AUMENTO DE PENALIDAD Y DEMÁS SANCIONES APLICABLES A DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE MENORES Y DE OTRAS PERSONAS EN ESTADO VULNERABLE. (Boletines NOS 9279-07, 9435-18, 9849-07, 9877-07, 9901-07, 9904-07 y 9908-07)
AUMENTO DE PENALIDAD Y DEMÁS SANCIONES APLICABLES A DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE MENORES Y DE OTRAS PERSONAS EN ESTADO VULNERABLE. (Boletines NOS 9279-07, 9435-18, 9849-07, 9877-07, 9901-07, 9904-07 y 9908-07) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones refundidas, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y el decreto ley N° 645, del año 1925, sobre Registro General de Condenas, para aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables a los delitos cometidos en contra de menores y demás personas en estado vulnerable. Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Jaime Pilowsky . Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 79° de la presente legislatura, en 13 de octubre de 2015, en 13 de octubre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor PILOWSKY (de pie).- Señor Presidente, la Comisión de Seguridad Ciudadana viene a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, los siguientes proyectos de ley refundidos, con urgencia calificada de suma, originados en las siguientes mociones: 1.- De los diputados señores Felipe Letelier , Fernando Meza , José Miguel Ortiz , José Pérez , Jorge Sabag y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda , que sanciona el maltrato infantil, boletín N° 9279-07. 2.- De las diputadas señoras Jenny Álvarez , Karol Cariola , Cristina Girardi , Alejandra Sepúlveda y Camila Vallejo y de los diputados señores Iván Fuentes , Hugo Gutiérrez , Guillermo Teillier y Patricio Vallespín , que modifica el Código Procesal Penal en materia de acción penal y del principio de oportunidad, en el caso de delitos cometidos contra adultos mayores, boletín N° 9435-18. 3.- De las diputadas señoras Paulina Núñez y Marcela Sabat , y de los diputados señores Germán Becker , Gonzalo Fuenzalida , René Manuel García , Cristián Monckeberg , Diego Paulsen , Leopoldo Pérez , Jorge Rathgeb y Germán Verdugo , que modifica el Código Penal para aumentar las sanciones por el delito de lesiones cometido contra infantes y adultos mayores, boletín N° 9849-07. 4.- De la diputada señora Loreto Carvajal y de los diputados señores Daniel Farcas , Felipe Letelier , Fernando Meza, Marco Antonio Núñez , Javier Pilowsky , Alejandro Santana , Gabriel Silber y Leonardo Soto , que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de maltrato de menores y otras personas vulnerables, boletín N° 9877-07. 5.- De las diputadas señoras Loreto Carvajal , Marcela Hernando y Andrea Molina , y de los diputados señores Marcelo Chávez, Iván Flores , Enrique Morano , Javier Pilowsky , Ricardo Rincón y René Saffirio , que modifica el Código Penal para sancionar la seducción de menores por medios virtuales, boletín N° 9901-07. 6.- De la diputada señora Marcela Hernando y de los diputados señores Osvaldo Andrade , Guillermo Ceroni , Marcelo Chávez , Flores, Cristián Monckeberg , José Miguel Ortiz , Ricardo Rincón , René Saffirio y Arturo Squella , que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, con el propósito de aumentar las penas en el caso de delito de lesiones cometidos en contra de menores y de establecer inhabilidades para condenados por esos ilícitos, boletín N° 9904-07. 7.- Del diputado señor Jorge Tarud , que modifica el Código Penal para aumentar la pena por el delito de lesiones ocasionadas a un menor por quien lo tiene bajo su cuidado, boletín N° 9908-07. De conformidad con lo establecido en el artículo 130 del reglamento de la Corporación, los proyectos de ley refundidos, con la indicación cursada durante su tramitación, fueron remitidos a esta comisión para segundo trámite reglamentario. Se hace presente que este informe recae sobre los proyectos aprobados en general por la Cámara de Diputados en sesión N° 70ª, celebrada en martes 15 de septiembre del año en curso. El proyecto consta de tres artículos que modifican el Código Penal, la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro General de Condenas, con el objeto de crear un nuevo tipo penal referido al maltrato en contra de menores de edad y de otras personas en estado vulnerable. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente: 1.- De que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la discusión y votación del segundo informe en la Comisión los artículos 403 quáter, 403 quinquies, 403 sexies, 403 septies y 403 octies, contenidos en el N° 5 del artículo 1° del proyecto y el artículo 2º de la iniciativa, por lo cual deben entenderse reglamentariamente aprobados, de acuerdo con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento de la Corporación. 2.- De que la comisión, por unanimidad, reiteró su parecer acerca de que el articulado aprobado no contiene normas que deban calificarse como orgánico constitucionales o de quorum calificado. 3.- De que no hubo artículos suprimidos. 4.- De que fueron modificados los números 1, 2, 3, 4, 5, en lo que dice relación con el establecimiento del artículo 403 ter, del artículo 1° del proyecto, y los números 1 y 2 del artículo 3° de la iniciativa. El artículo 1º, con sus números respectivos, se refiere a modificaciones en los artículos 21, 90 N° 5 y 400 del Código Penal, y crea un artículo 39 ter y un artículo 403 ter en este mismo texto legal, según se detalla en el segundo informe. Los números 1 y 2 del artículo 3º modifican el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre Registro General de Condenas, conforme se indica en el informe. Los artículos mencionados, con sus números ya reseñados, fueron objeto de una indicación presentada en la Sala por las diputadas señoras Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Claudio Arriagada , Fuad Chahin , Daniel Melo , Vlado Mirosevic y Diego Paulsen , para sustituir la frase “personas en situación de discapacidad” por “personas con discapacidad”, en todas las oportunidades en que aparece esa expresión en el texto del proyecto. La comisión rechazó por mayoría dicha indicación, por cuanto, según se argumentó, al hablar de “personas con discapacidad” se enfatiza el problema en la persona misma, perpetuando conceptos antiguos, sin avanzar conforme lo que proponen las recomendaciones internacionales al respecto. Sobre el particular se mencionó el documento “Recomendaciones para el uso del Lenguaje en Discapacidad. Conociendo la terminología apropiada para referirse a las Personas en Situación de Discapacidad (PeSD)”, elaborado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), cuyo objetivo principal es dejar atrás los estereotipos, eliminar las barreras y contribuir al actual proceso de transición conceptual que enfrenta la discapacidad, reconociendo la importancia de situar a esta en la interacción con el entorno y no en las personas. En efecto, Senadis manifiesta en dicho documento la convicción absoluta que han alcanzado como servicio público en torno a la necesidad de avanzar decididamente hacia la siguiente fase en el desarrollo conceptual, vinculando a la discapacidad, no sólo por rigurosidad académica, sino principalmente por las profundas implicancias prácticas involucradas. Así, para evitar las dudas que dieron origen a la indicación en la Sala, propone conservar la referencia dentro de los proyectos de ley refundidos, en cuanto a que la expresión “personas en situación de discapacidad” deberá entenderse en el sentido del artículo 5° de la ley N° 20.422. Con tales argumentos, expresa su rechazo a la modificación propuesta en la indicación y se manifiesta a favor de reiterar el despacho de los proyectos de ley en los términos de su primer informe. La mayoría de las señoras y señores diputados suscriben los argumentos señalados y añaden que, en todo caso, cualquiera de las formas que se adopten no incide en la definición del sujeto pasivo que tiene la discapacidad. Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la mayoría de las y los diputados presentes. Votaron por el rechazo las diputadas señoras Karol Cariola , Claudia Nogueira y Marcela Sabat , y los diputados señores Daniel Farcas , Giorgio Jackson , Jaime Pilowsky , Gabriel Silber , Leonardo Soto , Arturo Squella y Matías Walker . Se abstuvo el diputado señor Juan Antonio Coloma 5.- De que no se introdujeron artículos nuevos al proyecto. 6.- De que el señor Presidente de la Comisión determinó que en este segundo trámite reglamentario no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. 7.- De que solo se presentó la indicación comentada precedentemente. 8.- De que, en cuanto al texto de las disposiciones legales que los proyectos modifican o derogan, o las indicación de las mismas, es preciso consignar que los proyectos de ley refundidos, mediante su artículo 1º, modifican los artículos 21, 90 N° 5 y 400 del Código Penal, y crea los artículos 39 ter y un párrafo nuevo, el 3o bis, sobre maltrato de menores de catorce años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, que contiene los artículos 403 ter a 403 octies. A través de su artículo 2º, modifica el inciso primero del artículo 14 de la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar y, finalmente, sustituye el inciso tercero del artículo 1º y reemplaza el artículo 6 bis, ambos del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas. Por las razones señaladas, la Comisión de Seguridad Ciudadana recomienda a la honorable Sala aprobar, en los términos del primer informe, el proyecto de ley sometido a estudio y segundo informe. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cito a reunión de los Comités Parlamentarios, sin suspender la sesión. Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin . El señor CHAHIN.- Señor Presidente, a los efectos del uso de la palabra de quienes estamos inscritos para intervenir en el debate del proyecto que está en el primer lugar de la Tabla y nuestro derecho no precluya, quiero hacer presente que hay varias comisiones autorizadas para sesionar de manera simultánea con la Sala, a fin de tratar proyectos calificados con urgencia suma, como el que modifica la ley de Partidos Políticos, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Lo hemos considerado, señor diputado. En representación del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni . El señor CERONI.- Señor Presidente, el proyecto, originado en varios mensajes y moción refundidos, es tremendamente importante, por cuanto tiene por objeto proteger a los menores de edad y otras personas en estado vulnerable, de los maltratos que les puedan ocasionar otras personas, particularmente quienes tienen a cargo su cuidado. De partida, en relación con los niños, la iniciativa tiene muy en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, la importancia de su dignidad, por ser persona y sujeto de cuidados especiales, los principios de no discriminación y velar por sus intereses superiores. Fundamentalmente, el proyecto sanciona de manera drástica a quienes ejercen violencia o maltrato físico en contra de menores de catorce años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Pienso que es un proyecto extremadamente significativo, por cuanto sanciona a estas personas con la inhabilitación absoluta perpetua o temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con personas. Por ser un proyecto de ley extremadamente importante y porque implica que estamos cada vez más conscientes de la necesidad de cuidar en forma preferente a los menores de edad, a los adultos mayores y a las personas en estado vulnerable, anuncio que lo vamos a apoyar con gran decisión. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo del comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky . El señor PILOWSKY.- Señor Presidente, el proyecto en debate cumple su segundo trámite reglamentario. Durante el primero, el 15 de septiembre, se presentó una indicación para sustituir la frase “personas en situación de discapacidad” por “personas con discapacidad”. En la sesión pasada, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, se insistió, por la mayoría de sus integrantes, que el concepto a utilizar, en una nueva forma de entender la discapacidad, era el que tenía originalmente, es decir, “personas en situación de discapacidad”. En tal sentido, quiero corregir a mi colega Guillermo Ceroni , pues no se trata de personas incapacitadas, sino de personas en situación de discapacidad, por cuanto, a pesar de lo que se sostuvo en aquella sesión del 15 de septiembre y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también usa dicho significado –cabe recordar que la convención se llevó a cabo hace siete años-, el lenguaje va cambiando y construyendo realidad, por lo cual es necesario adaptarse a los nuevos conceptos. Al respecto, quiero leer de manera textual lo que dice una publicación del Senadis, organismo público especialista en la materia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Dice: “Recomendaciones para el uso del Lenguaje en Discapacidad: A continuación presentamos un texto destinado a informar sobre el uso correcto del lenguaje en discapacidad. El objetivo es dejar atrás los estereotipos, eliminar las barreras y contribuir al actual proceso de transición conceptual que enfrenta la discapacidad. Queremos reconocer la enorme importancia en el ámbito simbólico de relevar el concepto de persona que realizó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante lo anterior, debemos situar la discapacidad donde efectivamente se encuentra: en la interacción con barreras y no en las personas. En efecto, como servicio estamos convencidos de la necesidad de avanzar, con decisión, hacia una siguiente fase en el desarrollo conceptual vinculado a discapacidad. No por rigurosidad académica, sino por las implicancias prácticas que esto conlleva. Esta iniciativa se enmarca en la promoción del actual enfoque de Derechos Humanos y Discapacidad”. Por consiguiente, el concepto correcto a utilizar, según esta recomendación, es: “Que vive en situación de discapacidad o que se encuentra en situación de discapacidad”. Por lo tanto, espero que la Sala ratifique el proyecto de ley tal como fue sancionado, casi por unanimidad -el señor Coloma se abstuvo-, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en su primer trámite reglamentario. Creemos que eso hace justicia con lo obrado por la Sala, pues hace pocos meses aprobamos el proyecto de ley que modifica la ley del Deporte y crea el Ministerio del Deporte, con el objeto de incorporar el deporte adaptado y paralímpico, oportunidad en que ocupamos el nuevo significado: “personas en situación de discapacidad” que, tal como he dicho, sitúa la discapacidad en el entorno y no en la persona. En cuanto al proyecto en general, modifica el Código Penal para hacer frente a situaciones de maltrato o de violencia física en contra de menores de catorce años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, de manera de aumentar la penalidad y demás sanciones. Así por ejemplo, el que ejerciere violencia o maltrato físico en contra de un menor de catorce años de edad, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, será castigado con la pena de prisión y multa, si no es cometido con habitualidad. Por el contrario, si la comisión es habitual, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Ahora bien, cuando exista un deber especial de cuidado sobre un menor de catorce años de edad, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, la pena se verá aumentada. En definitiva, la idea de la iniciativa es que quien cometa este tipo de ilícitos sea sancionada. Va en la línea de proteger a las personas más vulnerables, en este caso, los menores de catorce años de edad, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad. Espero que con los conceptos vertidos y aclarados, la Cámara de Diputados despache el proyecto al Senado para su aprobación en segundo trámite y se convierta prontamente en ley de la república. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señorita Marcela Sabat . La señorita SABAT (doña Marcela) .- Señor Presidente, desde hace cinco años, cuando llegué a la Cámara de Diputados, una de las banderas que he abrazado junto a varios diputados ha sido justamente la defensa de las personas más vulnerables: nuestros adultos mayores, las personas que están en situación de discapacidad y los menores de edad. Pasado el tiempo, tengo la convicción de que no nos equivocamos, porque la legislación realmente está al debe con estas personas que han dado todo por este país y a las que lamentablemente no les hemos dado las condiciones de vida que merecen. En este caso específico, porque tenemos un deber moral con quienes, en razón de su edad o diferentes circunstancias, no pueden hacer frente al maltrato de manera concreta. Hace años que como Estado tenemos una deuda en materia de derechos fundamentales, que se traduce en la necesidad de adaptar nuestra legislación a estándares internacionales, sancionando el maltrato a menores de edad, a adultos mayores y a personas en situación de discapacidad, cuando estos tengan lugar fuera de las figuras señaladas en la actual ley de Violencia Intrafamiliar. En relación con la iniciativa que se vota hoy, puedo señalar que es fruto de la voluntad de los distintos diputados y sectores políticos que hemos trabajado en este proyecto en las distintas comisiones, como sucedió con esta iniciativa en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pues tuvimos la disposición de refundir todas las mociones que tenían el mismo objetivo. Particularmente, en el caso del maltrato a los adultos mayores, hay estudios concretos que señalan que más del 30 por ciento ha sufrido algún tipo de violencia; es decir, uno de cada tres ancianos es víctima de maltrato o de abuso. En la misma línea, cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud señalan que entre un 4 por ciento a un 6 por ciento de adultos mayores, son víctimas de malos tratos. Es decir, de los más de 600 millones de adultos mayores que hay en términos globales, 36 millones son agredidos. Por eso, creemos que la fusión de estos diversos proyectos, donde se sanciona el maltrato y se establece el Registro Nacional de Condenados por Maltrato, va en la línea correcta para sancionar los maltratos habituales, sean físicos o sicológicos, como simple delito, y para sancionar el maltrato que no es habitual como una falta, con pena de prisión y multa. Respecto de estas conductas, también hay que especificar que se agravan las penas cuando son cometidas por aquellas personas que tienen un deber de cuidado sobre el sujeto agredido, incorporando la sanción de inhabilitación para ejercer profesiones u oficios que digan relación con el cuidado y protección de estos grupos vulnerables, lo que es muy importante ya que no estaba tipificado en la ley. Insisto, creo que es muy acertado que hoy lo estemos incorporando. Por otra parte, también agravamos el delito de lesiones, cuando es cometido por quienes tienen este deber de cuidado, en una lógica similar a la calificación que reciben las lesiones cuando son cometidas por personas con vínculos familiares, quienes también quedaban impunes, porque aprovechaban su relación de parentesco frente a personas vulnerables, como es el caso de los adultos mayores, los menores de edad y las personas en situación de discapacidad. Me alegra saber que esta iniciativa se vota días después de mostrar, en programas de televisión y en varios medios, una decena de adultos mayores, en un caso particular, que eran víctimas de terribles abusos en estos mismos lugares de cuidado, situación que lamentablemente se repite a diario. También me alegra porque este proyecto se despachó antes de conocer esos reportajes, y porque finalmente no responde a una reacción populista o a una reacción histérica de querer hacer al respecto una legislación, sino que responde a una profunda convicción, que, como dije al principio, venimos trabajando desde hace muchos años. Asimismo, es una forma de reconocer los méritos del actual presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado señor Matías Walker , quien fue uno de los decididos impulsores de esta iniciativa, que todos abrazamos con convicción hace muchos años e, incluso, citando a comisiones extraordinarias para despachar este proyecto a la brevedad. He sido testigo del maltrato en mi distrito, que alberga una gran cantidad de adultos mayores en las comunas de Ñuñoa y Providencia; quizás, uno de los distritos con más adultos mayores en Chile, donde el maltrato no solo se concreta a través de la agresión física, sino también mediante la indiferencia de quienes, sabiendo de estos hechos, como personas que están a su cuidado, prefieren callar y mirar para otro lado. Informo a la Sala que Renovación Nacional va a apoyar esta iniciativa, porque deseamos avanzar hacia una sociedad más inclusiva, donde se respeten nuestros derechos y realmente se proteja a los más débiles. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete . El señor POBLETE.- Señor Presidente, uno de los flagelos más indeseables que conservamos como especie y específicamente como cultura es el maltrato a los seres humanos, en especial cuando ese maltrato se realiza en contra de niños, ancianos y personas con discapacidad; es decir, en seres humanos en situaciones de vulnerabilidad. Una sociedad dividida como la chilena, que es y ha sido profundamente desigual, larvada de infinitas grietas en el tejido social, ha dejado como saldo prácticas de las que nos avergonzamos, pero que siguen teniendo carta de ciudadanía entre nosotros. Las golpizas, los maltratos físicos o verbales en contra de niños o ancianos, cometidos por adultos o por personas con suficiente juicio y razón para conocer las consecuencias de sus actos, son, para muchos, la peor expresión de la condición humana. El maltrato es una manifestación del abuso y el abuso es la antesala de la negación del otro, y cuando negamos por la vía del abuso y del maltrato, configuramos un panorama de cosas que no solamente repercute en quienes sufren de forma directa ese maltrato, sino también en quienes lo presencian. En síntesis, el maltrato nunca es individual, nunca surte efecto respecto de una sola persona, sino que tiene un efecto irradiador, inmanente y propio, que no puede ser desconocido, pues, al igual que la solidaridad, la compasión y la ayuda, contagia a quienes están cerca. Quien ve el maltrato como algo natural, lo naturaliza, y quien soporta maltrato de forma habitual, lo incorpora como una práctica que forma parte del acervo de conductas posibles, e incluso necesarias, para conseguir ciertos objetivos. Según estudios recientes de la Unicef, actualmente en América Latina existen seis millones de niñas y niños agredidos severamente por sus padres o familiares, y 85 mil mueren cada año como consecuencia de estos castigos. En Chile, el 73,6 por ciento de los niños y niñas sufre violencia física y sicológica de parte de sus padres o parientes. El 53,9 recibe castigos físicos y un 19,7, violencia sicológica. Solo un 26,4 por ciento de los niños y niñas y adolescentes nunca ha vivido situaciones de violencia por parte de sus padres, cifras que son realmente alarmantes. Otro tanto ocurre con los adultos mayores, lo que hace, sin lugar a dudas, que debamos preocuparnos por esta realidad que nos circunda, para transformarla en todo cuanto nos sea posible desde la posición que ocupamos, pues es de toda lógica que los casos de maltrato infantil que logran visibilidad pública por sus dramáticos desenlaces, solo constituyen una pequeña parte de una realidad mucho más amplia y generalizada. Y eso es consecuencia de que todavía un significativo porcentaje de la población considera el castigo físico y sicológico como una herramienta educadora, aun cuando todos sabemos que esta práctica se aleja mucho de la educación y se acerca más al delito. Por eso, las ideas matrices de este proyecto de ley, que son modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro General de Condenas, con el propósito de crear un nuevo tipo penal de maltrato contra menores de edad y otras personas en estado vulnerable y/o aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables a delitos perpetrados contra ellos, no tiene más que aprobarse y seguir su curso. Si maltratamos a los niños es porque no nos importa el futuro; si maltratamos a los ancianos es porque no tenemos cariño por nuestro pasado o el ajeno. Una cultura como la nuestra, que veladamente legitima violentar a los extremos frágiles del recorrido humano, no podría hacerse cargo de sí misma, pues está enferma y carece de juicio moral para reflexionar sobre lo que es ella misma. Estas mociones parlamentarias deben dar origen al marco normativo adecuado y justo para sancionar severamente el maltrato infringido a quienes son vulnerables. No hay excusa, no hay justificación para permitirlo. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías . El señor FARÍAS.- Señor Presidente, me referiré más en extenso al proyecto que figura en el segundo lugar de la Tabla, que trata una materia similar a la que estamos discutiendo en este proyecto, pero en mi calidad de presidente de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, solicito a la Mesa que tenga más cuidado en la decisión de radicar un proyecto en una comisión. Lo señalo porque este proyecto refundido que estamos debatiendo corresponde a una materia propia del ámbito de la Comisión de Familia y Adulto Mayor y debería haberse tratado allí. No lo digo solo por capricho, sino porque nos vemos en la locura de debatir dos proyectos que son prácticamente iguales, pero que se tramitaron en dos comisiones diferentes, con la misma urgencia, porque desgraciadamente hubo colegas que se opusieron a que se refundieran y pudieran ser tratados en la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Si hubiese sido así estaríamos discutiendo un solo proyecto y no dos. En ese sentido le pido a la Mesa que instruya a quienes corresponda para que esto no siga ocurriendo, porque si tenemos comisiones funcionando que dicen relación con ciertos temas, debieran tratar esos temas y no pasarlos a otras comisiones que finalmente se saltan el conducto que corresponde. Rescato de este proyecto, que seguramente lo aprobaremos en forma unánime, que, además, se hace cargo de las personas en situación de discapacidad y de los menores de 14 años de edad cuando son maltratos. En estos proyectos estamos discutiendo sobre grupos etarios de los que llamamos sin voz. Los niños no se organizan para salir a defender sus derechos y, por lo tanto, somos nosotros quienes debemos defenderlos. Lo mismo ocurre con las personas en situación de discapacidad cuando son vulnerados en sus derechos: no tienen voz ni capacidad de organización para defenderse. Lo mismo ocurre con los adultos mayores que son atacados. Por lo tanto, es muy importante que legislemos pensando que la cantidad de adultos mayores en el país poco a poco se iguala a la de los jóvenes. Debemos prepararnos para enfrentar no solo las lesiones que pueden recibir los adultos mayores, los niños y las personas en situación de discapacidad, sino también preocuparnos de cómo reciben atención en los hospitales, consultorios y en el transporte público. Por lo tanto, debemos preocuparnos de estos grupos vulnerables, respondiendo con una legislación integral. Finalmente, entiendo que el segundo proyecto también está con suma urgencia y quiero saber si se va a votar en esta sesión. Lo consulto porque hay varios diputados inscritos para hacer uso de la palabra con relación a este primer proyecto. La idea es que se voten los dos proyectos juntos y quiero saber cómo se va a hacer. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Dada la consulta del diputado Ramón Farías , informo al hemiciclo que los Comités parlamentarios en aras de la importancia que tiene este proyecto de ley, lo eximió del trámite de la Comisión de Constitución, que estaba previsto para que lo vieran ambas comisiones y es por eso que hoy estamos en este debate. El plazo de urgencia vence mañana. Por lo tanto, este proyecto de ley lo tenemos que votar hoy, a diferencia del segundo proyecto que figura en la Tabla, que también tiene suma urgencia, pero con plazo hasta el 22 de octubre. En consecuencia, podríamos resolver ese proyecto la próxima semana, pero obviamente trataremos de hacerlo hoy. Por otra parte, a los parlamentarios no les podemos limitar su derecho a inscripción para hablar sobre el proyecto, pero dependiendo de ello veremos si alcanzamos a votar los dos proyectos en esta sesión. Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker . El señor WALKER.- Señor Presidente, como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, estoy muy contento de que por fin votemos en particular este proyecto de ley, que es fruto de siete mociones refundidas, que sanciona por primera vez el maltrato infantil fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar. El proyecto en cuestión trata sobre el maltrato a personas en situación de discapacidad, como las vamos a denominar por las razones que resolvió la Comisión de Seguridad Ciudadana, y que muy bien explicó el diputado informante, Jaime Pilowsky , como también respecto de los adultos mayores. Por cierto, cabe señalar que no tengo ningún problema en que se limite el tiempo de intervención de cada diputado en este proyecto de ley, a fin de votar en la sesión de hoy el segundo proyecto de ley al que hacía alusión el diputado Farías , que vio la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Simplemente, señalo que este proyecto de ley se hace cargo de las situaciones de maltrato físico y psicológico fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar. La idea es que nunca más una situación de maltrato quede impune y es por ello que estamos tipificando esta figura al establecer una agravante de responsabilidad penal cuando el maltratador sea alguien que tiene un deber especial de cuidado. Y allí tenemos una diferencia legítima con el segundo proyecto de ley que se verá a continuación. Creemos que cuando el agresor es un guardador o una persona que tiene un deber especial de cuidado, ya sea en virtud de la ley, de una resolución judicial o de una convención es una agravante de responsabilidad penal, pero no puede exigirse como elemento del tipo penal. Siempre ponemos de ejemplo el caso del hijo de la periodista Lorena Penjean que fue agredido por un guardia de supermercado. Entonces, si exigimos que el agresor tenga un deber especial de cuidado, como lo es un guardador, dejaríamos en la impunidad ese tipo de situaciones. Por eso la contemplamos dentro del elemento del tipo y con una agravante de responsabilidad penal en el caso de que el agresor sea un guardador. Naturalmente como estamos hablando de derecho penal es difícil acreditar el maltrato psicológico, por lo cual recogimos la propuesta que hizo el Ministerio de Justicia y exigimos reiteración en el tiempo, gravedad y una serie de circunstancias para calificar cuando estamos en presencia de maltrato psicológico. Así resolvimos una duda que había planteado legítimamente la Sala respecto de cómo vamos a denominar a las personas con discapacidad. Ese tema lo resolvió la Comisión e insistiremos en la denominación propuesta por el Senadi, que es hablar de personas en situación de discapacidad, porque puede ser temporal y debe atenderse este tipo de situaciones. Además, como bien explicó el diputado Pilowsky , en la ley que incorpora el deporte adaptado y paralímpico ya establecimos esta innovación y nos referimos a personas en situación de discapacidad. Por último, durante la tramitación del proyecto de ley nos dimos cuenta de que las sanciones que establece la ley de Violencia Intrafamiliar, sobre todo respecto del maltrato infantil, son bajas; por eso, la iniciativa aumenta en un grado la sanción penal en cuanto a la violencia intrafamiliar. De esta manera, estamos actualizando el catálogo de delitos; por primera vez se incorpora una sanción penal al maltrato fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar, principalmente en el caso del maltrato infantil. Como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, me congratulo porque hoy, por fin, este proyecto de ley puede ser aprobado en particular. Con esto, con mucha fuerza podremos decir no al maltrato infantil, ya que tendrá una sanción penal efectiva. He dicho. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, perdón pero el diputado Matías Walker hizo una sugerencia, por lo que pido que recabe la unanimidad de la Sala para acortar los discursos a cinco minutos, con el fin de tratar el segundo proyecto de la Tabla. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Señor diputado, no tenemos quorum para adoptar un acuerdo en este momento. Tiene la palabra la diputada Karol Cariola . La señorita CARIOLA (doña Karol) .- Señor Presidente, este proyecto de ley surgió de distintas voluntades que se configuraron para establecer sanciones y penas respecto de delitos en contra de personas en estado vulnerable. Ahora bien, al hablar de personas en estado vulnerable no solo nos referimos a los niños, sino, también, a aquellos adultos mayores que muchas veces son víctimas de delitos, de agresión y pocas veces quienes comenten esos actos llegan a la justicia y quedan en la impunidad. También hablamos de personas en situación de discapacidad, que no tienen las condiciones para defenderse por sí mismas; incluso de personas que son agredidas por familiares o por delincuentes que se aprovechan de su condición. Esta discusión que se ha dado en la Comisión de Seguridad Ciudadana es tremendamente relevante y necesaria. Por lo demás, logramos un acuerdo transversal para llegar a un punto en común: logramos establecer un vínculo en una indicación que elaboramos en conjunto los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana con el Ministerio de Justicia, el Senama, la Biblioteca del Congreso Nacional, con el fin de encontrar puntos de encuentro respecto de un acuerdo que busca sancionar y dejar como delito aquellos hechos que se generan contra la población en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Este proyecto de ley busca específicamente la protección de las personas -menores de 14 años, personas mayores, personas en situación de discapacidad- que sufren maltrato, violencia y que en la actualidad, lamentablemente, quienes cometen esos delitos quedan en la impunidad. La idea de la iniciativa es más que simplemente aumentar la pena de un delito, es enfocarse en el sujeto único, es sancionar el maltrato tanto físico como sicológico en contra de estas personas, es establecer un tipo penal base y figuras agravadas, dada la habitualidad del maltrato y en el evento que el agresor tenga un especial deber de cuidado hacia la víctima. Además, a consecuencia de dicho maltrato, el agresor será sancionado por ese delito. Asimismo, se establecen penas de inhabilitación para trabajar con estos sujetos vulnerables, tanto al autor del delito de maltrato, como a los otros delitos de mayor entidad, que afectan la vida o la integridad física generando lesiones y homicidios. Esta pena será inscrita en un registro al cual toda persona podrá acceder a través de Internet, porque muchas veces familias confían el cuidado de sus hijos a otras personas sin saber que dichos cuidadores tienen antecedentes de maltrato en contra menores. Al respecto, quiero ser muy clara al señalar que con esto no queremos generar una suerte de estigmatización de las personas que llevan a cabo este trabajo. Pero creemos que es inaceptable que un niño sea agredido fuera o dentro del entorno familiar. No solo debemos considerar como delito las agresiones intrafamiliares, también tenemos que incluir aquellas que estas personas sufren fuera del hogar deben ser sancionadas. Quiero destacar que el proyecto de ley establece la necesidad de que estos delitos de maltrato sean de acción penal pública y no podrá ejercerse respecto de ellos el principio de oportunidad; es decir, cualquier persona puede denunciar aquellos delitos. En ese sentido, muchas veces personas mayores, que no son autovalentes, son agredidas permanentemente y el vecino no puede denunciar ese hecho. Sin embargo, esta iniciativa propone que cualquier persona pueda hacer una denuncia por maltrato contra una persona en estado vulnerable. Además, el Ministerio Público deberá perseguir de oficio y habrá personas obligadas a denunciar los delitos, de la misma manera en que en la actualidad lo deben hacer los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, los directores de hospitales y clínicas y profesionales y médicos. Este proyecto propone que cualquier persona pueda hacer la denuncia. Al mismo tiempo, no podrán acogerse al principio de oportunidad quienes cometan delitos contra adultos mayores, por lo que se tendrán que llevar adelante las investigaciones correspondientes para que no queden en el aire y, por lo tanto, hay un incentivo real para denunciar a quienes cometan delitos en contra de personas en estado vulnerable, con el fin de que se apliquen las sanciones correspondientes. Ahora bien, como lo han dicho colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, debemos cambiar el paradigma; no porque la ley se refiera a personas discapacitadas vamos a seguir utilizando esa expresión. Creemos que el concepto es personas en situación de discapacidad, porque esa situación puede ser permanente o transitoria. Ante eso, hay que hacer una distinción. Por eso, hemos hecho un cambio en el paradigma y hablamos de personas en situación de discapacidad, porque ello significa entablar un enfoque de derechos para esas personas. Por lo tanto, defiendo el rechazo de la Comisión de Seguridad Ciudadana a una indicación, con el fin de volver al concepto inicial, ya que creemos que si queremos utilizar un lenguaje adecuado, debemos partir por hacerlo en las leyes que generamos. Anuncio el voto favorable a esta iniciativa de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana. Espero que se apruebe el proyecto de ley y que el Senado haga lo mismo, con el fin de contar con una ley respaldada por todos quienes consideran que las personas en situación de vulnerabilidad no pueden seguir expuestas al maltrato y a la violencia. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Pérez . El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, estamos tramitando un proyecto de ley de extrema importancia. Espero que este se apruebe y que se hagan las inversiones correspondientes, a fin de que a los infractores se les apliquen las sanciones que se merecen cuando existe maltrato físico a adultos mayores y el maltrato y abuso, muchas veces sexual, a menores. Muchas veces aparecen denuncias en los medios de comunicación, como en Televisión Nacional u otros, pero no sucede nada. ¿Cómo no recordar el caso de aquella nana que maltrataba en forma brutal a una guagua cuando le cambiaba los pañales? La causa llegó a tribunales, pero, después de una investigación que duró un par de semanas, la mujer quedó en libertad. Es una vergüenza no contar con una legislación respecto del tema planteado y no tener magistrados que sancionen en forma ejemplar el abuso a menores o a personas indefensas de la tercera edad. Por eso he planteado que, en el caso de la tercera edad, deberíamos invertir recursos importantes en cada una de las cabeceras de provincia para tener residenciales para adultos mayores, vale decir, para aquellos que quedan solos, a quienes se les ha muerto su esposa y sus hijos se fueron lejos o a los que no los tuvieron, para que no queden abandonados y estén en un lugar donde se les entregue atención en salud, física y psicológica, para que vivan los últimos años de vida con la dignidad que corresponde. El tema lo planteamos hace muchos años, pero no ha tenido la recepción que corresponde por parte del Estado de Chile para llevar adelante una política respecto de esta materia. Estamos de acuerdo con que haya salas cuna y de acogida, pero también necesitamos residenciales para adultos mayores, para que no deambulen por las calles o en alguna casa de acogida, donde no siempre son bien tratados. Por otro lado, esto contrasta con un vacío tremendo en la ley. Cuando se detiene a un delincuente, que seguramente ha delinquido reiteradamente, lo apresa Carabineros o la Policía de Investigaciones y los tipos se tapan la cara con una parka o con lo que sea, o se agachan para que no se les vea el rostro. Debiera obligarse a que esas personas muestren sus rostros, porque así serán reconocidos por otras personas que fueron asaltadas o violentadas por esos delincuentes. No es posible que protejamos al delincuente y no nos preocupemos de los adultos mayores y de los menores, como corresponde. Nos falta un ordenamiento respecto de estas materias. En lo que dice relación con menores, es indudable que el Servicio Nacional de Menores debe jugar un rol fundamental y no escuchar permanentemente, a través de los medios de comunicación, sobre los abusos reiterados que se cometen contra los niños. En esos lugares tenemos personal público y es el Estado el que está a cargo de ellos. Por consiguiente, hay que dar un trato digno a esos niños, porque lo merecen y porque serán los hombres y mujeres del mañana. Espero que esta futura ley tenga el efecto que todos deseamos y que se sancione en forma enérgica a quienes abusan de las personas de la tercera edad o a quienes abusan a menores, porque actualmente no pasa absolutamente nada. La ley tiene que ser rigurosa y ejemplar en la defensa de esas personas desprotegidas, que abarcan los dos extremos de la vida: los niños y los adultos mayores. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina . La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, antes que todo quiero agradecer el hecho de que estemos tratando estos dos proyectos. Me voy a referir al primero, vale decir, respecto de los niños y de los adultos mayores. Los proyectos que se encuentran en los puntos 1 y 2 de la Tabla de hoy tienen similitudes, ya que van en la línea de dar mayor protección a determinados grupos vulnerables de nuestra sociedad, como son los menores de 14 años, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad. El proyecto que está en el primer punto de la Tabla es más amplio, porque establece inhabilidades y supuestos más específicos que el segundo, el cual solo hace referencia al delito de maltrato del adulto mayor. Habría sido ideal que las iniciativas se hubiesen analizado en conjunto. Lo valorable es el mensaje que como Cámara de Diputados queremos entregar, que apunta a la necesidad de legislar a favor de esos grupos de la sociedad que, sin lugar a dudas, tienen mayores desventajas que otros. En el caso de los adultos mayores, es evidente la situación de desprotección en que se encuentran, ya que muchas veces no pueden valerse en su totalidad por sí mismos y necesitan ser constantemente asistidos por terceros que no necesariamente los tratan como corresponde. Una situación similar ocurre con las personas con capacidades diferentes y con los menores de 14 años, quienes la mayoría de las veces no cuentan con las herramientas suficientes para defenderse de los abusos físicos o psíquicos a los que se ven sometidos. Por lo anterior, se hace necesaria una tipificación penal especial al respecto, que es precisamente lo que plantean los proyectos en comento. Todas las iniciativas que analizamos nos permiten reflexionar acerca de la dimensión humana y social que tenemos que plasmar en los proyectos de ley, ya que eso es lo que las personas esperan de nosotros: que abordemos las inquietudes y necesidades que les aquejan para mejorar sus condiciones de vida. Por ello, hago un llamado para que, en conjunto y en forma transversal, apoyemos estos proyectos, que no buscan más que hacer justicia con ciertos grupos de la población que se encuentran muy desprotegidos. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Fuenzalida . El señor FUENZALIDA.- Señor Presidente, este es un muy buen proyecto de ley y lo trabajamos bastante en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Digo que es una muy buena iniciativa porque nos saca de la lógica que tenemos respecto del maltrato físico o psíquico a personas en situación de discapacidad, a adultos mayores y a menores de edad, que no están dentro de la esfera consanguínea, es decir, no están dentro de la esfera familiar. La única herramienta que tenemos en Chile y que regula este tipo de maltrato sanciona a quienes lo ejercen en el seno familiar y se encuentra regida por la ley de violencia intrafamiliar. Este proyecto apunta a sancionar el maltrato que se registra fuera de esas líneas de consanguinidad. Por otro lado, nuestro proyecto incorpora como elemento novedoso el concepto de violencia psíquica, ya que siempre es la violencia física la que es recogida en la legislación y la psíquica no se consideraba. Es un gran avance, sobre todo porque el proyecto define lo que se entiende por violencia psíquica, que es todo trato denigrante cometido con la intención de menoscabar gravemente la integridad moral de la víctima. Otra aspecto importante que contempla el proyecto de ley es la proporcionalidad de las penas que ordena, tanto en la ley de violencia intrafamiliar como en esta, que es interesante, aunque, a mi juicio, aún son muy bajas, porque la máxima pena que podrá aplicarse a una persona que maltrata a quienes tiene el deber de cuidar, sean adultos mayores, personas en situación de discapacidad o menores, será de 541 días. Aun así, lo considero un esfuerzo importante por equilibrar las penas con las de la ley de violencia intrafamiliar y del Código Penal. Por todos los puntos antes mencionados, es muy importante aprobar este proyecto, para llenar un vacío legal que muchos adultos mayores y menores de edad reclaman. En reiteradas ocasiones, hemos visto a través de la prensa casos de maltrato que han quedado registrados en cámaras ocultas instaladas en las residencias, pero, lamentablemente, no existía una legislación que permitiera enfrentar esa realidad. Sin embargo, gracias a esta futura ley, se llenará ese vacío y, por lo tanto, se podrá enfrentar ese tipo de situaciones. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste . La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, para la bancada de la Democracia Cristiana el presente proyecto es de gran importancia, no solo porque muchos de sus autores integran la bancada, sino también porque tenemos la clara convicción de que debemos apoyar y proteger a quienes hoy enfrentan más dificultades: los menores, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes. En nuestro país, se considera adulto mayor a la persona de 60 años de edad o más. En la actualidad, esas personas enfrentan situaciones complejas, pues requieren mejor acceso a bienes básicos y necesitan, como todos los seres humanos, sentirse respetados en sus principios y derechos. Reconocemos que en Chile se han hecho importantes avances, a través de la ratificación de instrumentos del sistema internacional de derechos humanos destinados a erradicar la violencia contra menores y adultos mayores. Sin embargo, dichos tratados internacionales no necesariamente dan cuenta de lo que en la actualidad se debe hacer en nuestro país, pues no podemos dejar de reconocer que en muchos espacios, públicos y privados, se mantienen y recrean situaciones de violencia que queremos erradicar de nuestra sociedad. Por eso, nos parece tan importante que en la comisión, en una muestra de esfuerzo, como lo señalaron los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, se refundieran distintas mociones que abordaban el maltrato a los menores de edad, a las personas vulnerables y a los adultos y adultas mayores. No obstante, quiero llamar la atención respecto de una de las mociones que dio origen al presente proyecto y que la comisión optó finalmente por no incorporar al texto legal. Dicha iniciativa modificaba el Código Penal para sancionar la seducción de menores por medios virtuales. Considero que el Congreso Nacional no solo debe referirse a aquellos temas que tradicionalmente conocemos y condenamos, como la violencia física y psicológica contra los grupos a los que hemos hecho mención. También debe debatir sobre la generación de violencia a través de medios virtuales. Por ello, se debió incluir la moción que abordaba esa situación (boletín N° 9901-07), que tiene por autores a algunos miembros de nuestra bancada, como los diputados Marcelo Chávez, Iván Flores , Juan Morano , Jaime Pilowsky , Ricardo Rincón y René Saffirio . La moción respondía a un objetivo fundamental: establecer en la legislación una norma que persiga a los pedófilos que utilizan internet para seducir a los menores, ya que actualmente en nuestro país existe un vacío legal, debido a que el Código Penal exige que este intento de seducción se dé cuando el adulto esté en presencia física del menor de edad. Muchos de los presentes sabemos y hemos visto, gracias al esfuerzo realizado en distintos reportajes, que hoy, a través de los medios virtuales, existe violencia psicológica ejercida por pedófilos contra menores de edad. Por ello, la moción introducía en el Código Penal un artículo 366 sexies, que disponía: “El que sedujere o intentare seducir con la finalidad de ofrecer, inducir, alentar o solicitar un encuentro para alguna actividad sexual a través de cualquier medio electrónico, físico o presencial, a una persona menor de edad, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo. Esta pena se agravará en un grado, en caso de ser el menor un impúber, y en dos grados, en caso de ser este un infante.”. Estimo de máxima relevancia incorporar esta materia al proyecto en tramitación. No nos parece que una comisión refunda un conjunto de iniciativas, pero que, a la hora de proponer modificaciones a la Sala, no se haga cargo de una de ellas. Quiero llamar la atención de la Cámara de Diputados sobre el particular. No solo para los autores de la referida moción, sino también para quienes estamos convencidos de que se deben ir reduciendo todos los vacíos legales, es importante que la propuesta señalada sea incorporada en el proyecto. Valoramos que esta futura ley permita que toda institución pública o privada que, por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de su actividad, requiera contratar o designar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión, chequee en el registro de antecedentes si el postulante ha sido autor físico o virtual de maltrato o violencia psicológica contra menores de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Asimismo, valoramos que el proyecto disponga que el Servicio de Registro Civil e Identificación se limite a informar si a la fecha de la solicitud la persona por quien se consulta se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades establecidas en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal y omitirá proporcionar todo otro dato o antecedente que conste en el registro. Otro aspecto que destacamos es que para acceder a dicha información el solicitante deberá ingresar o suministrar el nombre y el número de Rol Único Nacional de la persona cuya consulta se efectúa. Si bien el proyecto en discusión constituye un paso, no podemos dejar de hacer presente nuestra preocupación por que la comisión no se pronunció respecto de una moción que también aborda el conjunto de situaciones que el Congreso Nacional busca corregir. Por lo tanto, formalmente solicitamos a la Mesa que remita a la comisión la moción contenida en el boletín N° 9901-07, para que se trate próximamente y, en consecuencia, no se mantenga un vacío legal que permite a pedófilos y a abusadores seguir ejerciendo violencia psicológica contra nuestros menores a través de las redes sociales y los medios electrónicos. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada . El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, tal vez, los chilenos no saben que estamos tratando un tema tan importante para el país y, en especial, para los grupos más vulnerables. Quizás, en la memoria permanecerá el bochorno de ayer, pese a que hoy se está discutiendo, a través de una muy buena iniciativa de un conjunto de diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana, un aspecto vital. En Chile, las cifras indican un aumento exponencial del número de personas que se incorpora al mundo del adulto mayor. Y en esta etapa de la vida se tornan más vulnerables. Según la proyección del INE, en 2020 la esperanza de vida de los chilenos será, en promedio, de 79,7 años para los hombres y de 82,1 años para las mujeres. El 16,7 por ciento de la población chilena, equivalente a 2 millones 885 mil 157 personas, supera hoy los 60 años, de los cuales el 57 por ciento son mujeres y el 42,7 por ciento hombres. A nivel de la infancia, según la Unicef, 6 de cada 10 niños en el mundo de entre 12 y 14 años sufre maltrato físico a diario, cifra que representa aproximadamente a un millón de niños chilenos que padecen maltrato por parte de sus cuidadores. La mayoría de los niños sufre una combinación de maltrato físico y psicológico. En Chile, según las cifras del Sename, más de 33 mil niños fueron víctimas de violencia durante 2014. Durante ese mismo año, ingresaron 111.440 niños, niñas y adolescentes al sistema de protección de la institución por orden de algún tribunal de familia. Hoy, la cifra de niños vinculados a los programas del Sename es cercana a los 500 mil. De la misma manera, volviendo al adulto mayor, los antecedentes periodísticos indican que hay constantes denuncias sobre los lugares que están habilitados para su cuidado y que terminan causándole daños. Ambos grupos vulnerables requieren una atención del Gobierno, del Estado y del Congreso Nacional. Por eso, votaré a favor este conjunto de proyectos. Pero, quiero señalar la importancia que tiene eso, ya que Chile entrará en una etapa de educación cívica. El anhelo de la inmensa mayoría de los chilenos es contar con una nueva Constitución que sea legítima y democrática en su origen. Aprovechemos la oportunidad para que con la educación, a través de los contenidos transversales y la formación cívica, inculquemos el respeto tanto a los niños, a su integridad física y psicológica, como a los adultos mayores. Hoy es común ver en los medios de transporte público y en los servicios de urgencia y hospitales a adoloridos ancianos esperando, por largas horas en los pasillos o en los halls de los centros de salud, ser atendidos y que se les respeten sus derechos. Esto no tiene directa relación con el tema. Pero en esta Sala hemos abordado el abuso al cual están sometidos miles de adultos mayores que tienen pensiones inferiores a 150 mil pesos, de cuyo total el 93 por ciento corresponde a mujeres. Por lo tanto, después del bochornoso episodio de ayer en la Sala, por Dios que tiene sentido este proyecto para la población chilena. Sería interesante que la ciudadanía supiera que el Congreso Nacional está discutiendo un tema que tiene que ver con la calidad de vida de la gente y, en particular, con los dos grupos más vulnerables de la población. Por eso, votaré a favor el proyecto, porque eso es lo que Chile espera de sus parlamentarios. Se trata de aspectos que tienen que ver con el sentido real de las personas de carne y hueso que sufren constantes situaciones de maltrato. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín . El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, quiero hacer una intervención respecto del proyecto en la misma línea de lo planteado por el diputado Arriagada . Además de felicitar y reconocer el trabajo de sus autores, deseo centrar el debate en cómo generamos una mayor protección jurídica a las personas más vulnerables. Muchas veces hemos discutido -y lo hicimos con motivo de la agenda corta y con justa razón- sobre cómo mejoramos la eficacia de la investigación y la persecución de la sanción penal cuando se trata de delitos contra la propiedad. Pero muy poco debatimos cuando no se trata de esos delitos, sino de la integridad física o psíquica de las personas. Menos aún cuando ellas no son cualesquiera personas. Me refiero a aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que, por lo tanto, requieren de un esfuerzo adicional del Estado para darles una protección jurídica adecuada. En ese grupo apunto en particular a los menores de edad, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, que requieren que establezcamos tipos penales específicos, porque los que hoy considera nuestra legislación muchas veces no alcanzan para establecer una sanción penal a quienes agreden o maltratan a las personas vulnerables. Por ejemplo, el delito de lesiones requiere necesariamente la existencia de un resultado físico en la víctima. Sin embargo, hay una serie de maltratos que no generan ese efecto, por lo tanto no podemos hablar de maltrato con lesiones, pero sí físico. También se puede hablar de maltrato psicológico, cuando se trata de violencia intrafamiliar, el cual debe cumplir con el requisito de que la persona afectada viva bajo el mismo techo de su agresor y que sea habitual para que sea típicamente un delito. No obstante, si no se cumple con esas dos condiciones copulativas, como vivir bajo un mismo techo y que sea un acto habitual, no hay sanción penal. Pero muchas veces los adultos mayores son objeto de ese tipo de agresión, aun cuando en el hogar en común no se viva una situación de maltrato psicológico. Incluso, puede ser que ese maltrato no sea habitual, pero también debe tener un reproche jurídico. Por eso, valoramos este proyecto, porque nos parece comprensivo, contundente y lógico. Además, la iniciativa establece quiénes son posibles de ser sancionados. Cualquier persona que comete ese maltrato puede caer en esa conducta. Lo digo con ocasión del segundo proyecto en Tabla, referido solo a los adultos mayores, porque no tipifica cualquier maltrato, sino que solo cuando aquel es ocasionado por quien tiene el deber de cuidar o custodiar al adulto mayor. En mi opinión, debemos sancionar todo tipo de maltrato, independientemente de que el maltratador tenga el deber de cuidado. Reitero, debemos dar una protección más amplia a los adultos mayores, a los niños y a las personas con discapacidad. Si la persona que tiene el deber de cuidado incurre en maltrato –y eso está muy bien planteado en el proyecto-, se resuelve con una agravante de responsabilidad penal, que es la lógica en virtud de las características personales y del deber de cuidado que le asiste a ella. Obviamente, si cae en una conducta típica de maltrato, eso debe constituir una agravante de la responsabilidad penal. Por lo tanto, desde el punto de vista de la comprensión de las conductas de los sujetos que potencialmente podrían incurrir en esa sanción, pero también respecto de la lógica sobre quiénes tienen el deber de cuidado y cuál es la responsabilidad penal que les asiste –a mi juicio, una responsabilidad penal agravada-, eso me parece mucho más coherente. Hago ese alcance porque debemos legislar con coherencia. Asimismo, quiero señalar con mucha franqueza que no es posible aprobar esta iniciativa y aprobar en forma simultánea el otro proyecto, porque sería incoherente. Tienen un objetivo parecido, pero en cuanto a la solución jurídica que se da en ambos son complemente inconsistentes. En consecuencia, aprobaré con mucho entusiasmo este proyecto, porque –repito- sanciona el maltrato venga de donde provenga, cuando se trate de personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas en situación de discapacidad –no cuestionaré eso mayormente-, y lo resuelve con una agravante, cuando se trate de personas que tienen el deber de cuidado. En mi opinión, esa es la solución jurídica adecuada para esa situación. Lamentablemente, tal como está redactado el otro proyecto, aun cuando comparto su objetivo, no lo aprobaré en esta oportunidad. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda . La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, como una de las autoras de este proyecto quiero agradecer la labor de la Comisión que lo revisó, perfeccionó, fusionó y despachó. Cómo no alegrarnos de entregar una buena señal en el sentido de proteger a los adultos mayores, a los menores y a las personas con capacidades especiales o distintas. Sin embargo, el diputado Claudio Arriagada nos planteaba cómo han ido aumentando las denuncias sobre violencia intrafamiliar, en especial, de maltrato a los menores. Al respecto, también hemos denunciado hechos ocurridos en el Sename. Por otra parte, mantenemos una deuda que tiene que ver con la inercia que ha demostrado el Estado en buscar una solución a los problemas que afectan al Sename, donde están nuestros niños más vulnerables, a los que debemos tratar, cuidar y entregar un entorno que les permita crecer en armonía y felicidad. Como se trata de un asunto de gran complejidad, esperamos que en la ley de Presupuestos de la Nación se contemple la posibilidad de superar diferencias. A propósito de que nos visitan adultos mayores en las tribunas, quiero señalar lo tremendo que significa recibir violencia física y psicológica por parte de un miembro de la propia familia. ¡Qué tremendo resulta reconocer que al interior de una familia un niño está sufriendo violencia física y psicológica! Puede ser un hijo, un nieto, o cualquier miembro de ella. ¡Qué difícil es reconocer que podemos recibir violencia de un encargado de la tuición, del cuidado de un niño! ¡Qué tremendo es reconocerlo! ¡Qué tremendo es reconocer que estamos otra vez cometiendo, no sé si el error, pero la funcionalidad desde el Parlamento de señalar que vamos a subir las penas. ¡Y subamos las penas, y está bien! Vamos a subir las penas. Soy autora del proyecto de ley, pero debemos cuestionar qué nos está pasando. Debemos entender que en la familia, es decir, en el entorno más cercano a las personas, algo está sucediendo, y que la violencia se podrá entender -la que existe, a lo mejor, entre el hombre y la mujer por celos, por no sé qué, lo que también es patológico-, pero no por parte de quien cuida o cuidó un menor. Señor Presidente, cuando vemos las medidas accesorias propuestas que tienen que ver con el servicio o trabajo comunitario, parece que corresponden. Pero preferiría que tuvieran que ver con la ayuda psicológica. No puede ser que al interior de nuestras familias tengamos la enfermedad de aplicar la violencia entre nosotros, la que se da no solo entre el hombre y la mujer, como se ve a diario, sino también contra los menores y personas con discapacidad. ¡Y qué nos está pasando con las frustraciones, con las desigualdades, con el consumismo, con la incapacidad para dialogar y ponernos de acuerdo al interior de la familia! ¡También hay una tremenda frustración al interior de ellas! Me habría gustado que las medidas accesorias no tuvieran que ver con el trabajo voluntario o comunitario, sino con incorporar la terapia psicológica y psiquiátrica. Porque, si no, lo que va a ocurrir, es que van a cumplir con las penas, pero van a volver a la familia. ¡Van a cumplir con la pena accesoria, pero van a volver a la familia! Sería interesante, a lo mejor, en el transcurso del proceso legislativo que resta, abordar la posibilidad de incorporar en las penas accesorias todo lo relacionado con el tratamiento que permita no solo castigar, sino también prevenir. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Honorable Sala, sin suspender la sesión, se cita a reunión de Comités. Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar . La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, no pensaba intervenir en la discusión de este proyecto, sino en el siguiente. Sin embargo, después de la intervención del diputado Fuad Chahin , no me quedó otra posibilidad que inscribirme para hacer uso de la palabra. Creo que él puede tener una postura legítima sobre la forma en que se debe sancionar el maltrato al adulto mayor. No obstante, respecto del proyecto que presentamos en 2006, y para el que fue solicitada urgencia a la ministra de Justicia hace muchos meses, que tiene por objeto tipificar el maltrato cuando es de un cuidador y tipificarlo como un tipo especial. Lo mismos ocurre, por ejemplo, con el parricidio, que no es homicidio con agravante por parentesco, sino que un tipo especial. ¿Por qué? Porque ya existe el agravante cuando se maltrata a un adulto mayor. Es cosa de buscarlo en el Código Penal. Se van a encontrar con que ya existe esa sanción mayor para quien maltrata a un adulto mayor. No se llama adulto mayor. Tiene otro nombre, pero está claramente pensado en ellos, que son las personas más vulnerables. Señor Presidente, me siento desilusionada del Congreso Nacional. Lo digo con todas sus letras. Entiendo que una Comisión decidió fusionar algunos proyectos de ley, no todos, pero es un problema de la secretaría de la Comisión y no del presidente de ella. Durante todo el trámite del proyecto de ley no hemos sido capaces de fusionar los proyectos, ni tampoco hemos sido capaces de enviar un solo proyecto al Senado. En cuanto a este proyecto, que es transversal, que tiene firmas de parlamentarios de todas y cada una de las bancadas, ahora se anuncia que hay parlamentarios que lo quieren rechazar. Eso lo encuentro sorprendente. Este proyecto crea un tipo penal especial para los cuidadores, genera una inhabilidad que nace de la intención directa de proteger a los adultos mayores. No se trata de un proyecto para los menores y que luego asume a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. No, se trata de un proyecto pensado en los adultos mayores y que hoy la Cámara quiere dejar fuera. Agradezco al diputado Ramón Farías la lucha que ha dado, y a los diputados de la Comisión del Adulto Mayor que no son autores del proyecto, pero que nos han ayudado enormemente, como la diputada Daniella Cicardini y otros. Sin embargo, esto que nos está pasando no lo puedo entender. No puedo entender que no haya un mínimo de fair play en esta Cámara. Ahora me pasa a mí como autora de este proyecto de ley, pero el día de mañana le puede pasar a cualquiera. Y eso no corresponde, porque aquí lo mínimo que se debiera respetar es la autoridad de los proyectos. Si se tienen que fusionar, perfecto, que se fusionen, pero –repito- debe haber un mínimo de fair play. Me dicen que se van a votar los dos. La ministra de Justicia les asigna suma urgencia, pero hoy nos anuncian algunos parlamentarios que no están conformes con uno de ello y que por lo tanto lo van a votar en contra. ¡O sea, no permitieron fusionarlos y uno lo van a votar en contra! En verdad, les pido un minuto de reflexión, porque estamos votando un proyecto muy importante para los adultos mayores. Personalmente, como política criminal, luego de conversar con muchos penalistas, creemos que esta es la forma correcta de crear un nuevo acápite en el Código Penal. Me siento desilusionada, porque esto no es a costa de cualquier cosa y, de verdad, debiéramos regular esta situación, ya que de seguro va a suceder en varias oportunidades más. En este proyecto de ley falta una política de cuidado. Ayer vino el capellán de la Fundación Las Rosas a decir que no tuvo financiamiento durante todo el año, a pesar de que tiene asignado 1.600 millones de pesos, que debió cerrar más de 500 camas, que efectivamente la situación de su hogar y de otros es paupérrima, que este año el Estado no les dio los 10.000 pesos que les pasa anualmente y que, además, ni siquiera completaron los 32.000 pesos mínimos que debiesen darse por día cama. No obstante, ayer en la comisión, el diputado Sandoval mencionó el gran número de familias que deben optar entre trabajar o cuidar a adultos mayores, a niños y a adultos en situación de discapacidad, y a niños con enfermedades graves. No puede ser que no contemos con una política mínima de cuidado que permita -más allá de que sancionemos al cuidador, como es el caso de este proyecto de ley-, a las familias hacerse cargo sin que eso termine empobreciéndolas, cargando una vez más el peso sobre las mujeres, quienes habitualmente son las que cuidan. Entiendo que fue un anuncio de la Presidenta Bachelet durante su campaña. Entonces dijo que crearía un sistema nacional de cuidado. Invito a la Cámara de Diputados a pensar la forma en que el Estado pueda financiar a quienes se hacen cargo de nuestros adultos mayores, de nuestros niños en situación de discapacidad o de enfermedad, o de quien lo requiera. Construyamos entre todos un país más solidario, pero partamos en el Congreso Nacional haciendo lo que corresponde. He dicho. El señor BECKER (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi . La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, este proyecto de ley apunta a revertir y a reparar nuestra sociedad. Suscribimos un convenio internacional que nos obliga, como Estado, a buscar todas las medidas, legislativas y administrativas, para que efectivamente se respeten los derechos de los niños. No obstante, algo estamos haciendo mal si las cifras indican que somos uno de los países con mayor maltrato infantil a nivel mundial. No estamos haciendo lo suficiente para que los niños en Chile tengan el cuidado y el respeto que se merecen. Al respecto, se está legislando para crear y para agravar las penas en los casos de maltrato, de abuso sexual y de pederastia. No obstante, coincido con la diputada Sepúlveda en que no solo se trata de leyes, sino que debemos evaluar lo que sucede con nuestra sociedad, que permanentemente maltrata a los niños; al igual que el Estado, a aquellos que debiese cuidar. En Chile hay más de 3.000 niños en protección residencial, los cuales son víctimas de maltrato y de abuso sexual. No sé si nos habremos acostumbrado y habremos naturalizado la violencia de Estado en esta materia, pero el Servicio Nacional de Menores, es denunciado permanentemente a través de distintas instituciones, por ejemplo, comisiones investigadoras, pero hasta la fecha no se conoce ningún cambio en la forma en que son tratados los niños en situación de custodia. Igual o más terrible es cuando la propia familia, que se supone debe cuidar al menor, lo maltrata o lo viola. No obstante, cuando el Estado asume la custodia de ese niño en situación de vulnerabilidad, son maltratados y violentados sexualmente al interior de las residencias en donde debiesen ser cuidados. Claramente, esa situación se ha permitido en nuestro país a lo largo de muchos años; sin embargo, debe terminar. Por ello, junto con el diputado Arriagada y otros, presentaremos una iniciativa para sancionar la violencia de Estado. Este no es un tema individual que ocurra en el ámbito doméstico, sino en el social y en el estatal. El Estado ha permitido que en Chile les sucedan estas situaciones a los niños. Espero que este proyecto se apruebe, pero, claramente debemos ir más lejos, porque estamos violando permanentemente los derechos de nuestros niños. Para muestra, un botón. Hace una semana supe acerca de una mujer de mi distrito que padece cáncer terminal, quien tiene dos hijas; una de seis y otra de nueve años. Sin embargo, el Estado le quitó sus niñas, por no concurrir a las audiencias, ya que se está muriendo. Esa es una situación absolutamente aberrante; sin embargo, ocurre permanentemente en nuestro país. En Chile, constantemente se violan los derechos humanos de los niños, y el derecho a que reciban el cuidado, el cariño y el amor que merecen. Debemos avanzar en eso, por esa razón, votaré a favor el proyecto. Hago un llamado a no naturalizar la violencia que el Estado, el cual debemos fiscalizar y controlar, permite al vulnerar permanentemente los derechos de los niños. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado David Sandoval . El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, frente a un proyecto de tal relevancia humana y social, es absolutamente necesario avanzar en dicho propósito. ¡Quién quiere construir una sociedad basada en la resolución de conflictos a través de la violencia! ¡Quién quiere que un tercero sea sometido a condición de violencia, más aun cuando se trata de menores, de adultos mayores o de personas en situación de discapacidad! Cualquier acción que se realice en el contexto de dicha realidad merece la más absoluta y total condena, y creo que este proyecto va en la dirección necesaria y adecuada al aumentar la penalidad y al establecer registros de inhabilidades respecto de funciones públicas, laborales y otras. Me parece absolutamente razonable la apertura de una instancia que permita el acceso a esta información a personas que el día de mañana la requieran. Recuerdo casos de personas que habiendo sido sancionadas por alguna instancia de estas características, terminaron cumpliendo funciones similares. El proyecto va en la dirección adecuada. Es una pena que en Chile se deba legislar para impedir la violencia, cuando todos debiésemos propiciar la construcción de una cultura de la no violencia. La inmensa mayoría de los jóvenes está construyendo su futuro, sus proyectos y sus ideas en el contexto de la realidad que corresponde, con responsabilidad y con seriedad; por ello, nos alegramos. Sin embargo, vemos jóvenes, absolutamente desquiciados por la intolerancia, realizar acciones vandálicas. Creen que a través de esas acciones, como la bomba incendiaria en las puertas de la iglesia San Francisco de Santiago, impondrán visiones de una sociedad que, sin duda, la inmensa mayoría de los chilenos rechaza. ¡Qué mejor que en vez de leyes y de instancias reglamentarias, existiera en nuestra sociedad una cultura de la no violencia! Eso es lo que se debería construir. Nadie debiese resolver ningún conflicto bajo actos de violencia Imagínense la angustia de las personas discapacitadas o adultos mayores, los más vulnerables, que son objeto de violencia. Me parece muy necesario terminar con esa situación, y bajo ese contexto el proyecto va en la dirección adecuada. Comparto plenamente lo que decía la diputada Karla Rubilar , no podemos tener diversos estándares, y toda persona que ejerce violencia contra un adulto mayor que tiene a su cargo, debe ser sancionada. Insisto, valoro este proyecto porque considero que va en la dirección correcta, pero me parece absolutamente irresponsable, cuestionable, que se pretenda rechazar otra iniciativa que apunta al mismo objetivo y que complementa la ley de violencia intrafamiliar, en la que también se sanciona al que ejerce violencia contra el adulto mayor. Lo que se pretende con la iniciativa presentada por la diputada Karla Rubilar es que la sanción se aplique al cuidador, al que tiene la responsabilidad del bienestar de ese adulto mayor. Finalmente, todos deberíamos hacer un gran esfuerzo para establecer una cultura de la no violencia. Si propiciamos que los problemas o las diferencias deben resolverse con odiosidad, intolerancia o ejerciendo violencia, estamos absolutamente equivocados y construimos una sociedad que no queremos en nuestro país. Debemos utilizar todos los mecanismos que permitan construir una sociedad positiva, de encuentros, que nos permita avanzar. Nuestro partido va a apoyar esta iniciativa y la que aparece en el segundo lugar de la Tabla y, fundamentalmente, vamos a apoyar cualquier iniciativa que vaya en fomento de la cultura de la no violencia. He dicho. -o-
AUMENTO DE PENALIDAD Y DEMÁS SANCIONES APLICABLES A DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE MENORES Y DE OTRAS PERSONAS EN ESTADO VULNERABLE. (Boletines NOS 9279-07, 9435-18, 9849-07, 9877-07, 9901-07, 9904-07 y 9908-07) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones refundidas, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y el decreto ley N° 645, del año 1925, sobre Registro General de Condenas, para aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables a los delitos cometidos en contra de menores y demás personas en estado vulnerable. Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Jaime Pilowsky . Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 79° de la presente legislatura, en 13 de octubre de 2015, en 13 de octubre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor PILOWSKY (de pie).- Señor Presidente, la Comisión de Seguridad Ciudadana viene a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, los siguientes proyectos de ley refundidos, con urgencia calificada de suma, originados en las siguientes mociones: 1.- De los diputados señores Felipe Letelier , Fernando Meza , José Miguel Ortiz , José Pérez , Jorge Sabag y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda , que sanciona el maltrato infantil, boletín N° 9279-07. 2.- De las diputadas señoras Jenny Álvarez , Karol Cariola , Cristina Girardi , Alejandra Sepúlveda y Camila Vallejo y de los diputados señores Iván Fuentes , Hugo Gutiérrez , Guillermo Teillier y Patricio Vallespín , que modifica el Código Procesal Penal en materia de acción penal y del principio de oportunidad, en el caso de delitos cometidos contra adultos mayores, boletín N° 9435-18. 3.- De las diputadas señoras Paulina Núñez y Marcela Sabat , y de los diputados señores Germán Becker , Gonzalo Fuenzalida , René Manuel García , Cristián Monckeberg , Diego Paulsen , Leopoldo Pérez , Jorge Rathgeb y Germán Verdugo , que modifica el Código Penal para aumentar las sanciones por el delito de lesiones cometido contra infantes y adultos mayores, boletín N° 9849-07. 4.- De la diputada señora Loreto Carvajal y de los diputados señores Daniel Farcas , Felipe Letelier , Fernando Meza, Marco Antonio Núñez , Javier Pilowsky , Alejandro Santana , Gabriel Silber y Leonardo Soto , que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de maltrato de menores y otras personas vulnerables, boletín N° 9877-07. 5.- De las diputadas señoras Loreto Carvajal , Marcela Hernando y Andrea Molina , y de los diputados señores Marcelo Chávez, Iván Flores , Enrique Morano , Javier Pilowsky , Ricardo Rincón y René Saffirio , que modifica el Código Penal para sancionar la seducción de menores por medios virtuales, boletín N° 9901-07. 6.- De la diputada señora Marcela Hernando y de los diputados señores Osvaldo Andrade , Guillermo Ceroni , Marcelo Chávez , Flores, Cristián Monckeberg , José Miguel Ortiz , Ricardo Rincón , René Saffirio y Arturo Squella , que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, con el propósito de aumentar las penas en el caso de delito de lesiones cometidos en contra de menores y de establecer inhabilidades para condenados por esos ilícitos, boletín N° 9904-07. 7.- Del diputado señor Jorge Tarud , que modifica el Código Penal para aumentar la pena por el delito de lesiones ocasionadas a un menor por quien lo tiene bajo su cuidado, boletín N° 9908-07. De conformidad con lo establecido en el artículo 130 del reglamento de la Corporación, los proyectos de ley refundidos, con la indicación cursada durante su tramitación, fueron remitidos a esta comisión para segundo trámite reglamentario. Se hace presente que este informe recae sobre los proyectos aprobados en general por la Cámara de Diputados en sesión N° 70ª, celebrada en martes 15 de septiembre del año en curso. El proyecto consta de tres artículos que modifican el Código Penal, la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro General de Condenas, con el objeto de crear un nuevo tipo penal referido al maltrato en contra de menores de edad y de otras personas en estado vulnerable. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente: 1.- De que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la discusión y votación del segundo informe en la Comisión los artículos 403 quáter, 403 quinquies, 403 sexies, 403 septies y 403 octies, contenidos en el N° 5 del artículo 1° del proyecto y el artículo 2º de la iniciativa, por lo cual deben entenderse reglamentariamente aprobados, de acuerdo con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento de la Corporación. 2.- De que la comisión, por unanimidad, reiteró su parecer acerca de que el articulado aprobado no contiene normas que deban calificarse como orgánico constitucionales o de quorum calificado. 3.- De que no hubo artículos suprimidos. 4.- De que fueron modificados los números 1, 2, 3, 4, 5, en lo que dice relación con el establecimiento del artículo 403 ter, del artículo 1° del proyecto, y los números 1 y 2 del artículo 3° de la iniciativa. El artículo 1º, con sus números respectivos, se refiere a modificaciones en los artículos 21, 90 N° 5 y 400 del Código Penal, y crea un artículo 39 ter y un artículo 403 ter en este mismo texto legal, según se detalla en el segundo informe. Los números 1 y 2 del artículo 3º modifican el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre Registro General de Condenas, conforme se indica en el informe. Los artículos mencionados, con sus números ya reseñados, fueron objeto de una indicación presentada en la Sala por las diputadas señoras Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Claudio Arriagada , Fuad Chahin , Daniel Melo , Vlado Mirosevic y Diego Paulsen , para sustituir la frase “personas en situación de discapacidad” por “personas con discapacidad”, en todas las oportunidades en que aparece esa expresión en el texto del proyecto. La comisión rechazó por mayoría dicha indicación, por cuanto, según se argumentó, al hablar de “personas con discapacidad” se enfatiza el problema en la persona misma, perpetuando conceptos antiguos, sin avanzar conforme lo que proponen las recomendaciones internacionales al respecto. Sobre el particular se mencionó el documento “Recomendaciones para el uso del Lenguaje en Discapacidad. Conociendo la terminología apropiada para referirse a las Personas en Situación de Discapacidad (PeSD)”, elaborado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), cuyo objetivo principal es dejar atrás los estereotipos, eliminar las barreras y contribuir al actual proceso de transición conceptual que enfrenta la discapacidad, reconociendo la importancia de situar a esta en la interacción con el entorno y no en las personas. En efecto, Senadis manifiesta en dicho documento la convicción absoluta que han alcanzado como servicio público en torno a la necesidad de avanzar decididamente hacia la siguiente fase en el desarrollo conceptual, vinculando a la discapacidad, no sólo por rigurosidad académica, sino principalmente por las profundas implicancias prácticas involucradas. Así, para evitar las dudas que dieron origen a la indicación en la Sala, propone conservar la referencia dentro de los proyectos de ley refundidos, en cuanto a que la expresión “personas en situación de discapacidad” deberá entenderse en el sentido del artículo 5° de la ley N° 20.422. Con tales argumentos, expresa su rechazo a la modificación propuesta en la indicación y se manifiesta a favor de reiterar el despacho de los proyectos de ley en los términos de su primer informe. La mayoría de las señoras y señores diputados suscriben los argumentos señalados y añaden que, en todo caso, cualquiera de las formas que se adopten no incide en la definición del sujeto pasivo que tiene la discapacidad. Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la mayoría de las y los diputados presentes. Votaron por el rechazo las diputadas señoras Karol Cariola , Claudia Nogueira y Marcela Sabat , y los diputados señores Daniel Farcas , Giorgio Jackson , Jaime Pilowsky , Gabriel Silber , Leonardo Soto , Arturo Squella y Matías Walker . Se abstuvo el diputado señor Juan Antonio Coloma 5.- De que no se introdujeron artículos nuevos al proyecto. 6.- De que el señor Presidente de la Comisión determinó que en este segundo trámite reglamentario no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. 7.- De que solo se presentó la indicación comentada precedentemente. 8.- De que, en cuanto al texto de las disposiciones legales que los proyectos modifican o derogan, o las indicación de las mismas, es preciso consignar que los proyectos de ley refundidos, mediante su artículo 1º, modifican los artículos 21, 90 N° 5 y 400 del Código Penal, y crea los artículos 39 ter y un párrafo nuevo, el 3o bis, sobre maltrato de menores de catorce años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, que contiene los artículos 403 ter a 403 octies. A través de su artículo 2º, modifica el inciso primero del artículo 14 de la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar y, finalmente, sustituye el inciso tercero del artículo 1º y reemplaza el artículo 6 bis, ambos del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas. Por las razones señaladas, la Comisión de Seguridad Ciudadana recomienda a la honorable Sala aprobar, en los términos del primer informe, el proyecto de ley sometido a estudio y segundo informe. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cito a reunión de los Comités Parlamentarios, sin suspender la sesión. Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin . El señor CHAHIN.- Señor Presidente, a los efectos del uso de la palabra de quienes estamos inscritos para intervenir en el debate del proyecto que está en el primer lugar de la Tabla y nuestro derecho no precluya, quiero hacer presente que hay varias comisiones autorizadas para sesionar de manera simultánea con la Sala, a fin de tratar proyectos calificados con urgencia suma, como el que modifica la ley de Partidos Políticos, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Lo hemos considerado, señor diputado. En representación del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni . El señor CERONI.- Señor Presidente, el proyecto, originado en varios mensajes y moción refundidos, es tremendamente importante, por cuanto tiene por objeto proteger a los menores de edad y otras personas en estado vulnerable, de los maltratos que les puedan ocasionar otras personas, particularmente quienes tienen a cargo su cuidado. De partida, en relación con los niños, la iniciativa tiene muy en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, la importancia de su dignidad, por ser persona y sujeto de cuidados especiales, los principios de no discriminación y velar por sus intereses superiores. Fundamentalmente, el proyecto sanciona de manera drástica a quienes ejercen violencia o maltrato físico en contra de menores de catorce años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Pienso que es un proyecto extremadamente significativo, por cuanto sanciona a estas personas con la inhabilitación absoluta perpetua o temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con personas. Por ser un proyecto de ley extremadamente importante y porque implica que estamos cada vez más conscientes de la necesidad de cuidar en forma preferente a los menores de edad, a los adultos mayores y a las personas en estado vulnerable, anuncio que lo vamos a apoyar con gran decisión. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo del comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky . El señor PILOWSKY.- Señor Presidente, el proyecto en debate cumple su segundo trámite reglamentario. Durante el primero, el 15 de septiembre, se presentó una indicación para sustituir la frase “personas en situación de discapacidad” por “personas con discapacidad”. En la sesión pasada, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, se insistió, por la mayoría de sus integrantes, que el concepto a utilizar, en una nueva forma de entender la discapacidad, era el que tenía originalmente, es decir, “personas en situación de discapacidad”. En tal sentido, quiero corregir a mi colega Guillermo Ceroni , pues no se trata de personas incapacitadas, sino de personas en situación de discapacidad, por cuanto, a pesar de lo que se sostuvo en aquella sesión del 15 de septiembre y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también usa dicho significado –cabe recordar que la convención se llevó a cabo hace siete años-, el lenguaje va cambiando y construyendo realidad, por lo cual es necesario adaptarse a los nuevos conceptos. Al respecto, quiero leer de manera textual lo que dice una publicación del Senadis, organismo público especialista en la materia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Dice: “Recomendaciones para el uso del Lenguaje en Discapacidad: A continuación presentamos un texto destinado a informar sobre el uso correcto del lenguaje en discapacidad. El objetivo es dejar atrás los estereotipos, eliminar las barreras y contribuir al actual proceso de transición conceptual que enfrenta la discapacidad. Queremos reconocer la enorme importancia en el ámbito simbólico de relevar el concepto de persona que realizó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante lo anterior, debemos situar la discapacidad donde efectivamente se encuentra: en la interacción con barreras y no en las personas. En efecto, como servicio estamos convencidos de la necesidad de avanzar, con decisión, hacia una siguiente fase en el desarrollo conceptual vinculado a discapacidad. No por rigurosidad académica, sino por las implicancias prácticas que esto conlleva. Esta iniciativa se enmarca en la promoción del actual enfoque de Derechos Humanos y Discapacidad”. Por consiguiente, el concepto correcto a utilizar, según esta recomendación, es: “Que vive en situación de discapacidad o que se encuentra en situación de discapacidad”. Por lo tanto, espero que la Sala ratifique el proyecto de ley tal como fue sancionado, casi por unanimidad -el señor Coloma se abstuvo-, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en su primer trámite reglamentario. Creemos que eso hace justicia con lo obrado por la Sala, pues hace pocos meses aprobamos el proyecto de ley que modifica la ley del Deporte y crea el Ministerio del Deporte, con el objeto de incorporar el deporte adaptado y paralímpico, oportunidad en que ocupamos el nuevo significado: “personas en situación de discapacidad” que, tal como he dicho, sitúa la discapacidad en el entorno y no en la persona. En cuanto al proyecto en general, modifica el Código Penal para hacer frente a situaciones de maltrato o de violencia física en contra de menores de catorce años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, de manera de aumentar la penalidad y demás sanciones. Así por ejemplo, el que ejerciere violencia o maltrato físico en contra de un menor de catorce años de edad, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, será castigado con la pena de prisión y multa, si no es cometido con habitualidad. Por el contrario, si la comisión es habitual, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Ahora bien, cuando exista un deber especial de cuidado sobre un menor de catorce años de edad, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, la pena se verá aumentada. En definitiva, la idea de la iniciativa es que quien cometa este tipo de ilícitos sea sancionada. Va en la línea de proteger a las personas más vulnerables, en este caso, los menores de catorce años de edad, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad. Espero que con los conceptos vertidos y aclarados, la Cámara de Diputados despache el proyecto al Senado para su aprobación en segundo trámite y se convierta prontamente en ley de la república. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señorita Marcela Sabat . La señorita SABAT (doña Marcela) .- Señor Presidente, desde hace cinco años, cuando llegué a la Cámara de Diputados, una de las banderas que he abrazado junto a varios diputados ha sido justamente la defensa de las personas más vulnerables: nuestros adultos mayores, las personas que están en situación de discapacidad y los menores de edad. Pasado el tiempo, tengo la convicción de que no nos equivocamos, porque la legislación realmente está al debe con estas personas que han dado todo por este país y a las que lamentablemente no les hemos dado las condiciones de vida que merecen. En este caso específico, porque tenemos un deber moral con quienes, en razón de su edad o diferentes circunstancias, no pueden hacer frente al maltrato de manera concreta. Hace años que como Estado tenemos una deuda en materia de derechos fundamentales, que se traduce en la necesidad de adaptar nuestra legislación a estándares internacionales, sancionando el maltrato a menores de edad, a adultos mayores y a personas en situación de discapacidad, cuando estos tengan lugar fuera de las figuras señaladas en la actual ley de Violencia Intrafamiliar. En relación con la iniciativa que se vota hoy, puedo señalar que es fruto de la voluntad de los distintos diputados y sectores políticos que hemos trabajado en este proyecto en las distintas comisiones, como sucedió con esta iniciativa en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pues tuvimos la disposición de refundir todas las mociones que tenían el mismo objetivo. Particularmente, en el caso del maltrato a los adultos mayores, hay estudios concretos que señalan que más del 30 por ciento ha sufrido algún tipo de violencia; es decir, uno de cada tres ancianos es víctima de maltrato o de abuso. En la misma línea, cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud señalan que entre un 4 por ciento a un 6 por ciento de adultos mayores, son víctimas de malos tratos. Es decir, de los más de 600 millones de adultos mayores que hay en términos globales, 36 millones son agredidos. Por eso, creemos que la fusión de estos diversos proyectos, donde se sanciona el maltrato y se establece el Registro Nacional de Condenados por Maltrato, va en la línea correcta para sancionar los maltratos habituales, sean físicos o sicológicos, como simple delito, y para sancionar el maltrato que no es habitual como una falta, con pena de prisión y multa. Respecto de estas conductas, también hay que especificar que se agravan las penas cuando son cometidas por aquellas personas que tienen un deber de cuidado sobre el sujeto agredido, incorporando la sanción de inhabilitación para ejercer profesiones u oficios que digan relación con el cuidado y protección de estos grupos vulnerables, lo que es muy importante ya que no estaba tipificado en la ley. Insisto, creo que es muy acertado que hoy lo estemos incorporando. Por otra parte, también agravamos el delito de lesiones, cuando es cometido por quienes tienen este deber de cuidado, en una lógica similar a la calificación que reciben las lesiones cuando son cometidas por personas con vínculos familiares, quienes también quedaban impunes, porque aprovechaban su relación de parentesco frente a personas vulnerables, como es el caso de los adultos mayores, los menores de edad y las personas en situación de discapacidad. Me alegra saber que esta iniciativa se vota días después de mostrar, en programas de televisión y en varios medios, una decena de adultos mayores, en un caso particular, que eran víctimas de terribles abusos en estos mismos lugares de cuidado, situación que lamentablemente se repite a diario. También me alegra porque este proyecto se despachó antes de conocer esos reportajes, y porque finalmente no responde a una reacción populista o a una reacción histérica de querer hacer al respecto una legislación, sino que responde a una profunda convicción, que, como dije al principio, venimos trabajando desde hace muchos años. Asimismo, es una forma de reconocer los méritos del actual presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado señor Matías Walker , quien fue uno de los decididos impulsores de esta iniciativa, que todos abrazamos con convicción hace muchos años e, incluso, citando a comisiones extraordinarias para despachar este proyecto a la brevedad. He sido testigo del maltrato en mi distrito, que alberga una gran cantidad de adultos mayores en las comunas de Ñuñoa y Providencia; quizás, uno de los distritos con más adultos mayores en Chile, donde el maltrato no solo se concreta a través de la agresión física, sino también mediante la indiferencia de quienes, sabiendo de estos hechos, como personas que están a su cuidado, prefieren callar y mirar para otro lado. Informo a la Sala que Renovación Nacional va a apoyar esta iniciativa, porque deseamos avanzar hacia una sociedad más inclusiva, donde se respeten nuestros derechos y realmente se proteja a los más débiles. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete . El señor POBLETE.- Señor Presidente, uno de los flagelos más indeseables que conservamos como especie y específicamente como cultura es el maltrato a los seres humanos, en especial cuando ese maltrato se realiza en contra de niños, ancianos y personas con discapacidad; es decir, en seres humanos en situaciones de vulnerabilidad. Una sociedad dividida como la chilena, que es y ha sido profundamente desigual, larvada de infinitas grietas en el tejido social, ha dejado como saldo prácticas de las que nos avergonzamos, pero que siguen teniendo carta de ciudadanía entre nosotros. Las golpizas, los maltratos físicos o verbales en contra de niños o ancianos, cometidos por adultos o por personas con suficiente juicio y razón para conocer las consecuencias de sus actos, son, para muchos, la peor expresión de la condición humana. El maltrato es una manifestación del abuso y el abuso es la antesala de la negación del otro, y cuando negamos por la vía del abuso y del maltrato, configuramos un panorama de cosas que no solamente repercute en quienes sufren de forma directa ese maltrato, sino también en quienes lo presencian. En síntesis, el maltrato nunca es individual, nunca surte efecto respecto de una sola persona, sino que tiene un efecto irradiador, inmanente y propio, que no puede ser desconocido, pues, al igual que la solidaridad, la compasión y la ayuda, contagia a quienes están cerca. Quien ve el maltrato como algo natural, lo naturaliza, y quien soporta maltrato de forma habitual, lo incorpora como una práctica que forma parte del acervo de conductas posibles, e incluso necesarias, para conseguir ciertos objetivos. Según estudios recientes de la Unicef, actualmente en América Latina existen seis millones de niñas y niños agredidos severamente por sus padres o familiares, y 85 mil mueren cada año como consecuencia de estos castigos. En Chile, el 73,6 por ciento de los niños y niñas sufre violencia física y sicológica de parte de sus padres o parientes. El 53,9 recibe castigos físicos y un 19,7, violencia sicológica. Solo un 26,4 por ciento de los niños y niñas y adolescentes nunca ha vivido situaciones de violencia por parte de sus padres, cifras que son realmente alarmantes. Otro tanto ocurre con los adultos mayores, lo que hace, sin lugar a dudas, que debamos preocuparnos por esta realidad que nos circunda, para transformarla en todo cuanto nos sea posible desde la posición que ocupamos, pues es de toda lógica que los casos de maltrato infantil que logran visibilidad pública por sus dramáticos desenlaces, solo constituyen una pequeña parte de una realidad mucho más amplia y generalizada. Y eso es consecuencia de que todavía un significativo porcentaje de la población considera el castigo físico y sicológico como una herramienta educadora, aun cuando todos sabemos que esta práctica se aleja mucho de la educación y se acerca más al delito. Por eso, las ideas matrices de este proyecto de ley, que son modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro General de Condenas, con el propósito de crear un nuevo tipo penal de maltrato contra menores de edad y otras personas en estado vulnerable y/o aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables a delitos perpetrados contra ellos, no tiene más que aprobarse y seguir su curso. Si maltratamos a los niños es porque no nos importa el futuro; si maltratamos a los ancianos es porque no tenemos cariño por nuestro pasado o el ajeno. Una cultura como la nuestra, que veladamente legitima violentar a los extremos frágiles del recorrido humano, no podría hacerse cargo de sí misma, pues está enferma y carece de juicio moral para reflexionar sobre lo que es ella misma. Estas mociones parlamentarias deben dar origen al marco normativo adecuado y justo para sancionar severamente el maltrato infringido a quienes son vulnerables. No hay excusa, no hay justificación para permitirlo. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías . El señor FARÍAS.- Señor Presidente, me referiré más en extenso al proyecto que figura en el segundo lugar de la Tabla, que trata una materia similar a la que estamos discutiendo en este proyecto, pero en mi calidad de presidente de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, solicito a la Mesa que tenga más cuidado en la decisión de radicar un proyecto en una comisión. Lo señalo porque este proyecto refundido que estamos debatiendo corresponde a una materia propia del ámbito de la Comisión de Familia y Adulto Mayor y debería haberse tratado allí. No lo digo solo por capricho, sino porque nos vemos en la locura de debatir dos proyectos que son prácticamente iguales, pero que se tramitaron en dos comisiones diferentes, con la misma urgencia, porque desgraciadamente hubo colegas que se opusieron a que se refundieran y pudieran ser tratados en la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Si hubiese sido así estaríamos discutiendo un solo proyecto y no dos. En ese sentido le pido a la Mesa que instruya a quienes corresponda para que esto no siga ocurriendo, porque si tenemos comisiones funcionando que dicen relación con ciertos temas, debieran tratar esos temas y no pasarlos a otras comisiones que finalmente se saltan el conducto que corresponde. Rescato de este proyecto, que seguramente lo aprobaremos en forma unánime, que, además, se hace cargo de las personas en situación de discapacidad y de los menores de 14 años de edad cuando son maltratos. En estos proyectos estamos discutiendo sobre grupos etarios de los que llamamos sin voz. Los niños no se organizan para salir a defender sus derechos y, por lo tanto, somos nosotros quienes debemos defenderlos. Lo mismo ocurre con las personas en situación de discapacidad cuando son vulnerados en sus derechos: no tienen voz ni capacidad de organización para defenderse. Lo mismo ocurre con los adultos mayores que son atacados. Por lo tanto, es muy importante que legislemos pensando que la cantidad de adultos mayores en el país poco a poco se iguala a la de los jóvenes. Debemos prepararnos para enfrentar no solo las lesiones que pueden recibir los adultos mayores, los niños y las personas en situación de discapacidad, sino también preocuparnos de cómo reciben atención en los hospitales, consultorios y en el transporte público. Por lo tanto, debemos preocuparnos de estos grupos vulnerables, respondiendo con una legislación integral. Finalmente, entiendo que el segundo proyecto también está con suma urgencia y quiero saber si se va a votar en esta sesión. Lo consulto porque hay varios diputados inscritos para hacer uso de la palabra con relación a este primer proyecto. La idea es que se voten los dos proyectos juntos y quiero saber cómo se va a hacer. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Dada la consulta del diputado Ramón Farías , informo al hemiciclo que los Comités parlamentarios en aras de la importancia que tiene este proyecto de ley, lo eximió del trámite de la Comisión de Constitución, que estaba previsto para que lo vieran ambas comisiones y es por eso que hoy estamos en este debate. El plazo de urgencia vence mañana. Por lo tanto, este proyecto de ley lo tenemos que votar hoy, a diferencia del segundo proyecto que figura en la Tabla, que también tiene suma urgencia, pero con plazo hasta el 22 de octubre. En consecuencia, podríamos resolver ese proyecto la próxima semana, pero obviamente trataremos de hacerlo hoy. Por otra parte, a los parlamentarios no les podemos limitar su derecho a inscripción para hablar sobre el proyecto, pero dependiendo de ello veremos si alcanzamos a votar los dos proyectos en esta sesión. Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker . El señor WALKER.- Señor Presidente, como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, estoy muy contento de que por fin votemos en particular este proyecto de ley, que es fruto de siete mociones refundidas, que sanciona por primera vez el maltrato infantil fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar. El proyecto en cuestión trata sobre el maltrato a personas en situación de discapacidad, como las vamos a denominar por las razones que resolvió la Comisión de Seguridad Ciudadana, y que muy bien explicó el diputado informante, Jaime Pilowsky , como también respecto de los adultos mayores. Por cierto, cabe señalar que no tengo ningún problema en que se limite el tiempo de intervención de cada diputado en este proyecto de ley, a fin de votar en la sesión de hoy el segundo proyecto de ley al que hacía alusión el diputado Farías , que vio la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Simplemente, señalo que este proyecto de ley se hace cargo de las situaciones de maltrato físico y psicológico fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar. La idea es que nunca más una situación de maltrato quede impune y es por ello que estamos tipificando esta figura al establecer una agravante de responsabilidad penal cuando el maltratador sea alguien que tiene un deber especial de cuidado. Y allí tenemos una diferencia legítima con el segundo proyecto de ley que se verá a continuación. Creemos que cuando el agresor es un guardador o una persona que tiene un deber especial de cuidado, ya sea en virtud de la ley, de una resolución judicial o de una convención es una agravante de responsabilidad penal, pero no puede exigirse como elemento del tipo penal. Siempre ponemos de ejemplo el caso del hijo de la periodista Lorena Penjean que fue agredido por un guardia de supermercado. Entonces, si exigimos que el agresor tenga un deber especial de cuidado, como lo es un guardador, dejaríamos en la impunidad ese tipo de situaciones. Por eso la contemplamos dentro del elemento del tipo y con una agravante de responsabilidad penal en el caso de que el agresor sea un guardador. Naturalmente como estamos hablando de derecho penal es difícil acreditar el maltrato psicológico, por lo cual recogimos la propuesta que hizo el Ministerio de Justicia y exigimos reiteración en el tiempo, gravedad y una serie de circunstancias para calificar cuando estamos en presencia de maltrato psicológico. Así resolvimos una duda que había planteado legítimamente la Sala respecto de cómo vamos a denominar a las personas con discapacidad. Ese tema lo resolvió la Comisión e insistiremos en la denominación propuesta por el Senadi, que es hablar de personas en situación de discapacidad, porque puede ser temporal y debe atenderse este tipo de situaciones. Además, como bien explicó el diputado Pilowsky , en la ley que incorpora el deporte adaptado y paralímpico ya establecimos esta innovación y nos referimos a personas en situación de discapacidad. Por último, durante la tramitación del proyecto de ley nos dimos cuenta de que las sanciones que establece la ley de Violencia Intrafamiliar, sobre todo respecto del maltrato infantil, son bajas; por eso, la iniciativa aumenta en un grado la sanción penal en cuanto a la violencia intrafamiliar. De esta manera, estamos actualizando el catálogo de delitos; por primera vez se incorpora una sanción penal al maltrato fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar, principalmente en el caso del maltrato infantil. Como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, me congratulo porque hoy, por fin, este proyecto de ley puede ser aprobado en particular. Con esto, con mucha fuerza podremos decir no al maltrato infantil, ya que tendrá una sanción penal efectiva. He dicho. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, perdón pero el diputado Matías Walker hizo una sugerencia, por lo que pido que recabe la unanimidad de la Sala para acortar los discursos a cinco minutos, con el fin de tratar el segundo proyecto de la Tabla. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Señor diputado, no tenemos quorum para adoptar un acuerdo en este momento. Tiene la palabra la diputada Karol Cariola . La señorita CARIOLA (doña Karol) .- Señor Presidente, este proyecto de ley surgió de distintas voluntades que se configuraron para establecer sanciones y penas respecto de delitos en contra de personas en estado vulnerable. Ahora bien, al hablar de personas en estado vulnerable no solo nos referimos a los niños, sino, también, a aquellos adultos mayores que muchas veces son víctimas de delitos, de agresión y pocas veces quienes comenten esos actos llegan a la justicia y quedan en la impunidad. También hablamos de personas en situación de discapacidad, que no tienen las condiciones para defenderse por sí mismas; incluso de personas que son agredidas por familiares o por delincuentes que se aprovechan de su condición. Esta discusión que se ha dado en la Comisión de Seguridad Ciudadana es tremendamente relevante y necesaria. Por lo demás, logramos un acuerdo transversal para llegar a un punto en común: logramos establecer un vínculo en una indicación que elaboramos en conjunto los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana con el Ministerio de Justicia, el Senama, la Biblioteca del Congreso Nacional, con el fin de encontrar puntos de encuentro respecto de un acuerdo que busca sancionar y dejar como delito aquellos hechos que se generan contra la población en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Este proyecto de ley busca específicamente la protección de las personas -menores de 14 años, personas mayores, personas en situación de discapacidad- que sufren maltrato, violencia y que en la actualidad, lamentablemente, quienes cometen esos delitos quedan en la impunidad. La idea de la iniciativa es más que simplemente aumentar la pena de un delito, es enfocarse en el sujeto único, es sancionar el maltrato tanto físico como sicológico en contra de estas personas, es establecer un tipo penal base y figuras agravadas, dada la habitualidad del maltrato y en el evento que el agresor tenga un especial deber de cuidado hacia la víctima. Además, a consecuencia de dicho maltrato, el agresor será sancionado por ese delito. Asimismo, se establecen penas de inhabilitación para trabajar con estos sujetos vulnerables, tanto al autor del delito de maltrato, como a los otros delitos de mayor entidad, que afectan la vida o la integridad física generando lesiones y homicidios. Esta pena será inscrita en un registro al cual toda persona podrá acceder a través de Internet, porque muchas veces familias confían el cuidado de sus hijos a otras personas sin saber que dichos cuidadores tienen antecedentes de maltrato en contra menores. Al respecto, quiero ser muy clara al señalar que con esto no queremos generar una suerte de estigmatización de las personas que llevan a cabo este trabajo. Pero creemos que es inaceptable que un niño sea agredido fuera o dentro del entorno familiar. No solo debemos considerar como delito las agresiones intrafamiliares, también tenemos que incluir aquellas que estas personas sufren fuera del hogar deben ser sancionadas. Quiero destacar que el proyecto de ley establece la necesidad de que estos delitos de maltrato sean de acción penal pública y no podrá ejercerse respecto de ellos el principio de oportunidad; es decir, cualquier persona puede denunciar aquellos delitos. En ese sentido, muchas veces personas mayores, que no son autovalentes, son agredidas permanentemente y el vecino no puede denunciar ese hecho. Sin embargo, esta iniciativa propone que cualquier persona pueda hacer una denuncia por maltrato contra una persona en estado vulnerable. Además, el Ministerio Público deberá perseguir de oficio y habrá personas obligadas a denunciar los delitos, de la misma manera en que en la actualidad lo deben hacer los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, los directores de hospitales y clínicas y profesionales y médicos. Este proyecto propone que cualquier persona pueda hacer la denuncia. Al mismo tiempo, no podrán acogerse al principio de oportunidad quienes cometan delitos contra adultos mayores, por lo que se tendrán que llevar adelante las investigaciones correspondientes para que no queden en el aire y, por lo tanto, hay un incentivo real para denunciar a quienes cometan delitos en contra de personas en estado vulnerable, con el fin de que se apliquen las sanciones correspondientes. Ahora bien, como lo han dicho colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, debemos cambiar el paradigma; no porque la ley se refiera a personas discapacitadas vamos a seguir utilizando esa expresión. Creemos que el concepto es personas en situación de discapacidad, porque esa situación puede ser permanente o transitoria. Ante eso, hay que hacer una distinción. Por eso, hemos hecho un cambio en el paradigma y hablamos de personas en situación de discapacidad, porque ello significa entablar un enfoque de derechos para esas personas. Por lo tanto, defiendo el rechazo de la Comisión de Seguridad Ciudadana a una indicación, con el fin de volver al concepto inicial, ya que creemos que si queremos utilizar un lenguaje adecuado, debemos partir por hacerlo en las leyes que generamos. Anuncio el voto favorable a esta iniciativa de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana. Espero que se apruebe el proyecto de ley y que el Senado haga lo mismo, con el fin de contar con una ley respaldada por todos quienes consideran que las personas en situación de vulnerabilidad no pueden seguir expuestas al maltrato y a la violencia. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Pérez . El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, estamos tramitando un proyecto de ley de extrema importancia. Espero que este se apruebe y que se hagan las inversiones correspondientes, a fin de que a los infractores se les apliquen las sanciones que se merecen cuando existe maltrato físico a adultos mayores y el maltrato y abuso, muchas veces sexual, a menores. Muchas veces aparecen denuncias en los medios de comunicación, como en Televisión Nacional u otros, pero no sucede nada. ¿Cómo no recordar el caso de aquella nana que maltrataba en forma brutal a una guagua cuando le cambiaba los pañales? La causa llegó a tribunales, pero, después de una investigación que duró un par de semanas, la mujer quedó en libertad. Es una vergüenza no contar con una legislación respecto del tema planteado y no tener magistrados que sancionen en forma ejemplar el abuso a menores o a personas indefensas de la tercera edad. Por eso he planteado que, en el caso de la tercera edad, deberíamos invertir recursos importantes en cada una de las cabeceras de provincia para tener residenciales para adultos mayores, vale decir, para aquellos que quedan solos, a quienes se les ha muerto su esposa y sus hijos se fueron lejos o a los que no los tuvieron, para que no queden abandonados y estén en un lugar donde se les entregue atención en salud, física y psicológica, para que vivan los últimos años de vida con la dignidad que corresponde. El tema lo planteamos hace muchos años, pero no ha tenido la recepción que corresponde por parte del Estado de Chile para llevar adelante una política respecto de esta materia. Estamos de acuerdo con que haya salas cuna y de acogida, pero también necesitamos residenciales para adultos mayores, para que no deambulen por las calles o en alguna casa de acogida, donde no siempre son bien tratados. Por otro lado, esto contrasta con un vacío tremendo en la ley. Cuando se detiene a un delincuente, que seguramente ha delinquido reiteradamente, lo apresa Carabineros o la Policía de Investigaciones y los tipos se tapan la cara con una parka o con lo que sea, o se agachan para que no se les vea el rostro. Debiera obligarse a que esas personas muestren sus rostros, porque así serán reconocidos por otras personas que fueron asaltadas o violentadas por esos delincuentes. No es posible que protejamos al delincuente y no nos preocupemos de los adultos mayores y de los menores, como corresponde. Nos falta un ordenamiento respecto de estas materias. En lo que dice relación con menores, es indudable que el Servicio Nacional de Menores debe jugar un rol fundamental y no escuchar permanentemente, a través de los medios de comunicación, sobre los abusos reiterados que se cometen contra los niños. En esos lugares tenemos personal público y es el Estado el que está a cargo de ellos. Por consiguiente, hay que dar un trato digno a esos niños, porque lo merecen y porque serán los hombres y mujeres del mañana. Espero que esta futura ley tenga el efecto que todos deseamos y que se sancione en forma enérgica a quienes abusan de las personas de la tercera edad o a quienes abusan a menores, porque actualmente no pasa absolutamente nada. La ley tiene que ser rigurosa y ejemplar en la defensa de esas personas desprotegidas, que abarcan los dos extremos de la vida: los niños y los adultos mayores. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina . La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, antes que todo quiero agradecer el hecho de que estemos tratando estos dos proyectos. Me voy a referir al primero, vale decir, respecto de los niños y de los adultos mayores. Los proyectos que se encuentran en los puntos 1 y 2 de la Tabla de hoy tienen similitudes, ya que van en la línea de dar mayor protección a determinados grupos vulnerables de nuestra sociedad, como son los menores de 14 años, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad. El proyecto que está en el primer punto de la Tabla es más amplio, porque establece inhabilidades y supuestos más específicos que el segundo, el cual solo hace referencia al delito de maltrato del adulto mayor. Habría sido ideal que las iniciativas se hubiesen analizado en conjunto. Lo valorable es el mensaje que como Cámara de Diputados queremos entregar, que apunta a la necesidad de legislar a favor de esos grupos de la sociedad que, sin lugar a dudas, tienen mayores desventajas que otros. En el caso de los adultos mayores, es evidente la situación de desprotección en que se encuentran, ya que muchas veces no pueden valerse en su totalidad por sí mismos y necesitan ser constantemente asistidos por terceros que no necesariamente los tratan como corresponde. Una situación similar ocurre con las personas con capacidades diferentes y con los menores de 14 años, quienes la mayoría de las veces no cuentan con las herramientas suficientes para defenderse de los abusos físicos o psíquicos a los que se ven sometidos. Por lo anterior, se hace necesaria una tipificación penal especial al respecto, que es precisamente lo que plantean los proyectos en comento. Todas las iniciativas que analizamos nos permiten reflexionar acerca de la dimensión humana y social que tenemos que plasmar en los proyectos de ley, ya que eso es lo que las personas esperan de nosotros: que abordemos las inquietudes y necesidades que les aquejan para mejorar sus condiciones de vida. Por ello, hago un llamado para que, en conjunto y en forma transversal, apoyemos estos proyectos, que no buscan más que hacer justicia con ciertos grupos de la población que se encuentran muy desprotegidos. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Fuenzalida . El señor FUENZALIDA.- Señor Presidente, este es un muy buen proyecto de ley y lo trabajamos bastante en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Digo que es una muy buena iniciativa porque nos saca de la lógica que tenemos respecto del maltrato físico o psíquico a personas en situación de discapacidad, a adultos mayores y a menores de edad, que no están dentro de la esfera consanguínea, es decir, no están dentro de la esfera familiar. La única herramienta que tenemos en Chile y que regula este tipo de maltrato sanciona a quienes lo ejercen en el seno familiar y se encuentra regida por la ley de violencia intrafamiliar. Este proyecto apunta a sancionar el maltrato que se registra fuera de esas líneas de consanguinidad. Por otro lado, nuestro proyecto incorpora como elemento novedoso el concepto de violencia psíquica, ya que siempre es la violencia física la que es recogida en la legislación y la psíquica no se consideraba. Es un gran avance, sobre todo porque el proyecto define lo que se entiende por violencia psíquica, que es todo trato denigrante cometido con la intención de menoscabar gravemente la integridad moral de la víctima. Otra aspecto importante que contempla el proyecto de ley es la proporcionalidad de las penas que ordena, tanto en la ley de violencia intrafamiliar como en esta, que es interesante, aunque, a mi juicio, aún son muy bajas, porque la máxima pena que podrá aplicarse a una persona que maltrata a quienes tiene el deber de cuidar, sean adultos mayores, personas en situación de discapacidad o menores, será de 541 días. Aun así, lo considero un esfuerzo importante por equilibrar las penas con las de la ley de violencia intrafamiliar y del Código Penal. Por todos los puntos antes mencionados, es muy importante aprobar este proyecto, para llenar un vacío legal que muchos adultos mayores y menores de edad reclaman. En reiteradas ocasiones, hemos visto a través de la prensa casos de maltrato que han quedado registrados en cámaras ocultas instaladas en las residencias, pero, lamentablemente, no existía una legislación que permitiera enfrentar esa realidad. Sin embargo, gracias a esta futura ley, se llenará ese vacío y, por lo tanto, se podrá enfrentar ese tipo de situaciones. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste . La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, para la bancada de la Democracia Cristiana el presente proyecto es de gran importancia, no solo porque muchos de sus autores integran la bancada, sino también porque tenemos la clara convicción de que debemos apoyar y proteger a quienes hoy enfrentan más dificultades: los menores, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes. En nuestro país, se considera adulto mayor a la persona de 60 años de edad o más. En la actualidad, esas personas enfrentan situaciones complejas, pues requieren mejor acceso a bienes básicos y necesitan, como todos los seres humanos, sentirse respetados en sus principios y derechos. Reconocemos que en Chile se han hecho importantes avances, a través de la ratificación de instrumentos del sistema internacional de derechos humanos destinados a erradicar la violencia contra menores y adultos mayores. Sin embargo, dichos tratados internacionales no necesariamente dan cuenta de lo que en la actualidad se debe hacer en nuestro país, pues no podemos dejar de reconocer que en muchos espacios, públicos y privados, se mantienen y recrean situaciones de violencia que queremos erradicar de nuestra sociedad. Por eso, nos parece tan importante que en la comisión, en una muestra de esfuerzo, como lo señalaron los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, se refundieran distintas mociones que abordaban el maltrato a los menores de edad, a las personas vulnerables y a los adultos y adultas mayores. No obstante, quiero llamar la atención respecto de una de las mociones que dio origen al presente proyecto y que la comisión optó finalmente por no incorporar al texto legal. Dicha iniciativa modificaba el Código Penal para sancionar la seducción de menores por medios virtuales. Considero que el Congreso Nacional no solo debe referirse a aquellos temas que tradicionalmente conocemos y condenamos, como la violencia física y psicológica contra los grupos a los que hemos hecho mención. También debe debatir sobre la generación de violencia a través de medios virtuales. Por ello, se debió incluir la moción que abordaba esa situación (boletín N° 9901-07), que tiene por autores a algunos miembros de nuestra bancada, como los diputados Marcelo Chávez, Iván Flores , Juan Morano , Jaime Pilowsky , Ricardo Rincón y René Saffirio . La moción respondía a un objetivo fundamental: establecer en la legislación una norma que persiga a los pedófilos que utilizan internet para seducir a los menores, ya que actualmente en nuestro país existe un vacío legal, debido a que el Código Penal exige que este intento de seducción se dé cuando el adulto esté en presencia física del menor de edad. Muchos de los presentes sabemos y hemos visto, gracias al esfuerzo realizado en distintos reportajes, que hoy, a través de los medios virtuales, existe violencia psicológica ejercida por pedófilos contra menores de edad. Por ello, la moción introducía en el Código Penal un artículo 366 sexies, que disponía: “El que sedujere o intentare seducir con la finalidad de ofrecer, inducir, alentar o solicitar un encuentro para alguna actividad sexual a través de cualquier medio electrónico, físico o presencial, a una persona menor de edad, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo. Esta pena se agravará en un grado, en caso de ser el menor un impúber, y en dos grados, en caso de ser este un infante.”. Estimo de máxima relevancia incorporar esta materia al proyecto en tramitación. No nos parece que una comisión refunda un conjunto de iniciativas, pero que, a la hora de proponer modificaciones a la Sala, no se haga cargo de una de ellas. Quiero llamar la atención de la Cámara de Diputados sobre el particular. No solo para los autores de la referida moción, sino también para quienes estamos convencidos de que se deben ir reduciendo todos los vacíos legales, es importante que la propuesta señalada sea incorporada en el proyecto. Valoramos que esta futura ley permita que toda institución pública o privada que, por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de su actividad, requiera contratar o designar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión, chequee en el registro de antecedentes si el postulante ha sido autor físico o virtual de maltrato o violencia psicológica contra menores de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Asimismo, valoramos que el proyecto disponga que el Servicio de Registro Civil e Identificación se limite a informar si a la fecha de la solicitud la persona por quien se consulta se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades establecidas en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal y omitirá proporcionar todo otro dato o antecedente que conste en el registro. Otro aspecto que destacamos es que para acceder a dicha información el solicitante deberá ingresar o suministrar el nombre y el número de Rol Único Nacional de la persona cuya consulta se efectúa. Si bien el proyecto en discusión constituye un paso, no podemos dejar de hacer presente nuestra preocupación por que la comisión no se pronunció respecto de una moción que también aborda el conjunto de situaciones que el Congreso Nacional busca corregir. Por lo tanto, formalmente solicitamos a la Mesa que remita a la comisión la moción contenida en el boletín N° 9901-07, para que se trate próximamente y, en consecuencia, no se mantenga un vacío legal que permite a pedófilos y a abusadores seguir ejerciendo violencia psicológica contra nuestros menores a través de las redes sociales y los medios electrónicos. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada . El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, tal vez, los chilenos no saben que estamos tratando un tema tan importante para el país y, en especial, para los grupos más vulnerables. Quizás, en la memoria permanecerá el bochorno de ayer, pese a que hoy se está discutiendo, a través de una muy buena iniciativa de un conjunto de diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana, un aspecto vital. En Chile, las cifras indican un aumento exponencial del número de personas que se incorpora al mundo del adulto mayor. Y en esta etapa de la vida se tornan más vulnerables. Según la proyección del INE, en 2020 la esperanza de vida de los chilenos será, en promedio, de 79,7 años para los hombres y de 82,1 años para las mujeres. El 16,7 por ciento de la población chilena, equivalente a 2 millones 885 mil 157 personas, supera hoy los 60 años, de los cuales el 57 por ciento son mujeres y el 42,7 por ciento hombres. A nivel de la infancia, según la Unicef, 6 de cada 10 niños en el mundo de entre 12 y 14 años sufre maltrato físico a diario, cifra que representa aproximadamente a un millón de niños chilenos que padecen maltrato por parte de sus cuidadores. La mayoría de los niños sufre una combinación de maltrato físico y psicológico. En Chile, según las cifras del Sename, más de 33 mil niños fueron víctimas de violencia durante 2014. Durante ese mismo año, ingresaron 111.440 niños, niñas y adolescentes al sistema de protección de la institución por orden de algún tribunal de familia. Hoy, la cifra de niños vinculados a los programas del Sename es cercana a los 500 mil. De la misma manera, volviendo al adulto mayor, los antecedentes periodísticos indican que hay constantes denuncias sobre los lugares que están habilitados para su cuidado y que terminan causándole daños. Ambos grupos vulnerables requieren una atención del Gobierno, del Estado y del Congreso Nacional. Por eso, votaré a favor este conjunto de proyectos. Pero, quiero señalar la importancia que tiene eso, ya que Chile entrará en una etapa de educación cívica. El anhelo de la inmensa mayoría de los chilenos es contar con una nueva Constitución que sea legítima y democrática en su origen. Aprovechemos la oportunidad para que con la educación, a través de los contenidos transversales y la formación cívica, inculquemos el respeto tanto a los niños, a su integridad física y psicológica, como a los adultos mayores. Hoy es común ver en los medios de transporte público y en los servicios de urgencia y hospitales a adoloridos ancianos esperando, por largas horas en los pasillos o en los halls de los centros de salud, ser atendidos y que se les respeten sus derechos. Esto no tiene directa relación con el tema. Pero en esta Sala hemos abordado el abuso al cual están sometidos miles de adultos mayores que tienen pensiones inferiores a 150 mil pesos, de cuyo total el 93 por ciento corresponde a mujeres. Por lo tanto, después del bochornoso episodio de ayer en la Sala, por Dios que tiene sentido este proyecto para la población chilena. Sería interesante que la ciudadanía supiera que el Congreso Nacional está discutiendo un tema que tiene que ver con la calidad de vida de la gente y, en particular, con los dos grupos más vulnerables de la población. Por eso, votaré a favor el proyecto, porque eso es lo que Chile espera de sus parlamentarios. Se trata de aspectos que tienen que ver con el sentido real de las personas de carne y hueso que sufren constantes situaciones de maltrato. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín . El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, quiero hacer una intervención respecto del proyecto en la misma línea de lo planteado por el diputado Arriagada . Además de felicitar y reconocer el trabajo de sus autores, deseo centrar el debate en cómo generamos una mayor protección jurídica a las personas más vulnerables. Muchas veces hemos discutido -y lo hicimos con motivo de la agenda corta y con justa razón- sobre cómo mejoramos la eficacia de la investigación y la persecución de la sanción penal cuando se trata de delitos contra la propiedad. Pero muy poco debatimos cuando no se trata de esos delitos, sino de la integridad física o psíquica de las personas. Menos aún cuando ellas no son cualesquiera personas. Me refiero a aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que, por lo tanto, requieren de un esfuerzo adicional del Estado para darles una protección jurídica adecuada. En ese grupo apunto en particular a los menores de edad, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, que requieren que establezcamos tipos penales específicos, porque los que hoy considera nuestra legislación muchas veces no alcanzan para establecer una sanción penal a quienes agreden o maltratan a las personas vulnerables. Por ejemplo, el delito de lesiones requiere necesariamente la existencia de un resultado físico en la víctima. Sin embargo, hay una serie de maltratos que no generan ese efecto, por lo tanto no podemos hablar de maltrato con lesiones, pero sí físico. También se puede hablar de maltrato psicológico, cuando se trata de violencia intrafamiliar, el cual debe cumplir con el requisito de que la persona afectada viva bajo el mismo techo de su agresor y que sea habitual para que sea típicamente un delito. No obstante, si no se cumple con esas dos condiciones copulativas, como vivir bajo un mismo techo y que sea un acto habitual, no hay sanción penal. Pero muchas veces los adultos mayores son objeto de ese tipo de agresión, aun cuando en el hogar en común no se viva una situación de maltrato psicológico. Incluso, puede ser que ese maltrato no sea habitual, pero también debe tener un reproche jurídico. Por eso, valoramos este proyecto, porque nos parece comprensivo, contundente y lógico. Además, la iniciativa establece quiénes son posibles de ser sancionados. Cualquier persona que comete ese maltrato puede caer en esa conducta. Lo digo con ocasión del segundo proyecto en Tabla, referido solo a los adultos mayores, porque no tipifica cualquier maltrato, sino que solo cuando aquel es ocasionado por quien tiene el deber de cuidar o custodiar al adulto mayor. En mi opinión, debemos sancionar todo tipo de maltrato, independientemente de que el maltratador tenga el deber de cuidado. Reitero, debemos dar una protección más amplia a los adultos mayores, a los niños y a las personas con discapacidad. Si la persona que tiene el deber de cuidado incurre en maltrato –y eso está muy bien planteado en el proyecto-, se resuelve con una agravante de responsabilidad penal, que es la lógica en virtud de las características personales y del deber de cuidado que le asiste a ella. Obviamente, si cae en una conducta típica de maltrato, eso debe constituir una agravante de la responsabilidad penal. Por lo tanto, desde el punto de vista de la comprensión de las conductas de los sujetos que potencialmente podrían incurrir en esa sanción, pero también respecto de la lógica sobre quiénes tienen el deber de cuidado y cuál es la responsabilidad penal que les asiste –a mi juicio, una responsabilidad penal agravada-, eso me parece mucho más coherente. Hago ese alcance porque debemos legislar con coherencia. Asimismo, quiero señalar con mucha franqueza que no es posible aprobar esta iniciativa y aprobar en forma simultánea el otro proyecto, porque sería incoherente. Tienen un objetivo parecido, pero en cuanto a la solución jurídica que se da en ambos son complemente inconsistentes. En consecuencia, aprobaré con mucho entusiasmo este proyecto, porque –repito- sanciona el maltrato venga de donde provenga, cuando se trate de personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas en situación de discapacidad –no cuestionaré eso mayormente-, y lo resuelve con una agravante, cuando se trate de personas que tienen el deber de cuidado. En mi opinión, esa es la solución jurídica adecuada para esa situación. Lamentablemente, tal como está redactado el otro proyecto, aun cuando comparto su objetivo, no lo aprobaré en esta oportunidad. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda . La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, como una de las autoras de este proyecto quiero agradecer la labor de la Comisión que lo revisó, perfeccionó, fusionó y despachó. Cómo no alegrarnos de entregar una buena señal en el sentido de proteger a los adultos mayores, a los menores y a las personas con capacidades especiales o distintas. Sin embargo, el diputado Claudio Arriagada nos planteaba cómo han ido aumentando las denuncias sobre violencia intrafamiliar, en especial, de maltrato a los menores. Al respecto, también hemos denunciado hechos ocurridos en el Sename. Por otra parte, mantenemos una deuda que tiene que ver con la inercia que ha demostrado el Estado en buscar una solución a los problemas que afectan al Sename, donde están nuestros niños más vulnerables, a los que debemos tratar, cuidar y entregar un entorno que les permita crecer en armonía y felicidad. Como se trata de un asunto de gran complejidad, esperamos que en la ley de Presupuestos de la Nación se contemple la posibilidad de superar diferencias. A propósito de que nos visitan adultos mayores en las tribunas, quiero señalar lo tremendo que significa recibir violencia física y psicológica por parte de un miembro de la propia familia. ¡Qué tremendo resulta reconocer que al interior de una familia un niño está sufriendo violencia física y psicológica! Puede ser un hijo, un nieto, o cualquier miembro de ella. ¡Qué difícil es reconocer que podemos recibir violencia de un encargado de la tuición, del cuidado de un niño! ¡Qué tremendo es reconocerlo! ¡Qué tremendo es reconocer que estamos otra vez cometiendo, no sé si el error, pero la funcionalidad desde el Parlamento de señalar que vamos a subir las penas. ¡Y subamos las penas, y está bien! Vamos a subir las penas. Soy autora del proyecto de ley, pero debemos cuestionar qué nos está pasando. Debemos entender que en la familia, es decir, en el entorno más cercano a las personas, algo está sucediendo, y que la violencia se podrá entender -la que existe, a lo mejor, entre el hombre y la mujer por celos, por no sé qué, lo que también es patológico-, pero no por parte de quien cuida o cuidó un menor. Señor Presidente, cuando vemos las medidas accesorias propuestas que tienen que ver con el servicio o trabajo comunitario, parece que corresponden. Pero preferiría que tuvieran que ver con la ayuda psicológica. No puede ser que al interior de nuestras familias tengamos la enfermedad de aplicar la violencia entre nosotros, la que se da no solo entre el hombre y la mujer, como se ve a diario, sino también contra los menores y personas con discapacidad. ¡Y qué nos está pasando con las frustraciones, con las desigualdades, con el consumismo, con la incapacidad para dialogar y ponernos de acuerdo al interior de la familia! ¡También hay una tremenda frustración al interior de ellas! Me habría gustado que las medidas accesorias no tuvieran que ver con el trabajo voluntario o comunitario, sino con incorporar la terapia psicológica y psiquiátrica. Porque, si no, lo que va a ocurrir, es que van a cumplir con las penas, pero van a volver a la familia. ¡Van a cumplir con la pena accesoria, pero van a volver a la familia! Sería interesante, a lo mejor, en el transcurso del proceso legislativo que resta, abordar la posibilidad de incorporar en las penas accesorias todo lo relacionado con el tratamiento que permita no solo castigar, sino también prevenir. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Honorable Sala, sin suspender la sesión, se cita a reunión de Comités. Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar . La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, no pensaba intervenir en la discusión de este proyecto, sino en el siguiente. Sin embargo, después de la intervención del diputado Fuad Chahin , no me quedó otra posibilidad que inscribirme para hacer uso de la palabra. Creo que él puede tener una postura legítima sobre la forma en que se debe sancionar el maltrato al adulto mayor. No obstante, respecto del proyecto que presentamos en 2006, y para el que fue solicitada urgencia a la ministra de Justicia hace muchos meses, que tiene por objeto tipificar el maltrato cuando es de un cuidador y tipificarlo como un tipo especial. Lo mismos ocurre, por ejemplo, con el parricidio, que no es homicidio con agravante por parentesco, sino que un tipo especial. ¿Por qué? Porque ya existe el agravante cuando se maltrata a un adulto mayor. Es cosa de buscarlo en el Código Penal. Se van a encontrar con que ya existe esa sanción mayor para quien maltrata a un adulto mayor. No se llama adulto mayor. Tiene otro nombre, pero está claramente pensado en ellos, que son las personas más vulnerables. Señor Presidente, me siento desilusionada del Congreso Nacional. Lo digo con todas sus letras. Entiendo que una Comisión decidió fusionar algunos proyectos de ley, no todos, pero es un problema de la secretaría de la Comisión y no del presidente de ella. Durante todo el trámite del proyecto de ley no hemos sido capaces de fusionar los proyectos, ni tampoco hemos sido capaces de enviar un solo proyecto al Senado. En cuanto a este proyecto, que es transversal, que tiene firmas de parlamentarios de todas y cada una de las bancadas, ahora se anuncia que hay parlamentarios que lo quieren rechazar. Eso lo encuentro sorprendente. Este proyecto crea un tipo penal especial para los cuidadores, genera una inhabilidad que nace de la intención directa de proteger a los adultos mayores. No se trata de un proyecto para los menores y que luego asume a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. No, se trata de un proyecto pensado en los adultos mayores y que hoy la Cámara quiere dejar fuera. Agradezco al diputado Ramón Farías la lucha que ha dado, y a los diputados de la Comisión del Adulto Mayor que no son autores del proyecto, pero que nos han ayudado enormemente, como la diputada Daniella Cicardini y otros. Sin embargo, esto que nos está pasando no lo puedo entender. No puedo entender que no haya un mínimo de fair play en esta Cámara. Ahora me pasa a mí como autora de este proyecto de ley, pero el día de mañana le puede pasar a cualquiera. Y eso no corresponde, porque aquí lo mínimo que se debiera respetar es la autoridad de los proyectos. Si se tienen que fusionar, perfecto, que se fusionen, pero –repito- debe haber un mínimo de fair play. Me dicen que se van a votar los dos. La ministra de Justicia les asigna suma urgencia, pero hoy nos anuncian algunos parlamentarios que no están conformes con uno de ello y que por lo tanto lo van a votar en contra. ¡O sea, no permitieron fusionarlos y uno lo van a votar en contra! En verdad, les pido un minuto de reflexión, porque estamos votando un proyecto muy importante para los adultos mayores. Personalmente, como política criminal, luego de conversar con muchos penalistas, creemos que esta es la forma correcta de crear un nuevo acápite en el Código Penal. Me siento desilusionada, porque esto no es a costa de cualquier cosa y, de verdad, debiéramos regular esta situación, ya que de seguro va a suceder en varias oportunidades más. En este proyecto de ley falta una política de cuidado. Ayer vino el capellán de la Fundación Las Rosas a decir que no tuvo financiamiento durante todo el año, a pesar de que tiene asignado 1.600 millones de pesos, que debió cerrar más de 500 camas, que efectivamente la situación de su hogar y de otros es paupérrima, que este año el Estado no les dio los 10.000 pesos que les pasa anualmente y que, además, ni siquiera completaron los 32.000 pesos mínimos que debiesen darse por día cama. No obstante, ayer en la comisión, el diputado Sandoval mencionó el gran número de familias que deben optar entre trabajar o cuidar a adultos mayores, a niños y a adultos en situación de discapacidad, y a niños con enfermedades graves. No puede ser que no contemos con una política mínima de cuidado que permita -más allá de que sancionemos al cuidador, como es el caso de este proyecto de ley-, a las familias hacerse cargo sin que eso termine empobreciéndolas, cargando una vez más el peso sobre las mujeres, quienes habitualmente son las que cuidan. Entiendo que fue un anuncio de la Presidenta Bachelet durante su campaña. Entonces dijo que crearía un sistema nacional de cuidado. Invito a la Cámara de Diputados a pensar la forma en que el Estado pueda financiar a quienes se hacen cargo de nuestros adultos mayores, de nuestros niños en situación de discapacidad o de enfermedad, o de quien lo requiera. Construyamos entre todos un país más solidario, pero partamos en el Congreso Nacional haciendo lo que corresponde. He dicho. El señor BECKER (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi . La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, este proyecto de ley apunta a revertir y a reparar nuestra sociedad. Suscribimos un convenio internacional que nos obliga, como Estado, a buscar todas las medidas, legislativas y administrativas, para que efectivamente se respeten los derechos de los niños. No obstante, algo estamos haciendo mal si las cifras indican que somos uno de los países con mayor maltrato infantil a nivel mundial. No estamos haciendo lo suficiente para que los niños en Chile tengan el cuidado y el respeto que se merecen. Al respecto, se está legislando para crear y para agravar las penas en los casos de maltrato, de abuso sexual y de pederastia. No obstante, coincido con la diputada Sepúlveda en que no solo se trata de leyes, sino que debemos evaluar lo que sucede con nuestra sociedad, que permanentemente maltrata a los niños; al igual que el Estado, a aquellos que debiese cuidar. En Chile hay más de 3.000 niños en protección residencial, los cuales son víctimas de maltrato y de abuso sexual. No sé si nos habremos acostumbrado y habremos naturalizado la violencia de Estado en esta materia, pero el Servicio Nacional de Menores, es denunciado permanentemente a través de distintas instituciones, por ejemplo, comisiones investigadoras, pero hasta la fecha no se conoce ningún cambio en la forma en que son tratados los niños en situación de custodia. Igual o más terrible es cuando la propia familia, que se supone debe cuidar al menor, lo maltrata o lo viola. No obstante, cuando el Estado asume la custodia de ese niño en situación de vulnerabilidad, son maltratados y violentados sexualmente al interior de las residencias en donde debiesen ser cuidados. Claramente, esa situación se ha permitido en nuestro país a lo largo de muchos años; sin embargo, debe terminar. Por ello, junto con el diputado Arriagada y otros, presentaremos una iniciativa para sancionar la violencia de Estado. Este no es un tema individual que ocurra en el ámbito doméstico, sino en el social y en el estatal. El Estado ha permitido que en Chile les sucedan estas situaciones a los niños. Espero que este proyecto se apruebe, pero, claramente debemos ir más lejos, porque estamos violando permanentemente los derechos de nuestros niños. Para muestra, un botón. Hace una semana supe acerca de una mujer de mi distrito que padece cáncer terminal, quien tiene dos hijas; una de seis y otra de nueve años. Sin embargo, el Estado le quitó sus niñas, por no concurrir a las audiencias, ya que se está muriendo. Esa es una situación absolutamente aberrante; sin embargo, ocurre permanentemente en nuestro país. En Chile, constantemente se violan los derechos humanos de los niños, y el derecho a que reciban el cuidado, el cariño y el amor que merecen. Debemos avanzar en eso, por esa razón, votaré a favor el proyecto. Hago un llamado a no naturalizar la violencia que el Estado, el cual debemos fiscalizar y controlar, permite al vulnerar permanentemente los derechos de los niños. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado David Sandoval . El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, frente a un proyecto de tal relevancia humana y social, es absolutamente necesario avanzar en dicho propósito. ¡Quién quiere construir una sociedad basada en la resolución de conflictos a través de la violencia! ¡Quién quiere que un tercero sea sometido a condición de violencia, más aun cuando se trata de menores, de adultos mayores o de personas en situación de discapacidad! Cualquier acción que se realice en el contexto de dicha realidad merece la más absoluta y total condena, y creo que este proyecto va en la dirección necesaria y adecuada al aumentar la penalidad y al establecer registros de inhabilidades respecto de funciones públicas, laborales y otras. Me parece absolutamente razonable la apertura de una instancia que permita el acceso a esta información a personas que el día de mañana la requieran. Recuerdo casos de personas que habiendo sido sancionadas por alguna instancia de estas características, terminaron cumpliendo funciones similares. El proyecto va en la dirección adecuada. Es una pena que en Chile se deba legislar para impedir la violencia, cuando todos debiésemos propiciar la construcción de una cultura de la no violencia. La inmensa mayoría de los jóvenes está construyendo su futuro, sus proyectos y sus ideas en el contexto de la realidad que corresponde, con responsabilidad y con seriedad; por ello, nos alegramos. Sin embargo, vemos jóvenes, absolutamente desquiciados por la intolerancia, realizar acciones vandálicas. Creen que a través de esas acciones, como la bomba incendiaria en las puertas de la iglesia San Francisco de Santiago, impondrán visiones de una sociedad que, sin duda, la inmensa mayoría de los chilenos rechaza. ¡Qué mejor que en vez de leyes y de instancias reglamentarias, existiera en nuestra sociedad una cultura de la no violencia! Eso es lo que se debería construir. Nadie debiese resolver ningún conflicto bajo actos de violencia Imagínense la angustia de las personas discapacitadas o adultos mayores, los más vulnerables, que son objeto de violencia. Me parece muy necesario terminar con esa situación, y bajo ese contexto el proyecto va en la dirección adecuada. Comparto plenamente lo que decía la diputada Karla Rubilar , no podemos tener diversos estándares, y toda persona que ejerce violencia contra un adulto mayor que tiene a su cargo, debe ser sancionada. Insisto, valoro este proyecto porque considero que va en la dirección correcta, pero me parece absolutamente irresponsable, cuestionable, que se pretenda rechazar otra iniciativa que apunta al mismo objetivo y que complementa la ley de violencia intrafamiliar, en la que también se sanciona al que ejerce violencia contra el adulto mayor. Lo que se pretende con la iniciativa presentada por la diputada Karla Rubilar es que la sanción se aplique al cuidador, al que tiene la responsabilidad del bienestar de ese adulto mayor. Finalmente, todos deberíamos hacer un gran esfuerzo para establecer una cultura de la no violencia. Si propiciamos que los problemas o las diferencias deben resolverse con odiosidad, intolerancia o ejerciendo violencia, estamos absolutamente equivocados y construimos una sociedad que no queremos en nuestro país. Debemos utilizar todos los mecanismos que permitan construir una sociedad positiva, de encuentros, que nos permita avanzar. Nuestro partido va a apoyar esta iniciativa y la que aparece en el segundo lugar de la Tabla y, fundamentalmente, vamos a apoyar cualquier iniciativa que vaya en fomento de la cultura de la no violencia. He dicho. -o- El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra la diputada Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero insistir, como lo hice en la discusión del primer informe, en que esta iniciativa debió haberse fusionado con el proyecto que sanciona el maltrato al adulto mayor, agravado si es proporcionado por sus cuidadores, y en que me parece un deber ético apoyar todas las buenas iniciativas independientemente de donde vengan. Desde 1994, Unicef aplica en Chile el Estudio de Maltrato Infantil, que en su cuarta versión estimó que el 71 por ciento de los niños y adolescentes recibe algún tipo de violencia, ya sea psicológica o física, de su padre o de su madre. De ese porcentaje, el 25,9 por ciento es víctima de violencia grave: amenazas con cuchillos, quemaduras de cigarro y golpizas. Ello debe hacernos reflexionar sobre el grado de invisibilidad a que pueden llegar los pequeños de nuestro país en términos del respeto de sus derechos. Según el Servicio Nacional de Menores, durante 2014 ingresaron, por orden de tribunales de familia, 111.440 niños y adolescentes al sistema de protección de la institución. De ese total, el 31 por ciento de los ingresos fue por maltrato. La Unicef determinó también que en Chile el 27,8 por ciento de los menores que sufren maltrato físico grave ha repetido algún curso en su etapa escolar, el 21 por ciento fue consumidor de medicamentos para revertir comportamientos y rendimiento escolar, el 13,2 por ciento se ha emborrachado y el 7,2 por ciento ha consumido drogas, lo que nos lleva a un escenario de mayor gravedad. Además, sabemos que de 1.400 querellas que tramita actualmente el Servicio Nacional de Menores por maltrato infantil, más del 80 por ciento corresponde a abusos sexuales. Por ello, la implementación de la ley N° 20.594, que estableció un registro de condenas por abusos de esa naturaleza e inhabilidades para ejercer empleos y profesiones relacionados con menores de edad, representa un avance en materia de prevenir el abuso contra nuestras niñas y niños. No obstante, es necesario hacer extensivo ese tratamiento a los delitos en contra de la integridad física de los menores, por lo que es clave la modificación del Código Penal que propone el presente proyecto y las mejoras al sistema de registro de inhabilidades. Además de la dura realidad que viven los menores que son abusados por miembros de su propia familia, hemos tenido que observar con impotencia que muchas veces reciben malos tratos en su propio hogar por cuidadores remunerados, casos dados a conocer a la opinión pública en programas televisivos de denuncias. Si un cuidador o cuidadora es descubierto en tales conductas, usualmente recibe una condena por lesiones leves. Por esa razón, me parece una medida correcta el considerar todo tipo de lesiones, desde leves a graves, para inhabilitar a los condenados para trabajar con niños. De esa manera será imposible que un maltratador vuelva a trabajar con menores. Considero que la creación de nuevas causales de inhabilidad para proteger a nuestras pequeñas y pequeños entregará claridad a los padres para decidir quién o quiénes se relacionan con sus hijos, y será una manera efectiva de mejorar la selección y el perfil de las personas que deben ejercer labores de cuidado en instituciones. La existencia de muchas mociones sobre el particular durante este período habla de la importancia de esta materia. Estoy muy satisfecha de ser autora de una de ellas y patrocinante de otras. Apoyar este tipo de mociones apunta al motivo básico de nuestras nociones de bien común: las familias y su eslabón más frágil y sensible: el bienestar de nuestros niños, el cual determinará la salud de nuestro país el día de mañana. Por lo expuesto, anuncio que la bancada del Partido Radical aprobará este proyecto de ley. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Chávez. El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente, existe una valoración general en torno a la necesidad y a la importancia de la iniciativa que estamos debatiendo. Por supuesto, no se trata solo de dar señales, sino de establecer hechos concretos. En ese sentido, la Cámara de Diputados se hace cargo de situaciones que probablemente no pudieron haberse previsto tiempo atrás. Por ello, me sumo a la valoración que se hace a esta iniciativa. No obstante, tal como lo hizo la diputada Yasna Provoste, quiero expresar mi incredulidad respecto de lo siguiente: el diputado informante, Jaime Pilowsky, hizo una relación de las iniciativas que fueron fusionadas y que dicen relación con la materia que estamos abordando, y entre ellas mencionó aquella que modifica el Código Penal para sancionar la seducción de menores a través de medios virtuales. Sin embargo, de la revisión del articulado se puede observar que ese proyecto no fue tratado por la comisión. Es más, ni siquiera hay indicios de que haya sido votado su artículo único. Dicho proyecto fue suscrito por quien habla y por los diputados Flores, Morano, Pilowsky, Rincón, Saffirio y quien habla. Ello me parece de la mayor gravedad, pues en las últimas décadas hemos sido testigos de una masificación en el uso de las nuevas tecnologías, como internet, chat y mensajes entre teléfonos celulares. Personas de todas las edades tienen acceso -con los aspectos positivos y negativos que eso conlleva- a estos medios de comunicación social, lo que, por supuesto, incluye a menores, en especial a aquellos que a muy temprana edad participan activamente en las redes sociales. Estos niños y niñas muchas veces no pueden discriminar con quiénes mantienen relaciones virtuales. Hemos visto en las noticias, en diversos medios de comunicación, cómo algunos de esos menores son engañados por adultos que, escondidos en una identidad falsa, mediante mentiras, los contactan con la finalidad de establecer con ellos una relación de índole sexual. Con nuestro proyecto buscábamos atacar esta situación que se ha ido produciendo, que se denomina grooming, y establecer un tipo penal en la materia, pues lamentablemente hoy existe un vacío en nuestra legislación: está tipificado el acceso físico, pero no el virtual. Además, en dicha iniciativa propusimos algunas agravantes, dependiendo de la edad del menor que fuera objeto de ese tipo de acciones. Quiero dar a conocer un dato que figura en el proyecto que nosotros presentamos. Chile exhibe un aumento explosivo de este tipo de conductas. La prensa escrita ha dado a conocer muchos casos de abusadores de menores que contactan a sus posibles víctimas a través de internet. Al respecto, durante el año 2012 la Brigada del Ciber Crimen de la Policía de Investigaciones detectó 296 casos de grooming, lo que respecto del año 2011 representa un aumento cercano al 34 por ciento. Entonces, quiero plantear una inquietud. El objeto de la presente discusión es absolutamente loable y todos estamos en un gran acuerdo en orden a establecer estos tipos penales y así poder defender a personas indefensas. En la relación de los proyectos y en el tratamiento en la comisión respectiva se mencionó que nuestra iniciativa se estudiaría -consideramos que ella tiene gran importancia, pues busca defender a los menores de edad cuando son acosados a través de medios virtuales-, y se señaló que fue visto por la referida instancia. Sin embargo, el texto final que se está sometiendo a nuestra consideración no consigna ningún tratamiento ni modificación alguna para establecer el tipo penal -menos aún las agravantes- que propusimos. A la luz de lo anterior, pienso que nuestro proyecto podría eliminarse de la fusión y pasarlo, por ejemplo, a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor, para que lo analice. Ello también sería una señal importante sobre la forma en que la Cámara de Diputados se hace cargo de esta realidad que existe en Chile. Por lo tanto, señor Presidente, pido formalmente -en lo que reglamentariamente corresponda- que nuestro proyecto se pueda excluir de la fusión y se envíe a la comisión respectiva, ya que se trata de una iniciativa relevante. Ello, insisto, para dar señales concretas en cuanto a que el Congreso Nacional también establece medidas de protección en favor de los menores de edad cuando son acosados a través de medios virtuales, los que, por cierto, hoy están muy en boga. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal en materia de delitos cometidos contra menores y otras personas vulnerables, y el Código Procesal Penal en materia de acción penal y de principio de oportunidad, en el caso de los delitos cometidos contra adultos mayores. Por acuerdo de los Comités, se excluye la moción que modifica el Código Penal para sancionar la seducción por medios virtuales, por no estar incluida en el informe de la comisión, la que será enviada a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Los artículos 403 quáter, 403 quinquies, 403 sexies, 403 septies y 403 octies, que se agregan al Código Penal mediante el número 5 del artículo 1º del proyecto, así como el artículo 2º de la iniciativa, se dan por aprobados ipso jure, por no haber sido objeto de indicaciones en el primer informe ni de modificaciones en el segundo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación. Por lo tanto, someto a votación particular el texto del proyecto de ley en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana en su segundo informe, con excepción del número 2 del artículo 3º del proyecto, para cuya aprobación se requiere quorum calificado. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Turres Figueroa, Marisol; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Morano Cornejo, Juan Enrique. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En votación particular el número 2 del artículo 3º del proyecto, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de sesenta señoras y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Turres Figueroa, Marisol; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Despachado el proyecto al Senado.