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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Daniel Melo.
El señor MELO.-
Señor Presidente, con especial orgullo, votaré favorablemente esta iniciativa, pues constituye una de las más sentidas demandas a nuestro Estado, no solo por parte de las organizaciones de derechos humanos, sino también por académicos, expertos en la materia y por la comunidad internacional.
Tan inusual consenso se expresa, ni más ni menos, en la exigencia de que el Estado chileno cierre 35 años de vacíos institucionales y se acabe la ausencia de una política pública coherente que amerite el nombre de tal en materia de derechos humanos.
En efecto, desde que la actual Carta Fundamental fuera impuesta a sangre y fuego a los chilenos y chilenas, y después de todas las reformas estéticas que se le han realizado, jamás hubo un organismo público que se hiciera cargo, de forma unificada, coordinada y con la potestad de dictar políticas generales y obligatorias, del tratamiento de los derechos humanos en nuestro país.
Pese a la inmensidad de la tragedia sufrida por un pueblo que aún llora la pérdida o desaparición de miles de sus hijos e hijas a manos de la furia asesina de la oligarquía chilena y de los militares, ha tenido que ser el Parlamento el que ponga fin a cuatro años de discusiones, que se han dado en dos gobiernos, y se sancione esencialmente lo siguiente:
1) Que el Ministerio de Justicia pase a ser denominado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
2) Que esa cartera cuente con facultades para asistir al Presidente de la República en materias relacionadas con los derechos humanos y proponga las reformas a la normativa interna que considere necesarias.
3) Que se cree la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya función será prestar asesoría y colaboración al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la elaboración de programas, decisiones y planes relativos a la promoción y protección de los derechos humanos.
No quiero desaprovechar esta ocasión para rendir un sincero homenaje a todas las personas que trabajan y han trabajado tanto en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ambas instituciones han devenido, junto al incansable trabajo de las organizaciones de familiares de nuestros caídos, en luces dignas que brillan con especial nitidez y belleza contra el fondo oscuro de la impunidad y la vil justicia en la medida de lo posible, que nos ha emporcado el alma en estos veinticinco años de democracia sin verdad.
Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Derechos Humanos que se crea les bastará tomar nota de las sentidas palabras y reflexiones manifestadas por mis colegas en este hemiciclo.
Además, quiero reconocer a las distintas organizaciones de derechos humanos, en especial a Nido 20, que funciona hoy en el ex centro de torturas ubicado en el paradero 21 de la Gran Avenida, comuna de La Cisterna; en especial a don Juan Espina y a toda la dirigencia, quienes con su ejemplo de mantener viva la memoria y el recuerdo de muchos, han sido, por sobre todo, una luz de esperanza para quienes nunca cejaron ni bajaron sus manos, por inmensa que fuera la pena que cargaran, para exigir al Estado chileno que creara esta institucionalidad tan necesaria para diseñar e implementar una política pública expresada en normas, planes y programas concretos respecto de los derechos humanos.
Para concluir, encomiendo a la nueva subsecretaría que, a modo de primerísima tarea, presente un proyecto de ley que obligue, bajo pena de cárcel y degradación, a los funcionarios de las Fuerzas Armadas a que entreguen toda la información sobre el destino y paradero de quienes se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos o detenidas desaparecidas, y que logre el levantamiento del secreto que pesa sobre la información de que dispuso la Comisión Valech.
Verdad y justicia; nada más, pero tampoco nada menos.
He dicho.
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