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El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , a raíz de que no asistiré a esta Corporación la próxima semana, oportunidad en que se va a tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar antecedentes sobre intervención electoral, deseo manifestar anticipadamente mi opinión respecto de sus conclusiones, porque no tengo otra oportunidad para hacerlo.
En primer lugar, quiero señalar que los diputados de la Democracia Cristiana, conjuntamente con los de la Concertación, contribuimos y facilitamos la labor y el desempeño de la tarea investigadora de la Comisión, ya que tuvimos permanentemente la disposición de facilitar a quien la presidía, un miembro de la oposición, los medios y los instrumentos necesarios para que se hicieran las investigaciones a cabalidad y con la mayor profundidad que ameritaban.
Debo resaltar que si se comparan las conclusiones de mayoría con las de minoría -estas últimas figuran en el anexo N° 8 del informe preparado por la Comisión- se podrá comprobar que muchas de ellas son coincidentes.
Además, es importante señalar que ningún antecedente entregado en la Comisión acredita el desvío de fondos de los programas de generación de empleo a la campaña presidencial de la señora Michelle Bachelet Jeria. Por consiguiente, resulta antojadiza la afirmación que hace la Alianza en su propuesta de informe al señalar que activistas políticos fueron financiados con fondos de los PGE en acciones de la campaña de Michelle Bachelet.
Los informes de mayoría y de minoría coinciden en señalar que tampoco se constataron desvíos de fondos a campañas parlamentarias de candidatos democratacristianos en la Quinta Región. También coinciden en establecer como causa de los desvíos de fondos la ausencia de mecanismos de control y de fiscalización por la intendencia, los cuales desaparecieron al no funcionar el Comité Proempleo que se organizó bajo la administración del intendente Raúl Allard. Si bien la creación y organización de dicho comité estuvo contemplada desde 2001 en adelante, a partir de 2003 no funcionó, particularmente en la administración de los intendentes señores Núñez y Guastavino.
Ambos informes también coinciden en responsabilizar políticamente al intendente, quien, a nuestro juicio, no actuó con el cuidado y la diligencia que la materia ameritaba, y que aun las personas negligentes y de poca prudencia emplean en el manejo de sus negocios. Así lo establecen los informes de la Comisión y de la minoría.
Por último, ambos informes coinciden en que sí hubo desvíos de fondos a algunas campañas parlamentarias, con el fin de contratar a activistas para acciones proselitistas. En nuestra opinión, corresponde a la justicia determinar quiénes se beneficiaron de ello y los grados de responsabilidad penal y de participación que los funcionarios públicos, activistas o parlamentarios pudieron tener en los hechos.
Hay otras conclusiones del informe que merecen ser resaltadas. La Comisión, por unanimidad, condenó y deploró lo sucedido con los programas de generación de empleo en la Quinta Región y solicitó que se aplique el máximo de rigor en el castigo de quienes resulten sindicados como culpables, especialmente si se trata de funcionarios públicos.
Asimismo, en su informe de mayoría, la Comisión hace un llamado a colaborar con la acción del Ministerio Público, al cual compete esclarecer los hechos, determinar los delitos cometidos y procesar a los culpables, allegando antecedentes o poniéndose a su disposición, cualquiera sea la condición o fuero, de manera de agilizar las investigaciones y resolver a la mayor brevedad la situación procesal de los involucrados.
La presunción del Ministerio Público de que algunos colegas parlamentarios pudieran haber estado involucrados o comprometidos en la gestación y desarrollo de los programas de generación de empleo, debe transparentarse de la mejor forma posible, de manera que la conducta de ellos no ponga en riesgo la credibilidad del Congreso Nacional.
La otra conclusión la Comisión considera que es necesario extremar los controles y la fiscalización del uso e inversión de cualquier fondo público, especialmente cuando ellos están destinados a personas de escasos recursos y de notoria precariedad social, con el fin de asegurar debidamente que lleguen a sus destinatarios.
Los diputados democratacristianos que participamos en la Comisión hacemos nuestras las propuestas de reformas legales contenidas en el informe de la Comisión, como también las propuestas del informe de minoría, que se consignan en las páginas 63 y siguientes del anexo 8.
A continuación, quiero señalar algunas conclusiones de carácter personal, a las cuales he llegado producto de los antecedentes y de la investigación efectuada. Me he formado estas convicciones a partir del trabajo de la Comisión, y son de mi exclusiva responsabilidad y autoría, por lo que no comprometen al partido político a que pertenezco.
Un hecho relevante constatado por la Comisión fue que funcionarios de parlamentarios, de su exclusiva confianza y de su más cercano entorno, se vieron comprometidos seriamente en la ejecución de programas de generación de empleo, particularmente en el desvío de fondos destinados a personas modestas a campañas políticas. Estos funcionarios cumplían tareas relevantes en sus respectivas oficinas, era personal de confianza exclusiva del parlamentario y, algunos de ellos, tenían la denominación de jefe de gabinete. Por consiguiente, me resulta imposible asumir que en esas actividades, impropias o contrarias a la probidad, esos funcionarios actuaron a nombre propio. Todos sabemos que nuestros secretarios actúan ejerciendo la influencia que les da su posición de tal y en nuestra representación. A pesar de que las iniciativas que emprendieron en relación con el manejo de los programas de generación de empleo sean personales, no tuvieron ningún control ni fiscalización de sus empleadores en su actuar. Procedieron con total y plena autonomía, como merecedores de la confianza de sus jefes. Puedo aceptar que los parlamentarios no supieron lo que hacían sus empleados; pero eso no los exime del hecho de que debieron saber. Por consiguiente, los parlamentarios tampoco están eximidos de responsabilidad política, pues no prestaron el debido cuidado y atención ni fueron debidamente diligentes en orden a supervisar, fiscalizar y controlar los actos de sus empleados, toda vez que dichos actos, directa o indirectamente, los iban a comprometer. No estoy insinuando ni por asomo que existe responsabilidad penal, pues ello debe ser determinado única y exclusivamente por los tribunales de justicia. Lo que sí me importa es que aquellos parlamentarios que, a través de sus funcionarios, se vieron involucrados en acciones impropias relativas a los programas de generación de empleo que se desviaron a campañas políticas, den una explicación a las personas modestas, a las que estaban destinados los recursos. Ellas necesitaban dichos recursos, pues pasaban por momentos de aflicción económica, sobre todo en la Quinta Región, debido al desempleo. En ese sentido, los programas de generación de empleo les daban la oportunidad, con un trabajo digno, de ganarse un modesto sustento para su familia.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
"
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