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El señor CARMONA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .
El señor SOTO.-
Señor Presidente, nuevamente estamos legislando para mejorar nuestra democracia, pero en medio de escándalos judiciales y de cuestionamientos masivos por el financiamiento legal e ilegal de campañas electorales y por la excesiva influencia de las empresas en las autoridades políticas.
Este es un debate impulsado por el completo fracaso del modelo de financiamiento electoral diseñado por los líderes políticos en 2003, como resultado de “la política de los acuerdos en la medida de lo posible”, que permitieron enormes forados que corrompieron la confianza en nuestra democracia.
Los creadores de ese modelo guardan conveniente silencio en la actualidad, pero autorizaron la existencia de los graves vicios del sistema.
En primer lugar, permitía a las empresas financiar la política, lo que transformaba las campañas electorales en un peregrinaje de muchos candidatos, de todos los colores políticos, hacia las empresas para pedir y hasta suplicar la entrega de recursos que desnivelaran las elecciones en su favor.
En ese cuadro, los ciudadanos votan, pero en realidad no son ellos los que eligen a las autoridades, sino los empresarios, al definir mucho antes a los candidatos que van a financiar.
En segundo lugar, autorizaba realizar aportes reservados a las campañas políticas. Un modelo de cuarto oscuro, en el que se desconoce quién, cuánto y por qué dona, pero sí se sabe a qué sector político se beneficia mayoritariamente. En la elección parlamentaria de 2013, las empresas aportaron 21.000.000.000 de pesos por esa vía, y de las veinte campañas de diputados con mayores aportes reservados, dieciocho correspondieron a candidatos de la derecha.
En tercer lugar, los topes definidos para el gasto electoral y para las donaciones de empresas a las campañas son tan altos que pueden permitir la colonización o captura de la política. Por ejemplo, el límite actual de un donante a campañas parlamentarias es de alrededor de 30.000.000 de pesos, lo que permitiría que el 60 por ciento de las campañas de diputados más baratas de todo el país pudieran haber sido financiadas por una sola persona en 2013.
Señor Presidente, el proyecto de ley asume el desafío de tapar los forados por los que se ha colado el dinero privado que busca influir en la política, para lo que desmantela el modelo de 2003 mediante las siguientes claves:
1. Se elimina toda posibilidad de que las personas jurídicas, las empresas, sigan haciendo aportes a la política. Desde ahora, los aportes privados serán realizados solamente por personas naturales.
2. Se disminuye al 25 por ciento los aportes máximos que pueden hacer las personas naturales a cada candidato.
3. Se elimina definitivamente la posibilidad de realizar aportes reservados y anónimos. Toda campaña electoral, de ahora en adelante, tendrá solo aportes públicos y transparentes, que los ciudadanos podrán conocer mediante un solo clic en la página web del Servicio Electoral.
Por otra parte, el proyecto de ley innova en dos puntos importantes: limita la propaganda electoral en espacios públicos solo a plazas, parques y bandejones autorizados previamente por el Servel, ya que se busca terminar con la saturación de la propaganda visual, e incentiva una nueva forma de hacer campaña, que estará centrada en las ideas.
Además, el Estado entregará más aporte público para campañas y para los partidos políticos que cumplan con ciertos requisitos de democracia interna y objetivos de carácter público.
Sin embargo, quedan al menos tres temas que espero se perfeccionen en el Senado durante el segundo trámite constitucional del proyecto.
Primero, regular adecuadamente el período de precampaña, con el objeto de cerrar todos los espacios para el financiamiento y el gasto ilegal de candidaturas en esta fase, en la que no operan en plenitud los controles del Servicio Electoral.
Segundo, fijar un límite para los aportes que los propios candidatos puedan realizar en sus campañas. Hay que evitar la elitización de la política que puede producirse al permitir que los que tienen un patrimonio personal alto cuenten con una enorme ventaja en la campaña.
Tercero, establecer un Servel poderoso, con capacidades reales para controlar y sancionar las infracciones a estas nuevas regulaciones, que esperamos se aborden en el Senado, tal como lo prometió el Ejecutivo.
El proyecto de ley es, sin duda, un avance necesario que responde y se hace cargo de la demanda de mayor transparencia y control que desean todos los ciudadanos del país.
Durante la tramitación de la iniciativa, se tuvieron en cuenta la opinión de los partidos políticos y del mundo académico, y las sugerencias de organizaciones de la sociedad civil, y se recogieron las propuestas realizadas por el Consejo Asesor Presidencial contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, también conocido como “Comisión Engel”.
Ahora no se legisla a base de un “acuerdo en la medida de lo posible”, como en 2003, sino mediante el debate democrático y transparente, con un único norte: liberar a la clase política de la captura por el poder del dinero, que tanto daño nos ha causado, porque la democracia y la política les pertenecen a todos los chilenos, no a unos pocos.
En consecuencia, llamo a votar a favor del proyecto de ley.
He dicho.
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