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Señor Presidente, por otra parte, quiero dar a conocer la situación que desde principios de la década de los 80 afecta a los vecinos de la villa Tokio II, de la comuna de La Florida, quienes, reunidos en una cooperativa de ahorro, postularon a un subsidio estatal y lograron comprar los terrenos en los que, con recursos del BancoEstado, posteriormente construyeron sus viviendas.
La casa piloto consideraba dos pisos, lo que elevaba el valor de la propiedad. Sin embargo, el segundo piso jamás se concretó, de manera que solo se construyeron viviendas de un piso, pero terminaron pagando el valor de una vivienda de dos pisos.
Posteriormente, la constructora se declaró en quiebra y la misma comunidad tuvo que asumir los costos para concluir los trabajos y finiquitar las gestiones municipales.
Las viviendas constaban de 51 metros cuadrados construidos, con baño y cocina incompletos, sin protecciones y con muchas precariedades.
Debido al alza de la UF en 1982, los vecinos comenzaron a pagar 7,5 UF, situación que les imposibilitó cumplir con sus compromisos comerciales y les provocó una deuda considerable. A mediados de esa década, varias viviendas fueron rematadas.
Debido a ese problema, que se mantuvo en los años siguientes, durante el gobierno del Presidente Aylwin se dictó la ley N° 19.003, cuya finalidad fue establecer mecanismos para extinguir la deuda de aquellos beneficiarios que se hubieran visto imposibilitados de pagar el dividendo correspondiente con el 25 por ciento de sus ingresos, por el deterioro de sus entradas familiares o por privación de ellas, o que la propiedad hipotecada hubiera disminuido su valor a menos del saldo de la deuda, más otros requisitos, todo lo cual no surtió el efecto esperado.
El BancoEstado hizo un cálculo de la deuda, para lo cual se generó una comisión de arquitectos que retasó las propiedades. En 1991, dicha deuda era de aproximadamente 300 UF.
Con todo, después de 32 años de haber comprado los terrenos y sus viviendas con los ahorros de la cooperativa, más el subsidio estatal, los vecinos aún continúan pagando.
En la actualidad, el problema afecta a 290 viviendas, cuyos propietarios, a estas alturas, son adultos mayores, muchos de los cuales han fallecido con la angustia de una deuda de tres décadas que nunca pudieron pagar.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que me informe sobre el estado del problema que aqueja a esos pobladores.
Asimismo, le solicito que acuerde una reunión con los afectados, para que estos sean escuchados y se encuentre una solución conjunta a un problema que se arrastra por muchos años.
He dicho.
"
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