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El señor URÍZAR.-
Señor Presidente, un grupo importante de vecinos de la comunidad de La Chocota, en la comuna de Puchuncaví, inició en 2011 un proceso de regularización de terrenos a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Para ello, se asesoraron con abogados acreditados por dicha cartera, que figuran en el Registro Nacional de Empresas Contratistas del Ministerio de Bienes Nacional, y pagaron, de su bolsillo, más de 500.000 pesos por familia.
Sin embargo, el 2015 se encontraron con la triste noticia de que la empresa nunca tramitó como corresponde las regularizaciones. En otras palabras, fueron víctimas de una estafa que derivó en un sumario interno, estafa que hoy es investigada por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Se trata de familias que han luchado durante cuatro años para legalizar sus terrenos y, en consecuencia, contar con luz eléctrica y agua potable.
Por ello, es necesario que el Ministerio de Bienes Nacionales aclare legalmente la situación -que ya está en manos de la PDI- y se haga cargo de los trámites y de los costos necesarios para solucionar definitivamente el problema.
Las familias afectadas creyeron en el sistema, en el Estado y en el Ministerio de Bienes Nacionales; por tanto, esta cartera debe asumir el tema y aclarar la situación, por el bien de la credibilidad de organismos que trabajan como contratistas para ellos.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Bienes Nacionales, al secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso y al alcalde de Puchuncaví, a objeto de que se aclare prontamente la situación.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Raúl Saldívar y Manuel Monsalve.
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