REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 133ª, en jueves 5 de marzo de 2009 (Ordinaria, de 10.40 a 13.25 horas) Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco; Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.- Asistencia ........................................................................................................ 8 II.- Apertura de la sesión ..................................................................................... 11 III.- Actas................................................................................................................ 11 IV.- Cuenta ............................................................................................................. 11 -Remisión de proyecto a Comisión de Derechos Humanos.................................... 11 -Ampliación de vigencia de Comisión Especial de Bomberos................................ V.- Fácil despacho. 11 - Monumento en homenaje a ex mineros del carbón. Primer trámite constitucional.. VI.- Orden del Día. - Informe de Comisión Investigadora de crédito del Banco Interamericano de 11 Desarrollo para financiar operaciones del plan de transporte Transantiago .... VII.- Proyectos de acuerdo. 15 - Financiamiento para equipamiento comunitario de conjuntos habitacionales. 34 -Facilidad a adultos mayores para acceder a beneficios otorgados por el Metro... -Sistema de medición alternativo a la Prueba de Selección Universitaria, 35 PSU, para alumnos con discapacidad visual. (Pendiente)................................ VIII.- Incidentes. - Antecedentes sobre obras de mitigación vial por puesta en funcionamiento 37 de túnel San Cristóbal. Oficio.......................................................................... 38 -Envió de proyecto sobre nuevo Código Penal. Oficio..................................... -Reconocimiento a lonco Leonardo Cuante Loncoman, en el primer aniversa-39 rio de su muerte................................................................................................ - Inclusión de Isla de Mancera en plan de conectividad austral e información 40 sobre fecha de dragado del muelle de Niebla. Oficios..................................... 40 - Implementación de política nacional de convivencia escolar. Oficios ............ 41 -Adopción de medidas preventivas contra contagio del virus dengue. Oficios. -Información sobre proyectos de conectividad vial en beneficio de localidades 42 de Puerto Montt y Chiloé continental. Oficios................................................. - Aplicación de convenio internacional Ramsar en favor de bofedales de la 43 Región de Tarapacá. Oficios............................................................................ 43 - Información sobre medidas para evitar contagio del dengue. Oficio............... 44 - Medidas para garantizar seguridad de profesores en las aulas. Oficio ............ - Aumento de subsidio a viviendas de fondos concursables y agilización de 45 trámites de recepción. Oficio ........................................................................... 45 Pág. IX.- Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que “establece sanciones a la falta de actividad de los fiscales en los casos que indica”. (boletín N° 6014-07)........................................................................................ - Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: 2. “Modifica la ley de concesiones de obras públicas y otras normas que indi-47 ca”. (boletín N° 5172-09)................................................................................. 3. “Sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financie-47 ros”. (boletín N° 5407-05) ............................................................................... 4. Informe de la Mesa Directiva que participó en la Sesión Preparatoria de la X Reunión de la Comisión Parlamentaria de la Asociación Congreso Nacional 47 de Chile-Parlamento Europeo .......................................................................... 5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Aguiló, Alinco, Jiménez, Meza, Saffirio, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que “modifica el Código del Trabajo en materia de prácticas antisindicales”. 48 (boletín N° 6396-13)........................................................................................ 6. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Burgos, Duarte, Fuentealba, Hales, Lorenzini, Montes, Saffirio, Valenzuela, Walker, que “reforma la Constitución Política de la República estableciendo normas 50 sobre el financiamiento para las Fuerzas Armadas”. (boletín N° 6397-07)..... 7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Tuma, Becker, Chahuán, González, Montes, Silber y Venegas, don Samuel, que “aumenta las penas de delitos perpetrados en contra de profesores y de personal no do-52 cente de la educación”. (boletín N° 6398-07).................................................. 8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sule; Espinosa, don Marcos; García-Huidobro, Girardi, Leal y Valenzuela, que “instaura la me-53 dición neta en el sistema eléctrico nacional”. (boletín N° 6399-08)................ 9. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos y Sule, que “aumenta las penas por robo o hurto de vehículos”. (boletín 55 N° 6400-07)...................................................................................................... 10. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sule y Espinosa, don Marcos, que “establece reforma constitucional que modifica la formulación 57 de mensajes presidenciales”. (boletín N° 6401-07) ......................................... - Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones legales: 58 11.Artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol N° 1303-08-INA. (Oficio N° 2718)...... 12.Artículo 50 de la ley General de Servicios Eléctricos, D.F.L. N° 1, del Mi-59 nisterio de Minería. Roles N° 1299-09-INA. (Oficio N° 2763)....................... 13. Artículo 50 de la ley General de Servicios Eléctricos, D.F.L. Nº 1 del Minis-60 terio de Minería. Rol Nº 1300-09-INA. (Oficio N° 2760)............................... 14 Artículo 50 de la ley General de Servicios Eléctricos, D.F.L. Nº 1 del Minis-60 terio de Minería. Rol Nº 1301-09-INA. (Oficio N° 2757)............................... 61 Pág. 15 Artículo 50 de la ley General de Servicios Eléctricos, D.F.L. Nº 1 del Minis- terio de Minería. Rol Nº 1302-09-INA. (Oficio N° 2754)............................... 16. Artículos 3º y 4º del decreto ley Nº 1757, de 1977. Rol Nº 1295-08-INA. 62 (Oficio Nº 2765)............................................................................................... 17. Artículos 3º y 4º del decreto ley Nº 1757, de 1977. Rol Nº 1295-08-INA. 62 (Oficio Nº 2696)............................................................................................... 63 18. Artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol N° 1297-08-INA. (Oficio N° 2715)...... 64 X. Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios. - Oficio de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el cual comunica la integración de las misiones oficiales al extranjero: a)El Diputado señor Vallespín reemplazará al Diputado señor Venegas, don Mario, en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Parlatino, a celebrarse los días 5 y 6 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana. b)El Diputado señor Ascencio y el Diputado señor Martínez, en su calidad de Vicepresidente del Parlatino, participarán en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de dicho organismo a realizarse en Buenos Aires, Argentina, los días 18, 19 y 20 de marzo. c)La Diputada señora María Antonieta Saa integrará la delegación que participará en la 120ª. Asamblea de la Unión Interparlamentaria, UIP, a realizarse en Addis Ababa, Etiopía, del 5 al 10 de abril, con el objeto de dar cumplimiento al Reglamento de dicho organismo. La delegación está integrada, además, por el Presidente del Grupo, Diputado señor León, quien lo hace por derecho propio y el Diputado señor Vargas. d)Los Diputados señores Meza, Alvarado y un representante del Comité Independiente participarán en el XXXIV Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, a realizarse los días 25, 26 y 27 de marzo, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. (Oficio N° 347). -Oficio de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para que le sea remitido el proyecto, actualmente en la Comisión de Familia, que “introduce modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados”. boletín N° 5917-18. -Oficio de la Comisión Especial de Bomberos por el cual solicita ampliación de vigencia hasta el término del periodo legislativo, con objeto de analizar la legislación atingente y nuevos beneficios. Contraloría General de la República: -Diputado Ward, complementa oficio 553 respecto a legalidad de los recursos denominados “Fondo Social Presidente de la República”, desde el año 2006 a la fecha. Ministerio de Interior: -Diputado Arenas, proyecto fluvial lanchas del Budi, que beneficia a la isla de Llepo. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: -Diputado Hernández, indemnizaciones pagadas a usuarios de la comuna de Osorno. Ministerio de Hacienda: -Diputado Latorre, respaldo a las pymes para financiar deudas previsionales. Ministerio de Obras Públicas: -Diputado Martínez, obras fluviales a realizar en río Diguillín, sector El Calvario, en la comuna de San Ignacio. -Diputado Delmastro, reparación aeropuerto Pichoy de Valdivia. -Diputado Sabag, situación de camino Ruta 5, Aguas Buenas, comuna de San Carlos. -Diputada Turres, conservación de caminos de la Décima Región de Los Lagos. -Diputado Sabag, proyecto Concesión Autopista Concepción- Cabrero y Red Vial Bío Bío. -Diputado Jaramillo, proyecto del nuevo puente sobre el Río Bueno, en la comuna de Río Bueno. -Diputado Uriarte, proyecto Ciclovías en Melipilla y Talagante. -Diputado Hernández, proyecto instalación servicio APR en Pichidamas comuna de Osorno. -Diputado Sabag, construcción de Ciclovía en comuna de San Nicolás Región del Bío Bío. -Diputado Espinoza don Fidel, señalética en la Ruta de Interlagos comuna de Puyehue región de Los Lagos. -Diputada Pascal, situación del Comité de Agua Potable “Lomas de Culiprán”. -Diputado Monckeberg don Cristián, expropiación en el perímetro de las calles Santo Domingo, Matucana, Catedral y Chacabuco en Santiago. Comisión Nacional del Medio Ambiente: -Diputado Díaz don Marcelo, autorización extracción aguas acuífero El Culebrón. -Diputado Robles, impacto de proyecto minero Caserones en materia agrícola, vial en la Región de Atacama. -Diputado García-Huidobro, depósitos de basura en ribera de río Cachapoal. -Diputado De Urresti, recuperar el humedal Carlos Anwandter. -Diputado Díaz don Marcelo, impacto ambiental de faenas mineras en valle del Elqui. -Diputada Pascal y Diputado Díaz don Marcelo, derrame de petróleo de Minera Los Pelambres. -Diputado De Urresti, registro de audio de acuerdo de la Corema de la Región de Los Ríos. Policía de Investigaciones de Chile: -Diputado Silber, políticas de participación de programas de televisión en procedimientos policiales. -Diputado García Huidobro, venta de droga en las afueras del Liceo Oscar Castro, de Rancagua. Esval S. A.: -Diputado González, vertimiento de aguas servidas en la población Puerto Aisén, Viña del Mar. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Aedo Ormeño, René -Aguiló Melo, Sergio -Alvarado Andrade, Claudio -Pérez San Martín, Lily -Álvarez Zenteno, Rodrigo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Burgos Varela, Jorge -Schilling Rodríguez, Marcelo -Cardemil Herrera, Alberto -Ceroni Fuentes, Guillermo -Correa De la Cerda, Sergio -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Del Río, Eduardo -Díaz Díaz, Marcelo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Eluchans Urenda, Edmundo -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Farías Ponce, Ramón -Forni Lobos, Marcelo -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Girardi Briere, Guido -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Isasi Barbieri, Marta -Jaramillo Becker, Enrique -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Leal Labrín, Antonio -Lobos Krause, Juan -Lorenzini Basso, Pablo -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Mulet Martínez, Jaime -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Paredes Fierro, Iván -Paya Mira, Darío -Pérez Arriagada, José -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rossi Ciocca, Fulvio -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Saffirio Suárez, Eduardo -Salaberry Soto, Felipe -Sepúlveda Hermosilla, Roberto -Silber Romo, Gabriel -Soto González, Laura -Súnico Galdames, Raúl -Tarud Daccarett, Jorge -Tohá Morales, Carolina -Tuma Zedan, Eugenio -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valcarce Becerra, Ximena -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Patricio -Ward Edwards, Felipe -Diputadas y diputados en misión oficial señorita María Antonieta Saa; señoras María Angélica Cristi, Isabel Allende Bussi, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Carolina Goic Boroevic, Marcela Cubillos Sigall; señores Enrique Accorsi Opazo, Rosauro Marínez Labbé, Maximiano Errázuriz Eguiguren, Carlos Abel Jarpa, Roberto León Ramírez, Juan Masferrer Pellizzari, Iván Moreira Barros, Osvaldo Palma Flores, Alejandro Sule Fernandez y Patricio López Vallespín. - II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.40 horas. El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 128ª se declara aprobada. El acta de la sesión 129ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para que se le remita el proyecto, actualmente en la Comisión de Familia, que introduce modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados. ¿Habría acuerdo? Acordado. AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE COMISIÓN ESPECIAL DE BOMBEROS. El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se ampliará la vigencia de la Comisión Especial de Bomberos hasta el término del actual período legislativo, para que se aboque al estudio del anteproyecto de ley marco para Bomberos de Chile, lo que permitirá sistematizar y actualizar la normativa existente sobre la materia. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. FÁCIL DESPACHO MONUMENTO EN HOMENAJE A EX MINEROS DEL CARBÓN. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).-Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón. Diputado informante de la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes es el señor Manuel Monsalve. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 4989-24, sesión 16ª, en 17 de abril de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 13. -Informe de la Comisión de la Cultura y de las Artes, sesión 76ª, en 11 de septiembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 37. El señor ENCINA (Presidente).- Recuerdo a las señoras diputadas y señores diputados que el Reglamento dispone treinta minutos para tratar los proyectos que figuren en la Tabla de Fácil Despacho. Si le parece a la Sala, el tiempo indicado se ocupará entre los diputados que manifiesten su intención de hablar. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Monsalve. El señor MONSALVE.- Señor Presidente, en representación de la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en moción de quien habla y del diputado Raúl Súnico Galdames, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón. Constancias reglamentarias previas: Primera, el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado. Segunda, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda. Tercera, en virtud del artículo 15 del Reglamento, se introdujeron algunas correcciones formales que no es del caso detallar. Cuarta, el proyecto de ley ha sido aprobado, en general, por la unanimidad de la Comisión de la Cultura y de las Artes, con el voto favorable de los diputados señores Bobadilla, Díaz, don Eduardo; Escobar, Farías, Jarpa y Rojas. Quinta, como diputado informante, se designó a quien habla. En conformidad con el Nº 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como asimismo de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es autorizar la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón, en la comuna de Lota. Este proyecto es simple, pero muy importante desde el punto de vista simbólico, porque busca valorar y reconocer el gran aporte de la minería del carbón, particularmente de sus mineros, al desarrollo industrial, económico y energético del país, como asimismo, en mi opinión, el aporte sustancial que han hecho a la entidad cultural y al movimiento obrero en Chile. Cabe recordar que la minería del carbón se inició a mediados del siglo XIX, en 1852, con las primeras inversiones que hizo Matías Cousiño y la formación de la compañía Cousiño-Garland. Así, en Lota, se desarrolló la primera producción a gran escala en Chile. Dicha minería se fortaleció durante el siglo XX, pero, infortunadamente, después de ciertos hechos simbólicos. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1970, el Presidente de la época, Salvador Allende, traspasó las minas de carbón a empresas del área social y, por tanto, fueron estatizadas. Se nombró gerente a un trabajador, Isidoro Carrillo. Lamentablemente, en la época de los años 90, como consecuencia de la política de libre mercado y la incorporación de carbón extranjero, que se producía a menor costo, se generó una crisis que derivó en la implementación de una serie de políticas de reconversión habida consideración de la desvinculación de trabajadores. Finalmente, en un día negro para la comuna de Lota, el 16 de abril de 1997, se cierra la mina EnacarLota. Igual suerte corrió hace un par de años la mina Trongol, en Curanilahue, y lo mismo está sucediendo con la última mina de carbón estatal que había en la zona, en la cuenca del carbón, la Carbonífera Victoria de Lebu (Carvile S.A.). Tal como dije al principio, entre otras razones, fundamentan la construcción de este monumento el gran aporte que hicieran los mineros del carbón al movimiento obrero chileno. El desarrollo de la minería del carbón generó un fuerte movimiento obrero. Los trabajadores se organizaron, primero, en sociedades de socorros mutuos y, después, en sindicatos. En Lota, en 1926 se formó el primero, el denominado Sindicato de Trabajadores Nº 6. Otro hecho histórico relacionado con el movimiento obrero chileno fue la huelga de los mineros del carbón del año 1960, que duró 96 días, durante el gobierno de Jorge Alessandri. Sólo el terremoto de ese año obligó a los mineros a retornar a sus labores. La historia del movimiento obrero también está marcada por hechos dramáticos y lamentables. A pocos días del 11 de septiembre de 1973, fue detenido Isidoro Carrillo, a la sazón gerente de la Empresa Nacional del Carbón, Enacar, en Lota. El 22 de octubre de ese año fue fusilado por orden de la dictadura junto al ex alcalde de Lota. El movimiento obrero se caracterizó por su aporte a la defensa de los derechos laborales y sociales, a la búsqueda de mejores condiciones de vida, de remuneración y laborales para los trabajadores de las minas del carbón, lucha que dieron hasta lograr hacer extensivos estos derechos a todos los trabajadores chilenos. La construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón encierra un enorme simbolismo, toda vez que no sólo reconocemos así el aporte del movimiento obrero al desarrollo económico, a la cultura de Chile, que muy bien describen las líneas de Baldomero Lillo, en su libro “Subterra”, sino también la tremenda deuda que tiene la sociedad chilena con los mineros del carbón, ya que la protección social que les correspondía no llegó a todos estos trabajadores. Espero que muchos sigan luchando por conseguir el pago de esa deuda. Los autores de la moción creemos necesario reconocer y rendir homenaje a esos miles y miles de trabajadores que dedicaron toda su vida a la actividad carbonífera, como también a sus familias, que en forma anónima contribuyeron al desarrollo del país. El proyecto consta de 6 artículos permanentes. Por el 1º se autoriza erigir un monumento en homenaje a los mineros del Carbón, el cual, según lo dispone el artículo 2º, se levantará en la comuna de Lota. El artículo 3º establece que las obras se financiarán con erogaciones populares obtenidas mediante la realización de colectas públicas. El 4º crea un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes. El artículo 5º crea una comisión especial de cinco miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta iniciativa y establece su composición. Por último, el artículo 6º especifica las funciones de la Comisión. Esperamos que la moción reciba la aprobación unánime y que el monumento que se construya en la comuna de Lota sirva para reconocer a los ex mineros, pero también a esos que ayer, hoy y seguramente mañana, lucharon, luchan y seguirán luchando por los derechos de todos los trabajadores. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, el proyecto tiene el mérito de entregar, en forma simbólica, un reconocimiento a esos miles de chilenos y sus familias que participaron de manera comprometida con la industria carbonífera y contribuyeron así al engrandecimiento de nuestro país. Sus mujeres, sus hijos y los hijos de esos hijos, ex mineros del carbón, quienes por más de cien años entregaron sus vidas a extraer de las entrañas de la tierra el mineral, verán con orgullo que una pieza de arte tan importante les reconoce y agradece todo lo que dieron a nuestro país. Sus vidas de sacrificio, sus tristezas, sus alegrías, sus sueños y todo el sudor que dejaron en la mina, con el único objetivo de volver cada día junto a los suyos con la satisfacción de ser un minero del carbón. Con todo, esta es la ocasión para recordar que en abril de 1997 el entonces presidente del directorio de Enacar, actual intendente de la Octava Región, don Jaime Tohá, anunciaba el cierre del yacimiento carbonífero de Lota, decisión adoptada por las autoridades del gobierno de la Concertación y que condenó a cientos de mineros y sus familias a una situación muy inconfortable. También es importante recordar que la decisión de cerrar las fuentes de trabajo de los mineros del carbón fue del entonces Presidente de la República Eduardo Frei RuizTagle, actual precandidato presidencial y senador. Seguramente, se trató de una decisión amparada en informes técnicos y económicos, aplaudida por lo grandes economistas y expertos en cifras macroeconómicas, pero sin ningún componente de responsabilidad social y lejos de la realidad que vivía todo un pueblo, al cual le mataron el corazón que lo hacía funcionar. Hace años, miles de familias viven un drama, pues los planes destinados a mitigar esa cesantía obligada, fueron un completo fracaso. Sin embargo, nadie, hasta el día de hoy, asume los costos de ese fracaso, que transformó a esa Lota próspera y alegre en una ciudad gris y con muy pocas esperanzas. Han pasado dos gobiernos de la Concertación después del cierre, más de 10 años, y Lota y su gente ven con desesperanza el futuro. Las promesas que se les hicieron para aminorar la tragedia -como todas a que nos tienen acostumbrados las autoridades del gobierno de la Concertación, sobre todo en años electorales- se las llevó el viento y la pobreza en que se encuentran sumidos los ex mineros y sus familias aumenta cada día. Me interesa dejar claro que no estoy en contra de la construcción del monumento. Muy por el contrario, votaré favorablemente el proyecto; sin embargo, quiero recalcar -allí apuntan mis palabras- la urgencia de que el Gobierno de la Presidenta Bachelet envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que materialice todas las promesas que se hicieron a los mineros del carbón, los sueños que los obligaron a construir y que hoy, en los hechos, son letra muerta, sólo palabras y buenas intenciones, que no logran cerrar las heridas de cada uno de los habitantes de Lota. Es sabido que los planes de reconversión laboral fueron un completo fracaso, un fiasco. Se indemnizó sólo a algunos, aunque aún hay disputas por el monto de las indemnizaciones. Lamentablemente, con el minero y sus familias son más las deudas que los logros. Por último, reiteramos nuestro compromiso con los trabajadores del carbón y sus familias. Por ello solicitamos al Gobierno decisiones políticas reales para que nuestra gente en Lota, en la provincia de Arauco, mire con más esperanza su futuro y el de las nuevas generaciones. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Soto González Laura; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Ward Edwards Felipe. El señor ENCINA (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular. Despachado el proyecto. VI. ORDEN DEL DÍA INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CRÉDITO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA FINANCIAR OPERACIONES DEL PLAN DE TRANSPORTE TRANSANTIAGO. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Investigadora sobre materias relacionadas con el crédito BID-Transantiago y gestiones de las autoridades vinculadas al financiamiento del sistema de transportes referido. Diputado informante es el señor Carlos Olivares. Antecedentes: -Informe de la Comisión Investigadora, sesión 130ª, en 22 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta N° 11. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor OLIVARES.- Señor Presidente, debido al escaso tiempo de que dispongo para dar a conocer el informe, me voy a referir básicamente a las conclusiones aprobadas por la comisión. Las consideraciones que sirven de base a las conclusiones aprobadas por la comisión son las siguientes: En lo particular: 1.- Que la Cuenta Especial de Reembolso fue legalmente autorizada con el único fin de hacer operativo el reintegro de los aportes reembolsables que le otorgó el Fondo de Estabilización del Transantiago al sistema y que sus facultades de endeudamiento respondían exclusivamente a mantener adecuadamente el pago al Estado. Es decir, fue establecida en beneficio y resguardo financiero del Estado y no en su perjuicio. 2.- Que la Cuenta Especial de Reembolso fue desviada de sus fines, a través de las instrucciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para obtener financiamiento para la operatividad del sistema y no para rembolsar al fisco, finalidad de la que se dejó constancia en la historia fidedigna de la ley Nº 20.206 que creó dicha cuenta, según veremos más adelante. En lo general: 1.- Que al Gobierno le cabe una responsabilidad colectiva grave en los hechos constitutivos de esta Comisión Investigadora, por haber abusado de sus atribuciones, arrogándose con ello facultades que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno, le corresponden exclusivamente al Congreso Nacional. 2.- Que la situación actual de Transan- tiago es financieramente desesperada; de aplicarse a su situación las normas de derecho común se trataría de una empresa en quiebra. 3.- Que el Parlamento debe adoptar medidas concretas para que se ponga límite al despilfarro del erario. Por otra parte, esta propuesta abordará las consecuencias que acarreó la contratación del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para el compromiso y responsabilidad financiera del Estado, cuestiones que, de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución Política de la República, debieron haber sido autorizadas por una ley especial de quórum calificado, dado que el plazo superaba con creces el actual período presidencial. Para demostrar las consecuencias descritas, se analizarán las cláusulas pertinentes del contrato con el BID. En resumen, la utilización de la cuenta para fines diversos a los autorizados en la ley Nº 20.206 por mandato expreso del Gobierno y la responsabilidad directa o indirecta del Estado de Chile frente a los compromisos financieros adquiridos con cargo a aquélla, parecieran demostrar que, teniendo a la vista el artículo 6º de la Constitución, existe algún grado de responsabilidad imputable a determinados órganos del Gobierno. Las razones principales de la inconstitucionalidad y que motivaron la inquietud de los señores diputados que solicitaron la creación de esta Comisión Investigadora, radican en que los decretos impugnados transgredieron la Constitución, pues descansaron en que ya existía una ley, la Nº 20.206, que autorizaba a la Cuenta a endeudarse para rembolsar al fisco sus aportes que así lo requerían. Sin embargo, el criterio del Tribunal Constitucional es que la ley Nº 20.206 es una norma genérica que abre una posibilidad y que cuando se trate de concretar dicha posibilidad, debe dictarse una ley especial. Los fundamentos de ese tribunal dan cuenta que considera que existe compromiso financiero del Estado, dado que se contraen deudas cuya responsabilidad de pagar directa o indirectamente, comprendiéndose aquí al aval del Estado, a pesar de su apariencia, corresponde o puede corresponder al Estado, tratándose de empréstitos para el logro de los objetivos que persigue el Estado en el transporte público. La ley Nº 20.206, que crea un Fondo de Estabilización Financiera del Sistema de Transporte Público de Santiago y que dispone otros aportes fiscales, se originó en mensaje del Gobierno. Busca regular la creación del Fondo de Estabilización del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago, con el objeto de dar estabilidad al régimen tarifario del referido sistema y, transitoriamente, otorgar incentivos por cumplimientos de programas de control de evasión. Luego, el mensaje señala que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá convenir con los Concesionarios de Uso de Vías y con la entidad administradora, la constitución de una cuenta especial destinada al reembolso de los aportes efectuados por el Fisco y de los compromisos asumidos con cargo a la Cuenta. El inciso primero del artículo 7º de la ley Nº 20.206 establece: “Los Concesionarios de Uso de Vías de la ciudad de Santiago, el Administrador Financiero de Transantiago, en adelante el AFT y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, convendrán la constitución de una cuenta especial de reembolso, en adelante “la Cuenta”, destinada al reembolso de los aportes efectuados por el Fisco y de los compromisos asumidos con cargo a la Cuenta.” En la historia fidedigna de la ley, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar, respecto de la propuesta de creación de la CER, aparece señalando en la sesión 26ª de 19 de junio de 2007: “Es necesario recalcar que esta Cuenta no guarda relación con los aportes públicos al sistema, sino que constituye un mecanismo para facilitar su reembolso”. A continuación, me referiré a las gestiones del Gobierno ante el BID en la solicitud del crédito. Los siguientes son los antecedentes que dan cuenta de lo que el ministro señor Velasco denominó el conjunto de acciones, “que el Gobierno decidió impulsar” para mejorar y garantizar el funcionamiento del sistema, entre los que se encuentra el crédito BID - Transantiago. El 17 de abril de 2008, los ejecutivos del AFT ingresaron una solicitud “para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) facilite la apertura de una línea de crédito, cercana a los 400 millones de dólares, destinada a financiar al menos cuatro meses de operación del plan de locomoción”. Según la información proporcionada por el diario La Tercera, fuentes del AFT señalaron que la semana anterior “las carteras de Transportes y de Hacienda dieron su visto bueno para que, a su arribo desde China, el Presidente del AFT, señor Hernán Somerville, inicie las conversaciones con el BID con el objetivo de conseguir una línea de crédito a todo evento”. Sin embargo, sólo cuatro días después de este anuncio, la prensa informó que el ministro señor Cortázar ya se había reunido con el comité ejecutivo del BID en Washington, en un viaje que duró sólo 24 horas, el 19 de marzo, es decir, casi un mes antes del supuesto inicio de las conversaciones entre el señor Somerville y el Banco. De acuerdo al señor ministro, la reunión sostenida con los directores del BID fue calificada por estos últimos de informal y de carácter informativo. El BID había dado a conocer las condiciones contractuales del crédito a los señores Enrique Méndez y Hernán Somerville en representación del AFT, en una carta mandato de fecha 25 de marzo de 2008, quedando claro que las tempranas gestiones de los actores del Gobierno, iniciadas en febrero, estaban dando frutos. El señor Somerville reconoció ante la comisión investigadora lo siguiente: “El gerente de finanzas del AFT fue citado en marzo del 2008 por el Ministerio de Transportes “para informarle que se está gestionando un préstamo con el BID para financiar el sistema de Transantiago” y que la carta de mandato del 25 de ese mes fue suscrita por el AFT “por expresa instrucción de los operadores y con la aprobación de los Ministerios de Transportes y Hacienda”. En reiteradas ocasiones, durante su asistencia a la Comisión Investigadora, el señor Somerville aclaró que “el AFT no es remunerado como administrador del sistema”, sino para la “gestión de pago y gestión de flota, y nuestra responsabilidad es manejar los recursos para que las platas no se pierdan”, “no puedo ser responsable de la administración financiera”. Sin embargo, el señor Sujoy, en el transcurso de la misma jornada, señaló que “el AFT, lo que creo que es obvio, es el administrador y el responsable legal de la cuenta especial”. El 23 de abril, sólo seis días después de la supuesta autorización “para iniciar conversaciones” entre el señor Presidente del AFT y el BID, este último informó, a través de un comunicado de prensa, la aprobación de una línea de crédito por 400 millones de dólares , sin garantía soberana, pero que la Corporación de Fomento (Corfo), entidad perteneciente al Estado, aparece entregando un subsidio contingente, tal como ya había ocurrido en el préstamo con el Banco Estado. Considerando el análisis financiero efectuado por el BID, realizado con el fin de evaluar las condiciones para aprobar el crédito de 400 millones de dólares, donde se asegura que el Transantiago recién en 2014 registraría menores pérdidas, que el sistema de transportes metropolitano registraba pérdidas, hasta abril de 2008, por 287,4 millones -con un promedio de pérdidas de 30 millones de dólares desde su implementación en febrero de 2007-, y que aún no se inicia el pago del crédito de 160 millones de dólares solicitado al Banco del Estado -la primera cuota vence el 15 de febrero de 2011-, parece casi imposible creer que se haya aprobado un crédito de esta magnitud para un sistema considerado como quebrado. El mismo representante del BID en Chile, señor Jaime Sujoy, declaró a los medios de prensa que “el crédito al plan de transportes fue otorgado en base a las proyecciones del sistema que incluyen el subsidio complementario”, esto es, la supuesta aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que establece el subsidio permanente al Transantiago. Lo anterior, no obstante haberse rechazado la incorporación de los fondos necesarios para mantener el sistema a flote en las leyes de presupuestos para el año 2008 y luego para 2009. Además, mientras se materializaba la entrega de los fondos aprobados por el BID, mediante un decreto con fecha 20 de mayo de 2008, firmado por el ministro de Transportes, señor René Cortázar, y el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, se volvió a recurrir a las arcas del Banco del Estado y se amplió en 5 mil millones el crédito solicitado a comienzos de 2008, así como el subsidio de Corfo a dicha deuda. Debido a que el contrato de préstamo entre el BID y el AFT no fue firmado sino hasta el 8 de junio de 2008, se produjo una crisis en el ya consistente desfinanciamiento del sistema. Esa demora en la entrega de los recursos solicitados al BID implicó no sólo la necesidad de negociar créditos “puente” con diversos bancos de la plaza -entre los que no estuvieron disponibles los que conforman el AFT- sino que la triangulación de pagarés emitidos por la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) en un momento en que la estatal se encontraba en números rojos y la postergación del pago de ingresos que le correspondía a la empresa Metro hasta mediados de junio de 2008, por un monto de 25 millones de dólares, en forma de “aporte operacional”. En este escenario, no sorprende que nuevamente el Gobierno, a través de sus ministros de Estado, señores Andrés Velasco y René Cortázar, hayan intervenido ante el organismo internacional. Por medio de una carta de fecha 6 de junio de 2008, dirigida al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, los ministros de Hacienda y Transportes señalaron: “Se efectuarán las gestiones necesarias para que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) pueda otorgar para beneficio del BID un subsidio contingente que cubra el 80 por ciento del préstamo antes referido. El Gobierno de Chile, mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, asegurará que el patrimonio de Corfo tenga los recursos suficientes para otorgar a beneficio del BID ese subsidio contingente”. Al respecto, el ministro de Hacienda señaló ante la Comisión Investigadora que el diálogo sostenido con el BID a través de cartas, como la citada, se pronuncian sobre “las políticas públicas que se iban a ir aplicando para que el sistema fuese estable, viable y duradero en el largo plazo”. Asimismo, el propio ministro Velasco reconoce haber recibido “en dos oportunidades a misiones del Banco Interamericano de Desarrollo” y haber, personalmente, “con ocasión de la reunión anual del BID”, en marzo del año 2007, discutido “los plazos, procedimientos y posibles contenidos de esta operación con el staff del BID”, todo lo cual, estima, son parte de una “política pública” del Gobierno. De ese modo, la negociación y toma de decisiones respecto de las condiciones del crédito BID, sin lugar a dudas, estuvo en manos, si no totalmente, al menos en forma sustancial, de los ministerios señalados, por cuanto el mismo presidente del AFT, don Hernán Somerville, reconoció ante la Comisión Investigadora que “el contrato -el crédito- no fue negociado por el AFT” y que el “negocio no lo conocimos”, haciendo hincapié en su labor como administradores y en haber seguido las instrucciones “del Ministerio de Transportes y de los operadores”. Esta posición coincide con la del ministro Cortázar, quien señaló que “el AFT, para muchas de sus operaciones, recibe instrucciones del Ministerio, que es el regulador del sector transportes”, pero que “si miran el contrato pueden darse cuenta de que es entre el AFT y el Banco Interamericano de Desarrollo”. Continúa la misiva del 6 de junio en los siguientes términos: “El Gobierno de Chile reconoce que el BID estaría otorgando dicho préstamo en base a los compromisos y representaciones previstas en esta carta, incluyendo el subsidio contingente de Corfo. Asimismo, el Gobierno de Chile hace presente su voluntad de asegurar el desempeño operativo y la viabilidad y solvencia financiera del Transantiago, para lo cual se compromete a presentar, antes de la firma del préstamo del Banco, un proyecto de ley que establezca un subsidio al Sistema, el cual es indispensable para alcanzar la estabilidad financiera a largo plazo, y a efectuar sus mejores esfuerzos para obtener la aprobación del mismo por parte del Honorable Congreso Nacional. Por añadidura y en caso que sea necesario para mantener la sostenibilidad financiera del Sistema, el Gobierno empleará todas sus facultades legales y administrativas para que el Sistema pueda hacer frente a todas sus obligaciones operativas y financieras en forma oportuna”. Efectos del cuestionamiento a la naturaleza jurídica del prestatario: El fallo del Tribunal Constitucional. La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el decreto supremo Nº 45 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual se otorgan las autorizaciones previas exigidas por el inciso final del artículo 7º de la ley Nº 20.206 para que se contrate, con cargo a la Cuenta Especial de Reembolso, una línea de crédito de hasta 400 millones de dólares, otorgada por el BID, tendría consecuencias directas en los efectos del contrato de préstamo que dio origen a dicha línea de crédito. Este fallo, a nuestro entender, produciría efectos en la configuración de las causales de incumplimiento del contrato. Como se señaló anteriormente, la Sección 7.2.17 establece una causal de incumplimiento denominada Fallos adversos, consistente en la dictación de fallos adversos que cuestionen, entre otras, la naturaleza privada del prestatario; la capacidad de Corfo para emitir un crédito de apoyo similar al del PCS o PCS adicional; o respecto de otras materias que afecten o menoscaben la capacidad del prestatario para incurrir en la deuda o la capacidad de apoyo de Corfo a este tipo de deuda, por parte de cualquier autoridad. De todos los supuestos de la causal, la sentencia del Tribunal Constitucional sólo afectaría aquellos que dicen relación con la existencia de fallos que cuestionen la naturaleza privada del prestatario y que afecten o menoscaben la capacidad del prestatario para incurrir en la deuda. Si bien el fallo del Tribunal Constitucional no se pronuncia respecto de la naturaleza de la Cuenta Especial de Reembolso, su considerando septuagésimotercero contiene declaraciones que expresamente sostienen que la Cuenta Especial de Reembolso es un sistema utilizado por el Estado de Chile para endeudarse, pues “aunque utilice un medio aparentemente diferente”, esto es, la Cuenta Especial de Reembolso, “es el mismo Estado el que se ha endeudado”. De tal declaración se deduce que el prestatario del BID es el Estado de Chile, y que la Cuenta Especial de Reembolso sería solamente el instrumento utilizado por el Estado para endeudarse. Si es el Estado de Chile el prestatario y la Cuenta Especial de Reembolso sólo un instrumento de éste, para determinar la satisfacción de la causal de incumplimiento debe estarse a la naturaleza del prestatario -como lo señala expresamente el Contrato- y no a la de su instrumento de endeudamiento. En otras palabras, la naturaleza de privado o público de la Cuenta Especial de Reembolso es irrelevante. Por último, si bien la Cuenta Especial de Reembolso tiene naturaleza privada y el fallo no cuestiona aquello, el supuesto de la causal habla de la naturaleza del “prestatario”, por lo que la sentencia, al disponer que el prestatario es el Estado de Chile, cuestiona indirectamente la naturaleza privada de éste, pues el Estado es la máxima expresión del sector público y no puede poseer una naturaleza distinta a la pública. Ahora, resulta extraña la inactividad de todos los involucrados en la operación financiera ante el fallo del Tribunal Constitucional. Esto, porque habiéndose eliminado del ordenamiento jurídico las autorizaciones exigidas para la suscripción del contrato de crédito entre la Cuenta y el BID -requisitos de la esencia de dicho acto jurídico- y habiéndose informado de ello oportunamente por parte del AFT, según consta del testimonio de su presidente, el señor Somerville, en esta misma Comisión, teniendo además en consideración que la Sección 3.19 del contrato dispone que, no obstante lo dispuesto en el contrato, si con posterioridad a su celebración se verifica cualquier modificación a la legislación aplicable o a las normas de interpretación o aplicación de la misma, por cualquier autoridad, incluyendo cualquier resolución adversa dictada en un procedimiento judicial, transforma en ilegal para el BID mantener o financiar el préstamo aludido. No podemos dejar de mencionar, además de todo lo ya expresado, que los ministros señores Cortázar y Velasco, en la carta dirigida al presidente del BID, durante la negociación del crédito con dicha entidad financiera, aseguraron, comprometiendo al Gobierno, los siguientes hechos: Se reconoce que el BID estaría otorgando dicho préstamo en base a los compromisos y representaciones previstas, incluyendo el subsidio contingente de la Corfo. Estos compromisos del Gobierno, al menos en forma indirecta, implican un menoscabo financiero del Estado de Chile, incluyendo sus organismos, empresas y hasta las municipalidades. Como el tiempo que se me ha asignado es muy breve y no he podido expresar todos los fundamentos, quiero decir que dentro del capítulo de responsabilidad es fundamental centralizar la culpabilidad por los errores en las entidades, instituciones y organismos que contribuyeron decisivamente en la elaboración e implementación del endeudamiento de la Cuenta Especial de Reembolso, con fines distintos a los autorizados por ley, cuyo resultado fue el compromiso, directo o indirecto, del crédito o responsabilidad financiera del Estado y que, de acuerdo con el artículo 63 Nº 8 de la Constitución Política de la República, debía ser autorizado por una ley específica. Por todos los antecedentes vertidos en esta propuesta de conclusiones, no podemos sino concluir que al Gobierno le cabe una responsabilidad colectiva en los hechos que originaron esta Comisión Investigadora, por haber abusado de sus atribuciones, arrogándose con ello facultades que, de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno, le corresponden exclusivamente al Congreso Nacional. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Gracias, señor diputado. En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, hoy esta Corporación debe votar un informe sobre el préstamo contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el déficit del fracasado sistema de transporte público, Transantiago, que ha comprometido severamente el patrimonio de la nación en 288 millones de dólares, que los chilenos, desde los más pobres hasta los más ricos, deberán pagar a través del presupuesto de la nación. Cuesta encontrar en la historia política, legislativa y administrativa del Estado un hecho más bochornoso, una entelequia jurídica y una estrategia comunicacional con el fin de pasar por sobre las potestades del Congreso Nacional, de la ley y de la Constitución Política y engañar severamente a la opinión pública, para justificar ante los chilenos el crédito BID como un préstamo contraído entre privados, pero que de privado nada tiene, y las huellas digitales del Estado, representado por las personas de los ministros Cortázar y Velasco, son evidentes en cada una de las acciones que comprometió el patrimonio financiero del Estado. Nunca debió haberse tramitado este crédito en la forma como se hizo, con los argumentos que se dieron y la manera grosera de intervención del Estado. En el informe se indican muchos elementos que demuestran cómo se pasó por encima de la ley. La Cuenta Especial de Reembolso, creada a través del artículo 6º original, 7º posteriormente, de la ley Nº 20.206, tenía como único fin devolver al Estado los recursos comprometidos, que se recaudan a través de la tarjeta bip. Sin embargo, se excedió la atribución otorgada por el Congreso Nacional y dicha cuenta se utilizó para fines que van mucho más allá de lo que la ley establece. El informe señala claramente cómo los ministros y el Gobierno no respetaron la ley. Quienes construyeron esta entelequia jurídica, esta estrategia del engaño, incluso, tuvieron la audacia de involucrar a la Presidenta de la República mientras se desarrollaba el requerimiento de un grupo de senadores. La máxima autoridad del país, en su respuesta por escrito al Tribunal Constitucional, afirmó que el préstamo en cuestión era un asunto entre privados, que no comprometía la responsabilidad financiera del Estado. Nunca he visto audacia mayor de parte de dos ministros de Estado para llevar a la Jefa de Estado a afirmar tan engañosa acción. Invito a todos los señores diputados que quizá no han tenido la oportunidad de conocer en detalle el informe a leer con detenimiento la carta del 6 de junio de 2008, que el diputado señor Olivares ha señalado, firmada por los ministros Cortázar y Velasco, dirigida al presidente del BID, señor Luis Alberto Moreno. De ella quiero resaltar la siguiente frase: “El Gobierno de Chile, mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, asegurará que el patrimonio de Corfo tenga los recursos suficientes para otorgar a beneficio del BID ese subsidio contingente en el caso de que no se pague.” ¡Y la Presidenta de la República, por escrito, dice que no está comprometido el patrimonio de la Nación! Esta cartita se conoció después de que el contralor general de la República visara la autorización para este decreto. Muchas cosas se conocieron después, por ejemplo, nunca se dijo que se iba a subir la tarifa. Entonces, para eludir la responsabilidad política y financiera del Estado se dijo que era un préstamo entre privados, como si se tratase de un contrato entre Falabella y el Banco de Chile. Eso era lo que la gente entendía, pero no es así. Hernán Somerville, presidente del Administrador Financiero del Transantiago, declaró que él no hizo nada, que sólo recibió instrucciones e hizo lo que le pidieron los ministros Cortázar y Velasco. ¿Hernán Somerville viajó a Washington a las oficinas del BID? No. Viajó el ministro Cortázar a gestionar en el BID ese préstamo en una operación nunca antes vista, pues en muy poco tiempo esa entidad aprobó un crédito por 400 millones de dólares. ¡Quisiera ver al dueño de una pyme obtener en el BancoEstado un crédito con la velocidad con la que ese organismo le otorgó dinero al Transantiago! ¡Quisiera ver a algún país tercermundista obtener en tan poco tiempo un crédito de 400 millones de dólares, sin resguardo alguno! Todo se ha hecho para inyectar recursos a un plan de transportes fracasado, que ha perdido 1.000 millones de dólares desde que se implementó hasta hoy ¡Se pierden 1.200 millones de pesos diarios y el BID le entrega más plata a este saco sin fondo! En fin, no quiero quedarme en eso. A mi juicio, sería impresentable que la Cámara rechazara este informe, porque eso querría decir que los diputados han preferido defender lo indefendible de un Gobierno, y no ejercer nuestras potestades que son indelegables. Significaría permitir que el Gobierno pase por encima de nosotros y utilice los recursos del Estado sin decir ¡agua va! Es indigno aceptar la ocurrencia de este tipo de situaciones. Nunca debió haberse pasado por encima de la ley y las atribuciones del Congreso Nacional. ¡Jamás! Los defensores de este préstamo dirán que todo se hizo dentro del marco de la ley y que el contralor general de la República visó su ejecución, pero debo aclarar que lo que hizo la Contraloría fue una presunción de legalidad. En el ordenamiento jurídico chileno existe la acción ulterior, que se utilizó en este caso, y que corresponde al fallo del Tribunal Constitucional, que en todas las formas señaló que el préstamo era ilegal, inconstitucional e improcedente. Frente a eso el contralor general de la República no tiene responsabilidad, porque nuestro ordenamiento jurídico establece para esta ley, y para cualquier otra, la posibilidad de que los requirentes que así lo deseen puedan acudir al tribunal para obtener un pronunciamiento. Me dirán que hay un vacío legal. No lo sé, pero no le atribuyamos al contralor general de la República la facultad de ser el gran aval de la legalidad del país si después de pronunciarse sobre determinado acto, un tribunal lo declara ilegal. No se puede sostener un argumento de esa naturaleza, como tampoco haber dado a la Cuenta Especial de Reembolso un uso abusivo, que va más allá de lo que la ley Nº 20.206 señala y que el Congreso Nacional autorizó. La responsabilidad política de los ministros Velasco y Cortázar está claramente establecida. Ellos fueron los principales artífices de haber construido una estrategia política, técnica y comunicacional para pasar por sobre el Congreso Nacional, la ley, la opinión pública y, lo que es más grave, haber involucrado a la Presidenta de la República en afirmaciones que después no se sustentan. Por otra parte -el informe así lo señala-, también el Banco Interamericano de Desarrollo tuvo una actitud impresentable, una falta de prolijidad única y un doble estándar en el otorgamiento del préstamo, en la evaluación de los pagos y en el resguardo del interés de Chile en esta materia. Sin duda, hubo una acción desprolija e irresponsable en la forma de establecer los controles adecuados. Invito a los señores diputados a leer el inciso final de la carta de los ministros Velasco y Cortázar al presidente del BID. ¡No sé cómo se aceptan este tipo de cosas! ¡Es indigno! En ella se dice: “Se reconoce y acepta que el incumplimiento por parte del Gobierno -del llamado “préstamo entre privados”- con cualquiera de los compromisos y representaciones previstas en esta carta -inclusive el incumplimiento de la Corfo con cualquiera de los compromisos establecidos en el subsidio contingente a ser otorgado al BID- o a la dictación de una sentencia o dictamen en cualquier litigio o reclamo administrativo que tuviese como objetivo o efecto impedir, condicionar o limitar el recupero de cualquiera de las sumas adeudadas al BID, tendrán como consecuencia que el banco no otorgará, y el Gobierno de Chile, sus organismos, empresas o las municipalidades, no solicitarán al BID, ningún crédito, garantía financiera u otro financiamiento de cualquier índole.” Es decir le dicen, con todas sus letras, que si Chile no cumple, nunca más le prestarán un peso al Estado, a los municipios ni a nadie. Es obvio que con este tipo de garantía “de privados”, de todas maneras el BID iba a prestar los recursos. La carta es indigna, porque se compromete algo sobre lo cual no se tenía atribuciones. Hipoteca la reputación de Chile en el caso de incumplimiento y pone al Congreso Nacional en un pie forzado, en una situación muy compleja, puesto que ahora, probablemente, debamos aprobar un proyecto de ley para disponer de los recursos que se comprometieron. Finalmente, quiero decir que aquí sonaron todas las alarmas previas y se encendieron todas las luces rojas. El Gobierno no puede alegar que no sabía lo que estaba haciendo, pues se lo advirtió previamente el contralor general de la República cuando objetó la forma en que se estaba gestionando el préstamo con el BancoEstado por 100 millones de dólares; también los abogados internos y externos le advirtieron que el préstamo podía verse afectado por un requerimiento del Tribunal Constitucional, porque no había precedentes sobre este tipo de acciones. Por lo tanto, se le expresó y advirtió la situación, pero se siguió adelante con esta ignominia que ha comprometido el patrimonio de la Nación. Hoy se está pagando un bono de 40 mil pesos por cada carga familiar a los trabajadores más humildes del país, cuyos sueldos no superan los 400 mil pesos mensuales. Ese bono le cuesta al país 110 millones de dólares. Los 1.000 millones de dólares invertidos en el Transantiago permitirían pagar diez veces ese bono, mientras que con el crédito del BID podría pagarse 2,8 veces a todos los chilenos ese bono de 40 mil pesos. Esa es la responsabilidad que tienen hoy los diputados que dicen ser los defensores de los pobres, de los humildes. No pueden tener el descaro de rechazar el informe y no defender el patrimonio de la Nación, ya que esos recursos debieron ir a quienes más lo necesitan. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, como Concertación, especialmente quienes formamos parte de la Comisión y participamos de cada una de sus sesiones, no podemos sino estar escandalizados con el informe de mayoría al cual arribó la Alianza por Chile en conjunto con la bancada del PRI. Como dice un conocido refrán: “Nadie sabe para quién trabaja”. Pero en este caso está absolutamente claro para quién trabajan aquellos que aprobaron este informe: para la banca privada, para los miembros del AFT que, gracias al informe sometido a la consideración de la Cámara de Diputados, verán cómo su patrimonio se enriquece y que, en lugar de servir una cifra millonaria, a lo que estaban obligados en su calidad de miembros del AFT, serán liberados cuando hoy se diga, como todos los chilenos saben, que “paga Moya”, el fisco de Chile. Esa deuda fue contraída, de manera indubitada por el AFT y debía ser pagada por él, así lo señala la ley Nº 20.206, aprobada por el Congreso Nacional, de cara a la Oposición, que en su oportunidad no tuvo objeciones de constitucionalidad; sin embargo, a posteriori, fue objeto de un fallo del Tribunal Constitucional que señaló los reparos por todos conocidos. Nadie quiere desconocer el cumplimiento ni el respeto al estado de derecho en relación con lo que señala el Tribunal Constitucional, pero en esta Corporación política, tenemos que reflexionar e ir más allá para conocer cuál fue el ánimo de la Alianza para requerir al Tribunal Constitucional ex post, en circunstancias de que la Contraloría General de la República tomó razón de los decretos firmados por los ministros Cortázar y Velasco. Al respecto, el contralor concurrió a la Comisión y nuevamente refrendó su legalidad. No deja de llamar la atención el hecho de que esto no tenga ninguna relación con el funcionamiento del Transantiago, que, como todos sabemos, ha sido motivo de preocupación de todos los sectores. En este caso, una deuda millonaria debía ser servida, en primer lugar, de acuerdo al orden de prelación de pago de derechos -porque así fue creada la Cuenta Especial de Reembolso-, por los socios del AFT, y todos sabemos quienes lo conforman. Uno de sus socios es Sonda, principalmente del señor Navarro, uno de los copropietarios del helicóptero con el cual el señor Piñera se pasea por Chile. En definitiva, se hizo todo lo posible para que esa deuda, no fuera pagada por los miembros del AFT, esto es, la banca privada. No desconocemos lo decidido por el fallo del Tribunal Constitucional; sino que señalamos que existe un tema institucional; se trata de una deuda contraída por el AFT, con cargo a la Cuenta Especial de Reembolso. Si leemos la historia fidedigna del establecimiento de la ley respectiva, queda clara su naturaleza especial, que conforma un patrimonio similar a los que administran cuentas de terceros, como las AFP e isapres, que todos conocemos, que son distintos a sus administradores -de hecho, el señor Hernán Somerville así lo reconoció en la Comisión-, que, a su vez, de acuerdo a la ley, tiene responsabilidad respecto de su administración. Incluso, se encargaron estudios en derecho a connotados estudios internacionales para evaluar el cometido que se estaba desarrollando. Cuando se suscribieron dichos contratos, la ley obligaba a los ministros a concurrir con su firma, y eso hicieron. Como funcionarios públicos hicieron lo que todo funcionario público debe hacer, a lo que están obligados, que no es consultar el tema a su señora o a su familia, sino concurrir a la Contraloría General de la República para que ésta se pronunciara respecto de la legalidad y competencia que tienen los ministros para actuar en conformidad a lo que establecía la ley Nº 20.206. ¡Ése fue el gran pecado que cometieron los ministros Cortázar y Velasco! ¡Hicieron lo que debe hacer cualquier funcionario público: suscribir un acto y enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República para que ésta lo revise! Hubo un pronunciamiento del órgano que tiene el mandato constitucional de pronunciarse -porque la Constitución establece que la Contraloría debe hacerlo en relación con la legalidad de los actos de la administración- respecto de los decretos que facultaban a los ministros. El pronunciamiento fue positivo, y el contralor Ramiro Mendoza lo refrendó nuevamente cuando concurrió a la Comisión. Aquí no se hizo nada más ni nada menos de lo que establecía la ley. Es decir, la obligación que tiene un funcionario público se cumplió a cabalidad. Efectivamente, hay una sanción ex post, pero se puede discutir lo que señala la Contraloría General de la República. Algunos han manifestado que tal vez no es infalible, pero, obviamente, existe una presunción, la que obliga a los funcionarios públicos a actuar en consecuencia. Por lo demás, así lo expresa el artículo 3º de la ley Nº 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos, en el sentido de que los actos administrativos son válidos una vez refrendados por la Contraloría. En esta materia existe un deber ser de exigibilidad de los ministros de actuar, por lo que no podían proceder de otra manera. Justamente, queríamos despejar la discusión que hemos tenido por años al interior de la Cámara y en distintos sectores respecto de que el Estado chileno no siga financiando el sistema público de transporte. Y en este caso, eso es lo que se hizo. Se endeudó al AFT para que, antes de pagarse los miembros de la banca privada, tengan que servir el crédito privado, tal como lo señaló el señor Sujoy, representante del BID en Chile, porque ellos son su contraparte. ¡Éste no es un crédito soberano del Estado chileno! Hay diferencias sustantivas con una operación entre privados -de hecho el AFT recurrió a la ventanilla de crédito privado del BID; no concurrió como Estado chileno, que tiene un tratamiento distinto-, y así lo manifestó de manera muy clara el BID. Es decir, fueron como un particular, como lo hacen otras instituciones, y el trato que se le dio fue coherente con esa calidad. No se trató de un crédito soberano avalado por el Estado chileno y no se comprometió el interés patrimonial del fisco. Con respecto al crédito contingente Corfo, opera desde 1996 y funciona mayoritariamente en beneficio de instituciones de carácter privado, generalmente exportadores que recurren a él para contraer empréstitos internacionales. Pero ésa es la cobertura que se le da a cualquier privado en la materia. Corfo, a través de la Cuenta Especial de Reembolso, actuó con el AFT en las mismas condiciones y con los requisitos exigibles a cualquier otro particular. En consecuencia, no se trata de un crédito avalado por el Estado chileno. Por lo tanto, tal como señalé al principio de mi intervención, quienes están felices a partir de hoy, son los banqueros, porque gracias al informe de mayoría van a tener mucho que celebrar. Sin duda, por el actuar de la Alianza por Chile brindarán con champán, porque nuevamente todos los chilenos deberán asumir algo que tenían que pagar los bancos miembros del AFT. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Olivares. El señor OLIVARES.- Señor Presidente, el Transantiago es un sistema absolutamente fracasado, desfinanciado y en quiebra. Cabe preguntarse: ¿Hasta dónde llega la porfía y la tozudez de quienes deben tomar decisiones y que siguen adelante con esta situación que ya sobrepasa los límites de la racionalidad? Es importante dejar en claro que éste es un sistema fracasado, pero también técnicamente quebrado. Aquí se ha dicho, con mucha seguridad, que lo que iban a pagar algunos privados se ha transformado en una deuda pública y que ahora, como algunos quieren que prevalezcan la ley y la Constitución, por haber llevado esta situación al Tribunal Constitucional, la han transformado en una deuda más para el Fisco. Pero eso no puede ser más ilusorio, porque antes de la presentación al Tribunal Constitucional, el Estado iba a pagar la deuda con el BID. ¿Cómo puede pensarse que un sistema en quiebra, iba a pagar 400 millones de dólares? La única forma de hacerlo era través de los subsidios que cada vez y con mayor insistencia se están planteando en el Congreso Nacional. Quiero decir al diputado Silber, por intermedio de la Mesa, que no somos nosotros los que le estamos llenando de plata los bolsillos a los operadores del Transantiago, sino que, muchas veces, con su silencio cómplice, son ellos los que al pedir subsidios para el Transantiago le están esquilmando el presupuesto al Estado de Chile. Es una majadería decir que este crédito, que supuestamente iban a pagar privados, ahora lo debe asumir el Estado. ¿Acaso la plata se va a marcar? ¿Acaso la plata que se saca por la tarjeta bip va a entrar a un bolsillo, el subsidio a otro y, luego, con esta plata marcada vamos a pagar el crédito? El Tran- santiago jamás iba a pagar este crédito porque la plata no existía antes ni después del fallo del Tribunal Constitucional, porque es un sistema que está quebrado. Éste siempre fue un crédito del Estado, avalado por la carta al BID y por miles de acciones que llevaron adelante los ministros Cortázar y Velasco. Lo demás es majadería y tratar de tapar el sol con un dedo. ¡Eso no lo van a poder hacer! Apelo a la poca dignidad que le queda a este Congreso Nacional para defender nuestras facultades e impedir que otro poder del Estado se entrometa en lo que tenemos que hacer. Éste, que era un crédito internacional, con organismos internacionales, debió haberse discutido aquí, en el Congreso Nacional y no se hizo. Por lo tanto, lo que hoy estamos haciendo es defender la dignidad del Congreso Nacional. Por eso, llamo a los colegas a votar favorablemente el informe de la Comisión BID-Transantiago. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Diputado señor Olivares, sólo quiero hacer una observación respecto de sus dichos. El Congreso Nacional tiene y le queda mucha dignidad. Tiene la palabra el diputado Jorge Insunza. El señor INSUNZA.- Señor Presidente, este informe está siendo analizado por una Sala casi vacía, lo que revela la falta de interés que existe debido al cansancio y el agotamiento que produce este tema. En esto tenemos que ser claros, ya que, se apruebe o se rechace el informe, no se va a hacer cargo de los resultados prácticos en el mejoramiento del Sistema de Transporte Público de Santiago. Ahí hay una responsabilidad política global, que también atañe al Congreso Nacional, porque se ha producido un retraso y una falta de acuerdos sustantivos tendientes a perfeccionar el Transantiago y, al mismo tiempo, tener una base de financiamiento que lo sustente en forma viable. El Transantiago sigue generando déficit por múltiples razones, algunas técnicas por todos bastante conocidas, pero también por el cambio estructural al que debió ser sometido posteriormente. Hay algo que no se puede eludir en este debate y es que, precisamente, estamos en un punto álgido de la discusión, ya que el Congreso Nacional rechazó la posibilidad de otorgar financiamiento público a un sistema que estaba en crisis. Hoy enfrentamos una consecuencia más de una estrategia, especialmente de la Derecha y a la que lamentablemente se han unido otras personas, para hacer colapsar el Sistema Público de Transporte de Santiago. Lo que se ha pretendido es llevarlo a un precipicio y empujarlo. Además, con este informe se quiere dar a la tuerca una vuelta más para ese nuevo diseño. He revisado el contenido del informe de mayoría que se aprobó en la Comisión Investigadora y tengo que decir con toda franqueza que si esta Sala le da su aprobación, sería uno de los más vergonzosos desde el punto de vista de sus fundamentos jurídicos y de hecho con los cuales se estructura. Se trata de un informe completamente contrafactual; sus conclusiones carecen de fundamentos en los hechos y, cuando se pretende hacer eso, se violentan normas básicas de justicia, de equidad y de la sana lógica con la cual el Congreso Nacional tiene que plantearse frente a decisiones de carácter público. Aquí falta, en parte, algo que a veces echo de menos en la actividad política: algo de pudor histórico. Las decisiones que uno toma al votar una materia, no sólo marcan la maniobra táctica del momento con la pretensión de que las cosas después se van a olvidar. Falta conciencia de que hay cosas que quedan en los anales de la historia y que después son revisados. Personalmente, no quiero concurrir con mi voto a que, cuando alguien analice esto en uno, dos, cinco o diez años más, manifieste cómo fue posible que se aprobara un informe tan vergonzoso como éste. Es un pasquín jurídico que, insisto, no tiene condescendencia ni correlación con hechos básicos. A propósito de eso, acá se hicieron afirmaciones categóricas durante la vehemente y casi entusiasta intervención del diputado Melero, como si estuviera dándose su propio festín, para la tele probablemente. Él hace tres afirmaciones que son lisa y llanamente una mentira. Miente, en primer lugar, cuando afirma que la carta del BID, negociada por el ministro Cortázar, es un compromiso financiero del Estado. Ofrecer una garantía no es necesariamente el compromiso directo de la obligación principal. Eso es de Perogrullo. Por tanto, mezclar peras con manzanas es actuar de mala fe. En segundo lugar, hace una afirmación que es grave y lo emplazo a demostrar en las actas de la Comisión que el señor Somerville haya hecho la afirmación que señala. Lo cita diciendo que el señor Somerville aseveró que hizo lo que le pidieron los ministros Velasco y Cortázar. El señor Somerville jamás hizo una afirmación de esa naturaleza en la Comisión. Por tanto, emplazo al diputado Melero a demostrar en esta Sala que en las actas de la Comisión aparece una frase en ese sentido. Jamás lo dijo. Eso es mentir, es construir afirmaciones para producir efectos políticos y jurídicos a partir de hechos falsos. Tampoco es cierto que todos los informes jurídicos hayan cuestionado la legalidad del préstamo otorgado por el BID. Por el contrario, se pidieron informes a connotados estudios que no están ligados al Gobierno, ni a la Concertación, sino que están constituidos por personas muy respetadas y que pertenecen a la Oposición, que avalaron jurídicamente esta iniciativa. Asimismo, hubo informes jurídicos internacionales que sirvieron de base para que el BID decidiera la entrega de este préstamo. Por lo tanto, en ese punto el diputado Melero también miente descaradamente. En consecuencia, la Cámara no puede aprobar un informe que se sustenta en hechos falsos y en afirmaciones que no se condicen con la verdad. Actuar así apunta a un sentido del honor con lo que es justo y con enfrentar aquellos puntos que son delicados y siguen pendientes de resolución. En todo caso, insisto, sea cual sea el resultado de la votación, no va a influir en las decisiones que debemos tomar para mejorar el sistema de transporte. Si analizamos con atención lo que dijo el contralor, constataremos que aquí hay fallas de diseño institucional respecto de las cuales el Congreso Nacional también debe asumir responsabilidades. Incluso las resoluciones y considerandos en el fallo del Tribunal Constitucional hacen mención a esa debilidad institucional en la confección de la cuenta especial de reembolso. Veamos el informe de mayoría. ¿Se hace cargo de esa debilidad institucional? ¿Hace algún planteamiento en ese sentido? ¿Hay alguna propuesta para corregir la materia? No. Nuevamente no hay un sentido de responsabilidad del Estado para buscar soluciones, sino sólo contribuir a una crisis y, en lo posible, profundizar la crisis del sistema de transporte público. Por lo tanto, cabe distinguir cuál es la responsabilidad que la Cámara quiere asumir. ¿Quiere contribuir a profundizar los problemas, o a encontrar soluciones? Pido a los diputados de la Oposición, que tienen un sentido de decencia y compromiso con el país, que piensen, y si no quieren votar en contra, al menos que se abstengan, en consideración a que el informe no sólo no contribuye a la solución, sino que no es justo en sus consideraciones de hecho para emitir una crítica. Hay materias que merecen críticas, pero si no partimos de una base de equilibrio con los hechos, se producirá una alteración del sentido de las instituciones. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, hemos escuchado intervenciones para todos los gustos. Unas dicen que el informe vale cero, y otras señalan lo contrario. Luego de una lectura certera y profunda del informe, y de haber asistido no sólo a esta, sino a las anteriores comisiones investigadoras sobre el Transantiago y de haber participado activamente en ellas, uno llega a una sola conclusión: aquí se hizo todo mal. Se hizo mal, de espaldas al Congreso y, en definitiva, a espaldas de cada una de las señoras diputadas y de los señores diputados presentes en la Sala. Cuando se pretende llevar adelante un sistema de transporte, que es regulado por esencia, debe existir una ley que lo reglamente. Tenemos un sinnúmero de ejemplos de marcos legales regulatorios en Chile, que son completos, íntegros, y que, en definitiva, funcionan bien, como las leyes previsionales, de telecomunicaciones, de bancos, de electricidad, en fin. Hay sistemas regulados en forma completa, pero real, como corresponde. ¿Qué tenemos ahora? Un sistema que partió mal, y que fue regulado de manera deficiente. Eso ha acarreado todos los problemas que hoy estamos afrontando, no sólo el diseño y la implementación del Transan- tiago, sino también todo el descalabro financiero que se ha producido. ¿Por qué digo que partió mal? Vamos a refrescar la memoria. En 1998 se modificó un artículo de una ley, donde se le pide al Estado -por así decirlo- que asuma el control de la plataforma de los bienes nacionales de uso público calle. Tal cual. A través de esa modificación legal, se estructura todo el descalabro que conocemos como Transan- tiago, de espaldas a la gente, entre cuatro paredes, firmando contratos que después se modifican, no cumpliendo, etcétera. Al mismo tiempo, los ministros le dan dedicación exclusiva a ese problema, olvidando los demás problemas de transporte que también le corresponden a la Cartera. Hace algunos días, el ministro de Transportes ni siquiera asistió a la Comisión de Transportes para tratar temas de EFE, porque está preocupado exclusivamente del Transantiago, debido a que ha producido una cantidad de dolores de cabeza que no se han podido solucionar. Esos problemas, que parten por una mala regulación, por una regulación incompleta, por hacer las cosas mal, definitivamente, como dije al inicio de mi intervención, llevan al descalabro financiero. No nos acordemos, por favor, de todo el descalabro de implementación y diseño del Transantiago, que todos conocemos, sabemos lo mal que funcionó y que se ha sufrido durante estos más de dos años. Hoy, ese descalabro financiero también forma parte del Transantiago y llevó a que se conformara la Comisión Investigadora. Quiero recordar a la Sala que antes el sistema de transportes se autofinanciaba. Siempre lo hemos dicho: el sistema de las micritos amarillas, malo, deficiente, y todo lo que se quiera, se autofinanciaba, generaba utilidades al fisco, a los dueños de las micros, a los operadores y transportaba a la gente de un lugar a otro, a lo mejor no tan dignamente, pero lo hacía. Hoy hemos pasado a un sistema que genera pérdidas por 60 millones de dólares mensuales, algo así como 36 mil millones de pesos mensuales, pese a que el ministro de Hacienda de la época, señor Eyzaguirre, dijo que iba a funcionar tiquitaca, con una tarifa plana de 380 pesos. El tiquitaca llegó hasta ahí no más y hoy enfrentamos un déficit superior a 60 millones de dólares mensuales. Se ha recurrido a diferentes estructuras financieras legales erróneas, pasando por alto al Congreso. Una de ellas, el préstamo de 80 millones de dólares del Metro para auxiliar al Transantiago. Un grupo de diputados fuimos a reclamar a la Contraloría, que dijo: párele, eso no puede ser; eso va más allá del objeto social del Metro. Los ministros de Hacienda y de Transportes nos dijeron aquí mismo y en la Comisión de Transportes que eso estaba perfecto, que había un pagaré, que no existía problema alguno. Pues bien, a los pocos días la Contraloría dice: eso no sirve, escapa del objeto social, lo excede, hay que devolver la plata. Luego, se siguió pasando dinero al Transantiago, hasta que llegamos al famoso crédito express del Banco del Estado, que en un día le entregó 160 millones de dólares al Transantiago. No creo que exista otra operación financiera que en un día consiga 160 millones de dólares, de no mediar el llamado de un ministro al Banco del Estado, del cual es dueño, para que le pase esa plata. Creo que ni el patito de la publicidad de esa institución financiera es capaz de dar semejante crédito con tanta rapidez. Por último, terminamos con el crédito BID, la guinda de la torta. Además, se le trata de hacer aparecer como una operación entre privados, en circunstancias de que en marzo el ministro de Transportes viaja a las oficinas del BID a gestionar el crédito, y los representantes del AFT firman el contrato con el BID amarrados de manos, de pies y vendados, porque el ministro se los pidió. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad alguna de negarse. Hagamos la siguiente reflexión. ¿Alguien cree que el BID, ya no en un día, sino en treinta días, va a prestar esa cantidad de dinero, 400 millones de dólares, a los operadores dueños de buses, sin garantía, sin que el Estado chileno esté detrás? Creo que no. Claramente, el BID entra en esa operación porque el Estado está detrás, porque se involucra el patrimonio del Fisco. Se nos ha tratado de hacer creer que en esa operación no está involucrado el patrimonio del Estado, porque los papeles se habrían presentado en la ventanilla de atención a privados del BID. Ésa fue una de las razones que dio el ministro en la Comisión Investigadora. También se ha dicho que la garantía que debía asumir el Estado no es soberana, sino un subsidio de contingencia. Es garantía igual. La primera es una garantía solidaria que responde a todo evento; la segunda, una garantía subsidiaria. La única diferencia radica en que primero se le aprieta el cuello a los operadores, a los dueños de los buses, y si no pagan, debe hacerlo el fisco. Sin duda, no van a pagar; por lo tanto, tiene que pagar el Fisco. Pero es una garantía igual, tiene distinto nombre, una es solidaria, la otra es subsidiaria; da lo mismo. En definitiva, detrás está el compromiso del Estado. Después de recordar todas estas operaciones financieras mal hechas y que han llevado al descalabro, llegamos a la conclusión de que hoy estamos entrampados, pues el Transantiago tiene un déficit de más de 500 millones de dólares, de más de 60 millones de dólares mensuales, y no hay solución. Por lo tanto, queremos dejar fehacientemente establecido que aquí se construyó una operación legal y financiera, en un contrato con el BID, para cubrir el déficit del Transantiago, a espaldas del Congreso. Eso es lo más grave que podemos concluir. Además, se utilizó la ley mañosamente, porque esa famosa Cuenta Especial de Reembolso no está habilitada para endeudarse en el exterior ni internamente, sino para reembolsar al Estado los fondos que presta. En este contexto, dos personas actuaron en forma mañosa: los ministros de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones. Habría sido bueno que hubiesen estado presentes en la Sala, al igual como acudieron a la Comisión Investigadora. A mi juicio, ellos iniciaron esa acción que perjudicó muy fuerte el patrimonio del fisco, hecho que nos ha colocado en una situación enredada, pues no sabemos cómo se devolverá ese dinero. En cuanto al BID, debo manifestar que actuó en forma absolutamente desprolija. El informe de la Comisión Investigadora da cuenta de eso. Por otro lado, deseo expresar que todo aquí se sustenta en la afirmación de que existe un par de informes de oficinas de abogados que justificarían esa operación. Lo mismo se nos dijo cuando se concretó la operación con el Metro, cuando se pidió el crédito al Banco del Estado, y una tras otras han ido cayendo. Ojalá que esta investigación seria y responsable, sus consideraciones y conclusiones sirvan de base para empezar a hacer las cosas bien, para buscar en el Congreso Nacional, donde corresponde, y no a sus espaldas, la solución al sistema de transporte denominado Transantiago, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también financiero. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl Súnico. El señor SÚNICO.- Señor Presidente, la asistencia de diputados en la Sala y el poco entusiasmo con que se está desarrollando el debate no refleja la gravedad que la Alianza le ha querido imprimir a este informe. Ello se debe a que en esto se ha actuado de acuerdo con la ley que autoriza a los Ministerios de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones a crear la Cuenta Especial destinada al reembolso de los aportes efectuados por el fisco y de los compromisos asumidos con cargo a la cuenta, norma aprobada por este Congreso Nacional. Esa cuenta fue creada con capacidad para endeudarse. Para ello, era menester la autorización de los Ministerios de Transportes y de Hacienda. ¿Qué hicieron los ministros? Dieron la autorización para que se gestionara ese crédito. Ahora, ¿la dieron por darla? No, pues hay un conjunto de componentes. El Banco Interamericano de Desarrollo autorizó el crédito vía la ventanilla sector privado; no por la que otorga créditos a los Estados. Eso fue ratificado por el Banco Interamericano de Desarrollo -no lo dicen sólo los ministros-, cuando sostiene que el crédito fue autorizado vía la ventanilla de créditos privados, porque el solicitante era un privado. ¿Qué privado? La Cuenta Especial de Reembolso. ¿Quién crea la Cuenta Especial de Reembolso? Una ley de la República aprobada en este Congreso Nacional. Luego de eso, los decretos, con las autorizaciones, fueron enviados a la Contraloría General de la República, porque los ministros no podían echarlos a andar si no había toma de razón de ese organismo. El contralor y su equipo jurídico decretaron la legalidad de ese acto jurídico, después de lo cual se inició la operación del crédito, su materialización y su gasto. Por otro lado, existe un conjunto de informes jurídicos que avalaron la procedencia del crédito y las facultades de los dos ministros para autorizar los contratos de endeudamiento y firmar los decretos que firmaron. Hay informes de asesorías jurídicas de los ministerios, pero también del Administrador Financiero del Transantiago, solicitados tanto en el extranjero como en el país: la Contraloría y su equipo jurídico también dieron validez a la solicitud del crédito. Más adelante, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la obtención de ese crédito, y cuando pide a los ministerios y a la Contraloría que informen jurídicamente por qué tomaron esa decisión, la Contraloría vuelve a informar la legalidad de los actos administrativos desarrollados por los ministros de Estado. De esa manera queda de manifiesto cierto vacío institucional, problema que no es menor. Está en discusión cuál es el valor de la toma de razón de la Contraloría en la institucionalidad chilena. Todos los funcionarios públicos de los distintos ministerios entienden que una vez que la Contraloría ha tomado razón de un contrato, licitación o adjudicación de cualquier obra pública se sienten protegidos y que pueden actuar en consecuencia. Respecto de este tema, hay un vacío en la legislación. En la Comisión discutimos sobre lo que pasaría si el Congreso Nacional aprobara la pena de muerte, los jueces la aplicaran, luego un grupo de parlamentarios reclamara al Tribunal Constitucional y éste concluyera que eso afecta el derecho a la vida, con lo que ese hecho pasa a ser inconstitucional. ¿Quién responde por los ejecutados en virtud de la ley? Lo mismo sucede acá. Aquí hay un crédito que se otorgó cumpliendo todos los parámetros establecidos por ley. Con posterioridad a su efecto, es decir, al gasto de una parte importante del mismo, se produce un fallo del Tribunal Constitucional. En ese caso, ¿quién paga lo que se gastó, en circunstancias de que los ministros actuaron en virtud de una ley y la toma de razón de la Contraloría? Por eso, más que hacer un juego político con esta situación, deberíamos resolver este vacío institucional. No es posible que los funcionarios públicos pierdan la fe en la toma de razón del organismo contralor, pues eso produce una parálisis en el actuar del Estado. En cuanto al trabajo de la Comisión, anuncio mi rechazo al informe, porque no guarda relación con los antecedentes que conocimos durante la investigación, sino, básicamente, con la construcción de una mayoría política para hacer presente un reproche a algunos ministros de Estado. A mi juicio, ése no es el sentido de lo que hemos conocido en la Comisión Investigadora. Las conclusiones del informe son bastante ridículas a la luz de los antecedentes jurídicos y técnicos que analizamos. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte. El señor URIARTE.- Señor Presidente, muchas veces me he preguntado cuánta gente ve estas sesiones por televisión. No sé si el Canal de la Cámara tiene indicadores de rating, pero lo concreto es que cualquier persona de mediano juicio que vea esta sesión entenderá muy poco, porque verá un diálogo de sordos. En algunos casos, escuchará palabras técnicas, algo rebuscadas; pero entenderá muy poco de lo que se está discutiendo. Por lo anterior, para que nos entendamos y hablemos clarito, deseo expresar que estamos en presencia de un informe de la segunda Comisión Investigadora que se crea con motivo del Transantiago para investigar hechos irregulares, que podrían comprometer el patrimonio fiscal y poner en grave riesgo el interés superior del fisco, por decirlo de una forma simple. Pero, el problema principal es que estamos ante dos Transantiago, es decir, ante dos desastres. Primero, el que todavía se puede apreciar en las calles. Según la última encuesta, el Transantiago aún no logra superar el 20 por ciento de aprobación. Seguimos viendo el mismo desastre: trasbordos desproporcionados, recursos que no se justifican, mallas de recorridos mal diseñadas, mal implementadas; tiempos de espera irracionales, deterioro de la calidad de vida de las personas que usan el Transantiago, no sólo de los santiaguinos, sino también de quienes deben viajar a Santiago para trabajar o para hacer alguna diligencia. Ése Transantiago ciudadano, ese desastre, tiene un correlato: otro Transantiago, ya no el de las calles, sino el normativo, el de los papeles. El diputado Cristián Monckeberg decía muy bien que, en este caso, no existe un marco regulador. En otros sectores de la economía hay superintendencia y leyes especiales que regulan la distribución de agua potable, energía eléctrica, gas, telefonía, etcétera. Aquí no existe nada, y ésa puede ser la causa del desorden normativo. Otra de las causas del desastre es que ni a este Gobierno, ni al anterior, ni al otro, ni al otro, jamás se les ocurrió legislar sobre esta materia para crear un sistema de transporte público; si se entendía como un servicio público, era necesario legislar, como ocurrió con la reforma de la salud, que suponía crear una institucionalidad que se hiciera cargo de administrar y de fiscalizar el cumplimiento de las normas que estábamos aprobando. Pero, en este caso, nada de eso se hizo; se pasó por fuera de la calle Pedro Montt, y todo se resolvió en Amunátegui, en Santiago, a 120 kilómetros del Congreso Nacional. Se convirtió en una práctica frecuente solucionar todo vía reglamentos y decretos exentos, muchos de los cuales no pasaban por la Contraloría. Así, se llama a licitaciones que nadie sabe de dónde salen y que se fundamentan en algún artículo de una ley que tampoco es tal. Ahí está el resultado: desastre normativo. Por eso, fue necesario que intervinieran la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y que se creara una segunda comisión investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque las cosas se están haciendo mal; se triangulan fondos públicos, se utiliza una empresa pública, se acude a un banco internacional, va un ministro a pedir plata, etcétera. ¿Para qué? Para tapar un hoyo que no se pudo tapar aquí. De esto es de lo que se está dando cuenta hoy en este informe de la Comisión Investigadora del crédito BIDTransantiago. Lamentablemente, todo se hizo mal. Sólo hay un elemento que es la línea conductora de las dos comisiones investigadoras y que no podemos dejar de mencionar: la porfía contumaz de este Gobierno. Se le advirtió en todos los tonos que, en esta materia, lo estaba haciendo mal, que no era la forma de financiar un servicio público, que se requería una ley, pero no cualquier ley. El Gobierno nos decía que nosotros le estábamos negando financiamiento por ley. Sí, pero, ¿como le íbamos a aprobar un financiamiento formulado en forma tan inadecuada? Todo mal hecho, no sólo porfía contumaz, sino imprudencia temeraria. Cuando se juega con las platas fiscales, que son de todos los chilenos, hay que ser prudente y no imprudente como ha ocurrido hasta ahora. Por eso, llamamos a los colegas a votar favorablemente el informe de la Comisión Investigadora, para que nunca más tengamos que perder tiempo enseñándole al Gobierno cómo se debe gobernar el país. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, en el escaso tiempo de que dispongo, sólo quiero decir que los argumentos que se pueden dar para rechazar este informe son más que claros. Después de escuchar a los diputados de la Alianza, me queda muy claro que, efectivamente, no existe en ellos el ánimo de mejorar el Transantiago y, por tanto, las condiciones de vida de nuestra gente. En todas las votaciones en que han estado comprometidos recursos para el Transantiago, con el objeto de evitar que suban los pasajes y de mejorar el sistema, ellos han votado sistemáticamente en contra. ¿Con qué fin? ¿Para mejorarlo? No, para que suban los pasajes y, después, dar conferencias de prensa en las cuales dicen que se está perjudicando a la gente. Por lo tanto, está más que claro que el ánimo de los diputados de Oposición es, simplemente, torpedear y torpedear, sin hacer ningún aporte positivo para mejorar el Transantiago que, si bien es cierto no está funcionando ciento por ciento bien, como quisiéramos todos, no se puede dejar de reconocer que se ha avanzado. Se formó una comisión investigadora, de la cual formé parte, donde se formularon algunas soluciones que fueron recogidas por el Ministerio de Transportes. En verdad, cuando se dice que se están haciendo cosas a espaldas del Congreso Nacional, que hay licitaciones que se sacan de debajo de la manga, lo único que se pretende, con palabras vanas, es sembrar desconcierto entre las personas. Como aquí existe el ánimo de torpedear y no de mejorar, anuncio mi voto en contra del informe de la Comisión Investigadora. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Cerrado el debate. El señor Secretario va a dar cuenta de los pareos registrados. El señor LOYOLA (Secretario).- Se han registrado los siguientes pareos: el señor Enrique Accorsi con el señor Osvaldo Palma; el señor Sergio Bobadilla con el señor Iván Paredes; el señor Renán Fuentealba con el señor Iván Moreira; el señor Carlos Abel Jarpa con la señora María Angélica Cristi; el señor Roberto León con la señora Marcela Cubillos; el señor Mario Venegas con el señor Maximiano Errázuriz; el señor Patricio Walker con el señor Pablo Galilea; el señor Alejandro Sule con el señor Juan Masferrer; el señor René Manuel García con el señor Jaime Quintana; el señor José Pérez con el señor Rosauro Martínez; el señor Samuel Venegas con el señor Jaime Mulet, y el señor René Alinco con el señor Esteban Valenzuela. El señor ENCINA (Presidente).- En votación el informe de la Comisión Investigadora. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D'albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Vidal Lázaro Ximena. -Se abstuvo el diputado señor Escobar Rufatt Alvaro. VII. PROYECTOS DE ACUERDO FINANCIAMIENTO PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE CONJUNTOS HABITACIONALES. El señor ULLOA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 710, de los diputados señores Von Mühlenbrock, Uriarte, de las señoras Turres, doña Marisol; Nogueira, doña Claudia; de los señores Moreira, Melero, Lobos, Forni, Dittborn, Álvarez, Masferrer y Chahuán, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a la señora ministra de la Vivienda y al señor ministro de Hacienda que cuando se determine la construcción de conjuntos habitacionales sociales en una determinada comuna, se disponga de igual forma de los recursos económicos necesarios para el financiamiento de dichas poblaciones, ya sea a través de recursos contenidos en la Ley de Presupuestos para estos efectos o provenientes del Fondo Común Municipal, a fin de que cubran a lo menos los gastos relativos a la iluminación pública, derechos de aseo, mantención de áreas verdes como parques y jardines, extracción de basura y en general cualquier otro que diga relación con el mantenimiento y seguridad de la misma. Y de esta forma evitar que la Municipalidad distraiga recursos propios que van en beneficio de todos los habitantes de la comuna.”. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Salaberry Soto Felipe; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. FACILIDAD A ADULTOS MAYORES PARA ACCEDER A BENEFICIOS OTORGADOS POR EL METRO. El señor ULLOA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 711, de los diputados señores Von Mühlenbrock, Uriarte, Salaberry, Moreira, Melero, Álvarez, Forni y Dittborn; de las señoras Turres, doña Marisol y Nogueira, doña Claudia, y de los señores Barros y Chahuán, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al ministro secretario general de la Presidencia y al presidente del Metro que adopten a la brevedad todas las medidas necesarias para que nuestros adultos mayores puedan acceder de manera fácil y efectiva a la obtención de pasajes rebajados en ese medio de transporte público, y para ello se hace necesario que se eliminen todas las trabas burocráticas que hoy existen para la obtención de tal beneficio. Para estos efectos solicitamos que la obtención del pase rebajado se obtenga con la sola presentación de la cédula de identidad que acredite que la persona de que se trate es un adulto mayor. Que se habilite el número suficiente de estaciones del Metro para que se puedan entregar las mayores facilidades a fin de efectuar el trámite señalado en el punto anterior. Que el número de pasajes diarios no se restrinja a sólo dos y que no se limite a horarios restringidos. Que su vigencia sea semestral y no bimensual como sucede en la actualidad. Que se les otorgue una tarjeta magnética, similar a la de los estudiantes, para que puedan libremente cargarla en la medida de sus posibilidades y acceder al transporte del Metro con más comodidad. Y en general la implementación de toda medida tendiente a facilitar el desplazamiento de nuestros adultos mayores en la ciudad.”. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry. El señor SALABERRY.- Señor Presidente, en varias ocasiones la Cámara de Diputados se ha pronunciado sobre proyectos de similar naturaleza. En la Región Metropolitana muchos adultos mayores ocupan el Metro, quienes cuentan con un par de pasajes rebajados durante los horarios de baja afluencia de público, pero ello no siempre los beneficia, ya que la concurrencia a consultorios o a otros servicios debe realizarse en las primeras horas de la mañana. Por eso, el proyecto de acuerdo que suscribimos solicita al presidente del Metro estudiar la posibilidad de que la rebaja tarifaria para los adultos mayores opere de manera automática, sin cargas burocráticas; o sea, que la presentación de la cédula de identidad sea suficiente para acreditar la condición de adulto mayor. Asimismo, queremos que se les entregue una tarjeta magnética con una tarifa rebajada no sólo durante los horarios de baja densidad de público, sino todo el día. Solicitamos la aprobación del proyecto de acuerdo para beneficiar a los adultos mayores de la Región Metropolitana. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Burgos Varela Jorge; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Escobar Rufatt Alvaro; Estay Peñaloza Enrique; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Monckeberg Díaz Nicolás; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paya Mira Darío; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Schilling Rodríguez Marcelo; Díaz Díaz Marcelo; Farías Ponce Ramón; Montes Cisternas Carlos. SISTEMA DE MEDICIÓN ALTERNATIVO A LA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA, PSU, PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL. (Pendiente). El señor ULLOA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 712, de los señores Chahuán, Ojeda, Godoy, Monckeberg, don Cristián; Escobar, Valenzuela, EnríquezOminami, y de las diputadas Pérez, doña Lily y Sepúlveda, doña Alejandra, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a la ministra de Educación disponer la implementación de un sistema de medición de conocimientos, de carácter alternativo a la PSU, para ser aplicado a alumnos con discapacidad visual que postulan a la educación superior.” El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en diciembre pasado, a través de medios de prensa, nos enteramos del caso de una estudiante con discapacidad visual que, pese a tener un promedio de notas 6,3, no le fue permitido rendir la Prueba de Selección Universitaria, PSU, pues los formularios usados para tal efecto no se han diseñado para postulantes con ese tipo de discapacidad. Así lo señaló un personero del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, entidad a cargo de la prueba. Esta justificación no resulta en ningún caso aceptable, por cuanto, dada la tecnología informática actual es perfectamente posible contar con un catastro tanto a nivel regional como nacional de los alumnos que postulan a la educación superior y que padecen este tipo de discapacidad, a fin de diseñar para ellos un sistema de medición de conocimientos alternativos a la PSU. Al no obrar de este modo se está cometiendo un acto de discriminación inaceptable, por cuanto se establecen diferencias arbitrarias que, por cierto, no se compadecen ni con el principio de igualdad, consagrado en nuestra Carta Fundamental, ni con las disposiciones de la ley Nº 19.284, cuyo propósito, en esencia, es establecer normas para la plena integración social de las personas con capacidades diferentes. En ese sentido, queremos hacer un llamado a la ministra de Educación, a fin de que disponga la implementación de un sistema de medición de conocimientos de carácter alternativo a la PSU para ser aplicado a alumnos con discapacidad visual -o capacidad diferente- que postulen a la educación superior. Esto nos parece un imperativo para acabar con una discriminación inaceptable que perjudicó a una alumna de extraordinario rendimiento escolar, quien, lamentablemente, por la falta de adecuaciones necesarias en el sistema, no pudo rendir esta prueba de selección universitaria. Solicito a los diputados presentes en la Sala aprobar por unanimidad el proyecto. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, apoyo el proyecto de acuerdo en debate, porque apunta en la dirección correcta. De acuerdo con las modernas tendencias en materia de no discriminación, proporciona a quienes padecen discapacidad visual los instrumentos necesarios para enfrentar en igualdad de condiciones la PSU. Por eso, es atendible solicitar a la ministra de Educación que disponga la implementación de un sistema de medición de conocimientos de carácter alternativo a la PSU para ser aplicado a los alumnos con discapacidad visual y que postulan a la educación superior, con el objeto de evitar discriminaciones o actos de injusticia arbitrarios, como el que da cuenta el proyecto de acuerdo. En efecto, en diciembre pasado, una persona con discapacidad visual no pudo rendir la Prueba de Selección Universitaria, pese a tener un promedio de notas alto, pues los formularios no están acondicionados para quienes padecen esa discapacidad. Por lo anterior, espero que el proyecto de acuerdo se apruebe por unanimidad. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra ¿Habría unanimidad para aprobarlo? No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a llamar a las señoras diputadas y a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor ULLOA (Vicepresidente).- En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum. Queda pendiente para la próxima sesión la votación del proyecto de acuerdo. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos. aspx VII. INCIDENTES ANTECEDENTES SOBRE OBRAS DE MITIGACIÓN VIAL POR PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TÚNEL SAN CRISTÓBAL. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el primer turno, correspondiente al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, en la mañana de hoy, en una radio de Santiago escuché que el ministro de Obras Públicas anunció que el próximo sábado -en un par de días más- entrará en funcionamiento a plenitud el túnel San Cristóbal, que comunica la comuna de Providencia con la de Huechuraba, y que hoy opera a tres cuartos de su capacidad. El túnel en dirección surnorte funciona las veinticuatro horas; pero el que va de norte a sur, es decir, de Huechuraba hacia Providencia, lo hace en forma parcial y, en particular, deja de funcionar en horas punta o de mayor tránsito. Sobre el anuncio del ministro, que se materializará el próximo martes, entiendo que a las cero horas, en que empezará a funcionar en plenitud el túnel de norte a sur, quiero preguntar las razones por las cuales se ha tomado esa decisión; si están vinculadas a la entrega de las obras de mitigación, que siempre se han estimado indispensables para evitar que en el lugar se produzca un grave problema de tránsito público. En especial, quiero saber qué pasará con una de las obras de mitigación que se anunció como básica, que sería construida por la empresa Cencosud. Entiendo que el puente básico de mitigación ni siquiera ha empezado a ser construido y que el edificio ha quedado parado. En consecuencia, ya hay una obra de mitigación que no estará lista, porque accedía a lo principal, y el edificio, más bien conocido como “Paulmann Memorial”, ha quedado absolutamente postergado y, por lo tanto, la obra de mitigación también. Me parece que ese hecho es delicado. No sé si en reemplazo de esa obra de mitigación se han determinado otras ni cuándo comienzan a funcionar. Entonces, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas, a fin de conocer las razones por las cuales se tomó la decisión de abrir en plenitud ese túnel en la dirección indicada; cuáles son las obras de mitigación que comienzan a funcionar el sábado por la noche, o si no están listas, cuándo empiezan a funcionar, para evitar el problema de tránsito que todo el mundo está de acuerdo con que se va a presentar. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican. ENVÍO DE PROYECTO SOBRE NUEVO CÓDIGO PENAL. Oficio. El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Justicia para que tenga a bien informar a esta Cámara cuándo se ha estimado enviar la propuesta legislativa sobre un nuevo Código Penal. Desde hace bastante tiempo se viene anunciando, incluso en un mensaje de 21 de mayo de su excelencia la Presidenta de la República, de hace dos años si no me equivoco, que antes del fin de su Gobierno se pretendía enviar un nuevo Código Penal. Es verdad, es cada día más indispensable contar con este nuevo cuerpo legal, dada la asimetría de las penas por delitos que son más bien decimonónicos y que no corresponden a la cotidianidad ni a la necesidad social. No se logra nada haciendo cambios puntuales. Cada vez que se comete algún delito, bien intencionadamente se presentan mociones. Por ejemplo, ahora, para aumentar las penas a los jóvenes que agredan a profesores o por el incremento de robos de cajeros automáticos, pero la cosa no va por ahí, sino por un Código Penal que tome en cuenta las conductas sociales y dé una visión general sobre la aplicación de las penas. Considero indispensable el envío de ese proyecto y quiero saber si el Gobierno sigue en la línea de enviarlo antes del fin de su mandato, o si derechamente se ha tomado la decisión de postergar dicho envío. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican. RECONOCIMIENTO A LONCO LEONARDO CUANTE LONCOMAN, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU MUERTE. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hay un hecho que es muy significativo para quienes representamos el distrito Nº 54, que comprende la provincia del Ranco, antiguamente provincia de Valdivia. Se ha cumplido un año del deceso de uno de los más importantes líderes indígenas, o de los pueblos originarios, los huilliches, don Leonardo Cuante Loncomán, el lonco mayor de la provincia. La comunidad de Lago Ranco y sus autoridades, entre las que me cuento, hemos querido recordar y entregar una vez más el agradecimiento a este hombre tan respetado y querido, y de tan respetables ideas, por todo lo que logró hacer por su pueblo huilliche, a quienes representó y nos dio la oportunidad de conocer un poquito más su historia y la verdadera cultura que todavía hoy profesan. Sin duda, fue un ciudadano ejemplar. En la ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la oportunidad, estuvo presente su hija Juanita Cuante, quien destacó que este primer aniversario de su muerte es motivo de alegría y no de dolor, porque Cuante vive en su pueblo originario, Nehuen Mapu, donde sigue aportando con su fuerza nehuen para el avance del pueblo y su cultura. Desde este hemiciclo quiero hacer llegar al pueblo mapuche huilliche de mi distrito este humilde recordario y reiterar el apoyo a quienes responsablemente también hoy están a la cabeza de esa comunidad mapuche huilliche de la región de Los Ríos. A ellos quiero recordarles que Leonardo Cuante ha dejado un legado que los enaltece y que nos lleva a pensar que el pueblo chileno, de alguna forma, ha variado su idea respecto de los pueblos originarios justamente por la calidad con que algunos de sus más altos dignatarios o loncos -la gran mayoría, diría yo- han dado a conocer su cultura y conocimientos al resto del país. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se adhiere a su reconocimiento el diputado señor De Urresti. INCLUSIÓN DE ISLA DE MANCERA EN PLAN DE CONECTIVIDAD AUSTRAL E INFORMACIÓN SOBRE FECHA DE DRAGADO DEL MUELLE DE NIEBLA. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, entre los programas de obras públicas del Gobierno que se han implementado en el último tiempo, cobra especial relevancia el plan de conectividad austral que va a permitir, especialmente en la región de Los Ríos, conectar las comunas de Corral con Valdivia, facilitando el transporte fluvial de Niebla, Corral e Isla del Rey. Durante enero, en la comuna puerto de Corral se realizó una importante reunión con el subsecretario de Transportes y con el director nacional de Obras Portuarias. En esa ocasión, junto con celebrar la iniciativa, que favorecerá enormemente a los habitantes de Corral, quienes se comunican día a día por el estuario valdiviano, solicitamos expresamente a las autoridades la posibilidad de incluir a la Isla de Mancera en la ruta Corral-Niebla que cubrirá la barcaza. La presidenta de la Junta de Vecinos de esta importante comunidad y todos los dirigentes han solicitado también ser punto de conexión del circuito de transporte marítimo Niebla-Corral, que incluye el sector Carboneros de Isla del Rey. La Isla de Mancera pertenece a la comuna de Corral y es visitada por gran cantidad de turistas; sin embargo, sus habitantes ni siquiera tienen la posibilidad de sacar la basura o de conectarse de manera más efectiva con la comuna. Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que establezca el itinerario para el diseño y construcción de una rampa que permita a la barcaza atracar en Isla de Mancera, en el marco del plan de conectividad del estuario valdiviano. En segundo lugar, pido que se oficie al mismo secretario de Estado y, por su intermedio, al director de Obras Portuarias, para que informen el calendario de dragado del río Valdivia en la zona del muelle de Niebla. Las asociaciones de lancheros han señalado que el sector que circunda el muelle de Niebla -me consta porque he embarcado y desembarcado en innumerables oportunidades-, especialmente en la parte más cercana al mar, está con un importante embancamiento. Necesitamos que se realicen con urgencia las obras de dragado, de manera que el servicio de lanchas opere con seguridad para los pasajeros y para los patrones de las naves. Pido que copia de mis intervenciones sean enviadas a las Juntas de Vecinos de Isla de Mancera y a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna de Corral y al concejo de ese municipio. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Díaz, don Marcelo; Sabag, Robles, GarcíaHuidobro, de la diputada señora Ximena Valcarce y de quien preside. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, hace un par de días nos enteramos con estupor de un dramático acontecimiento ocurrido en un colegio de la Región Metropolitana: un alumno apuñaló a su profesora. Más allá de las particularidades del hecho y de que el joven había tenido que suspender el tratamiento al cual estaba siendo sometido por falta de recursos, el caso nos revela que existen serios problemas de convivencia escolar. Al respecto, hemos manifestado nuestra preocupación en esta Cámara, en los medios de comunicación y también a las autoridades del Ministerio de Educación. A fines de 2008, quien habla y la diputada Denise Pascal Allende nos reunimos con la ministra de Educación, quien nos hizo una exposición de la política nacional de convivencia escolar que esa Cartera pretende impulsar. Hechos como el señalado hacen cada vez más urgente su implementación. Estoy convencido de que la creciente exposición de nuestros niños y de nuestras niñas a los fenómenos de violencia que muestran los videojuegos, los programas de televisión o las nuevas tecnologías puede ocasionarles efectos negativos en el desarrollo conductual. Las nuevas tecnologías son una fuente de oportunidades inigualable, pero bajo control; sin control, pueden convertirse en un arma muy poderosa y ocasionar mucho daño. Por lo tanto, esa exposición diaria de nuestros niños a la violencia puede llevarlos a desarrollar formas de convivencia no sanas. Desde esa perspectiva, es fundamental y necesario que nos ocupemos de desarrollar hábitos de conductas respetuosas y tolerantes en nuestros colegios. Teniendo presente ese lamentable hecho que conmocionó a todo el país, reitero mi preocupación e interés por que esa política nacional de convivencia escolar, cuyas bases nos expuso la ministra de Educación en aquella reunión privada, sea pronto realidad. Urge que desarrollemos esta política con los profesores y con las comunidades educativas, pero principalmente con nuestros niños y nuestras niñas en todos los colegios, en el campo, en la ciudad, en todo Chile. Eso es lo que nuestro país espera y necesita. Por eso, pido que se oficie a la ministra de Educación a fin de que acelere la puesta en marcha de la política nacional de convivencia escolar; que se implemente en todas las escuelas y colegios de Chile, para educar en los valores de la convivencia, de la tolerancia y del respeto a nuestros niños y a nuestras niñas. La educación en valores es la única forma de evitar que se repitan hechos de la gravedad que hemos conocido. Pido que copia de mi intervención se envíe a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, de forma de impulsar este tema en mi región, a pesar de que ya estamos trabajando en ello con las autoridades regionales y municipales. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA CONTAGIO DEL VIRUS DENGUE. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, el país vecino, Bolivia, está siendo afectado por un problema de salud pública bastante serio. Hay más de 32 mil personas infectadas por el virus del dengue y han fallecido más de 21 ciudadanos bolivianos por dengue hemorrágico. El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por el mosquito Aedes Aegypti. En nuestro país no tenemos presencia de dengue; sin embargo, en el pasado se pesquisaron algunos mosquitos Aedes Aegypti, particularmente en el distrito que represento. En Chile no se han detectado casos de dengue, es de vital importancia que el Ministerio de Salud adopte las medidas del caso y esté en alerta epidemiológica, sobre todo si consideramos el constante desplazamiento de personas desde Bolivia a nuestro país. Si no estamos alerta a las condiciones sanitarias, es muy factible que el dengue nos llegue en forma casi imperceptible. El dengue es una enfermedad de transmisión rápida y de duración limitada. Si bien en la mayoría de los casos el cuadro que se presenta no es de gravedad, un 5 por ciento de las personas presenta el dengue hemorrágico, que es la forma más grave de la enfermedad y que produce la muerte si no se trata adecuada y oportunamente. Dado que en mi Región ha habido casos de dengue, dada la gran cantidad de contagiados por el mosquito Aedes Aegypti en Bolivia y dado que el norte de Chile es la puerta de entrada principal que tendría esta patología -si es que ingresa-, pido que se oficie al ministro de Salud para que me informe sobre las actividades preventivas que está desarrollando esa Cartera. Asimismo, le solicito que establezca una alerta sanitaria en el norte de Chile, por lo grave que puede resultar que ingrese esa patología al país. Además, pido enviar copia de mi intervención a la Dirección de Salud y a la seremi de Salud de la Región de Atacama, para saber qué están haciendo en relación con este problema. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE CONECTIVIDAD VIAL EN BENEFICIO DE LOCALIDADES DE PUERTO MONTT Y CHILOÉ CONTINENTAL. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité PRI-Independientes, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero manifestar mi inquietud y tristeza por la gran preocupación que genera todo lo relacionado con la Región Metropolitana, lo que contrasta con lo que ocurre al sur de Puerto Montt, ya que a pocos kilómetros de esa ciudad se acaba el pavimento. Incluso, el camino de tierra entre Puerto Montt y caleta Larenas, hacia Hornopirén, está en pésimas condiciones. El país necesita conectividad y obras públicas reales. No sé por qué el gobierno no ha hecho un esfuerzo para lograr esa conectividad y unir a nuestro país por tierra. Los anuncios que hace sobre aumento de transbordadores para la zona son muy importantes, pero es una solución de parche que no resuelve el problema de fondo de la conectividad del país. Por eso, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que nos explique los motivos por los cuales no se ha pavimentado el camino que une Puerto Montt, caleta Larenas y Hornopirén, lo que daría una mayor conectividad a dicha parte del país. Incluso, las personas deben pasar por Argentina para llegar a la zona austral de Chile, debido a la erupción del volcán Chaitén. Además, pido oficiar al Ejecutivo, con el objeto de que nos informe si se ha dado urgencia a la construcción del camino que unirá Hornopirén y caleta Gonzalo, lo que permitiría unir a las distintas ciudades de Chiloé continental. A pesar de no representar esa zona, he querido alzar mi voz para dar a conocer el sentir y la molestia de muchas personas que viven en esos lugares, quienes me señalaron que se sienten absolutamente desagregados del desarrollo del país y olvidados por las actuales autoridades. Solicito que nos informen sobre los proyectos para resolver esos problemas y si existe realmente voluntad política para dar conectividad a la zona austral del país. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indicamos. APLICACIÓN DE CONVENIO INTERNACIONAL RAMSAR EN FAVOR DE BOFEDALES DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra la señora Ximena Valcarce. La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, desde 2007 he estado preocupada de un tema relevante que se produce en la frontera con Perú. Se trata de los efectos que nos provoca la explotación minera que realiza Minsur, empresa peruana, a pesar de que esa labor la ejecuta en su territorio. Al comienzo se produjo una alerta porque esa explotación podía contaminar las aguas que bañan el valle de Lluta, lugar que produce una gran cantidad de productos agrícolas que llegan al sur del país en invierno. Los abogados de Minsur contrataron a un estudio jurídico de Chile, vinieron al Congreso, hablaron conmigo, hicieron otros estudios y, en cierta forma, me garantizaron que no se produciría la contaminación de esas aguas, lo que se ha cumplido hasta la fecha. Sin embargo, en este último tiempo, dirigentes indígenas, específicamente de la comuna de General Lagos, nos han dado a conocer un problema que se viene suscitando desde hace mucho tiempo, cual es que los bofedales transnacionales, como el Tripartito, el de Laguna Blanca y otros, están secos. Fui a terreno en febrero. Realmente, es lamentable ver que esos lugares están secos, lo que obedece a que, luego de efectuados los sondajes correspondientes, se está extrayendo agua en el sector fronterizo con Perú. Y esas aguas subterráneas transnacionales alimentan a nuestros bofedales. La Dirección Nacional de Fronteras y Límites, Difrol, solicitó hace poco un informe a la cancillería peruana para saber qué están haciendo con respecto al tema minero y con la extracción de esas aguas. Me extraña la lentitud de esa decisión, porque en agosto hablaron y estuvieron en terreno, pero recién ahora solicitan a su par peruano que informe al respecto. Por lo tanto, pido oficiar al canciller, con el objeto de que nos informe respecto de los pasos que seguirá después de que informe Perú, porque el problema que se ha producido no tendrá una solución inmediata, pues no recuperaremos los bofedales de un día para otro. Además, solicito oficiar a la ministra del Medio Ambiente y a la Conama, con el objeto de que se haga efectivo el convenio de Ramsar, que protege los bofedales, porque dicho tratado sólo ha reconocido al salar de Surire como humedal protegido, en circunstancias de que tenemos otros bofedales, como el de Chujlluta, el de Parcohaylla y los de otros sectores que no están protegidos, pero que es necesario proteger. Solicito que se haga efectivo ese convenio en las comunas de General Lagos, Putre, Camarones y Colchane, en la Región de Tarapacá, para evitar que se sigan secando esos bofedales que dan vida a todo el sector ganadero de la provincia de Parinacota y del sector altiplánico de la Región de Tarapacá. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quienes lo estamos indicando. INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIO DEL DENGUE. Oficio. La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, adhiero al oficio solicitado por el diputado Robles, ya que tenemos casos de dengue en Arica, Parinacota y Tarapacá. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Salud, con el objeto de que los servicios de Salud de Tarapacá y de Arica informen sobre las providencias que se están tomando al respecto, porque queremos que se apliquen medidas preventivas para enfrentar este problema y no decisiones tardías, tal como ha ocurrido con otros temas relacionados con nuestros vecinos, como ha sucedido con el caso de los bofedales, que acabo de plantear, y con otros. Es cosa de leer la prensa de Bolivia y del Perú para ver que es efectivo lo que señalo. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indicamos. MEDIDAS PARA GARANTIZAR SEGURIDAD DE PROFESORES EN LAS AULAS. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero solidarizar con el Colegio de Profesores por la agresión que ha sufrido una profesora de inglés en el ejercicio de su profesión, quien fue acuchillada por un alumno de 3º medio de un colegio de La Florida. Este tema es especialmente delicado, pues el 70 por ciento de los cargos docentes lo sirven mujeres. Ésta no es la única mujer que ha sido agredida en el ejercicio de sus labores. En general, los profesores son objeto de violencia por parte de muchos alumnos, lo cual refleja el estado actual de la situación familiar en Chile. Quienes hemos defendido férreamente a la familia desde el punto de vista legislativo, muchas veces somos tildados de conservadores y medievales. La violencia que se ha generado al inte- rior de la familia -aquí votamos un proyecto de ley sobre el femicidio- se está extendiendo a las aulas. En Estados Unidos ha habido crímenes dentro de ellas, de lo cual hemos sido testigos mudos. En primer lugar, solidarizo con las profesoras que hacen patria por las futuras generaciones. En segundo lugar, solicito que se oficie a la ministra de Educación para que ordene estudiar la manera de garantizar la seguridad de todo el profesorado, por ejemplo, a través de detectores de metales o de alguna otra medida, como la modificación del Código Penal, para establecer mayores sanciones y evitar la excusa de la inimputabilidad, que muchas veces se invoca. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Valcarce y de quien preside. AUMENTO DE SUBSIDIO A VIVIENDAS DE FONDOS CONCURSABLES Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES DE RECEPCIÓN. Oficio. El señor SABAG.- Señor Presidente, en segundo lugar, me preocupa la situación de las empresas contratistas del Ministerio de la Vivienda, especialmente aquellas que construyen viviendas del fondo concursable, cuyo monto de subsidio asciende a 330 UF. En el distrito que represento, esas empresas, pequeñas y medianas, están prácticamente quebradas; son demasiados los trámites que hay que hacer para recepcionar las viviendas y, por lo tanto, se atrasan los pagos, lo que ha traído como reacción en cadena que casi todas las ferreterías, que también son pequeñas y medianas empresas, estén prácticamente quebradas. Por eso, creo necesario detenerse en esa situación, sobre todo en un año de crisis, cuando el Gobierno está destinando más de 140 mil subsidios para construir. Pero, en el estado actual de las empresas constructoras y de las ferreterías, va a ser una utopía concretar esa meta. Por ello, quiero proponer medidas concretas. Primero, es necesario reajustar el subsidio de 330 a 370 UF a todas las viviendas del fondo concursable. En cierta manera, es una forma de subsidiar a las constructoras para que tengan utilidades, porque si están al borde de la quiebra es porque no han obtenido utilidades. Con eso podríamos mantener a esas empresas y, en especial, el empleo, que es lo que nos preocupa. Segundo, hay que agilizar todos los trámites de recepción de las viviendas. Para ello se requiere un certificado del Servicio de Salud, el cual en la provincia de Ñuble cuenta con un solo vehículo para recepcionar las miles de casas que se construyen en las 21 comunas. Por eso se producen retrasos. También deben agilizarse los trámites en las direcciones de obras y en todos los organismos vinculados a la recepción de las viviendas, sobre todo en este año de crisis. De lo contrario, no se podrán construir las 140 mil viviendas presupuestadas y habrá miles de personas cesantes. Solicito que se oficie a la ministra de Vivienda, en primer lugar, para que se reajuste el subsidio del fondo concursable de 330 a 370 UF, a fin de aliviar la situación; en segundo lugar, para que ordene estudiar una vía rápida de recepción de las viviendas terminadas, de manera que se pueda agilizar el pago a las empresas constructoras. Ellas y los trabajadores necesitan los pagos, sobre todo en este año complejo. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Valcarce y de quien habla. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.25 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Aguiló, Alinco, Jiménez, Meza, Saffirio, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana. Modifica el Código del Trabajo en materia de prácticas antisindicales”. (boletín N° 6396-13) Fundamentos: 1. En múltiples instancias, los organismos fiscalizadores del trabajo han constatado que el desarrollo sindical en el país, enfrenta un cúmulo de dificultades en su desarrollo. Ha sido difícil y tortuoso el camino a su reconocimiento y respeto de su rol de articulador democrático dentro de la empresa, junto a su importante función en los momento de negociar las condiciones de trabajo y remuneraciones de los trabajadores a quienes representa. Dichas dificultades tienen, en parte, su origen en las trabas propias que muchos empleadores ponen a la formación de colectivos de trabajadores, por motivos ideológicos o la mera desconfianza social en la acción de colaboración de sus dependientes organizados, asunto que ha quedado de manifiesto a lo largo del trabajo de varias Comisiones Investigadoras sobre abusos laborales que ha instalado esta Cámara. Sin embargo también debemos constatar como origen de de este fenómeno aquellas fallas estructurales que presenta nuestro sistema productivo y que atentan contra la organización sindical. 2. Dentro de estas últimas fallas, se enmarcan los procesos de división de empresas y externalización de funciones, muchas veces dentro de una misma unidad productiva. 3. A este respecto, la Ley 20.123 sobre Trabajo en Régimen de Subcontratación y Servicios Transitorios, estableció una serie de requisitos habilitantes para llevar adelante un proceso de subcontratación, tales como la existencia de un acuerdo civil entre dos empresas, la autonomía del empleador contratista y la relación de dependencia y subordinación que éste debe tener con sus propios trabajadores, independientemente de la relación con la empresa principal. 4. Durante la tramitación legislativa de la ley mencionada, tanto el ejecutivo como diversos sectores parlamentarios, al analizar la evolución de los fenómenos de tercerización en Chile, concordaron que la falta de regulación anterior de esta figura ha permitido que estos fenómenos, aparte de constituir una herramienta de desarrollo y especialización de empresas más pequeñas, ha sido utilizada en mala forma por algunos empleadores que sólo buscan entorpecer la formación de sindicatos y coartar el ejercicio del derecho a negociar colectivamente. Ello se explica por el hecho de que la negociación colectiva y la agrupación sindical, tienen su sede legal y natural en la empresa, por lo que muchos trabajadores al verse subcontratados bajo el Rut de otra empresa, diferente a la de su propio o real empleador, no pueden formar sindicatos ni negociar colectivamente con éste. 5. La finalidad de la presente moción, se orienta a recoger los resultados del debate acaecido en la referida ley de subcontratación, estableciendo expresamente como práctica antisindical la subcontratación de obras y servicios sin sujeción a los requisitos que establece la ley de subcontratación y Servicios Transitorios. 6. Finalmente, es necesario mencionar que los contenidos del presente proyecto se encuentran en perfecta concordancia con varias resoluciones de la Excma. Corte Suprema en orden a determinar que corresponde a los Tribunales de Justicia la verificación de si las condiciones de subcontratación se encuentran ajustadas a derecho, o bien deba entenderse , como lo señala la misma ley, que los trabajadores subcontratados deben formalizar una relación contractual con la empresa principal (su real empleador), asunto esencial para constatar, posteriormente, la existencia de una práctica antisindical. PROYECTO DE LEY Artículo único. Intercálese en el primer párrafo de la letra a) del artículo 289 del Código del Trabajo, a continuación de la palabra “trabajadores”, el siguiente texto: “a través de la subcontratación de obras o servicios sin sujeción a los requisitos señalados en el artículo 183 A de este Código. En este caso el tribunal deberá apreciar junto a otros medios de prueba, el respectivo informe de fiscalización de la Dirección del Trabajo a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo de dicho artículo; también incurre en esta infracción el que obstaculice el funcionamiento de un sindicato” 6. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Burgos, Duarte, Fuentealba, Hales, Lorenzini, Montes, Saffirio, Valenzuela, Walker. Reforma la Constitución Política de la República que establece normas sobre el financiamiento para las Fuerzas Armadas. (boletín N° 6397-07) “Honorable Cámara de Diputados: En uso de las facultades que nos concede la Constitución Política de la República, sometemos a consideración del Honorable Congreso Nacional el presente proyecto de reforma constitucional, que establece normas sobre el financiamiento para las Fuerzas Armadas. FUNDAMENTACIÓN DE LA INICIATIVA El financiamiento transparente, técnicamente bien fundado, política y estratégicamente bien justificado y democráticamente legitimado es una necesidad imperiosa y una antigua deuda de nuestro sistema político y presupuestario. El sistema actual basado en la ley N° 13.196, “Reservada del Cobre”, y sus órganos complementarios, no provee los requisitos mínimos de transparencia, eficiencia técnica, legitimación democrática y control de legalidad que Chile requiere y merece. El sistema actual, además, ha demostrado operar deficientemente, dando cabida a varios episodios de corrupción, que resultan difíciles de investigar y sancionar y dañan la moral y prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Por otra parte, el sistema actual tampoco beneficia a Chile en el ámbito internacional, generando múltiples problemas de contabilidad y comparación estandarizada del gasto público en defensa, sin contar e) prestigio de nuestro país afectado por decisiones poco transparentes. Esta iniciativa no reemplaza el sistema actual de financiamiento de las compras de defensa, pero sienta las bases constitucionales necesarias para dicho propósito. La propuesta consiste en establecer, a nivel constitucional, el principio que el financiamiento del gasto en defensa debe ser formulado y aprobado en forma similar al resto de los gastos públicos, es decir, mediante una ley discutida y aprobada en el Parlamento. Por eso es que se elimina la actual disposición del inciso cuarto del N° 20 del artículo 19 de la Constitución que permite a la ley autorizar que determinados tributos puedan estar afectados directamente a fines propios de la defensa nacional, como es el caso de la Ley N° 13.196. Sin embargo, dado que (a defensa nacional es un bien colectivo fundamental, del cual depende la subsistencia del Estado mismo, y que la naturaleza de las inversiones en defensa requieren necesariamente una perspectiva de largo plazo, y garantías de estabilidad y priorización independiente de las circunstancias inmediatas de los vaivenes de la economía nacional y mundial, es indispensable establecer explícitamente la posibilidad que una ley de quórum calificado pueda crear mecanismos plurianuales de programación y financiamiento de la defensa nacional. Con ello, se cumple de mejor manera, la necesidad de otorgar estabilidad al presupuesto de la defensa y resolver las dudas de constitucionalidad que pudieran existir al no haber cobertura constitucional vinculante para presupuestos de un plazo superior a un año. De este modo se compatibiliza la transparencia, el origen democrático y el control del gasto en defensa con su seguridad, estabilidad y prioridad adecuadas. Sabiendo que la regulación de dichas materias es compleja y requiere una adecuada discusión técnica y política, esta iniciativa no busca derogar derechamente la Ley N° 13.196 y reemplazarla directamente por un nuevo mecanismo, ni establecer su inconstitucionalidad en forma inmediata. Por ello se establece que la vigencia de esta ley estará supeditada a la dictación de la ley que establezca dichos mecanismos. Por tanto, la aprobación de esta moción crea las condiciones suficientes para realizar una reforma clave y urgente, pronunciándose todos los sectores políticos irredargüiblemente por la transparencia y control del gasto en defensa y optando por soluciones con sentido de Estado al propiciar presupuestos plurianuales para la defensa nacional. Pero, por otro lado, se legisla sin la urgencia de cambios dominados por la contingencia al combinar las necesarias normas transitorias que obliguen, ahora sí, a contar con un nuevo instrumento que modernice este sector del Estado, para el bien de Chile y de sus propias Fuerzas Armadas. En consecuencia, tenemos el honor de someter a Vuestra consideración, el siguiente PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL “Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República: 1) Reemplázase el inciso cuarto del N° 20° del artículo 19 por el siguiente: “La ley podrá autorizar que determinados tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.” 2) Para agregar la siguiente frase final al inciso primero del artículo 105: “Una ley de quórum calificado podrá establecer una programación plurianual de inversión pública para la defensa nacional, la cual tendrá carácter de ley permanente para efectos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 67.” Artículo transitorio. La presente reforma comenzará a regir una vez que se dicte la primera ley de quórum calificado que establezca una programación plurianual de inversión pública para la defensa nacional.”.” 7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Tuma, Becker, Chahuán, González, Montes, Silber y Venegas, don Samuel. Aumenta las penas de delitos perpetrados en contra de profesores y de personal no docente de la educación. (boletín N° 6398-07) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: 1° Que el día 27 de diciembre del año 2007, se publicó en el Diario Oficial la ley 20.236, que introdujo modificaciones en el Código Penal con la finalidad de brindar una mayor protección a los Fiscales del Ministerio Público y los Defensores Penales Públicos, en el ejercicio de sus funciones, de manera que, en general, cualquier atentado o delito perpetrado en contra de ellos, se ve agravado, lo que equivale a sancionar con penas más drásticas por ejemplo las lesiones o la muerte de un Fiscal o un defensor. 2° Que la referida ley, iniciada en moción de un grupo de Senadores; tuvo una discusión y tramitación bastante rápida (poco más de 6 meses) pues sus fundamentos encontraron una inmediata acogida en todos los sectores, quienes entendimos que es más grave y en consecuencia corresponde castigar más severamente matar a un fiscal que matar a un ciudadano cualquiera, pues el atentado contra la autoridad ha sido, en la historia de la humanidad, un hecho más intensamente reprochable. 3Que hoy la opinión pública nuevamente se estremece frente a un caso de atentado con arma blanca en contra de una joven profesora de un colegio particular subvencionado en la ciudad de Santiago, el que se suma a varias decenas de casos que se han venido registrando desde el año 2007, cuando en un solo año 40 atentados de esta naturaleza terminaron siendo conocidos por los Tribunales de Justicia. 4Que el Primer Estudio Nacional de Convivencia Escolar, realizado por la Unesco, arrojó un sorprendente resultado, al señalar que el 67 por ciento de docentes admitió haber sido objeto de agresiones verbales al interior del aula. Por su parte el último Estudio Nacional de Violencia Escolar da cuenta de la magnitud del fenómeno, donde el 28% de los docentes declaró haber sido agredido al menos una vez a la semana y el 24%, todos los días. 5 Que un viejo aforismo señala que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, y si se sanciona más severamente una serie de delitos en contra de fiscales y defensores por su condición de autoridades, es preciso también sancionar más drásticamente a quienes atenten en contra de nuestros profesores y en contra de quienes asisten la labor educativa. Por lo tanto, Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente, PROYECTO DE LEY “Artículo único. Intercálase en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, a continuación del artículo 268 bis, el siguiente párrafo 1 tris: “1 tris. Atentados y amenazas contra personal docente y no docente de la Educación Artículo 268 sexies. El que mate a un docente o a no docente en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Artículo 268 septies. El que hiera, golpee o maltrate de obra a un docente o a un no docente en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado: 1° Con la pena de presidio mayor en su grado medio, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. 2° Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días. 3° Con presidio menor en grado medio a máximo, si le causa lesiones menos graves. 4° Con reclusión menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, o sólo esta, última, si le ocasiona lesiones leves o no se produce daño alguno. Artículo 268 octies. El que amenazare a un docente o no docente de la Educación en los términos de los artículos 296 y 297 de este Código, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con el máximo de la pena o el grado máximo de las penas previstas en dichos artículos, según correspondiere.” Artículo 268 nonies. La aplicación de las penas establecidas en el presente párrafo deberá respetar las reglas especiales contenidas en la ley 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes. 8.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sule; Espinosa, don Marcos; García-Huidobro, Girardi, Leal y Valenzuela. Instaura la medición neta en el sistema eléctrico nacional”. (boletín N° 6399-08) “Considerando: 1. Chile tiene un gran potencial energético basado en las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética, que no ha sido explotado como debiera. Los autores del presente Proyecto de Ley, creernos que esto se debe al modelo de desarrollo con el cual se ha manejado la energía en nuestro país. El sector energético se ha basado en una concepción monopólica de la generación, mercados controlados por pocos actores, largas cadenas de suministro que generan grandes ineficiencias, riesgos de precio, suministro y geopolíticos. 2. Esta concepción, inoperante y causa de la crisis energética que vivimos, a nuestro juicio, promueve el hecho que las Energías Renovables y la eficiencia energética se consideren alternativas accesorias, limitadas y caras, que requieren subsidios y que no podrán reemplazar a las fuentes fósiles. 3. Nuestro país debe cambiar este paradigma de generación energética, necesitamos un modelo de gestión flexible para manejar la variabilidad propia de las ERNC, así como para el manejo de excedentes y consumos. También el desarrollo de sistemas de almacenamiento económicos, pequeños y limpios. Se requerirán cambios en urbanística, arquitectura, en el diseño de los procesos industriales, en educación, en las conductas y en los mercados. Se requerirán nuevos modelos de negocio, regulaciones e instituciones. 4. Un reciente estudio de la Universidad Técnica Federica Federico Santa María y la Universidad de Chile, estima que el potencial de la ERNC y UEEE económicamente factibles de implementar al año 2025 en Chile, equivaldría a un 22,3 % (en un escenario Conservador); a 31,4 % (en un escenario dinámico); y a 43,4 %(en un escenario optimo) de la capacidad instalada en el SIC a ese año. Como señala dicho estudio: “La materialización de estos potenciales significaría una contribución importantísima a la seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional, reduciendo su vulnerabilidad y dependencia, aumentando la competitividad y productividad de las empresas; y reduciendo los impactos ambientales locales asociados a la producción y uso de la energía. Al mismo tiempo significaría un avance en el cumplimiento de la agenda ambiental nacional y un gran aporte a la mitigación del cambio climático”. 5. El desafío, entonces, es avanzar en políticas públicas que vayan en pos del fortalecimiento de las potencialidades de las ERNC y de la UEEE. Debemos implementar un conjunto de “propuestas normativas, institucionales y de política pública para acelerar su pleno desarrollo”. 6. Tibiamente, hemos avanzado en iniciativas de este tipo, como la campaña de recambio de ampolletas, la creación de un centro de energías renovables o el fondo de garantía estatal para inversión en energías renovables y eficiencia energética. Sin embargo, estas medidas no son suficientes, se puede y debe hacer más. Dentro de ese marco se inscribe el Proyecto de Ley que busca establecer el sistema de medición neta en el mercado energético nacional, para incentivar el uso de Ernc y empoderar al ciudadano dentro de un mercado altamente monopolizado. La medición neta es un sistema que permite a los consumidores generar energía limpia, transformándose en productores de electricidad doméstico, y entregar sus excedentes a la red pública de suministro, descontando de su cuenta el “costo evitado” de generación, por lo tanto pagan a la distribuidora sólo aquello que consumen por sobre su propia producción. 9. La medición neta se traduce en beneficios tanto para los ciudadanos como para el país ya que promueve el uso de energía limpia y económica, los consumidores reciben compensación por el exceso de electricidad que generan y sólo paga por la electricidad neta que le suministra la compañía eléctrica. 10. También es un estímulo para ahorrar energía, pues a mayor sobrante de energía generada y no usada, mayor es el “descuento” que recibe el cliente. Con este sistema, la compañía eléctrica permite al medidor del cliente actuar en sentido inverso si la electricidad que el cliente genera es mayor a la que consume. A1 final del período de facturación, el cliente sólo paga por su consumo neto: el total de recursos consumidos, menos el total de recursos generados. 11. Como señala un Proyecto sobre la materia en Costa Rica: “El funcionamiento de un programa de medición neta es muy sencillo. Durante el día los sistemas de energía renovables instalados en una residencia, depositan cualquier exceso de energía generada en el sistema de transmisión y distribución de energía, originando un crédito en la factura del cliente. En la noche el sistema, automáticamente, extrae la electricidad que necesite el cliente de la red de energía. En los casos de negocios e industrias, este proceso ocurre mayormente en horarios invertidos. Bajo el programa de medición neta la retroalimentación el flujo de entrada y salida de electricidad- es completamente automática, proporcionando una circulación suave e ininterrumpida de electricidad para atender las necesidades en el hogar o negocio”. 12. La medición neta ha probado ser eficiente en el desarrollo de infraestructura para generar electricidad renovable en Europa, Japón, y cuarenta estados de los Estados Unidos de América. En países como Argentina, Brasil y Costa Rica se está empezando a probar dicha política. 13. Por todo lo anterior, los Diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el DFL 4 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 1 del Ministerio de Minería de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica, agregando el siguiente artículo nuevo: “Cada compañía de distribución eléctrica, dentro del área de concesión en la que se ubique, deberá asegurar un servicio de medición neta respecto de la generación de baja tensión para cualquier cliente al que la empresa sirva. Para los propósitos del presente artículo, se entiende por “servicio de medición neta” aquél servicio de medición y compensación realizado por la empresa distribuidora respecto de la energía generada y entregada por el consumidor a la compañía de distribución. Como fundamento para la realización del anterior servicio todas las compañías de distribución eléctrica deberán asegurar la conexión técnica y el aporte de la generación residencial” 9. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos y Sule. Aumenta las penas por robo o hurto de vehículos. (boletín N° 6400-07) “1. El robo de vehículos es uno de los delitos que tiene mayor incidencia en el país. Inclusive, puede afirmarse que no hay en Chile una persona que no haya sido víctima directa o indirecta de este delito. 2. De acuerdo a las estadísticas internacionales, en el mundo anualmente desaparecen alrededor de cuatro millones de vehículos. La frecuencia promedio, según estos cálculos, es de un robo cada 10 segundos. En Chile, sólo el año 2006 fueron sustraídos 10.533 autos. 3. Un estudio elaborado por la Asociación de Aseguradores de Chile (Aach), “Robo de vehículos motorizados”, año 2005, concluyó que ese año había aumentado en un 54% el robo de vehículos, respecto del año 2004. Además, señala el estudio que las zonas más afectadas son la Región Metropolitana, Calama y Viña del Mar, y que la mayor frecuencia de robos se produce de lunes a jueves entre las 18 y 21 horas. Esta situación no ha cambiado mucho, por el contrario, ha aumentado. 4. Hace poco tiempo, el Congreso aprobó un Proyecto de Ley que autoriza la anotación en el Registro de Vehículos Motorizados de la denuncia por sustracción de un automóvil, y que sea requerida por alguna autoridad policial, judicial o por el propietario, en las condiciones que establezca el reglamento .El objetivo de la iniciativa es muy simple: resolver el vacío legal que se produce con la sustracción habitual de vehículos y la detección de verdaderas industrias para el desmantelamiento de dichos vehículos. Las víctimas de estos delitos se limitan a denunciarlos y los organismos policiales efectúan las pesquisas e investigaciones necesarias para ubicarlo, pero no queda un registro del hecho en el Servicio de Registro Civil e Identificación. De esta forma, el proyecto impedirá que una persona compre un automóvil que ha sido robado ya que, la industria del robo de vehículos motorizados se dedica a revender los automóviles, alterando sus características, sin que el nuevo propietario tenga conocimiento del origen ilegal. 5. Iniciativa que resuelve, en alguna medida, algunos de los vacíos o defectos que tiene nuestra legislación al tratar este delito. 6. Sin embargo, existe un problema mayor que tiene relación con las bajas penas que reciben los ladrones de vehículos. Actualmente, cuando un ladrón de autos es sorprendido por la policía en un vehículo robado, este sólo es sancionado por receptación, teniendo una pena bastante leve. Más aún, si no hay causas pendientes, el tribunal lo deja en libertad. 7. Por ello, los autores de este Proyecto creemos necesario generar una política de inhibición, aumentando las penas por receptación de vehículos robados, mediante un inciso nuevo al artículo 449° del Código Penal. En dicho artículo se señala que el robo o hurto vehículos sólo será penado con un grado más, dependiendo de la calificación de gravedad que se haga de su delito. Por ello, el proyecto que presentamos establece que todo robo de vehículos será sancionado con presidio menor en su grado máximo (302 días a 540), no obstante mantener el criterio de aumentó de grado según la gravedad del delito. 8. Por tanto, venimos en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY ARTÍCULO ÚNICO: Agréguese un nuevo inciso al artículo 449° del Código Penal: “No obstante, en todos los casos señalados en el inciso precedente, se aplicará también la pena de presidio menor en su grado máximo”. 10. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sule y Espinosa, don Marcos. Establece reforma constitucional que modifica la formulación de mensajes presidenciales. (boletín N° 6401-07) “Considerando: 1. La Constitución Política de la República, desde el artículo 65° hasta el artículo 75°, contempla un capítulo especial sobre el procedimiento para la formulación de leyes. En especial, en el artículo 65°, se señala que los Proyectos de Ley pueden ser iniciados en Moción Parlamentaria (no más de diez Diputados ni más de cinco Senadores) o Mensaje Presidencial. Además, se enumeran materias exclusivas para el poder ejecutivo, como el manejo de la política tributaria, fiscal y económica y/o la creación de nuevos servicios públicos. 2. Estas atribuciones exclusivas del o la Presidente de la República ha sido objeto de innumerables críticas por politólogos y políticos, puesto que crea un gobierno co legislador y demasiado presidencialista. Más aún, esta discusión forma parte de un debate político mayor que se viene dando desde 1990 a la fecha, respecto a la conveniencia de avanzar a un sistema más parlamentario o semipresidencialista. 3. Sobre lo anterior, la Cámara de Diputados ha formado dos Comisiones Parlamentarias para que analicen las virtudes y defectos de nuestro Régimen Político. En los 90 el debate parlamentario se originó por la necesidad política de analizarla responsabilidad del sistema institucional en la crisis de la democracia de 1973, en esta oportunidad, desde el año 2008 hasta la fecha de presentación del presente Proyecto de Ley, se “descongela” por el desprestigio y la poca capacidad de acción del Congreso, evaluada en diversas encuestas de opinión. 4. En efecto, sólo una estadística respecto a las mociones legislativas, es interesante destacar que desde 1990 2006 el 57% de los proyectos se originaron en mociones parlamentarias, el 68% de estas no registraron ningún avance y sólo el 13% se convirtieron en ley . 5. Es por ello que en el último tiempo se han presentado varias mociones parlamentarias para corregir esta distorsión de nuestro Régimen Político. Estas iniciativas van en el sentido de incorporar la voluntad popular en la formulación de las leyes y en eliminar las atribuciones exclusivas del o la Presidente de la República. 6. La moción parlamentaria que aquí se presenta va en el mismo camino. Es un complemento a los proyectos ya presentados y busca terminar con el personalismo legislativo que tiene el poder ejecutivo para formular materias de ley, estableciendo que todo Mensaje Presidencial deberá contar con el patrocino de al menos diez Diputados o cinco senadores, dependiendo de la Cámara de Origen. 7. Esta iniciativa ya se ha implementado en otros sistemas presidencialistas, como Estados Unidos de América. Al obligar que el poder ejecutivo busque el patrocinio parlamentario, para presentar mensajes presidenciales, se supone que deberá existir un mayor involucramiento del Congreso Nacional en la formulación de leyes de materia exclusiva y, con esto, hacer más fluida la relación parlamentaria con el poder legislativo. 8. Por lo anterior, los Diputados que aquí firman, venimos a presentar la siguiente: REFORMA CONSTITUCIONAL Artículo único: Agréguese un nuevo inciso segundo en el artículo 65° de la Constitución Política de la República, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así consecutivamente. “Los mensajes presidenciales, exceptuando la Ley de Presupuesto, deberán contar con el patrocinio de al menos diez Diputados o cinco Senadores, según corresponda la Cámara de Origen”.