REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 56ª, en jueves 6 de agosto de 2015 (Ordinaria, de 10.40 a 13.37 horas) Presidencia del señor Núñez Lozano, don Marco Antonio, y de la señora Pascal Allende, doña Denise. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES VIII.- ANEXO DE SESIÓN IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.- ASISTENCIA11 II.- APERTURA DE LA SESIÓN15 III.- ACTAS15 IV.- CUENTA15 AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA15 MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE VÍCTIMAS DE BOMBARDEO ATÓMICO SOBRE CIUDAD DE HIROSHIMA, EN JAPÓN16 V.- ORDEN DEL DÍA16 INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES DETECTADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN USO DE RECURSOS QUE OTORGA LA LEY SOBRE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL16 MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA ESTABLECER INEMBARGABILIDAD DE VIVIENDAS SOCIALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 9706-14)26 VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN44 ESTABLECIMIENTO DE SUBSIDIO AL EMPLEO DEL ADULTO MAYOR44 AMPLIACIÓN HASTA CUARTO MEDIO DE PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA PERSONAS SORDAS48 VII.- INCIDENTES51 FISCALIZACIÓN LABORAL A SUPERMERCADOS BIGGER DE PUERTO MONTT, LA UNIÓN Y VALDIVIA (OFICIOS)51 ANTECEDENTES SOBRE SUSPENSIÓN DE ASFALTADO DE RUTA COELEMU-RÁNQUIL (OFICIOS)52 ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN RUTA 5 SUR, SECTOR SANTA TERESA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIOS)53 ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN RUTA O-50, SECTOR LAS VEGAS, COMUNA DE YUMBEL, REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIO)53 INFORMACIÓN SOBRE BIENES FISCALES ENTREGADOS EN ÚLTIMO LUSTRO POR MINISTERIO DE BIENES NACIONALES EN REGIÓN DE O´HIGGINS (OFICIO)53 SALUDO CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DE DÍA NACIONAL DEL DIRIGENTE VECINAL Y COMUNITARIO (OFICIOS)54 EXPLICACIÓN SOBRE EXIGENCIA DE CONTAR CON TERRENO PROPIO A COMITÉS DE VIVIENDA QUE POSTULEN A SUBSIDIOS (OFICIOS)55 ACLARACIÓN SOBRE PLAZOS PARA TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PEDRO FONTOVA, EN CONCHALÍ (OFICIOS)55 INFORMACIÓN ACERCA DE CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA DE BARÓN DE JURAS REALES (OFICIOS)55 REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN COMUNAS DE CONCHALÍ, HUECHURABA Y RENCA (OFICIOS)56 ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMACIÓN DE EXPROPIACIONES EN AVENIDA INDEPENDENCIA, COMUNA DE CONCHALÍ, PARA AMPLIACIÓN DE RED DEL METRO (OFICIOS)56 INFORMACIÓN SOBRE RAZONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PARA NO DEDUCIR QUERELLAS POR DELITOS TRIBUTARIOS (OFICIO)56 EXPLICACIÓN SOBRE MOTIVOS PARA NO ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ (OFICIOS)57 PREOCUPACIÓN POR FALTA DE APOYO PARA SELECCIÓN NACIONAL DE BALONCESTO SUB-17 (OFICIO)58 INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL POR INSTALACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PASO EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS)59 INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE CANASTA DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS AUGE/GES PARA COMBATIR ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA MEDIDA (OFICIO)59 INTERVENCIÓN A SERVICIO CLÍNICO DE URGENCIA AVANZADA DE CONCHALÍ POR IRREGULARIDADES EN SU FUNCIONAMIENTO (OFICIOS)60 EXPLICACIÓN POR NO ENTREGA DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS A CESANTES CON VIH A CAUSA DE NO PAGO DE COTIZACIÓN DE SALUD (OFICIO)60 INFORMACIÓN SOBRE DEUDA DE CENABAST CON LABORATORIOS (OFICIO)61 ESTUDIO A FIN DE FACULTAR A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA CONDONAR DEUDAS POR CONTRIBUCIONES DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE ALTO COSTO (OFICIO)61 VIII.- ANEXO DE SESIÓN62 COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES62 SOLICITUD DE REUNIÓN DE LOS PEQUEÑOS OLIVICULTORES DE VALLE DEL HUASCO CON AUTORIDADES PARA ANALIZAR CONTAMINACIÓN DE ESA ZONA (OFICIOS)62 IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA64 1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 8207-07)64 2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9885-07)64 3.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9890-08)65 4.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9950-03)65 5.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10127-04)66 6.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10126-15)66 7.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10154-07)66 8.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10201-13)67 9.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10043-04)67 10.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9877-07, REFUNDIDO CON BOLETÍN N° 9279-07)68 11.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9895-11)68 12.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10196-17)69 13.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9472-10)69 14.- INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SUMA”, QUE “EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR COTIZACIONES DE SALUD A PENSIONADOS MAYORES DE 65 AÑOS, FACILITA LA TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES DE VEJEZ Y OTORGA OTROS BENEFICIOS QUE INDICA.”. (BOLETÍN N° 10201-13).70 15.- INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.961, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE CARABINEROS DE CHILE, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DEL PERSONAL.”. (BOLETÍN N° 10074-02)78 16.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, JARPA, JIMÉNEZ, MEZA, ROBLES Y SILBER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE PERMISO POR ENFERMEDAD GRAVE DEL HIJO MENOR DE EDAD.”. (BOLETÍN N° 10235-13.92 17.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2587-15 CPR)94 18.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2859-15- 1NA.95 X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1. Comunicaciones: -Del diputado señor Van Rysselberghe por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 6 de agosto de 2015, por actividades propias de la labor parlamentaria. Del diputado señor Fuentes por la cual justifica su inasistencia a las sesiones de los días 4, 5 y 6 de agosto de 2015 por impedimento grave. -Del diputado señor Monckeberg, don Nicolás, por la cual justifica su inasistencia para en la sesión del día 5 de de agosto de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. 2. Nota: -Del Diputado señor Núñez, don Daniel, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 11 de agosto de 2015 en curso, para dirigirse a México. 3. Oficios: -De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se comunica que las diputadas señoras Provoste y Sabat integrarán la delegación que concurrirá a la 12° Asamblea Plenaria del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá, los días 3 a 5 de septiembre próximos. (197). -Oficio de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Fidel Espinoza participará en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que se realizará en Brasilia, Brasil, los días 19 y 20 de agosto de 2015 (198). -De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Campos integrará la delegación presidencial que se dirigirá a El Salvador y México, entre los días 11 y 14 de agosto de 2015. (205). -De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que se calificó de misión oficial la participación del Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, señor Patricio Vallespín, en el Foro Interamericano de Presidentes de Parlamentos, a desarrollarse en Santiago, Chile, durante los días 6 y 7 de agosto de 2015. (204). Respuestas a Oficios Contraloría General de la República -Diputado De Mussy, Fiscalizar la observancia de los reglamentos y leyes respectivos por parte de la Dirección de Obras Municipales de Puerto Varas, respecto del proyecto privado denominado edificio “Elementos”, de la inmobiliaria Puerto Spa, que se levanta en calle Traumen 1781, en esa comuna. (57272 al 439). Ministerio de Interior -Diputado Espinosa don Marcos, Recursos entregados a la Municipalidad de Tocopilla para llevar a cabo el proyecto denominado “Mejoramiento Multicancha Villa Covitoc”. (1076 al 1210). -Diputado Trisotti, Estado actual de las medidas que se ejecutarán para solucionar el problema de los vecinos del conjunto habitacional Rey del Mar, comuna de Iquique. Asimismo, indique los resultados de las gestiones realizadas ante el Gobierno Regional, para cumplir con los compromisos asumidos por el Gobierno. (14 al 5847). -Diputada Hernando doña Marcela, Estado de tramitación del proceso de erradicación definitiva del vertedero de la comuna de Antofagasta. (2498 al 934). Ministerio de Relaciones Exteriores -Diputado Silva, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la agregaduría cultural de Chile en los Estados Unidos de América. (140 al 8562). Ministerio de Hacienda -Diputada Hernando doña Marcela, Número total de toneladas de acopio y embarque de productos de la minería metálica y no metálica en volumen y porcentaje de participación minera mandante, por empresa y puerto, privados y públicos, especialmente respecto del plomo y zinc en la Región de Antofagasta. (298 al 1004). -Diputado Ward, Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre la información detallada en la petición adjunta. (35 al 7320). Ministerio de Educación -Diputada Hernando doña Marcela, Establecimientos educacionales que imparten un Programa de Integración Escolar y remitir el listado de estudiantes con diagnostico de autismo, en los términos que plantea. (1 al 653). -Diputada Hernando doña Marcela, Saldos finales de los procesos de la Subvención Escolar Preferencial otorgada a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta entre los 2009 y 2013. (263 al 545). -Diputado Santana, Estado en que se encuentra el convenio de desempeño para la educación superior regional, suscrito entre ese Ministerio y la Universidad de Los Lagos (807 al 6557). -Diputado Santana, Estado en que se encuentra el convenio de desempeño para la educación superior regional, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Los Lagos. (807 al 6558). -Diputado Santana, Reiterar el oficio No 6557 de esta Corporación, de fecha 08 de Enero del año 2015, en los términos que se indican en las solicitudes adjuntas. (807 al 7451). -Diputado Santana, Reiterar el oficio No. 6558 de esta Corporación, de fecha 08 de Enero del año 2015, en los términos que se indican en las solicitudes adjuntas. (807 al 7452). -Diputado Bellolio, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el seguro escolar que tienen los estudiantes de las escuelas municipales. (847 al 8103). -Diputada Carvajal doña Loreto, Informar sobre las causas y circunstancias por las que se determinó el cambio de curso en la escuela Alto Cabrero, en la comuna de Cabrero, del menor Alonso Torres Mella. (860 al 8881). -Proyecto de Resolución 309, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República establecer un mecanismo que implemente un sistema de remuneración mensual para los egresados de derecho que se encuentren realizando su práctica profesional en las corporaciones de asistencia judicial. (5523). -Diputado Espinosa don Marcos, Turnos eventuales que han debido cumplir los trabajadores portuarios de Tocopilla entre los años 2005 y 2013. (12900 al 1328). -Proyecto de Resolución 190, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República medidas paliativas a la situación que afecta gravemente las comunas de Quintero y Puchuncaví (3407). -Diputado Espinoza don Fidel, Copia de su intervención, en la que destaca la labor desarrollada por los funcionarios del ministerio a su cargo en la emergencia ocasionada por las erupciones del volcán Calbuco. (1755 al 1006). Ministerio de Agricultura -Diputado Jaramillo, Disponer la apertura de una oficina de la Comisión Nacional de Riego en la ciudad de La Unión. (468 al 1023). Ministerio de Trabajo y Previsión Social -Diputado Espinosa don Marcos, Disponga ordenar una fiscalización respecto a las condiciones de habitabilidad del campamento de los trabajadores de la Empresa Astaldi de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, División Rodomiro Tomic, durante sus jornadas de trabajo, que se distribuyen en turnos de 20 días de trabajo por 10 días libres. (471 al 492). -Diputado Espinosa don Marcos, Informar sobre la reiteración del oficio N° 0492 emitido por esta Corporación con fecha 20 de octubre de 2014 y, en definitiva, informe respecto de la posible fiscalización a las condiciones de habitabilidad del campamento de los trabajadores de la empresa Astaldi de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, división Radomiro Tomic, durante sus jornadas de trabajo, que se distribuyen en turnos de 20 días de trabajo por 10 días libres (471 al 7159). -Proyecto de Resolución 215, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que establezca la universalidad en la cobertura del pilar solidario de pensiones, consagrado en la Reforma Previsional. (377). -Diputada Hernando doña Marcela, Medidas para mejorar el sistema de salud en la Región de Antofagasta, en particular, respecto de los problemas de infraestructura y grado de contaminación al interior del Hospital Regional de Antofagasta, y el retraso en las obras de construcción y equipamiento del Hospital de Calama (1351 al 19). -Diputado De Mussy, Disponer que se realice un aumento en la dotación de profesionales médicos en el Centro de Salud Familiar de Puyehue, debido a la alta afluencia de usuarios. (2133 al 1160). -Diputado Trisotti, Remitir el detalle de las licitaciones y plazos y, asimismo, la carta Gantt, de cada uno de los proyectos destinados a la reparación del Hospital Ernesto Torres Galdámez de Iquique. (2199 al 7657). -Diputada Girardi doña María Cristina, Medidas que se adoptarán para mejorar el abastecimiento de medicamentos para enfermedades crónicas en los consultorios de la comuna de Quinta Normal. (899 al 8647). Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Diputado Espinosa don Marcos, Para que tenga a bien instruir una revisión y fiscalización de la construcción de la casa habitación del señor Juan Carlos Villanueva, quien luego del terremoto que afecto a la zona de Tocopilla el año 2007, recibió un subsidio por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, para la reconstrucción de su vivienda y una vez finalizada remita los resultados a esta Corporación. (1371 al 5094). -Proyecto de Resolución 305, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República regular la enajenación de terrenos fiscales para construcción de viviendas sociales. (621). -Diputado Ward, Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre la información detallada en la petición adjunta. (6 al 7320). Ministerio de Desarrollo Social -Diputado Bellolio, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el sistema de adiestramiento de perros de asistencia para discapacitados. (1895 al 8430). Ministerio Medio Ambiente -Diputado Ojeda, Considerar un incremento en el cien por ciento de los recursos estatales para llevar a cabo el Plan de Descontaminación Atmosférica de Osorno (PDAO) y, además, evaluar un aumento del porcentaje de participación estatal en el financiamiento de este plan. (152882 al 1134). Ministerio del Deporte -Diputado Espinosa don Marcos, Informe a esta Cámara, respecto de la posibilidad de ordenar la suspensión de los pagos a la Empresa Constructora Isolux Corvan S.A., por los motivos señalados en la petición adjunta. (1255 al 4102). Empresas del Estado -Diputado Trisotti, Estado del proyecto de construcción del nuevo jardín infantil Mar de Colores en la caleta de Chanavayita de la comuna de Iquique, la empresa adjudicataria, los montos involucrados y los plazos estimados para el inicio de sus funciones. (36 al 9793). Intendencias -Diputada Hernando doña Marcela, Fiscalizaciones efectuadas al programa de emisiones de radiaciones ionizantes en el Hospital Regional de Antofagasta, en los términos que plantea. (731 al 228). Servicios -Diputado Espinosa don Marcos, Posibilidad de efectuar una nueva revisión de los antecedentes de la señora Helia Isabel Flores Álvarez para ser considerada como beneficiaria del bono post laboral establecido en la ley N° 20.305, considerando los montos actuales de jubilación y no los informados por la Municipalidad de San Pedro de Atacama. (12164 al 1212). -Diputada Hernando doña Marcela, Número de pacientes que han dejado de intervenirse durante la suspensión de la hospitalización que señala, las medidas adoptadas para superar la contaminación y reprogramar a los pacientes del Hospital Regional de Antofagasta. (1560 al 191). -Diputado Espinosa don Marcos, Posibilidad de revisar la concesión que mantiene el canal de televisión Mega para la transmisión de servicios de libre recepción, particularmente del requisito de cobertura mínima que debiera tener para operar a nivel nacional, con el fin de verificar la posibilidad de que su señal abierta pueda llegar a los hogares de Tocopilla. (805 al 5473). Varios -Diputado Espinosa don Marcos, Informar sobre el estado en que se encuentra la denuncia realizada ante la superintendencia a su cargo, respecto a las fallas generadas en la instalación de postes de electricidad, ejecutadas por la empresa Elecda S.A. y, el resultado de los trabajos realizados en consideración a dichas fallas. (5420 al 7432). -Diputado Espinosa don Marcos, Disponer que se apliquen a la empresa eléctrica Elecda las sanciones que corresponda, a consecuencias del corte en el servicio de suministro de energía eléctrica en Calama, ocurrido el día 12 de los corrientes, que se extendió más allá de lo programado, en algunos sectores por más de doce horas, ocasionando inconvenientes a los vecinos y una grave alteración en las actividades habituales de la ciudad. (7715 al 945). Ministerio de Economía, Fomento y Turismo -Diputado Rocafull, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con los proyectos e inversiones que la Zona Franca e Industrial S.A. ha ejecutado en la Región de Arica y Parinacota. (3796 al 8466). Municipalidades -Diputado Jarpa, Razones que impidieron incluir a la intercomuna Chillán-Chillán Viejo en el programa “Chile Área Verde” y reconsiderar dicha medida. (100 al 1225). -Diputado Espinosa don Marcos, Fecha de inscripción en el Registro del Departamento de Obras Municipales de la Empresa Constructora Lelia Olmos Segura, las oportunidades en que ha ejecutado trabajos por licitación y los proyectos que se ha adjudicado. (505 al 1208). I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Alvarado Ramírez Miguel Ángel -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Sommerhoff, Felipe -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: El diputado señor Patricio Vallespín López. -Con permiso constitucional: El diputado señor José Antonio Kast Rist. -Con licencia médica: El diputado señor Ramón Farías Ponce. -Con impedimento grave: Los diputados señores Iván Fuentes Castillo y José Pérez Arriagada.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.40 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 48ª se declara aprobada. El acta de la sesión 49ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTECON LA SALA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Luis Lemus. El señor LEMUS.- Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de los señores diputados y de las señoras diputadas para permitir que la Comisión de Minería y Energía sesione simultáneamente con la Sala. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Luis Lemus? Acordado. MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE VÍCTIMAS DE BOMBARDEO ATÓMICO SOBRE CIUDAD DE HIROSHIMA, EN JAPÓN El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- A petición de la bancada de la Democracia Cristiana, en particular del diputado Jorge Sabag, se va a guardar un minuto de silencio con motivo de conmemorarse setenta años del bombardeo atómico sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón. -Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio. V. ORDEN DEL DÍA INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES DETECTADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN USO DE RECURSOS QUE OTORGA LA LEY SOBRE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-Corresponde conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora del uso de los recursos que otorga la Ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, a partir de las irregularidades detectadas en el informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República. De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 31 de marzo, se destinarán quince minutos para rendir el informe y luego un tiempo de debate de una hora, que se repartirá proporcionalmente entre las bancadas. Diputado informante de la comisión investigadora es el señor Claudio Arriagada. Antecedentes: -Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 40ª de la presente legislatura, en 30 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor ARRIAGADA (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión Especial Investigadora del uso de los recursos que otorga la ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, a partir de las irregularidades detectadas en el informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, constituida en los términos y con la competencia que se indican a continuación, paso a informar sobre la materia respectiva. La Cámara de Diputados, en su sesión 49a, celebrada el 23 de julio de 2014, en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1), letra c), de la Constitución Política de la República; 53 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a la solicitud de 60 diputadas y diputados para crear una comisión especial investigadora que analice, recabe información y concluya en un informe sobre el uso de los recursos que otorga la Ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial. En el ejercicio de su cometido, la comisión debió investigar los hechos que aparecen en el Informe Consolidado sobre Subvención Escolar Preferencial N° 9/2012, de 8 de mayo de 2012, de la Contraloría General de la República, así como el seguimiento de las irregularidades que habría señalado dicha auditoría, la fiscalización que el Ministerio de Educación debió ejecutar en esta materia y las querellas que debieron haber sido presentadas por el Consejo de Defensa del Estado. Para el cumplimiento de su cometido, la comisión especial investigadora celebró 26 sesiones y 2 reuniones en Comité, a las que invitó a numerosas autoridades y a representantes de algunos de los municipios que aparecían mencionados en el aludido informe de la Contraloría General de la República. Asimismo, envió numerosos oficios y recibió gran cantidad de documentación, de la cual da cuenta detalladamente el informe. Las conclusiones a las que arribó la comisión dicen relación con lo siguiente: El informe aborda las debilidades institucionales detectadas tanto en el sistema de financiamiento escolar como en la gestión municipal, la falta de capacidad instalada y las atribuciones y coordinación entre los órganos fiscalizadores. Asimismo, hace mención sobre el uso de los dineros SEP y su rendición, y observa las dificultades que el sistema actual implica. Finalmente, se pronuncia sobre las irregularidades cometidas y la actuación de los organismos fiscalizadores en estos casos. La comisión efectúa las siguientes proposiciones: Del uso de los fondos y su rendición. 1. El gasto de dineros públicos debe ceñirse al principio de legalidad, por lo cual, si tienen asociada una finalidad específica en la ley, debe ser aquella la causa de los actos en que se usen dichos recursos. En este sentido, la aplicación a otros fines debe ser perseguida penal, administrativa y civilmente. Las sanciones aplicables en caso de incumplimientos deben ser precisas y lo suficientemente fuertes para disuadir a los sostenedores de cometer irregularidades. 2. Debe fomentarse la capacidad instalada de los establecimientos, tanto en materia de gestión de recursos como también en el ámbito del desarrollo técnico-pedagógico. Por lo mismo, deben modificarse las exigencias a los prestadores de asesoría técnica y regularse de mejor modo su labor. 3. Es labor del Ministerio de Educación, de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación informar, capacitar y hacer procesos de seguimiento respecto de la aplicación que los sostenedores están haciendo de las normas legales y reglamentarias. Esto debe ocurrir de modo sistemático y planificado, y no solo a petición de la unidad educativa. 4. La ley debe establecer un listado claro de cuáles operaciones y gastos queda prohibido costear con estos recursos. 5. Es imperativo que el Ministerio Público revise la interpretación que ha hecho de los artículos 7° bis y decimoquinto transitorio introducidos por la ley N° 20.550, y lo instruido en el manual confeccionado por la Fiscalía Nacional al respecto. La interpretación de esta comisión es que esta es una regla referida a la ejecución presupuestaria, y no respecto de la autorización de usos diversos a los establecidos en la ley para el 30 por ciento restante de los fondos. 6 Para facilitar la labor de rendición sencilla y transparente de los recursos, se propone agrupar las actuales rendiciones existentes en un instrumento riguroso, pero simplificado. 7. Se deben adoptar las medidas necesarias para determinar si los compromisos esenciales del convenio, esto es, presentar anualmente al Ministerio de Educación un informe, con la rendición de cuentas de los recursos recibidos por concepto de esta ley, y presentar y ejecutar un Plan de Mejoramiento Educativo en el primer trimestre del año escolar, fueron o no cumplidos. 8. Se debe oficiar al Ministerio Público, a fin de solicitarle que adopte todas las medidas necesarias para que los procesos judiciales vigentes, en los cuales haya indicios de delitos, fundados en irregularidades de la ley SEP, sean agilizados, a fin de avanzar hacia su debida conclusión, con o sin condenas, según corresponda, de acuerdo con el mérito de las investigaciones. 9. Asimismo, se debe oficiar a la Contraloría General de la República, con el objeto de solicitar que se agilice la conclusión de los juicios de cuentas derivados del uso de fondos públicos en forma irregular, con infracción a la ley SEP. Del mismo modo, para que determine, en forma desagregada, la ejecución de recursos, de conformidad con lo establecido en la ley N° 20.452. Del sistema de financiamiento. Se requiere evaluar un sistema de financiamiento, para reforzar las necesidades de estudiantes vulnerables, que no sea directamente dependiente del número de estudiantes ni de su asistencia al establecimiento educacional. En ese sentido, se requiere de recursos basales permanentes, sin perjuicio de otros aportes variables complementarios. Se debe concretar una reestructuración de la institucionalidad de la educación pública que permita la especialización en la función educativa, dedicación exclusiva y clara de recursos a esta labor, así como una preocupación constante por generar capacidad instalada en los establecimientos. Para ello, deben considerarse, además, las particularidades de cada territorio, pero sin que ello obste a la implementación de políticas nacionales de fomento y desarrollo de la educación pública. Para conseguir una verdadera educación de calidad, es fundamental aumentar los recursos disponibles para la educación escolar en Chile. Mientras recorremos ese camino, debe darse prioridad a las escuelas más vulnerables. Institucionalidad. Deberán adoptarse las medidas necesarias, tanto legislativas como reglamentarias, tendientes a mejorar el funcionamiento y la coordinación entre el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación, con la finalidad de hacer cumplir rigurosamente las leyes en esta materia y asegurar la participación de la comunidad escolar, de conformidad con la ley. Los diversos organismos estatales que deben o pueden intervenir en la ejecución y/o control de los recursos SEP deben coordinar y definir unidad de criterios. Se hace imperioso oficiar a la Contraloría General de la República para que determine si existe una adecuada sistematicidad entre los reglamentos dictados para orientar la utilización de los fondos SEP y la manera en que posteriormente ella -o ahora la Superintendencia de Educación- examina las rendiciones de los recursos recibidos. Resulta pertinente que la Superintendencia de Educación, dentro del marco de sus atribuciones, desarrolle una labor preventiva o de educación, de manera de prever eventuales irregularidades. Esto supone que los reglamentos de gasto sean visados por esta instancia, así como también una preevaluación de las rendiciones, de modo de evitar que en las rendiciones finales se perciban eventuales irregularidades que bien pudieron ser subsanadas con controles preventivos. La nueva institucionalidad de la educación pública deberá acompañar la coherencia y transferencia de buenas prácticas entre los establecimientos que hayan desarrollado los mejores planes de mejoramiento educativo. General. Si bien no es materia estricta de competencia de esta comisión, dado que su mandato solo hace mención a los sostenedores municipales, resulta del todo incomprensible que si en la actualidad el subsistema municipal concentra el 38 por ciento de la matrícula, versus el 53 por ciento que concentra el subsector particular subvencionado, no haya existido el mismo ánimo en esta Sala para extender el foco de preocupación a todos los sostenedores que reciben fondos públicos provenientes de la ley SEP. En este sentido, resulta completamente pertinente que esta comisión proponga a la Sala de la Corporación que se acuerde la conformación de una nueva comisión que se aboque a investigar, con los mismos caracteres que la que ahora concluye, el gasto realizado de los recursos SEP en el total de los colegios particulares subvencionados. Del mismo modo, para que investigue respecto de las irregularidades en el uso y rendición de los recursos del Programa de Integración Especial (PIE), destinado a niños con necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes. Tanto las conclusiones como las proposiciones fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la comisión investigadora. Asimismo, se acordó remitir copia de este informe tanto a su excelencia la Presidenta de la República como a las autoridades a las que van dirigidas las propuestas: la ministra de Educación, la subsecretaria de Educación, el superintendente de Educación, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, la contralora general de la República, el fiscal nacional del Ministerio Público y el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Es cuanto puedo informar a la Sala. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, este Parlamento ha aprobado en los últimos años más de 15 proyectos sobre educación. La aproximación a un tema de tremendo interés tiene que ver con un estudio, que señala: “La experiencia del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados ha sido esencial para arribar a esta conclusión; ello recomienda su activa participación en este proceso de fortalecimiento inter-institucional. A través de los estudios realizados se ha logrado identificar un creciente problema que se hace cada vez más visible y nocivo: el distanciamiento entre el espíritu de la ley y las disposiciones reglamentarias”, disposiciones posteriores que le corresponde dictar al Ejecutivo. Lo anterior no es menor, porque respecto de las leyes sobre educación, cuyos proyectos hemos aprobado -algunos de nosotros en el último año-, la aplicación de los reglamentos no solo fue extemporánea, sino que también conlleva la desvirtuación que señala el análisis del mencionado departamento. Ello tampoco es menor. El mismo estudio, que no se refiere únicamente a las leyes sobre educación, menciona un conjunto de otros cuerpos legales que han tenido idénticas dificultades. Por eso, en la Comisión de Educación nos hemos propuesto iniciar un conjunto de proyectos de ley para fortalecer las funciones de la Superintendencia de Educación, otorgándole mayores atribuciones y simplificando procedimientos. Lo mismo se puede decir sobre las ATE (agencias de Asistencia Técnica Educativa). En el análisis de las agencias de apoyo técnico a la educación, con sorpresa comprobamos que varios funcionarios del Ministerio de Educación, tras renunciar a su calidad de funcionario de la institución, se convertían en empresarios, en propietarios de alguna ATE. Respecto de la iniciativa que comenté, para mejorar la normativa de la Superintendencia de Educación, quiero expresar algo que a los integrantes de la comisión especial investigadora nos sorprendió. Cuando invitamos al entonces contralor general de la República, en declaraciones que realizó al salir de la sala dijo que había una cultura del despelote del gasto público. En ese tiempo, el Consejo de Defensa del Estado se había querellado contra 32 municipalidades. Más del 60 por ciento de las acciones legales fueron sobreseídas por los tribunales de justicia. El argumento entregado por la Fiscalía Nacional para explicar esto cuando fue recibida por la comisión, fue que, administrativamente, la Contraloría había dado por superado el ciento por ciento de las observaciones realizadas. Es decir, tales municipios nunca debieron ser encausados por los tribunales. Cuando quisimos que el contralor nos diera una explicación sobre cómo se llegó a enviar a un conjunto de municipalidades a los tribunales y que luego se dieran por superadas las observaciones, él sufrió un lamentable accidente en su moto, por lo que no contamos con los argumentos que aclararan la situación. Al respecto, debo decir que tenemos un tremendo desafío en materia de calidad legislativa. Entre las pocas evaluaciones sobre las leyes en proyecto que este Parlamento aprueba, hay una referida a la ley vinculada con el tema de la discapacidad. Por tal motivo, en la Comisión de Gobierno Interior, que presido, estamos poniendo en tabla un proyecto que modifica la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, con la finalidad de fortalecer la institucionalidad normativa. Es decir, se busca que la norma sea explícita en orden a que los reglamentos se dicten de manera oportuna y no extemporánea, y que en ellos se fije un límite a la facultad discrecional, lo que llevó al Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados a concluir que a veces el reglamento terminaba incluso desvirtuando absolutamente el propósito de la ley original. Esa iniciativa, impulsada por varios diputados, encabezada por el diputado Lorenzini y apoyada de manera transversal por la diputada Sepúlveda y el diputado Robles, persigue que, así como respecto de la ley SEP se dictó ocho meses después el reglamento para su aplicación, dadas la calidad de la ley y la obligación que le corresponde a esta Corporación en su tarea fiscalizadora de ejercer el control del gasto público, los reglamentos sean herramientas que no permitan un vacío de interpretación que lleve a cometer irregularidades por desconocimiento. Por último, respecto de los 77 municipios que nos tocó investigar, quiero aclarar que nunca se distinguió la naturaleza de algunos conceptos. Hay municipios cuya actuación cae en la categoría de “irregularidades administrativas” y otros que se encuentran sujetos a observaciones. Eso es muy distinto de una conducta que puede ser materia constitutiva de delito. Por lo tanto, como Parlamento, también tenemos un enorme desafío en cuanto a hacer ajustes de procedimiento para salvaguardar la calidad legislativa. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención recordando un poco a la Sala de qué se trata la subvención educacional llamada “preferencial”, que se destinó a los alumnos prioritarios, es decir, a aquellos que tienen mayores dificultades y necesidades en el ámbito educativo. Para ello, primero se estableció en la ley quiénes eran los beneficiarios de esa subvención y cómo se definían. Luego, se dispuso tanto en la ley como en su reglamento que para incorporarse al régimen de la subvención escolar preferencial, cada sostenedor deberá suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa por el establecimiento educacional correspondiente. En ese convenio, el sostenedor se obliga a presentar anualmente a la Superintendencia de Educación y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial y una rendición de cuentas respecto de los recursos recibidos por concepto de esa ley. Es decir, se previó en la ley que los recursos podían ser, de alguna manera, mal utilizados, y por eso se estableció en ella la forma en que se debían definir, determinar y rendir. También se estableció en el referido convenio la obligación para el sostenedor de presentar un plan de mejoramiento educativo en el que se debían invertir los señalados recursos. Además, el sostenedor se obliga a informar a los padres y apoderados del alumnado del establecimiento sobre la existencia del referido convenio, con especial énfasis en las metas fijadas en materia de rendimiento académico. Les recuerdo a los colegas lo anterior, porque uno de los argumentos esgrimidos por parte de quienes infringieron la ley sobre Subvención Escolar Preferencial fue que esta era poco clara, que no sabían cómo invertir los recursos ni la forma en que se debían rendir. Sin embargo, si revisamos la Ley y el reglamento respectivo, nos daremos cuenta de que ello se encuentra claramente establecido y de que probablemente los sostenedores no leyeron ni estudiaron la norma para invertir los cuantiosos recursos que recibieron. Además de la subvención escolar preferencial, se creó en la ley la subvención por concentración de alumnos prioritarios, destinada a los establecimientos educacionales para que contrataran las asesorías técnicas necesarias para implementar tanto el plan de mejoramiento educativo como la normativa vigente. Lamentablemente, ninguna de las prevenciones que dispone la ley se cumplió. Por lo tanto, quedó la puerta abierta para que se usaran los recursos de dicho cuerpo normativo en la forma en que se gastaron, que no fue para cumplir con el objetivo de la ley, que era mejorar la calidad de la educación de los alumnos prioritarios, es decir, de los más vulnerables, sino, por el contrario, en muchos casos, en otras cosas que no tenían nada que ver con la educación. Asimismo, quedó determinado en la ley que el Ministerio de Educación debía realizar una supervisión pedagógica a los establecimientos emergentes que desarrollaran su plan de mejoramiento educativo. No obstante, esto también falló, ya que dicha secretaría de Estado no cumplió con las exigencias que la ley le impuso, permitiendo de esa manera -lo mencioné- que los recursos no se usaran como correspondía. En el momento de la fiscalización se produjo también una contradicción entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Para la Contraloría, el mal uso de los respectivos recursos constituía el delito de malversación de caudales públicos, y por eso hizo las denuncias correspondientes. Para el Ministerio Público, en cambio, dicha conducta no era constitutiva del referido delito, sino que se trataba de un gasto diferente al definido por la ley, y, por consiguiente, dado el principio de oportunidad, no perseveró en los juicios ni en la investigación que la Contraloría instruyó. Todas esas situaciones contribuyeron a que con los recursos de la ley no se lograra el propósito para el que se establecieron: mejorar la calidad de la educación de los alumnos más vulnerables. Por último, en el proceso de investigación se llegó a la conclusión de que el ministerio debía coordinarse de forma más eficiente con los sostenedores para aplicar de mejor modo la ley SEP, que es de extraordinaria importancia y que ha sido un aporte extraordinario al mejoramiento de la calidad, pese a todas las dificultades generadas durante su aplicación. Nadie desconoce que dicho cuerpo legal permitió que los alumnos más vulnerables recibieran una mejor educación. Eso es lo rescatable de todo este proceso. En consecuencia, necesariamente debemos cuidar que los recursos se inviertan como la ley lo previó y definió, para alcanzar el objetivo que esta persigue: una educación de mejor calidad para los más pobres. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric. EL señor BORIC.- Señor Presidente, el origen de la ley de subvención escolar preferencial no es casual, sino que responde a una lógica. Viene junto con una serie de iniciativas que buscaron contrarrestar el desastre que había dejado el mercado en la educación, como el CAE y la agenda de calidad tecnocrática impulsada por el Mineduc de ese entonces. Dicha agenda estaba basaba en un sistema de rendición de cuentas, que se intensificó con el acuerdo que, hay que decirlo, traicionó a las movilizaciones del año 2006, es decir, le dio la espalda a quienes se habían movilizado en ese entonces. Y, con muy pocas excepciones, la mayoría de los representantes de los partidos políticos aquí presentes levantaron sus brazos y les dieron la espalda a los estudiantes que se movilizaron en ese entonces. El resultado de ello fue que en vez de desmontar el mercado, como plantearon los estudiantes, lo profundizó. Esa solución, basada en una suerte de “mercado de la calidad”, permitió la expansión de los mismos intereses privados que habían producido la crisis de la educación. Además, con treinta años de Estado subsidiario en educación, a todas luces está claro que en esta materia no solo hay un fracaso político, sino además un fracaso técnico del mismo Estado subsidiario. Así, hay platas que se perdieron, dineros del Estado que debían ir a la educación, pero que desaparecieron. En 2012, la Contraloría General de la República dijo que eso estaba sucediendo. A pesar de todos esos antecedentes, desgraciadamente no se ha cambiado el rumbo, sino que, al contrario, se sigue profundizando. El año pasado, la ley de inclusión amplió ese mecanismo de financiamiento, llegando a la bizarra idea de focalizarlo en el 80 por ciento más pobre. Entre muchas organizaciones, la Fundación Nodo XXI y la FECh, que en su momento propuso modificaciones al proyecto de ley, intentaron hacer conciencia para eliminar el mecanismo de la ley de inclusión. Sin embargo, se hizo oídos sordos a esa advertencia y se insistió en incorporar los recursos nuevos asociados a la reforma educacional por medio del mismo mecanismo, que sistemáticamente ha fracasado en mejorar la calidad de la educación. Lo extraño del informe que debatimos -por cierto, lo votaremos a favor, porque constituye un aporte- es que su conclusión lógica, planteada de acuerdo con su contenido, es acabar con el sistema de financiamiento, que es lo que deberíamos hacer, porque este mecanismo ni siquiera es capaz de demostrar en qué se utilizan los recursos que se le entregan. Desde nuestro punto de vista, treinta años de vouchers en educación escolar han mostrado abiertamente su fracaso tanto en términos técnicos como políticos. Insisto en que esto no es solo una diferencia política, que podamos debatir en su mérito, sino una diferencia incluso dentro del marco técnico. El haber amarrado la ley de inclusión a la ley SEP nos parece una tremenda irresponsabilidad, pues seguir insistiendo en este rumbo asegura un fracaso y amenaza la viabilidad de la reforma educacional por la que tanto hemos luchado. Falta tener coraje -ojalá alguien del gobierno escuche lo que señalo- para tomarse en serio este problema y cambiar el rumbo de la educación chilena. Por el futuro de la reforma educacional, espero que el gobierno se atreva a hacer ese cambio de rumbo y ponga fin al financiamiento a la demanda. La reforma a la educación pública que se ha anunciado para septiembre es una tremenda oportunidad en la que muchos queremos colaborar, particularmente desde el mundo social, para que el gobierno tome posición sobre si está dispuesto a jugársela por fortalecer la educación pública y orientar los recursos estatales a mejorarla. Para eso estamos ciento por ciento disponibles. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, no tenía intenciones de intervenir en este debate, pero las palabras del diputado Arriagada, Presidente de la comisión investigadora sobre los recursos del SEP, me han dado la pauta, pues hay varios aciertos en sus conclusiones. Cuando tramitamos la Ley de Subvención Escolar Preferencial, tal como señaló el diputado Boric, nuestra intención fue mejorar la calidad de la educación de los establecimientos subvencionados. La misma intención nos movió cuando aprobamos la idea de legislar respecto de la carrera docente, que forma parte de la reforma educacional, que, al igual que otros colegas, voté en contra, porque no coincidía con lo más profundo de los requerimientos de los afectados, esto es, que la educación es un derecho. Además, porque su votación en la Sala obedeció a un protocolo de acuerdo que restableció el equilibrio político entre ambos sectores, pero concluyó del modo que todos conocemos y provocó descontento en la sociedad civil, en las calles, donde los alumnos siguieron protestando por algo que consideran absolutamente justo, que ahora, con una realidad distinta, se entiende. Como dije, aprobamos la ley SEP con la intención de mejorar la situación de los establecimientos educacionales vulnerables, para emparejar la cancha en educación, de manera que los recursos se orientaran a mejorar y aumentar el material didáctico, los equipos técnicos, los apoyos profesionales, sobre todo en las escuelas rurales, donde también se requieren psicopedagogos, psicólogos y un sinfín de profesionales que permitan hacer un seguimiento a los alumnos con dificultades de aprendizaje. En todo caso, concuerdo con el diputado Arriagada, en el sentido de que el espíritu de la ley debería quedar plasmado en los reglamentos, algunos de los cuales, además, son absolutamente extemporáneos, y en otros casos, incluso, inexistentes. Por ejemplo, respecto del Transantiago, para llevar las platas a las regiones, hasta hoy el reglamento no existe. Entonces, al final, aquí, en la Cámara, tenemos buenas intenciones; pero ¿cómo llegan a terreno, cómo materializamos efectivamente las leyes? Lo vimos en la ley SEP, pues el reglamento no coincide con el espíritu de la ley o del legislador. Al respecto, no puede ser que parte importante de los recursos de la ley SEP hoy vayan a mejorar los sueldos de los profesores. ¡Ese no era el sentido! Por otra parte, las ATE, esas empresas que se establecieron para ayudar a las corporaciones, son un desastre. Como dijo muy bien el diputado Arriagada, muchos exfuncionarios del Ministerio de Educación han pasado a integrarlas para “apoyar” a corporaciones y establecimientos educacionales. Con todo, creo que la ley fue buena; la mayoría de nosotros la aprobamos. Pero la manera como se implementa es una de las cosas que debemos revisar. Por lo menos yo, voy a votar a favor el informe de la comisión investigadora, pues creo que sus resultados serán muy importantes en el minuto en que hablemos, por fin, de desmunicipalización. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora del uso de los recursos que otorga la Ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, a partir de las irregularidades detectadas en el informe de la auditoría elaborado por la Contraloría General de la República. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA ESTABLECER INEMBARGABILIDAD DE VIVIENDAS SOCIALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9706-14) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el Código de Procedimiento Civil con el objeto de declarar inembargables las viviendas sociales. Diputada informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es la señorita Karol Cariola. Antecedentes: -Moción, sesión 89ª de la legislatura 362ª, en 11 de noviembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 14. -Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión 40ª de la presente legislatura, en 30 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 4. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En reemplazo de la diputada señorita Cariola, rinde el informe la diputada señora Claudia Nogueira. Tiene la palabra, su señoría. La señora NOGUEIRA, doña Claudia (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señorita Karol Cariola, señora Loreto Carvajal, del diputado señor Fidel Espinoza, de la diputada señora Maya Fernández y del diputado señor Guillermo Teillier, que busca proteger la vivienda social impidiendo que se convierta en un bien de mercado o en una garantía crediticia. La comisión contó con la asistencia de las señoras Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo, y Jeannette Tapia, asesora legislativa de dicho ministerio, y del señor Eric Parrado, superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. También concurrieron las autoridades, dirigentes y asesores que se señalan en el informe. En la moción se hace presente que en Chile la vivienda social ha cumplido un rol fundamental para aportar al desarrollo de las familias trabajadoras con escasa capacidad de ahorro y, por sobre todo, para que exista responsabilidad por parte del Estado en el aseguramiento del derecho a la vivienda. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por resolución N° 217, de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, párrafo primero, dispone: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;…”. Los destinatarios de las viviendas sociales son precisamente personas que, junto con su entorno familiar, ameritan especial protección debido a una general condición de vulnerabilidad. Se trata de trabajadores con escaso o nulo acceso a créditos o a fomentos monetarios semejantes para adquirir un lugar donde habitar, por lo cual, si el Estado no desarrolla estos programas, incurre en una grave vulneración de los derechos de sus ciudadanos. En nuestra legislación existen normas referidas a las viviendas sociales que dan cuenta de la necesidad de dotarlas de una protección especial, dada su importante función social. Por ejemplo, el artículo 43 del decreto supremo N° 40 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo prohíbe su enajenación durante cinco años y determina como destino único y principal la habitación del propietario y su familia. En el mismo sentido, el artículo 39 del decreto supremo N° 1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el artículo 34 del decreto supremo N° 49 del mismo ministerio, establecen que durante un plazo de cinco años el beneficiario no podrá gravar ni enajenar la vivienda sin previa autorización escrita del Serviu. Por su parte, el derecho de prenda general es una institución que permite a los acreedores perseguir todos los bienes del patrimonio de un deudor para obtener el cumplimiento de una obligación. Este derecho se encuentra establecido en el artículo 2.465 del Código Civil, que establece: “Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1.618.”. Los autores de la moción consideran que la ejecución de las deudas por créditos debiera realizarse sobre otros bienes del obligado, no sobre la vivienda que el Estado le entregó para que la habitara, cuando se trata de deudores que pertenecen a los sectores más vulnerables. En relación con la discusión general que se llevó a cabo en la comisión, la ministra Paulina Saball sostuvo que el proyecto era muy relevante y que requería una amplia discusión. Compartió el objetivo de cautelar la vivienda social como un bien indispensable para las personas, evitando que sea puesta en riesgo cuando estas contraen una deuda. Sin embargo, manifestó que le preocupa que al declarar su inembargabilidad se dificulte el acceso de sus propietarios al crédito. Por su parte, el señor Hernán Calderón, presidente de Conadecus, planteó que el tema que aborda el proyecto ha sido una preocupación fundamental para la organización que preside, desde su formación, y que por ello le parece altamente relevante que se proponga legislar para declarar inembargables las viviendas sociales, dado el esfuerzo que ha hecho el Estado para aportar sumas importantes a su financiamiento. El señor Rodrigo Valdés, actual ministro de Hacienda, pero presidente del Banco del Estado cuando asistió a la comisión, estimó que el proyecto aborda un tema muy importante, pero advirtió que puede producir algunos efectos colaterales que vale la pena tener en cuenta antes de avanzar en su tramitación. Observó que en la actualidad son inembargables las viviendas cuyo avalúo fiscal no supere las 50 UTM, es decir, 2.500.000 de pesos, aproximadamente, al igual que las viviendas de emergencia, por lo cual lo que hace el proyecto es extender la inembargabilidad a los siguientes inmuebles: a) Bienes raíces cuyo avalúo fiscal no exceda las 400 UF o las 520 UF, en el caso de condominios de viviendas sociales. b) Viviendas adquiridas mediante el decreto supremo Nº 49, Fondo Solidario de Elección de Vivienda; el decreto supremo Nº 1, que contiene el Reglamento del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional; Título I, subsidio habitacional para grupos emergentes, Tramo 1 del artículo 64, o cualquier otro programa que garantice el acceso a una vivienda social sin deuda. c) Viviendas adquiridas mediante el mismo decreto supremo Nº 1, Título I, ya mencionado; Tramo 2 del artículo 64; Título II, subsidio habitacional para sectores medios, o por cualquier programa de acceso a la vivienda con uso de subsidios complementarios. Agregó que, con todo, no regiría la inembargabilidad respecto de aquellos juicios en que sean parte el fisco, las cajas de previsión y demás organismos regidos por la ley del Minvu, por los créditos otorgados para la adquisición, construcción o mejora de una vivienda -se refería a los casos de la letra a)-, ni respecto de aquellos que tengan solo por objeto saldar las deudas provenientes de los créditos complementarios, que es el caso de la letra c). La ministra Paulina Saball afirmó compartir la profundidad del drama de perder una vivienda y el deseo de garantizar que las personas que las hayan adquirido no corran ese riesgo, pero mencionó que también está el dilema de procurar que esas mismas personas puedan usar ese bien para su propio desarrollo. El señor Eric Parrado, superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, se refirió al funcionamiento del mercado del crédito hipotecario y señaló que cuando se diseñan políticas públicas, es mejor contar con todos los antecedentes posibles para tomar una mejor decisión, porque hay situaciones en que, por intentar velar por los más vulnerables, algo que se veía como un beneficio en el corto plazo, al final del día podría terminar por afectar, de alguna manera, al mismo grupo que se trata de proteger. Sometido a votación en general el proyecto, fue aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra. En lo que respecta a la discusión particular, específicamente a la indicación presentada por las diputadas Karol Cariola y Maya Fernández, y por los diputados señores Fidel Espinoza, Carlos Abel Jarpa y Roberto León, para reemplazar el artículo único del proyecto con el objeto de restringir la inembargabilidad a las viviendas adquiridas con subsidio estatal, pero sin deuda, o que estén exentas del pago del Impuesto Territorial, y a las viviendas sociales así definidas por la ley o calificadas como tales por las direcciones de obras municipales, de hasta 400 UF de avalúo fiscal, o hasta 520 UF en caso de que integren un condominio de viviendas sociales y sean el único bien raíz del deudor. La ministra de Vivienda y Urbanismo destacó la conveniencia de limitar la inembargabilidad a todos los inmuebles de que trata la norma y que constituyan el único bien raíz del deudor, por lo que sugirió trasladar la referencia a dicha circunstancia, contenida en la letra d) del ordinal 8° del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, al encabezado de dicho número. Puesta en votación la indicación sustitutiva, fue aprobada por 6 votos a favor y una abstención. A su turno, una indicación de la diputada señora Claudia Nogueira para modificar el ordinal 8° del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil fue rechazada por 6 votos en contra y 2 abstenciones. El diputado señor René Manuel García presentó una indicación para agregar dos incisos al ordinal 8° del artículo 445 ya mencionado. El primero fue rechazado, por 2 votos a favor y 6 votos en contra, y el segundo fue retirado. Tratado y acordado en sesiones de fechas 14 de enero, 4 de marzo, 1, 15 y 22 de abril, 6 y 13 de mayo, y 10 de junio de 2015, con la asistencia de los diputados señores Fidel Espinoza, Claudio Arriagada, Pedro Browne, René Manuel García, Carlos Abel Jarpa, Iván Norambuena, Roberto León y Jaime Pilowsky, y de las diputadas señorita Karol Cariola y señoras Loreto Carvajal, Maya Fernández y Claudia Nogueira. Concurrieron, además, la diputada señora María José Hoffmann y los diputados señores Issa Kort y Osvaldo Urrutia. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA (don Ignacio).- Señor Presidente, leí las intervenciones de dos personas importantes del gobierno que asistieron a la comisión: la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball, quien sostuvo que las intenciones del proyecto podían ser muy buenas, pero que el fondo no lo era, por cuanto lo que hace es coartar y cortar las manos a quienes son propietarios de una vivienda como las que se mencionan en su artículo único y quieren emprender; y la del entonces presidente del Banco del Estado y actual ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés, quien también advirtió sobre los efectos colaterales que puede producir la iniciativa. El señor Valdés planteó que hoy son inembargables las viviendas de hasta 50 UTM -2,5 millones de pesos aproximadamente-, y que lo que se pretende hacer es aumentar la inembargabilidad a 400 UF, o sea, 10.000.000 de pesos. A mi modo de ver, lo que se quiere proteger con la iniciativa ya está protegido, pues, reitero, ya son inembargables las viviendas de menos de 2.500.000 de pesos. Al aumentarse el monto a 10.000.000 de pesos, se incorporaría a personas de clase media, que lo que habitualmente quieren para sus vidas es tratar de emprender, salir adelante. No quieren ser empleados toda su vida, buscan formar su propio negocio, iniciar su vuelo. Pero, ¿de dónde obtienen los recursos para emprender? Nadie le presta un peso a una persona en este país si no recibe una garantía que le asegure que ese préstamo se terminará pagando. Por lo tanto, la única posibilidad para obtener dinero que tiene una persona que decide emprender un negocio y que solo posee su casa, es hipotecar su vivienda; pero el proyecto se lo prohíbe. Ese no es el camino correcto, por muy buenas intenciones que tengan los autores del proyecto. La propia ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball, y el actual ministro de Hacienda, en ese momento presidente del Banco del Estado, señalaron en la comisión que el proyecto no era conveniente. Por eso no entiendo la razón para aumentar el valor límite para declarar inembargables las viviendas sociales. Considero que de esa forma se atan las manos a emprendedores, a gente que quiere progresar, que quiere salir adelante; se atan las manos a la clase media que quiere emprender un negocio. Con esta norma no lo podrá hacer, no tendrá ninguna posibilidad de acceder a un crédito a través de la hipoteca de su casa. Hay un aspecto más curioso todavía, cual es que se declara inembargable la vivienda social que tiene determinado valor, pero su dueño la puede vender después de cinco años, como puede suceder con todas las viviendas sociales. Entonces, ¿qué sucederá con la persona que quiere emprender un negocio, pero no puede hipotecar su casa porque una ley se lo prohíbe? ¡Venderá la casa! ¡Tan fácil como eso! No está prohibida la venta de las viviendas sociales después de cinco años, sin importar su valor. Si amarramos las manos a la persona que quiere emprender un negocio y no puede hipotecar su vivienda social, no le quedará otra alternativa que venderla. ¡Eso es peor que hipotecarla! Anuncio mi voto en contra del proyecto, porque comparto la tesis del diputado Norambuena, que votó en contra en la comisión, aunque la diputada Nogueira, que pertenece a mi bancada, votó a favor de la iniciativa en esa instancia. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto León. El señor LEÓN.- Señor Presidente, escuché con mucha atención los argumentos de diputado Ignacio Urrutia, pero considero que, a través de indicaciones o en una segunda discusión, debemos asegurar que el Estado garantice de manera permanente el derecho a la vivienda. No estoy de acuerdo con que una vivienda social que se entrega a los pobladores más vulnerables del país, se transforme en un bien transable para obtener financiamiento para un negocio, porque quien emprende un negocio puede tener éxito o fracasar en él; pero el Estado debe garantizar a la gente más vulnerable el derecho a la vivienda en forma permanente. Las viviendas sociales solo debieran transarse en el mercado después de cinco años para comprar un inmueble mejor. ¡Conocemos cuántas experiencias de personas que quedaron sin su casa por distintas razones, incluido el fallecimiento del beneficiario, y que por el hecho de haber obtenido un subsidio, no pueden optar a otro! Creo que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda. Una situación similar se produce con las personas que reciben pensiones por una determinada cantidad de años, tras los cuales no tienen con qué seguir viviendo. ¡Puede pasar lo mismo con las viviendas sociales! El proyecto está bien inspirado y debemos avanzar en esa línea. La vivienda social financiada por el Estado no puede ser un bien transable en el mercado ni puede estar sujeta a embargo, porque si la persona no paga el crédito garantizado por esa hipoteca, la vivienda se embarga para rematarla, lo que crea un problema social. Por lo tanto, considero que el proyecto está muy bien encaminado y espero que sea aprobado. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, quiero señalar que existen algunos puntos que son indispensables para guiar la discusión. Hay dos tipos de viviendas sociales: la que se entrega en forma absolutamente gratuita y aquella en que sus dueños deben pagar cuotas para adquirirla. De estas últimas solo se ha perdido el 1 por ciento, cifra de todos modos lamentable. ¿De qué trata el proyecto? De que la vivienda social es inembargable. Por ejemplo, un señor quiere emprender un negocio, pero no tiene ningún otro bien, salvo su casa social entregada sin deuda, que vale 20.000.000 de pesos. No obstante, esa persona necesita solo 3.000.000 de pesos para realizar su emprendimiento. En consecuencia, acude a una institución financiera, la que le presta esa cantidad. La persona instala su negocio, pero le va mal, por lo que pierde los 3.000.000 de pesos. En ese caso, puede perder la vivienda o puede pedir ayuda a su familia para recuperarla. Me estoy colocando en todos los casos, no estoy adelantando si votaré a favor o en contra el proyecto. El otro caso es el de la persona que terminó de pagar las cuotas pactadas por su vivienda social avaluada en 20.000.000 de pesos, por lo que ya es dueña de su casa y no tiene ningún vínculo con el Estado. No obstante, cuando quiere hipotecar la casa para que le den un préstamo por 3.000.000 de pesos, la institución financiera no le prestará el dinero si sabe que la casa es inembargable. ¿Qué pasa con esa persona que quiere emprender y no puede hacerlo porque su casa es inembargable? La única alternativa que tiene, mucho más perversa, es vender la casa, ya que el proyecto no prohíbe hacerlo. En consecuencia, la persona venderá su casa en 20.000.000 de pesos, siguiendo el mismo ejemplo, para destinar los 3.000.000 que requiere para instalar un negocio, pero se quedará sin su vivienda. En la comisión votamos a favor el proyecto porque establece un resguardo para impedir que las familias hipotequen sus propiedades; pero si los diputados quisieran que el proyecto fuera eficaz, se debiera prohibir a esas familias vender su casa. En consecuencia, esas familias nunca serán propietarias de su casa, ya que solo podrán vivir allí, pero no podrán disponer de ese bien, pues no podrán enajenarlo ni arrendarlo. No se trata de ser más papista que el Papa. Estamos frente a una protección a medias, porque la gente no podrá hipotecar su vivienda, pero sí podrá venderla, y eso es lo que debemos resguardar. Lo mismo sucede cuando una persona desea hipotecar un sitio, pero el banco le dice que no le dará el préstamo porque no puede hipotecarlo. Entonces, el propietario vende el sitio. La argumentación de los autores del proyecto en la comisión fue que hay recursos del Estado involucrados en las viviendas sociales y, en consecuencia, se debe de proteger a las personas que las han recibido, lo que nos indujo a votar favorablemente la iniciativa en esa instancia. ¡Está bien, hasta ahí vamos perfecto! Quiero saber qué solución le daremos a esa persona que no puede emprender porque no tiene derecho a crédito en ninguna institución financiera. Me gustaría que la diputada Karol Cariola, una de las autoras del proyecto, nos dijera que es preferible que este vuelva a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales para agregar que las viviendas sociales tampoco se podrán vender. A los representantes de las instituciones financieras les preguntamos en la comisión si alguna de esas empresas crediticias le daría un préstamo a una persona que no pudiera hipotecar su casa. Nos respondieron que por ningún motivo. Les preguntamos por qué. Y su respuesta fue que su negocio es el dinero. Pero el negocio nuestro es resguardar a las personas para que no pierdan su casa. Esa es la encrucijada que tenemos. Por esa razón, voté favorablemente el proyecto en la comisión, pues creo que establece una pequeña protección para que las personas no pierdan su vivienda social; pero creo que le falta una vuelta más. Espero que la diputada Karol Cariola pida que vuelva a la comisión para despachar un mejor proyecto. Cuando uno vota a favor un proyecto en una comisión, debe tener un mínimo de consecuencia para votar en la Sala de la misma forma. Pero le solicito a la colega Cariola que enviemos el proyecto a la comisión para subsanar el problema que planteé entre la venta y la hipoteca de las viviendas sociales, pues sus dueños pueden perderlas con mayor facilidad. Reitero mi explicación: si usted tiene una vivienda social de 20.000.000 de pesos, pero la hipoteca para recibir un crédito de 3.000.000 de pesos para destinarlo a un emprendimiento, le va a resultar más fácil pagar las cuotas por ese préstamo. No obstante, si no se permite a esa persona realizar esa operación, no le quedará otra opción que vender su casa. Otro aspecto fundamental es permitir una hipoteca que equivalga a un porcentaje del valor de la vivienda social, que puede ser del 10, 15 o 20 por ciento. De esta forma, esos propietarios podrían obtener préstamos para destinarlos a emprendimientos con un mínimo riesgo de perder su propiedad. Esas son mis aprensiones. Repito, votaré a favor el proyecto en la Sala, tal como lo hice en la comisión; pero me gustaría que volviese a la comisión para introducirle estas correcciones, porque, a mi parecer, existen vacíos en la iniciativa. Lo más triste que nos podría pasar es que, por apresurarnos en despachar el proyecto, el Senado corrigiera esos problemas y lo reenviara a la Cámara para que aprobemos lo mismo que hemos planteado aquí. O sea, una vez más nos pisaríamos la cola entre nosotros por despachar apresuradamente el proyecto. El Senado pasó de cámara revisora a ser cámara legisladora. Debiera revisar los proyectos despachados por la Cámara, pero cambia todo su texto y, al final, vuelve uno redactado por ellos, en lugar del que ideamos en nuestra comisión. Señor Presidente, aunque sea majadero, me gustaría que el proyecto volviera a la comisión. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, es curioso que un proyecto que me parece de una tremenda significación para los más vulnerables del país, sea objeto de discrepancias. O sea, se señala que el proyecto aparentemente no es bueno, pero yo digo lo contrario. La economía de Chile es todavía subdesarrollada, por lo que prima la especulación. Ojalá sea entendible esta frase para comprender lo que todavía somos las familias chilenas. Por eso considero que el proyecto tiene una enorme importancia. Aparentemente, nadie iba a intervenir, pero algunos comentarios han hecho entender de manera distinta las posiciones que existen respecto de la iniciativa. Comentaba con mi colega Loreto Carvajal que era bueno que ella hubiese tenido la oportunidad de participar en la presentación de esta moción, que aborda un problema muy humano, dado el sacrificio con que algunos han logrado tener la vivienda propia. Me refiero a las personas que integran los deciles de más preocupación del gobierno de Chile, a quienes se les dice que pueden embargar su casa por haberla hipotecado para hacer un negocio. Por intermedio del señor Presidente, pregunto: ¿Cuántos de ustedes han recibido en sus oficinas parlamentarias a personas vulnerables que recurren para pedir ayuda para recuperar la casa que están perdiendo? A la justicia no se le puede decir que esa gente no tiene los medios para pagar la hipoteca porque ganan entre 85.000 y 150.000 pesos. No nos olvidemos de que hace unas décadas estábamos entregando viviendas llamadas “progresivas” a la gente más necesitada. En ellas vivía una familia compuesta por tres o cuatro personas en 18 metros cuadrados. Muchos de ellos, con su esfuerzo y gracias a proyectos de los gobiernos de turno han logrado ampliar esas viviendas. A lo mejor allí radica la imposibilidad de entendernos para establecer que esas viviendas no pueden ser embargables. Creo que se trata de personas que entienden muy poco de economía. ¿Qué se le puede ofrecer a esa gente que quiere crear un negocio para aprovechar el crecimiento económico? Programas de Corfo, Sercotec, Fosis, en fin. Todos esos proyectos buscan que la gente pueda mejorar sus entradas gracias a sus capacidades, que no son menores. Hace una semana, el Estado entregó créditos no reembolsables por 1.800.000 pesos a sesenta familias de La Unión, monto con el que pueden iniciar algún emprendimiento. En consecuencia, no busquemos resquicios para que les embarguen sus propiedades. Las viviendas sociales están destinadas a entregar una solución habitacional a personas y a familias de escasos recursos, y cuentan con el financiamiento del Estado, porque prácticamente se les regalan a personas que durante muchos años debieron soportar el sufrimiento de no tener un lugar propio donde vivir. No olvidemos que existían los lanzamientos, porque vivían en una ruca, en una vivienda pequeña y, además, no eran dueños del sitio. Estas viviendas sociales han venido a solucionar ese problema y a disminuir paulatinamente los campamentos. No debemos olvidar que todavía existen. Por otra parte, esta solución habitacional ha mejorado la salubridad de la población y, por sobre todo, ha dado dignidad a las personas. Ahora bien, sabemos que los estándares de calidad de estas viviendas han ido mejorando con el tiempo. Si bien las primeras fueron simples soluciones habitacionales, en la actualidad la gente vive mejor en ellas, ya que cuentan con baño interior, dato curioso para quienes conocimos las viviendas sociales de hace cincuenta años. Sin embargo, aún no tenemos la cultura cívica ni económica para entender este problema. Como dije, a mi oficina parlamentaria llegan personas que me comentan que les llegó una notificación y piden que les expliquemos qué significa. Se trata, nada más y nada menos, del embargo de esa pequeña vivienda social. No es conveniente que este tipo de viviendas sea objeto de embargo, debido a la difícil situación económica de las familias que las habitan. El solo hecho de despojarlas de ellas las retrotrae a la situación inicial que se buscó cambiar con la entrega de una solución habitacional por parte del Estado. Por ello, declarar inembargables las viviendas sociales me parece muy conveniente, porque a veces la justicia les quita a las personas lo más preciado que tienen. Entonces, no se puede garantizar un crédito con un bien que solo intenta dar mayor bienestar a las familias de sectores vulnerables, que en la mayoría de los casos están integradas por varios menores de edad. Seamos claros: se trata de familias de escasos recursos, que viven en situación de vulnerabilidad. A mi parecer, la iniciativa puede ser mejorada -así lo han expresado algunos colegas-, con lo que estoy de acuerdo. Seguramente se presentarán indicaciones interesantes, de manera que habrá un nuevo trámite reglamentario. En esta oportunidad, la bancada del Partido por la Democracia votará afirmativamente la iniciativa. Respaldaremos la buena intención de la diputada Loreto Carvajal, porque las mujeres tienen una visión diferente de la familia. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, agradezco a quienes patrocinaron este proyecto de ley, iniciativa que surge como reacción a una realidad que a muchos parlamentarios nos ha tocado vivir en diferentes lugares. Así, por ejemplo, hace poco me dirigía a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales y en la entrada una señora nos solicitó ayuda, ya que su vivienda social iba a ser embargada por un antiguo crédito de consumo que había solicitado, lo que implicaba que ella y su familia quedarían en la calle, efecto que ninguno de nosotros quiere -es de sentido común-, sobre todo tratándose de las personas que más lo necesitan. Este proyecto de ley consiste precisamente en sustituir el número 8° del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, norma que se refiere a los bienes que no son embargables, con el fin de declarar como inembargable el bien raíz de residencia del deudor en los siguientes casos: cuando sea su única propiedad, se trate de una vivienda de emergencia -mediagua-, haya sido adquirida mediante subsidio que garantice el acceso a la vivienda sin deuda -es decir, pagada ciento por ciento por el Estado-, haya sido adquirida mediante otro subsidio distinto al anterior y dicho inmueble esté exento del pago de impuesto territorial, y se trate de cualquiera otra vivienda certificada como social por la respectiva Dirección de Obras Municipales, cuyo avalúo fiscal no sea superior a 400 unidades de fomento, que ascienden a aproximadamente 10 millones de pesos, o 520 unidades de fomento, alrededor de 13 millones de pesos, cuando se trate de condominios de viviendas sociales. Esta inembargabilidad no regirá en los juicios en que sea parte el fisco, el Minvu o el Serviu; tampoco se aplicará respecto de los juicios ejecutivos que tengan su origen en una sentencia que condene al deudor al pago de alimentos, ni respecto de la ejecución de hipotecas que tengan por objeto garantizar créditos hipotecarios destinados a financiar la adquisición, construcción o mejora de la vivienda respectiva y sus sucesivas reprogramaciones. Este punto surgió durante el debate, en que buscamos mejorar la iniciativa, a propósito de que muchos plantearon la inquietud respecto de las familias que buscan mejorar su vivienda y su condición de vida a través de los créditos. El proyecto no impide el acceso al crédito, pues la garantía se mantiene en los créditos hipotecarios; lo que hace es proteger a las personas que tengan una sola casa para vivir con su familia. En cuanto a deudas contraídas con otros fines, por ejemplo, para la compra de un auto o por haber realizado un mal negocio, la inembargabilidad termina cuando el propietario vende la casa, pues ya no se cumple la condición de vulnerabilidad, salvo que el comprador la adquiera con subsidio y cumpla las demás exigencias de la ley. La protección está puesta sobre el adquirente en condiciones económicas que lo ameriten y no sobre la casa en sí misma. Quiero hacer la diferencia en este punto, pues no hemos dicho que la casa mantiene la inembargabilidad cuando, por ejemplo, es comprada por una persona con recursos propios. Si alguien compra dos viviendas sociales, independientemente de que tengan esa condición, ese adquirente pierde la condición de inembargabilidad, y así ha quedado plasmado en el proyecto. De hecho, trabajamos estas indicaciones junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el fin de que las familias tengan la posibilidad de movilidad social, en caso de que su situación económica varíe. Es necesario entender la vivienda social como un derecho garantizado por el Estado, un deber de la sociedad que tiene que estar debidamente resguardado por ley, y no ser considerado como un mero bien transable en el mercado. Cuando el Estado toma la decisión de poner a disposición de los ciudadanos recursos de todos los chilenos para garantizar el derecho a una vivienda en que vivir, creemos que ese bien raíz no puede ser transable ni enajenado de cualquier manera. Es más, comparto lo que señaló el diputado René Manuel García respecto de la necesidad de aumentar las condiciones que hoy existen en la ley para la enajenación, pues esta establece que la vivienda social no puede ser enajenada solo durante cinco años. Estoy de acuerdo en que es necesario aumentar los años de protección en función de resguardar el espíritu que inspira la entrega de una vivienda social a una familia que demuestra que la necesita, porque no tiene condiciones para adquirirla de otra forma, de manera que esa vivienda debe ser reservada para ese fin. La entrega de dicha vivienda a una familia por parte del Estado -es decir, de todos los chilenos- tiene por objeto darle un techo que la albergue y que no se vea obligada a vivir en la calle o hacinada, con todos los riesgos que ello conlleva. Esta iniciativa pretende que la vivienda social cumpla el objetivo que se buscó con la creación del derecho que garantizó y financió el Estado con recursos de todos los chilenos y chilenas. Ahora bien, hay parlamentarios que consideran que se pueden buscar mecanismos de mejoramiento para el proyecto. Nunca me cerraré a la posibilidad de continuar con la discusión y al mejoramiento del proyecto. Sin embargo, espero que este no sea otro proyecto más que duerma en el Congreso Nacional, que su tramitación dure muchos años y que no llegue a buen puerto, ya que todos los días se presentan casos como este. En una oportunidad leí algunos de los correos electrónicos que nos han llegado a propósito de la tramitación de esta iniciativa, en que algunas personas nos dicen que han vivido esa situación. Debo precisar que no son tantas las personas a quienes se les ha embargado su vivienda social; pero aunque fueran una, dos, diez, veinte, mil o diez mil, creemos que es una situación compleja que ninguna familia merece vivir. Pongámonos la mano en el corazón y entendamos la realidad que viven en Chile cientos de familias que tienen acceso a viviendas sociales, que han luchado por años para tenerlas. No queremos que corran el riesgo de que se las embarguen. Por lo tanto, solicito a mis colegas que creen profundamente en la necesidad de proteger a quienes más lo necesitan, que voten a favor este proyecto de ley. Busquemos mecanismos para que los recursos del Estado no se derrochen y se distorsionen sus fundamentos o su sentido final. La idea es que rápidamente dispongamos de una futura ley que proteja a esas familias ante situaciones tan dolorosas como la de quedarse en la calle, hecho ocurrido a las familias víctimas de Eurolatina, que se vieron enfrentadas a terribles y dolorosas situaciones de embargo. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señora Presidenta, estamos discutiendo, en primer trámite constitucional, un proyecto de ley que tiene su origen en una moción presentada por la diputada Karol Cariola y otros colegas, para evitar el embargo de las viviendas sociales. Ayer, en la discusión de un proyecto de resolución, se dijo que en Chile existen 1.600.000 jefes y jefas de hogar que no tienen casa, pero que, sin duda, algún día la tendrán, porque Chile, en relación con el resto de Latinoamérica, cuenta con el mejor programa para acceder a la vivienda, en todos los órdenes. Hemos observado lo que ocurre en países vecinos, donde se sorprenden por los tremendos recursos que Chile destina a solucionar el tema de la vivienda y a defender el derecho a tenerla. En una oportunidad, en nuestra bancada, el colega Carlos Abel Jarpa manifestó algo con lo que algunos estamos de acuerdo y que puede sonar muy mal, pero que a futuro tendremos que discutir: el derecho a la vivienda no es un derecho a la propiedad. Este es un tema complejo, pero que, como dije, deberemos discutir en el futuro, porque la vivienda se entrega a quien la necesita y no a quienes le suceden cuando, por ejemplo, el beneficiario abandona este mundo. Pero vamos al proyecto que discutimos. El artículo 43 del decreto supremo N° 40, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, prohíbe vender o arrendar las viviendas sociales por un lapso de cinco años; es decir, están absolutamente imposibilitadas de ser enajenadas. Sin embargo, existe el derecho de prenda de los acreedores. Si alguien ha contraído deudas, de cualquier tipo, con cualquier casa comercial o institución bancaria, esa casa es perseguida también por los acreedores, de tal manera que hoy en Chile se remata todos los días una vivienda social. Alguien afirmó que eran pocas las viviendas que se remataban, pero la diputada Karol Cariola manifestó que aunque fuera solo una la vivienda rematada, igual una familia se queda en la calle. Eso no es populismo, sino realismo. En Chile se rematan treinta viviendas todos los meses, debido a lo cual treinta familias quedan en la más absoluta indefensión, sin un techo que las proteja. Me he referido solo a las viviendas rematadas por el BancoEstado, pero, como acota el diputado Jaramillo, son muchas más las viviendas rematadas. El patrimonio familiar debe ser protegido. De ahí la importancia de este proyecto de ley, al que, obviamente, se le pueden hacer correcciones y mejoras, puesto que para eso existen los trámites legislativos. En la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, la diputada Karol Cariola dijo estar dispuesta a mejorar en cuanto sea necesario el proyecto de ley, pero no está disponible para evitar legislar sobre este terrible tema que ocasiona un doloroso drama a muchas familias en nuestro país. La bancada del Partido Radical Social Demócrata aprobará con gusto este proyecto de ley, porque persigue proteger el patrimonio familiar y que las familias se sientan más seguras. Si es necesario que estas recurran a algún tipo de bien como prenda para las instituciones financieras o las casas comerciales, pueden utilizar otros, pero no la vivienda social. Por último, manifestamos nuestro optimismo porque las políticas sociales que estamos desarrollando en Chile, y que seguramente van a seguir aplicando los futuros gobiernos, están encaminadas a evitar que la gente más pobre, nuestros adultos mayores y los más vulnerables -a los que me referí ayer en un proyecto de resolución- dispongan de ese bien para acceder a créditos o a subsidios. Por lo tanto, en la esperanza de que este proyecto se transforme poco a poco en una protección real para las familias chilenas, lo aprobaremos. También esperamos ser capaces de corregirlo cuando se trate de restringir la inembargabilidad a las viviendas adquiridas con subsidio habitacional, por ejemplo, porque, en este caso, la ministra de Vivienda y Urbanismo está de acuerdo en legislar sobre el tema. Ese es el ánimo y el espíritu que debemos tener: proteger la vivienda social y que ninguna sea embargada en Chile por deudas de sus propietarios. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señora Presidenta, el proyecto que hoy debatimos propone una modificación al Código de Procedimiento Civil, con el objeto de declarar inembargables las viviendas sociales. Actualmente, el Código de Procedimiento Civil, en el número 8° del artículo 445, dispone que “No son embargables: 8°. El bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga un avalúo fiscal superior a cincuenta unidades tributarias mensuales o se trate de una vivienda de emergencia, y sus ampliaciones,…”. Lo que hace este proyecto de ley es ampliar el objeto de esta inembargabilidad comprendida en el Código de Procedimiento Civil, pues señala que el bien raíz en que resida el deudor, su cónyuge, conviviente civil o hijos, que sea necesariamente el único bien raíz de propiedad del deudor, será inembargable si se cumple alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se trate de una vivienda de emergencia. b) Que la vivienda haya sido adquirida por el deudor a través de algún subsidio habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. c) Que se trate de una vivienda social y cuyo avalúo fiscal no exceda las cuatrocientas unidades de fomento o las quinientas veinte unidades de fomento, tratándose de viviendas acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria regulado por la ley N° 19.537. Como podemos ver, se amplían las hipótesis respecto a los tipos de viviendas que quedarían fuera de la posibilidad de ser embargadas, como resultado de un juicio ejecutivo, como así también respecto al valor de estas, que asciende a 400 UF. Si bien a primera vista la idea de la inembargabilidad de viviendas sociales podría parecer justa, pues resguarda un bien básico para la dignidad de las personas más desposeídas, como es el techo, un lugar de abrigo y de encuentro familiar, si damos una segunda mirada un poco más profunda y reflexiva, podremos observar que, a través de esta reforma, se estaría limitando a esas familias el derecho a obtener un crédito, el derecho a una real hipoteca, consagrado en nuestra legislación civil, limitando el principio de libre circulación de los bienes y de recuperación por la vía judicial, como, asimismo, restringiendo la movilidad social. En caso de que el proyecto se convierta en ley, un propietario de una vivienda social que desee acercarse a una institución bancaria para acceder a un crédito -algo que hace a diario la mayoría de chilenos para cumplir distintos anhelos, por ejemplo, realizar un emprendimiento, comprar equipos para mejorar el capital de trabajo de una pequeña o microempresa, o ampliar o mejorar su vivienda social-, verá limitado todo acceso al crédito por la sencilla razón de que su propiedad raíz es inembargable. Al tener tal carácter, no será posible ejecutar la deuda y, por lo tanto, no habrá garantía para el otorgamiento del crédito. Durante la discusión se ha dicho que las viviendas se podrán vender; pero ¿quién querrá adquirir una vivienda que no podrá ser hipotecada para acceder a un crédito? El proyecto parece tener la noble intención de proteger a las personas más vulnerables. Sin embargo, se está legislando para que exclusivamente las personas más pobres, más desposeídas, en razón de sus circunstancias económicas, no puedan disponer libremente de su vivienda solo porque fue financiada mediante un subsidio del Estado. En efecto, del proyecto se colegiría que esas personas de escasos recursos y de clase media no son dueñas de las viviendas adquiridas a través de subsidios estatales y que se convertirían en dependientes de la voluntad del Estado, el que ahora está disponiendo que a las viviendas con subsidio se les aplicarán gravámenes adicionales a los existentes. Por ejemplo, el artículo 43 del decreto supremo N° 40, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, prohíbe la enajenación de la vivienda durante cinco años -a lo mejor es necesario ampliar ese plazo- y determina como destino único y principal el de habitación. En el mismo sentido, el artículo 39 del decreto supremo N° 1 y el artículo 34 del decreto supremo N° 49, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, establecen que durante un plazo de cinco años el beneficiario no podrá gravar ni enajenar la vivienda sin previa autorización escrita del Serviu. Durante la discusión se manifestó de manera absurda que si la persona recibe beneficios del Estado estos siguen siendo del Estado y, por lo tanto, que los beneficiarios no son dueños libremente de lo que adquieren a través de los subsidios estatales. Hay diputados que no entienden que si el Estado fue en ayuda de las personas, a través de un subsidio, es para darles apoyo en un momento en que lo necesitan, pero que perfectamente ellas pueden disponer de ese bien cuando una situación así lo amerite. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que no se contempla una norma relativa a la entrada en vigencia de la ley en proyecto y, por tanto, regiría a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. En la práctica, lo anterior podría significar una afectación al derecho del acreedor hipotecario de ejecutar los bienes inmuebles en caso de incumplimiento. Por lo tanto, se debería revisar cómo operaría dicha circunstancia en concordancia con este proyecto, puesto que la posibilidad de ejecución es una condición que se consideró al momento de otorgar un crédito con esa garantía. Asimismo, quiero señalar y reiterar un aspecto que se mencionó. En la discusión particular se escuchó a diversos expositores. El entonces presidente de BancoEstado y actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fue uno de los primeros en expresar que con el proyecto se afectaría el acceso al crédito de un gran porcentaje de personas, pues muchas familias solicitan créditos por diversas razones, entre ellas, como él dijo, para realizar pequeños emprendimientos. Sin embargo, el hecho de no contar con bienes suficientes que garanticen las obligaciones crediticias contraídas hace más difícil que las instituciones financieras otorguen algún tipo de crédito. Señor Presidente, considero que el proyecto debe volver a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, a fin de que esa instancia lo analice nuevamente y lo perfeccione por la vía de las indicaciones. Además, hay que tener especialmente presente que lo señalado en la letra c) del número 8º del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil propuesto por el proyecto es demasiado amplio. En este se señala: “La vivienda haya sido adquirida por el deudor con aplicación de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo distinto de aquellos a que se refiere el literal precedente, siempre y cuando dicho inmueble se encuentre exento del pago del Impuesto Territorial regulado por la ley N° 17.235, o la normativa que la reemplace;”. Ese número se refiere a viviendas con deuda, es decir, a aquellas que se pueden adquirir con un crédito hipotecario que complemente el subsidio y que se encuentren exentas del pago del Impuesto Territorial, como la gran mayoría de las viviendas en el Chile de hoy. Por las razones señaladas, votaré en contra la iniciativa. He dicho. El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, considero que este es un proyecto bien inspirado, que, sin duda, busca resolver un drama social que muchos constatamos de manera bastante habitual. Existen personas que, por distintas circunstancias, han tenido que endeudarse. Particularmente, he sido testigo de casos dramáticos en los que por una enfermedad catastrófica, como el cáncer, debieron solicitar un crédito cuantioso y, luego, a raíz de distintas dificultades, se les aplicaron las cláusulas de aceleración, lo que trae como consecuencia el embargo de su vivienda. Ni siquiera tienen la posibilidad de vender el inmueble, porque, además, el Serviu es muy restrictivo para autorizar la enajenación. Cabe recordar que el Serviu puede autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar, pero -repito- ese servicio siempre es muy restrictivo, porque las causales de la ley también lo son. Existen familias que quisieron enajenar su vivienda social para pagar la deuda contraída, evitar la cláusula de aceleración y estar tranquilas; pero finalmente perdieron la casa porque les aplicaron la cláusula de aceleración y les cobraron la totalidad del crédito. Hemos generado tantas normas de protección -como la prohibición de enajenar- que terminan produciendo un problema. Hoy estamos legislando para crear otra: la inembargabilidad, que ya recoge el artículo 445, número 8°, del Código de Procedimiento Civil. El proyecto agrega una nueva hipótesis de inembargabilidad. Ahora bien, tenemos que enfrentar un problema práctico y otro complejo. Hay dos enfoques para ello. Uno, basado en una mirada absolutamente proteccionista, casi asistencialista, en la cual se ve a las personas que obtienen una vivienda social como una especie de incapaces relativos que no pueden disponer de sus bienes y, en consecuencia, no pueden obtener un crédito para algún emprendimiento. En el segundo enfoque, lo importante es que se pueda disponer, sin ningún tipo de problema, es decir, a plenitud, de todos los atributos de la propiedad, entre ellos, por cierto, la facultad de disponer libremente de las cosas. Considero que en esto hay que construir un punto intermedio, porque, de lo contrario, se empieza a generar un conjunto de efectos indeseados. No quiero que, en definitiva, la fuente única de financiamiento de las personas más modestas sean los avances en efectivo de las tarjetas CMR, Ripley o Paris, las cuales se rigen por las tasas de interés más altas del mercado, pese a que todos sabemos que los créditos hipotecarios tienen tasas de interés muchísimo más bajas. Si partiéramos del supuesto ideal de que la gente más modesta no tiene necesidad de créditos para fines generales -enfermedades, un emprendimiento para surgir u otros-, la norma sería perfecta tal como está. Pero ese no es el mundo real, pues la gente tiene necesidades relacionadas con surgir, con endeudarse y con tener efectivo. Por lo tanto, la gente comienza a utilizar -costumbre que se intensificará- los avances en efectivo de las tarjetas comerciales que se otorgan con la sola presentación del carné de identidad. ¡Es el crédito más caro para las familias más pobres! ¿Vamos a condenar a las familias, por el solo hecho de vivir en una vivienda social, a que exclusivamente puedan acceder al crédito más caro del mercado en cualquier circunstancia o buscamos un camino intermedio? Quizás, la solución es cambiar el monto que precisa la norma del Código de Procedimiento Civil. Sin duda, 50 UTM de avalúo fiscal es un monto muy bajo. A lo mejor, se deben establecer presunciones para que el deudor no sea quien tenga que acreditar las características del bien familiar -el inmueble- para invocar la excepción de inembargabilidad a que se refiere el número 8º del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, sino que, cuando se trate de una vivienda social -a lo mejor, de las mismas enumeradas acá-, opere una presunción legal en favor del deudor y el banco tenga que acreditar que no se trata de una vivienda social o que no se cumple con las características de la inembargabilidad. Busquemos alternativas que mejoren, desde el punto de vista de las herramientas procesales, la defensa de los deudores, quienes, muchas veces, son objeto de demandas. A veces, los créditos están prescritos; a veces operan causales de inembargabilidad, las que no se ejercen oportunamente, porque los plazos para oponer excepciones son muy acotados. Por lo tanto, hay que echarle una mirada a la situación general que involucra la iniciativa, de modo de conciliar los objetivos perseguidos por ella, los que me parecen plausibles y comparto. Ojalá no terminemos generando, en la práctica, una especie de interdicción, una incapacidad de disponer de los bienes, lo que coarta la posibilidad de que las personas que habitan una vivienda social accedan a créditos más convenientes. Si le parece a sus autores, sería conveniente que el proyecto volviera a comisión a fin de darle una segunda vuelta. Como se han presentado indicaciones, ojalá podamos tratarlas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en una sola sesión, a fin de no dilatar su tramitación. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, como dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el proyecto de ley está bien inspirado, pero, como señaló el diputado Chahin, desgraciadamente tiene más externalidades negativas que positivas. La iniciativa debería volver a comisión, no solo por motivos de redacción, sino para estudiar de mejor forma la norma relativa a la inembargabilidad de las viviendas sociales. Dicho sea de paso, en la actualidad son inembargables las viviendas cuyo avalúo fiscal no supere las 50 UTM; pero el concepto de vivienda social es más amplio. De hecho, la letra c) del número 8º del artículo 445 que se quiere introducir al Código de Procedimiento Civil, señala una cosa distinta. Tal como está redactado el proyecto, afectaríamos a priori a las personas que gozan de este beneficio del Estado, sobre todo a quienes tienen viviendas dinámicas sin deuda, es decir, a quienes no pagan una vez otorgado el subsidio. De algún modo, estas quedarían en calidad de interdictas para surgir y desarrollar sus actividades. Generalmente los beneficiarios de esos subsidios son matrimonios, parejas y personas jóvenes, con familia o sin ella. Todos ellos quedarían atados de manos, pese a que muchos pensamos que debiera haber movilidad social entre quienes tienen aspiraciones como ciudadanos. Hemos presentado algunas indicaciones. Esperamos que el proyecto vuelva a comisión, a fin de que tenga lugar un debate más profundo y definir si es recomendable ampliar el plazo que rige para los gravámenes. Hoy, la normativa sobre subsidios establece que el beneficiario, durante un plazo de cinco años, no podrá gravar ni enajenar una vivienda sin deuda. Por otro lado, es necesario ver qué pasa con aquellas personas que, con esfuerzo, ahorro y endeudamiento, han adquirido una vivienda social. Recordemos que las viviendas con avalúo fiscal inferior a 21 millones de pesos se encuentran exentas del pago del impuesto territorial. Por lo tanto, el concepto de vivienda social es bastante amplio. Pido a los autores del proyecto que tengan a bien reenviarlo a la comisión técnica, con el objeto de introducirle las mejoras contenidas en las indicaciones. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señora Loreto Carvajal. La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, felicito a los autores de este proyecto de ley, propuesto transversalmente, cuyo objetivo parece muy legítimo y urgente dadas las situaciones que se aprecian cuando en nuestras comunidades vemos que llegan familias acongojadas y desesperadas porque han recibido notificaciones que contienen catastróficas medidas que apuntan a que perderán su vivienda, ello pese a los escasos recursos de que disponen y de ser consideradas vulnerables. El proyecto se refiere al legítimo derecho que tienen las familias de resguardar el lugar donde viven y acoger a los suyos. El proyecto también persigue resguardar el uso y destino de los recursos del Estado. No olvidemos que son viviendas en las cuales el Estado ha invertido. Al respecto, se trata de una cobertura para solucionar problemas de dignidad, un elemento básico para cualquier sociedad que se digne de tal. Se trata del derecho a tener una vivienda. Por ello, la moción busca resguardar e impedir un mecanismo, un medio para obtener un crédito. Como aquí se ha expresado, muchas familias no entienden lo que significa “embarcarse” en un crédito con una entidad bancaria, o acceder a un crédito cuando se tiene una precaria situación económica. En este último caso -lo dijo el diputado Chahin- no se dan las condiciones que esperan los bancos, las que sí cumplen grupos con mayor capacidad económica. La única opción que tienen las familias vulnerables es acudir a la banca privada, en particular a los bancos comerciales. Sin embargo, como ha quedado dicho, estos no tienen ningún interés en otorgarles herramientas de ayuda, mecanismos o elementos que les permitan emprender. En la comisión técnica, personeros de BancoEstado señalaron que esa entidad otorga el 99,6 por ciento de los créditos para financiar viviendas de hasta 400 UF de avalúo fiscal. Ello sucede -repito- porque a los demás bancos no les interesa negociar ni facilitarles crédito a las personas que compran ese tipo de viviendas. Al respecto, es necesario preguntarse cómo nuestra normativa puede abrir espacios para que las personas con algunas opciones comerciales puedan acceder a otro tipo de créditos. Hoy, lamentablemente, eso no ocurre, pues las posibilidades de financiamiento para quien tiene un negocio, un puesto en la feria, etcétera, a través de mecanismos como Sercotec o Fosis, son bastante limitadas. Sobre esta materia, creo que la banca debe cumplir un rol social a través de diversos mecanismos. Debería abrirse un espacio para que no ocurra, como hoy, que la única opción para acceder a un crédito sea dejar una vivienda hipotecada. Eso constituye una restricción para las familias vulnerables. Por eso creemos que hay que modificar la normativa. Tal como se ha dicho, es necesario resguardar las viviendas. Sin embargo, tal como se dijo en la comisión -al respecto se han presentado indicaciones-, no debemos cerrarnos a buscar otros mecanismos que permitan a las familias contar con otras opciones. Lo que proponemos, como figura en el informe de la comisión, es elevar el avalúo de las viviendas que deben ser protegidas por la inembargabilidad, de manera de asegurar que aquellos que accedieron a un crédito de consumo o de otro tipo y que por diversas razones -por ejemplo, porque sufrieron una enfermedad catastrófica- no fueron capaces de cumplir con su obligación crediticia, no se vean en la situación de perder aquel bien que otorga, más allá del reguardo y del bienestar familiar, la dignidad a cada ser humano, a cada ciudadano, como es su vivienda, que es esencial para su desarrollo. Por eso, entendiendo el objetivo del proyecto y entendiendo que hoy las capacidades económicas de cualquier familia vulnerable son limitadísimas, llamo a mis colegas a que aprobemos la iniciativa y a que generemos espacios para discutir de qué manera, además de resguardar la vivienda de las familias vulnerables, se podría establecer para ellas un mecanismo que les permitiera un mayor acceso al crédito y que ello sea una responsabilidad no solo del Estado, sino también de las entidades financieras y de la banca comercial en general. Debe exigirse la responsabilidad social a todos, no solo a un grupo de personas y al Estado. En consecuencia, anuncio mi voto favorable al proyecto. Espero que las modificaciones de que sea objeto vayan en el sentido señalado y garanticen el resguardo de la vivienda para todas las familias vulnerables de Chile. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas. El señor RIVAS.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito el proyecto y anuncio que lo votaré a favor, porque me parece que va en la línea correcta y se orienta en el mismo sentido de dos proyectos de mi autoría presentados en años anteriores. Uno de ellos establece que cuando una casa sea rematada, debe ser tasada no al valor del avalúo fiscal, sino al valor comercial, porque cuando se tasa de acuerdo con el avalúo fiscal, lo que se hace, en definitiva, es perjudicar al deudor. El otro proyecto modifica el Código de Procedimiento Civil en orden a establecer que cuando un deudor contrae una enfermedad catastrófica o ha quedado cesante, pueda excusarse del pago de la deuda que se le está exigiendo. Sin embargo, esos proyectos, para variar, duermen el sueño de los justos. Iniciativas que buscan humanizar un sistema de cobro de deudas absolutamente inhumano, duermen el sueño de los justos, porque hay otras prioridades. En nuestro sistema económico, lo que importa es que se paguen las deudas, y si en el proceso de pago de deudas el deudor queda destruido, es problema de él. Ese es el sistema económico que tenemos. He escuchado el típico argumento neoliberal para oponerse a este tipo de proyectos: “Las personas no tendrán acceso al crédito.”. Ello nos lleva a otro tema, respecto del cual poco se está haciendo con este proyecto. Yo iría un poco más allá y abordaría un asunto alternativo y complementario a esta iniciativa. Me refiero a lo siguiente. Hoy escuchamos que la salud es un derecho social, que la educación es un derecho social. Sin embargo, nos faltan otros derechos sociales. ¿Por qué no establecer que el acceso al crédito sea un derecho social, de modo que nadie venga con el mismo argumento neoliberal, pelotudo, de decir que en virtud de determinada iniciativa alguien no tendrá acceso al crédito? La misma estupidez de siempre de decir que alguien no tendrá derecho al crédito solo sirve para proteger este sistema inhumano, basado en la explotación del ser humano por otro ser humano. Propongo que el Estado asegure como derecho social el acceso al crédito, a través de un verdadero banco del Estado, y no de este depredador en que se ha convertido hoy el Banco del Estado, igual o más sanguinario que los bancos de la plaza, los bancos particulares, que, en última instancia, fueron creados para ganar plata. El Banco del Estado es una entidad que debería estar haciendo beneficencia social, pero no lo hace. Necesitamos tener más derechos sociales. Los servicios básicos como el agua, la luz, la telefonía, deben ser garantizados por el Estado. No puede ser que si una persona no tiene plata para pagar esos servicios, simplemente no los reciba. Nos rige un sistema en el cual si uno no tiene plata, no tiene el servicio; si no tiene una casa para hipotecar, no obtiene el crédito que requiere, o lo obtiene con un interés gigantesco. El Estado debe hacerse cargo de esas necesidades a través de un verdadero banco del Estado. Señor Presidente, voy a votar a favor el proyecto, pues me parece que va en la línea correcta, aun cuando es insuficiente. Se necesitan muchas más señales. Si al Banco del Estado le falta plata para otorgar créditos blandos a los trabajadores, a la gente de escasos recursos, que obtiene subsidios habitacionales por pertenecer a sectores vulnerables, la solución es muy sencilla: renacionalicemos la gran minería del cobre y habrá plata suficiente para darles créditos blandos a todos los chilenos y chilenas que hoy deben estar mendigando a los bancos para tener acceso a un derecho social como es el crédito. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ha concluido el Orden del Día. La discusión del proyecto queda pendiente para una próxima sesión ordinaria. VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN ESTABLECIMIENTO DE SUBSIDIO AL EMPLEO DEL ADULTO MAYOR El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 355. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 355, de los diputados señores David Sandoval, Javier Hernández, Enrique Jaramillo, Bernardo Berger, Patricio Melero, Leopoldo Pérez, Osvaldo Urrutia; señora Claudia Nogueira, y señores Renzo Trisotti e Ignacio Urrutia, cuya parte resolutiva dice lo siguiente: La Cámara de Diputados resuelve: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el envío urgente de una iniciativa legal que, en el marco de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Constitución Política de la República, establezca un “Subsidio al Empleo del Adulto Mayor” de características y en condiciones similares a las establecidas en la ley N° 20.338, que dio lugar al denominado “Subsidio al Empleo Joven”. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, ante las sensibilidades que a veces producen algunos acuerdos que adopta la Cámara, el propósito de este proyecto de resolución es generar las condiciones de resguardo, los paraguas básicos mínimos para muchos adultos mayores que, a pesar de que llegaron a la edad en que podían terminar su actividad en el mundo del trabajo, se mantienen laborando y son partícipes del proceso de producción de nuestro país. En efecto, en diversas reuniones, muchos adultos mayores han manifestado que están trabajando o que quieren trabajar. Por ello, así como se han creado algunos subsidios, como el que otorga la ley N° 20.338 para el empleo joven, a través del cual el Estado genera condiciones de trabajo para ese segmento de la población que tanto lo necesita, como son los jóvenes -principalmente las mujeres-, este proyecto de resolución apunta a que se creen condiciones de resguardo y un paraguas básico de reglamentación para establecer la empleabilidad de los adultos mayores. Un mecanismo de este tipo constituiría para ellos una buena opción para reinsertarse laboralmente, mantenerse activos y mejorar sus condiciones económicas, dadas las exiguas pensiones que reciben. Este proyecto de resolución ha sido planteado por diversas organizaciones de adultos mayores, por ejemplo, la Unión Nacional de Pensionados, la más grande de nuestro país, presidida por el señor Francisco Iturriaga; diversas entidades a través de consejos asesores, y agrupaciones vinculadas a profesores jubilados, que se consideran plenamente activos y con la voluntad de seguir siendo parte del mundo del trabajo en nuestra sociedad. ¿Por qué no? Mediante este proyecto de resolución se solicita a la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley que establezca un subsidio al empleo para aquel adulto mayor que, voluntariamente, desee seguir trabajando porque considera que de esa forma mejorará su situación. Ello permitiría generar el resguardo básico institucional y el estímulo para muchas empresas que promueven el empleo del adulto mayor. Quiero destacar a la Asociación de Supermercados, la primera entidad que se abrió a esta posibilidad. Tal vez, esta no sea la solución de fondo del problema. Muchos queremos a los adultos mayores descansando y disfrutando de los años que les quedan de vida. Pero también son muchos los adultos mayores que a través del trabajo ven una vía, un mecanismo para su reinserción. El proyecto de resolución apunta a dar respuestas a demandas que nacen de los propios adultos mayores. Esperamos que el gobierno acoja y dé respuesta formal a lo que se le plantea mediante esta iniciativa, que espero que la Cámara vote favorablemente. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal. La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, felicito al diputado David Sandoval porque esta iniciativa va en el sentido correcto. En muchas comunas de nuestros distritos los adultos mayores participan activamente en diversas organizaciones. El primero de sus reclamos dice relación con las bajas pensiones que reciben, que no les permiten llegar a fin de mes con dinero para pagar su alimentación y sus medicamentos. Muchos adultos mayores tienen todas las capacidades y las ganas de salir al mundo laboral. En el distrito que represento hubo un aumento en la tasa de empleo, lo que en parte se debió a la inserción del adulto mayor en el mercado laboral. Por ello, creo que debería garantizarse para los adultos mayores un piso mínimo de empleabilidad, como lo establecimos en su momento, mediante un proyecto de ley, para los discapacitados en las entidades de gobierno. Desde el propio Estado debería establecerse que en todas las empresas que tienen contratos con el Estado, en todos los estamentos gubernamentales del país, como gobernaciones y servicios públicos, en los municipios y en la empresa privada exista la posibilidad de contratar a adultos mayores, porque, sin duda, su experiencia, sus ganas y sus capacidades los ponen en absoluta competencia para ser también un importante motor de desarrollo del país. Espero que el proyecto de resolución sea aprobado y acogido por el Ejecutivo, de modo que se traduzca en una buena noticia, junto con otras que esperamos, para mejorar la vida y la dignidad de los adultos mayores. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, no podemos tratar de solucionar el problema económico de los adultos mayores tomando la decisión de que sigan trabajando. Uno de los grandes beneficios que otorga la seguridad social a las personas es la posibilidad de que reciban una pensión cuando llega el momento de jubilarse. Por tanto, lo que debemos hacer es tratar de lograr que esa pensión satisfaga las necesidades del adulto mayor, es decir, que sea una pensión digna. El problema en Chile no es que los adultos mayores quieran seguir trabajando, sino el hecho de que se ven obligados a hacerlo. Cabe aclarar que en nuestro país no es obligatorio jubilarse a cierta edad, como lo era en el pasado. Cuando llega a determinada edad, la persona tiene derecho -no la obligación- a jubilar. Sin embargo, gran cantidad de personas continúa trabajando después de alcanzada esa edad, porque la pensión a la que acceden es demasiado escuálida y no cubre sus necesidades. El problema que tenemos se produce con el sistema de pensiones que estableció la dictadura sobre la base de una paradoja: los militares decidieron que todo Chile, excepto ellos, cambiara su sistema de pensiones por uno de capitalización individual. En consecuencia, todos los trabajadores están afiliados a una AFP, excepto aquellos que implementaron el sistema, esto es los militares. Los únicos que tienen un sistema de reparto y se jubilan con el mismo nivel de remuneraciones que tenían como funcionarios activos son los militares. El sistema de reparto que tiene gran parte de la sociedad mundial permite tener pensiones con ingresos racionales. El problema no es que debamos seguir obligando o pidiendo a nuestros adultos mayores que continúen laborando. El problema es que nuestro sistema de pensiones tiene tasas de reemplazo extraordinariamente bajas. Es un sistema que se creó para mejorar las pensiones, pero que no dio resultado. El impacto positivo que debería tener el ahorro obligatorio, personal e individual en la AFP para recibir una pensión racional, no se produce. Por eso, a mi juicio, la solución no es implementar un subsidio para el adulto mayor, ni menos tratar de catalogarlo en condiciones similares al subsidio al empleo joven. Es otro el objetivo de política social que se busca con este último subsidio: lograr que los jóvenes desempleados entren al mundo laboral. ¡Qué más quisiéramos que lo hicieran; que existiera la posibilidad efectiva de que los adultos mayores jubilaran y, con ello, permitieran que otras personas ingresaran al mercado laboral! Creo que la solución que plantea el diputado David Sandoval no es real. Es posible que algunos adultos mayores quieran seguir laborando. En efecto, muchos siguen potencialmente muy activos. Pero no es esa la solución desde el punto de vista societario. La solución es tener un sistema de pensiones racional, adecuado para la realidad del país, que permita que todos tengan pensiones dignas y no solo unos pocos privilegiados con el sistema de reparto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, esta es una mala idea, porque “jubilación” viene de “júbilo”, es decir, de poder gozar del esfuerzo que se ha hecho toda la vida. Pero lo que se propone en este proyecto es la creación de un subsidio para que el Estado financie la recontratación de personas que deberían estar jubilando y, en consecuencia, viviendo del esfuerzo de toda su vida. Quiero proponer otra fórmula. Entiendo que estamos esperando una reforma previsional sustantiva, que debiera mejorar las pensiones de los jubilados. Pero sugiero que hagamos algo antes. Hoy, para el cálculo del monto de la pensión de las rentas vitalicias y de los retiros programados se considera una expectativa de vida de 120 y 110 años, respectivamente. Por lo tanto, propongo a la Sala realizar algo en conjunto: bajar la expectativa de vida a un nivel razonable. Chile se ubica entre de los países que tienen mejor expectativa de vida. ¡Miren la paradoja! Las políticas públicas han permitido eso. He dicho. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 355. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 9 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Campos Jara Cristián; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Coloma Alamos Juan Antonio; Espinosa Monardes Marcos; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Arriagada Macaya Claudio; Boric Font Gabriel; Fernández Allende Maya; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jackson Drago Giorgio; Mirosevic Verdugo Vlado; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra. -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez Vera Jenny; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Flores García Iván; Girardi Lavín Cristina; Meza Moncada Fernando; Rincón González Ricardo; Vallejo Dowling Camila. AMPLIACIÓN HASTA CUARTO MEDIO DE PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA PERSONAS SORDAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 356, de los diputados señores Giorgio Jackson, Lautaro Carmona, Sergio Gahona, José Pérez y Pablo Lorenzini, cuya parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados resuelve: Solicitar a la Presidenta de la República modificar el decreto N° 86, de 1990, del Ministerio de Educación, que regula la autorización para la ampliación de planes y programas educativos para personas sordas, con el fin de ampliarlos hasta cuarto medio. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a los colegas que presentaron el proyecto en discusión, pues Chile tiene una deuda pendiente con las personas con capacidades diferentes y, por tanto, es bueno que nos vayamos poniendo al día en esa materia. Sé que cuando se hacen solicitudes de las características de la que nos ocupa, de lo primero que se habla es de los recursos. En este sentido, debo manifestar que en nuestro país hay que ir emparejando la cancha, porque está dispareja en cuanto a la vida privada, a la sociedad privada y a la empresa privada, y porque hay condiciones para emparejarla. Nos guste o no, en eso estamos: tratando de emparejar la cancha. En segundo lugar, quiero manifestar que también los organismos del Estado deben emparejar la cancha, porque a ratos dice: “No hay recursos”. Sin embargo, pronto ingresará a trámite el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2016, y apuesto que muchos ministerios tendrán bastantes más lucas que los ministerios sociales, que realmente requieren recursos frescos e inmediatos. Por lo tanto, celebro que los diputados Jackson y Carmona hayan presentado este proyecto de resolución, para que, de una vez por todas, apoyemos al mundo de las capacidades diferentes, en este caso a los sordos. El Estado debiera tener recursos humanos capacitados, y con mayor razón en materia de educación. Por eso, respetuosamente, hago un llamado a la Sala a votar favorablemente el proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson. El señor JACKSON.- Señor Presidente, este proyecto de resolución, que presentamos junto con el diputado Lautaro Carmona, tiene por objeto extender hasta cuarto medio un derecho del cual debieran gozar todos los estudiantes con discapacidad auditiva. Hoy, conforme al decreto N° 86, solo existe la posibilidad de contar con la lengua de señas hasta sexto básico. Lo que planteamos en el proyecto se basa fundamentalmente en una solicitud muy concreta de la escuela especial Doctor Jorge Otte, de la comuna de Santiago, para que los estudiantes sordos no pierdan la posibilidad de recibir su educación en su lenguaje, el de señas, lo que por derecho les corresponde. No se trata solamente de una traducción. Muchas personas dicen que con subtítulos se podría solucionar el problema. Sin embargo, hay que entender que el fenómeno de la discapacidad auditiva no se vincula simplemente con el hecho de aprender en una lengua diferente. Es como si nosotros fuéramos al extranjero y no pudiéramos educarnos en nuestra lengua nativa. Lo señalo, porque el lenguaje de señas es una manera distinta de comprender los conceptos. En la lengua de señas no solo el alfabeto es diferente, sino también, conceptualmente, el lenguaje en sí. Por lo mismo, creemos que quienes tienen discapacidad auditiva necesitan educarse en su propia lengua, la de señas, de modo que no estén supeditados a tener que aprender por escrito en un lenguaje como el nuestro, con nuestro alfabeto, que les resulta ajeno, y posteriormente a intentar interpretarlo en señas. Por último, espero que las personas con discapacidad auditiva puedan aprender con lengua de señas desde pequeñas. Asimismo, que en Chile lleguemos a un momento en el que todos los que no tenemos ese tipo de discapacidad podamos relacionarnos, a través del lenguaje de señas, con quienes sí la tienen. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 356. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTES FISCALIZACIÓN LABORAL A SUPERMERCADOS BIGGER DE PUERTO MONTT, LA UNIÓN Y VALDIVIA (OFICIOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité Partido por la Democracia, el que además ha pedido hacer uso del tiempo adicional de cinco minutos a que toda bancada tiene derecho una vez cada tres semanas. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero hacer públicos algunos hechos que van en contra de trabajadores de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. En el mes de mayo, los trabajadores de los supermercados Bigger de las ciudades de Puerto Montt, La Unión y Valdivia iniciaron un proceso de negociación colectiva con dicha empresa, representados por la Federación Nacional de Sindicatos (Fenasib). Dicho proceso de negociación ha sido muy anormal en todas las etapas que la ley establece. Por ejemplo, en cuanto a las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo, no se realizó ninguna reunión por negativa de la empresa, la que solo ofreció comunicación a través de videoconferencia. El contrato colectivo vigente venció ayer, 5 de agosto; sin embargo, solo el 30 de julio la empresa estuvo dispuesta a sostener conversaciones mínimas con los representantes de los trabajadores, las que siempre se han caracterizado por las faltas de respeto y de humanidad de parte del gerente, el señor Guillermo Villablanca. No corresponde ese trato de parte de aquellos que tanto tienen hacia quienes viven con un mínimo salario. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Pido silencio a la Sala para que el diputado señor Jaramillo pueda continuar su intervención. Recupera el uso de la palabra, señor diputado. El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, una vez más surge el tema de los trabajadores, pero a veces parece que el Congreso no le da mucha importancia a dicha materia. En la mencionada reunión, la empresa Bigger “ofreció” la rebaja de varios beneficios del contrato colectivo vigente, lo que, en la práctica, significó la reducción de los ingresos mensuales de sus empleados, cuestión que resulta inaceptable no solo para esos trabajadores, sino también para la opinión pública. A quienes seguimos de cerca las enormes ventas de tales supermercados -en definitiva, de la empresa-, nos cuesta entender la situación que he descrito, la cual ha provocado alarma también en la opinión pública. Desde ayer se detectan movimientos anormales de mercadería en los referidos supermercados. Al respecto, la empresa informó que solo pretende renovar. Pero la idea central, conocida en forma discreta, es que Bigger quiere cerrar los establecimientos de Puerto Montt, de Valdivia y de La Unión. Afortunadamente, en esta situación han actuado solidariamente varios dirigentes sindicales, quienes han realizado algunas protestas al interior de los mencionados supermercados. En una tensa reunión, la empresa mantuvo su posición de rebajar remuneraciones y beneficios a los trabajadores sindicalizados. Todo eso constituye abuso. A ello se suma la negativa de la empresa a conversar y a dar una respuesta de por qué en horas de la noche está retirando mercadería de los supermercados de Puerto Montt, de La Unión y de Valdivia. Hoy está en riesgo la normalidad en la vida de más de trescientas familias sureñas. Por lo tanto, solicito la inmediata fiscalización a la empresa Bigger, por su reconocido maltrato contra los trabajadores de los señalados supermercados. Para dicha labor, pido oficiar a los inspectores provinciales del Trabajo de Valdivia y de Puerto Montt, y a la inspectora comunal del Trabajo de La Unión. Los trabajadores no están solos: acá muchos seguiremos luchando para que no se les despida ni se les quiten los beneficios que acordaron en su momento con la empresa, cuando esta tenía algo de humanidad. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. ANTECEDENTES SOBRE SUSPENSIÓN DE ASFALTADO DE RUTA COELEMU-RÁNQUIL (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal. La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señora Presidenta, solicito oficiar al director regional de Vialidad del Biobío y al seremi de Obras Públicas del Biobío debido a la suspensión de las obras de asfaltado del camino que une las comunas de Coelemu y de Ránquil, que tiene una extensión aproximada de 40 kilómetros. Dichas obras se detuvieron a consecuencia de observaciones técnicas que señalan que habría diferencias respecto de los estándares de calidad que exige la normativa vigente, los cuales no se estarían cumpliendo. Dado lo anterior, se observa la paralización de los trabajos en alrededor de 9 kilómetros. La pavimentación del camino que une Coelemu y Ránquil ha sido tremendamente esperada y muy requerida por los vecinos de ambas comunas. Por tanto, quiero que las autoridades fiscalizadoras mencionadas me informen respecto de las causas de la detención de la obra y del tiempo estimado de retraso para su concreción. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN RUTA 5 SUR, SECTOR SANTA TERESA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIOS) La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Asimismo, solicito oficiar al director regional de Vialidad del Biobío y en particular al ministro de Obras Públicas para que informen a la Cámara acerca de una demanda histórica de la comuna de San Carlos, en especial de los vecinos del sector Santa Teresa. Hace dos semanas, en el kilómetro 398 de la ruta 5 Sur murió otra persona al intentar cruzar la carretera. Es el mismo lugar donde se ha dilatado hasta hoy la construcción de una pasarela peatonal que se consideró en el contrato de concesión internacional ruta 5 tramo Chillán-Collipulli. Por esa razón, solicito al ministro de Obras Públicas que nos informe sobre qué avances ha habido para la construcción de esa y otras pasarelas comprometidas en el mencionado contrato. Así podremos dar una respuesta a los vecinos, que han esperado largamente dicha pasarela. Por último, hasta la fecha son diez las personas que han fallecido al intentar cruzar la ruta en el punto señalado. Hoy debemos lamentar una muerte más. Se trata de trabajadores, temporeros que no tienen otra forma de pasar de un lado a otro de la carretera. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN RUTA O-50, SECTOR LAS VEGAS, COMUNA DE YUMBEL, REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIO) La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Por último, solicito oficiar al director regional de Vialidad del Biobío para que me informe si en lo que respecta a la construcción de la ruta 0-50, que une Cabrero y Concepción, se considera la construcción una pasarela peatonal en el sector Las Vegas, comuna de Yumbel. De esa manera, podré informar correctamente sobre el particular a los vecinos del referido sector. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. INFORMACIÓN SOBRE BIENES FISCALES ENTREGADOS EN ÚLTIMO LUSTRO POR MINISTERIO DE BIENES NACIONALES EN REGIÓN DE O´HIGGINS (OFICIO) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señora Presidenta, solicito que se oficie al ministro de Bienes Nacionales para que remita a esta Corporación los antecedentes relativos a todos los bienes que se han entregado desde su cartera, a cualquier título, durante los últimos cinco años en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, especificando a quiénes y en qué comuna se han otorgado. Además, le pido al señor ministro que haga llegar a esta Cámara cualquier otro antecedente relevante en la materia. Por último, entregaré a la Secretaría toda la información de que dispongo sobre el particular. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. SALUDO CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DE DÍA NACIONAL DEL DIRIGENTE VECINAL Y COMUNITARIO (OFICIOS) El señor LETELIER.- Señora Presidenta, desde esta tribuna quiero saludar a todos los dirigentes sociales y comunitarios de Chile, porque el 7 de agosto de 1998 se instauró su día nacional. Ellos lo entregan todo a cambio de nada. Solo esperan que sus comunidades y sus barrios prosperen. Por ello, hago un reconocimiento al trabajo que a diario y de manera voluntaria realizan miles de hombres y mujeres a lo largo del país en beneficio de los barrios y de las comunidades. El 7 de agosto -es la fecha escogida para tal fin, porque la ley N° 16.880, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias se publicó el 7 de agosto de 1968- se conmemora el Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Todos los que nos encontramos en esta Sala somos testigos del inmenso trabajo que realizan esas mujeres y esos hombres a lo largo del país. Me pregunto cuántos miles de millones de pesos se ahorra el Estado con el trabajo que realizan esas personas, que tienen una tremenda vocación de servicio público y, sobre todo, amor por el prójimo, por sus vecinas y vecinos. El 7 de agosto es su día; pero hoy, desde este hemiciclo, los saludo en mi nombre y en el de esta Corporación. Pido oficiar a los dirigentes de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, con copia de este discurso que pronuncio en reconocimiento a su tarea. Sé que ningún parlamentario se restará de este homenaje y del saludo que hemos redactado con los diputados Enrique Jaramillo, Guillermo Ceroni y Daniel Farcas. Nadie paga el tiempo que estos dirigentes invierten en sus actividades vecinales. Muchas veces dejan de hacer sus cosas, como la huerta, alguna diligencia personal o de cumplir algún compromiso familiar, por servir a la comunidad. Por eso, expreso estas palabras de reconocimiento, con mucho cariño y respeto, para todas y todos los dirigentes sociales vecinales de nuestro país. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. EXPLICACIÓN SOBRE EXIGENCIA DE CONTAR CON TERRENO PROPIO A COMITÉS DE VIVIENDA QUE POSTULEN A SUBSIDIOS (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas. El señor FARCAS.- Señora Presidenta, en primer lugar, pido oficiar a la ministra de Vivienda, al intendente de la Región Metropolitana, al director nacional del Serviu y al seremi metropolitano de Vivienda, para solicitarles una explicación sobre los motivos para modificar el decreto supremo N° 49, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el fin de exigir a los comités de allegados que cuenten con un terreno propio para permitirles postular a los subsidios habitacionales, ya que, con esa fórmula, se hará muy difícil que esos comités puedan acceder a ese tipo de subsidios. Espero que la respuesta incluya una explicación concreta de cómo se subsanará este enorme problema para muchas familias. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. ACLARACIÓN SOBRE PLAZOS PARA TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PEDRO FONTOVA, EN CONCHALÍ (OFICIOS) El señor FARCAS.- Señora Presidenta, en segundo lugar, en relación con el parque Pedro Fontova, de la comuna de Conchalí, pido que se oficie al ministro del Interior y al intendente de la Región Metropolitana para que nos envíen una aclaración urgente acerca de los plazos en los cuales efectivamente se terminará su construcción, pues, según entiendo, debido a distintas circunstancias, el proyecto se encuentra actualmente detenido en el CORE. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. INFORMACIÓN ACERCA DE CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA DE BARÓN DE JURAS REALES (OFICIOS) El señor FARCAS.- Señora Presidenta, en tercer lugar, solicito que se oficie al ministro y al subsecretario de Obras Públicas, al intendente de la Región Metropolitana y al seremi metropolitano de Obras Públicas, para que nos aclaren cuál es el cronograma previsto para la construcción del colector de aguas lluvia de Barón de Juras Reales, en la comuna de Conchalí. Además, pido que copias de la respuesta a este oficio y al anterior se envíen al alcalde Carlos Sottolichio y a los integrantes del concejo de Conchalí, con el objeto de que estén enterados de los plazos considerados para estas importantes obras, que esperamos ver funcionando pronto en esa comuna. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN COMUNAS DE CONCHALÍ, HUECHURABA Y RENCA (OFICIOS) El señor FARCAS.- Señora Presidenta, en cuarto lugar, solicito reiterar el oficio mediante el cual solicité, al igual que hicieron otros diputados, que se nos informe acerca del cronograma de instalación de semáforos propuesto para las comunas de Huechuraba, Conchalí y Renca, por parte de los ministerios de Transportes, de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMACIÓN DE EXPROPIACIONES EN AVENIDA INDEPENDENCIA, COMUNA DE CONCHALÍ, PARA AMPLIACIÓN DE RED DEL METRO (OFICIOS) El señor FARCAS.- Señora Presidenta, finalmente, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones y a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que nos aclaren cuál es el cronograma específico que se ha considerado para realizar expropiaciones en avenida Independencia, en el tramo que corresponde a la comuna de Conchalí, ya que los vecinos aún permanecen en la incertidumbre. Solicito que, además, se envíe copia del oficio al presidente de Metro S.A., a fin de que ojalá nos envíen una pronta respuesta que pueda dar tranquilidad a esas familias, que se encuentran en situación de angustia. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los colegas que están levantando la mano. INFORMACIÓN SOBRE RAZONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PARA NO DEDUCIR QUERELLAS POR DELITOS TRIBUTARIOS (OFICIO) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité Partido Comunista, tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señora Presidenta, en primer lugar, solicito que se oficie al director del Servicio de Impuestos Internos, a fin de que nos entregue las razones por las que no ha presentado o no ha deducido las denuncias o querellas que corresponda por los delitos de fraude tributario en los casos de las empresas Penta y SQM. En este Parlamento se ha discutido en cuanto a ampliar al legitimado activo para presentar acciones, denuncias o querellas por los delitos de evasión tributaria, y se ha dicho categóricamente que no corresponde que se mantenga esa facultad en el Servicio de Impuestos Internos. Según mi entender, no cabe duda de que en estos casos dicho servicio no está haciendo lo que debe. Hace unos días se rechazó una formalización precisamente por faltar la necesaria querella del Servicio de Impuestos Internos, y ayer los representantes de dicho servicio no se presentaron a alegar en la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa que se sigue contra Jovino Novoa, a la audiencia en que se revisaría la posibilidad de cambiar la medida cautelar de arresto domiciliario por la de firma quincenal. A todos los intervinientes les extrañó que no estuviese presente el Servicio de Impuestos Internos. Creo que estamos ante una conducta que nosotros, como fiscalizadores, debemos representar. Por eso, exijo que el Servicio de Impuestos Internos nos señale cuáles son las razones que tuvo para no presentarse a alegar en la audiencia de ayer, en el caso contra Jovino Novoa, y que nos explique las razones que tiene o lo motivan para no deducir las denuncias o querellas necesarias para investigar los delitos tributarios, sobre todo cuando corresponde hacerlo, pues se trata de personas con influencia y poder que hasta hoy no aparecen vinculadas a los procesos de Penta y SQM. Es indispensable que la ciudadanía conozca las razones de estas decisiones. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. EXPLICACIÓN SOBRE MOTIVOS PARA NO ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ (OFICIOS) El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- En segundo lugar, señora Presidenta, pido que se oficie a la ministra del Deporte, a la ministra de Vivienda, al ministro secretario general de Gobierno, a la ministra del Trabajo y al vicepresidente ejecutivo de la Corfo, a fin de que nos expliquen por qué no toman las medidas administrativas que corresponde adoptar en los casos de los funcionarios de su respectiva dependencia, en la Región de Tarapacá, involucrados en casos muy bullados y de connotación pública, al menos en mi región, denunciados a través de una seguidilla de mensajes enviados por WhatsApp. Hoy se publicaron más mensajes por WhatsApp en los que aparece cuestionada la probidad pública de una serie de funcionarios de esas instituciones, quienes gestionarían bienes del Estado para entregárselos a organizaciones privadas, de manera irregular, ilícita e indebida, faltando así al principio de probidad. Estos mensajes por WhatsApp dan cuenta suficiente de lo que está ocurriendo en mi región y de una carencia total de respeto a la normativa legal vigente y de probidad pública. Creo que las autoridades mencionadas deben explicar a esta Corporación por qué no se instruyen los sumarios respectivos, no obstante saber a ciencia cierta de las faltas a la probidad de esos funcionarios en la Región de Tarapacá, que continúan vulnerando la legislación vigente. Es necesario que nos digan por qué siguen amparando o respaldando a esos funcionarios de mi región, quienes, sin duda, están atropellando, menoscabando a sus respectivos servicios públicos y siendo carentes de lo mínimo que se les pide: que privilegien siempre el interés general sobre el interés particular. Eso, lamentablemente, en mi región no se ve, como lo demuestran los mensajes por WhatsApp que conocimos ayer o anteayer, que dan cuenta de las ilicitudes cometidas por esos funcionarios públicos. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. PREOCUPACIÓN POR FALTA DE APOYO PARA SELECCIÓN NACIONAL DE BALONCESTO SUB-17 (OFICIO) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señora Presidenta, solicito que se oficie a la ministra del Deporte para expresarle mi preocupación y desazón, así como la de una decena de familias de entre Temuco y Puerto Montt, particularmente las de cuatro jóvenes de mi Región de Los Ríos, por los hechos que a continuación relataré: En septiembre, nuestro país será representado por el seleccionado nacional juvenil masculino sub-17 en el campeonato sudamericano de basquetbol FIBA que se disputará en Argentina, campeonato que otorga los tres cupos sudamericanos para participar en el mundial de la especialidad, que se realizará en 2016. El seleccionado nacional, dirigido por el técnico Manuel Córdova, está integrado por 12 jóvenes, de entre 15 y 16 años, ocho de los cuales viven de Temuco al sur y cuatro son específicamente de la ciudad de Valdivia. Esta es una de las generaciones más prometedoras del baloncesto nacional de los últimos años. De hecho, dos de sus jugadores fueron reconocidos dentro de los mejores de la liga mundial el año pasado, lo que debiera llenarnos de orgullo, pero que pocos saben, porque no se divulga por la televisión. Cuento corto: esos jóvenes debían asistir este mes a San Juan de Puerto Rico a disputar una ronda de partidos amistosos de entrenamiento, en el marco del convenio preparatorio suscrito entre la Federación de Basquetbol de Chile y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. ¿Por qué a Puerto Rico? Porque según el ranking FIBA, el básquetbol de ese país está dentro de los cinco mejores del mundo, muy por arriba del de otros países que históricamente han estado entre los mejores, como Italia, Argentina y Canadá. Sin embargo, dicho viaje, con convenio firmado y fechas establecidas, no se ha podido concretar por falta de apoyo económico. Por tanto, pido el respaldo de mis colegas para exponer esta situación a la ministra del Deporte, a fin de que estudie el caso y vea si aún existe alguna esperanza de apoyar a estas promesas del deporte de excelencia. Uno ve con impotencia cómo a veces se derrochan recursos en otras disciplinas, como el fútbol, que nos viene a dar una satisfacción cada cien años, y que no se hace lo mismo con los exponentes de otros deportes, que nos dan medallas y lugares en los podios mundiales a cada rato. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL POR INSTALACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PASO EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señora Presidenta, la portada de la edición de hoy del diario El Austral de Temuco dice: “Energía: sector privado busca invertir US$ 3.483 millones en la Región”. Y en la bajada de título agrega: “Proyectos. Carpeta de iniciativas que se encuentran en trámite comprende 27 centrales hidroeléctricas, 10 parques eólicos y 3 termoeléctricas de biomasa.”. Pues bien, las centrales hidroeléctricas generan una situación bastante compleja, particularmente por la oposición de la ciudadanía al impacto ambiental que producen, en especial por la tala de bosque nativo y por el uso de agua que finalmente se destina al consumo humano. Dentro de los cuarenta proyectos que incluye la carpeta para la región, 27 son los que causarán mayor impacto, entre los que destacan los que se han planificado para Angol, por el caso del río Picoiquén; Collipulli, con hidroeléctrica Agua Viva; uno en Vilcún, siete en Melipeuco, uno en Pitrufquén y Freire, dos en Cunco, uno en Pucón, cinco en Curarrehue y seis en Curacautín. Solicito que se oficie a los seremis de Energía y del Medio Ambiente de la Región de La Araucanía, a fin de que informen qué impacto medioambiental pueden causar las centrales hidroeléctricas de paso que se incluyen en esa carpeta de proyectos, en especial en relación con la tala de bosque nativo, la afectación de la flora y fauna y lo que pueda ocurrir con el agua que posteriormente es destinada al consumo humano. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE CANASTA DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS AUGE/GES PARA COMBATIR ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA MEDIDA (OFICIO) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En el tiempo que queda de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señora Presidenta, agradezco a la bancada de Renovación Nacional que me haya cedido estos minutos. Hace pocos días, la agrupación que reúne a quienes padecen esclerosis múltiple nos informó que el decreto AUGE que rige la canasta de medicamentos garantizados para esa enfermedad fue modificado, que se sacaron de la canasta los dos remedios de más alto costo y que más se necesitan, y que hay otros de mucho menor calidad, lo que generará un impacto importante entre quienes sufren la enfermedad y necesitan esa ayuda. Dicha modificación no se condice con la aprobación de la “ley Ricarte Soto” en este Parlamento, por lo que solicito que se oficie a la ministra de Salud para que nos informe por qué se sacaron esos dos medicamentos y para que reevalúe la medida y los repongan a la brevedad como parte de la canasta de medicamentos garantizados. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INTERVENCIÓN A SERVICIO CLÍNICO DE URGENCIA AVANZADA DE CONCHALÍ POR IRREGULARIDADES EN SU FUNCIONAMIENTO (OFICIOS) La señora RUBILAR (doña Karla).- Señora Presidenta, por otra parte, solicito que se oficie a la ministra de Salud y al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte para que intervengan el Scuac 24 horas de la comuna de Conchalí. Dicho servicio, que fue creado durante la administración alcaldicia anterior como un sistema de alta resolutividad, es uno de los ejemplos que utiliza la Presidenta Michelle Bachelet para azuzar la creación de este tipo de centros. Si bien se inauguró con pabellón de rayos, pabellón de yeso, telemedicina, camas de hospitalización domiciliaria, etcétera, lamentablemente ahora está funcionando a media máquina, no tiene los recursos que debiera y, al parecer, por denuncias de vecinos, en él se estarían cometiendo negligencias médicas y brindando una muy mala atención, lo que llevó a que muchas familias del sector protestaran durante las últimas semanas. Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Salud y al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte para que intervengan el Scuac 24 horas mencionado. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. EXPLICACIÓN POR NO ENTREGA DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS A CESANTES CON VIH A CAUSA DE NO PAGO DE COTIZACIÓN DE SALUD (OFICIO) La señora RUBILAR (doña Karla).- Asimismo, señora Presidenta, solicito que se oficie al director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para que nos informe por qué a pacientes contagiados con VIH que deben acceder a la terapia antirretroviral, pero que han quedado cesantes, con el consiguiente no pago de sus cotizaciones, no se les cubre este tratamiento, que es universal y garantizado. Hoy se les está enviando a hacer trámites para solucionar su problema; pero mientras eso ocurre, no se les entregan sus medicamentos. Eso me parece completamente inaceptable. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE DEUDA DE CENABAST CON LABORATORIOS (OFICIO) La señora RUBILAR (doña Karla).- Por otra parte, señora Presidenta, pero vinculado con lo anterior, solicito que se oficie al director de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) para que nos informe sobre el nivel de deuda que mantiene esa institución con diferentes laboratorios, lo que le impide acceder a los medicamentos para la terapia antirretroviral, así como a los medicamentos para tratamientos de alta y baja complejidad en materia de fertilidad, que es una petición especial que me planteó la agrupación Queremos Ser Padres. Respecto de los primeros, por ejemplo, muchos hospitales están entregando los medicamentos de manera bastante segmentada, por un mes, incluso por 15 días, lo que demuestra que no tienen acceso a los medicamentos por la existencia de deudas. Por lo tanto, quiero que me informen a cuánto asciende la deuda de la Cenabast. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. ESTUDIO A FIN DE FACULTAR A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA CONDONAR DEUDAS POR CONTRIBUCIONES DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE ALTO COSTO (OFICIO) La señora RUBILAR (doña Karla).- Finalmente, señora Presidenta, solicito que se oficie al ministro de Hacienda para que nos informe acerca de la posibilidad de generar alguna disposición normativa, similar a la que se promulgó respecto de los adultos mayores, para beneficiar a los pacientes que padecen enfermedades de alto costo, de modo que la Tesorería General de la República tenga la facultad de condonar, total o parcialmente, las deudas que mantengan por concepto de no pago del impuesto territorial, conocido como “contribuciones”. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.37 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. VIII. ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES -Se abrió la sesión a las 13.22 horas. El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. SOLICITUD DE REUNIÓN DE LOS PEQUEÑOS OLIVICULTORES DE VALLE DEL HUASCO CON AUTORIDADES PARA ANALIZAR CONTAMINACIÓN DE ESA ZONA (OFICIOS) El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, una cantidad importante de olivicultores del valle del Huasco han planteado un problema no menor para la zona, el cual ya se ha tocado en otras ocasiones. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) está en deuda respecto de esa situación, pues no hace bien su trabajo desde hace bastante tiempo, por lo que el Ministerio de Agricultura debe tomar cartas en este asunto de una vez por todas. El director del SAG no ha sido suficientemente activo en la Región de Atacama para responder ante una situación que ya lleva varios años. Los pequeños agricultores de la provincia de Huasco han enviado una carta a la seremi del Medio Ambiente, de la cual me hago partícipe, y también a distintos actores. El problema es que los agricultores de olivos del valle del Huasco mantienen un conflicto histórico con la Compañía Minera del Pacífico (CMP), dado que, para decirlo en forma clara, culpan a esa compañía por la baja producción de olivas de sus huertos, debido a la contaminación de los olivos. De hecho, el Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) realizó estudios que demostraron que las aceitunas del Huasco que se producen más cerca de la costa, donde está la planta que produce pellets de hierro, tenían mayor cantidad de ese mineral que las que se dan más al interior del valle, lo que determina claramente que la contaminación se debe a la actividad de la Compañía Minera del Pacífico. El SAG debe cautelar que no se produzca ese tipo de situaciones y apoyar a los pequeños olivicultores de la zona, pero no lo ha hecho. Tampoco se ha preocupado del tema la actual administración nacional del SAG. El ministro de Agricultura debiera observar cómo está actuando el Servicio Agrícola y Ganadero, cómo se están utilizando sus recursos, cómo está trabajando su personal, porque me parece que lo está haciendo mal. Además, dicho secretario de Estado debiera evaluar cómo está trabajando el director del servicio, a quien él mismo nombró. Los agricultores plantean que la contaminación de sus olivos afecta a su producción, que es realmente escasa. Han hecho de todo para revertir la situación; incluso, han aplicado todas las recomendaciones que les han hecho los técnicos para mejorar las condiciones de sus olivos, como lavar sus árboles ¿Por qué tendrían que lavarlos si no es por la contaminación que produce la mencionada compañía? Ya que les han recomendado a los agricultores que laven los olivos, sugiero que la CMP apoye esa labor, ya que sus actividades están contaminando el valle. Los olivicultores le han planteado a la seremi del Medio Ambiente que se reúna con ellos para tratar in extenso el tema de la contaminación. Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Salud, a los ministros de Agricultura y del Medio Ambiente, al intendente de la Región de Atacama, al director del SAG y a las autoridades de la Corfo y de Sercotec, con el objeto de que se reúnan con los olivicultores para tratar en terreno los problemas de contaminación. Además solicito que se instruyan protocolos que impidan que continúe la contaminación, que los trenes que pasan a metros de las casas de los habitantes de Freirina y de Huasco lleven sus cargas herméticamente tapadas y que haya una actitud más proactiva respecto del tema que los agricultores están planteando. Todos los años baja la producción de los olivicultores de la zona. Me parece inaceptable que esto siga ocurriendo, sobre todo porque vemos poca proactividad de las autoridades que deben actuar en ese sentido. Pondré a disposición de la Secretaría la mencionada carta, para que envíe copias a los ministros señalados. También solicito que se envíe copia de mi intervención a todas las personas que firman dicha carta, a fin de que estén al tanto de las acciones que estamos emprendiendo en términos de fiscalización. He dicho. El señor MEZA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.28 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, JARPA, JIMÉNEZ, MEZA, ROBLES Y SILBER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE PERMISO POR ENFERMEDAD GRAVE DEL HIJO MENOR DE EDAD.”. (BOLETÍN N° 10235-13) “Vistos: Lo dispuesto en los Artículos 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: 1.- El Código del Trabajo en su artículo 199 bis regula en términos generales, los casos en que un trabajador o trabajadora requiera pedir permiso a causa de una enfermedad o accidente grave que afecte la salud de su hijo menor de 18 años. 2.- El artículo 199 bis señala en sus incisos 1° y 2°: “Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres con motivo de un accidente grave o de una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de muerte, la madre trabajadora tendrá derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección de ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales. Dichas circunstancias del accidente o enfermedad deberán ser acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del menor. Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del referido permiso. Con todo, dicho permiso se otorgará al padre que tuviere la tuición del menor por sentencia judicial o cuando la madre hubiere fallecido o estuviese imposibilitada de hacer uso de él por cualquier causa. A falta de ambos, a quien acredite su tuición o cuidado”. 3.- El artículo es enfático en indicar que el permiso es otorgado a la madre trabajadora, sin considerar lo dicho inicialmente al señalar: “Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres (…)”. 4.- La contradicción mencionada se salvaría indicando que en el caso que ambos padres trabajen, pueda hacer uso del permiso, cualquiera de ellos a elección de la madre, lo que a nuestro entender es discutible, ya que aún así se genera desigualdad, considerando que ante tales circunstancias, no solo se requiere la presencia de uno de los padres, sino que de ambos, ello en relación al apego que debiera existir respecto de los hijos por parte de la madre y también del padre; y de las múltiples acciones que deben llevarse a cabo cuando se dan las circunstancias que regula la norma. 5.- Pensemos en el caso de que un hijo padezca una enfermedad terminal, mientras uno de los padres está al pendiente y al cuidado del menor, podría requerirse la presencia del otro padre para llevar a cabo trámites administrativos o para estar al cuidado de otros miembros de la familia, o simplemente que quisiera estar cumpliendo su rol parental en las eventuales últimas horas de vida del hijo. 6.- La norma tampoco regula el caso en que el padre sea el único miembro de la familia que trabaja y que la madre no trabajadora deba estar al cuidado de otros hijos menores que requieren asimismo de su presencia, o en el caso que sea necesario el traslado del hijo que padece la enfermedad a otra ciudad. 7.- En los términos que está redactada la norma, se subentiende que ambos padres viven juntos, y que en caso que ambos trabajen existe un acuerdo para que la madre adopte la decisión de que sea el padre el que haga uso del permiso, pero que pasa en los casos en que los padres vivan separados, que no tengan relación entre ellos, o que incluso exista una mala relación, la madre ocupa el permiso y el padre aún cuando tenga todo el intereses y el derecho de participar del cuidado del hijo en circunstancias tan extremas como las mencionadas, no pueda hacerlo por no permitírselo la ley. 8.- Tampoco se hace mención a la posibilidad de que los padres puedan compartir el permiso y turnarse para estar al pendiente del hijo, pues la norma señala que será la madre la que use del permiso o el padre, a elección de la madre, no que ambos puedan usar parte de los días de permiso, como pudiera asimismo darse. 9.- En fin, son infinitas las posibilidades con las que cada familia puede arreglarse para poder cubrir las necesidades de un hijo que padezca una enfermedad grave o haya sufrido un accidente donde peligre su vida, y que no están cubiertas por este artículo, por el hecho de darle solo a la madre la posibilidad de hacer uso del permiso o elegir entre ella y el padre para ocupar las horas que permite la ley. 10.- Relacionado con el tema expuesto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, a través de su Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos de desarrollo del milenio, en materia de cuidado infantil y licencias parentales ha mencionado: “Que las políticas de cuidado de la primera infancia deben enmarcarse en un enfoque que integre los derechos de los niños, la igualdad de género y la inclusión social de las familias. Es necesario imbricar prestadores diversos que incluyen a la familia, al Estado, al mercado y a la sociedad civil”. 11.- El mismo informe hace referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en 1990, la que establece en su artículo 18, incisos 1, 2 y 3, que: el Estado debe garantizar “el reconocimiento del principio que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño”. Se afirma que los Estados prestarán asistencia a los padres y representantes legales, para el desempeño de sus funciones en relación con la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado. Además “adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños”. 12.- Por su parte la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer explicita que los derechos de las trabajadoras deben ser protegidos ante potenciales discriminaciones originadas por la maternidad: los Estados deben prohibir y sancionar todo tipo de prácticas discriminatorias e implementar licencias pagas, prestación de servicios de cuidado y otras medidas que permitan combinar las responsabilidades laborales y familiares de los padres. La Convención señala que hombres y mujeres deben compartir las responsabilidades domésticas y de crianza (artículo 11, inciso 2). 12.- En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) se establece, en el artículo 10, que los Estados deben brindar protección y asistencia a las familias para el cuidado y educación de los hijos. 13.- El Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce implícitamente la responsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo de cuidado, para garantizar que cualquiera sea el tipo de empleo, se integren al mercado en condiciones de igualdad con aquellos que no tienen esas responsabilidades. 14.- Por otro lado existen los derechos del niño hospitalizado, que sin estar regulados formalmente, son una carta de navegación consuetudinaria en los recintos hospitalarios. Entre ellos se encuentra el derecho de estar acompañado por sus padres, el máximo de tiempo posible durante su permanencia en el hospital, no como expectadores pasivos sino como elementos activos de la vida hospitalaria, lo que se materializa en la extensión de las horas de visita y el hecho de que los padres puedan acompañar a los menores durante la noche en algunos casos, todas medidas que ayudan a disminuir el estrés que produce en los niños el hecho de estar fuera de su casa. 15.- Por último cabe hacer presente que en nuestro país desde el año 2013 se regula el cuidado personal compartido de los padres respecto de los hijos menores, a través de la dictación de la Ley 20.680 considerando la posibilidad en que si los padres viven separados, ambos puedan ejercer el cuidado personal del hijo o hija. En este sentido el cuidado personal se entiende como: el derecho y el deber ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados, de acaparar; defender y cuidar la persona del hijo o hija menor de edad y participar activamente en su crianza y educación. Misma corresponsabilidad debiera existir respecto del cuidado de los hijos en los casos señalados en el artículo 199 bis antes expuesto. 16.- En atención a todo lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo Único: Modifíquese el artículo 199 bis del Código del Trabajo en el siguiente sentido: 1.- Reemplácese en el inciso 1° la frase “la madre trabajadora tendrá” por “el padre y la madre trabajadora tendrán”; 2.- Reemplácese el inciso 2° por el siguiente inciso 2° nuevo: “En caso que uno o ambos padres se encuentren inhabilitados por sentencia judicial, o estuvieren imposibilitados por cualquier causa, el permiso le corresponderá al otro padre o a quien ejerza el cuidado personal del menor”.