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El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los juzgados que indica y modifica diversos cuerpos legales para alterar la composición de diferentes tribunales de justicia, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.896-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 33ª, en 8 de julio de 2015.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión: 43ª, en 12 de agosto de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo del proyecto es suprimir los cargos de jueces de garantía y de tribunal de juicio oral en lo penal de la Región Metropolitana que aún no han sido provistos, para destinarlos a la creación de determinados cargos de jueces y tres nuevos tribunales en otras regiones del país.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Harboe y Hernán Larraín.
Cabe tener presente que los artículos 1° a 9° permanentes y primero transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se ha solicitado recabar el asentimiento de la Sala para que pueda ingresar el Subsecretario de Justicia, don Ignacio Suárez.
La Ministra en este momento está viendo la agenda corta de seguridad ciudadana en la Cámara de Diputados.
¿Habría acuerdo?
El señor DE URRESTI.-
Sí.
--Se accede.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor De Urresti, Presidente de la Comisión de Constitución .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , corresponde que el Senado se pronuncie en general respecto de este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los juzgados que indica y modifica diversos cuerpos legales para alterar la composición de diferentes tribunales de justicia.
Esta iniciativa tiene su origen en un mensaje y cuenta con el respaldo del Poder Judicial .
Su propósito es contribuir al mejor funcionamiento del Poder Judicial , para lo cual se propone suprimir los cargos de jueces de garantía y de tribunal de juicio oral en lo penal en la Región Metropolitana que aún no han sido nombrados, para destinarlos a la creación de determinados cargos de jueces y tres nuevos tribunales en otras regiones del país.
En los fundamentos del proyecto el Gobierno hace presente que los cambios experimentados en las últimas décadas por nuestro ordenamiento judicial han reforzado la necesidad de contar con una justicia especializada.
Agrega que, en virtud de lo anterior, se ha impulsado la instauración de jurisdicciones destinadas a materias específicas, por ejemplo, la que se estableció con la Reforma Procesal Penal.
Señala que uno de los desafíos más relevantes de dicha reforma fue la estructuración de los nuevos órganos jurisdiccionales que se crean para abordar la demanda de justicia criminal.
Explica que este desafío implicó calcular la cantidad de causas que serían ventiladas en los futuros juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal. Esa labor se concretó en la aprobación de la ley N° 19.665, que creó los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, distribuidos a lo largo del territorio nacional.
Esta normativa fijó la planta de dichos tribunales; configuró las modificaciones respectivas en el Código Orgánico de Tribunales, y definió el número de jueces y personal de apoyo que era necesario para la labor de la judicatura reformada. Asimismo, reguló la instalación paulatina de los nuevos juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal a lo largo del país, lo que se armoniza con la supresión progresiva de la antigua jurisdicción del crimen.
Según los antecedentes entregados en la Comisión, dicha experiencia mostró que, en los territorios jurisdiccionales de las comunas de Santiago y San Miguel, la carga de trabajo proyectada para los tribunales con competencia penal fue mayor a la que efectivamente tuvo lugar. Dicha situación implicó ajustes al cronograma original de nombramiento de jueces.
Cabe tener presente que la información recabada hasta ahora revela que no han existido cambios significativos en la demanda por justicia penal en la Región Metropolitana, lo que obliga a replantearse la necesidad de nombramiento de los cargos de jueces que inicialmente fueron previstos por la reforma procesal penal.
En virtud de lo anterior, esta iniciativa propone, en primer lugar, que 77 cargos de jueces que no han sido designados en la Región Metropolitana se destinen a crear otros tantos en las diversas regiones del país, con el fin de acoger, de mejor manera, la demanda de justicia en áreas tales como la laboral, la de cobranza previsional, la civil o la penal.
En segundo término, se propone la creación de tres nuevos tribunales para responder a la necesidad de justicia que deriva de la explosión demográfica en determinadas zonas de Chile o de las distancias existentes entre la población que demanda el ejercicio judicial y el actual órgano jurisdiccional pertinente.
Para lograr tal objetivo, se establece un tribunal en Alto Hospicio, con competencia en materias de garantía, laboral y de familia; un juzgado con competencia común en la comuna de Mejillones, y otro con igual competencia en la comuna de Cabo de Hornos, que se radicará en la localidad de Puerto Williams.
Finalmente, hago presente que se trata de una iniciativa importante, que reforzará la labor de muchos tribunales en regiones y que permitirá el acceso a la justicia en zonas que hoy carecen de tal posibilidad.
Por todas las razones expuestas, la Comisión que presido propone aprobar este proyecto en general.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
El señor LARRAÍN.-
Sí.
El señor LETELIER.-
Claro.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente , sin duda, el proyecto que nos ocupa va en la línea correcta; pero, cuando uno lo acota a los distintos territorios, se percata de que, en verdad, el avance resulta realmente menor.
Un ejemplo de ello es el problema que se observa en la provincia de Arauco -ahí se evidencia una zona de rezago, razón por la cual el Gobierno ha anunciado con mucho entusiasmo un plan de desarrollo-, que radica en que en su capital, la comuna de Lebu, hay un juez con competencia común.
¿Qué significa eso? Que ese magistrado debe resolver todo lo relacionado con el ámbito procesal penal (realizar las audiencias pertinentes y ocupar el conjunto de nuevos procedimientos del sistema); con la jurisdicción laboral (incluye también la totalidad de los últimos procedimientos que aquí se han aprobado); con lo concerniente a juicios de familia, y con lo propiamente civil.
Por cierto, ello ha atrasado de manera significativa la dictación de los fallos y el otorgamiento de justicia a los requirentes que viven en la capital de la provincia de Arauco y, también, en la comuna de Los Ángeles.
¿Qué propone la presente iniciativa en este caso? Que en vez de un juez, habrá dos. Pero continuará la judicatura común.
Uno esperaría que en una capital de provincia, particularmente en una que presenta situación de rezago, se estableciera: un juzgado de garantía, un tribunal laboral -sobre todo, considerando que se trata de una zona con mucha actividad forestal y minera- y un juzgado de familia.
Debiera haber una dotación completa de justicia.
Sin duda, este proyecto significa un avance; pequeño, pero avance al fin y al cabo: aunque se mantiene la competencia común, vamos a tener dos magistrados.
Me habría gustado contar con la presencia de la Ministra de Justicia en esta oportunidad para solicitarle un análisis más pormenorizado acerca de las verdaderas necesidades de carácter judicial en las distintas provincias y regiones.
Sé que la iniciativa se produjo a raíz de un acuerdo con la Corte Suprema con relación a determinado número de jueces, pero la práctica indica que necesitamos un número mucho mayor de magistrados, especialmente en las provincias que no reciben el mismo tratamiento que las capitales regionales con asiento de Corte, las que manifiestan una realidad distinta.
He querido ejemplificar la situación con lo que pasa en la capital de la provincia de Arauco para que nos demos cuenta de que la propuesta legislativa que estamos aprobando va en la línea correcta, pero cuyo avance, sin duda, es menor: pasar de un juez de jurisdicción común a dos con igual competencia es insuficiente. Lo correcto sería que en una capital provincial -insisto- hubiera juzgados de garantía, laboral y de familia.
En definitiva, se plantea que ahí haya dos magistrados para asumir la pega de un tribunal de garantía, de uno con competencia en casos de familia y de otro en el ámbito del trabajo, más toda la jurisdicción civil, entre otras materias.
Resulta indudable que la iniciativa significa un aporte; por tanto, vamos a dar nuestro voto favorable a la idea de legislar.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Les recuerdo a Sus Señorías que estamos en votación y que el proyecto contiene normas de quórum especial.
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente , claro que voy a votar a favor la iniciativa en general, pero quiero hacer un llamado de atención sobre algo específico.
Durante la pasada campaña presidencial, en nuestra Región de Valparaíso la Presidenta Bachelet prometió -hay recortes de prensa que así lo certifican- que la zona del Aconcagua se iba a convertir en región.
¡En todo caso, hago presente que, al igual que el Senador Ignacio Walker, ya estamos acostumbrados a decirle "región" a esa parte del territorio...!
Dado que el Gobierno todavía no ha firmado el mensaje para crear dicha región -sí lo hizo días atrás en el caso de Ñuble-, le pido que al menos nos dé una señal para que, de una vez por todas, se asignen los recursos en la Ley de Presupuestos para 2016 -hablé este asunto con el Ministro Eyzaguirre y también con el Titular de Hacienda , Rodrigo Valdés - con el fin de crear una Corte de Apelaciones para Aconcagua.
¿Por qué razón? Porque yo pensaba que, tal como sucedió en la Región del Biobío con lo que se hizo en Ñuble, la Corte de Apelaciones de nuestra Región iba a mostrar la misma buena voluntad para tener una Sala itinerante, porque dicho tribunal posee la jurisdicción correspondiente para ello.
Pues bien, yo presenté un proyecto de acuerdo en esta materia en marzo, que ustedes apoyaron por unanimidad; conversé sobre el tema con la Ministra de Justicia , quien respaldó la idea; me reuní con el Presidente de la Corte Suprema , señor Sergio Muñoz , quien se mostró tremendamente empático con la necesidad planteada, y después sostuve una audiencia con la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso .
Luego de ello, el Pleno de este último tribunal decidió por mayoría -¡no por unanimidad, sino por mayoría!- que no tenían jurisdicción respecto de lo solicitado.
Al respecto, quiero decir acá, fuerte y claro, como lo he manifestado en los medios de comunicación de la Región, que eso no es cierto. Tal como lo volví a constatar con el Presidente del Máximo Tribunal , la Corte de Apelaciones de Valparaíso sí posee jurisdicción.
Lo que pasa es que a algunos de sus magistrados les da lata. Y este mismo problema se da con muchos jueces en nuestro país.
¡Por eso la gente cada día está más harta y ya ni siquiera desea hacer denuncias!
¡Por eso la gente considera que la delincuencia se ha desatado!
No se trata solo de que las leyes que aquí se han despachado son blandas, sino de que a los magistrados muchas veces, en lugar de actuar, les da lata y argumentan que no cuentan con jurisdicción.
Recalco: la decisión adoptada no fue unánime, sino por mayoría.
Me da mucho coraje y mucha rabia la situación descrita, porque la gente de la zona del Aconcagua debe viajar cuatro a cinco horas para llegar acá, a Valparaíso, con el fin de ver cómo avanzan sus causas.
Por lo tanto, le pido al Ejecutivo -he insistido en mi solicitud con la Ministra de Justicia , con el Ministro Eyzaguirre , con el Ministro Valdés - que nos dé una señal a través de la Ley de Presupuestos del próximo año.
Crear la Corte de Apelaciones para la zona de Aconcagua no implica demasiada plata, y necesitamos acciones concretas en las regiones (en especial en la de Valparaíso) para dar a entender que sí queremos acercar la justicia a la gente.
Voy a votar a favor de que haya más juzgados y de que aumente el número de jueces. Resulta obvio pronunciarse en tal sentido. Pero pido la misma diligencia al Gobierno para que apoye la idea de otorgar a Aconcagua un Corte de Apelaciones con las competencias correspondientes.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señora Presidenta , desde ya anuncio mi voto favorable al proyecto en general.
En primer lugar, hago presente, como muy bien dijo un colega con anterioridad, que esta iniciativa busca no suplir la falta de jueces a nivel nacional, sino nombrar 77 magistrados que estaban concebidos originalmente en la estructura de la reforma procesal penal, en particular para tribunales de juicio oral en lo penal y juzgados de garantía de la Región Metropolitana. Dadas las cargas de trabajo de dichos tribunales, se llegó a la conclusión de que no era necesario realizar tales nombramientos.
Recordemos que, cuando se proyectó el nuevo sistema judicial, hacia el año 2000, se simularon cargas laborales en los distintos tribunales del país y, conforme a eso, la ley estableció la cantidad de magistrados que se requería. Asimismo, se dispuso ciertos períodos de entrada en vigencia y de designación de jueces, en función de tales cargas.
Luego de diez años de operar la reforma procesal penal en Santiago, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Corte Suprema se dieron cuenta de que no era preciso el nombramiento de esos 77 magistrados.
Por esa razón, en un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y el Máximo Tribunal, se llegó a la conclusión de que había que redistribuir esos 77 puestos a lo largo del territorio nacional, con el objeto de cubrir la demanda creciente de jurisdicciones que presentan más problemas.
Por esa razón, se propone crear tres nuevos juzgados: uno en la comuna de Alto Hospicio; otro con competencia común en la comuna de Mejillones -con esto se satisface un anhelo muy sentido de esa comunidad en la Región que represento-, y otro en la comuna de Cabo de Hornos.
El resto de los jueces se redistribuyó, según lo explicaron desde la propia Corte Suprema y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, conforme a criterios técnicos en función de las cargas de trabajo de los distintos tribunales del país.
Cuando los colegas revisen la situación de su región, se darán cuenta de que en algunos casos se plantean más nombramientos que en otros. Ello responde a las cargas que presentan hoy los diferentes juzgados (laborales, de familia, de juicio oral en lo penal y de garantía).
Por ejemplo, en la Región de Antofagasta se cumple con reforzar el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, que estaba bastante colapsado, lo cual obligaba a jueces de Antofagasta a viajar hasta allá para constituir una nueva Sala. Con este proyecto de ley, se crea la segunda Sala.
Además, estamos conscientes de la falta de jueces.
En la Comisión de Constitución preguntamos sobre el particular, pues sabemos que los magistrados que hoy se están nombrando no son suficientes para cubrir la brecha existente. Ante ello, la Ministra de Justicia señaló que el Gobierno presentará una segunda iniciativa con el propósito de complementar la cantidad de jueces, con lo cual se espera llegar al número óptimo en las distintas materias (civil, laboral, de familia y penal).
En consecuencia, llamo a los colegas a aprobar la idea de legislar, considerando que se busca satisfacer una necesidad inmediata: la falta de magistrados en distintas zonas del país y en diversos ámbitos de competencia.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señora Presidenta, me habría gustado que la Ministra de Justicia estuviera presente durante el debate de este proyecto en la Sala.
Como dijo el Senador Araya, esos 77 cargos de jueces que no fueron nombrados ahora son redistribuidos en distintas comunas, con la finalidad de suplir las diferentes demandas que presentan las regiones.
Sin embargo, a pesar de que conversamos con la Ministra en su oportunidad, advierto que, al menos en la Región que represento -la de Atacama-, solo en parte se cubre la necesidad, como se ha señalado aquí, de acceder a la justicia.
En mi opinión, estar a cien kilómetros de un tribunal es prácticamente no tener justicia, porque la gente hoy pretende que este tipo de servicios esté a la mano. No es posible para una persona modesta viajar esa distancia para ir a un juzgado. ¡No es posible!
Los cambios que se sugieren en la Región de Atacama cumplen de manera parcial lo que hemos solicitado tantas veces. Me refiero a la solicitud de reunificación de los tribunales de Diego de Almagro, como indica el artículo respectivo, y a la constitución de cuatro jueces de garantía con competencia en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla.
Pero dos peticiones que hemos hecho no se satisfacen con esta iniciativa, las cuales, a mi juicio, son indispensables.
La primera es la creación de un tribunal bicéfalo en la comuna de Caldera, donde la carga que hoy existe es muy distinta de la que se había proyectado.
Y la segunda consiste en cumplir con el requisito de contar con una justicia cercana para Alto del Carmen. Se disponen dos jueces con competencia sobre las comunas de Vallenar y Alto del Carmen, pero el asiento del tribunal se fija en la primera ciudad. Eso significa que para las personas de esta última comuna, que es rural, ubicada a unos 120 kilómetros de Vallenar, la justicia es prácticamente inaccesible.
Por lo tanto, me gustaría que el señor Subsecretario , quien está presente en la Sala, tomara nota -ello considerando que los miembros de la Comisión de Constitución han manifestado que el Gobierno estaría anunciando el envío de un nuevo proyecto con el fin de modificar los asientos de Corte y crear nuevos tribunales- sobre la creación de un juzgado bicéfalo en Caldera y el establecimiento de un tribunal en Alto del Carmen, en atención a que no es lo mismo tener justicia en la comuna que realizar un viaje absolutamente insostenible para tal efecto.
Si a eso sumamos el hecho de que -y, por supuesto, en esto estará de acuerdo la Senadora señora Allende, pues ella conoce del tema y también lo ha planteado- las Cortes de Apelaciones, como todos saben, se ubican en las capitales regionales, no queda otra que señalar que, cuando se litiga en segunda instancia, la justicia se transforma prácticamente en un bien inaccesible.
Por último, me parece importante que la semana pasada hayamos aprobado disposiciones para revisar notificaciones y ver juicios propiamente tales a través de Internet.
Señor Presidente, la justicia lejana o que demora demasiado no es justicia.
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Así es!
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , estimados colegas, quiero agradecer, en primer lugar, al Senador Larraín por permitirme cambiar de turno y poder intervenir en este momento.
Respecto del proyecto que nos ocupa, quiero plantear algunas inquietudes al Ejecutivo , en la persona del Subsecretario de Justicia.
Pregunto si no debieran ser las Cortes de Apelaciones en cada región las que determinen la distribución de los jueces que se asignan.
¿Acaso no debería ser propio de un país descentralizado lograr una modificación del artículo 101 del Código Orgánico de Tribunales en ese sentido?
Se sugiere nombrar nueve jueces más en la Región de O'Higgins. Pero no será la Corte de Apelaciones de Rancagua la que decidirá cuál es la forma más eficiente de distribuir el trabajo, por cuanto la propuesta emana de un ente centralizado, que resuelve sobre la base de estadísticas. Pero tales datos muchas veces están distorsionados por fenómenos que en Santiago no tienen cómo conocer.
Yo me reuní con dicho tribunal en pleno. Tuvimos una conversación al respecto. Por cierto, sus integrantes son partidarios de que la Corte de Apelaciones pertinente cuente con la facultad para nombrar suplentes sin la obligación de consultar previamente a la Región Metropolitana. Ello, porque a veces la respuesta sobre la suplencia llega cuando ya se cumplieron los plazos.
Es evidente que deberíamos descentralizar ese procedimiento.
Estoy seguro de que la mayoría de los Senadores vamos a apoyar tal planteamiento.
Además, sugiero que la distribución de los magistrados sea vista en forma permanente por la Corte de Apelaciones respectiva, con el fin de hacer más eficiente el trabajo.
De no existir esa voluntad, pediría lo siguiente.
Se está proponiendo un juez de letras para Peumo; otro para San Vicente ; un juez de garantía para Rancagua ; un juez de tribunal de juicio oral en lo penal y uno de garantía para San Fernando , y otro de garantía para Graneros.
Pero donde se presentan los mayores problemas es en el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua; por ende, una de las peticiones que hemos formulado los Senadores de la Región -y también lo planteó nuestra Corte de Apelaciones- es que el magistrado de garantía de esa comuna sea cambiado por uno de competencia laboral.
Incluso, se ha solicitado que el juez de garantía de Graneros, donde la cifra se halla sobredimensionada, vaya al Juzgado de Familia de Rengo , donde tenemos problemas dramáticos.
Ello lo podría haber resuelto la Corte de Apelaciones, si se le hubieran dado las atribuciones.
Pero nosotros -y digo nosotros, pues estoy seguro de que el Senador García-Huidobro lo planteará a continuación- consideramos fundamental la existencia de un juez del trabajo en Rancagua y de un juez de familia en Rengo, en vez de los jueces de garantía que se contemplan para Rancagua y Graneros .
La cuestión de fondo es cómo vamos descentralizando el trabajo y empoderando a las Cortes de Apelaciones.
Yo quiero recordar que cuando participé en el referido encuentro estaba el Ministro Carlos Moreno , hombre muy destacado, quien falleció este último fin de semana. Sufrió un paro cardíaco fulminante.
Era de quienes, junto al colectivo que se encontraba allí, estaban preocupados de este asunto y habían obtenido las mejores estadísticas de las Cortes de Apelaciones de nuestro país.
Creo que el señor Subsecretario podrá dar fe de aquello.
Los indicadores de gestión en la Región de O'Higgins son óptimos para el recurso humano de que disponen. Y queremos que sean mejores, evitando la sobrecarga en materia de familia en Rengo y de trabajo en Rancagua.
No hay que olvidar que lo tocante a los contratistas en Rancagua es un problema gigantesco, por los miles de trabajadores involucrados. Ahí tenemos una tremenda debilidad.
Señor Presidente , insisto en que a lo menos respecto de la nominación de los suplentes el Ejecutivo descentralice y permita que resuelvan las Cortes de Apelaciones, sin participación de la Corte Suprema ni del Ministerio de Justicia, que están recargados de trabajo. Creo que eso posibilitará que la labor en general sea más eficiente.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
El señor Subsecretario de Justicia ha solicitado la palabra.
Nos hallamos en votación. De manera que solo puede intervenir para rectificar hechos.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , solo quiero manifestar nuestra aprobación a esta iniciativa.
En general no es muy usual -y lo destaco- que las instituciones públicas cedan sus cargos. Acá, conforme al proyecto que nos ocupa, cargos que estaban asignados para tribunales de juicio oral en lo penal en cierto lugar y que aún no han sido nombrados finalmente están siendo destinados a otras regiones de nuestro país.
Esa me parece una buena señal de racionalidad en el uso de los recursos.
Por eso pienso que esta iniciativa, que al final proviene del propio Poder Judicial, es buena. Es cierto que no resuelve todos los problemas de carencia de tribunales de primera instancia o de Cortes de Apelaciones, como lo han señalado varios Senadores al referirse a la situación particular de la zona que representan. Pero se trata de un primer paso: 77 cargos que se dispondrán para solucionar los problemas de algunos lugares.
Por ejemplo, en mi circunscripción un juez para el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes era absolutamente indispensable. También un juez de letras de competencia común para San Javier.
Las reasignaciones que se están haciendo constituyen un gran aporte.
Pero quiero subrayar además lo que ha afirmado más de algún señor Senador en el sentido de que la Ministra nos ha dado a conocer la intención del Ejecutivo de presentar muy luego un proyecto que va a agregar sobre un centenar de nuevos jueces. Por lo tanto, por esa vía podremos terminar de complementar las demandas y necesidades de los tribunales de justicia.
De acuerdo a lo que señala la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se requieren 186 nuevos jueces a nivel nacional. Y los 77 cargos que ahora se reasignarán constituyen solo una parte. De modo que estarían faltando 109 jueces.
Entiendo que la iniciativa que se anunció contempla una cifra superior de nuevos magistrados, por lo que este asunto quedará debidamente zanjado.
Creo que es un buen paso para una aprobación general. Luego, en la discusión particular se podrán introducir ajustes. Porque también he oído en distintos lugares la necesidad de redistribuir algunos jueces, dentro de la cuota que le ha tocado a cada tribunal a lo largo de nuestro país. Ello, al objeto de suplir mejor los requerimientos internos.
Eso es factible de hacer, aunque será iniciativa del Ejecutivo dar cuenta de tales cambios. Pero a nosotros por lo menos nos parece un paso muy significativo y, sobre todo, una señal valiosa, al reasignar recursos sin pedir duplicación, sino que utilizando los recursos existentes, reasignándolos donde sean más necesarios.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Subsecretario de Justicia , señor Ignacio Suárez.
El señor SUÁREZ ( Subsecretario de Justicia ).-
Señor Presidente , básicamente quiero señalar que la ley N° 19.665 obliga al Ejecutivo a tener un informe positivo de la Corte Suprema previo al envío del proyecto.
Nosotros somos partidarios -y eso se ha conversado en las distintas Comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado- de que este proceso sea lo más participativo a nivel regional y comunal. Y está adscrito netamente a criterios técnicos.
Por lo tanto, me adhiero a lo señalado al final por el Senador Larraín, por cuanto se contempla también con posterioridad aumento de jueces en otros tribunales.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial señaló que ello correspondía a un proceso continuo relativo al 60 por ciento de los requerimientos de la judicatura, el cual se continuará mejorando.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , solo quiero recordar que se trata del informe de una Comisión Mixta y, por lo tanto, que estamos en la última etapa de la tramitación de este proyecto.
Yo voy a votar a favor...
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
No, Senador.
El señor GARCÍA.-
Yo entiendo que es un informe de Comisión Mixta, según lo que señala la tabla.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Señor Senador , el proyecto que ahora nos ocupa figura en el número 6 del Orden del Día, y conforme a lo resuelto por los Comités, quedó para ser visto en segundo lugar.
Se trata de una discusión general.
El señor GARCÍA .-
Tiene razón; estaba mirando el número 2 de la tabla.
Señor Presidente , voy a votar favorablemente la idea de legislar, pues entiendo la necesidad de que existan más tribunales, más jueces; comprendo la carga de trabajo que hay. Pero, en un marco de restricción presupuestaria, las dificultades para atender todos esos requerimientos no constituyen un puzle fácil de solucionar.
En el caso de la Región de La Araucanía, el tribunal de juicio oral en lo penal de Angol, que cuenta con tres jueces, pasará a tener cuatro.
En Villarrica ocurre algo similar.
El juzgado de competencia común de Nueva Imperial, de un juez pasa a tener dos; y lo mismo sucede en la comuna de Pucón.
Son avances que valoro. Sin duda, no es todo lo que La Araucanía necesita. Pero por lo menos esto permitirá resolver con mayor prontitud las causas que deben llevar cada uno de dichos tribunales.
Voto a favor.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente , valoro este proyecto de ley, que se halla en segundo trámite constitucional, que crea más juzgados y modifica diversos cuerpos legales para alterar la composición de diversos tribunales de justicia.
Tal como lo expresó el colega Letelier , efectivamente sostuvimos una reunión muy importante con la Corte de Apelaciones de Rancagua, en la cual hicimos un análisis de la situación de nuestra Región y de la necesidad de mayores juzgados.
En la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, por ejemplo, Graneros tiene hoy un juez con competencia sobre las comunas de Mostazal, Graneros y Codegua , y se aumenta a dos.
En el caso de Rancagua, que posee seis jueces, sube a siete.
San Vicente eleva a dos el número de magistrados; y San Fernando, que tiene dos jueces, queda con tres.
Eso lo apreciamos. Creo que es muy importante para dar mayor calidad y servicio en materia de justicia. Porque, sin duda, el problema que tenemos, sobre todo en asuntos laborales y de familia, es que debemos realizar una readaptación.
Le planteé a la señora Ministra hace algunos días que, a nuestro juicio, en la discusión particular habrá que efectuar un reestudio y escuchar a las autoridades que más conocen de la recarga laboral existente en los tribunales de las distintas comunas, de las diferentes provincias. La idea es despachar una normativa que permita dar un mejor servicio. ¿Y quiénes son esas autoridades? Justamente, la Presidenta y los demás integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
En segundo lugar, señor Presidente, al igual que el Senador Letelier, valoro el tremendo trabajo realizado por don Carlos Moreno, ex Presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, quien falleció hace tres días.
Fue un hombre que se entregó por entero al servicio de la justicia en nuestra Región y en el resto del país.
Por eso, creo que el deceso del señor Moreno significa una pérdida muy dolorosa para la Sexta Región. Así, en su funeral toda la comunidad valoró su tremendo esfuerzo por impartir allí la mejor justicia.
En consecuencia, le rindo un merecido homenaje precisamente cuando estamos viendo este proyecto, que aborda una situación que analizamos con don Carlos Moreno en una reunión.
Por otro lado, considero fundamental lo que se ha dicho -y lo plantean los propios magistrados de las regiones, especialmente los de Corte de Apelaciones- en el sentido de que de las suplencias tanto por enfermedades como por vacaciones u otras causas requieren autorización de la Corte Suprema.
Ese aspecto debe mirarse desde el punto de vista de la descentralización. Y quienes pueden actuar en forma inmediata y más rápida son las Cortes de Apelaciones de las distintas ciudades de nuestro país.
Por eso, señor Presidente, creo que este proyecto va en el camino correcto. Tenemos que perfeccionarlo. Por ejemplo, es fundamental que Rengo tenga un nuevo juzgado de familia y, asimismo, que en Rancagua haya otro juzgado laboral. Y los ajustes deben hacerse redistribuyendo lo que se entrega mediante esta iniciativa de ley.
Como señaló el Senador Larraín, la redistribución resulta indispensable. Y quienes pueden informarnos mejor sobre el particular son las Cortes de Apelaciones de las distintas ciudades.
Voy a votar a favor, señor Presidente.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Hay que fijar plazo para indicaciones.
El señor Presidente de la Comisión de Constitución propone el lunes 7 de septiembre.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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