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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro Eyzaguirre y a la subsecretaria Patricia Silva .
Sin duda, en estos últimos meses hemos pagado caro y hemos constatado la dureza de los cuestionamientos asociados al financiamiento de las campañas, de las precampañas y de la política en general.
Asimismo, ha quedado en evidencia la precariedad de nuestros partidos políticos para enfrentar la materia, como también la necesidad de revisar la modalidad de financiamiento de los partidos y de las campañas.
Sin embargo, al abordar el tema hemos asumido una actitud de absoluta condena a todo vínculo que exista entre el dinero y la política, aspecto en el cual pretendo hacer mayor reflexión y análisis.
Si bien debemos ser muy claros en condenar toda acción que pudiera llevar a la corrupción o al cohecho, y ser muy eficaces en desterrar esas prácticas, creo que se está produciendo, quizás por el contexto en que nos toca analizar este proyecto de ley, una suerte de visión moralizante o demasiado extrema respecto de lo que debe ser el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos a futuro.
En esa dirección, creo que hoy tenemos las condiciones para poder desarrollar un mecanismo que garantice la competencia política y que, a su vez, respete la libertad de expresión, como así también un sistema eficaz de disuasión de la corrupción y el cohecho, sin que afecte -aquí está el punto- derechos esenciales, como son la participación ciudadana, la libre competencia y el derecho de quien enfrenta una campaña con eficiencia y con la capacidad de derrotar al incumbente.
La Cámara puede estar tranquila por la forma en que el proyecto de ley está planteado, porque favorece a los que estamos en el ejercicio del cargo y le hace la vida más difícil a los que pretenden sucedernos. Eso se debe a que todo el esfuerzo estará básicamente centrado en los recursos que el Estado aporte y en la historia de los partidos políticos, ya que la iniciativa prohíbe toda forma de financiamiento privada, emane ella de personas naturales o de personas jurídicas, sin perjuicio de que en el caso de las personas naturales permite que aporten a campañas electorales, pero dispone la obligatoriedad de hacerlos públicos.
Es decir, hemos llegado al extremo de que cualquier amigo, familiar o persona que quiera ayudar a un candidato con 50.000 o con 100.000 pesos va a tener que decir quién es y publicar su nombre. Si el voto es secreto en su esencia, ¿por qué no podemos permitir que al menos un monto de lo que se aporta también tenga ese carácter, que se pueda hacer en forma anónima, para que cualquier ciudadano pueda dar dinero libremente para esos fines sin tener que verse expuesto a la publicación de su nombre?
Hemos propuesto al ministro Nicolás Eyzaguirre -planteamiento respecto del cual al parecer habría buena disposición del Ejecutivo para acogerlo- que recuperemos la posibilidad de que se pueda hacer un aporte de hasta 20 unidades de fomento, aproximadamente 500.000 pesos, en forma anónima, con el objeto de mantener la coherencia entre el secreto del voto y el derecho de una persona natural a aportar a una campaña.
¿Por qué es tan importante tener algún margen adicional a los recursos que el Estado aportará? Porque el Estado solo asegura un piso para todos. Debemos permitir lo mismo que se acepta en el 65 por ciento de los países que integran la OCDE, organismo en el que solamente el 22 por ciento de sus Estados miembros establecen una restricción como la que aquí se propone. O sea, ¿por qué si el 65 por ciento de los países de la OCDE permiten los aportes de las personas jurídicas y de las personas naturales en forma anónima, en Chile debemos innovar de manera tan extrema, al señalar que nada de eso se podrá hacer? Las democracias más sólidas del mundo permiten este tipo de donaciones anónimas, pero en Chile se propone establecer lo contrario.
Por consiguiente, se trata de generar recursos a los candidatos que les permitan competir de mejor forma con los que están instalados en determinados cargos. Ello posibilitaría a los candidatos independientes contar con un spread, con un margen que les genere recursos libremente, para lograr mayor competitividad.
En ese sentido, nos parece que el mecanismo que hemos propuesto ayudaría mucho a generar mayor competitividad y libertad de expresión, así como el fortalecimiento de nuestra democracia.
Por último, quiero señalar que una política con poco financiamiento es compleja, no solo porque limita la competencia, sino debido a que abre la puerta a soluciones que pudieran ser peores y a la generación de episodios ingratos en el futuro.
He dicho.
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