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La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a la ministras Javiera Blanco y Ximena Rincón.
Valoro profundamente el proyecto que hoy discutimos en la Sala -lo más probable es que lo aprobemos por unanimidad-, que se encuentra en segundo trámite constitucional y se originó en un mensaje de la administración anterior.
Creo que la iniciativa saldará mínimamente la deuda que tenemos en materia de derechos humanos en Chile. Al respecto, siempre he sostenido que en esa materia arrastramos una deuda tremenda.
En un programa de televisión me hablaron de los gobiernos de la Concertación, de la Nueva Mayoría, de la deuda en esta materia. Les manifesté que para mí no era fácil hablar del tema, porque, debido a que en ese entonces estuve fuera del país, no viví la transición ni la justicia “en la medida de lo posible”.
Imagino que las presiones eran tremendas al tener al dictador Pinochet a cargo de las Fuerzas Armadas. No debe de haber sido fácil.
Por lo tanto, dije que no criticaría esa etapa, pero, por supuesto, la veo en forma negativa. Sin embargo, como digo, no quiero meterme en el fondo de ello.
Además, yo decía que hay una deuda no solo política, sino también de los tribunales de justicia, que no hicieron su pega cuando tenían que hacerla, y que hoy, en plena democracia, siguen sin llevarla a cabo. En efecto, hoy, mientras nos encontramos discutiendo y seguramente aprobaremos este proyecto de ley, la Tercera Sala de la Corte Suprema, por esas mayorías circunstanciales que a veces existen, acaba de otorgar la libertad a uno de los autores de crímenes que figuran entre los más horribles que han ocurrido en nuestro país: los del denominado “caso degollados”.
También hay una deuda de la sociedad, porque la dictadura fue cívico-militar. Sin cuestionar a muchos colegas que hoy son parlamentarios acá o en el Senado, les recuerdo que llegaron al Congreso Nacional con votos de la ciudadanía, no obstante haber sido parte de la dictadura. O sea, ni siquiera ha habido un castigo social.
Hace poco veíamos a un senador al que un ciudadano común y corriente lo filmó y lo cuestionó en un aeropuerto. Sin meterme en el fondo de lo que ahí ocurre -por qué lo cuestionó-, lo cierto es que nunca les ha ocurrido algo así a los asesinos de la dictadura. Hace un tiempo uno de ellos, creo que era Odlanier Mena , andaba paseándose por el Parque Arauco libremente, sin recibir ningún cuestionamiento.
Uno de los asesinos de mi padre vive en Arica. Tampoco ha recibido cuestionamientos de la ciudadanía. Y lo más probable es que Alejandro Sáez, condenado a presidio perpetuo en el “caso degollados”, pero que hoy salió en libertad condicional, podrá transitar libremente por nuestras calles.
Entonces, también hay culpa de nuestra sociedad en su conjunto, porque no hemos sido capaces de saldar esa deuda. ¿Por qué lo digo? Porque, en ese contexto, me parece que la creación de esta subsecretaría es lo mínimo que estamos haciendo.
Hace un tiempo nos costó mucho aprobar la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que aunque ha sido cuestionado por muchos, ha cumplido un tremendo rol.
Esta subsecretaría tiene que complementar lo que ha hecho ese instituto, aunque se trata de un organismo completamente autónomo. Deberá hacer un trabajo similar, y quizás aun mayor, porque tendrá que encargarse de promover los derechos humanos, para lo cual deberá llegar a los colegios, a nuestros jóvenes para que se entienda lo que es el respeto a los derechos fundamentales de cada persona; el respeto a su ideología, a su religión, a su color o raza, a su orientación sexual, a todo. Ese respeto debe ser fundamental en nuestra sociedad. Por supuesto, también deberá encargarse de que exista verdad y justicia, que será el único camino que nos permitirá sanar el alma de nuestro país.
Mucho se discutió en este proyecto de ley sobre la posibilidad de que incorporáramos un organismo permanente de calificación de casos de torturados y presos políticos. No lo logramos, pues siempre estuvo presente el problema de los recursos. Hay recursos para todo, pero para esto siempre faltan. Ojalá lo podamos incorporar en el futuro, porque hay personas que han sufrido las atrocidades más grandes y todavía están esperando el reconocimiento estatal, que aún no han recibido porque los encargados no supieron o no pudieron calificar sus casos.
Por eso, valoro profundamente la iniciativa en discusión, porque la promoción de los derechos humanos es fundamental para nuestra sociedad, para que nos aprendamos a respetar entre todos, en especial los jóvenes, para que nunca más vuelva a ocurrir la tragedia que nos tocó vivir durante 17 años.
Nuestros jóvenes tienen que conocer lo ocurrido; debe quedar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y no con ánimo de venganza, sino, reitero, de que se conozca lo que ocurrió y, de esa manera, seamos capaces de comprometernos todos, como sociedad, para que nunca más se repita.
La historia se puede repetir, y puede ser al revés. No quiero que en veinte, treinta, cuarenta años más se empiece a matar a gente de derecha porque piensa en forma diferente a la mía.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiempo, señor diputado.
El señor JIMÉNEZ.-
Termino enseguida, señora Presidenta.
Por lo tanto, la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene que adquirir ese compromiso. Entre todas las facultades que tendrá, la principal, en mi opinión, es la relacionada con la promoción de los derechos humanos entre nuestros jóvenes; porque hay una gran diferencia, que algunos de nuestros colegas no quieren o no pueden entender, entre las violaciones a los derechos humanos que se ejecutan…
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiempo, señor diputado. Por favor termine, pues solo nos quedan cinco minutos.
El señor JIMÉNEZ.-
…como política de Estado y la comisión de delitos de terrorismo político o delitos comunes.
Esa es una gran diferencia que, por favor, tiene que entenderse de una vez por todas.
He dicho.
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