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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier .
El señor TEILLIER.-
Señor Presidente, el debate de esta iniciativa, que forma parte de los proyectos de ley sobre probidad y transparencia que el gobierno está enviando a tramitación legislativa, era impensable hace un año, porque la lógica de un sector importante de la Cámara era la oposición sostenida al financiamiento estatal de la política, las campañas electorales y los partidos políticos.
Se decía que era una afrenta para la ciudadanía gastar en política y en avances democráticos, como la reforma al sistema electoral binominal, ya que era superfluo, innecesario y hasta contrario a las buenas costumbres. Pero ha ocurrido algo así como un milagro. Ahora, la gran mayoría, y en hora buena, está de acuerdo con el financiamiento estatal de las campañas, mecanismo tan duramente cuestionado, casi como un asunto de principios.
¿Cuál es la causa de este milagro? Muy simple: muchos de los que ayer se oponían, por posición ideológica, según decían, contaban con el respaldo de fondos reservados otorgados por empresas, hecho que era legal, pero cuestionado éticamente por la ciudadanía. Aun más, se ha develado la recepción de fondos para campañas electorales y, al parecer, en algunos casos para financiamientos personales, provenientes de la utilización de boletas ideológicamente falsas.
No me voy a pronunciar si eso es o no un delito, porque muchos de estos casos están siendo investigados por la justicia; pero sí es verdad que ha resultado ser la causa de un daño difícilmente reparable, como lo es la falta de credibilidad hacia la política y la institucionalidad de parte de la ciudadanía. Se ha hecho un enorme daño al país. Incluso, por la injerencia del dinero y los negocios en la política, nos cuestionamos normas como las contenidas en la ley de pesca, aprobada en el período pasado.
Afortunadamente, con el proyecto de ley que estamos por aprobar se terminan los fondos reservados, se pone fin a los fondos provenientes del delito tributario y del cohecho, se acaban las donaciones de empresas a los partidos y a las campañas políticas y se pone límite al gasto electoral. Espero que en leyes futuras se consagre la potestad fiscalizadora del Servicio Electoral y que se eleven las penas y sanciones a los que las violen, así como a los que cometen delitos de cuello y corbata.
Por esas razones, se hace insostenible mantener la legislación actual. Por el contrario, y así se desprende del contenido de la iniciativa, resulta imperioso fortalecer el rol de los partidos políticos como paso necesario para una democracia más profunda y de calidad, dotándolos no solo de los recursos públicos suficientes para que puedan cumplir sus funciones, sino además de transparencia, democracia interna, control e integridad en el ejercicio de los nuevos sistemas de financiamiento.
Por otra parte, es fundamental garantizar condiciones de equidad en la competencia electoral mediante el establecimiento del equilibrio que debe haber entre aportes públicos y privados. Se deben disminuir los riesgos de captura de la política por parte del dinero, para lo cual se debe poner límite a los aportes, excluyendo expresamente a las personas jurídicas, con o sin fines de lucro, del financiamiento de las campañas y de los partidos, además de mejorar las normas que deben aplicar las autoridades competentes, así como su capacidad de control, a fin de velar por el buen uso de los recursos públicos.
Adicionalmente, se debe modificar la forma en que se realizan las campañas, con el objeto de reducir la escala de gastos y cambiar la lógica de la legislación actual, centrada en la publicidad, por una basada en las ideas y en la producción programática.
Por todo lo anterior, celebramos el contenido y la eventual aprobación de la iniciativa, por cuanto responde a la necesidad urgente de garantizar la autonomía e integridad de los representantes democráticamente elegidos, con el propósito de relevar la función pública que estos realicen.
En definitiva, concordamos con quienes han sostenido que los partidos son las organizaciones responsables de canalizar las demandas de la ciudadanía, agregando intereses diversos y conectándolas con el Estado; de seleccionar y de formar dirigentes para cargos de gobierno, y de competir en procesos de elecciones. De este modo, el desafío para los partidos, una vez aprobado el proyecto, será transformarse en la pieza clave para hacer de la democracia un régimen vivo, que facilite que la voluntad popular se manifieste y se organice, y que pueda verse dignamente representada.
He dicho.
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