecinos afectados se prolonga por demasiados años. En la Cámara se han presentado veinte o treinta proyectos de acuerdo para solicitar que la Presidenta de la República presente a tramitación una iniciativa legal en esta materia. Por lo tanto, pido oficiar a la Presidenta de la República para que ponga urgencia a dicha iniciativa, de manera de dar tranquilidad a los pobladores que en forma permanente viven angustiados por esa situación, que se ha vuelto incontrolable y respecto de la cual se está actuando sin rigor y sin norma alguna para establecer un ordenamiento. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. APOYO A INTERVENCIÓN DE PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, en segundo lugar, deseo referirme a la intervención del Presidente de la Corte Suprema, pronunciada con ocasión de la inauguración del año judicial, en que demandó una política integral para enfrentar la violencia intrafamiliar. Según se informa en El Mercurio de hoy, “El ministro Urbano Marín advirtió que se trata de un “grave problema social”, tal como la delincuencia juvenil”. “Según explicó, las cifras demuestran que es un “serio problema”, pues durante 2008, de más de 372 mil causas ingresadas por asuntos de familia, 95 mil, es decir, más del 25 por ciento, corresponden a violencia intrafamiliar. “A su juicio, y al igual que con la delincuencia juvenil, “la acción casuística de los tribunales no es suficiente”, y se requiere que los “organismos competentes adopten medidas de otro orden”.” “Planteó como prioridad identificar las causas y tendencias de “este preocupante fenómeno social”, para luego fijar una política integral.” “Otro “grave problema social”, planteó el presidente del máximo tribunal, es la delincuencia juvenil. A su juicio, la detención, formalización o condena de un adolescente no representa un logro, sino “una derrota en su debida protección y desarrollo integral”.” Concuerdo plenamente con la posición del Presidente de la Corte Suprema. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? En materia de control de la violencia intrafamiliar, se ha fallado en todas las etapas, es decir, en prevención, rehabilitación y protección de las víctimas, que mayoritariamente son mujeres y niños. No existen acciones que se hagan cargo de las señales iniciales de la violencia intrafamiliar, cadena que empieza en el maltrato verbal y, a la larga, puede terminar en femicidio. Hoy, la violencia en nuestra sociedad se inicia a nivel escolar en los colegios. Por lo tanto, si no se lleva a cabo una política que ayude a los chilenos a ser más controlados y a respetarse, no se podrán resolver los problemas relacionados con la delincuencia y, menos aún, una situación tan trágica como la violencia intrafamiliar. Los gobiernos de la Concertación han puesto a la familia en el último lugar de las prioridades. No existe inversión para la prevención de conflictos ni espacios de resolución a los que tengan acceso familias de escasos recursos. Tampoco se cuenta con orientación familiar. Tras la ocurrencia de conflictos de esta naturaleza, muchas veces puede rehabilitarse y continuar su vida familiar en común. Sin embargo, para las personas de comunas más modestas o de clase media, no existe ayuda alguna en este sentido. No hay espacios para la rehabilitación de consumidores de drogas o alcohólicos, que son quienes presentan mayor incidencia en problemas de violencia intrafamiliar, de manera de ayudarlos a resolver sus problemas de salud mental. Hoy, el único camino que proponen el Sernam y el Estado es judicializar los problemas de familia, pero resulta imposible que el sistema judicial pueda hacerse cargo por completo de un problema tan grave. Por eso, el Gobierno tiene la obligación de enfrentarlo desde sus inicios. Se requiere orientación, apoyo, ayuda, educación, para reforzar la importancia de la familia y de la unidad de padres e hijos. La violencia intrafamiliar ha terminado por matar a cientos de chilenas y mantiene hoy una guerra íntima en más de 300 mil hogares, afectando la vida de sus integrantes y poniendo en riesgo la integridad de mujeres y niños. Desde hace mucho tiempo venimos insistiendo en que es imposible resolver los problemas de la familia por medio del divorcio específicamente, desde que se inició la discusión de la iniciativa legal que lo incorporó en nuestra legislación-, y que tampoco es posible resolver los problemas de violencia intrafamiliar sólo mediante los tribunales de familia. Para enfrentar esta grave crisis social, las familias chilenas requieren de apoyo, de mecanismos que hagan más fácil la convivencia y ayuden, por ejemplo, a resolver los problemas económicos de los padres. Además, es necesario tomar más en serio las escuelas de padres. En fin, existen muchos ámbitos en los que no se está prestando la necesaria ayuda para prevenir la ocurrencia de hechos que profundicen la grave crisis social a que se refirió el Presidente de la Corte Suprema, quien en forma clara -tal como hizo en su momento el fiscal nacional- planteó que no se puede esperar que todo lo haga la justicia por sí sola, como tampoco se puede esperar que las medidas cautelares resuelvan todos los problemas, dado que no hay suficientes policías para controlar que quienes son objeto de dichas medidas no se acerquen a sus hogares. En ese sentido, varios diputados han propuesto agilizar la utilización de los denominados brazaletes electrónicos, que podrían ser una ayuda. Pero no se avanza en esta materia. Por eso, hago un llamado al ministro de Justicia, a las entidades de justicia, a la ministra del Sernam y a la Presidenta de la República a hacer un esfuerzo orientado a evitar la repetición de dramas relacionados con hechos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, reitero, el freno a este flagelo social que afecta al país no puede descansar sólo en la justicia, sino en muchos otros actores sociales. He dicho. PUBLICIDAD SOBRE FUNCIONAMIENTO DE JUNTAS INSCRIPTORAS ELECTORALES. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, por medio de pequeños parrafitos aparecidos en la prensa, nos informamos sobre la apertura de los registros electorales, de manera que la gente que aún no se inscribe en ellos, pueda hacerlo. Cabe recordar que de conformidad con las disposiciones legales en esta materia, los registros electorales permanecieron cerrados durante casi seis meses, dado que a fines del año pasado se llevó a cabo un proceso electoral. Sin embargo, si nos atuviéramos rigurosamente a lo que establece la ley, ellos debieran permanecer cerrados durante algún tiempo más, dada la realización de un plebiscito en la comuna de Vitacura y la repetición de los procesos electorales en dos comunas. Deseo poner este tema en el tapete, porque resulta que dicha reapertura se produce justo cuando los alumnos universitarios que están en edad de inscribirse, vuelven a sus aulas. Entonces, ¿qué facilidades se les están dando? En muchas oportunidades hemos discutido aquí sobre la existencia de millones de jóvenes que, por diferentes razones la más potente de las cuales se relaciona con que no les atrae o motiva el mundo de la política-, no se inscriben en los registros electorales. Ahora se abrieron, pero la autoridad no ha realizado campaña alguna de información sobre el particular. Al respecto, cabe recordar que el Servicio Electoral no dispone de recursos para realizar campañas informativas destinadas a que la gente conozca los horarios de funcionamiento y la ubicación de las juntas inscriptoras, pero llama la atención que sí existan recursos para el desarrollo de otras campañas, como la gigantesca que hemos conocido en los últimos días, relacionada con el Transantiago que, dicho sea de paso, no sé si surte efectos. Por lo menos hoy, en la estación Escuela Militar del Metro, nuevamente se produjeron atochamientos. Deseo recordar que, en virtud de una iniciativa presentada por un grupo de parlamentarios y acogida por el Gobierno, las Juntas Inscriptoras Electorales atienden de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, y el sábado, de 9 a 14 horas. O sea, la atención existe y se está haciendo un esfuerzo en esta materia, pero nadie informa sobre el particular. Por eso, pido que se haga llegar copia de mi intervención al director del Servicio Electoral, don Juan Ignacio García. A mi juicio, es importante que dicho Servicio disponga de recursos para satisfacer los requerimientos de información de quienes no están inscritos en los registros electorales. No quiero decir que así vamos a solucionar un tema que es mucho más complejo; pero es importante dar a conocer las facilidades que existen para inscribirse, porque son muchas las personas que se escudan de no hacerlo por falta de información. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. URGENCIA A PROYECTOS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahúan. El señor CHAHÚAN.- Señor Presidente, quiero hacer un llamado al ministro de Salud para que cumpla la palabra empeñada, especialmente con Gonzalo Cruzat, el padre de Felipe Cruzat, un menor de once años que encabeza la lista nacional de espera para transplantes de órganos. Su estado es de extrema gravedad y requiere con urgencia un transplante de corazón. Llamo la atención del ministro, porque existen dos proyectos de ley que están en trámite en la Comisión de Salud del Senado. Uno crea la figura del donante universal y, el otro, establece la obligatoriedad de respetar la voluntad del donante. Ambas iniciativas siguen esperando la urgencia del Ejecutivo. El ministro de Salud se ha comprometido en varias ocasiones con la Comisión de Salud; incluso, se ha comprometido, en estos meses de verano, con Gonzalo Cruzat, padre del menor que requiere ser transplantado. Si la solución no llegara a tiempo -ojalá que así no sea-, esperamos que el pronto despacho de esos proyectos sirva para que otros pacientes no tengan que pasar por la situación que está viviendo Felipe. La actual tasa de donaciones de órganos es muy baja. A pesar de las campañas, sólo hay 8 donantes por cada millón de habitantes. Es la cifra más baja desde 1999, cuando se registraron 7 donaciones por cada millón. La Corporación del Transplante advirtió que de las 116 donaciones realizadas el año pasado, sólo dos correspondieron a donantes pediátricos, complicando las intervenciones de los pacientes más pequeños. Hace unos días tuvimos la lamentable noticia del fallecimiento de otra menor, Antonia Labarca, en el hospital Gustavo Fricke, que necesitaba con urgencia de un hígado; sin embargo, por temas de agilización de procedimientos médicos y a pesar de que logramos que su caso fuera escuchado por el Ministerio de Salud e ingresara a la prioridad nacional, Antonia no sobrevivió. Esperamos que pronto más niños, como Felipe Cruzat o Valentín Ugueño, que espera un transplante de intestinos en el hospital Gustavo Fricke, y otros cientos de jóvenes -hablamos de 1.600 personas que requieren un transplantepuedan tener la solución adecuada. Por eso, hacemos un llamado al ministro de Salud para que cumpla la palabra empeñada y ponga suma urgencia o discusión inmediata a los proyectos mencionados y permita que esas personas prolonguen sus esperanzas de vida. También llamamos a quienes son donantes a conversar el tema en familia; que cuando llegue el momento penoso, ese momento doloroso de la muerte de un ser querido, respeten la voluntad de quien realizó el acto de solidaridad más íntimo y más profundo, cual es dar vida después de la muerte. Pido que copia de mi intervención se haga llegar al presidente de la Comisión de Salud del Senado, senador Jorge Arancibia, quien se ha comprometido a poner en tabla el tema para su discusión en el Senado, aunque no ha llegado la tan anhelada y comprometida urgencia del Ejecutivo. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan. AGILIZACIÓN DE TOMA DE RAZÓN POR LA CONTRALORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, el Gobierno ha hecho un esfuerzo para impulsar un plan destinado a encarar los efectos de la crisis internacional que puedan repercutir en Chile durante este año. Los parlamentarios, en las regiones, hemos hecho un seguimiento del grado de cumplimiento e implementación de los proyectos que apuntan a ese objetivo. Hemos tomado conocimiento de que muchas de esas iniciativas no se han podido implementar debido a la gran demora de la Contraloría en el trámite de toma de razón de los decretos que autorizan incurrir en gastos a los gobiernos regionales. Tal como el Gobierno, los intendentes y demás autoridades regionales y provinciales han hecho un esfuerzo en la materia, es necesario que la Contraloría General de la República agilice el trámite de toma de razón de los proyectos de inversión en obras públicas de los gobiernos regionales, que están detenidos porque el trámite administrativo correspondiente no se realiza con la agilidad necesaria. Por eso, pido que se oficie al contralor general de la República para manifestarle esta preocupación y solicitarle la creación de una unidad especializada dentro de ese organismo que informe los proyectos de inversión que contempla el plan anticrisis que viene impulsando el Gobierno, de manera que el trámite de toma de razón sea privilegiado y no demorado. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan. INVESTIGACIÓN DE FUSIÓN DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE FERTILIZANTES SOQUIMICH COMERCIAL Y ANAGRA. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, los problemas para el sector agrícola no terminan. De acuerdo con nuevas informaciones, continúan y, lo que es peor, se agravan. A la crisis de los trigueros y lecheros se agregan otras dificultades. Existe un verdadero ensañamiento de algunas industrias o empresas con el sector agrícola, sobre todo con el productivo. Quiero denunciar una situación bastante delicada. Se anuncia la fusión de dos grandes empresas importadoras de fertilizantes: Soquimich Comercial y Anagra, controladas por Mitsui Agro Business. Sabemos que Soquimich controla el 26 por ciento de las importaciones; Anagra, el 21 por ciento, y le siguen Mosaic y Agrogestión Vitra, con 18 por ciento. Con la fusión, Soquimich y Anagra tendrán el 46 por ciento del mercado de importaciones y el 34 por ciento de la distribución local, lo que implica un alto índice de concentración económica y de distribución. Esto se hace en momentos en que se cuestiona la libre competencia del mercado de los fertilizantes. ¡Cuántas veces hemos hablado en esta Sala de los altos costos de los fertilizantes y de la necesidad de que se intervenga, se fiscalice o se averigüe qué se está haciendo! Los precios de esos productos han subido, lo que contribuye a los altos costos de nuestra agricultura. Nadie se explica por qué los precios de los fertilizantes en Chile tienen una ligera y muy lenta variación, mientras que en los mercados del mundo sus valores han caído muchísimo, por lo que existe una discordancia absoluta entre ambos hechos o hay un aprovechamiento o un enriquecimiento injusto de las empresas nacionales. La fusión contribuye a sembrar la duda y también deja en tela de juicio el control de las importaciones y su distribución, ya que los precios de los fertilizantes serán manejados arbitrariamente por una sola empresa fusionada: Soquimich y Anagra. En la actualidad, existen cinco empresas importadoras, aunque, en el hecho, son tres. Ahora van a quedar solamente dos. Los productores lecheros han sostenido que esta fusión no es buena para el mercado de los fertilizantes y que será dañina para los productores agrícolas, ya que los compradores de esos productos estarán en desventaja al haber menos oferentes. ¿Cómo podemos explicar estas situaciones que van en desmedro de nuestra agricultura, de nuestra producción agrícola? Por una parte, las empresas se ponen de acuerdo para rebajar los precios a los productores lecheros y, por otra, ahora nos encontramos con esta noticia, que considero peligrosísima y atentatoria en contra de nuestra producción lechera. Solicito una posición enérgica de nuestro gobierno respecto de esta situación. Me opongo duramente a dicha fusión, pues debe existir libre competencia en el país y no disfrazarla con estas actuaciones para burlar el mercado. Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Agricultura, con el objeto de que tome conocimiento de esta situación y, conforme con los antecedentes que se tengan, se haga parte ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y a la Fiscalía Nacional Económica, para que investigue este caso y adopte las resoluciones tendientes a evitar la fusión. Todo ello, sin perjuicio de las gestiones que personalmente y junto a otros señores diputados haremos ante los organismos correspondientes, porque se trata de una situación muy grave, peligrosa y atentatoria en contra de los intereses de nuestra agricultura. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Sabag, Lorenzini, Mulet, Jaramillo y de quien preside. REACTIVACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN DEL MAULE. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, concuerdo con lo señalado por el diputado Sergio Ojeda. Las cosas hay que decirlas. No todos se atreven. Antes de irnos a receso, como miembros de la Comisión de Hacienda pedimos al director de Presupuestos y al ministro de Hacienda reactivar los proyectos públicos del país y que se dispusieran las platas regionales cuanto antes, ya que el aumento del desempleo se nos venía encima. Ayer nos informó el director de Presupuestos que se ha identificado un promedio nacional de 92 por ciento de proyectos para este año en los ministerios. El Ministerio de Vivienda está casi en el ciento por ciento; el de Salud, en el 87 por ciento; el de Obras Públicas, en 93 por ciento, y el de Interior, en 80 por ciento. Por lo tanto, esto camina, ya que el Gobierno ha hecho los esfuerzos pertinentes. También se nos informó respecto de la situación en regiones. Por ejemplo, Los Lagos tiene el 77 por ciento de proyectos identificados, lo que está bastante bien si se considera que el promedio nacional alcanza a 80 por ciento. Una vez más la peor de todas es la Región del Maule, con 56 por ciento, es decir, la mitad de lo que identifica el resto de las regiones. Señor Presidente, usted sabe, porque lo comenté aquí cuando presidía la sesión correspondiente, que esta región devolvió 4 mil millones de pesos, porque ese gobierno regional no presentó proyectos para invertir. Ahora tenemos desempleo en el mundo rural y el Ministerio de Hacienda está dispuesto a entregar los recursos correspondientes. En esas condiciones, ¿qué hace uno? Podemos estar de acuerdo con las primarias, las secundarias y todas esas cosas; pero, al final, debemos actuar mirando más allá de la cuestión política, porque tenemos que resolver el problema de la gente, para que nos den el respaldo político cuando corresponda. En la actualidad, la Región del Maule no sólo está a la cola, sino que la propia ministra subrogante de Hacienda y el director de Presupuestos me dijeron que la gestión de la Región del Maule no aprobaría si fuera evaluada. Quien maneja la región es un representante designado por la Presidenta, vía el Ministerio del Interior, es decir, el intendente. En 2008 pasamos la vergüenza de devolver 4 mil millones de pesos y ahora vamos a la cola del resto de las regiones, lo que quiere decir que nada ha cambiado. Me pregunto, ¿dónde está el ministro del Interior? ¿Estará de vacaciones? De él depende el cambio del intendente y de las personas que correspondan del gobierno regional, porque de esta manera no estamos solucionando el problema de los chilenos, específicamente de los maulinos. Nada ganamos con hacer propaganda política si los hechos nos revelan que, a pesar de que los recursos están disponibles, no existe un gobierno regional que lidere la destinación de esos dineros, por lo que debe devolverse lo que no se usa. Es decir, se trata de una región que no tiene proyectos, que está a la cola en la destinación de recursos para financiar proyecto y que ya devolvió mucha plata. Por lo tanto, aquí hace falta acción. El intendente debe irse para la casa, y se acabó el cuento, porque la Región del Maule no está siendo liderada, es la que menos crece en el país y la que tiene el peor resultado económico-financiero. Ojalá que el ministro del Interior se dedique también a hacer gestión y a proteger a los maulinos. Mientras la Presidenta nos da recursos, ordena la entrega bonos y se preocupa de la gente, pero su ministro del Interior y sus encargados, que son los intendentes, no están cumpliendo con sus labores. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señor diputado, ¿usted desea que se envíe copia de su intervención al ministro del Interior? El señor LORENZINI.- Sí, señor Presidente, a pesar de que usted y yo sabemos que no hará caso a este humilde diputado, pero la gente que nos mira y nos escucha comprenderá lo que estamos diciendo. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Así se procederá. CREACIÓN DE BANCO GANADERO EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me sumo a la crítica constructiva del diputado señor Pablo Lorenzini, ya que esta situación no puede continuar. Quien legisla mal no es reelecto; quien actúa mal como autoridad de gobierno no debe seguir ocupando un cargo que es de la confianza exclusiva de la Presidenta de la República. Tener esta clase de autoridades le hace daño al gobierno de la Concertación. Quiero dedicar algunos minutos al tema agrícola y al Ministerio de Agricultura. Chile está en un momento complicado en lo que queremos como potencia alimentaria. Según los antecedentes de que disponemos, la masa de ganado bovino es de 3.700.000 cabezas. Quienes estamos interesados en estos temas, vemos con mucha preocupación que esa masa va decreciendo. A nadie escapa el hecho de que, a menor masa ganadera, mayor precio del producto; en este caso, de la carne bovina. Eso produce dependencia de las importaciones, aunque hace algunos años pensábamos que seríamos autosuficientes al respecto. Ya veremos que día a día las importaciones aumentarán y, por lo tanto, los costos de ese producto, que bien puede ser autoabastecido en Chile. El problema de la masa ganadera también nos lleva a preocuparnos de la leche, el vital elemento de las personas que nacen, crecen y son parte de un país estable y valedero como el nuestro. Por eso, debemos ser autosuficientes en esta materia. También se está mermando la masa ganadera productora de leche, por lo que, en el momento oportuno, en la discusión del presupuesto de la nación el que habla hizo una intervención solicitando medios económicos para la agricultura, dado que nuestra relación con el Mercosur dejó complicados a algunos sectores de la economía agraria. En esos años solicitamos la suscripción de un protocolo de acuerdo para otorgar medios adicionales a la agricultura tradicional. En la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para 2009, solicité que de esos fondos se destinaran 200 millones de pesos para la creación de un banco ganadero en la Región de Los Ríos, una de las más importantes en la crianza de ganado bovino. Eso comenzará a funcionar en marzo. Por eso, mi deseo es que el Ministerio de Agricultura actúe cuanto antes, para que se cree dicho banco, lo que, en el fondo, no interfiere con lo que está sucediendo en Aisén, porque allí hay un proyecto que busca que los pequeños agricultores no vendan sus terneras para que aumente la masa ganadera. Eso se llama retención de vientres. Insisto, se iba a revalidar un banco ganadero que funcionó en los años setenta y los ochenta, el cual dio muy buenos resultados hasta que empezó a cobrar intereses muy altos, especialmente por los préstamos a los agricultores del sur, donde se produce el ganado bovino. Es bueno recordar esos antecedentes, porque tenemos un problema de disminución de la masa ganadera, lo cual implica más importaciones, con altos costos de los productos. Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Agricultura, con el objeto de que el banco ganadero comience a funcionar a la mayor brevedad, para tener la oportunidad de detener la deficiencia de vientres del ganado bovino. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. REMODELACIÓN DE ESTADIO LUIS VALENZUELA HERMOSILLA DE COPIAPÓ. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, en el plan de remodelación para construir nuevos estadios, se pretende reducir el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, de Copiapó, se trata de un recinto para 14 mil personas, que con la remodelación quedaría para cinco mil y, además, perdería su pista atlética, lo que es de una gravedad impresionante. Todos los deportistas, en particular futbolistas y atletas, están muy preocupados. Por lo tanto, pido que se oficie a la señora Presidenta de la República, quien ha estado muy interesada en la política para tener estadios nuevos o remozados, a fin de que se reestudie esta situación. También lo ha pedido con mucha claridad el alcalde de Copiapó, don Maglio Ciccardini. No es posible reducir un estadio al remodelarlo. Existe la posibilidad de dejarlo como está y hacer uno nuevo para cinco mil personas, como quiere el Gobierno. Da la impresión de que el ánimo es inaugurar obras antes de que termine el mandato, y que hay asesores de la Presidenta que la están asesorando mal en esto. Solicito que se oficie a la señora Presidenta y a la persona encargada del asunto, el señor Egaña, que trabaja en el Palacio de La Moneda, para que se revise la situación de Copiapó. La idea es no reducir el estadio Luis Valenzuela Hermosilla en ningún caso, pues ello perjudicaría a los atletas y un lugar idóneo para los eventos deportivos y especiales. Ese estadio se ha llenado en múltiples oportunidades. En lugar de eso, es preferible que se construya un nuevo estadio, tal como lo solicita el alcalde de Copiapó. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INVESTIGACIÓN SOBRE ENTREGA DE RECURSOS Y FACULTADES DE LA DELEGADA PRESIDENCIAL EN CHAITÉN. Oficios. El señor MULET.- Señor Presidente, en varias oportunidades me he reunido con algunos habitantes de Chaitén. Han venido hoy al Parlamento don Jaime Asmussen, una persona de esa zona, que conoce bien y que la ha visitado regularmente; don Carlos Alvarado, un colono, pequeño empresario que perdió su industria, una sociedad de turismo de más de 300 millones de pesos, y me plantearon cosas que me parecen graves. Me dicen que las noticias que se anuncian en los medios de comunicación no son la verdad actual de Chaitén. Ellos piensan que es perfectamente posible reconstruirla donde está. Eso tendrán que verlo los técnicos. Pero han denunciado irregularidades que me preocupan: que los recursos que se han destinado a Chaitén se han entregado discrecionalmente a algunas familias y a otras, no. Algunas familias se han privilegiado por razones distintas a las técnicas o económicas. Hay gente que ha llegado hace dos semanas a Chaitén y ha recibido indemnización; otra que lleva 20, 30 ó 40 años allá y no la ha recibido. Se les ha quitado la electricidad y no se han tomado las medidas para que vuelvan la energía eléctrica y el agua potable. Parece que el Gobierno está en una lógica de boicotear, de cerrar Chaitén, como lo dijo derechamente el ministro del Interior: Chaitén ha desaparecido, ha muerto. Ellos piensan lo contrario. Por eso, pido que esto se investigue bien. En primer lugar, hay una señora que está a cargo de la situación de Chaitén, como encargada presidencial, figura que no existe en la Constitución. Para eso hay un intendente, un gobernador y otras autoridades que tienen esa responsabilidad. Quiero saber cómo se crea ese puesto, cuánto ha costado tener a la encargada presidencial, con qué recursos se desplaza y cómo se han distribuido todos los recursos que se han asignado al plan de Chaitén, a quiénes y en qué montos. ¿Qué pasa con el gobernador? Tenemos medio gobernador, medio encargada, medio intendente, autoridades que están en capitis diminutio. Esta es una figura extraña. Las personas de Chaitén me informaron que esta señora asigna los recursos de manera discrecional, como lo decía anteriormente. Según me indican, se cerró la bomba de bencina por orden del Gobierno, pero resulta que se pone a disposición de Carabineros, y se entrega bencina sólo a algunos. A los pobladores de Chaitén no, pero me dicen que al señor Tompkins le entregaron 1.800 litros de bencina gratuitos a los pocos días de reabierta la bomba, por parte de funcionarios públicos. A los habitantes de Chaitén que quieren comprar no les entregan combustible, ni siquiera les venden, pero al señor Tompkins sí. Ahí hay una situación de falta de transparencia. Como presidente de un partido regionalista he escuchado a los dirigentes Carlos Alvarado y Jaime Asmussen, que vienen llegando de Chaitén. Hay una realidad oculta. Por lo expuesto, solicito que se oficie al contralor General de la República para que precise qué facultades tiene la encargada presidencial, qué puede hacer y qué no puede hacer esta figura inconstitucional, ilegal, a mi juicio. Además, solicito que se oficie al ministro del Interior para que indique cómo se han utilizado las platas por parte de la encargada presidencial, cuántos recursos se han gastado y a quiénes se les ha entregado. Por último, pido que la Comisión de Recursos Naturales o la Comisión de Zonas Extremas visiten Chaitén, a fin de que la Cámara fiscalice lo que está pasando allí, pues se siguen pidiendo recursos. Mil y tantos millones están pidiendo ahora en el gobierno regional. Creo que esto se está haciendo mal. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Quiero mencionar al señor diputado que el artículo 117 de la Constitución indica que los gobernadores, en los casos y forma que determine la ley, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades. El señor MULET.- Señor Presidente, las delegaciones siempre han existido de parte de los gobernadores, pero en este caso no es un brazo del gobernador el que está allá. Es una delegación presidencial y esa figura no existe. De todas maneras agradezco su precisión. ANTECEDENTES SOBRE LICITACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO Y RURAL EN REGIÓN DE O’HIGGINS. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule. El señor SULE.- Señor Presidente, en mi permanente contacto con las organizaciones vecinales del distrito 33, que representan las necesidades e inquietudes de los vecinos de centenares de sectores, en su gran mayoría rurales, he recibido muchas inquietudes. Hoy me referiré especialmente a la que dice relación con la necesidad urgente de contar cada día con locomoción expedita y de calidad hacia los centros urbanos y de comercio para uso de los cientos y miles de trabajadores y trabajadoras, sobre todo agrícolas. Hace aproximadamente un año expuse sobre este tema y se iniciaron acciones por parte de la autoridad regional en la materia para realizar un levantamiento de información de las necesidades, por medio de reuniones con juntas de vecinos, quienes han tenido la oportunidad de realizar el mismo reclamo. Necesitamos que el transporte rural sea de calidad y expedito, que los adultos mayores y los escolares sean tratados con respeto y deferencia, entre otras cosas. Hoy la Región de O`Higgins cuenta con un sistema licitado de transporte de locomoción colectiva rural que no ofrece buses con capacidad adecuada de pasajeros en relación con el número que a diario requiere ese servicio, especialmente en horas peak, cuando en cierta época del año cientos de niños y jóvenes estudiantes se mezclan con los otros miles de adultos y trabajadores que concurren a sus centros de estudio o lugares de trabajo. Este año 2009 debe ser el año de solución y respuesta a estas inquietudes, por medio de un proceso de licitación que contenga en sí las bases que cumplan con este objetivo. Por lo expuesto, solicito se oficie el seremi de Transportes de la Sexta Región para que informe en detalle de cuáles serán las nuevas exigencias consideradas en este nuevo proceso de licitación del transporte público y rural. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. AUMENTO DE DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARABINEROS EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS. Oficio. El señor SULE.- Señor Presidente, por otra parte, es de especial preocupación para este diputado la necesidad de una adecuada atención, cobertura y respuesta a la comunidad por parte de Carabineros de Chile. Me refiero en particular a la comuna de Requinoa, poblada principalmente por trabajadores y trabajadoras agrícolas y que han quedado en medio de otros dos importantes centros urbanos como Rancagua y Rengo, que hoy cuentan con el llamado Plan Cuadrante que busca, entre otras cosas, garantizar la seguridad pública y dar atención a las denuncias de los ciudadanos de manera expedita, para lo cual la dotación de Carabineros, su implementación e infraestructura han sido ampliadas y mejoradas. Pero, ¿qué ocurre con Requinoa? La dotación de personal es extremadamente poca para asegurar la vigilancia de día o de noche con rondas adecuadas en número de carabineros. La comuna en esta época del año recibe un importante número de chilenos y chilenos que buscando mejores condiciones laborales e ingresos se instalan en Requinoa. El sector llamado Los Lirios cuenta con un retén que en invierno se llueve y en verano no ofrece condiciones de comodidad para el trabajo del personal, menos para atender a los vecinos del sector. Qué decir del material rodado, absolutamente insuficiente para concurrir a los tan distantes y variados sectores que conforman la comuna de Requinoa o, simplemente, para dar respuesta a las denuncias, a veces simultáneas, de los vecinos de diversos lugares. Por lo expuesto, pido que se oficie a la alta dirección de Carabineros para que emita un informe completo de las carencias que la institución tiene para abordar las necesidades no sólo de Requinoa, sino de todas las comunas de la región de O’Higgins que no cuentan con Plan Cuadrante. Asimismo, que informe cuáles son los planes para revertir los problemas mencionados. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.18 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 45. Informe sobre la participación de los diputados señores Andrés Egaña, Esteban Valenzuela y Samuel Venegas en la XI Sesión Extraordinaria del Parlamento Andino, efectuada en Medellín, Colombia, entre los días 5 a 7 de febrero de 2009. “Honorable Cámara: Tengo a honra informar sobre la participación que les correspondió a los diputados señores Andrés Egaña, Esteban Valenzuela y Samuel Venegas en la XI Sesión Extraordinaria del Parlamento Andino, celebrada en Medellín, Colombia, entre el 5 y el 7 de febrero de 2009. I. INAUGURACIÓN. Durante la inauguración usaron de la palabra el Vicepresidente, señor Luis Fernando Duque (Colombia); el Gobernador de Antioquía, doctor Luis Alfredo Ramos; la Alcaldesa encargada de la ciudad de Medellín, señora Clara Inés Restrepo, y la Presidenta del Parlamento Andino, señora Ivonne Juez de Baki (Ecuador), quienes en síntesis se refirieron a la crisis financiera mundial [1] y a los medios de mitigación, a la necesidad de mantener el libre tránsito de mercaderías y personas, a la obligación establecida por Ecuador en relación con la exigencia de un certificado de pasado judicial para la autorización de ingreso que se exige a los colombianos y las dificultades que genera en torno al comercio [2]. También sobre la adopción por parte del gobierno de Ecuador de una resolución mediante la cual se establece una salvaguarda a la balanza de pagos, lo que no se condice con la normativa de la comunidad andina. [3]. Asimismo, sobre las bajas experimentadas en el precio del petróleo y sus consecuencias en las economías andinas, lo que en definitiva perjudica al sistema de integración andino. Se instó a celebrar un Consejo Presidencial Andino extraordinario con miras a fortalecer la Comunidad Andina, en fecha por definir. Mesa Directiva. La Mesa Directiva celebró su sesión y se propuso un calendario para las reuniones de este año, el que fue ratificado por el Plenario. PLENARIO. La tabla del plenario contemplaba la presentación del informe de ejecución presupuestario 2008, la ratificación de aprobación de presupuestos y presentación de planes de acción, temas que no fueron tratados. Reunido el quórum necesario, Secretaría dio a conocer un plan de trabajo para el presente año, en el cual se fijaron las fechas de las próximas reuniones. -Del 29 al 31 de marzo, en Colombia, Bogotá. -Del 26 al 29 de abril, en Ecuador, Quito. -Del 24 al 27 de mayo, en Perú, Lima. -Del 21 al 24 de junio, en Ecuador, Quito. -Del 23 al 27 de agosto, en lugar por definir. -Del 27 al 30 de septiembre, en lugar por definir. -Del 25 al 28 de octubre, en lugar por definir. -Del 22 al 25 de noviembre, en lugar por definir. Celebrar, además, una reunión extraordinaria en el mes de julio y otros eventos propios de la organización. Respecto de las reuniones de EuroLat, se mencionaron las siguientes fechas: -26 y 27 de febrero, reunión de mesa directiva. -6 al 8 de abril, en Madrid. -29 y 30 de octubre, en Panamá. Con relación a la participación de la Misión de Observadores del Parlamento Andino (Mopa) en los procesos eleccionarios, se hizo una reseña de las próximas elecciones. Así, por ejemplo, se citó la elección del año 2010 a efectuarse en Colombia, donde se elegirán los parlamentarios andinos; el 2011 en Perú y la segunda vuelta en Ecuador el 14 de junio; Bolivia y Chile en el año 2010 y Panamá el año 2009. Asimismo, se solicitó asistir al Referéndum que se desarrollará en Venezuela. La mesa directiva se comprometió a presentar en el mes de marzo un plan de acción. Se reiteró la importancia de celebrar dos reuniones anuales con Mercosur. Del mismo modo, se dio información acerca de la labor que lleva a cabo el Instituto de Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo Legislativo. En primer término se destacaron los temas de democracia y seguridad y en segundo lugar, los relativos a las relaciones externas. Se solicitó que el Instituto lleve a cabo una reunión técnica con la Secretaria de la comunidad andina. Asimismo, se señaló la necesidad de que el Instituto analice la agenda social andina y genere un gran proyecto de responsabilidad empresarial social. En otro orden de materias, se destacó también la importancia de fortalecer la institucionalidad de la comunidad andina, mediante la realización de un evento en el mes de noviembre en la ciudad de Cali, Colombia, como podría ser durante la feria ambiental latinoamericana o la celebración de una reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA). Finalmente, se hizo presente la necesidad de crear una Comisión encargada del tema género, de la manera como incentivar y facilitar la participación de mujeres en política, para lo cual se podría llevar a cabo una reunión en el mes de mayo en Bogotá. Se hizo mención de un Convenio con la Policía peruana para mujeres. El parlamentario Dotti (Ecuador) se refirió a la reciente creada Comisión de Transportes en Quito, destacando una gran cantidad de convenios suscritos, como por ejemplo, con Argentina, con la Universidad de Bruselas y con el Ministerio de Obras Públicas de Ecuador. Por último, destacó la celebración de un Foro en Manta denominado “Hacia el este de Asia”. A su vez, el capítulo peruano presentó una interesante propuesta de plan de acción para el año 2009, que básicamente consiste en: -Difundir los beneficios que otorga la comunidad andina y el Parlamento Andino. -Instaurar una política transversal que comprenda diversas visitas a los países que integran el Parlamento Andino y a todas las regiones del Perú. -Celebrar otros eventos, como pudiera ser el día de la mujer, homenaje a Haya de la Torre, o el Día de la Integración Andina. Llevar a cabo reuniones con la participación de la sociedad civil, empresariado, trabajadores y estudiantes para difundir los objetivos del Parlamento Andino. -Destacar el aspecto jurídico del Parlamento Andino, como pudiera ser sostener reuniones con el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, para tratar temas como la justicia militar penal andina. -Desarrollar la labor de difusión con los gobiernos locales, regionales y también con los municipios. -Profundizar en temas como la biodiversidad, el cambio climático, la globalización y los efectos de la crisis financiera mundial en la economía de los países andinos. -Desarrollar una agenda ambiental andina, con predominio del tema alimentario y el uso adecuado de la hoja de coca. Efectuar un seguimiento de la agenda social andina, con énfasis en la pluralidad, el cumplimiento del plan de desarrollo social, aplicación de políticas sociales y de derechos humanos, con plena integración de todos los sectores. -Enfatizar en las políticas para migrantes en cuanto a los aspectos sociales y previsionales. En este último aspecto, se hizo mención a los problemas suscitados en la comunidad europea frente al ingreso de migrantes andinos. El parlamentario señor Mariategui (Perú) hizo entrega de un acabado programa de actividades que se incluye como Anexo N° 1. En cuanto los temas que contemplaba la agenda, se efectuaron breves comentarios en torno a la crisis financiera mundial. Gran parte del Plenario se destinó a tratar el tema de las relaciones entre Colombia y Ecuador y se efectuó un llamado a nombrar comisionados para acortar las distancias existentes entre ambos mandatarios, lo que ha traído consigo que la consolidación del sistema de la Comunidad Andina y la libre circulación de personas, capitales y bienes, comience a entorpecerse puesto que Ecuador exige un certificado de pasado judicial a quienes atraviesen de Colombia a Ecuador. El gobierno ecuatoriano está exigiendo una libreta que acredite el pasado judicial, pese a que está información se encuentra en Internet, lo que dificulta enormemente su cumplimiento. También se analizó la resolución que establece una salvaguarda a la balanza de pagos que estableció Ecuador. El diputado señor Valenzuela, frente a todos los planteamientos anteriores, agradeció las atenciones recibidas y señaló que era necesario enfrentar la crisis financiera mundial dentro de un clima de cooperación entre los distintos países que integran la comunidad andina. Asimismo, alertó sobre síntomas preocupantes de parte de la comunidad europea y de las declaraciones del Presidente Obama. En este orden de materias, destacó que el sistema de proteccionismo podría profundizar la crisis y desalentar la materialización del proceso de integración. Se refirió, del mismo modo, a los comodities y a la utilización de los ahorros en materias como salud, etc. También hizo mención al cierre de la industria de camionetas en el norte de Chile por parte de Venezuela. Ahora bien, con respecto a Chile, destacó dos ámbitos: El primero, en cuanto a que nuestro país ha cumplido las políticas tendientes a regularizar a la comunidad de inmigrantes que vive en el país, otorgándoles diversas facilidades. También la reciente aprobación del Acuerdo de Unasur por parte de la Cámara de Diputados. Destacó que nuestro país busca participar en todos aquellos espacios de cooperación al interior de la comunidad andina. También en cuanto a hacer un llamado para que USA evite la utilización de barreras proteccionistas directas o indirectas. A guardar el debido respeto por parte de los países miembros y asociados a los acuerdos internacionales vigentes, y efectuar las consultas previas tendientes a evitar acciones unilaterales. Iniciar diálogos políticos-técnicos entre la Comunidad Andina, Mercosur y Unasur. Sugirió realizar un encuentro con el BID, con el objeto de sugerir un programa extraordinario de créditos de apoyo para aquellos países que no cuenten con fondos especiales para el ahorro y la cohesión social, para hacer frente a la crisis financiera actual. Propuso insistir en la importancia que reviste en épocas de crisis económica el no cierre de fronteras y asegurar la dignidad de las poblaciones migrantes, sin establecer requisitos adicionales al ingreso a los países de la comunidad. Sobre el particular, se insistió en continuar reafirmando el concepto de integración de manera de dar solución a los problemas, especialmente en cuanto a los migrantes. A su vez, el diputado señor Egaña, don Andrés, formuló una precisión respecto de lo expuesto por el diputado señor Valenzuela en torno al fortalecimiento del diálogo político técnico. Hizo presente que participaba por primera vez en las sesiones del Parlamento Andino, lo que le otorgaba tanto ventajas como desventajas. En el primer ámbito, señaló que al no contar con todos los antecedentes del caso, se le presentaba un grado de preocupación muy grande, por cuanto estimaba que el diagnóstico era más grave y que por tanto el desafío de vencer la situación financiera mundial era aún mayor, recayendo la solución en gran medida en los actores políticos y por tanto el compromiso era aún mayor. La plenaria concluyó con una declaración, donde el diputado señor Egaña formó parte de la comisión redactora que revisó la propuesta formulada por secretaria y que fue objeto de varias enmiendas, como se consigna en la declaración que fue aprobada por el plenario y que se adjunta como Anexo N° 2. Cámara De Diputados, a 2 de marzo de 2009. (Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA, Dirección de Asuntos Internacionales”. 46. Informe sobre participación del diputado señor Juan Masferrer en el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de América Latina (Foprel), celebrado en las ciudades de Cuenca y Quito, Ecuador, entre los días 18 al 20 de febrero de 2009. “Honorable Cámara: Tengo a honra informar sobre participación del diputado señor Juan Masferrer en el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de América Latina (Foprel), efectuado en las ciudades de Cuenca y Quito, Ecuador, los días 18 al 20 de febrero de este año, denominado “Análisis político e identificación de oportunidades en momentos de crisis”, organizado por la Asamblea Nacional de Ecuador y el Parlamento Andino, cuya finalidad fue analizar la crisis económica mundial y las alternativas para salir de ella. Cabe tener presente que concurrieron los representantes de los Parlamentos de Argentina, México, Colombia, Cuba, Bolivia, Ecuador y Chile. Durante la inauguración concurrió el Presidente de la República de Ecuador, Excmo. señor Rafael Correa. Participaron, además, durante el debate, el ex Ministro de Hacienda de Colombia, señor Juan Camilo Restrepo y el economista ecuatoriano, señor René Martínez. Es necesario tener presente que durante el desarrollo de estas reuniones, todos los participantes concordaron y celebraron el buen pie en que se encuentra Chile para afrontar la crisis económica, debido a las medidas adoptadas y las modificaciones legales que se han llevado a cabo durante los últimos años, la fortaleza en la institucionalidad de órganos como el Banco Central, y otras políticas adoptadas por el gobierno para hacer frente al problema de la cesantía que provocará la mentada crisis, asuntos todos sobre los cuales se explayó el diputado señor Masferrer durante su participación. DECLARACIÓN DE CUENCA. Como resultado de las reuniones sostenidas, se adoptó declaración que se adjunta a continuación. Cámara de Diputados, a 2 de marzo de 2009. (Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA, Dirección de Asuntos Internacionales”. 47. Moción de las diputadas señoras Allende, doña Isabel; Goic, doña Carolina; Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Ascencio, De Urresti; Espinoza, don Fidel y Jiménez. Prohíbe el otorgamiento de Tarjetas de Créditos a estudiantes que carecen de ingresos propios. (boletín N° 6382 03) 1. Antecedentes: El actual sistema económico que impera en nuestra sociedad se caracteriza por la proliferación del denominado dinero plástico como medio de pago. En este sentido, la proliferación señalada ha llegado a extender el mercado hasta consumidores que no tienen ingresos propios ni desarrollan actividad económica alguna, como son los estudiantes universitarios u otras instituciones de educación. Este otorgamiento de créditos respecto de dichos estudiantes, tanto de casas comerciales como de bancos e instituciones financieras, configuran una inducción al endeudamiento y producen consecuencias perniciosas, pues, un porcentaje importante de estos créditos no llegan a saldarse oportunamente y se cobran judicialmente. Lo anteriormente expuesto se desarrolla desde la siguiente perspectiva, los estudiantes no tienen la costumbre ni la experiencia para manejar un crédito en forma responsable, es decir, ocupar el crédito de dichas tarjetas de acuerdo con la capacidad de pago que tengan. Además, debemos agregar que este estrato de consumidores, debido a su dependencia económica, al momento de contratar con la entidad comercial señala como domicilio particular, el domicilio familiar, es decir, aquél en el cual residen estos consumidores junto a sus padres, en la generalidad de los casos. Una de las consecuencias de la mora en este tipo de obligaciones, que por lo demás es bastante frecuente, es que el cobro judicial se realiza respecto de estos créditos, recae sobre el mobiliario e incluso, en algunas ocasiones, sobre el inmueble familiar, lo cual produce un inmenso y evidente menoscabo en el patrimonio familiar que deriva en aflicciones de todo tipo, por cuanto, las actuaciones judiciales que se practican en estos procedimientos de apremio dicen relación con el embargo y la realización de bienes. El problema explicitado con anterioridad, además de los factores señalados, surge por la irresponsabilidad de las casas comerciales como de bancos e instituciones financieras que otorgan estos instrumentos crediticios deliberadamente a personas que no tienen un ingreso propio y que no están acostumbrados a utilizar este tipo de medio de pago. Esta irresponsabilidad de las entidades comerciales en el otorgamiento de estos créditos se encuentra respaldada por la certeza que tienen dichas entidades en poder realizar el cobro en el patrimonio de los padres del deudor. En la actualidad “el pago del arriendo de sus casas, del arancel de la carrera y de las deudas contraídas vía tarjetas de crédito o préstamos bancarios constituyen los principales gastos de más de un millón de jóvenes endeudados en nuestro país. Un fenómeno en que las mujeres llevan la delantera (con un 54 por ciento), así como quienes pertenecen a los sectores socioeconómicos medios y bajos de la población (más del 50%)” . Lo anterior se desprende de la quinta encuesta nacional de juventud, elaborada por el Instituto Nacional de la Juventud, que muestra que a medida que los jóvenes crecen muestran un mayor nivel de endeudamiento, el que en promediosupera los 800 mil pesos. La encuesta revela que las deudas de los jóvenes van de la mano con la obtención de instrumentos financieros, como tarjetas de créditos en casas comerciales y bancos: el 48,4% posee este instrumento de consumo (la mitad de la población joven). 2. Historia legislativa. Esta problemática ha sido objeto de otras iniciativas parlamentarias, entre otros temas que regula, referida a tarjetas jóvenes, la moción de los Diputados Díaz, Jiménez, Egaña, García, Moreira, Arenas, Isasi, Rojas y Sabag, que pretende regular prácticas agresivas y engañosas asociadas a tarjetas de crédito no bancarias; en la misma línea se encuentra la moción del Senador Naranjo que modifica la ley núm. 19.628, estableciendo la prohibición de informaciones comerciales en los casos de personas que no acreditan ingresos (Boletín 5053 07). 3. Ideas Matrices. El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer una nueva regulación para las entidades comerciales, respecto de la entrega de cualquier elemento crediticio a estudiantes universitarios que carezcan de un ingreso propio, con el objeto de evitar que los cobros de dichos créditos se realicen en bienes pertenecientes a los padres de éstos, los cuales tienen un evidente de grado de necesidad para el núcleo familiar. Además, el proyecto establece el derecho de los deudores que se encuentren en algún almacenamiento o registro de datos, de acuerdo con lo establecido en la ley núm. 19.628, a que se eliminen sus antecedentes por causa de una obligación suscrita en la hipótesis normativa señalada por este proyecto de ley (suscrito mientras se encontraba estudiando y carecía de ingresos). Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Art. 1°. Agréguese un nuevo artículo 13° bis a la ley núm. 19.496 del siguiente tenor: Art. 13 bis. “Los proveedores que celebren contratos, en virtud de los cuales se otorguen productos tales como líneas o tarjetas de crédito, cuentas corrientes u otros similares, con personas que cursen sus estudios en instituciones de educación superior y que carezcan de ingresos propios, se consideraran como una obligación natural de conformidad con el número 1 ° del artículo 1470 del Código Civil”. Art. 2°. “Los deudores que al momento de otorgarse el correspondiente crédito por el proveedor o al momento de constituirse en mora, se encontraban en la situación descrita en el artículo 13° bis de ley 19.628 tendrán derecho a ser eliminados de cualquier registro de información comercial “. 48. Moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, Girardi y Saffirio. Modifica el procedimiento de Juicio Ejecutivo, aumentando el plazo para oponer excepciones y regulando la causal de oposición de excepciones prevista en el número 11 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. (boletín N° 6383 07) I ANTECEDENTES GENERALES. Estamos en época de crisis. Las Instituciones financieras han endurecido sus políticas de otorgamiento de créditos. Por otra parte, los especialistas aconsejan evitan el contraer nuevas deudas o bien, consolidar las deudas con el fin de ordenar el pago y evitar morosidades. No obstante, son muchos los chilenos que por diversas razones han contraído deudas en el sistema financiero. El pago de esas obligaciones se convierte en un acto de malabarismo mensual y la posibilidad de caer en morosidades e incumplimiento de las obligaciones pecuniarias se hace cada vez más real. Los acreedores tienen a su vez diversos mecanismos para apremiar al deudor para que pague la deuda. Uno de esos mecanismos es el interponer una demanda de juicio ejecutivo de obligaciones de dar. En términos simples este procedimiento tiene muy pocas instancias en donde el deudor puede defenderse. Lo único que puede hacer es oponer alguna de las excepciones previstas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil dentro del plazo de 4 días contados desde el día de requerimiento de pago. Dicho precepto establece en su número 11 que una de las excepciones que el ejecutado puede interponer es la concesión de esperas o la prórroga del plazo. Debemos tener presente en esta materia que el juicio ejecutivo es el resultado final de un largo proceso de incumplimiento de una persona de sus obligaciones, por ejemplo de carácter comercial. Se inicia con la mora del deudor y con las consiguientes cobranzas telefónicas o por carta por parte del acreedor. Si estas gestiones no se traducen en el pago o renegociación de la deuda viene lo inevitable, un juicio. Sin embargo, puede ocurrir que el deudor esté en un proceso de negociación de su deuda o esté solicitando facilidades para pagar ante el acreedor o la empresa que esté gestionando la cobranza. Generalmente, estas gestiones son de carácter verbal por lo que el ejecutado no tiene un documento que le permita acreditar fehacientemente su situación. En relación con el plazo para oponer excepciones, estimamos que el plazo de 4 días contados desde la data de requerimiento de pago es muy breve. Si pensamos que se trata de días hábiles y además consideramos que el día Sábado es considerado hábil en la tramitación de los juicios, es muy probable que el deudor no alcance a contactar a un abogado y presentar las excepciones a tiempo, lo que lo deja indefenso ante el acreedor. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo Único: A) Sustitúyase el guarismo “cuatro” contenido en el inciso primero del artículo 459 N° 1 del Código de procedimiento Civil, por el siguiente: “diez” B) Agrégase en el número 11 del artículo 464 después de la expresión “esperas” y antes de la expresión “o”, la siguiente frase: “la renegociación de la deuda” C) Agrégase los nuevos incisos segundo y tercero al número 11 del artículo 464 del CPC. “Para los estos efectos, el acreedor o la empresa encargada de efectuar la cobranza, en su defecto, estará obligado a otorgar, al momento de que el deudor solicite la concesión de esperas, renegociación de la deuda o prórroga del plazo, un certificado en el que conste tal circunstancia y las condiciones pactadas con el deudor. Sólo una vez vencido el plazo allí consignado el acreedor podrá deducir la acción ejecutiva. El plazo a que se refiere el inciso anterior no podrá ser inferior a dos meses.” 49. Moción de los diputados señores Escobar, Araya,, Ascencio, Enríquez-Ominami, Girardi, Jiménez, Valenzuela, Vallespín, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra. Modifica la Ley N° 18.010 consagrando el derecho del deudor a renegociar las condiciones y plazos del mutuo en casos de desempleo y merma en los ingresos por razones externas no imputables al deudor. (boletín N° 6384 05) I. ANTECEDENTES GENERALES. Una de las áreas tradicionales de negocios de los bancos e instituciones financieras es el otorgamiento de préstamos de dinero. Para ello, han desarrollado pautas de evaluación de sus clientes con el objeto de determinar el riesgo que tiene el solicitante de incurrir en incumplimiento de la obligación contraída. Por ello, se analiza el estado de situación de la persona natural o jurídica, su patrimonio, sus ingresos desde un punto de vista del monto, periodicidad y naturaleza, sus deudas y comportamiento de pago. El cruce de estas informaciones nos arroja un perfil de cliente que determinará la viabilidad del otorgamiento de crédito, montos, plazos, tasa de interés y constitución de garantías. En ese orden de ideas, una persona que solicita un mutuo de dinero tiene al momento de su otorgamiento las condiciones para pagar oportuna y totalmente la deuda contraída. La duda que surge es que ocurre en el caso que la persona se vea impedida de dar cumplimiento a su obligación por circunstancias ajenas a su responsabilidad. Citaremos como ejemplo, la pérdida del trabajo, la merma de los ingresos o las dificultades sobrevinientes para sacar adelante un proyecto empresarial. Nos preocupa la crisis económica cuyos efectos se dejan sentir en estos momentos. La posibilidad de que una parte de los deudores del sistema financiero y de casas comerciales pierda sus fuentes de ingresos o experimente dificultades para mantener sus proyectos laborales y empresariales es concreta y más cercana de la que nos gustaría. Por ello, estimamos que el sistema financiero debe abrirse a la posibilidad de renegociar, en esos casos, el plazo de la deuda y monto de la cuota a pagar por el deudor de buen comportamiento que se ve afectado por alguna de las causales mencionadas. Estimamos que la solución planteada puede ahorrar recursos a los acreedores los que deben demandar en juicio el pago íntegro de la obligación. Por otra parte, estimamos que al acotar quienes pueden renegociar su deuda y en que circunstancias estamos premiando a las personas verdaderamente no están en condiciones de pagar una cuota mensual determinada pero que tienen la voluntad de cumplir. En torno al tema planteado algunas casas comerciales han implementado la suscripción de seguros de cesantía para sus clientes, cuyas cuotas son descontadas mensualmente. En ellas, los clientes pueden renegociar las cuotas de pago abonando una cantidad de dinero y, dependiendo de las condiciones particulares pueden quedar con su línea de crédito “congelada” hasta el pago de la deuda. Lo negativo son los intereses que deben cancelar por tener esa opción. Creemos que en la medida que el deudor acredite fehacientemente la su situación que le afecta se debe abrir una posibilidad de renegociar el plazo y/o monto de la cuota para evitar uno de los procedimientos más humillantes y dañinos para el deudor como es el juicio ejecutivo de obligaciones de dar, procedimiento en el cual también resultan dañados los intereses del acreedor ya que las especies suelen subastarse a un precio casi irrisorio con lo que tampoco ver satisfecha la deuda. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY. Agrégase un nuevo artículo 16 bis a la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. “Artículo 16 bis: Durante la vigencia del plazo estipulado para el pago de un crédito de dinero, el deudor que viere afectada su capacidad de pago por circunstancias sobrevinientes y que no le resulten imputables tendrá derecho a renegociar el plazo y monto de la cuota a pagar al acreedor. El acreedor no podrá negarse a recibir la solicitud de renegociación y tendrá derecho a que el deudor le acredite la situación que le afecta. Una vez efectuado lo anterior el acreedor deberá pronunciarse dentro del plazo de 10 días sobre la solicitud presentada. Si no existieren seguros comprometidos, en los siguientes casos se deberá dar curso a la petición del deudor: 1.- Cesantía del deudor por más de 2 meses. 2. En el caso de los trabajadores independientes, descenso en más de un 20% de los ingresos que suele percibir durante más de tres meses. 3. Acreditar que al deudor a su vez se le adeudan pagos con concepto de ventas y prestación de servicios que afectan temporalmente su liquidez. 4. Deudor que se halle incapacitado temporalmente para generar los ingresos para cumplir con sus obligaciones por razones de, caso fortuito o fuerza mayor.” 50. Moción de los diputados señores Escobar, Araya, Ascencio, Enríquez-Ominami, Girardi, Jiménez, Valenzuela, Vallespín, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra. Modifica el Código Civil en materia de declaración de muerte presunta, consagrando la obligación de restituir Bienes a favor de las personas que indica e indemnizarlos en el evento que se rescinda el decreto de posesión definitiva por causal que indica. (boletín N° 6385 07) I. ANTECEDENTES GENERALES: 1.- En nuestro ordenamiento jurídico el fin de la existencia de las personas se produce por la muerte natural y, en segundo término, la presunción de muerte por desaparición. Esta institución que debe su existencia al principio de la seguridad jurídica, permite resolver la situación en la que se encuentran los bienes de esta persona de la que se desconoce su paradero y también regula la situación de su familia, cónyuge y parientes. 2.- Por ello, la declaración de muerte, presunta, regulada en los artículos 81 a 94 del Código Civil otorga la mencionada seguridad jurídica a situaciones, tales como el matrimonio, la apertura de la sucesión, y la consiguiente situación de los bienes y deudas del desaparecido, entre otras. 3.- Al estudiar la declaración de muerte presunta se advierte que es un trámite complejo en sus instancias y en sus plazos. Sin embargo una institución que busca crear certezas en el ámbito jurídico puede ser usada fraudulentamente por personas que buscan apropiarse de bienes ajenos. Lo más penoso es que las víctimas, en muchos casos son personas que están vivas y se conoce su paradero pero tienen edad avanzada y por su deterioro no pueden manifestar su consentimiento. 4.- En relación con el tema planteado, estimamos que estamos frente a un hecho de especial gravedad ya que se vulnera el derecho a una persona a existir, recurriendo a un engaño para obtener la declaración judicial de muerte presunta. En este contexto, las citaciones que la ley obliga a efectuar ala persona desaparecida pueden quedar en letra muerta si esa persona no está en condiciones de comparecer. 5.- Por ello, estimamos necesario imponer una sanción respecto de aquel que oculte la existencia del desaparecido o que presente una declaración maliciosa de muerte presunta. Lo que se traduce en la obligación que tiene el infractor de restituir los bienes que haya recibido con ocasión del decreto de posesión provisoria o definitiva. También deberá restituir el o los productos de la venta de dichos bienes. 6.- Cabe destacar, que atendida la naturaleza de estas defraudaciones y por la relaciones de parentesco que existen entre las personas que solicitan la declaración de muerte presunta y la persona desaparecida, se configura en la especie, la causal de exención de responsabilidad penal prevista en el artículo 489 del Código Penal, aplicables a los parientes que allí se enumeran, respecto de la comisión de delitos de hurtos, defraudaciones y daños, disposición ésta última que establece que esas personas sólo serán responsables civilmente. Por tanto, Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Agréguese el siguiente nuevo inciso final al artículo 94 del Código Civil: “Las personas que hayan incurrido en la conducta prevista en el número 6 del presente artículo serán solidariamente responsables de conformidad a lo previsto en el artículo 2317, debiendo restituir, a alguna de las personas enumeradas en el artículo 93, la totalidad de los bienes que se les haya otorgado en el decreto de posesión definitiva rescindido. Deberán restituir además el dinero o especies producto de la enajenación de dichos bienes sin perjuicio de la indemnización de perjuicio, que tenga lugar.” 51. Moción de los diputados señores Escobar, Araya, Ascencio, Enríquez-Ominami, Girardi, Jiménez, Valenzuela, Vallespín, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra. Modifica el artículo 489 del Código Penal en materia de exención de la Responsabilidad Penal fundada en la existencia de lazos de parentesco con la víctima de hurtos, defraudaciones y daños. (boletín N° 6386 07) I. ANTECEDENTES GENERALES: 1.- En nuestro ordenamiento jurídico y, en concordancia con la doctrina imperante en la materia, se ha consagrado la exención de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la responsabilidad civil los personas cometieren hurtos, defraudaciones y daños y estuvieren ligadas por lazos de parentesco con el ofendido. 2.- Los lazos de parentesco tienen un alto grado de incidencia en la tipificación de una conducta punible. Pueden constituir un tipo penal propio como es el caso del parricidio, crimen en que la cercanía de parentesco agrava, sin duda, un hecho tan tremendo como es el quitar la vida a otro ser humano. 3.- Tratándose de delitos contra la propiedad, el legislador ha estimado que salvo en el caso del robo, delito en el que existe violencia sea en las cosas o sobre las personas, en el resto de los delitos sólo resulta procedente la aplicación de la responsabilidad civil. 4.- Ello persigue proteger la estructura familiar e impedir denuncias y querellas que estén fundadas en rencillas y odiosidades personales, hecho que es muy fácil que se produzca debido a la complejidad de las relaciones de familia y, entre ellas, la administración de los bienes. 5.- Pese a lo anterior, estimamos que el legislador no ha previsto situaciones en que el ofendido es un pariente al que se le hurtan bienes o defraudan pe este pariente se encuentra en un estado de indefensión sea por no encontrarse en un lugar de la comisión del hecho punible o por estar en un evidente estado de indefensión, por estado de salud, edad o capacidad. 6. El presente proyecto suprime la expresión “legítimos” que contiene la norma. Ello obedece a que, en la actualidad, en nuestro ordenamiento sólo existen los parentescos consanguíneos o por afinidad. Luego se plantea una nueva excepción que hace aplicable la responsabilidad penal cuando los delitos de hurto, defraudaciones y daños se han cometido respecto de personas que no están en condiciones de defenderse como es una persona que está ausente, enferma o en evidente estado de indefensión. Por tanto, Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados PROYECTO DE LEY Artículo Único: Sustitúyese el artículo 489 del Código Penal por el siguiente. “Art. 489. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1° Los parientes consanguíneos en toda la línea recta. 2° Los parientes consanguíneos hasta el segundo grado inclusive de la línea colateral. 3° Los parientes afines en toda la línea recta. 4° Los cónyuges. En el evento que el ofendido sea una persona que se encontrare ausente del lugar de la comisión del delito, estuviere incapacitado para hacerse cargo de la administración de sus bienes por situaciones de hecho o estuviere en un evidente estado de indefensión no se aplicará la exención de responsabilidad penal prevista en este artículo, procediéndose en conformidad con las reglas generales. La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que participaren del delito.” 52. Moción de las diputadas señoras Pascal, doña Denise; Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Accorsi, De Urresti; Díaz, don Marcelo; Girardi, León y Vallespín. Modifica el Código de Aguas para la protección de aguas y ecosistemas en áreas protegidas. (boletín N° 6387 09) I.FUNDAMENTOS O CONSIDERANDOS 1.- El Código de Aguas de 1981 fomenta la exploración y la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas con muy escasas restricciones. En términos generales, las limitaciones para la constitución de derechos provienen de la obligación de no causar perjuicio a terceros, de la existencia de zonas de prohibición y restricción y de la obligación de preservar un caudal ecológico mínimo, condición ésta última impuesta en la modificación al Código de Aguas introducida por la ley N° 20.017 de 2005. 2.- Tratándose de las áreas naturales bajo protección oficial, éstas carecen de un estatuto legal específico que las proteja del efecto de la exploración y la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas. En efecto, tanto las áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (Snaspe) como los Santuarios de la Naturaleza creados por la ley N° 17.288 de 1970, carecen de herramientas normativas específicas que prevengan los daños que la exploración y aprovechamiento de aguas produce en sus tierras y ecosistemas. 3.- La exploración y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en áreas protegidas ha quedado entregada a regulación no legal. En efecto, el Manual de Recursos Hídricos Compartidos y el Convenio Sectorial establecido entre la Dirección General de Aguas (DGA) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) han establecido un protocolo detallado para abordar las solicitudes de exploración y la constitución de derechos de aguas en áreas del Snaspe. Para ello distinguen entre Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Forestales, dejando fuera una categoría de importancia por no pertenecer al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado: el Santuario de la Naturaleza. 4.- Por otra parte, el artículo 36 de la ley de Bases del Medio Ambiente señala que lagos, lagunas, embalses y cuerpos de agua ubicadas dentro de los límites de un área protegida, forman parte de ella. La afirmación contenida en la ley N° 19.300, enfatiza la necesidad de resolver normativamente las condiciones y restricciones bajo las cuales es posible explorar y constituir derechos de aprovechamiento dentro de los márgenes de un área protegida. En este sentido se hace conveniente que las condiciones y restricciones fundamentales a que estará sometida la actividad adquieran rango legal que otorgue certeza jurídica a autoridades y particulares y seguridad al bien que se protege. 5.- La regulación legal debe basarse en criterios establecidos por las propias autoridades sectoriales encargadas de la aplicación de estas normas. Su objetivo general consiste en establecer un nivel de protección directamente relacionado con las limitaciones establecidas por el ordenamiento legal para cada categoría de protección. Para ello se establecerá la distinción entre: (i) Parque Nacional; (ii) Monumento Natural; (iii) Reserva Nacional y (iv) Santuario de la Naturaleza. Para lo anterior se estará a las definiciones legales establecidas en la Convención de Washington, la Ley de Monumentos Nacionales y demás leyes que establezca el ordenamiento legal. A contrario sensu, el detalle de la regulación en cada caso deberá entregarse a un reglamento dictado por la autoridad sectorial. II.IDEA MATRIZ La presente propuesta legislativa pretende crear un estatuto legal específico que regule la exploración y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en las áreas naturales bajo protección oficial, tanto aquellas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), como los Santuarios de la Naturaleza, frente a la ausencia de herramientas normativas efectivas que prevengan los daños que la extracción de aguas produce en tierras y ecosistemas. Es sobre la base de estos fundamentos y antecedentes que venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY “Artículo Único. Introdúcese en el Código de Aguas el siguiente artículo 129 bis 4, a continuación del actual 129 bis 3: La exploración y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en Parques Nacionales y Monumentos Naturales quedará restringida a aquellos casos en que la exploración o constitución sean necesarias para la adecuada mantención de los ecosistemas que albergan. La solicitud en este caso, corresponderá al organismo público que tenga su tuición. En Reservas Nacionales sólo se permitirá la exploración y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas cuando ello sea compatible con los fines de la categoría de conservación establecidos por ley y con los específicos contenidos en el decreto que la creó. Los Santuarios de la Naturaleza quedarán igualmente protegidos de la exploración y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas que puedan alterar de cualquier manera su estado natural. Corresponderá al Consejo de Monumentos Nacionales, en cumplimiento de su función de controlar las intervenciones en monumentos nacionales, informar al organismo competente, teniendo siempre presente la preservación y el cumplimiento de los fines del área. Un reglamento determinará el procedimiento y los estudios necesarios para resolver estas solicitudes, así como los que corresponda efectuar para la constitución de derechos de aprovechamiento en áreas de influencia de las áreas protegidas a que se refiere este articulo.” 53. Moción de los diputados señores Vallespín, Accorsi, De Urresti, Duarte, Escobar, Jiménez, Saffirio, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Pascal, doña Denise. Modifica la regulación de la prelación de créditos con el objeto de favorecer a los trabajadores. (boletín N° 6388 07) El derecho de los trabajadores El riesgo de los negocios debe ser asumido por el empleador, no siendo justo ni lógico que deba el trabajador asumir los mismos. Sin embargo, producto de los vaivenes de la economía global, se han producido repercusiones importantes en la realidad empresarial, con graves consecuencias en algunos casos. Es así como industrias de distintos rubros y tamaños han visto quebrar, con los consiguientes dramas que implican tanto para los dueños como para los trabajadores. El trabajo tiene no solo una dimensión económica, sino que también una social, razón por la cual debe ser protegido, en cuanto permite el desarrollo de las personas y sus familias, Ya lo señalaba el Padre Hurtado “Por el trabajo e1 hombre contribuye a1 bien común temporal y espiritual de las familias, de la nación, de la humanidad entera. Por el trabajo descubre el hombre los vínculos que lo unen a todos los demás hombres, siente la alegría de darles algo y de recibir mucho en cambio”. Por esto constituye un deber prioritario de quienes estamos llamados a legislar proteger y mejorar nuestra sociedad, el desarrollar iniciativas a fin de lograr la dignidad del trabajo y los trabajadores. Al respecto cabe recordar el principio pro operario, sin duda el más importante de los principios que informan el derecho laboral. Su fundamento está ligado con el origen y la propia razón de ser del derecho del Trabajo. Recordemos que el derecho laboral surgió como consecuencia de la libertad de contratación entre personas de desigual poder y resistencia económica, lo que originó distintas formas de explotación. El legislador no pudo mantener la ficción de una desigualdad de las partes en el contrato de trabajo, que en la realizada resultaba inexistente y tendió a compensar dicha desigualdad económica desfavorable para la parte trabajadora otorgándole una protección jurídica que la corrigiera. El principio pro operario responde al sentido tutelar o protector del derecho del trabajo por cuanto asume que es el trabajador la parte débil de la relación laboral y que por ello requiere una protección jurídica mayor. No se trata de ir contra el principio de igualdad del Derecho Civil, sino que se busca precisamente alcanzar esa situación de equilibrio al momento de contratar, pues en el ámbito de las relaciones laborales tal situación no se produce de otra manera. La prelación de créditos Dentro del derecho de las obligaciones el derecho de prenda general permite realizar los bienes del deudor a fin de pagarse con el producto de la realización. El problema se produce cuando el deudor no tiene bienes suficientes para pagar a todos sus acreedores, con lo que se produciría un conflicto entre éstos en el evento de que algunos pretendieran satisfacer sus créditos con prioridad a los demás. Teniendo presente lo anterior, la actual legislación entre los artículos 2465 a 2491 del Código Civil considera que determinados créditos prefieren a otros, y establece un orden de prelación en virtud del cual los acreedores que tienen el crédito preferente tienen derecho a pagarse en forma prioritaria. Así, la prelación de créditos es el conjunto de normas legales que determinan la forma y el orden en que se pagan los distintos acreedores de un mismo deudor, cuando aquellos ejercen conjuntamente sus derechos sobre los mismos bienes de éste si estos no bastan para pagar íntegramente las deudas. De acuerdo al principio de la Par Condictio Creditorium se establece que en un comienzo todos los acreedores de un mismo deudor se encuentran en igualdad de condiciones para ver satisfechos sus créditos con el patrimonio del deudor, sin importar ni el monto ni la fecha de sus derechos. Sin embargo la ley establece una importante excepción al principio de la igualdad de los acreedores, el principio subjetivo y que rige la concurrencia de los acreedores en el patrimonio del deudor. El fundamento de distinto tratamiento se basa en que el legislador estima que no todos los créditos tienen igual trascendencia, de manera que aquellos a los que la ley otorga preferencia son los que merecen mayor amparo. El Codificador don Andrés Bello se refería a estos en sus obras completas, Tomo Vil Mensaje de la Ley sobre Prelación de créditos del año 1854. “La graduación de los acreedores cuando los bienes del deudor no son suficientes para el desempeño de todas sus obligaciones, es materia de tan alta importancia para la agricultura y el comercio, para la conservación de las familias y el fomento del crédito, para el Estado y los particulares, como es difícil combinar en ellos los varios intereses que la ley es llamada a proteger”. Así podemos entender que la razón para establecer estas reglas no son estrictamente jurídicas, sino más bien económicas como la protección del comercio, el desarrollo de la producción, el trabajo para los habitantes o sociales como la protección a los incapaces y algunas personas naturales o jurídicas. La importancia de la institución es que los créditos que por distintas razones el legislador desea que se pague aun en los casos en que jurídicamente debían operar el prorrateo y les asigna un privilegio contribuyendo así a fortalecer la seguridad de los acreedores, robustecer el crédito indispensable en la vida moderna, fomentando la producción y amparando el derecho de los trabajadores. Un principio importante es que no existiendo entre los bienes del deudor lo suficiente para cubrir íntegramente los créditos de la primera clase 2472, preferirán unos a otros en el orden de su numeración, cualquiera que sea su fecha, y los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata. Dicha característica es fundamental para la iniciativa que presentamos, por cuanto reviste importancia en el caso de que no haya suficiente para pagarlos a todos. Para estos efectos no importa la fecha del respectivo crédito, ya quien como señala el artículo 2473 inciso 1° segunda parte ““no habiendo lo necesario para cubrirlos íntegramente, preferirán unos a otros en e1 orden de su numeración, cualquiera sea su fecha y los comprendidos en cada numero concurrirán a prorrata. En cuanto a los créditos laborales preferentes son los señalados en el art. 2472 N°s 5, 6 y 8. De la norma citada se puede inferir que se encuentran protegidos por la ley dos rubros: Los derechos laborales propiamente tales, representados por las remuneraciones, beneficios e indemnizaciones, y los derechos previsionales y de seguridad social, representados en esta primera clase por las asignaciones familiares y las cotizaciones e imposiciones previsionales. Los créditos del numeral cuarto Es necesario precisar que estos créditos no necesitan verificarse en el procedimiento concursal para poder exigir su pago. Los efectos de la Quiebra en sí no producen la terminación de los contratos de trabajo individuales ni colectivos, ni de los demás derechos que son inherentes a la relación laboral: fuero, beneficios, existencia de organizaciones sindicales. Así el Síndico designado para tal efecto debe ajustarse a las normativas del derecho laboral en estas materias, con las limitaciones que le impone la propia Ley de Quiebra y el Código Civil en cuanto a la prelación de Créditos. Respecto a los derechos laborales de los dependientes en la empresa fallida que pueden cobrarse en el procedimiento concursal, todos los créditos laborales devengados pueden ser cobrados en el procedimiento concursal por parte de los trabajadores, siempre que reúnan los requisitos de la misma ley establece sobre la materia. Entendemos que la prelación de créditos es una norma de orden público y por lo tanto tiene primacía en su aplicación sobre cualquier otra norma de carácter especial. Destacamos en este sentido la disposición contenida en el artículo 148 inciso final de la Ley 18.175 agregado por la ley 19.250 disponiendo que 'Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito preferido o privilegiado por leyes especiales”. Las remuneraciones de los trabajadores Históricamente esta preferencia era desconocida en Roma y solo aparece recogida con alguna claridad a partir del Código napoleónico, La razón de esto es clara, la aparición del Derecho del Trabajo es un fenómeno moderno, y lo mismo puede decirse respecto de la protección que el Estrado brinda a los trabajadores. Es evidente el carácter tutelar y evolutivo de las normas laborales, ya que tienden a proteger a la parte débil de la relación de trabajo otorgando una superioridad jurídica que compense su inferioridad económica. Ellas son las ideas que inspiran la preferencia que comentamos, la protección de las remuneraciones y asignaciones familiares en cuanto ellas constituyen la base de la vida humana y social del trabajador. De esta forma la preferencia en comento es objeto del carácter tutelar de las normas laborales, que pretenden proteger a los trabajadores, considerados la parte más débil de la relación laboral. El fundamento de este privilegio se basa en razones de orden social, ya que la quiebra del empleador ve agotadas sus fuentes de ingresos y de trabajo con la que provee de alimento a su grupo familiar. Además se parte de la premisa que el trabajador es por regla general un hombre o mujer modesto que vive junto a su familia de su trabajo. Al respecto el autor Argentino Albert Molinario señala “por la especial situación en que se encuentra el trabajador se le impide prácticamente exigir de sus empleadores la constitución de garantías o seguridades especiales. Como la retribución de los servicios que prestan estas personas se hace cierto tiempo después que los han prestado, resulta, por la fuerza de las cosa y de acuerdo con las costumbres imperantes, que estas se vean obligadas a dispensar crédito a sus empleadores, razón por la cual la ley debe venir en su amparo, estableciéndoseles un privilegio para asegurarles la retribución del servicio que prestan”. Respecto a que debe entenderse por remuneración de los la doctrina laboral ha señalado que la remuneración seria la contraprestación del empresario no solo por los servicios prestados sino porque en general el trabajador se pone a su disposición y se somete a su plan de trabajo. El concepto legal lo proporcionan los artículos 40 y 41 del Código del Trabajo. Respecto a cuales son las garantías del pago de las remuneraciones de los trabajadores, es evidente que la preferencia otorgada para su cobro reviste el carácter de garantía para el trabajador. Pero las garantías del pago de las remuneraciones constituyen un cuadro más general dentro de la legislación del trabajo. Desde luego digamos que las garantías de pago de las remuneraciones pueden ser tanto sustantivas como adjetivitas. En cuanto a qué se entiende por asignaciones familiares, el artículo 40 del Código del Trabajo en su inciso 2° se encarga de diferenciarla de las remuneraciones, al señalar que no constituyen remuneraciones, entre otras, “las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley”. Las asignaciones familiares vienen a ser la bonificación establecida por ley en beneficio de ciertas personas por cada una de las cargas familiares que ellos tengan volviendo a sus expensas y que no gocen de rentas propias. Las asignaciones familiares gozan de igual preferencia que las remuneraciones desde que fue establecido por primera vez en el DL 1773, lo que fue acogido en el texto que fija los actuales créditos de la primera clase. Su preferencia cubre los reajustes, intereses y multas que correspondan al respectivo crédito, el que debe estar devengado a la fecha en que se haga valer. Cabe recordar que la enumeración del 24472 tal y como está dada no siempre fue así. De esta manera, hasta la dictación del D.L. N° 1773 de 1977, el cual modificó los Art. 2472 del Código Civil y Art. 664 del Código del Trabajo, el referido artículo 2472 tenia la siguiente redacción: La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran: 1° Las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores. 2° Las expensas funerales necesarias del deudor difunto. 3° Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia. 4° Las remuneraciones de los empleados y obreros en conformidad a lo que disponen las leyes especiales. 5° Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses. El juez, a petición de los acreedores, tendrá la facultad de tasar este cargo si le parece exagerado. 6° Los créditos del fisco y los de las municipalidades, por impuestos fiscales o municipales devengados. De esta forma queda patente una vez más que dicho orden no está dado por algún dogma o axioma incontrastable, sino que es más bien la expresión de la adecuación normativa a la realidad que busca regular, la misma que en esta ocasión consideramos pertinente modificar en pro de la defensa de quienes se ven más vulnerados en situaciones de crisis. Así las cosas de acuerdo a lo expuesto, la quiebra constituye el riesgo último que debe asumir el empleador. Imponer al trabajador el riesgo de una actividad en cuya gestión no ha participado, desvirtúa la esencia misma del trabajo regulado por el derecho laboral, por cuanto este reviste un necesario carácter de amenidad y dependencia. La conjunción de normas contempladas en el Código del Trabajo, Civil y la Ley de Quiebras nos permiten apreciar con indudable claridad, de esta manera los créditos laborales se encuentran legalmente reconocidos y amparados. Sin embargo sostenemos que esta protección debe ser aún mayor. Creemos firmemente que los créditos laborales deben ser impuestos por sobre los créditos que acreedores aparentemente más fuertes puedan tener adscritos a los pocos bienes del fallido. De esta manera consideramos que la interpretación pro operaria de la ley no ha de restringirse a las disposiciones de la legislación laboral propiamente tal sino a todo precepto legal que trate a aun sujeto en calidad de trabajador, sea cual sea el área jurídica de dicho cuerpo normativo., siendo tanto interpretadas como aplicadas con dicho espíritu, PROYECTO DE LEY Artículo 1° Sustitúyese el N° 4° del artículo 2472° del Código Civil, por el siguiente: “4° Las remuneraciones de los trabajadores”. Artículo 2° Sustitúyese el N° 5° del artículo 2472 del Código Civil por el siguiente: “5° Las asignaciones familiares y los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los prestamos contratados por el síndico para los efectos mencionados”. 54. Moción de los dipuatados señores Chahuán, Godoy, Martínez; Monckeberg, don Cristián; Palma; Sepúlveda, don Roberto; Vargas, y de las diputadas señoras Pérez, doña Lily y Valcarce, doña Ximena. Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales, en lo relativo a las medidas de seguridad contra incendios. (boletín N° 6389 14) Antecedentes: 1. El aumento de la tecnología que actualmente se usa en el diario vivir, sumado a los requerimientos técnicos que esto implica, más la creciente complejidad y altura de la edificación, ha aumentado la vulnerabilidad de nuestras edificaciones, y por tanto, la posibilidad de ocurrencia de incendios. Esta situación ha transformado el tema de la seguridad y específicamente de la seguridad frente a incendios, en una preocupación de importancia en el ámbito de la calidad de vida. De manera creciente se esta tomando conciencia del significado que esta tiene en el desenvolvimiento de las personas, y sobre todo, los costos tanto en vidas humanas como económicas que puede traer la falta de medidas adecuadas en esta materia. 2. Como referencia de la magnitud del tema y considerando que en nuestro país no hay estadística sobre la cantidad y tipos de incendios, podemos señalar que en el año 2005 hubo 1.620.000 incendios, un 3% más que el año 2004.Estos datos permiten dimensionar la real situación que afecta a ese país, además es posible observar la correlación existente entre la normativa que promueven y las particularidades de los tipos de incendios que los afectan. Por ejemplo en consideración a la alta tasa de ocurrencia de incendio producto del equipamiento de cocina, se exige la instalación de un detector de humo en los recintos de cocina. Al respecto en nuestro país, en edificios de altura se exigen detectores de humo (Articulo 4.3.8 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción) pero sin indicar una ubicación precisa, por lo que habitualmente estos se ubican en los pasillos de distribución, y cuando ellos se activan el fuego puede haberse transformado en uno de importancia, respecto del interior de los departamentos. No existe información disponible que permita indicar, en nuestra realidad, cual sería la mejor ubicación. 3. Otro dato de interés, está dado porque en nuestro país existen 309 Cuerpos de Bomberos, 1.000 Compañías y 18.813 bomberos voluntarios según datos consignados en la Red Tecnológica de Información y Comunicación de Bomberos de Chile. Es preciso señalar que esta institución tiene el carácter de servicio de utilidad pública y sus integrantes tienen carácter voluntario. 4. Para facilitar y promover la labor de Bomberos se han generado normas que permitan mejorar las condiciones de desempeño de su función, asegurar el acceso a los lugares siniestrados y resguardar la seguridad de los integrantes, además de facilitar el funcionamiento de las compañías. En la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción se norman algunos aspectos sobre condiciones de seguridad que deben cumplir las edificaciones sobre seguridad contra incendios, materialidad y resistencia al fuego. Las materias contenidas deben ser solicitadas a los proyectos de edificación por la Dirección de Obras Municipales de cada municipio, para el otorgamiento de los Permisos de Edificación, condición obligatoria para iniciar obras de construcción de distinta envergadura y ubicadas en distintas comunas del país, en el ámbito urbano y rural. Posteriormente en la recepción final de las obras, se debe verificar en terreno el cumplimiento de las condiciones en las cuáles fue otorgado el Permiso de Edificación. Esta verificación es efectuada nuevamente por funcionarios de la Dirección de Obras, quienes optativamente pueden hacerse acompañar por funcionarios del Cuerpo de Bomberos designados para tal misión. 5. Al revisar la situación de la protección contra incendios de nuestro país, se hace evidente que la falta de estadísticas e información sobre los tipos de incendios que suceden en Chile, ha obviado algunas temáticas generando una falta de precisión que ha limitado la pertinencia de la aplicación de la norma, lo que dificulta que estas cumplan a cabalidad su objetivo. 6. Se constata además que existe un vacío sobre aspectos de fiscalización de las medidas que señalan las normas, produciéndose tanto en la obtención de los Permisos de edificación, la Recepción Final como durante la vida útil del edificio. Además no existen fiscalizaciones que tengan un carácter preventivo, y que se realicen con la periodicidad y constancia que permitan evaluar los posibles riesgos y solucionarlos antes de que se presenten los siniestros. Tampoco existen registros de profesionales, técnicos y contratistas que puedan certificar las inspecciones, ya que desde el punto de vista profesional no es un ámbito educativo formal, enfocado a la seguridad contra incendios. Las normas actuales tampoco abordan aspectos de sanciones para aquellos que incumplan la norma, cuando no existen daños asociados a ello. 7. Otros aspecto que se deberían abordar es la periodicidad de las inspecciones, si bien las Direcciones de Obras tienen la posibilidad de realizar inspecciones periódicas ala edificaciones, en la practica la carga de trabajo impuesta provoca que esta facultad no se ejerce, y edificaciones que en un primer momento cumplían las normativas señaladas, sufran modificaciones, que limiten la efectividad de ellas o las inhabiliten. Además no se controla la mantención de las condiciones técnicas de los sistemas de seguridad, para asegurar su adecuado funcionamiento en caso de emergencia. Junto a lo anterior, hay que poner de manifiesto, la distinta capacidad técnica, de personal y de recursos, con que cuentan las distintas compañías de bomberos en el territorio, existiendo algunas con suficiente capacidad para abordar aspectos de fiscalización, pero otros con dificultades para ejercer esta acción. 8. Teniendo en cuenta, todos los argumentos antes expuesto y en la medida de nuestras atribuciones y competencias señaladas en la Constitución, es que hemos decidido presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY. Artículo primero. Introdúcense la siguiente modificación en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, que fija la ley General de Urbanismo y Construcciones: “Agrégase, en el inciso segundo del artículo 144 de la ley, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente nueva frase: “Tratándose de una obra nueva, las Direcciones de Obras Municipales, antes de otorgar la recepción final, podrán solicitar, la entrega de un certificado de prueba, que acredite la existencia y el buen estado de operación de las redes húmedas, secas, inertes, zonas verticales de seguridad y sistemas de detección de humo y calor de la construcción, emitido por las empresas certificadoras, que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento respectivo, de manera que se garantice el cumplimiento de las normas sobre seguridad para casos de siniestros y catástrofes, con cargo al solicitante.” Artículo segundo. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley de copropiedad inmobiliaria: I) Agrégase, en el inciso primero del artículo 23 de la ley, después de la expresión: “asamblea”, la siguiente frase: “fiscalizar el mantenimiento de las condiciones de condiciones generales de seguridad contra incendio y el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios”. II) Agrégase, en el artículo 23 de la Ley, un nuevo inciso tercero con el siguiente tenor: “La fiscalizaciones en materia de seguridad contra incendios, deberán realizarse anualmente por parte del Comité de Administración junto con las empresas certificadoras, que se encuentren debidamente acreditadas ante los Consejos Regionales de Bomberos, con el objeto de controlar la mantención de las condiciones técnicas de los sistemas de seguridad y asegurar su adecuado funcionamiento en caso de emergencia. El no cumplimiento de esta obligación, será sancionado con una multa a beneficio fiscal que irá desde 15 a 30 UTM, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los daños causados, con ocasión del incendio y que se deban a su falta de diligencia”.