REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 47ª, en martes 14 de julio de 2015 (Ordinaria, de 11.10 a 14.15 horas) Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio, y Vallespín López, don Patricio. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES VIII.- ANEXO DE SESIÓN IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA21 II.- APERTURA DE LA SESIÓN25 III.- ACTAS25 IV.- CUENTA25 ACUERDOS DE LOS COMITÉS25 V.- ORDEN DEL DÍA27 FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 9790-07)27 VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN49 DESCENTRALIZACIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA Y LEGISLATIVA DEL GOBIERNO Y URGENCIA A PROYECTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA (PREFERENCIA)49 CREACIÓN DE MECANISMO DE ESTANDARIZACIÓN Y REGULACIÓN DE PRECIOS DE TEXTOS ESCOLARES50 INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES COMO BENEFICIARIOS DE BONO POR ESFUERZO ESCOLAR52 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SECTORES RURALES55 VII.- INCIDENTES58 DESCENTRALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE ENFERMOS O HERIDOS (OFICIO)58 RECLAMACIÓN ANTE DIFICULTAD EN ACCESO A PROGRAMAS Y SUBDIDIOS ESTATALES POR PUNTAJE EN FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL59 APOYO A CREACIÓN DE SUBSIDIOS PARA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN VIVIENDAS RURALES Y SOCIALES (OFICIOS)59 REVISIÓN DE DICTAMEN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LABOR DE MATRONAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GINECOLÓGICA Y NEONATAL (OFICIOS)60 MEDIDAS ANTE ATAQUES DE ANIMALES A HACIENDAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE AYSÉN (OFICIOS)60 REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE TRASPASO DE TERRENO DE EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR (OFICIO)61 INFORMACIÓN SOBRE PLANES REGULADORES DE TODAS LAS COMUNAS DEL PAÍS (OFICIOS)62 IMPOSICIÓN DE VENTA DE CELULARES COMPATIBLES CON HIPOACUSIA (OFICIO)63 MEDIDAS CONTRA EMPRESA CGE DISTRIBUCIÓN POR CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN COMUNA DE PAINE (OFICIOS)63 ACLARACIÓN SOBRE TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO DE TERRENOS EN LA CHOCOTA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ (OFICIOS)64 INTERVENCIÓN DE AUTORIDAD POR PROBLEMAS EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMUNAS DE REGIÓN DE COQUIMBO (OFICIO)65 RESTABLECIMIENTO DE MESA DE TRABAJO FORESTAL EN REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIO)66 INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PENSIONES DE GRACIA DE EXTRABAJADORES CARBONÍFEROS (OFICIO)67 INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN EN COMUNA DE LOTA (OFICIOS)67 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON TRABAJADORES DE COMUNA DE LOS MUERMOS (OFICIOS)68 VIII.- ANEXO DE SESIÓN70 COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES70 INFORMACIÓN SOBRE AUMENTO DE REMUNERACIONES A DIRECTORA EJECUTIVA DE FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS (OFICIOS)70 EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE HOSPITAL DE ANGOL (OFICIOS)71 RECONSIDERACIÓN DE PUNTAJE DE POSTULACIÓN A SUBSIDIO HABITACIONAL DE VECINO DE COMUNA DE CURACAUTÍN (OFICIOS)71 INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO Y DOTACIÓN DE PERSONAL DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE EN REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS)72 INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CONTRATADAS POR SERVICIO CIVIL (OFICIO)73 IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA75 1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9877-07)75 2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10154-07)75 3.- INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SUMA”, PARA EL FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA. (BOLETÍN N° 9790-07)76 4.- INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA EN MATERIA DE COOPERACIÓN EN LA EXPLORACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE CON FINES PACÍFICOS, SUSCRITO EN NUEVA DELHI, INDIA, EL 17 DE MARZO DE 2009”. (BOLETÍN N°10123-10)93 5.- INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL CONSEJO FEDERAL SUIZO RELATIVO A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIONES IRREGULARES (ACUERDO DE READMISIÓN) Y SU PROTOCOLO, SUSCRITO EN SANTIAGO, CHILE, EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006”. (BOLETÍN N° 10122-10)96 6.- INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “APRUEBA EL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), ADOPTADO POR DECISIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE ESTA, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN GINEBRA, SUIZA, QUE INCORPORA EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO A SU ANEXO 1A”. (BOLETÍN N° 10121-10)102 7.- INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, CON EL OBJETO DE ESPECIFICAR EL TIPO DE INFRAESTRUCTURA EXENTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN PERMISO MUNICIPAL. BOLETÍN N° 10011-14 (REFUNDIDO CON BOLETÍN N° 10.059-14)109 8.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES AUTH, ANDRADE, BECKER, BROWNE, CARMONA, ESPINOSA, DON MARCOS; KAST, DON FELIPE; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; MONSALVE Y SOTO, QUE “MODIFICA CUERPOS LEGALES QUE INDICA PARA PERMITIR LA INSCRIPCIÓN DE PACTOS ELECTORALES DIVERSOS EN ELECCIONES MUNICIPALES.”. (BOLETÍN N° 10185-06)114 9.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES PAULSEN, GARCÍA, SAFFIRIO Y SOTO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLACIÓN Y ESTUPRO.”. (BOLETÍN N° 10186-07)116 10.- PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR RIVAS, DE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PERMITE LA NACIONALIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y ESTABLECE NORMAS ESPECIALES SOBRE LA MATERIA RESPECTO DE LA GRAN MINERÍA DEL COBRE.”. (BOLETÍN N° 10187-07)120 11.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA NÚÑEZ, DOÑA PAULINA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BECKER Y BERGER, QUE “DETERMINA LA HORA OFICIAL DEL PAÍS Y AUTORIZA SU VARIACIÓN EN LAS CONDICIONES QUE INDICA.” (BOLETÍN N° 10188-06)125 12.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NOGUEIRA, HOFFMANN Y MOLINA Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, HASBÚN, HERNÁNDEZ, MACAYA, MORALES, NORAMBUENA Y WARD, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, PARA DISMINUIR EL QUÓRUM NECESARIO PARA SOLICITAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL EL CIERRE DE CALLES Y PASAJES.”. (BOLETÍN N°10189-06)127 13.- INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR GONZÁLEZ EN LA III CUMBRE DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, DESDE EL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014.129 14.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2751-14-INA.130 15.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2839-15-CPR.131 16.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2838-15-INA.132 XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1. Comunicaciones: -Del diputado señor Macaya por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 9 de julio de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. Comunicación de la diputada señora Sepúlveda por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 9 de de julio de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Bellolio por el cual solicita permiso sin goce sueldo para ausentarse, por razones personales, de la sesión del día martes 4 de agosto de 2015, de conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 42 del Reglamento de la Corporación. 2. Nota: -Del diputado señor Bellolio por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 29 de julio de 2015, para dirigirse a Estados Unidos. 3. Licencias médicas: -Otorgada al diputado señor Monsalve por la cual acredita que debió permanecer en reposo por el plazo de un día, a contar del 1 de julio de 2015. -Otorgada al diputado señor De Mussy por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de seis días, a contar del 10 de julio de 2015. 4. Oficios: -Del Grupo Interparlamentario Chileno-Egipcio por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Poblete y como Vicepresidentes a la diputada señora Sepúlveda y a los diputados señores Kort, Meza; Pérez, don Leopoldo, y Flores. -Del Grupo Interparlamentario Chileno-Húngaro por el cual se informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Farcas y como Vicepresidentes a la diputada señora Sabat y a los diputados señores Castro, Meza, Rincón y Rivas. -Del Grupo Interparlamentario Chile- Angola por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Flores y como Vicepresidentes a las diputadas señoras Carvajal, Fernández, Hernando y Núñez, doña Paulina, y al diputado señor De Mussy. -De la Comisión de Seguridad Ciudadana, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sean remitidos los proyectos, iniciados en mociones, que modifican el Código Penal en materia de delitos cometidos contra menores y otras personas vulnerables, boletines N° 9849-07, 9877-07, 9279-07, 9908-07, 9904-07 y 9901-07, que se encuentran radicados actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En Tabla. -De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que la diputada señora Pascal integrará la delegación que concurrirá al taller Aportes Legislativos de Latinoamérica y el Caribe en Materia de Cambio Climático hacia la COP de París, organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Parlatino, que se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, los días 30 al 1 de agosto próximos (158). -Oficio de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Letelier integrará la delegación que concurrirá a la reunión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, del Parlamento Latinoamericano, en Ciudad de Panamá, los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto próximos (171). Respuestas a Oficios Contraloría General de la República -Diputado Gahona, Disponer la realización de un informe de auditoría a las transferencias recibidas por los municipios de Vicuña, Paihuano y La Higuera por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, durante los años 2013 y primer semestre de 2014 (53326 al 2788). (53326 al 2788). Ministerio de Interior -Diputado Pérez don Leopoldo, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con las acciones y evaluaciones realizadas respecto al impacto producido por las obras de construcción e instalación del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo en la Región Metropolitana. (1214 al 8220). (1214 al 8220). -Diputado Urízar, Informar sobre el estado en que se encuentra la solicitud de pensión de gracia que presentó al Departamento de Acción Social, dependiente de la Subsecretaría del Interior, la señora Marina Díaz Páez, de la comuna de Papudo. (13468 al 6036). -Diputado Monckeberg don Nicolás, Remita con carácter trimestral y en forma digital, las transferencias de capital a municipios u otros organismos públicos o privados sin fines de lucro, por concepto de adjudicación de fondos concursables correspondientes a actividades culturales, de seguridad ciudadana y deportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y del Fondo Regional de Inversión Local, individualizando los proyectos asignados por su nombre, contenido, órgano beneficiario, montos transferidos y fecha de entrega de los antecedentes. (1426 al 2744). -Diputado Sandoval, Alternativas que se consideran para suplir el programa de electrificación rural, en los términos que señala en la solicitud que se acompaña. (1494 al 5493). -Diputado Sandoval, Avances, etapa actual y plazos asociados para la ejecución de los proyectos de electrificación rural “Aguas Frescas” y “Pasarela Cifuentes”, aledaños a la localidad de Mañihuales. (1774 al 9391). -Diputada Álvarez doña Jenny, Remita a esta Cámara antecedentes y, además, señale proyecciones del proyecto “Tratamiento de lodos residuales de pisciculturas de la Región de Los Lagos y evaluación experimental de su desempeño en suelos”. (2526 al 6783). Ministerio de Relaciones Exteriores -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (1923 al 8241). -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (7580 al 8241). Ministerio de Economía, Fomento y Turismo -Diputada Álvarez doña Jenny, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con su posición respecto de los planteamientos formulados en marzo del año 2015 por el Sindicato de Pescadores Artesanales de la caleta Chumelden, en la comuna de Chaitén. (1159 al 8507). -Diputado Espinoza don Fidel, Remita a esta Cámara estadísticas respecto del numero, comunas y caletas donde se ubican las áreas de manejo de recursos bentónicos en la Región de Los Lagos. (1236 al 9627). -Diputado Robles, Posibilidad de que el Banco del Estado de Chile preste servicios de factoring como una alternativa de financiamiento a pequeños y medianos mineros que entregan su producción a la Empresa Nacional de Minería, traspasando el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor. (273 al 9743). -Diputada Cicardini doña Daniella, Remita la información detallada en la petición adjunta, relacionada con las estrategias a seguir para reactivar y fomentar el desarrollo de la Región de Atacama, frente a la reciente catástrofe natural. (4754 al 7878). -Diputada Cicardini doña Daniella, Informe sobre las estrategias a seguir para reactivar y fomentar la economía de la Región de Atacama, frente a la reciente catástrofe natural. (4754 al 7879). -Diputada Cicardini doña Daniella, Informe sobre las estrategias a seguir para reactivar y fomentar la economía de la Región de Atacama, frente a la reciente catástrofe natural. (4754 al 7880). -Diputada Cicardini doña Daniella, Informe sobre las estrategias a seguir para reactivar y fomentar la economía de la Región de Atacama, frente a la reciente catástrofe natural. (4754 al 7881). Ministerio de Hacienda -Diputada Núñez doña Paulina, Hace presente el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 N° 1, letra a), párrafo segundo, de la Constitución Política de la República, al no darse respuesta oportuna al oficio de esta Cámara de Diputados N° 7709, de 1 de abril de 2015, remitido a S.E. la Presidenta de la República, en ejercicio de la facultad prevista en la mencionada norma constitucional. (13022 al 999). Ministerio de Educación -Diputado Espinoza don Fidel, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el proceso de mediación para resolver conflictos implementado por la Superintendencia de Educación en la Región de Los Lagos. (722 al 8544). Ministerio de Justicia -Diputado Rocafull, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con el avance en las conversaciones con la Excma. Corte Suprema, para solucionar el problema que presentan las normas que regulan la custodia o guardia de documentos en el Archivero Judicial de la Región de Arica y Parinacota. (5142 al 9226). Ministerio de Defensa Nacional -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (3103 al 8234). -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (3103 al 8253). Ministerio de Obras Públicas -Diputado Ward, Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre la información detallada en la petición adjunta. (02 al 7320). (02 al 7320). -Diputado De Mussy, Informar respecto de la situación del sistema de agua potable del sector de Nochaco, en la comuna de Puerto Octay, y sobre si existe algún proyecto para entregar este servicio a la comunidad. (769 al 9323). (769 al 9323). Ministerio de Agricultura -Diputado Jarpa, Remita a esta Cámara antecedentes contractuales del embalse Chillan, ex embalse La Esperanza, que se constituirá con aguas del río Chillan, en el sector Los Pellines de la comuna de Pinto. (521 al 9363). Ministerio de Salud -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (1028 al 8397). -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (1720 al 8395). -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (2435 al 8301). -Diputado Van Rysselberghe, Medidas que se adoptarán para agilizar el término de las obras de contingencia y definitivas del Centro de Salud Familiar del sector de Santa Sabina del barrio norte de la comuna de Concepción y para hacer efectiva la responsabilidad de la empresa Pixel, encargada de los trabajos, frente al otorgamiento de boletas de garantía falsas. (3189 al 7903). Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Diputada Hoffmann doña María José, Reiterar el oficio N° 8182 de esta Corporación, de fecha 22 de abril del año 2015. (5892 al 9003). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (472 al 8393). -Diputado Santana, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con los contratos de subsidio de transporte marítimo, vigente en la Región de Los Lagos, particularmente el que dice relación con el ID-1577-78-LP12. (5241 al 9171). -Diputada Carvajal doña Loreto, Disponer que se estudie la factibilidad de instalar una antena de telefonía móvil en el sector de Culenco, en la comuna de Quirihue. (8655 al 1042). Ministerio Secretaría General de la Presidencia -Diputada Provoste doña Yasna, Informar sobre las convocatorias a sesiones del Consejo de Desarrollo Sustentable de Chile durante el actual Gobierno; además, remitir las tablas y actas de las sesiones del consejo; y, por otra parte, que dicho consejo tenga a bien establecer entre sus prioridades el que el país cuente con normas de suelo. (1528 al 9208). -Diputado Espinoza don Fidel, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de reevaluar y reinterpretar el Dictamen N° 31.241 de fecha 22 de abril del año 2015. (53619 al 9051). (53619 al 9051). Ministerio Medio Ambiente -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (151040 al 8359). Empresas del Estado -Diputado Robles, Pertenencias mineras de la Corporación Nacional del Cobre de Chile que han sido traspasadas a la Empresa Nacional de Minería, desde 2005 a la fecha, precisando la fórmula jurídica empleada, la cantidad de terrenos y los demás antecedentes que indica. (047 al 9292). Intendencias -Diputado Sandoval, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el proyecto de control de la Equinococosis Quística en las ciudades de Coyhaique, Aysén y Cochrane. (442 al 8811). Servicios -Diputada Cariola doña Karla, Informar sobre la situación de seguridad laboral, salud y riesgos de accidentes laborales de los trabajadores de las empresas mineras Doña Inés de Collahuasi y Los Bronces, y la falta de asistencia adecuada que les proporcionan las mutuales de seguridad. (1300 al 9448). -Diputado Coloma, Informe a esta Cámara sobre el promedio de espera de cada paciente en relación con la atención de médicos especialistas. (2424 al 8953). -Diputado Robles, Empresas a cargo del monitoreo de la contaminación por fierro y material particulado que se produce en la comuna de Freirina, que afecta principalmente a los productores de aceitunas, precisando los procedimientos empleados, su financiamiento y los receptores de sus resultados. (3314 al 9056). -Diputado Rathgeb, Estudiar la posibilidad de restablecer las barreras sanitarias en la Región de La Araucanía, especialmente en la provincia de Arauco; y destinar los recursos necesarios con ese propósito, para mantener a la región libre de plagas, como por ejemplo la que afecta a la papa. (3441 al 1183). -Diputada Carvajal doña Loreto, Remita a esta Cámara los antecedentes y acciones pertinentes destinadas a mejorar las condiciones penitenciarias actuales en los centros de detención preventiva ubicados en las comunas de Qurihue y San Carlos, en la provincia de Nuble. (980 al 8821). Varios -Diputado Macaya, Informar sobre la factibilidad de aumentar la dotación de carabineros en la comuna de Pichidegua. (759 al 9137). (759 al 9137). XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. -Diputada Hernando doña Marcela, Posibilidad de disponer una fiscalización al Programa de casas tuteladas para adultos mayores ejecutado en la comuna de Antofagasta, en los términos que plantea. (9762 de 06/07/2015). A Contraloría General de la República. -Diputado Sandoval, Informe sobre el pago del bono por barrido de calles a los trabajadores municipales que se desempeñan en ornato y mantención de áreas verdes. (9773 de 06/07/2015). A municipalidades. -Diputado Tuma, Posibilidad de subsanar los defectos que presenta el suministro de agua potable en las ciudades de Carahue y Quepe. (9774 de 06/07/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputado Edwards, Organizaciones territoriales y funcionales de la comuna de Gorbea, precisando los fondos a que han postulado y su resultado. Asimismo, precisa copia del protocolo comunal, con las mencionas que indica. (9779 de 06/07/2015). A municipalidades. -Diputado Edwards, Viajes realizados por la señora Laura Albornoz Pollman, en su calidad de directora de la Corporación Nacional del Cobre, desde marzo de 2014 a la fecha, detallando el pago de pasajes aéreos, viáticos y otros gastos y remitiendo los demás antecedentes que se requieren. (9783 de 06/07/2015). A Empresas del Estado. -Diputado Ward, Legalidad de los viajes realizados por la señora Laura Albornoz Pollman, en su calidad de directora de la Corporación Nacional del Cobre, desde marzo de 2014 a la fecha; si el pago de pasajes aéreos, viáticos y otros gastos se ajustan a la normativa vigente y si fueron autorizados por la Contraloría General de la República. (9784 de 06/07/2015). A Contraloría General de la República. -Diputado Schilling, Posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre el proceder en el pago de los feriados legales a los funcionarios de los jardines vía transferencia de Fondos (VTF) de la comuna de Villa Almena, durante los años 2012, 2013 y 2014 y acerca del pago de sus bonos de vacaciones. (9790 de 07/07/2015). A Contraloría General de la República. -Diputado Schilling, Situación que afecta al señor Juan Urbina Olivares, quien habría recibido una condonación para su deuda de salud en septiembre de 2014 y sin embargo se ha mantenido el descuento del préstamo respectivo. (9791 de 07/07/2015). A Ministerio de Salud. -Diputado Trisotti, Posibilidad de disponer un análisis de la situación del señor José del Tránsito Melihuen Beltrán, llamado a retiro el 3 de mayo de 2007 por la causal establecida en el número 57, letra a), de la ley N° 18.948, a fin de determinar la procedencia de otorgarle algún beneficio por el deterioro progresivo a su salud producto de su carrera militar. (9792 de 07/07/2015). A varios. -Diputado Trisotti, Estado del proyecto de construcción del nuevo jardín infantil Mar de Colores en la caleta de Chanavayita de la comuna de Iquique, la empresa adjudicataria, los montos involucrados y los plazos estimados para el inicio de sus funciones. (9793 de 07/07/2015). A Empresas del Estado. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9794 de 07/07/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9795 de 07/07/2015). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9796 de 07/07/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9797 de 07/07/2015). A Empresas del Estado. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9798 de 07/07/2015). A Ministerio de Salud. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9799 de 07/07/2015). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9800 de 07/07/2015). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9801 de 07/07/2015). A ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9802 de 07/07/2015). A Ministerio de Agricultura. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9803 de 07/07/2015). A Ministerio de Bienes Nacionales. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9804 de 07/07/2015). A Ministerio de Defensa Nacional. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9805 de 07/07/2015). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9806 de 07/07/2015). A Ministerio de Educación. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9807 de 07/07/2015). A Ministerio de Energía. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9808 de 07/07/2015). A Ministerio de Hacienda. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9809 de 07/07/2015). A Ministerio de Justicia. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9810 de 07/07/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9811 de 07/07/2015). A Ministerio de Relaciones Exteriores. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9812 de 07/07/2015). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9813 de 07/07/2015). A Ministerio de Interior. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9814 de 07/07/2015). A Ministerio Medio Ambiente. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9815 de 07/07/2015). A Ministerio Secretaría General de Gobierno. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9816 de 07/07/2015). A Ministerio del Deporte. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9817 de 07/07/2015). A director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad. -Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (9818 de 07/07/2015). A servicios. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9819 de 07/07/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9820 de 07/07/2015). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9821 de 07/07/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9822 de 07/07/2015). A Ministerio de Salud. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9823 de 07/07/2015). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9824 de 07/07/2015). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9825 de 07/07/2015). A Ministerio de Agricultura. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9826 de 07/07/2015). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9827 de 07/07/2015). A Ministerio de Educación. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9828 de 07/07/2015). A Ministerio de Energía. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9829 de 07/07/2015). A Ministerio de Justicia. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9830 de 07/07/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9831 de 07/07/2015). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9832 de 07/07/2015). A Ministerio de Interior. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9833 de 07/07/2015). A Ministerio Medio Ambiente. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9834 de 07/07/2015). A Ministerio Secretaría General de Gobierno. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9835 de 07/07/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (9836 de 07/07/2015). A director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. -Diputada Álvarez doña Jenny, Remita antecedentes acerca del proceso de certificación ambiental a que están sometidas las comunas de Dalcahue, Quellón Queilen Futaleufú y Palena. (9837de 07/07/2015). A Ministerio Medio Ambiente. -Diputada Álvarez doña Jenny, Remita antecedentes acerca del Proyecto Innova Corfo 13BPC3-19145. (9838 de 07/07/2015). A Empresas del Estado. -Diputado Coloma, Remitir información acerca de la situación previsional de la señora María del Tránsito Vera Sepúlveda, cédula de identidad N° 6.788.210-5. (9839 de 07/07/2015). A servicios. -Diputado Coloma, Remitir información acerca de la situación previsional de la señora María del Tránsito Vera Sepúlveda, cédula de identidad N° 6.788.210-5. (9840 de 07/07/2015). A servicios. -Diputada Fernández doña Maya, Remita información respecto al cumplimiento de la Ordenanza N° 27 del municipalidad de Ñuñoa por parte del Bar Zapata, en relación a las molestias que han denunciado los vecinos del conjunto habitacional ubicado en la calle Hernán Cortés de dicha comuna (9841 de 07/07/2015). A municipalidades. -Diputado Silva, Medidas, planes y programas impulsados por el actual Gobierno para la prevención de la discapacidad. (9842 de 07/07/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Silva, Medidas, planes y programas impulsados por el actual Gobierno para la prevención de la discapacidad. (9843 de 07/07/2015). A Ministerio de Educación. -Diputado Silva, Medidas, planes y programas impulsados por el actual Gobierno para la prevención de la discapacidad. (9844 de 07/07/2015). A Ministerio de Salud. -Diputado Silva, Medidas, planes y programas impulsados por el actual Gobierno para la prevención de la discapacidad. (9845 de 07/07/2015). A director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad. -Diputado Silva, Medidas, planes y programas impulsados por el actual Gobierno para la prevención de la discapacidad. (9846 de 07/07/2015). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. -Diputado Silva, Medidas, planes y programas impulsados por el actual Gobierno para la prevención de la discapacidad. (9847 de 07/07/2015). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado Silva, Medidas, planes y programas impulsados por el actual Gobierno para la prevención de la discapacidad. (9848 de 07/07/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado Macaya, Diputado KAST, Remitir información acerca de la licitación Código BIP 30165675-0 que contiene las bases administrativas y normas espaciales para licitación, contratación y ejecución de obras civiles del proyecto de mejoramiento y gestión vial y peatonal de San Fernando. (9849 de 08/07/2015). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado Espinoza don Fidel, Remita antecedentes acerca de la alianza conformada entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Subsecretaría de Turismo para el restablecimiento de cinco pasarelas en los Saltos de Petrohué. (9850 de 08/07/2015). A Ministerio de Agricultura. -Diputado Espinoza don Fidel, Remita antecedentes acerca del proyecto sobre conservación en el Área Marina Costera Protegida Lafken Mapu Lahual, en la comuna de Río Negro. (9851de 08/07/2015). A Ministerio Medio Ambiente. -Diputado Espinoza don Fidel, Remita antecedentes acerca de la certificación ambiental obtenida por las comunas de Puyehue y Frutillar. (9852 de 08/07/2015). A Ministerio Medio Ambiente. -Diputado Espinoza don Fidel, Remita antecedentes acerca del financiamiento para el restablecimiento de cinco pasarelas en los Saltos de Petrohué. (9853 de 08/07/2015). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. -Diputado Monsalve, Remitir información acerca del estado de tramitación del reconocimiento de la calidad de exonerado político de las personas cuya nómina se adjunta. (9854 de 08/07/2015). A Ministerio de Interior. -Diputado Monsalve, Reconsiderar la situación del Club Deportivo Unión Obrero de la comuna de los Álamos, de la provincia de Arauco, en la Región del Biobío, para la obtención de recursos a través de fondos concursables. (9855 de 08/07/2015).A Ministerio de Interior. -Diputado Van Rysselberghe, Remitir información acerca de la eventual contratación por parte de la Policía de Investigaciones de Chile de los servicios de la empresa Phantom. (9856 de 08/07/2015). A Ministerio de Interior. -Diputado Van Rysselberghe, Remitir información acerca de la eventual contratación por parte de la Policía de Investigaciones de Chile de los servicios de la empresa Phantom. (9857 de 08/07/2015). A servicios. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre el Comité de Ministros de la Discapacidad, sus normas de funcionamiento, fechas de reuniones desde 2014 con la nómina de asistentes, adjuntando sus respectivos informes finales y resultados de las distintas evaluaciones. (9858 de 08/07/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre distintas disposiciones relacionadas con las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad, con las precisiones que requiere. (9859 de 08/07/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Silva, Estado de los programas habitacionales que entregan subsidios especiales para la vivienda a personas discapacitadas, precisando el número de subsidios entregados desde 2014, los tipos de adaptaciones incorporadas a las viviendas, tanto para su habitabilidad como para su accesibilidad y los montos asociados a dichos programas. (9860 de 08/07/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre el Comité de Ministros de la Discapacidad, sus normas de funcionamiento, fechas de reuniones desde 2014 con la nómina de asistentes, adjuntando sus respectivos informes finales y resultados de las distintas evaluaciones. (9861 de 08/07/2015). A Ministerio de Hacienda. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre el Comité de Ministros de la Discapacidad, sus normas de funcionamiento, fechas de reuniones desde 2014 con la nómina de asistentes, adjuntando sus respectivos informes finales y resultado de las distintas evaluaciones. (9862 de 08/07/2015). A director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad. - Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre el Comité de Ministros de la Discapacidad, sus normas de funcionamiento, fechas de reuniones desde 2014 con la nómina de asistentes, adjuntando sus respectivos informes finales y resultados de las distintas evaluaciones. (9863 de 08/07/2015). A Ministerio de Educación. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre el Comité de Ministros de la Discapacidad, sus normas de funcionamiento, fechas de reuniones desde 2014 con la nómina de asistentes, adjuntando sus respectivos informes finales y resultados de las distintas evaluaciones. (9864 de 08/07/2015). A Ministerio de Justicia. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre el Comité de Ministros de la Discapacidad, sus normas de funcionamiento, fechas de reuniones desde 2014 con la nómina de asistentes, adjuntando sus respectivos informes finales y resultados de las distintas evaluaciones. (9865 de 08/07/2015). A Ministerio de Salud. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre distintas disposiciones relacionadas con las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad, con las precisiones que requiere. (9866 de 08/07/2015). A director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad. -Diputado Silva, Estado de los programas habitacionales que entregan subsidios especiales para la vivienda a personas discapacitadas, precisando el número de subsidios entregados desde 2014, los tipos de adaptaciones incorporadas a las viviendas, tanto para su habitabilidad como para su accesibilidad y los montos asociados a dichos programas. (9867 de 08/07/2015). A director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre distintas disposiciones relacionadas con las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad, con las precisiones que requiere. (9868 de 08/07/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Silva, Estado de los programas habitacionales que entregan subsidios especiales para la vivienda a personas discapacitadas, precisando el número de subsidios entregados desde 2014, los tipos de adaptaciones incorporadas a las viviendas, tanto para su habitabilidad como para su accesibilidad y los montos asociados a dichos programas. (9869 de 08/07/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre distintas disposiciones relacionadas con las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad, con las precisiones que requiere. (9870 de 08/07/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Silva, Estado de los programas habitacionales que entregan subsidios especiales para la vivienda a personas discapacitadas, precisando el número de subsidios entregados desde 2014, los tipos de adaptaciones incorporadas a las viviendas, tanto para su habitabilidad como para su accesibilidad y los montos asociados a dichos programas. (9871 de 08/07/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre el Comité de Ministros de la Discapacidad, sus normas de funcionamiento, fechas de reuniones desde 2014 con la nómina de asistentes, adjuntando sus respectivos informes finales y resultados de las distintas evaluaciones. (9872 de 08/07/2015). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre el Comité de Ministros de la Discapacidad, sus normas de funcionamiento, fechas de reuniones desde 2014 con la nómina de asistentes, adjuntando sus respectivos informes finales y resultados de las distintas evaluaciones. (9873 de 08/07/2015). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre el Comité de Ministros de la Discapacidad, sus normas de funcionamiento, fechas de reuniones desde 2014 con la nómina de asistentes, adjuntando sus respectivos informes finales y resultados de las distintas evaluaciones. (9874 de 08/07/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado Silva, Estado de los programas habitacionales que entregan subsidios especiales para la vivienda a personas discapacitadas, precisando el número de subsidios entregados desde 2014, los tipos de adaptaciones incorporadas a las viviendas, tanto para su habitabilidad como para su accesibilidad y los montos asociados a dichos programas. (9875 de 08/07/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado Carmona, Resultados de los monitoreo de material particulado que se están realizando en Copiapó, por la Fundición Paipote de la Empresa Nacional de Minería y por la Universidad de Atacama. (9886 de 09/07/2015). A intendencias. -Diputado De Mussy, Eventuales excepciones a las obligaciones y prohibiciones contenidas en el artículo 39 del Reglamento del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional. (9887 de 09/07/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputada Hernando doña Marcela, Posibilidad de gestionar la aplicación efectiva de la “Guía de Práctica Clínica; Detección y Diagnóstico Oportuno de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), 2011” e incorporar los test de detección temprana a partir de los 18 meses por los profesionales encargados del Control de Niño Sano. (9888 de 09/07/2015). A Ministerio de Salud. -Diputado Lavín, Propiedad del inmueble ubicado en Pasaje Moscú N° 4140, casa municipal, comuna de Maipú. (9889 de 09/07/2015). A alcalde de la Municipalidad de Maipú. -Diputado Lavín, Respuesta a la solicitud presentada al Departamento de Desarrollo Social de ese municipio, con fecha 30 de marzo de 2015, para la entrega de una mediagua para la señora Nayareth Améstica Vergara, precisando los motivos que han impedido emitir un pronunciamiento. (9890 de 09/07/2015). A municipalidades. -Diputado Lavín, Propiedad del inmueble ubicado en Pasaje Moscú N° 4140, casa municipal, comuna de Maipú. (9891 de 09/07/2015). A director del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Smapa. -Diputado Silber, Denuncia que formula la Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Angol, señora Tamara Carvajal Sagredo, por presunta conducta indebida del Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Araucanía, señor Alex Moenen-Locoz Medina. (9892 de 09/07/2015). A Ministerio de Agricultura. -Diputado Silber, Denuncia que formula la Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Angol, señora Tamara Carvajal Sagredo, por presunta conducta indebida del Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Araucanía, señor Alex Moenen-Locoz Medina. (9893 de 09/07/2015). A Ministerio de Agricultura. -Diputado Urrutia don Ignacio, Posibilidad de disponer el traslado del peaje de la Ruta 5 Sur, ubicado en la salida sur del río Longaví, comuna de Retiro, provincia de Linares. (9894 de 09/07/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputado Van Rysselberghe, Reitera oficio N° 9027 de esta Corporación, de fecha 2 de junio del presente año. (9895 de 09/07/2015). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Farías Ponce, Ramón -Fernández Allende, Maya -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Sommerhoff, Felipe -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pascal Allende, Denise -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabrie -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrieron, además, el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y el ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte. -Se contó con la asistencia, también, de la subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez. -No estuvieron presentes por encontrarse: -Con permiso constitucional: El diputado señor José Antonio Kast Rist. -Con licencia médica: La diputada señora Clemira Pacheco Rivas, y los diputados señores Felipe De Mussy Hiriart e Iván Flores García.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.10 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 39ª se declara aprobada. El acta de la sesión 40ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Núñez, don Marco Antonio, y con la asistencia de las diputadas señoras Cariola, Cicardini, Hoffmann, Molina y Pascal, y de los diputados señores Barros, Browne, Coloma, Chávez, Espinosa, García, González, Rincón, Santana, Tarud y Vallespín, acordaron por unanimidad lo siguiente: 1. Fijar las tablas de las sesiones ordinarias de la semana, documento que se encuentra en los pupitres electrónicos de las señoras diputadas y de los señores diputados, en conformidad con el artículo 108 del Reglamento. 2. Rendir homenaje al exdiputado del Partido Renovación Nacional don Arturo Longton Guerrero, recientemente fallecido, durante la sesión ordinaria del 21 de julio próximo, inmediatamente después de la Cuenta. Se destinarán cinco minutos a cada bancada que desee participar en dicho homenaje. 3. Rendir homenaje al exdiputado y exsenador del Partido Renovación Nacional don Sergio Díez Urzúa, recientemente fallecido, durante la sesión ordinaria del 4 de agosto próximo, inmediatamente después de la Cuenta. Se destinarán cinco minutos a cada bancada que quiera intervenir. 4. Respecto del proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia (boletín N° 9790-07), se acordó establecer un plazo para renovar indicaciones o solicitar votación separada hasta a las 11.00 horas del miércoles 15 de julio próximo, fecha en que se votará el proyecto, y se limita el tiempo de intervención de las señoras diputadas y los señores diputados a cinco minutos. 5. Tratar y votar en la sesión de hoy con preferencia, el proyecto de resolución N° 398, mediante el cual se solicita a su excelencia la Presidenta de la República que dé prioridad a la descentralización en la agenda política y legislativa del gobierno y ponga urgencia a los proyectos de ley relacionados con esa materia. 6. En atención a que el supremo gobierno ha presentado una indicación al proyecto que modifica la ley N° 20.365, que establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos, la Ley General de Servicios Eléctricos y la ley que crea la ENAP (boletín N° 9628-08), se ha acordado trasladar la discusión para la sesión ordinaria de Sala del 15 de julio próximo, destinando una hora para su discusión y limitando el tiempo de intervención de las señoras diputadas y los señores diputados a cinco minutos. La indicación que ha renovado su excelencia la Presidenta de la República se va a remitir hoy a la Comisión de Hacienda, con el objeto de que la informe de acuerdo con lo que establece la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA (don Ignacio).- Señor Presidente, antes se publicaban en nuestras pantallas los acuerdos de Comités, pero hoy solo aparecen las tablas. En consecuencia, solicito que retomemos dicha práctica. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Los acuerdos de Comités de hoy serán publicados luego, porque la reunión de los Comités terminó hace pocos minutos. -o- El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por la Comisión de Seguridad Ciudadana para que le sean remitidos proyectos de ley, actualmente radicados en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por referirse a materias que corresponden a la competencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Se trata de los proyectos, iniciados en mociones, que modifican el Código Penal, con el objeto de tipificar el delito de maltrato en contra de menores, para aumentar sanciones en el delito de lesiones, sanciones para el maltrato infantil, para aumentar la pena en el delito de lesiones cometido en contra de menores, sobre el Registro General de Condenas, con el propósito de aumentar las penas en los casos de delitos de lesiones en contra de menores, y, finalmente, para sancionar la seducción de menores por medios virtuales. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. V. ORDEN DEL DÍA FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 9790-07) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia. De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, se limitará el tiempo de intervención de los señores diputados a cinco minutos y el plazo para renovar indicaciones y solicitar votaciones separadas vence a las 11.00 horas del miércoles 15 de julio. Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, son los señores Leonardo Soto y Manuel Monsalve, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, sesión 107ª de la legislatura 362ª, en 16 de diciembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 1. -Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 43ª de la presente legislatura, en 10 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 45ª de la presente legislatura, en 8 de julio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El señor SOTO (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar sobre el proyecto de ley sobre el fortalecimiento y transparencia de la democracia, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República. La idea matriz o fundamental del proyecto de ley es establecer condiciones institucionales que permitan mayor equidad para acceder a los cargos de elección popular, garantizar la autonomía de los representantes democráticamente elegidos mediante la regulación de la relación entre dinero y política, y la transparencia del financiamiento de la política. Señala el mensaje que la iniciativa se enmarca en una serie de reformas impulsadas con el fin de fortalecer nuestro sistema democrático, tales como la creación de un nuevo sistema electoral, el aseguramiento del derecho a sufragio de los ciudadanos desde el extranjero, entre otras iniciativas en tramitación y estudio. Agrega que, en este contexto, la regulación efectiva de las campañas electorales, su control por un órgano con atribuciones suficientes y el financiamiento de los partidos políticos, se vuelve una discusión indispensable. Los fundamentos que inspiran la iniciativa son los siguientes: 1. Necesidad de mejor calidad de la política. Uno de los elementos fundantes de la democracia representativa es la necesidad de que quienes resulten elegidos canalicen los intereses generales de la sociedad, legislando y regulando la vida en común. Los ciudadanos exigen a sus representantes que las decisiones políticas y legislativas se sometan a estándares más altos de transparencia y que estén sujetas a mecanismos de control. En atención a esta demanda, resulta necesario crear una institucionalidad que garantice la continuidad de elecciones periódicas realmente competitivas, informadas y ajenas a intereses particulares o corporativos. Al regular la vinculación entre dinero y política, se generan condiciones institucionales para mejorar la relación entre gobernantes y gobernados, lo que, en último término, fortalece la gobernabilidad democrática y el sistema político. Lo que se busca con ello es: a) Equidad en la competencia política La iniciativa en comento busca generar condiciones que permitan un acceso más equitativo a los cargos de elección popular para los candidatos y los partidos políticos, fortaleciendo el pluralismo político. Asimismo, pretende institucionalizar formas de financiamiento que garanticen lo anterior, especialmente potenciando el rol del ciudadano y de las mayorías como la fuente de ingresos para las campañas políticas, proscribiendo que agentes económicos específicos o grupos de interés desequilibren el sistema con aportes extraordinarios. b) Mayor transparencia. La transparencia en la política desincentiva la corrupción y permite el control ciudadano. Esto es clave para asegurar que los intereses particulares no se antepongan a los intereses generales. Por ello, eliminar los aportes anónimos y los aportes reservados a las campañas es uno de los pilares del proyecto de ley. c) Prevención y control de conflictos de intereses. Junto con la transparencia de la actividad política, se quiere prevenir, conocer y sancionar eventuales conflictos de intereses. Para ello es necesario que entidades que defienden intereses privados puramente comerciales o corporativos no intervengan en la política. Además, se requiere de un sistema efectivo de control de tales reglas. En los últimos años, a nivel local e internacional, se ha evidenciado una desafección hacia los partidos políticos. Uno de los motivos vinculados a esta situación guarda relación con una percepción de intromisión del dinero en la política, lo que incide en la percepción de la ciudadanía de poca transparencia del sistema político y en la captura de este por los intereses privados. Por estos motivos, el tema del financiamiento de la política es uno de los elementos centrales del debate en la agenda pública de varios países y regiones del mundo. 2. Relevar el rol de los partidos en la búsqueda del bien común. Chile, a diferencia de la mayoría de los países democráticos, no cuenta con un sistema permanente de financiamiento de la actividad política más allá de las campañas electorales, lo que impide a los partidos políticos un mayor grado de institucionalización, de generación de nuevos liderazgos y de proyectos programáticos de largo plazo. Reducir el impacto y rol de los partidos fue una de las prioridades de la dictadura militar, en la que se establecieron mecanismos para comprimir al máximo la participación y la democracia. Hoy no se justifica mantener el régimen heredado de aquella época. Por el contrario, resulta imperativo fortalecer el rol de los partidos como paso obligatorio para una democracia de calidad, lo que pasa por reconocer la necesidad de un aporte público permanente a los partidos políticos. 3. Fortalecer el rol del Estado en el fomento de la democracia. En razón de los principios de transparencia e igualdad política que rigen nuestro sistema democrático, se vuelve necesario dotar a los partidos políticos de un sistema de financiamiento público. Consideramos que esto es fundamental para asegurar una participación equitativa y una realización efectiva de los derechos de participación política. Lo anterior cobra absoluta relevancia cuando, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Servicio Electoral en 2011, el 43 por ciento de los ingresos de los partidos corresponde a cotizaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, mientras que el 57 por ciento restante se distribuye en intereses e inversiones financieras, campañas de finanzas, aportes reservados y otros ingresos. En un sistema democrático sólido, la labor esencial de los partidos políticos no puede quedar al alero de ser capturada por los aportes de algunos particulares. La dependencia de fuentes de financiamiento debilita a los partidos políticos y va en directo perjuicio de su labor de canalización de los intereses de los distintos sectores de la población. En definitiva, el propósito central del proyecto apunta a lograr que el sistema democrático pueda controlar efectivamente la influencia del dinero sobre la actividad política, garantizando la competencia electoral y promoviendo la equidad en el acceso a los cargos de elección popular. En cuanto al contenido específico del proyecto en informe, cabe señalar que modifica diversos cuerpos legales, introduciendo los siguientes cambios: a) Mayor equidad en la política y en las campañas. La iniciativa propone una serie de modificaciones a la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, a fin de introducir reglas que fortalezcan el rol del Estado en el fomento de la democracia y la limitación del rol del dinero de privados en la política. Ellas son: i) Aporte público para la democracia. Se establecen dos clases de aportes públicos para el fortalecimiento de la democracia. Por un lado, se crea un aporte trimestral para los partidos políticos que cumplan con las normas legales vigentes y que cuenten con representación en alguna de las cámaras del Congreso Nacional, destinado a que estos puedan contar con recursos para el desarrollo de actividades de investigación, de fomento a la participación de jóvenes y mujeres, y de formación cívica. Por otro lado, se establece un incremento significativo en el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas electorales, reduciendo el impacto y la dependencia de los aportes privados para las campañas electorales. ii) Se rebaja el límite de gasto electoral. El proyecto limita el rol del dinero en la democracia, al rebajar drásticamente el monto que los candidatos y partidos pueden gastar en una campaña. b) Normas para mayor transparencia y control de conflictos de intereses. Un segundo grupo de modificaciones dice relación con la publicidad de los aportes, los que se efectuarán a través del Servicio Electoral. En este sentido, se eliminan los aportes anónimos y reservados, junto con las siguientes materias: i) Prohibición de aportes de personas jurídicas. Se elimina la posibilidad de que personas jurídicas, con o sin fines de lucro, realicen aportes a campañas políticas. Como consecuencia de esta prohibición, se propone derogar el Título II de la ley N° 19.885, que norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos, en la cual se consagra el beneficio tributario asociado a tales donaciones. ii) Se regula el aporte de personas naturales. Se rebaja el límite de dinero que una persona natural puede donar a un candidato o partido durante una campaña. Los aportes personales que los mismos candidatos efectúen en sus propias campañas se regirán por las reglas generales que establece esta ley en proyecto, y no podrán exceder del 10 por ciento del total de gasto permitido de la respectiva candidatura. iii) Se establecen normas sobre transparencia. En la relación entre el dinero y la política se establece que todos los aportes a candidatos o sus partidos durante campañas electorales deberán efectuarse a través de un sitio electrónico que el Servicio Electoral habilitará especialmente al efecto, el que asegurará que todos los aportes serán públicos y fácilmente consultables por la ciudadanía. Por otro lado, los aportes públicos permanentes a los partidos políticos, deberán rendirse de forma pública y transparente. De igual forma, serán públicos los aportes que las personas puedan efectuar a los partidos políticos fuera del periodo de campaña electoral. c) Campañas electorales con equidad y respeto a la ciudadanía. Se introducen modificaciones que apuntan a la equidad y al control del gasto en las campañas electorales. i) Se establece que los medios de prensa y radioemisoras deberán informar sus tarifas al Servel. ii) Se potencia el rol informativo y de espacio de debate público de las radios. iii) Se restringe la propaganda electoral en espacios públicos. d) Fortalecimiento del Servicio Electoral y normas de fiscalización. Se sabe que las reglas eficaces requieren contar con un sistema adecuado de control y supervisión de su cumplimiento. Por lo mismo, el proyecto modifica la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, dotándolo de potestades que le permitirán velar adecuadamente por la eficacia de la ley. Respecto de las facultades de supervisión que se entregan al Servicio Electoral, contará con las herramientas necesarias para controlar de manera eficaz el cumplimiento de la presente ley en proyecto. Es posible destacar entre sus facultades la de supervisar la rendición de cuentas, la de realizar y ordenar auditorías a los estados anuales de cuenta pública, la de ingresar a los recintos en que funcionen partidos políticos o tengan sede las candidaturas, así como la de acceder a los libros de cuentas y documentos que permitan fiscalizar el estado financiero de los sujetos bajo su supervisión. En su sesión 77ª, de 10 de marzo de 2015, vuestra comisión aprobó por mayoría la idea de legislar del proyecto en informe. Durante la discusión particular, se le introdujeron diversas modificaciones que tuvieron como propósito dar mayor énfasis a los fundamentos y objetivos enunciados en el mensaje, en el sentido de fortalecer nuestra democracia. Finalmente, cabe señalar que una vez despachado el proyecto por esta comisión, los Comités Parlamentarios acordaron remitirlo nuevamente a ella para que evacúe un informe complementario que precise con mayor detalle lo relativo al aporte de las personas jurídicas a los partidos políticos, aporte que la comisión siempre tuvo en miras restringir, como una manera de ser fiel a los lineamientos esbozados en el mensaje respecto de la relación entre la política y el dinero. Durante la nueva discusión, la comisión aprobó una indicación de origen parlamentario que precisa sin lugar a dudas que habrá prohibición absoluta para que las personas jurídicas puedan realizar aportes de cualquier naturaleza a los partidos políticos. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete, quien va a rendir el informe de la Comisión de Hacienda. El señor POBLETE (de pie).- Señor Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Corporación, paso a informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, respecto del proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, calificado con urgencia de “suma”. Tal como señaló el diputado Leonardo Soto, quien me precedió en el uso de la palabra, la iniciativa tiene por finalidad establecer condiciones institucionales que permitan mayor equidad para acceder a los cargos de elección popular, garantizar la autonomía de los representantes democráticamente elegidos, para lo cual regula la relación entre el dinero y la política, y transparentar el financiamiento de la política. La comisión técnica consideró que son de competencia de la Comisión de Hacienda las disposiciones contenidas en la letra a) del número 5) del artículo 2o, el número 6) del mismo artículo, el inciso cuarto del número 2) del artículo 3° y los artículos 4o y 7o del proyecto. Por su parte, la Comisión de Hacienda estimó que por tener incidencia en materias de naturaleza presupuestaria y financiera del Estado, también son de su competencia el resto de las disposiciones del número 2) del artículo 3° y las del número 3) del artículo 5o, en lo que se refiere a los incisos primero y segundo del artículo 71 B. En cuanto al contenido de dichas normas, el artículo 2o introduce modificaciones a la Ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. En concreto, por la letra a) del número 5) de artículo 2° se modifica el artículo 14 de dicha ley para reemplazar, en su inciso primero, la expresión “multiplicado por el equivalente en pesos a diez milésimos de unidad de fomento.”, por “multiplicado por el equivalente en pesos a veinte milésimos de unidad de fomento.”, factor que se deberá multiplicar por el número de votos recibidos en la última elección por el partido respectivo para calcular el financiamiento electoral que recibirá la colectividad de parte del Estado. Por el número 6) del artículo 2° se modifica el inciso segundo del artículo 15 de la misma ley, a fin de establecer que el reembolso de los gastos electorales será el resultado de multiplicar cuatro centésimos de unidad de fomento por cada voto recibido, y no tres centésimos, como ocurre en la actualidad. Asimismo, se elimina la referencia al reembolso de los gastos que no hayan sido financiados por otro tipo de aportes. Finalmente, sustituye la frase “facturas o boletas pendientes de pago” por “facturas, boletas u otros documentos que respalden los gastos”, como medio para acreditar o respaldar los gastos. El artículo 4o deroga el Título II de la Ley N° 19.885, que Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que dan origen a Beneficios Tributarios y los extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. El número 3) del artículo 5° fue agregado por la Comisión de Hacienda para introducir un párrafo 4°, nuevo, sobre procedimiento administrativo sancionador, mediante el cual se establecen multas para sancionar las infracciones que contempla el nuevo artículo 71 B que se incorpora a la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. El artículo 7o dispone: “Los gastos que irrogue la presente ley en su primer año de aplicación se financiarán con los recursos consultados en la Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en lo que faltare, se podrá suplementar con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en la respectiva Ley de Presupuestos.”. Incidencia en materia presupuestaria y financiera. El informe financiero sustitutivo N° 77, de 10 de junio de 2015, elaborado por la Dirección de Presupuestos, señala que el proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia contiene los siguientes elementos que producen impacto presupuestario: a) Se incrementa el aporte inicial a las campañas electorales de 0,010 unidades de fomento por voto a 0,020 unidades de fomento. b) Se entrega un aporte permanente a los partidos políticos, contemplando 0,04 unidades de fomento por voto válidamente emitido a favor de candidatos inscritos en algún partido político y de candidatos independientes asociados a algún partido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° bis de la ley N° 18.700. c) Se incrementa el reembolso para los candidatos asociado a devolución de gastos electorales de 0,03 unidades de fomento a 0,04 unidades de fomento, por el número de sufragios obtenidos en la respectiva elección. Esta modificación afecta además al reembolso de gastos de los partidos políticos en elecciones presidenciales. d) Por otra parte, se establece que todos los aportes efectuados a candidatos o a sus partidos durante campañas electorales deberán efectuarse a través del sitio web del Servicio Electoral o habilitando un sitio electrónico para estos fines; como asimismo, materializar las respectivas transferencias a cuentas corrientes informadas por los candidatos o partidos políticos. Efecto del proyecto sobre el gasto fiscal. El impacto presupuestario estimado del proyecto de ley para el período 2015-2021 utiliza supuestos de votaciones basados en las elecciones pertinentes de años anteriores. De acuerdo con eso, el gasto sería el siguiente: año 2015, 720.000.000 de pesos; año 2016, 10.191.828.000 pesos; año 2017, 14.287.467.000 pesos; año 2018, 6.120.839.000 pesos; año 2019, 6.120.839.000 pesos; año 2020, 10.191.828.000 pesos, y año 2021, 15.265.501.000 pesos. En su primer año presupuestario de aplicación, ese gasto se financiará con los recursos consultados en la partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en lo que faltare, se podrá suplir con recursos provenientes de la partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes será financiado por la respectiva Ley de Presupuestos. El informe financiero N° 99, de 7 de julio de 2015, de la Dirección de Presupuestos, que se acompañó a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo con esa fecha, que fueron acogidas por la comisión, y que complementa el informe financiero anterior, señala que dichas indicaciones introducen modificaciones que, en lo principal, primero, establecen un rango al fondo de aportes permanentes a los partidos políticos a base del tamaño del padrón electoral; segundo, modifican parte de la distribución interna de ese fondo, de manera que refleje el número de regiones en las cuales se encuentre constituido cada partido, premiando a los constituidos en la totalidad de las regiones del país, y tercero, modifican el articulado transitorio en lo referido a la actualización del registro general, estableciendo la exigencia de reinscripción de un número de afiliados equivalente al establecido por la ley para constituirse como partido en cada región para que el partido respectivo pueda mantenerse como beneficiario del total del aporte público. El informe financiero agrega que esas modificaciones al proyecto de ley no implican un mayor gasto fiscal. Cabe destacar que las indicaciones que el Ejecutivo presentó ante la Comisión de Hacienda y que fueron aprobadas por esta, acogieron planteamientos que nacieron en el seno de la misma comisión e incidieron en el perfeccionamiento de la iniciativa. Respecto de la primera indicación, tal como explicó el señor ministro de Hacienda ante la comisión, originalmente el proyecto no contenía un tope para el fondo a distribuir entre los partidos, pero gracias a la indicación ahora no solo tendrá piso, sino también tope, lo que hace más predecibles las sumas con que contarán los partidos. Con ello, además, se conserva, al mismo tiempo, el incentivo a la participación. Sobre la segunda indicación, explicó que mantiene el espíritu, pero simplifica la redacción de la norma sobre distribución de los fondos entre los partidos políticos. Agregó que el aporte se determinará en forma lineal y que se entregará un punto más al partido inscrito en todas las regiones del país, con lo que se conserva el incentivo a la participación. En cuanto a la tercera indicación, manifestó que se recogió lo planteado por el diputado señor Lorenzini sobre el gasto asociado al proyecto durante el primer año presupuestario. Finalmente, respecto de la cuarta indicación indicó que aumenta el reembolso por los gastos de campaña electoral de tres a cuatro centésimos de unidad de fomento por voto obtenido. En consideración al mérito del proyecto y sus fundamentos, la comisión aprobó las normas de su competencia con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes presentes y recomienda a la Sala hacer lo propio. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, lamento la decisión de los Comités de disminuir el tiempo de intervención de cada diputado a cinco minutos, pues claramente vulnera el Reglamento de la Cámara de Diputados. Estamos frente a un proyecto con el que se ha tratado de generar, en la Cámara de Diputados y en la ciudadanía, la sensación de que estamos resolviendo un tema asociado al fortalecimiento y a la transparencia de la democracia. Sin embargo, la realidad es que solo estamos legislando a base de una iniciativa que asigna recursos financieros del Estado a candidatos y a partidos políticos, lo cual es razonable -está bien-, pero no da cuenta de la profundidad de la crisis política que vive nuestro país. Insisto, no es un proyecto para el fortalecimiento y la transparencia de la democracia, sino que es una iniciativa que asigna recursos a candidatos y a partidos, y así debemos entenderlo. Se trata de una parte de una secuencia, de un conjunto de proyectos que debiese presentarse y que buscan alcanzar un objetivo final. Con la iniciativa no se fortalece la democracia, porque no se está legislando para fortalecer las funciones y las facultades fiscalizadoras del Servicio Electoral. Ello se produciría, eventualmente, a partir de un compromiso contraído por el Ejecutivo -está consignado en el mensaje- en términos de enviar el proyecto de ley respectivo. Tampoco la iniciativa hace referencia a lo que ocurre con las precampañas, lo cual sigue siendo un tema tabú que ha generado muchos dolores de cabeza en todos los sectores políticos del país. En Chile se vive la más baja evaluación histórica institucional del Parlamento, del gobierno, de las iglesias -en particular, de la Iglesia católica- y de los tribunales de justicia. Es cierto que en el futuro debemos legislar para separar la política de los negocios y del dinero. También es verdad que estamos en la más profunda de las crisis, la cual no nos permite siquiera asomar la nariz para iniciar un proceso que permita revertir la situación por la que atravesamos. Reitero, es necesario resolver estos problemas en el futuro. En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la que formo parte, junto con el diputado Hugo Gutiérrez presentamos una indicación -quiero poner especial énfasis sobre el particular- que permite, a través del mecanismo de la transparencia pasiva, que cualquier ciudadano tenga acceso a información sobre aportes reservados de procesos electorales anteriores. Obviamente, la propuesta solo obtuvo el voto favorable del diputado Hugo Gutiérrez y de quien habla. No obstante, vamos a renovar la indicación antes de que expire el plazo fijado -las 11.00 horas de mañana-, con la firma de treinta diputados. De esta manera, se pretende no solo abordar la relación de la política con el dinero hacia el futuro, sino, además, en consideración a lo que ha ocurrido y que se está investigando, que todos estemos disponibles para que cualquier ciudadano, mediante el mecanismo de transparencia pasiva, acceda a la información relacionada con los aportes reservados. Quien habla ha recibido aportes reservados y me encantaría conocer sus orígenes. Considero que le haría bien a nuestras instituciones, a los partidos, a los candidatos, a nuestra democracia, tener la valentía de abrir esa información a los ciudadanos, de modo que, de una vez y para siempre, se sepa la manera en que se financiaron las candidaturas y los partidos, a lo menos desde que fue dictada la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Por último, quiero formular una pregunta. Todo lo que se ha conocido, a partir de las informaciones de prensa, desde el Ministerio Público, desde el Servicio de Impuestos Internos y desde los tribunales de justicia, ha estado relacionado con la emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas para el financiamiento de partidos y de candidaturas. Por lo tanto, quiero instalar la siguiente pregunta, que puede incomodar, pero que hay que formularla: ¿Qué garantía tenemos y pueden tener los chilenos de que los recursos que fueron entregados a partir de financiamiento ilegal tuvieron un origen lícito o provinieron verdaderamente de las empresas a las cuales se les facturó? He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Informo a la Sala que, de conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités, la sesión se suspenderá por un tiempo de quince minutos a partir de las 12.00 horas, con el objeto de concurrir a la ceremonia de adhesión y firma de compromiso de la campaña impulsada por ONU Mujeres denominada “HeForShe”. Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, no hay duda de que el proyecto va en la línea correcta de prestigiar la política y a quienes participamos en ella. Está claro que no queremos que exista oscuridad en relación con los aportes en las distintas campañas. Es muy positivo que las empresas nunca más contribuyan en ellas, pues, como sabemos, ello produce dependencia entre candidatos elegidos y empresas. Además, estos son más susceptibles de ser influidos durante la tramitación de las iniciativas o en las actividades que realicen en los distintos puestos de representación. Asimismo, me parece interesante que en el proyecto se establezca claramente qué se entiende por propaganda electoral y qué no puede ser considerada como tal. También es positivo que las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u otros eventos, o ceremonias de carácter público durante los treinta días anteriores a cualquier elección, deban cursar invitación a tales eventos a todos los candidatos de la respectiva región, o bien abstenerse de invitar a la totalidad de ellos. Otro aspecto que cabe destacar es que se establezca con precisión los lugares en los que se puede instalar propaganda electoral, pues es evidente que la ciudadanía está cansada de ver cómo se ensucia la ciudad y se coloca publicidad en todos los espacios. Ahora, la única forma para que en las zonas rurales exista propaganda electoral es definir su ubicación. Lo anterior deberá hacerlo el Servicio Electoral, el que, naturalmente, también lo hará en las ciudades en la medida en que en los municipios no se pongan de acuerdo respecto de los lugares adecuados. Por otra parte, la iniciativa establece que las municipalidades deberán retirar u ordenar el retiro de toda la propaganda electoral que se realice con infracción a lo dispuesto en la norma, lo cual podría pensarse que será letra muerta. Sin embargo, cabe considerar que, pese a que el retiro lo efectuará la municipalidad, el costo lo asumirán los candidatos, pues las municipalidades harán efectivos esos montos de los reembolsos que procedan en favor del candidato o del partido, según corresponda, ante la Tesorería General de la República. También es interesante la norma establecida en el proyecto en orden a que el Servicio Electoral publique en su sitio web la nómina de los lugares autorizados para efectuar propaganda electoral, y la información sobre el procedimiento para hacerlo correctamente. Además, la iniciativa establece la posibilidad de que cualquier persona haga la denuncia ante el Servicio Electoral respectivo, a fin de que se ordene el retiro o supresión de los elementos de propaganda que no cumplan la norma. Asimismo, es muy adecuado que el proyecto precise que ninguna persona natural podrá aportar a un candidato una suma excesiva; el aporte se limita a un monto determinado. Tal restricción rige para los candidatos a diputados, a alcaldes, a concejales y a consejeros regionales. Por supuesto, el Estado, a través del Servicio Electoral, otorgará a los partidos políticos aportes trimestrales. Eso contribuye a que se reconozca la importancia de los partidos políticos en nuestra democracia. En todo caso, al menos 10 por ciento del total aportado a cada partido deberá utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres. El proyecto de ley representa, por tanto, un paso trascendental para fortalecer la democracia y la transparencia de la actividad política. También es bueno destacar que ha quedado claro que ninguna persona jurídica podrá aportar a los partidos políticos, cosa que ha causado bastante confusión. Por eso es bueno precisar que solamente las personas naturales van a poder efectuar aportes, con un límite de 250 UF. Reitero, estamos avanzando cada vez más en transparentar las actividades políticas. Por lo tanto, esta iniciativa representa un tremendo aporte a la política. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En virtud de un acuerdo de Comités, y a fin de que los integrantes de la honorable Cámara puedan concurrir al acto conmemorativo del Movimiento de Solidaridad para la Igualdad de Género “HeForShe”, de ONU Mujeres, a cargo de la vicepresidenta señora Denise Pascal, se suspende la sesión por quince minutos. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, el proyecto que hoy conocemos, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, tiene su origen y está motivado por los sucesos que han conmovido al sistema político, a sus personeros, al país, debido a lo cual se ha entablado una crítica radical desde la sociedad hacia el Parlamento, el gobierno y las instituciones de la democracia representativa en general. Sin embargo, y sin el propósito de eludir la relación que este proyecto tiene con la coyuntura que enfrenta el país, quiero invitar a la Cámara de Diputados a elevar un poco la mirada y tratar de ver el problema desde su trasfondo, que dice relación con la sociedad contemporánea. La crítica a la democracia representativa, de la cual deriva lo que hoy estamos observando en nuestro país, tiene razones más profundas que temas como Penta, Soquimich, Caval, las boletas falsas, el financiamiento de las campañas electorales o la actividad política. Dice relación con que el “envase” de la democracia representativa, que en su versión moderna fue establecido a partir de la Revolución Francesa, sigue siendo el mismo de hace más de doscientos años, no obstante que la realidad social y cultural ha cambiado radicalmente. El aumento del acceso a la cultura, a la educación, a la información ha redundado en que tengamos una ciudadanía más fortalecida, más consciente de sus derechos, más dispuesta a ejercerlos. Sin embargo, el aumento del poder de la ciudadanía supone mayor representación de esta, que es precisamente lo que reclama. Los ciudadanos aspiran a involucrarse y a resolver por sí mismos buena parte de los problemas que antes se derivaban a la democracia representativa. Así, surge la necesidad de llevar a cabo un análisis para complementarla con formas de participación directa, como los referéndums o los plebiscitos, e instituir nuevas instancias de relación entre la ciudadanía y la política, que no es otra cosa que el gobierno de la sociedad, como la elegibilidad de la mayor cantidad de cargos posible y el establecimiento de la revocabilidad de esos mandatos cuando los que han sido elegidos para ejercerlos defraudan la confianza que ha delegado en ellos la ciudadanía, no solo a causa de actos indebidos, sino también por razones de incompetencia, entre otras. Al final, de lo que se trata es del gobierno de la sociedad y de que los ciudadanos quieren participar de esa forma de gobierno. Otra razón muy poderosa que provoca desencanto es que el proceso de globalización del capitalismo ha disminuido los márgenes de autodeterminación de las soberanías nacionales, de los Estados nacionales, que son los lugares naturales de realización de las democracias representativas. Si alguien tiene dudas respecto de las limitaciones que ello impone a la democracia representativa y de la frustración que significa para la ciudadanía que existan poderes por sobre lo nacional, quiero que observen las noticias internacionales de la última semana. En Grecia, el gobierno del señor Tsipras, en su negociación con la Unión Europea y con los bancos acreedores de esa nación, convocó a un referéndum, en el que la opción “no” era la expresión del rechazo del pueblo griego a las condiciones de autoridad impuestas por el capitalismo global. Señor Presidente, ojalá usted pusiera atención a lo que señalo y que el diputado señor Cristián Monckeberg tomara asiento en el escaño que le corresponde, para cuya representación votaron por él los habitantes del distrito integrado por las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Lo que acaba de ocurrir en Grecia es patético para la democracia. El gobierno izquierdista del señor Tsipras sometió a un referéndum, en el que había que pronunciarse sobre las condiciones impuestas a ese país por el capitalismo mundial. El pueblo griego, por abrumadora mayoría, dijo que “no”, que no aceptaba sujetarse a ellas. ¿Qué sucedió a continuación? Que el propio gobierno izquierdista que promovió el “no”, que promovió el rechazo, finalmente terminó por aceptar las condiciones impuestas por los poderes fácticos del capitalismo mundial. Pensé que a través de ese ejercicio el pueblo griego, fundador de la democracia, se convertiría en el salvador de la democracia, y que por primera vez un pueblo diría que no a esos poderes, a las condiciones que quería imponerle el capitalismo globalizado. Pero no ocurrió así. El pueblo fue defraudado, puesto que el señor Tsipras fue a negociar condiciones incluso más gravosas que las propuestas antes del señalado referéndum. Cuando suceden ese tipo de situaciones, ¿se puede creer que algún griego volverá a confiar en la democracia representativa, en las instituciones políticas, en los partidos políticos y en el parlamento, entre otros? ¡Obvio que no! Eso nos está pasando a todos. Tal vez el caso griego sea extremo, pero en Chile también ocurre. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor diputado. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, he hecho uso de la palabra por siete minutos, y dispongo de diez minutos para intervenir. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Por acuerdo de los Comités, el tiempo de intervención de las señoras diputadas y de los señores diputados se limita a cinco minutos. El señor SCHILLING.- Más allá de estas cuestiones de carácter general, que seguirán marcando las insuficiencias de la democracia representativa en Chile y en el mundo, quiero hacer notar algunas carencias del proyecto de ley en discusión. Hemos tratado de mejorar las cosas al permitir que los aportes de personas naturales a un candidato sean bajos, que estos se puedan entregar solo a un candidato y que tengan el carácter de reservado, para permitir que funcionarios puedan hacer ese tipo de aportes sin miedo a sufrir represalias y a ser despedidos si estos son destinados a un candidato que no es del agrado de su empleador. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente) Ha terminado su tiempo, su señoría. El señor SCHILLING.- He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, la iniciativa en debate, cuya discusión se lleva a cabo en un contexto de controversia, de crisis, de cuestionamiento de la política y de la manera en que esta se ha financiado, así como de la forma en que se han llevado a cabo las campañas, busca dar respuesta parcial a ese tipo de situaciones. Sin embargo, la crisis no es solo política; de alguna manera, es más profunda. Nuestra sociedad está viviendo una crisis ética, en la que se han ido perdiendo los valores, los principios, la cual también se observa en la política, en los mercados, en las empresas, en algunos sectores de las iglesias, en distintas organizaciones. Por eso, cuando los principios y los valores empiezan a fallar, es fundamental responder con normas que sean capaces de regular adecuadamente las actividades públicas. El proyecto en discusión busca enfrentar una crisis que es consecuencia, de alguna manera, de una visión y de un proceso de privatización que también alcanza a la actividad política. En dictadura se cuestionó, en forma permanente, el ejercicio de la actividad política. Por eso, una vez recuperada la democracia hubo que llevar a cabo campañas políticas y hacer funcionar los partidos políticos. En definitiva, había que hacer funcionar las instituciones democráticas. Lo que se hizo fue prohibir el financiamiento público de la actividad política, para que esta, por la vía de los hechos, se privatizara. La idea era que el poder económico, altamente concentrado, fuera captando o capturando a los partidos y a los dirigentes políticos. En 2003 se hizo un esfuerzo por lograr una legislación más moderna que, de alguna manera, ordenara la situación. Pero no se pudo ir más allá, porque no se contaba con las mayorías necesarias. A consecuencia de aquello, a raíz de las cortapisas que se pusieron al esfuerzo por transparentar y regular de mejor manera el financiamiento de la política y de las campañas, hoy estamos en una crisis compleja, transversal y que tenemos que enfrentar con altura de miras, pero también con mucho coraje y mucha decisión. La Presidenta y el gobierno han transformado esta crisis en una oportunidad para establecer mejores reglas del juego, a fin de acceder a esa actividad, a través de asumir, de una buena vez, que la política, como actividad pública, debe contar con financiamiento estatal, y que no puede ser una actividad pública que dependa del financiamiento privado, porque hay un riesgo permanente de coaptación y manipulación. Se termina la opacidad de los aportes anónimos y reservados, estableciendo en la legislación el principio absoluto de la transparencia. Se entiende que las personas naturales pueden tener pensamiento político, principios y valores, y que las personas jurídicas no tienen aquello, sino intereses. Cuando se aporta a la actividad política se hace en función de convicciones y no de intereses. Por eso, se prohíbe absolutamente el aporte de las personas jurídicas a las campañas, ya sea directamente a los candidatos y partidos políticos, y también a la actividad permanente y regular de los partidos, con lo que se busca generar, además, mayor equidad en el ejercicio de las campañas. Por ese motivo, se disminuye a la mitad el techo del gasto electoral, porque debemos terminar con el escandaloso despilfarro de las campañas, donde muchas veces el que tiene mayor capacidad de recaudación, tiene mayores posibilidades de resultar elegido, ya que, simplemente, invisibiliza a los demás candidatos. Aquí tienen que prevalecer las ideas, más que las pancartas, las palomas y las frases que puede contratar un candidato en una radio o en un canal de televisión. Se generan mayores posibilidades de fiscalización y control de rendición de cuentas. Se limitan los aportes que pueden hacer las personas naturales, tanto a un determinado candidato o partido como también a un determinado proceso electoral, porque tampoco queremos que, del poder económico de las empresas, hoy se pase a depender del poder económico de determinada persona natural que pueda terminar actuando como padrino de un sector político o en forma transversal. Además, este proyecto establece sanciones eficaces, como la pérdida del escaño. El que gana con trampa debe perder el cupo parlamentario, el cargo para el cual fue elegido. Esta iniciativa, junto con el proyecto que entrega autonomía constitucional y mayores facultades al Servel y el que moderniza y transparenta la gestión de los partidos, entre otras medidas, constituye un paquete contundente de normas que mejorarán la calidad de nuestra democracia, a fin de hacer la actividad política más transparente, más cercana a los ciudadanos y cada vez más legítima, como debe ser. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, en 1986 tuve que abocarme a hacer mi tesis de grado. La hice sobre el principio de publicidad de los actos de la administración. En esa época todo era oculto, reservado, existían hasta leyes secretas, por lo que hacer una tesis sobre el principio de publicidad podía prosperar muy poco. La memoria estuvo concentrada fundamentalmente en los actos de la administración de justicia y, en particular, en los actos procesales, pues consideraba que la existencia de un proceso penal secreto y reservado lo único que hacía era estropear la justicia; que se requería dar publicidad a los actos de la administración de justicia y que una justicia escondida, o solo conocida por el juez y su actuario, le hacían mal a la democracia que estaba por llegar. Muchos de los principios consagrados en esa tesis, posteriormente, fueron muy bien recogidos en la reforma y en el Código Procesal Penal, donde se estableció que era preponderante la publicidad y que había que ventilar en los tribunales para que se supiera cómo fallaban nuestros jueces. Hoy estamos en la misma disyuntiva, en el sentido de ventilar nuestra política. El quehacer al que somos convocados diariamente los que estamos aquí presentes debe ser conocido. A mi entender, hoy la transparencia -lo digo con todas sus letras- es un requisito mínimo de moralidad de la actividad política; es una manifestación indispensable en un sistema democrático. El objetivo de la transparencia es el sometimiento al escrutinio público de las autoridades respecto de sus actividades y de los resultados de la gestión de los distintos poderes del Estado, y en el caso de los elegidos, que sus representados tengan pleno conocimiento de su financiamiento y de sus intereses privados. El Estado democrático verdadero, en relación con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, debe regirse por el principio de publicidad de sus actos. Los miembros del Poder Legislativo representamos a quienes nos han elegido con su voto. Es lógico que los ciudadanos deseen y puedan tener conocimiento de cuáles son nuestras deliberaciones, propuestas, decisiones y acciones, quién nos financió y con cuánto lo hizo. Este proyecto de ley ayudará a abrir la información de las organizaciones y partidos políticos al escrutinio público y la expondrá mediante sistemas de clasificación y difusión que deberían reducir el costo político de la desconfianza que los ciudadanos tienen de nosotros. La transparencia no implica el acto de rendir cuenta a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en una vitrina pública, para que todos vean y sepan lo que hacemos. La verdadera transparencia siempre es activa, para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en el momento que se estime conveniente -fundamentalmente en una eventual reelección- a quienes toman malas decisiones. El que nada malo hace, nada teme. En consecuencia, el proyecto de ley que estamos discutiendo, sin duda, resultará bueno para todos. La democracia y la política se fortalecen con la transparencia. La deliberación de los ciudadanos y de las ciudadanas está condicionada por la cantidad y calidad de información que manejan y a la que pueden tener acceso. Mejorar la transparencia es mejorar la calidad de la decisión ciudadana; mejorar la decisión ciudadana es mejorar la democracia, y mejorar la democracia siempre será mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Este proyecto está destinado a mejorar la calidad de la política y a ventilar lo que hoy estamos haciendo. Por último, quiero dar mi total apoyo a la indicación que tiene como propósito que sean conocidos los aportes reservados de elecciones parlamentarias anteriores. La opacidad es lo peor para la política, pues es esconder la información que hoy el ciudadano requiere. ¿Qué tiene de especial la norma que estamos tratando de incorporar? Es necesario levantar el velo en el quehacer político y dar a conocer los aportes que alguna vez se entregaron. De lo contrario, podríamos suponer que se están escondiendo hechos ilícitos, lo cual, por supuesto, no creo que sea así. ¿No se quiere que se sepa quién votó de determinada manera porque eventualmente esa persona respondía a ciertos intereses? Tampoco creo que ese sea el motivo. Sin embargo, es indispensable levantar el velo de una opacidad que aún sobrevive en nuestra legislación, cual es los aportes reservados en elecciones anteriores. Para ello es necesario incorporar una norma transitoria para que dicha opacidad termine y todos los ciudadanos tengan conocimiento de lo que hacemos en el Congreso Nacional y de los intereses a que respondemos. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, ¿el diputado Schilling escuchará mi intervención? Lo pregunto porque recién el señor diputado me llamó la atención en el mismo sentido, y en este momento lo veo conversando. Qué bueno que este proyecto se haya hecho realidad. Pero cabe aclarar que se trata de una iniciativa respecto de la cual se venía trabajando desde hace bastante tiempo con el gobierno. Es decir, no es reflejo ni consecuencia de los escándalos que hemos vivido, ni de las investigaciones, ni de los casos que se han conocido en el último tiempo. Eso habla bien de un proyecto en el que se quiso abordar de buena manera lo relativo al fortalecimiento y transparencia de la democracia. Son temas que estaban presentes en el debate. En efecto, el gobierno tenía bastante avanzada esta iniciativa para presentarla al Congreso Nacional. Evidentemente -hay que señalarlo-, las situaciones que hemos conocido, que atentan contra la transparencia y la buena política, referidas al financiamiento ilegal de campañas, hicieron que se apurara el tranco con este proyecto. Pero -insisto-, esta materia ya se estaba abordando desde hace tiempo, lo cual habla bien del trabajo que muchos, entre los cuales me incluyo, hicimos en ese sentido, no solo en relación con este proyecto, sino también con otros en los que se está avanzando. Hemos sufrido diferentes escándalos, lo que nos ha permitido mejorar la legislación. Sin ir más lejos, en 2003 -muchos lo han señalado- se avanzó en una buena forma de regular las campañas, mediante la aprobación del proyecto que se convirtió en la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, que establecía, además, un límite al aporte. Por lo tanto, con la iniciativa que tratamos hoy no estamos partiendo de cero. No estoy contando nada nuevo; se trata de un proceso que ya se vivió. Pasaron diez años y, lamentablemente, las ilegalidades siguieron repitiéndose. Hemos conocido una serie de episodios, como aquel del yate, en el que se recaudaron recursos fuera de Chile. Hasta hoy no se sabe qué pasó en ese yate en relación con la recaudación o con el financiamiento externo, que está prohibido. También conocimos otros escándalos sobre financiamiento ilegal de campañas, los casos de las boletas, de los pagos en efectivo, de Penta, de Soquimich, etcétera. A ellos hay que sumar el caso Caval, que, aunque no tiene relación con las situaciones de financiamiento ilegal de campañas, coincidió en el tiempo con todas ellas. Finalmente, la conclusión que uno saca es que las sanciones dispuestas para el incumplimiento de la ley no fueron valederas, no respondieron a lo que la gente esperaba, ni impidieron que las situaciones señaladas se produjeran. Por ello, la pérdida del cargo nos parece una buena sanción para dicho incumplimiento. Aunque no lo considera la iniciativa que debatimos, es una medida que contribuiría al fortalecimiento y transparencia de la democracia, y a mejorar la calidad de la política. También debo hacer un reconocimiento al aporte reservado, anónimo y público, creado en 2005, que funcionó relativamente bien, y, asimismo, al Servel, que sacó adelante en buena forma el proceso. En todo caso, lo que desfondó el sistema y es la causa de que hoy estemos a punto de aprobar este proyecto de ley para que pase al Senado, es que haya operado un financiamiento ilegal, esto es, por fuera de los mecanismos establecidos por la ley. El proyecto aborda varias materias que dicen relación con el financiamiento de las campañas, con la regulación de las campañas -otra arista importante-, con el financiamiento de los partidos en épocas en que no hay campañas y con las facultades regulatorias del Servel. En esta materia se mejoró muchísimo la iniciativa, pues venía concebida con una lógica del péndulo; es decir, si la actual legislación contempla una regulación para el aporte en las campañas y para el mejoramiento de la política, de carácter mixto -público-privado-, el proyecto original inclinaba el péndulo hacia el Estado, para que lo regulara todo. Por eso, en el debate que hubo en las comisiones de Hacienda y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se matizó bastante esa excesiva regulación que contemplaba el proyecto originalmente. Qué bueno que se haya terminado con una serie de prácticas -era absolutamente necesario-, como los aportes reservados, que dan cuenta de cómo se venían haciendo las campañas políticas. El aporte de las empresas era absolutamente ilimitado. También es positivo que se regule lo relativo a las campañas. Se acabarán esas campañas que en dos o tres meses, con una locura de propaganda, permitían que se eligiera a un parlamentario, a un alcalde o a un concejal sin que hubiera previamente un debate de ideas entre los candidatos, lo cual es necesario dentro del proceso electoral. Cuando la presente iniciativa se convierta en ley, todo eso quedará bastante regulado. Queda pendiente el envío del proyecto de ley sobre institucionalidad del Servicio Electoral. La iniciativa que debatimos aborda varias materias relacionadas con su ámbito de acción. Sin embargo, es necesario determinar con claridad las facultades del Servel; de lo contrario, este proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia no va a funcionar. Existe una tentación permanente de reducir el límite de gastos. Pero llega un momento en que el límite de gastos en las campañas no se puede disminuir más, pues ello afectaría a los candidatos nuevos que quieran desafiar a los incumbentes. Por lo tanto, espero que esa discusión no siga avanzando. Por último, debo decir que no podremos enfrentar las próximas elecciones municipales o los siguientes procesos electorales si no contamos con la serie de proyectos de ley que hemos definido con el gobierno, a saber, el de partidos políticos, el del Servel, el que regula los conflictos de intereses, el que establece normas sobre probidad -está en comisión mixta- y dispone sanciones ejemplares, en fin. Todas esas iniciativas, que deben formar parte de la agenda legislativa, deberían estar aprobadas a fines de este año, de modo de enfrentar los procesos electorales con una legislación absolutamente mejorada. Por todo lo expuesto, anuncio que la bancada de Renovación Nacional va a votar favorablemente el proyecto de ley, sin perjuicio de las indicaciones que se presenten. He dicho. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, quiero agradecer al diputado Cristián Monckeberg, porque todo me ha quedado mucho más claro. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Muy bien. Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, nadie puede negar la necesidad imperiosa de aprobar el proyecto, dados los días que hemos debido vivir quienes representamos a la ciudadanía, y el país todo, con ocasión de los acontecimientos que han azotado al mundo político. Y pensar que dichos sucesos no cesan; por el contrario, siguen apareciendo situaciones oscuras que involucran a quienes representan a la ciudadanía. Algunos de ellos han cometido errores, claro que sí, pero también ilícitos. He ahí el problema: estamos en el borde de la oscuridad. El colega Hugo Gutiérrez manifestó que en el Estado democrático el quehacer político debe estar adornado por la moralidad. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con esa frase, que debería estar impresa en nuestras agendas al iniciar las actividades que nos competen. Asimismo, el diputado René Saffirio dijo que somos presuntuosos por denominar la iniciativa que debatimos “proyecto de ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia”. También concuerdo con su apreciación: no es tan así. El proyecto que tratamos aborda la situación de la relación impropia entre la empresa y la actividad política, debido a la cual se ha puesto en duda la autonomía de quienes representamos a los ciudadanos en los diferentes espacios de la actividad pública, no solo en el Congreso Nacional. Ha quedado de manifiesto la falta de transparencia en el financiamiento de la actividad política en general. Quienes han sido beneficiados han cometido un ilícito, y quienes han propiciado esa práctica han cometido un delito. El proyecto en discusión resulta más que necesario y oportuno para renovar ciertas prácticas y para dar un nuevo curso a una actividad que debe realizarse con la menor opacidad posible. El pueblo nos entrega una alta responsabilidad, por lo que día a día debemos cumplir de buena manera nuestro quehacer republicano en este hemiciclo de la democracia. Incorporar nuevas normas sobre financiamiento público de la política, sobre nuevos límites al gasto electoral, sobre aportes al financiamiento de las campañas y sobre publicidad de los aportes que realizan los particulares no contribuirá a entregar mayor transparencia. Como se dice en jerga popular, “se lo doy firmado.” Sí me parece relevante que se establezcan normas que regulen el avisaje electoral, especialmente las tarifas que cobren los diferentes medios de prensa y radioemisoras por la transmisión de spots informativos, y que se establezcan restricciones para evitar el abuso del espacio privado y público en la colocación de propaganda electoral. Sin embargo, todas estas medidas no se podrán realizar si no se fortalece el Servicio Electoral, que es el encargado de organizar y fiscalizar los procesos electorales. Ahí está la base de este proyecto, y a ello, con mucha fuerza, expreso mi apoyo. Hasta el momento, las normas establecidas para regular la actividad política no han tenido eficacia, pues falta un organismo público encargado de realizar un adecuado control de su cumplimiento. Por ello, debemos contar con un Servicio Electoral y una justicia electoral, fuertes y dinámicos, que puedan regular el cumplimiento de esta nueva normativa, a fin de otorgar equidad y transparencia a los futuros procesos electorales que se avecinan. ¡Cuántos de nosotros estamos pensando en si será conveniente intervenir en ese proceso! ¡Cuántos de nosotros estarán pensando: “Hasta aquí llego, porque no acepto participar si no se aprueban estos proyectos, que deberían castigar con más dureza el mal uso de la propaganda”! Sin duda, se trata de un parto difícil para la democracia que queremos para este país. ¡Tanto que luchamos por la democracia para después enlodarla de tal forma que ahora estamos discutiendo un proyecto para sacarla a flote! El proyecto considera elementos que permitirán lograr buena parte de sus objetivos. Además, se ha tenido en cuenta el momento que se vive. En ese sentido, las recomendaciones de la comisión sobre transparencia de la democracia son relativamente positivas. Por tanto, debemos aprobar la iniciativa. La siembra de la moralidad no termina aquí. En política recién comienza después de haber vivido una situación tan difícil como fue la dictadura. A lo mejor, ella ha dejado un legado que hoy todavía debemos lamentar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, el debate sobre el proyecto que fortalece y transparenta la democracia es muy importante para el país. No obstante, en lo personal, dado que me tocó vivir el cambio de modalidad del financiamiento de la política hace poco más de diez años, cuando escucho este debate me parece estar en el parlamento de otro país. Muchos en el pasado fueron tenaces opositores a que pudiésemos buscar un mecanismo de financiamiento diferente al de los aportes reservados. Siempre manifesté que ese era un callejón oscuro que permitiría la realización de actos de manera escandalosa como los que hoy el país está conociendo. En aquella época, quienes osábamos plantear que no debería haber aportes de personas jurídicas ni aportes reservados en Chile constituíamos una minoría. Estamos en un país que ha sido golpeado por situaciones que son de conocimiento público, lo que hace necesario avanzar en un modelo distinto. Desde ese punto de vista, destaco el hecho de que el proyecto permitirá controlar la influencia que tienen y que han tenido por largos años -no sabemos cuántos- las grandes empresas. No debemos engañarnos: el caso Penta-Soquimich es solo una situación coyuntural. Estamos convencidos de que la vinculación entre la política y el dinero tiene largos años de historia. Con ese caso esta ha sido descubierta. Pero en este Parlamento siempre hemos tenido a tenaces defensores de los grandes consorcios económicos del país, que han abusado día a día de los ciudadanos. Me refiero a las AFP, a las isapres, a los bancos, a las farmacias y a las cajas de compensación, que ofrecen créditos a los adultos mayores, pero les terminan cobrando diez veces su valor. La incestuosa relación entre la política y el dinero lamentablemente se ha venido produciendo durante largos años en el país. No es algo que se haya destapado ahora con esta verdadera caja de Pandora que han sido los casos de Penta y de Soquimich; lo hemos visto también en la pesca, en la minería y en muchos otros ámbitos del quehacer nacional. Si bien este proyecto no lo es todo, constituye un avance importante. Luego explicaré por qué creo que no lo es todo y por qué estimo que podemos avanzar más. En primer lugar, estamos en un momento en que la política está deslegitimada frente a la opinión pública y frente a la ciudadanía. Por ello, es importante que este proyecto tome en cuenta aspectos fundamentales para mejorar la calidad de la política, lo que solo se logrará cuando contemos con un sistema que permita hacer un mayor control en el aporte público. En ese sentido apuntan la rebaja del límite del gasto electoral y la concreción de una serie de normas que buscan dar mayor transparencia a la política y regular los conflictos de intereses. Es muy importante que el proyecto contemple una prohibición absoluta de aportes de personas jurídicas a la política; pero esa medida debe ir de la mano del otorgamiento de mayores atribuciones para el Servicio Electoral -será abordado en otra iniciativa-, de modo que pueda fiscalizar. De lo contrario, no sacaremos nada con esta nueva norma, y mañana tendremos maletines llenos de dinero, sin ningún control, destinados a financiar las mismas candidaturas que durante años se han beneficiado del sistema. Valoro que se regule el aporte de las personas naturales, que se establezcan normas sobre transparencia para que todos los aportes efectuados a los candidatos de los partidos durante las campañas se realicen a través del Servel, el que habilitará especialmente para el efecto un portal, a fin de asegurar que todos los aportes sean de carácter público. También, como se pretende que las campañas sean más equitativas, valoro mucho que la iniciativa disponga que los medios de prensa y las radioemisoras deberán informar sus tarifas al Servel. Es más, soy de la idea, señor ministro, de que el Servel debería establecer mecanismos para regular los precios que cobran esos medios de comunicación, pues hoy son abusivos. Los precios no están regulados. Por tanto, considero que, al operar las radioemisoras en virtud de concesiones del Estado, las tarifas deberían estar delimitadas. No es justo que debido a los altos precios que cobran ciertas radioemisoras, algunos candidatos ni siquiera tengan la posibilidad de entregar una frase diaria, mientras que otros, que financian sus frases diarias con aportes de empresas privadas, pueden copar la programación de las radioemisoras durante todo el día. Eso no es equitativo en las elecciones de concejales, de alcaldes, de consejeros regionales ni tampoco de parlamentarios. Valoro tremendamente que se disponga que todas las radioemisoras deban generar espacios gratuitos para todos los candidatos. Eso es un avance. Pero también queremos que en esos espacios informativos la ciudadanía conozca quiénes son los candidatos. La idea es que las radioemisoras no transmitan, como dice el proyecto, solo un spot informativo de las elecciones, sino que informen quiénes son los candidatos y qué características tienen, cuando estos no puedan contratar publicidad en la emisora. Por último, destaco el hecho de que se restrinja la propaganda electoral en los espacios públicos. La forma en que se realizaba esa propaganda era un escándalo. En Santiago y en cualquier otra región, hasta en la comuna más pequeña, la invasión de las famosas “palomas” en las calles muchas veces generaba debate y peleas brutales entre los comandos electorales de cada candidatura. Esas personas debían levantarse entre las 04.00 y las 05.00 horas para copar las calles con ese tipo de propaganda. Finalmente, se imponía el candidato que tenía más recursos. En razón de ello, cuando legislamos para que se establezcan espacios delimitados en plazas públicas, en bandejones y en parques, que serán previamente autorizados por el Servel, otorgamos mayor equidad a las elecciones y, por cierto, a los candidatos, para que puedan llegar a ocupar un escaño, ya sea en un concejo, en una alcaldía o en el Parlamento. Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable al proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, no voy a hacer uso de la palabra, porque resta muy poco tiempo y está inscrita la diputada Andrea Molina antes que yo. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Muy bien, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Andrea Molina. La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, en tiempos en los que la desconfianza en la clase política crece en forma desmedida, somos víctimas de un gobierno que, lamentablemente, tiene que desdecirse, una y otra vez, en todos sus frentes. En mayo de este año, la Presidenta Michelle Bachelet anunció con bombos y platillos que se pondría término a la contratación de trabajadores a honorarios en el sistema público. Sin embargo, lo que en realidad resultó fue que se aumentaron en más de 11.000 las plazas de trabajo, pero llegaron a casi 50.000 los contratos a honorarios. Se trata de trabajadores sin carrera funcionaria, sin reconocimiento a la antigüedad laboral, sin estabilidad laboral, sin indemnizaciones por años de servicio, sin protección en caso de enfermedades y de accidentes laborales, sin derecho a cotizaciones, sin vacaciones, sin derecho a licencias médicas, ni a pre- y posnatal, entre otros derechos. A raíz de deudas como estas, hay un país descontento y desconfiado. Lo que hoy vivimos en Chile no es casualidad. Todo lo que vemos es consecuencia de que, lamentablemente, el gobierno no ha puesto el foco en la gente y porque la palabra empeñada no se ha cumplido. Anunciaron reformas que, por cierto, hoy no tienen cómo financiar. Prometieron empleos de calidad; sin embargo, nos encontramos con aberraciones como la señalada. El Estado de Chile, lamentablemente, en su historia ha sido el peor empleador. Aun más, es un empleador discriminador porque -digamos las cosas como son- hay funcionarios públicos que no solo no tienen derechos, sino que, además, perciben sueldos irrisorios frente a otros trabajadores de una escala mayor, que, si bien también están contratados a honorarios, reciben sueldos impensados. Solo a modo de ejemplo, señalo el caso del delegado presidencial para Recursos Hídricos en la Región de Valparaíso, señor Reinaldo Ruiz, quien gana un sueldo de 7.420.000 pesos, según la información publicada en el link correspondiente de transparencia activa. Este es solo un ejemplo de un puesto creado a la medida. En nuestra región tenemos anuncios a largo plazo en relación con este tema, que en nada ayudan a la necesidad urgente de nuestros ciudadanos. No hemos tenido avances que justifiquen el sueldo de ese funcionario. Mientras él emite su boleta de honorarios con una cifra importante, hay otros que solo pierden. Esas son las injusticias del sistema, los vicios que se cruzan a vista y paciencia de las autoridades de nuestro gobierno y que no convocan a nada. ¿Por qué? Simplemente porque naturalizaron una ilegalidad contractual, quitándoles a los trabajadores “el derecho de estabilidad, igualdad y reconocimiento de derechos individuales y colectivos, bajo el principio de dignidad laboral”, tal como lo expresó en un comunicado de prensa, emitido ayer, la Coordinadora de Trabajadores a Honorarios del Sector Público de la Región de Valparaíso. Señor Presidente, los contratos a honorarios son una bofetada para miles de personas que solo luchan por un derecho. Por ello, la creación de un cargo de delegado como el referido es una bofetada para todos los que han perdido la inversión de su vida, porque la autoridad no tomó medidas en el momento adecuado. Cuando hablemos de transparencia, es importante que la consideremos respecto de todos estos temas, es decir, de la situación de los funcionarios del Estado, y de lo que significa un Estado que hace lo que corresponde y que pone a su gente en el lugar que se merece. Eso es transparencia, eso es dar dignidad a todos. Es relevante que este tipo de cosas no sigan ocurriendo, y que así como estamos abordando los temas relativos a las campañas y a cada una de las denuncias que han salido a la luz pública día a día, tanto respecto de la Cámara de Diputados como del Senado, también tengamos transparencia en otras áreas. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cerrado el debate. Ha concluido el Orden del Día. VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN DESCENTRALIZACIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA Y LEGISLATIVA DEL GOBIERNO Y URGENCIA A PROYECTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA (PREFERENCIA) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En virtud de los acuerdos de Comités adoptados hoy, corresponde tratar con preferencia, sin discusión, el proyecto de resolución N° 398. El señor Secretario va a dar lectura a su parte dispositiva. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 398, del señor Rodrigo González; de la señora Marcela Hernando; de los señores Claudio Arriagada, Roberto Poblete, Vlado Mirosevic; de la señora Alejandra Sepúlveda; del señor Bernardo Berger; de la señora Andrea Molina, y de los señores Osvaldo Urrutia y Marco Antonio Núñez, que en su parte dispositiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputados acuerda: Oficiar a su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, para que dé prioridad a la descentralización en la agenda política y legislativa del gobierno y ponga urgencia a los proyectos ya presentados sobre elección directa de los intendentes y transferencia de servicios y competencias a los gobiernos regionales, así como a los futuros proyectos sobre financiamiento de las regiones, forma de elección de los intendentes y fortalecimiento de los municipios como gobiernos locales, a fin de que estos puedan aprobarse a más tardar a comienzos de 2016. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 398. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. CREACIÓN DE MECANISMO DE ESTANDARIZACIÓN Y REGULACIÓN DE PRECIOS DE TEXTOS ESCOLARES El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 340. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 340, de los diputados señores José Pérez, Felipe Letelier; señoras Alejandra Sepúlveda, Loreto Carvajal y Marcela Hernando, y señores Marcos Espinosa, Carlos Abel Jarpa, Alberto Robles, Daniel Farcas y Jorge Sabag, que en su parte dispositiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que instruya a la ministra de Educación para que en conjunto con el ministro de Hacienda creen un mecanismo para estandarizar el costo de los textos escolares, y regular su precio de manera que sean accesibles a toda la población. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 340. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 16 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Sommerhoff Felipe; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Hasbún Selume Gustavo; Silva Méndez Ernesto; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Soto Osvaldo. -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Melero Abaroa Patricio; Morales Muñoz Celso; Sandoval Plaza David; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES COMO BENEFICIARIOS DE BONO POR ESFUERZO ESCOLAR El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 344. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 344, de los diputados señores Leopoldo Pérez, Germán Becker, Germán Verdugo, Jorge Rathgeb, Bernardo Berger, señorita Marcela Sabat, señores David Sandoval, Gonzalo Fuenzalida, señora María José Hoffmann y señor Sergio Gahona, que en su parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, en uso de sus atribuciones constitucionales, instruya a los ministros de Hacienda y de Desarrollo Social, con el objeto de que se modifique el decreto N° 24 de este último ministerio, de manera que se incluya en la nómina de beneficiarios del bono por esfuerzo escolar a los alumnos de establecimientos de educación especial. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, estaba esperando que alguno de los autores del proyecto interviniera, pero como no fue así, hago uso de la palabra para expresar que lo apoyo. Probablemente, la redacción del decreto N° 24, del Ministerio de Desarrollo Social, no se hizo en coordinación estrecha con el Ministerio de Educación, razón por la cual la modalidad de educación especial quedó fuera de esa norma que valoramos. El decreto dispone que los estudiantes que pertenecen al 30 por ciento de los sectores socioeconómicos más desfavorecidos podrán acceder al bono por esfuerzo escolar. Lamentablemente, en la práctica, las familias cuyos hijos estudian en la educación especial se ven marginadas de ese beneficio. Por tanto, nos parece de la máxima relevancia apoyar el proyecto de resolución, a fin de que se haga justicia y puedan acceder al beneficio no solo los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sino también los de las escuelas carcelarias y los de las aulas hospitalarias, que tampoco fueron incluidos en el decreto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución N° 344, tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, este proyecto de resolución tiene por objeto solicitar que se corrija una injusticia en relación con los alumnos con necesidades especiales, toda vez que no son beneficiarios del bono por esfuerzo escolar. Todos quienes adherimos a este proyecto pretendemos que se termine con esa injusticia y que se modifique el decreto N° 24, del Ministerio de Desarrollo Social, a fin de se incluya a los alumnos con necesidades especiales en el referido beneficio. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. -o- El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Daniel Farcas. El señor FARCAS.- Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que el diputado José Pérez pueda intervenir a favor sobre el proyecto de resolución N° 340, ya que es uno de sus autores y no se encontraba en el hemiciclo cuando se trató. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Farcas? No hay acuerdo. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 344. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votó por la negativa el diputado señor Boric Font Gabriel. -Se abstuvo el diputado señor Jackson Drago Giorgio. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SECTORES RURALES El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 345, de los diputados señores Jorge Sabag, Cristián Campos, José Pérez, Jorge Rathgeb, Fuad Chahin, Carlos Abel Jarpa, René Saffirio, señora Alejandra Sepúlveda y señores Iván Fuentes y Marcelo Chávez, que en su parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: 1. Solicitar a los ministerios de Energía, de Agricultura y de Hacienda que desarrollen en conjunto una intensa política de promoción del uso de las energías renovables no convencionales en los sectores rurales, tendiente a asegurar la autonomía energética de los sectores rurales en un plazo de diez años. 2. Pedir que esta política incluya la entrega gratuita o subsidiada de los medios para que los pequeños agricultores y las comunidades rurales puedan instalar sistemas de generación de energía, ya sean paneles solares o fotovoltaicos, minicentrales hidroeléctricas de paso, molinos u otros medios. 3. Solicitar al Ministerio de Energía que agilice las reformas legales para promover la entrega de energía por parte de los particulares a los sistemas interconectados, estableciendo los incentivos apropiados. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, hoy el costo de la energía eléctrica está golpeando fuertemente a los chilenos, en especial a los que viven en los sectores rurales, donde se paga la electricidad más cara del país. Por eso, tenemos que incorporar en las políticas públicas la energías renovables no convencionales que permitan avanzar en la entrega de una autonomía energética a las personas que habitan dichos sectores, de una autonomía energética a la agricultura, que posibilite que esta sea competitiva, para hacer de Chile una potencia agroalimentaria. Por tal razón, proponemos instaurar -Indap lo está haciendo en forma incipiente- la entrega de paneles solares a quienes habitan en sectores rurales, como una política pública mucho más agresiva en el combate al problema energético que vive nuestro país. Así -lo hemos conversado con el ministro de Energía, don Máximo Pacheco-, la idea es -reitero- establecer una política pública que permita entregar paneles solares a las personas que viven en los sectores rurales -ellas también ejercen soberanía en dichos lugares- con la finalidad de disminuir la migración desde el campo hacia la ciudad y bajar las cuentas por consumo de energía eléctrica. Actualmente, los campesinos de Trehuaco, de Guarilihue o de otras zonas rurales del país pagan 40.000 o 50.000 pesos mensuales por consumo de electricidad, y muchos de ellos viven con una pensión básica solidaria. Por lo tanto, tenemos que combatir esa situación, porque es de justicia social. Para ello, el Estado debe tomar la iniciativa y empezar a entregar paneles solares a los campesinos, para que la agricultura también disminuya sus costos de producción. Esa política pública que está llevando a cabo en forma incipiente el Indap -ha entregado alrededor de 1.000 paneles solares por año- es claramente insuficiente. La Presidenta Bachelet fue pionera en la entrega de computadores personales a los niños de séptimo básico. Hoy esa política se universalizó y todos los niños de séptimo básico, no solo los que exhiben mejor rendimiento escolar, están recibiendo su computador. Algo similar tiene que aplicarse respecto de los paneles solares. Se debe buscar un mecanismo para entregarlos a toda la gente que vive en el campo, por cierto, de acuerdo con la Ficha de Protección Social, que se halla tan cuestionada. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, el asunto que tratamos es de vital importancia, dadas las complicaciones que, por ejemplo, vivimos a raíz del terremoto de 2010 y las referidas a la regularidad en la entrega de energía eléctrica, lo cual afecta también el suministro de agua potable, porque la mayoría de los sistemas de agua potable rural (APR) funcionan a base de electricidad. Por eso, la mayor autonomía que puedan tener los sectores rurales en cuanto a generación de energía eléctrica, sin depender de las empresas distribuidoras, favorecerá la vida cotidiana de sus habitantes. Así, nos parece muy positivo lo que está haciendo el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) en relación con la implementación de paneles solares en zonas rurales. Pero debemos ver la forma de sistematizar dicha acción, no solo a través del Indap, sino también del mejoramiento y la ampliación de viviendas por medio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la creación de un programa que dé a los sectores rurales autonomía en materia energética y de servicios, como el abastecimiento de agua potable. Por lo expuesto, anuncio que votaré a favor este proyecto de resolución. Espero que en el proyecto de Ley de Presupuestos, que discutiremos en noviembre, podamos incluir en forma especial en la partida Ministerio de Agricultura, capítulo Instituto de Desarrollo Agropecuario, y en la partida Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la implementación de paneles solares en sectores rurales y un programa de capacitación en la materia. Todo ello, como una forma de encontrar una solución a largo plazo al problema que se vive en las zonas rurales. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 345. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTES DESCENTRALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE ENFERMOS O HERIDOS (OFICIO) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Fernando Meza, quien se encuentra de cumpleaños. -Aplausos. El señor MEZA.- Señor Presidente, agradezco su saludo y el de mis colegas en este día. Ahora bien, quiero referirme a un drama que no solo vive la comuna de Villarrica, sino también otras comunas, dada la centralización existente a la hora de autorizar el envío de una ambulancia ante una emergencia. Cuando hay una urgencia, lo primero que se hace es llamar a la central de emergencias de las ciudades grandes, situación en la que más que nunca se hace necesaria la descentralización. Por ejemplo, la central de ambulancias de Temuco es la que decide si amerita o no enviar un vehículo de emergencia a prestar ayuda a víctimas de un accidente, a alguien que se encuentre tendido en la calle a consecuencia de un ataque o frente a cualquier otra situación que haga necesaria la presencia de especialistas de la salud. La ciudadanía está cansada, aburrida de reclamar por este problema, pues muchas veces el traslado de pacientes críticos termina siendo solucionado por Bomberos o, simplemente, muchos de ellos fallecen a la espera de una ambulancia. El problema es eterno. Por tanto, se hace necesario buscar otra fórmula que permita disponer de ese tipo de vehículos de emergencia con mayor prontitud que la actual. Asimismo, que la central de ambulancias de Temuco no deba esperar una autorización para enviar un vehículo de emergencia a un lugar remoto de La Araucanía. Las ambulancias que se encuentran cerca del lugar donde se requiere asistencia urgente deberían acudir para prestar asistencia sin más trámite, ya que, felizmente, las bromas en este tipo de situaciones no abundan, de manera que cuando se pide uno de estos vehículos es porque realmente se necesita. Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Salud, señora Carmen Castillo, para que se encuentre una solución al problema señalado. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. RECLAMACIÓN ANTE DIFICULTAD EN ACCESO A PROGRAMAS Y SUBDIDIOS ESTATALES POR PUNTAJE EN FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL El señor MEZA.- Por otra parte, existen innumerables quejas por los puntajes de la Ficha de Protección Social, que suben todos los meses sin explicación. Mucha gente queda fuera de los programas y subsidios que entrega el Estado, ya sea por falta o por exceso de puntaje. Así, se ven casos que de verdad no se entienden: personas beneficiadas sin necesidad, y gente que necesita la ayuda, pero que no la obtiene. APOYO A CREACIÓN DE SUBSIDIOS PARA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN VIVIENDAS RURALES Y SOCIALES (OFICIOS) El señor MEZA.- Por último, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al ministro de Energía con el fin de manifestarles mi apoyo, tal como lo señala el proyecto de resolución presentado por el diputado Jorge Sabag, a la instalación de paneles solares en sectores rurales. En el pasado, hemos solicitado la implementación de tales sistemas. Hemos enviado tres o cuatro proyectos -soy autor de esos proyectos junto con otros diputados- a través de los cuales pedimos la creación de subsidios para instalar paneles fotovoltaicos no solo en casas ubicadas en el campo, sino también en las que entrega el Serviu, con la finalidad de ahorrar energía y de que los beneficiarios tengan la posibilidad de contar con agua caliente sin que deban recurrir a su bolsillo para satisfacer esa necesidad. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. REVISIÓN DE DICTAMEN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LABOR DE MATRONAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GINECOLÓGICA Y NEONATAL (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en las últimas semanas hemos visto una especial movilización del Colegio de Matronas y Matrones de Chile Asociación Gremial. El lunes recién pasado tenía programada una reunión con dicho gremio, pero por razones de calendario de la entidad no fue posible realizarla. Ayer, 13 de julio, sus dirigentes me hicieron llegar un detalle pormenorizado de la situación que perjudica a las matronas: una interpretación que realizó la Contraloría General de la República, materializada en el dictamen N° 46.357, que, según señalan ellas, afecta sustantivamente la labor tradicional que efectúan en las áreas de ginecología, obstetricia y neonatología. Por tal razón, ante la connotación que ha tenido el pronunciamiento de la Contraloría -todos hemos visto las manifestaciones sobre el particular- y en respuesta al requerimiento que me hicieron las matronas y los matrones de la Región de Aysén, solicito oficiar a la contralora general de la República subrogante para que se reestudie dicho dictamen, que establece limitaciones a las labores que histórica y tradicionalmente han realizado esas profesionales. En tal contexto, remitiré a la Secretaría el documento que la entidad gremial me entregó al efecto, para que el órgano contralor vuelva a analizar, reinterprete la materia en función de los efectos que ha generado su pronunciamiento, toda vez que significa un cambio sustantivo a las funciones de las matronas. Asimismo, pido oficiar a la ministra de Salud con el objeto de que realice las acciones pertinentes para restablecer la labor que tradicionalmente han realizado esas profesionales en los distintos servicios de salud del país. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Andrea Molina y Claudia Nogueira, y de los diputados señores Osvaldo Urrutia y Enrique van Rysselberghe. MEDIDAS ANTE ATAQUES DE ANIMALES A HACIENDAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE AYSÉN (OFICIOS) El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, desde hace bastante tiempo los pequeños y medianos productores ganaderos de Aysén vienen planteando un problema al que se están viendo enfrentados: el ataque de animales resguardados por ley, especialmente de pumas, y de jaurías de perros a sus pequeñas haciendas. Se han realizado diversas reuniones con las autoridades para encontrar alguna solución a ese problema provocado por animales que se encuentran bajo protección legal, como es el caso del puma, y por jaurías de perros abandonados por vecinos irresponsables en sectores rurales, animales que, obviamente, se han transformado en un dolor de cabeza para los pequeños y medianos productores ganaderos de Aysén. Nos hemos reunido en la región con el ministro de Agricultura, con los gremios del agro, con diferentes asociaciones gremiales del mundo campesino de prácticamente todas las regiones, quienes nos han manifestado su inquietud en tal sentido. Por otra parte, entre otras medidas, se ha hablado de aplicar el seguro ganadero en la Región de Aysén, lo que ha demorado más allá de lo razonable. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Agricultura, con copia al seremi de esa cartera en Aysén, para que nos informe cuándo se implementará la señalada medida, que permitirá resarcir al menos en parte los gastos que les significa a los pequeños y medianos ganaderos la pérdida de sus haciendas. Asimismo, le pido al ministro que ordene la aplicación de medidas alternativas para manejar definitivamente el problema, porque no se trata solo de resarcir las pérdidas a los ganaderos, sino también de resolver el problema de fondo: qué hacemos con las jaurías de animales abandonados en los campos, porque se requiere realizar una acción específica al respecto. El gobierno regional asignó una cantidad importante de recursos, más de 760 millones de pesos, al estudio de la prevalencia de una enfermedad que portan los perros: la hidatidosis, lo cual habla claramente de la magnitud que ha alcanzado el problema que está afectando a la Región de Aysén. Es necesario restablecer las condiciones necesarias para que los pequeños y medianos ganaderos puedan desarrollar sus actividades con normalidad; ver la forma de resarcirlos de los efectos que dicha situación les ha producido, mediante la aplicación del seguro ganadero, y, fundamentalmente, poner en práctica las medidas que permitan retirar a los animalitos abandonados en las vías públicas. No se trata de aplicar la ley simplemente para eliminar a esos animales, sino esencialmente para confinarlos, manejarlos en este contexto y, obviamente, resolver un problema que injustamente están viviendo los pequeños y medianos ganaderos de la Región de Aysén, que -reitero- están siendo atacados por jaurías de perros o por pumas. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE TRASPASO DE TERRENO DE EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, con fecha 7 de mayo del presente año, mediante oficio, le solicité al presidente del directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que se pronunciara sobre la posibilidad de ceder a la Municipalidad de Viña del Mar el terreno que ocupaba la antigua estación de ferrocarriles de la ciudad, para abrirlo al uso público. Se trata de un terreno de 10.000 metros cuadrados -25 metros de ancho por 400 metros de largo-, ubicado en pleno centro de Viña del Mar, entre las calles Sucre Oriente y Quilpué, que hoy EFE utiliza para arrendar estacionamientos y oficinas a una inmobiliaria, actividad comercial que no forma parte del giro de su negocio. Asimismo, el plan regulador comunal carece de normativa urbana y de condiciones de uso de suelo que autoricen a EFE a construir sobre ese sitio o a venderlo con tal propósito. Por otra parte, dado que el terreno fue cercado, interrumpe por aproximadamente 400 metros la continuidad del paseo peatonal y las áreas verdes existentes en el lugar, construidos después del soterramiento de la vía férrea que pasaba por allí, y la proyección de la ciclovía que permitirá unir los sectores El Salto, Miraflores y Chorrillos con la avenida España y la ciudad de Valparaíso. Dado que han transcurrido más de sesenta días desde que se envió la solicitud mencionada al presidente del directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado sin que a la fecha hayamos obtenido respuesta, pido que se le reitere el oficio respectivo, haciéndole presente lo dispuesto en los artículos 9°, 9° A y 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y otorgándole, en consecuencia, un plazo máximo de treinta días para responderla. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Enrique van Rysselberghe, David Sandoval y Jaime Bellolio. INFORMACIÓN SOBRE PLANES REGULADORES DE TODAS LAS COMUNAS DEL PAÍS (OFICIOS) El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, en el marco de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y que recientemente ingresó a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, solicito que se oficie a los alcaldes de las 346 comunas del país con el objeto de que me informen si cuentan con un plan regulador comunal vigente. De ser ello efectivo, quiero que me indiquen la fecha en que dicho plan entró en vigencia. En caso de que no cuenten con uno, si tienen pensado iniciar la elaboración de ese instrumento de planificación territorial en el corto plazo. Asimismo, quiero que los alcaldes me señalen si consideran necesario contar con un plan regulador comunal. Por último, que me informen con qué superficies urbana y rural cuentan en sus respectivas comunas. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados David Sandoval, Jaime Bellolio, Felipe Kast y Enrique Jaramillo. IMPOSICIÓN DE VENTA DE CELULARES COMPATIBLES CON HIPOACUSIA (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe. El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, según datos censales, en Chile existen 488.511 personas con sordera o dificultad auditiva, incluso con audífonos, materia que el Estado y todo el espectro político han ido asumiendo cada vez más, teniendo como norte el compromiso con la inclusión social. Pero como en todo orden de cosas, podemos hacer más. Si bien en el mercado de la telefonía móvil hoy existen teléfonos celulares compatibles con los audífonos que utilizan las personas con hipoacusia o disminución de la capacidad auditiva, ellos son difíciles de encontrar. Esto, teniendo en cuenta que muchos celulares no se pueden usar al mismo tiempo que algunos audífonos, porque se generan interferencias. Otros países ya cuentan con leyes que obligan a las empresas de telefonía móvil a vender celulares para hipoacúsicos, multando el incumplimiento de tal disposición, el cual puede llegar a sancionarse incluso con la caducidad de la licencia para prestar el servicio. Por lo expuesto, solicito oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez-Lobo, para que analice la posibilidad de incluir en nuestra normativa el deber de las empresas de telefonía móvil de vender teléfonos compatibles con los audífonos para hipoacúsicos al mismo precio que los convencionales, resguardando así la inclusión social, laboral y económica de las personas que sufren esa discapacidad, considerando para ello parámetros de diseño y de accesibilidad universales. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Claudio Arriagada, David Sandoval, Jaime Bellolio, Enrique Jaramillo y Osvaldo Urrutia. MEDIDAS CONTRA EMPRESA CGE DISTRIBUCIÓN POR CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN COMUNA DE PAINE (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio. El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, dado el temporal ocurrido en Santiago y en buena parte del resto del país, hubo muchas comunas que quedaron sin electricidad, en particular la de Paine, donde algunos sectores estuvieron más de 48 horas sin suministro eléctrico. La empresa CGE Distribución, que provee de electricidad a las comunas rurales del distrito que represento, no fue capaz de reponer el suministro a tiempo ni de contestar los llamados de los usuarios que solicitaban más información respecto del problema que los afectaba. Por lo tanto, solicito que se oficie al superintendente de Electricidad y Combustibles para que tome las medidas pertinentes ante la falta de prestación del servicio y la falta de atención a los clientes por parte de la mencionada empresa. Asimismo, que se oficie al ministro de Energía con el objeto de que nos diga cuáles son las medidas que pretende adoptar para que hechos como estos no vuelvan a producirse. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. ACLARACIÓN SOBRE TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO DE TERRENOS EN LA CHOCOTA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Christian Urízar. El señor URÍZAR.- Señor Presidente, un grupo importante de vecinos de la comunidad de La Chocota, en la comuna de Puchuncaví, inició en 2011 un proceso de regularización de terrenos a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Para ello, se asesoraron con abogados acreditados por dicha cartera, que figuran en el Registro Nacional de Empresas Contratistas del Ministerio de Bienes Nacional, y pagaron, de su bolsillo, más de 500.000 pesos por familia. Sin embargo, el 2015 se encontraron con la triste noticia de que la empresa nunca tramitó como corresponde las regularizaciones. En otras palabras, fueron víctimas de una estafa que derivó en un sumario interno, estafa que hoy es investigada por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Se trata de familias que han luchado durante cuatro años para legalizar sus terrenos y, en consecuencia, contar con luz eléctrica y agua potable. Por ello, es necesario que el Ministerio de Bienes Nacionales aclare legalmente la situación -que ya está en manos de la PDI- y se haga cargo de los trámites y de los costos necesarios para solucionar definitivamente el problema. Las familias afectadas creyeron en el sistema, en el Estado y en el Ministerio de Bienes Nacionales; por tanto, esta cartera debe asumir el tema y aclarar la situación, por el bien de la credibilidad de organismos que trabajan como contratistas para ellos. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Bienes Nacionales, al secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso y al alcalde de Puchuncaví, a objeto de que se aclare prontamente la situación. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Raúl Saldívar y Manuel Monsalve. INTERVENCIÓN DE AUTORIDAD POR PROBLEMAS EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMUNAS DE REGIÓN DE COQUIMBO (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar. El señor SALDÍVAR.- Señor Presidente, el fin de semana pasado la Región de Coquimbo vivió la dicha de una lluvia. Todos sabemos que la región ha soportado diez años de sequía y, por tanto, la lluvia es acogida como una verdadera bendición. Alrededor de 40 milímetros de agua precipitada constituyeron el deleite de buena parte de los habitantes de la zona, pero también el infortunio de unos pocos que, debido a su vulnerabilidad, no pudieron soportar las condiciones del tiempo. Pero la buena noticia de la lluvia se ensombreció debido a la suspensión de la distribución de agua potable en varias ciudades. Es impresentable que 40 milímetros de agua impidan que una empresa sanitaria cumpla con su servicio de proveer agua potable a las distintas ciudades de la región, particularmente a las capitales más importantes, donde se concentra el mayor número de clientes del sistema. Hace pocos días, y también por razones climáticas, la empresa suspendió la provisión del recurso hídrico a las principales ciudades de la región. Y hoy, a raíz de la reciente lluvia, nos encontramos con que el agua viene con barro -cuando tenemos- y con olores extraños o, simplemente, no sale por los grifos de las casas de los vecinos de La Serena, de Coquimbo o de Ovalle, por citar solo tres casos. Considero que una sequía de diez años proporcionó el tiempo suficiente para que las empresas sanitarias adoptaran las providencias necesarias y, por lo tanto, puedan sustituir las fuentes habituales por otras, de manera que entreguen el servicio que deben proporcionar y para lo cual se les otorgó la concesión. Las condiciones en que hoy se entrega el servicio son de una precariedad extraordinaria. No es posible que alrededor de 40 milímetros de agua caída en las hoyas hidrográficas de la región originen un problema de tal magnitud. Por lo tanto, solicito que se oficie a la superintendenta de Servicios Sanitarios con el propósito de pedirle que evalúe la situación y exija a las empresas sanitarias que provean como corresponde el vital elemento a los vecinos. Para ello, es necesario que esas empresas se doten de mejores condiciones tecnológicas y, en consecuencia, que hagan las inversiones que se requieren. Conversé con el gerente de la empresa sanitaria de la región, quien manifestó la intención de realizar inversiones para superar las contingencias que se generan habitualmente, pero se trata de una intención un poco tardía. Creo que la empresa no ha puesto todo su empeño, como debió haberlo hecho en su oportunidad, para impedir contingencias tan desagradables e inapropiadas que, por último, solo debieran suceder en circunstancias verdaderamente incontrolables y no ante la ocurrencia de una lluvia de 40 milímetros. Solicito a la superintendenta de Servicios Sanitarios que disponga que se fiscalice la situación, que se revisen los actuales contratos con las empresas sanitarias y que se lleven a cabo las innovaciones que corresponda a los mismos, porque no es posible continuar con concesiones de la naturaleza descrita. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados José Miguel Ortiz, Manuel Monsalve y Christian Urízar. RESTABLECIMIENTO DE MESA DE TRABAJO FORESTAL EN REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve. El señor MONSALVE.- Señor Presidente, en su momento, solicitamos a la entonces ministra del Trabajo y Previsión Social señora Javiera Blanco que se constituyera una mesa de trabajo forestal en la Región del Biobío. En 2014, dicha instancia inició su trabajo con el objetivo de generar una agenda en materia de fiscalización y también legislativa, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores forestales, los cuales suman 133.000; de ellos, 44.000 se desempeñan en los bosques, 72.000 son empleados en la industria forestal y 17.000 trabajan en servicios, particularmente, en transporte forestal. Presentamos tres proyectos de ley sobre esta materia: el primero busca mejorar la forma de calificar el trabajo pesado en el ámbito forestal; el segundo tiene por objetivo garantizar el pago de las cotizaciones previsionales cuando los contratos son por obras o faenas, y el tercero busca proteger de mejor manera a los trabajadores ante los despidos injustificados. Para llevar adelante esta agenda necesitamos restablecer la mesa de trabajo forestal. Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón, para que a la brevedad disponga que dicha mesa se constituya nuevamente en la Región de Biobío, en conjunto con las federaciones de trabajadores forestales, con el fin de impulsar una agenda legislativa que mejore los derechos y proteja de mejor manera a nuestros trabajadores forestales. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PENSIONES DE GRACIA DE EXTRABAJADORES CARBONÍFEROS (OFICIO) El señor MONSALVE.- Señor Presidente, en la partida 50 de la Ley de Presupuestos para 2015, en la que se fijan los recursos destinados al otorgamiento de pensiones de gracia, se estableció entregar 632 de estas pensiones a pirquineros, chinchorreros y extrabajadores contratistas que prestaron servicios a las empresas estatales de carbón en Lota, en Curanilahue y en Lebú. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos, para que me informe respecto de la ejecución de la referida glosa. Ello implica que precise cuántas carpetas se han presentado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cómo dicha cartera está certificando que los postulantes cumplen los requisitos relacionados con la edad y con los años de trabajo, y cuál es el cronograma para la entrega y el pago de las pensiones. Cabe reiterar que los recursos para esos efectos están contemplados en la Ley de Presupuestos para 2015; sin embargo, estamos en julio y hasta hoy esos recursos no están siendo usados para entregar pensiones de gracia a los beneficiarios que la Cámara de Diputados aprobara en la Ley de Presupuestos: pirquineros, chinchorreros y extrabajadores contratistas de los yacimientos de carbón estatales. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN EN COMUNA DE LOTA (OFICIOS) El señor MONSALVE.- Señor Presidente, finalmente, pido que se oficie a la ministra de Salud, señora Carmen Castillo, con el objeto de que me informe sobre el estado de avance de dos compromisos contraídos por la Presidenta de la República con la comuna de Lota. El primero es la construcción de un centro de salud familiar en el sector de Lota Alto y el segundo es la instalación de un servicio de atención de urgencia de alta resolución, que constituyen necesidades apremiantes para los habitantes de la comuna de Lota. Lo anterior implica llevar adelante los estudios, diseños y la localización de los terrenos correspondientes. Nos interesa que la licitación se realice durante el segundo semestre de este año y que las obras se inicien también en el curso del año, lo cual significa que el Ministerio de Salud debe poner ambos proyectos dentro de sus prioridades. Por lo tanto, en respuesta a la inquietud de los habitantes de Lota, espero que la ministra de Salud le asigne prioridad a esos proyectos. Pido que la ministra me informe, en forma detallada, sobre el estado de avance de ambos proyectos, tan esperados por los vecinos, para proceder a la licitación y al inicio de las obras durante el 2015. Por último, solicito que copia del oficio se remita al alcalde y al concejo de la comuna de Lota. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención a las autoridades aludidas. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON TRABAJADORES DE COMUNA DE LOS MUERMOS (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Finalmente, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga; al intendente de la Región de Los Lagos; al gobernador de la provincia de Llanquihue, señor Juan Carlos Gallardo; al seremi de Obras Públicas de la Región de Los Lagos, señor Carlos Contreras, y al director regional de Vialidad, señor Jorge Loncomilla, por el problema que a continuación paso a exponer. He sido un defensor de la labor desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas en la Región de Los Lagos -su señoría es testigo de ello-, como también por la Dirección de Vialidad, tanto a nivel regional como provincial. Quiero hacer presente que durante la catástrofe provocada por la erupción del volcán Calbuco, el trabajo desarrollado por dicho ministerio fue excepcional, lo que destaqué muchas veces por los micrófonos de la Cámara de Diputados. No obstante, ahora quiero formular un reclamo que tiene relación con la situación que afecta a cien trabajadores de la comuna de Los Muermos. A fines del gobierno del Presidente Piñera, quebró la empresa Fernando Figueroa, que estaba a cargo de la conservación global de los caminos de esa importante comuna de la provincia de Llanquihue. Pese a la quiebra de la empresa, con el propósito de no desproteger a los habitantes de la comuna y seguir con los trabajos realizados por los servicios públicos y privados relacionados con el mejoramiento de las rutas, el Ministerio de Obras Públicas implementó rápidamente un sistema para abordar la problemática de la conectividad. No obstante, en reunión con las autoridades de esa época, el Ministerio de Obras Públicas asumió el compromiso y la responsabilidad subsidiaria respecto de esos hechos. En particular, iba a encargarse de los finiquitos de los cien trabajadores de la empresa citada; pero han pasado casi dos años y ello no ha ocurrido. Esos trabajadores afectados sienten que sus derechos han sido burlados, en especial por el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, solicito que el ministro de Obras Públicas realice pronto un estudio jurídico que permita proponer una solución a la problemática que afecta a dichos trabajadores en cuanto al finiquito por años de servicios, de acuerdo con las posibilidades reales que tiene el Ministerio de Obras Públicas para encontrar una solución. Se realizaron reuniones con las autoridades de la Administración pasada, a las que concurrí como parlamentario, en las que se asumió un compromiso -está incluido en las actas correspondientes- que se debe cumplir, independientemente de que ahora tengamos otro gobierno. Hago un llamado a valorar el encomiable trabajo desarrollado por los trabajadores mencionados, quienes por años mejoraron el estado de los caminos de la región que represento. Finalmente, pido que copia de mi intervención se remita a todas las autoridades aludidas. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados José Miguel Ortiz y de quien preside. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.15 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. VIII. ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES -Se abrió la sesión a las 13.45 horas. El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. INFORMACIÓN SOBRE AUMENTO DE REMUNERACIONES A DIRECTORA EJECUTIVA DE FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS (OFICIOS) El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, por distintos medios de comunicación nos hemos enterado de que el gobierno, de manera muy oportuna, ha iniciado un plan de racionalización de las remuneraciones de los funcionarios de gobierno, con la intención de bajar aquellas que parecen ser excesivas. En este marco de generar un mayor ordenamiento y dar una señal de moderación, pido que se oficie a los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, secretario general de la Presidencia y a la directora sociocultural de la Presidencia, señora Paula Forttes, a objeto de que tengan a bien informarme si el aumento de sueldo en un millón y medio de pesos de la nueva directora ejecutiva de la Fundación de las Familias, señora Teresa Rey, se enmarca dentro de este proceso de racionalización. He sabido que en los últimos años ninguna directora ejecutiva se ha aumentado el sueldo una vez que ha asumido el cargo, y menos de una manera tan significativa: un millón y medio de pesos. Por lo tanto, deseo saber si efectivamente la política de racionalización, moderación y austeridad que ha planteado el gobierno se ve reflejada en esta decisión de la directora ejecutiva de la Fundación de las Familias, señora Teresa Rey. Además, pido que se oficie a la ministra directora del Sernam sobre el mismo tema, porque entiendo que hay recursos de este servicio involucrados en este aumento, y, por consiguiente, sería conveniente que todas estas carteras pudieran responder a esta razonable inquietud que he planteado. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE HOSPITAL DE ANGOL (OFICIOS) El señor CHAHIN.- Señor Presidente, en segundo lugar, pido que se oficie a la ministra de Salud, con copia a la subsecretaria de Redes Asistenciales, al director del Servicio de Salud Araucanía Norte, al Consejo Consultivo y al director del Hospital de Angol, y al alcalde de la misma comuna, a fin de que tenga a bien evaluar la posibilidad de financiar un proyecto de conservación de infraestructura pública para cierre de brecha del hospital de Angol, etapa IV, que permitirá mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de los servicios de hospitalización, procedimientos ambulatorios y recintos generales, que son muy necesarios para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes, en un ambiente seguro y donde se respeten sus derechos, además de cumplir con las normas técnicas básicas necesarias para la obtención de la autorización sanitaria, requisito indispensable para solicitar la acreditación hospitalaria, uno de los desafíos que tiene ese establecimiento. Cabe consignar que dentro de las mejoras de este proyecto se considera habilitar y mejorar espacios físicos, instalación de nuevas redes de gases clínicos, mejoramiento de climatización ambiental en áreas clínicas, la adquisición de muebles y cortinaje clínico, entre otras. Si bien los espacios físicos se encuentran habilitados para funcionar, al aplicar las pautas de autorización sanitaria de los servicios de hospitalización y procedimientos, se detectó que no existen todas las condiciones para garantizar el tratamiento oportuno y de calidad a los pacientes, que es un desafío muy importante. El proyecto fue presentado al Servicio de Salud Araucanía Norte en el mes de junio y el diagnóstico demuestra que estas brechas que se deben cerrar tienen un costo aproximado de poco más de 370 millones de pesos. En consecuencia, esperamos que se pueda obtener el financiamiento. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. RECONSIDERACIÓN DE PUNTAJE DE POSTULACIÓN A SUBSIDIO HABITACIONAL DE VECINO DE COMUNA DE CURACAUTÍN (OFICIOS) El señor CHAHIN.- Señor Presidente, finalmente, pido oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al director del Serviu de la Región de La Araucanía, con copia al interesado, a fin de que tengan a bien hacerse cargo de la situación que plantea don José Luis Yáñez, cédula de identidad N° 13.581.845-3, quien ha postulado en cuatro ocasiones al subsidio habitacional, postulación individual al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, llamado nacional 1-2005, Título I, Tramo 1. Luego de postular por cuarta vez, don José nuevamente fue rechazado, porque le faltaron 8.526 puntos. En la postulación anterior, se le consideró haber realizado el servicio militar, valorado con 20.000 puntos. Sin embargo, curiosamente, en su cuarta postulación no se le consideraron esos 20.000 puntos que le fueron asignados con anterioridad. Simplemente, se le señaló que debía continuar con la incorporación de más fondos a su libreta de ahorro para la vivienda, situación que resulta curiosa. Si en la última postulación se hubiesen considerado esos 20.000 puntos, que en la anterior sí fueron agregados, estaría sobre el puntaje de corte y su postulación habría sido aprobada. Al señor Yáñez, padre soltero que vive con su hijo, le dieron diez días para apelar. Al hacerlo, llevó el certificado del servicio militar al día, pero le informaron que ahora solo se considera a las personas que hicieron el servicio militar de 2004 en adelante, decisión que parece arbitraria, cuyo fundamento legal desconozco. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al director del Serviu de La Araucanía, con la finalidad de que reevalúen la postulación al subsidio habitacional del señor José Luis Yáñez Valdebenito, con el objeto de que se le consideren los 20.000 puntos que se otorgan a los postulantes que hayan cumplido con el servicio militar, lo que le permitiría obtener el correspondiente subsidio habitacional. Dejaré en poder de la secretaría de la comisión copia del certificado de situación militar del señor José Luis Yáñez y de la cartola con el resultado de su última postulación individual al subsidio habitacional, así como de su correo electrónico, para que se le envíe copia del oficio. He dicho. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO Y DOTACIÓN DE PERSONAL DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE EN REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS) El señor CHAHIN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, la Empresa de Correos de Chile es muy importante desde el punto de vista del desarrollo estratégico del país, sobre todo para las población más vulnerable y para las localidades más apartadas, pues cuenta con oficinas en todo el territorio nacional. Sin embargo, he recibido denuncias de que en la Región de Atacama no está funcionando bien la parte operativa de Correos de Chile, en cuanto a la gestión adecuada del servicio que debe prestar a la comunidad. Entiendo que en la Región de Atacama se han presentado dificultades en algunas áreas a causa de los aluviones que la afectaron, pero eso no justifica que Correos no cumpla bien sus funciones. Por lo tanto, pido que se oficie a la presidenta del directorio de la Empresa de Correos de Chile y a su gerente general, con el propósito de que me informen qué se ha hecho para mantener un servicio de calidad en la Región de Atacama. Solicito lo anterior porque quiero entender con claridad qué dificultades ha tenido la empresa. Lo planteo porque distintas personas de mi región me han informado que no han recibido correspondencia y encomiendas que les han enviado, motivo por el cual han debido pedir su reenvío, situación que no es frecuente en el servicio que brinda Correos de Chile. Quiero que me informen de qué manera está desarrollando sus funciones la Empresa de Correos de Chile en la Región de Atacama, quién es el gerente de operaciones en esa región y cuál es la dotación de personal de cada una de las oficinas que tiene en las comunas que la integran, porque quiero tener una visión clara respecto de la forma en que está funcionando esta empresa en mi región. Además, pido que se oficie respecto de esta materia al ministro de Transportes y Telecomunicaciones y al presidente del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas. El señor CHAHIN (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CONTRATADAS POR SERVICIO CIVIL (OFICIO) El señor ROBLES.- Señor Presidente, en el proceso de selección de autoridades se producen situaciones que realmente me llaman la atención, como lo ocurrido a una postulante a un cargo directivo -una profesional de gran calidad-, en cuya primera entrevista la persona a cargo de esa etapa del proceso le formuló preguntas que eran respondidas por ella misma, situación que no había escuchado nunca. Al parecer, en las empresas consultoras contratadas por el Servicio Civil para que cumplan con esa función trabajan funcionarios que no cuentan con la expertise del caso o algo extraño está pasando al respecto. Reitero que me llama mucho la atención que en la entrevista de la postulante a un cargo directivo, algunas de las preguntas que se le formularon no solo fueron contestadas por el propio entrevistador, dejando sin opción de hacerlo a la postulante, sino que las que ella respondió fueron evaluadas en ese mismo instante. De hecho, la afectada me contó que le preguntaron algo respecto a manejo de personal, consulta que fue respondida por ella, que ha manejado personal en el pasado, ante lo cual el entrevistador le señaló que su respuesta no era correcta. Nunca había escuchado algo por el estilo, ya que por lo general en las entrevista de ese tipo los evaluadores preguntan, toman nota de las respuestas del postulante y punto. Después hacen sus observaciones de manera formal, por escrito, con el objeto de dar transparencia al proceso, aspecto que considero vital. Por lo tanto, pido que se oficie al director del Servicio Civil, a objeto de que me informe cuáles son las empresas consultoras contratadas por el organismo que dirige que están a cargo de las evaluaciones de los postulantes a cargos directivos, quiénes son sus propietarios y se me envíe el listado de profesionales que se desempeñan en ellas, para conocer sus competencias. Me interesa fiscalizar y determinar qué está ocurriendo en el proceso de selección que se lleva a cabo, porque, por ejemplo, en el caso de los postulantes a cargos directivos del SAG intervinieron funcionarios cuya forma de evaluar también me llama mucho la atención. Finalmente, quiero señalar que me han informado que, en muchos casos, la etapa de evaluación psicológica está a cargo de profesionales muy jóvenes, de psicólogos o psicólogas con muy poca experiencia profesional, situación que causa extrañeza, porque en esa etapa del proceso de selección, que debiera ser objetiva, resulta extraño que se adopte la decisión de descartar a los postulantes en esa etapa, en circunstancias de que los psicólogos que los entrevistan son muy jóvenes y carecen de la experiencia profesional debida. He dicho. El señor CHAHIN (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.59 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES AUTH, ANDRADE, BECKER, BROWNE, CARMONA; ESPINOSA, DON MARCOS; KAST, DON FELIPE; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; MONSALVE Y SOTO, QUE “MODIFICA CUERPOS LEGALES QUE INDICA PARA PERMITIR LA INSCRIPCIÓN DE PACTOS ELECTORALES DIVERSOS EN ELECCIONES MUNICIPALES.”. (BOLETÍN N° 10185-06) “Honorable Cámara. Las elecciones primarias incorporadas a nuestro sistema electoral el año 2012 tienen como virtud principal la de generar una mayor horizontalidad entre el “acceso al cargo” y los ciudadanos. En efecto, una de las razones que tuvo el Ejecutivo cuando presentó al Congreso el Proyecto de Ley de Primaras durante el año 2011 fue el bajo nivel de confianza reflejado en las diferentes encuestas de opinión hacia las diferentes instituciones políticas, especialmente hacia los partidos. Señala el mensaje que:”un sistema de primarias vinculantes, para la mayoría de los cargos de elección popular, permitiría que la selección de candidatos se haga de un modo más transparente, competitivo y participativo; pudiendo los ciudadanos conocer mejor el modo en que se escogen sus candidatos;(…), lo que producirá una mayor renovación de las autoridades y dirigentes políticos; (…) haciendo que éstos se sientan mejor representados” En definitiva, podríamos decir que el objetivo del proceso de primarias es legitimar ante los ojos de la ciudadanía a los candidatos que son presentados por los partidos políticos, lo cual, a su vez legitima el sistema en su conjunto. De ahí la importancia de establecer incentivos para que los partidos y coaliciones políticas elijan a sus candidatos a cargos de elección popular en elecciones primarias. Cabe señalar que sólo se realizarán primarias en los territorios electorales donde los partidos o pactos así lo definan, no estando obligados a declarar candidaturas en todas las regiones, distritos o comunas (Arts. 8 y 10 de la ley 20.640) De acuerdo a lo señalado por la ley 20.640 o en adelante ”Ley de Primarias”, en el caso de un pacto para la elección de Alcalde, los partidos podrán participar en forma individual o en conjunto con otros partidos y/o candidatos independientes, conformando un solo pacto electoral para todo el país. En función de lo anterior, los artículos 12 y siguientes de la Ley de Primarias regulan su naturaleza vinculante y obligan a los partidos a mantener el pacto suscrito hasta que la elección definitiva se lleve a cabo. En lo referente a este último punto, consideramos que en nuestra actual regulación subsiste un vacío que debe ser abordado y tiene que ver con la relación entre el pacto de alcaldes y el pacto para la elección de concejales. Primero, debemos señalar que los pactos electorales para alcalde y concejales tienen una regulación establecida en los artículos 107 y siguientes de la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades, en la cual las declaraciones de candidaturas a alcalde y a concejales se presentan de manera conjunta pudiendo incluir candidatos de cualquiera de los partidos que los constituyan. Esta norma tiene su contraparte en la Ley 20.640, en adelante Ley de Primarias, la que señala en el inciso 2º del artículo 13 que: “Los pactos electorales suscritos con ocasión de estas elecciones primarias de Parlamentarios o de Alcaldes, se entenderán constituidos a contar de la fecha de su formalización y tendrán validez hasta el término de la elección definitiva de Parlamentarios o de Alcaldes y concejales según se trate. No será necesaria la formalización del pacto conforme al artículo 3° bis de la ley N°18.700, o al artículo 110 de la ley N° 18.695, con ocasión de la declaración de candidaturas a Parlamentarios o a Alcaldes y concejales, cuya nominación no se haya hecho por medio de elecciones primarias, bastando en tal caso la declaración de candidaturas suscrita por los presidentes y secretarios de los partidos integrantes del pacto.” De acuerdo a lo establecido en este artículo, el pacto para primarias de Alcaldes continuará hasta la elección definitiva de alcaldes y concejales y, en lo que respecta a estos últimos, sólo pueden variar en lo relativo al subpacto que se acuerde. Es decir, el pacto suscrito para la elección primaria de alcalde es legal y obligatoriamente el mismo para la elección definitiva de concejales. Quienes suscribimos este Proyecto de Ley pensamos que la actual regulación establecida en la Ley Orgánica y en la Ley de Primarias desincentiva a que los partidos políticos participen en un proceso de elecciones primarias, ya que diversos partidos que compartan una visión no podrían elegir un candidato único a Alcalde en primarias, con participación ciudadana, si no han acordado previamente una lista de concejales, lo cual constituye un inconveniente que desincentiva a participar en elecciones primarias de alcaldes a coaliciones políticas que no han resuelto como van a abordar la elección de concejales o ya han tomado la decisión de hacerlo en más de un pacto o lista electoral. Por el contrario, consideramos que la forma correcta de regular y armonizar el sistema electoral con la realidad, es permitir que los distintos partidos que conforman un pacto electoral para la elección primaria y definitiva de alcaldes puedan, a su vez, formar pactos distintos para la elección de concejales, con la salvedad, obviamente, que dichos pactos sólo puedan estar integrados por partidos que fueron parte del Pacto de Primarias de Alcalde y partidos que para la elección de alcaldes no conformaron pacto alguno, evitando así que partidos de un mismo pacto de concejales en una comuna tengan distinto candidato a Alcalde. En definitiva, quienes suscribimos este proyecto consideramos que debemos flexibilizar las normas para favorecer la participación de los partidos en elecciones primarias de Alcaldes para cumplir con el objetivo de la Ley de Primarias, de darle mayor legitimidad a nuestras instituciones políticas. Por lo tanto queremos proponer a esta Honorable Cámara el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo Único: a) Incorpórese los siguientes incisos finales en el artículo 109 del D.F.L. 1 del año 2006 del Ministerio del Interior que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. “Los partidos políticos e independientes que así lo prefieran podrán subscribir un pacto electoral para la elección de alcaldes y un pacto electoral distinto para la elección de concejales. Los pactos para la elección de Concejales a los cuales hace alusión el inciso anterior no podrán ser conformados por partidos políticos que integren pactos electorales distintos para la elección de Alcaldes.” b) Incorpórese las siguientes modificaciones a la Ley 20.640 Que Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la Nominación de Candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcalde: Modifíquese el artículo 13 de la manera que a continuación se indica: 1.-En el primer inciso, a continuación del párrafo “elección definitiva de Parlamentarios o de Alcaldes” elimínese la frase “y concejales” 2.-En el primer inciso a continuación del párrafo “con ocasión de la declaración de candidaturas a Parlamentarios o a Alcaldes” elimínese la frase “y concejales” 3.- En el segundo inciso a continuación de la frase “Los partidos políticos que hubieren constituido un pacto electoral no podrán acordar otro” sustitúyase la coma (,) por la frase que a continuación se indica. “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 109 de la Ley 18.695,”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES PAULSEN, GARCÍA, SAFFIRIO Y SOTO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLACIÓN Y ESTUPRO.”. (BOLETÍN N° 10186-07) “Considerando: El abuso sexual contra menores de edad constituye una grave violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Los delitos sexuales son todos aquellos actos que atentan contra la libertad sexual de las personas, independientemente de su edad, estrato social, raza, etnia, sexo o nacionalidad. Pero los menores de edad se pueden clasificar como un grupo más vulnerable al ser víctimas de estos delitos, ya que muchas veces se ocupa la fuerza física, la presión o el engaño. Así, en este tipo de delitos no existe el consentimiento de la víctima, y menos en el caso de los menores de edad, porque tienen experiencias, madurez biológica y expectativas muy distintas a las de una persona mayor a 18 años. Entre los delitos sexuales de mayor ocurrencia se encuentran la violación y el abuso sexual, y en el caso de tener como víctima a menores de 14 años, siempre constituyen delitos que se deben denunciar. La violación consiste en acceder carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal. El abuso sexual, por su parte, es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal, como por ejemplo: tocaciones o besos en área de connotación sexual; simulación de acto sexual; entre otras. Según el Boletín Estadístico Anual del Ministerio Público año 2014 de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, el 74% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad. Tabla 1: Víctimas de delitos sexuales según tramo de edad IMAGEN Lamentablemente se aprecia que del total de delito sexuales denunciados el 2014 (25.884 casos) solo un 9,1% terminó en una sentencia definitiva condenatoria. Tabla 2: Tipos de términos para delitos sexuales 2014 [1] IMAGEN Otro aspecto de este tipo de delitos son las profundas secuelas psicológicas que quedan en la víctima. Si bien distintos estudios psicológicos establecen que no existe una sintomatología única, se estima que el 80% [2] de los niños víctimas de abuso sexual presentan síntomas dentro de los primeros dos años de cometido el abuso, pero hay casos en que esos síntomas aparecen muchos años después del delito o incluso no se manifiestan. Es por ello que creemos fundamental dar el carácter imprescriptible a este tipo de delitos. Así, un estudio psicológico clasificó algunos síntomas a corto plazo de la siguiente forma: Tabla 3: Efectos a corto plazo del abuso sexual infantil (Dubowitz, 1993) [3] IMAGEN De lo anterior, se desprende que este es un problema multisectorial y entendemos que solo aumentando las penas no se logrará una mejoría en esta área. Por lo mismo, creemos que es necesario avanzar en adecuar nuestra legislación a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1989, que Chile ratificó en 1990, para transitar de un sistema tutelar de asistencia a la infancia y adolescencia y reemplazarlo por uno que fortalezca su reconocimiento como sujetos de derecho. El 30 de abril de 2013 ingresó el proyecto de ley sobre Protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, boletín 8911-18, que actualmente se encuentra radicado en la Comisión de Familia. Por otra parte, se encuentra en tramitación el proyecto que Suprime el actual Servicio Nacional de Menores, creando dos nuevos Servicios de atención a la infancia y adolescencia, boletín 8497-07, que se encuentra radicado en la Comisión de Constitución de la Cámara. Ambas iniciativas abordan de forma holística este tipo de situaciones, por lo que recomendamos retomar su tramitación. Finalmente, entendemos que esta iniciativa, que propone endurecer las penas para la violación a menores de edad y establece como imprescriptible este tipo de delitos, es necesaria pero no suficiente para abordar el tratamiento de los delitos sexuales. Por lo fundamentado, venimos a proponer lo siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo Único.Modifíquese el Código Penal del siguiente modo: - Elimínese del artículo 361 la frase “mínimo a”. - Agréguese en el artículo 362 la frase “también constituye violación y será castigado con presidio mayor en su grado medio a máximo” entre los vocablos “años” y “aunque”. -Reemplácese el primer inciso del artículo 363 por el siguiente: “Art. 363. El que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de edad pero mayor de catorce años, también constituye violación y será castigado con presidio mayor en su grado medio, concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:”. - Reemplácese el artículo 369 quáter por el siguiente: “Art. 369 quáter. Si alguno de los delitos previstos en este título se cometieren contra un menor de edad, estos tendrán el carácter de imprescriptibles”. PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR RIVAS, DE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PERMITE LA NACIONALIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y ESTABLECE NORMAS ESPECIALES SOBRE LA MATERIA RESPECTO DE LA GRAN MINERÍA DEL COBRE.”. (BOLETÍN N° 10187-07) “Cuando llegaron los conquistadores españoles en el siglo XVI, Chile era un país productor de materias primas. Tres siglos después, en la época de la Independencia, Chile seguía siendo un país productor de materias primas. Hoy, doscientos años después de nuestra emancipación, Chile sigue siendo un país productor de materias primas. Desgraciadamente esas materias primas están actualmente en manos de mega empresas internacionales que diariamente las explotan en su exclusivo beneficio. Resulta penoso que en Chile haya pocas cosas de valor que sean de los chilenos; una gran parte del agua, de la energía eléctrica y del cobre les pertenecen a los extranjeros. En cuanto a lo que al cobre dice relación, el proceso de nacionalización de la Gran Minería del Cobre iniciado en 1971 por Allende se vio truncado por José Pinera, quien bajo el amparo de Pinochet y a través de la ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras sentó las bases del marco jurídico necesario para su desnacionalización. Proceso, por lo demás, ampliamente concretado durante los gobiernos de la Concertación. No olvidemos que fue Aylwin quien dio luz verde a La Escondida y El Abra, sólo por empezar a nombrar. Así pues, derecha e izquierda unidas se dieron a la tarea de regalar la principal riqueza de nuestro país. Si se desea llevar a cabo un proyecto nacional que permita por parte del Estado la aplicación de los principios de la solidaridad y la justicia social en nuestro país, es menester aumentar el gasto público. La fuente de esos recursos se halla en las reservas de cobre existentes en manos de empresas inglesas, norteamericanas, canadienses, australianas y japonesas. ¿Sabe la opinión pública que, a un precio estimativo de 4 dólares la libra de cobre, los 330 millones de toneladas métricas de dicho mineral que actualmente están en manos de empresas extranjeras tendrían, a lo largo del tiempo, un valor aproximado de 3 millones de millones de dólares, lo que equivale a lo recaudado por 375 reformas tributarias como la que se aprobó este año, es decir, 375 paquetes de 8 mil millones de dólares cada uno? La cantidad recién indicada representa el valor que tendría la construcción de 2.500 complejos Costanera Center o el de una casa de 100 millones de pesos para cada chileno(a). ¿Se da cuenta la opinión pública de todo lo que podría hacer el Estado de Chile en materia de salud, educación, previsión social, seguridad ciudadana y muchas otras cosas más con esa cantidad de dinero? La cifra es tan gigantesca que muy pocos son capaces de dimensionar lo que podría hacer nuestro país en beneficio de todos los chilenos con todos esos recursos. Por desgracia, ciertos sectores políticos, tanto de la derecha neoliberal como de la izquierda capitalista (ésta última, fielmente representada por paladines como Ricardo Lagos Escobar o Andrés Velasco) se opondrán como siempre lo han hecho, alegando entre otras cosas que el Estado de Chile no tiene el dinero suficiente para pagar la indemnización que se les tendría que otorgar a las empresas extranjeras. En efecto, según el numeral 3° del artículo 11 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, en caso de expropiación el concesionario tiene derecho a que se le indemnice el daño patrimonial, consistente en el valor comercial de su facultad de extraer y apropiarse del mineral que se encuentra dentro de los límites de la concesión. En castellano simple, ello implica que el Estado de Chile, si decide renacionalizar, debe pagarles por el cobre que todavía no han sacado de la tierra, pero que potencialmente podrían extraer. A fin de burlar el mandato constitucional establecido en 1971 y ratificado por el constituyente de 1980, el señor José Pinera ideó mañosamente la norma antes citada. Sin embargo, dicha norma vulnera abiertamente el espíritu del inciso 6° del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que dispone que el mineral es propiedad del Estado, no del particular, así como también transgrede la disposición tercera transitoria de la Constitución, que hasta el día de hoy mantiene vigente la nacionalización de 1971. Por tanto, lo que en base a lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 11 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras se estaría indemnizando sería la mera expectativa de concesionario de obtener una ganancia sobre un mineral que, dicho sea de paso, no le pertenece. Según la Teoría Patrimonialista del Estado, éste tiene el dominio pleno, perfecto, completo y perpetuo sobre toda riqueza minera, pudiendo reservar para sí la explotación de ciertas sustancias. El Estado podrá otorgarles a los privados concesiones sobre los yacimientos, pero éstos sólo incorporarán el mineral a su patrimonio luego de haberlo extraído. Mientras el mineral no sea extraído, sigue siendo de propiedad del Estado de Chile. Ha de dejarse claro desde ya que el inciso 9” del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución no hace dueño al concesionario del mineral que se halla todavía bajo tierra. Esta norma no afecta el dominio del Estado sobre el mineral aún no extraído, sino que tan sólo hace al concesionario dueño de su derecho a explotar el mineral que encuentre (lo que es un derecho sobre un bien incorporal, que es la concesión) y del que se hará propietario sólo una vez que lo haya extraído. Por el contrario, según la Teoría del Dominio Eminente del Estado, éste es dueño de los yacimientos mineros, pero renuncia a su dominio una vez que un particular le solicita la concesión del mismo. Nuestra Constitución, en el inciso 6° del numeral 24 de su artículo 19, recoge claramente la Teoría Patrimonialista, al declarar que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los yacimientos mineros. Por ende, a juicio de este parlamentario, la insinuación de respaldar la teoría del Dominio Eminente del Estado a través del numeral 3° del artículo 11 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras no constituye más que un engaño encubierto, es decir, una falacia fundada en una construcción jurídica forzada que busca burlar artificialmente lo dispuesto en el inciso 6° del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, por la vía de vaciarlo de su contenido. Sin embargo, el intento es inútil, toda vez que lo prescrito en el inciso 6° se impone por lógica, justicia, juridicidad y, sobre todo, por rango y jerarquía jurídica a lo prescrito en el numeral 3° del artículo 11 de la citada ley orgánica constitucional. Resulta impensable que una mera norma orgánica constitucional se superponga jerárquicamente a la propia Constitución. En efecto, la Constitución establece que el Estado de Chile tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable (es decir, no susceptible de ser enajenado) e imprescriptible de todas las minas del territorio nacional, entre ellas, las de cobre. Por ende, si el Estado ya es dueño del cobre, ¿por qué tendría que pagarle a las empresas extranjeras por algo que ya es de su propiedad? Quienes argumentan que, de intentarse una renacionalización la Gran Minería del Cobre, el Estado debe indemnizar a las empresas extranjeras por el cobre que todavía está bajo tierra y que potencialmente tendrían derecho a extraer, están contradiciendo la voluntad constitucional expresa. En definitiva, aceptar lo prescrito en el numeral 3° del artículo 11 de la Lev Orgánica Constitucional de Concesiones Minera, acogiendo la teoría de que se le debe pagar a las empresas extranjeras por el cobre todavía bajo tierra, equivale a reconocer que este mineral es de dichas empresas y no del Estado de Chile, lo cual viola flagrantemente el texto expreso del inciso 6° del numeral 24 del artículo 19 de la propia Constitución. A fin de graficar lo anterior, imaginemos que una persona es propietaria de un automóvil y se lo entrega en comodato (préstamo de uso) a otra. Al cabo de un tiempo, el propietario del vehículo lo pide de vuelta y el comodatario le contesta que, para hacerle restitución del vehículo, el dueño de éste debe pagarle antes el valor del mismo. ¿Es posible concebir una petición más absurda, ilógica, prepotente e injusta que esta? Pues bien, lo mismo ocurre en caso del cobre; siguiendo este mismo ejemplo, el dueño del automóvil es el Estado de Chile, el comodatario (quien recibe la cosa en calidad de préstamo de uso) es la empresa minera extranjera y el vehículo es el cobre. Queda, pues, de manifiesto lo irrisorio de la disposición contenida en la Ley 18.097, relativa a que el Estado debe pagarle a las empresas extranjeras por el cobre que todavía no han sacado de la tierra. Quienes pretenden el pago de dicha indemnización le piden al Estado de Chile que viole la Constitución, haciendo un pago indemnizatorio evidentemente inconstitucional. A mayor abundamiento, el artículo 1816 del Código Civil dispone que la compra de cosa propia no vale y que quien compra algo que ya es suyo tendrá derecho a que quien se la vendió le restituya el precio pagado. La norma anterior, si bien es claro que no tiene aplicación por sobre una norma de rango constitucional, no por ello deja de sentar un principio rector básico del derecho chileno, según el cual, en el uso del más elemental sentido común, el dueño de algo no tiene porqué pagar por hacerse propietario de aquello que ya es suyo. Se paga cuando se adquiere algo ajeno, pero no cuando la cosa va es propia. como ocurre en el caso del cobre, respecto del cual la Constitución establece desde 1980 (tanto en el inciso 6° del numeral 24 de su artículo 19 como en su disposición tercera transitoria) que es propiedad absoluta, exclusiva, imprescriptible e inalienable del Estado. ¿Existe alguna razón por la cual la sensatez que inspira a este principio rector del derecho chileno no debiere aplicarse para el caso del cobre? Así pues, según lo que sostienen tanto la derecha neoliberal como la izquierda capitalista, que defienden la teoría de la indemnización, pareciera ser que en Chile toda compra de cosa propia no tiene valor alguno... ¡excepto cuando se trata de que el Estado le compre su propio cobre a las empresas extrajeras que lo explotan, caso en el cual, como por arte de magia, se vuelve válido lo que para cualquier otro caso es absolutamente inválido! Es, por todo lo anterior, inconstitucional, ilegítimo, ilógico y, por lo mismo, absolutamente innecesario que, de renacionalizarse la Gran Minería del Cobre, el Estado indemnice a las empresas extranjeras por el cobre que todavía no han extraído. Por cierto que se les deberá indemnizar a dichas empresas la eventual pérdida de los bienes de capital en los cuales éstas hayan realizado inversiones, como por ejemplo maquinarias, instalaciones y vehículos. ¡Pero ello, por supuesto, al valor de libro contable de dichos bienes y después de descontar del monto de dicha indemnización la devaluación de los mismos, corno así también después de realizarse una compensación en favor del Estado por las ganancias obtenidas por las empresas en cuestión durante todos estos años! Renacionalizar implica volver a transferir a control del Estado recursos en manos de empresas privadas, entregando a la Nación una riqueza que antes estaba a cargo de los privados, con el fin de que sea utilizada en beneficio de todo el pueblo y no sólo en interés de ciertos grupos y haciendo, de esa forma, partícipe a todos los chilenos de las ganancias obtenidas. Lo anterior se hace hoy imprescindible, toda vez que los datos prácticos demuestran que, si bien la minería equivale, en promedio, casi a un 66 % de las exportaciones nacionales y al 33 % de la inversión extranjera realizada en Chile desde 1974, ésta genera menos del 2 % de la fuerza laboral del país. Ello sin mencionar el hecho de que el aporte de la minería cuprífera privada al erario público es casi inexistente. En efecto, las empresas privadas que explotan el cobre chileno tienen enormes ganancias que no se ven reflejadas en el impuesto que pagan al Estado de Chile, lo que redunda en un grave perjuicio para el país. A modo de ejemplo, en los años 2005 y 2006 las empresas mineras privadas que operan en Chile recibieron utilidades superiores al valor de las inversiones mineras extranjeras realizadas en Chile entre 1974 y 2006 y, en 2007, dichas empresas se habrían embolsado casi 4 mil millones de dólares en ganancias excesivas (algunos expertos del tema incluso doblan esa cifra). Se aprecian así utilidades antes de impuestos superiores al 50 %, llegando en algunos casos a alcanzar el 100 %, algo sólo comparable con los niveles de beneficios que se obtienen de una actividad como el narcotráfico. Lo anterior configura lo que en derecho se conoce como enriquecimiento sin causa: una ganancia desproporcionadamente alta en consideración al esfuerzo realizado por obtenerla, generando un empobrecimiento correlativo enorme para el país, sin que éste obtenga una compensación proporcional por el menoscabo causado. Frente a una situación tan injusta y desmejorada para los intereses del país, se hace necesaria la aplicación del concepto de la Función Social de la Propiedad, consagrado en el mismo numeral 24 del artículo 19 de la Constitución y que establece como límite a la misma la necesidad de progreso social en la Nación. Así pues, la explotación económica de la propiedad en beneficio particular no es su fin último, sino que lo es el rendimiento económico que se genera en beneficio de la comunidad toda. Es justamente el cumplimiento de esta función social de la propiedad lo que legitima el otorgamiento y conservación, por ejemplo, de una concesión minera. En concordancia con lo anterior, el presente proyecto reforma la Constitución Política disponiendo que la ley podrá renacionalizar recursos naturales que, a pesar de disponer el ordenamiento jurídico su dominio público, en la práctica su exploración o explotación se halle en manos privadas. Para el caso de una renacionalización de la minería cuprífera, se hace expresa desactivación del ofensivo numeral 3° del artículo 11 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, al disponerse que las empresas mineras que sean renacionalizadas no podrán cobrar ni demandar indemnización de naturaleza o especie alguna al Estado por concepto del recurso que todavía no haya sido extraído o explotado. En cuanto a lo relativo al proceso mismo de la renacionalización, se subentiende que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución Política, su realización le compete exclusivamente al Presidente de la República. No obstante ello, este parlamentario considera que ha llegado el momento de sentar las bases de una vía preparatoria que dé inicio al proceso que permita a nuestro país volver a ponerse los pantalones largos y hacerse cargo, de una vez y para siempre, de su principal recurso natural. Ante la falta de coraje y convicción política de una izquierda que llora cínicamente el legado de quien nacionalizara el cobre en 1971, pero que no dudó en entregárselo a los afanes de corporaciones transnacionales y, así mismo, ante la actitud reaccionaria de una derecha guardiana del sistema neoliberal, que jamás entenderá que recuperar el cobre no es sólo una cuestión de soberanía nacional, sino que principalmente de control estratégico del principal motor de la economía del país, se levanta con porfiado idealismo este diputado que se niega a continuar viendo como la principal riqueza de Chile, en la que reside el desarrollo de nuestro pueblo, es impunemente saqueado por la rapiña del neocolonialismo. El hecho de que Alianza y Nueva Mayoría desoigan el clamor popular, claramente inclinado en un sentido mayoritario por esta medida de recuperación nacional, no ha de impedirnos darnos cuenta de que su consecución es de importancia capital. Por tanto, en virtud de los argumentos expuestos, vengo en someter a este Honorable Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley: PROYECTO DE LEY: Artículo único: Agregúense, a continuación del inciso final del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los siguientes incisos: “Cuando el interés de la Nación lo exija y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer de sus recursos naturales, mediante una ley simple podrán renacionalizarse aquellos de éstos que revistan un carácter estratégico o prioritario para la economía y el desarrollo sustentable del país, a fin de que sea el Estado el que opere su extracción, explotación y beneficio. Se entenderá que un recurso natural es renacionalizado cuando, a pesar de disponer el ordenamiento jurídico el dominio público de éste, aun así su explotación, extracción y beneficio se encuentre en manos de particulares. Tratándose de la renacionalización de actividades o empresas de la Gran Minería del Cobre, se aplicarán siempre las reglas dispuestas en el presente inciso, incluso en contrario de cualquier disposición contenida toda otra norma o cuerpo normativo, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Dicho proceso de renacionalización podrá comprender a las mencionadas actividades o empresas, ya sean éstas relativas a la exploración o a la explotación del recurso, como así mismo a derechos en ellas o a la totalidad o parte de sus bienes o de bienes de terceros de cualquier clase que estén directamente destinados a la explotación o beneficio de dichas actividades o empresas. El monto de la indemnización a la que haya lugar cuando se trate de renacionalización de actividades o empresas mineras no podrá ser nunca superior al valor original de los bienes a los que se ha hecho mención, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorizaciones por obsolescencia de éstos. Así también podrán descontarse del monto de la indemnización las rentabilidades que hubieren obtenido las empresas renacionalizadas. No obstante lo dispuesto en cualquier norma o cuerpo jurídico vigente, en ningún caso y bajo ningún título se podrá demandar indemnización de naturaleza o especie alguna que directa o indirectamente o de cualquier otra forma implique de algún modo una indemnización por el mineral que todavía no haya sido extraído de la tierra, explotado o beneficiado, ya sea que se trate de actividades de exploración o de explotación, entendiéndose para todo efecto legal extinto cualquier derecho que a este respecto hubiese podido asistir a la actividad o empresa renacionalizada o a los socios de ésta. El Estado tomará posesión material de los bienes renacionalizados inmediatamente después de entrar dicha renacionalización en vigencia. En todo aquello que se relacione con la renacionalización a la que hace referencia el presente inciso y ya sea que se trate de actividades de exploración o de explotación, el afectado únicamente podrá hacer valer en contra del Estado las indemnizaciones determinadas según lo dispuesto en este inciso, sin que sean aplicables disposiciones contenidas en otros cuerpos o normas, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Así mismo, los socios o accionistas de las empresas renacionalizadas no podrán impetrar al Estado, o entre ellos mismos, otro derecho que no sea la cuota que les corresponda dentro de la indemnización que reciba la empresa en la que tienen interés”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA NÚÑEZ, DOÑA PAULINA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BECKER Y BERGER, QUE “DETERMINA LA HORA OFICIAL DEL PAÍS Y AUTORIZA SU VARIACIÓN EN LAS CONDICIONES QUE INDICA.” (BOLETÍN N° 10188-06) “Considerando 1. Que la regulación vigente sobre la hora oficial es asistemática y presenta sendos vacíos producto del régimen constitucional vigente al momento de dictarse la Ley N° 8.777, la cual dispuso que la hora oficial será la del meridiano del Observatorio Astronómico de Lo Espejo y derogó la Ley N º8.522. A este respecto, es dable recordar que la citada Ley N° 8.777 fue discutida y promulgada bajo el imperio de la Constitución de 1925 la cual no establecía un sistema clausurado de materias propias de ley, sino que establecía un dominio legal mínimo en cuya virtud ciertas materias debían ser tratadas por ley, quedando las demás tanto en el dominio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República como en el de la ley, indistintamente. Sin embargo, el sistema de distribución de competencias legislativas de la Constitución de 1980 dejó establecido que las materias de ley son un conjunto clausurado, quedando todo lo que no ha sido mandado al legislador tratar dentro del ámbito de la potestad reglamentaria autónoma. 2. Que, además, la disposición quinta transitoria de la constitución política vigente dispone que “No obstante lo dispuesto en el número 6º del artículo 32, mantendrán su vigencia los preceptos legales que a la fecha de promulgación de esta Constitución hubieren reglado materias no comprendidas en el artículo 63, mientras ellas no sean derogadas por ley.”. A este respecto, si bien la Constitución es clara en que las leyes cuyas materias no se hayan comprendidas en el artículo 63 y que estuvieren vigentes al momento de promulgarse la actual Carta Fundamental seguirán vigentes hasta que sean derogadas por otra ley, la redacción de la norma no es suficientemente clara en cuanto al valor jerárquico con que debe tratarse, pues no resuelve la situación de si la modificación de una ley comprendida en el caso de la disposición quinta transitoria de la Constitución Política constituye una excepción al artículo 63 de la misma carta fundamental o puede ser modificada por medio de un decreto. 3. Que, a juicio de quienes suscribimos el presente proyecto, y sin entrar a resolver la cuestión de fondo, resulta conveniente la derogación de la Ley N° 8.777 no solamente por los argumentos antedichos, sino porque la legislación sobre la hora oficial se haya en muchos sentidos superada por el avance del tiempo, de las circunstancias y de los hechos. A este respecto, el artículo 1º de la recién citada ley dispuso que “Artículo 1º. La hora oficial será del meridiano del Observatorio Astronómico de Lo Espejo, adelantada en 42 minutos y 45 segundos, la cual corresponde al 20º huso horario, cuatro horas al Oeste de Greenwich.”; sin embargo, el Observatorio Astronómico de Lo Espejo no se haya en funcionamiento desde hace más de tres décadas y la hora establecida en función del Meridiano de Greenwich (GMT) ha sido reemplazada por aquella que se establece de acuerdo al Tiempo Universal Coordinado (UTC), el cual se calcula y ajusta en función de diversos relojes atómicos establecidos a lo largo y ancho del mundo, los que permiten incorporar las varianzas de la velocidad de la rotación de la tierra. La medida UTC es, por lo demás, la aceptada por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. 4. Que, además, se han dictado desde la década de 1960 diversos decretos que han alterado los efectos de la Ley N° 8.777 toda vez que mediante ellos se han establecido variaciones en la hora oficial con diversos fines, los cuales van desde el ahorro energético -como es el caso de las políticas de ahorro de luz de día o Daylight Saving Time (DST)- hasta fines agrícolas, como se hizo a fines de la década de 1960 para enfrentar una sequía. Sin entrar en la consideración jurídica respecto de la constitucionalidad y legalidad de dichos decretos a la luz los vacíos legales que hemos mencionado en los considerandos previos, debe reconocerse que pueden existir consideraciones de buen gobierno que exijan, de forma transitoria, poder establecer variaciones en la hora oficial para dar cumplimiento a diversos fines. 5. Que resulta, por tanto, imperioso poder resolver los diversos vacíos legales, la obsolescencia de la legislación sobre el particular y modernizarla, estableciendo las bases esenciales de la determinación de la hora oficial, cuya importancia es multisectorial, afectando desde la seguridad pública hasta la salud de las personas, pasando por los efectos en la agricultura y en el ahorro y eficiencia energética. 6. Que a este respecto, el presente proyecto de ley versa sobre lo que deben ser las bases esenciales de la determinación de la hora oficial. Para ello, la moción que proponemos viene a fijar la hora oficial en el territorio de la República, la medida en que ella debe fijarse y la forma en que podrá modificarse. 7. En cuanto a la determinación de la hora oficial, se establece una zonificación general para el territorio Continental y Antártico y otra para el territorio chileno occidental insular, asignándole a cada una de dichas zonas una hora según el huso horario que de acuerdo al estándar UTC les corresponde (-4 y -6 UTC, respectivamente). 8. En cuanto a la medida en que debe fijarse la hora oficial, se determina el estándar del Tiempo Universal Coordinado, que es el actualmente aceptado por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. A este respecto vale mencionar que el UTC es una escala de tiempo que constituye la base de la transmisión y diseminación coordinada de las frecuencias y señales de tiempo estándar. Además, permite incorporar y procesar las diferencias que existen entre el tiempo que marcan los relojes atómicos -que entienden el segundo en función de los ciclos de radiación del átomo 133 del cesio- y la rotación efectiva de la tierra que ha sido progresivamente más lenta que dicho ciclo, generándose un diferencial de segundos -llamados intercalares- los que se van incorporando en diversos momentos del año para mantener calibrado el sistema. De esta manera, el UTC es el sistema más exacto de medición temporal con que se cuenta actualmente. 9. En cuanto a la modificación de la hora oficial, quienes suscribimos el presente proyecto de ley, entendemos que es necesario mantener una flexibilidad razonable en cuanto a la potestad del gobierno de poder introducir modificaciones a la hora oficial cuando consideraciones de buen gobierno así lo estimen. De esta forma, se ha previsto que mediante decreto supremo, el Presidente de la República pueda modificar la hora oficial por un periodo no superior a seis meses, manteniendo y regulando, de esta manera, la práctica que se ha realizado por casi medio siglo, en el sentido de poder establecer variaciones a la hora oficial mediante decreto supremo, a objeto de lograr los fines de política pública que el Gobierno estime como necesarios. 10. Finalmente, el proyecto contempla dos artículos sobre materias de orden. El primero, mediante el cual se deroga expresamente la Ley N° 8.777, toda vez que las disposiciones de la presente la dejan sin efecto; y el segundo, disponiendo que la presente ley entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el Diario Oficial a objeto de que los organismos públicos y privados puedan ajustarse a la nueva normativa. Por lo previamente considerado y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 63 N° 20 de la Constitución Política de la República, los diputados firmantes venimos en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente PROYECTO DE LEY ARTÍCULO 1º.- La presente ley establece la hora oficial de la República, la medida en que ella debe fijarse y la forma en que ésta podrá modificarse. ARTÍCULO 2º.- La hora oficial se determinará y expresará de conformidad al estándar Tiempo Universal Coordinado (UTC). ARTÍCULO 3º.- Para el solo efecto de determinar la hora oficial, se dividirá al territorio de la República en las siguientes zonas: a) Chile Continental y de la Antártico, que comprende a todo el territorio nacional que no se halle dentro de otra zona; b) Chile Insular Occidental, que corresponde a la Isla de Pascua y a la Isla Salas y Gómez. ARTÍCULO 4º.- La hora oficial en el Chile Continental y Antártico será UTC -4. La hora oficial en el Chile Insular Occidental será de UTC -6. ARTÍCULO 5º.- El Presidente de la República podrá establecer mediante decreto supremo y fundado, variaciones a los horarios oficiales por un periodo no superior a seis meses. ARTÍCULO 6º.- Derógase la Ley N° 8.777 que “Dispone que la Hora Oficial será la del Meridiano del Observatorio Astronómico de Lo Espejo y Deroga la Ley N° 8.522”. ARTÍCULO 7º.- La presente ley entrará en vigencia tres meses después de su publicación el Diario Oficial. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NOGUEIRA, HOFFMANN Y MOLINA Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, HASBÚN, HERNÁNDEZ, MACAYA, MORALES, NORAMBUENA Y WARD, QUE “MODIFICA LA LEY N°18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, PARA DISMINUIR EL QUÓRUM NECESARIO PARA SOLICITAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL EL CIERRE DE CALLES Y PASAJES.”. (BOLETÍN N°10189-06) “I. IDEAS GENERALES. Indudablemente la seguridad ciudadana constituye uno de los asuntos de mayor importancia atribuido por los chilenos, no sólo a partir de la violencia especialmente aguda, con la que actúan los delincuentes sino por el aumento en la comisión de delitos en Chile y el consecuente aumento de la tasa de victimización. En este sentido el flagelo de la delincuencia se erige como un asunto presente ya hace varias décadas que requiere el esfuerzo de todas las autoridades para apoyar el trabajo de jueces, policías y la misma sociedad civil en torno a combatir el problema de un modo eficaz. Así las cosas la debida coordinación entre las autoridades administrativas junto a la sociedad civil, constituye una eficaz herramienta para lograr el objetivo común de vivir en un barrio, ciudad y país seguro. Es así como uno de los talones de Aquiles más notorios en materia de seguridad ciudadana lo constituye la escasa organización de las propias juntas de vecinos, organizaciones que en la actualidad no se encuentran investidas de la suficiente fuerza para hacer frente a los sucesos de delincuencia que potencialmente pueden ser víctimas los vecinos , de tal forma que se requieren mecanismos a través de los cuales se les pueda empoderar a objeto de requerir de la autoridad correspondiente el tomar acciones directas y conducentes a prevenir hechos delictivos en el barrio. Lamentablemente ha resultado un tónica en el último tiempo que los pasajes y caminos se han transformado en tierra de nadie, en donde personas realizan acciones que pueden constituir potencialmente en caldo de cultivo de hechos delictivos, tales como estacionar por largo tiempo microbuses, automóviles e incluso motonetas en tales pasajes, sin que exista indicios de su dueño o responsable directo. Por otra parte el aumento de hechos delictuales ha originado, sin dudas, una sensación de inseguridad absoluta en donde los principales afectados son personas adultas mayores y niños. Para revertir esta situación se requiere implementar medidas que apunten a aminorar los riesgos que implican un asalto a una vivienda y en este sentido los patrocinantes de esta moción concordamos en la idea que no basta con una regulación cosmética de los pasajes, sino más bien otorgar a los propios vecinos de mayores facultades de empoderamiento de su barrio, no como una situación que implique exclusión sino más bien, protección y apoyo mancomunado de todos y cada uno de los miembros de la organización vecinal a través de ciertas medidas que apuntan a atacar el problema de la delincuencia o al menos a morigerar su surgimiento. II. CONSIDERANDO 1.- Que, en la actualidad la propia autoridad estatal a través de la ley 20.499, a cargo de las municipalidades ejerce un cierto control preventivo de acceso a calles, pasajes o a conjuntos habitacionales, sean éstos urbanos o rurales con una misma vía de acceso o salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos, a través de la autorización que ellos despliegan por un plazo de cinco años. 2.- Que, la referida autorización asimismo implica un consenso de los vecinos los que con la firma de al menos un 90%, previo informe de las direcciones de tránsito y de obras municipales y de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna, podrán requerir de la autoridad municipal la referida autorización. 3.- Que, el aumento sostenido de la tasa de victimización de la población hace pensar que todo esfuerzo en materia de combate a la delincuencia es poco y que requerimos de una sociedad civil más empoderada y organizada a fin que la actividad policial sea más efectiva, principalmente en lo que respecta a la prevención. 4.- Que, a nuestro entender la existencia de un porcentaje como el indicado precedentemente dificulta la puesta en marcha de todo un conjunto de medidas de carácter urgente que requieren de la autoridad estatal y policial una decisión expedita y expresa. Es así como el alto porcentaje que exige la ley hace que al fin de cuentas la referida solicitud se entrabe, más que facilite la toma de decisiones, situación que hace poco eficaz la normativa. III. CONTENIDO DEL PROYECTO. El presente proyecto de ley entonces, propone una disminución en el quórum a través del cual las juntas de vecinos se encuentran habilitadas para solicitar a la autoridad edilicia medidas de seguridad en los pasajes, caminos y conjuntos habitacionales. IV. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Modifíquese la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, reemplazando en la letra q) del artículo 65 de esta normativa la expresión “el 90 por ciento”por”la mayoría”: INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR GONZÁLEZ EN LA III CUMBRE DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, DESDE EL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014. “En Cartagena de Indias se realizó la III Cumbre de Cooperativas de las Américas en Cartagena, Colombia, durante los días 2 al 7 de noviembre 2014, en el cual tuve el honor de participar como representante de la Cámara de Diputados. A este evento asistieron alrededor de 1000 delegados de todos los países de América y la Presidenta Mundial de La Alianza Cooperativa Internacional, Dame Pauline Green. La III Cumre tuvo los contenidos y el Programa que se adjuntan en Anexo 1. Dentro de este Programa tuvo especial relevancia el VIII Encuentro de Parlamentarios, en el cual participaron representantes, diputados y senadores-de Argentina, Brasil. Bolivia, Ecuador. Colombia, Perú. Paraguay y Chile. En esta oportunidad el Encuentro de Parlamentarios tuvo la particularidad de realizarse en conjunto con representantes de los Organismos de Promoción gubernamentales de los países participantes, constituyendo el primero de esta naturaleza. Por Chile asistió el Jefe División de Asociatividad y Economía Social, Sr. Mario Radrigán. En este Encuentro se debatió sobre la situación del cooperativismo a nivel mundial y en América Latina, adquiriendo especial relevancia la temática de co1aboración entre Gobiernos y Parlamentos en la promoción y desarrollo del cooperativismo. Asimismo tuvo un énfasis especial el tema del rol que cumple el cooperativismo en el desarrollo económico y social de nuestras naciones, así como el marco formativo que lo regula, encontrándose varios países en proceso de perfeccionamiento y modernización de la legislación cooperativa, como ocurre en el caso de Chile. Al respecto informamos sobre el estado de nuestra legislación y el avance que habíamos tenido desde la II Cumbre realizada en Panamá el 30 de Mayo Año 2012 (Anexo 2), donde se acordó someter a la consideración del Parlatino el texto de una Ley Marco de Cooperativas como sugerencia para los países miembros, y que fuera aprobada posteriormente en esta instancia parlamentaria. Asimismo señalamos el avance que había tenido el movimiento cooperativo en nuestro país, en el cual la Cámara de Diputados ha tenido una significativa participación, contribuyendo a la realización en el Salón de Honor de nuestra Corporación del Congreso Nacional Cooperativo realizado en enero de 2013. Informamos también que se encontraba en curso de preparación en nuestra sede de Santiago (Salón de Honor del ex Congreso) el Congreso Internacional al Cooperativo, con participación de 6 países, que contaba con el patrocinio de la Cámara y el Senado y aprovechamos de extender la invitación a las autoridades de la ACI y a los Coordinadores de la Red Parlamentaria Latinoamericana, senador Luis Rubeo (Parlatino) y el Diputado Carlos Heller (Argentina) En el Encuentro Parlamentario también se confirmó la importancia de fortalecer la Red de Parlamentarios cooperativistas, cuyo Comité Coordinador fue elegido en la Cumbre de Panamá, Se adjunta la Declaración del I Encuentro do Organismos de Promoción, Fomento, Regulación, Supervisión y/ Crédito Cooperativo y Parlamentarios del 4 de Noviembre de 2014. (Anexo 3), el documento que expresa el Objetivo Principal y Objetivos Específicos del I Encuentro de organismos de Promoción (Anexo 4) y el programa del mismo (Anexo 5). En consonancia con estos acuerdos, con posterioridad a la III Cumbre en Colombia, en Santiago de Chile -Salón de Honor del Ex Congreso- se realizó con gran éxito el Congreso Internacional Cooperativo los días 11 y 12 de Mayo do 2015 al que fueron invitadas como expositoras connotadas personalidades del mundo cooperativo y que fue inaugurado por el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados, con participación de 180 dirigentes de todas las expresiones del Cooperativismo Nacional. En dicho evento participó en representación de ACI Internacional su Secretario General Manuel Mariño, y el Jefe División de Asociatividad y Economía Social, Mario Radrigán, en representación del Gobierno de Chile. Se adjunta Programa y participantes (Anexo 6), Anexos de este documento en: http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=15226&formato=pdf (Fdo.): RODRIGO GONZÁLEZ, diputado de la República”.