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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona.
El señor GAHONA.-
Señor Presidente, si bien desde un inicio este proyecto contó con el respaldo de los parlamentarios que integramos la Comisión de Minería y Energía, en cuanto a sus lineamientos principales, lo que se expresó tanto en la aprobación unánime en general como en la aprobación de la mayoría de sus artículos y números en particular, desafortunadamente hay algunos puntos que nos complican, que dicen relación con estas prácticas a las que nos tiene medio acostumbrados el gobierno, esto es, la de ir contra la libre empresa y la libre competencia, y la de tratar de regular todo, buscando lo mejor posible, pero afectando gravemente la inversión.
Así, por ejemplo, como si no bastara con reducir el margen de rentabilidad que podrían obtener las empresas concesionarias -margen que habría provocado que se decidieran a invertir en regiones de 5 por ciento sobre la tasa de costo de capital, a 3 por ciento, el gobierno eliminó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia del proceso de tarificación de aquellas empresas que excedan dicho límite. La ley vigente establece que las empresas que excedan el límite de rentabilidad anual deben ser sometidas a una fijación de tarifas, previa resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entidad idónea para resolver ese tipo de controversias. El proyecto del gobierno dispone que a aquellas empresas que sobrepasen el nuevo y reducido límite de rentabilidad, automáticamente, y por el solo ministerio de la ley, se les fijarán sus tarifas.
Señor Presidente, ¿qué clase de medida es esa? En otras palabras, si una empresa sobrepasa el margen de rentabilidad que se establece -nos preocupa que con la rentabilidad que se les promete, las empresas no podrán invertir en regiones-, les serán fijadas sus tarifas sin necesidad de consultar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ni a nadie acerca de las condiciones de competencia que justifiquen o no tal decisión.
El proyecto pretende eliminar del proceso de tarificación –reitero al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, organismo que tiene jurisprudencia en materia de libre competencia en otros sectores regulados, como telecomunicaciones, servicios eléctricos y servicios sanitarios.
Pretender que el solo hecho de obtener determinada rentabilidad, sin otras consideraciones, deba gatillar una fijación de tarifas es contrario a la base más fundamental de un sistema económico de libre competencia.
Si el gobierno está empecinado en sacar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de las materias propias para las cuales fue creado, entonces que el análisis de mercado lo realice otra entidad. Pero lo que no puede ocurrir, bajo ningún punto de vista en una sociedad libre y responsable, es que la fijación tarifaria se establezca única y exclusivamente en razón de alcanzarse una determinada rentabilidad.
Como si esto fuera poco, ciertos parlamentarios de la Nueva Mayoría eliminaron el piso que la ley actual garantiza para la tasa de costo de capital. Esto es especialmente complejo. El propio ministro de Energía, don Máximo Pacheco, manifestó no compartir esta medida, porque -lo cito “tratándose de un negocio tan intensivo en materia de capital, que compromete recursos y financiamientos de largo plazo para que las inversiones sean posibles, se necesita garantizar que esas inversiones lleguen, y para ello se debe reconocer que los mercados regulados funcionan con un piso de rentabilidad, de manera que sería una excepción dentro de los mercados regulados el suprimirla.
Como todos estos proyectos funcionan con apalancamiento y financiamiento, sería una anormalidad y una dificultad adicional para lograr el financiamiento de esos proyectos el quitar el piso, lo que puede comprometer severamente la atracción de capital para este tipo de proyectos.”.
Son las palabras del ministro de Energía, que, por supuesto, compartimos plenamente.
¿Esa es la manera en que el actual gobierno pretende reactivar y dinamizar nuestra alicaída economía? ¿Cómo le explicamos a la gente de regiones que con esta iniciativa tendrá menos oportunidades de contar con un combustible limpio y económico? ¿Solo los habitantes del sector oriente de Santiago pueden tenerlo? ¡Cómo quisiéramos en mi región disponer de una red de gas, para no depender de las fuentes contaminantes, que cada día empeoran la ya deteriorada salud de nuestra población!
En el sur, los estragos que ha causado el uso indiscriminado de la leña han demostrado que Santiago ya no es la ciudad más contaminada del país. ¿Acaso los habitantes de Temuco y de Los Ángeles no tienen derecho a contar con un combustible limpio y barato? Para el gobierno, ¿solo Las Condes , Vitacura y Lo Barnechea pueden tener gas natural, y Pudahuel , Cerro Navia y Conchalí, no?
Eso es lo que ocurrirá con este proyecto, así como está presentado, pues las empresas no querrán continuar expandiendo sus redes a nuevos mercados y preferirán concentrar su negocio en los lugares donde ya están arraigadas, pues así están puestos los incentivos.
Como diputado de región, junto con varios diputados de la Alianza, presentamos indicaciones tendientes a que se mantenga la rentabilidad actual en aquellas inversiones que se hicieran en regiones, a fin de fomentar tanto la diversificación energética, que este país necesita, como la expansión de un combustible no contaminante. Afortunadamente, las indicaciones fueron aprobadas, pero con la restricción, impuesta por el gobierno, de que solo serán transitorias por algunos años luego de la entrada en vigencia de la ley.
¿Cómo es posible que se siga postergando a las regiones en todo ámbito?
En casi treinta años, las empresas de gas se han expandido de manera ínfima a las regiones, pese a las condiciones “tan ventajosas y privilegiadas que han tenido”, según los parlamentarios de la Nueva Mayoría. ¿Qué incentivo tendrán para salir de Santiago, si en virtud de esta futura ley no tendrán un piso mínimo garantizado y su rentabilidad será disminuida?
Por todo lo expuesto, es nuestro impetuoso afán llamar a que se corrijan esos aspectos del proyecto, de modo de lograr una mejor elaboración del mismo. De hecho, buena parte de lo que proponemos es lo que el propio Ejecutivo y el ministro de Energía trataron de incorporar en el proyecto, que fue modificado por algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría en la comisión.
Todo lo señalado nos parece contraproducente para el bienestar económico de nuestra nación y para lograr la igualdad de oportunidades, que debe primar en todas las regiones a lo largo de Chile en materia energética.
En regiones necesitamos energía limpia, no contaminante y más barata.
Si no hacemos las modificaciones correspondientes, de acuerdo con las indicaciones presentadas -compartimos gran parte de ellas con el Ejecutivo-, este proyecto difícilmente traerá ventajas a las regiones.
He dicho.
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