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El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , quiero referirme a un grave problema que, desde hace una importante cantidad de años, afecta a 72 trabajadores de la antigua administración del Casino de Puerto Varas, quienes, en 1999, fueron despedidos de manera absolutamente arbitraria e injusta, violándose sus derechos laborales.
Para nadie es un misterio que, a diario, los derechos laborales aún siguen atropellándose. Prueba de ello es el categórico informe de la Comisión que presidió el colega Carlos Montes, en el cual quedó demostrado que esas prácticas ocurren a lo largo y ancho del país.
Hoy, cuando se acercan las elecciones, en ciudades como Puerto Varas, Puerto Montt y en general en toda la zona, los candidatos a la reelección en la cámara alta, que han ejercido durante muchos años como senadores, llenan las calles de afiches y copan las emisoras radiales contratando millonarios avisos publicitarios, pero cuando en la región han ocurrido problemas como el denunciado, nunca han estado presentes para defender los derechos de los trabajadores. En efecto, los actuales senadores eran miembros de la cámara alta cuando en 1999 fueron despedidos esos trabajadores, y nada hicieron por ellos. Sin embargo, hoy, en forma descarada, pretenden ir a la reelección.
El 23 de diciembre de 1999, el municipio de Puerto Varas clausuró el casino de juegos de la ciudad, tras proceder a caducar el respectivo contrato de concesión. De acuerdo con la medida adoptada, cesaron en sus funciones 72 trabajadores, quienes, junto a sus familias, quedaron en el más absoluto desamparo: se atropellaron sus derechos previsionales y laborales, y no tuvieron aviso de despido ni finiquito. A esas 72 personas se les impidió el ingreso a su lugar de trabajo, sin respeto alguno por su dignidad y sus derechos. El entonces alcalde, señor Eduardo Cerón , en concomitancia con el actual edil, señor Ramón Bahamonde , procedieron a esa torpe actuación.
Lo ingrato de la situación es que en ese entonces se adujo que la empresa tenía problemas económicos con el municipio. Los trabajadores nada sabían; no tenían por qué saberlo, porque hasta ese momento siempre se les cumplió en forma oportuna con el pago de sus sueldos, imposiciones y bonos.
Terminó 1999. Llegó el nuevo año y, con él, el nuevo siglo, y los trabajadores se encontraron en la más absoluta indefensión, sin haber tenido jamás, en su largo desempeño laboral -algunas personas prestaron servicios por más de 15 años en esa empresa-, ningún tipo de problema.
El 7 de enero de 2000, el municipio de Puerto Varas, sin reconocer el grave error y el abuso cometido en contra de los trabajadores, buscó una administración provisoria, para lo cual recurrió a la Corporación de Desarrollo Turístico y Cultural de Puerto Varas, mientras se preparaba una nueva licitación para el otorgamiento de la concesión del casino.
Los trabajadores asumieron consciente y pacíficamente que, en la peor de las formas, se les arrebatara su fuente de trabajo, porque perdieron sus desahucios y la continuidad de sus derechos previsionales y de salud; en fin, de manera arbitraria, les fueron denegados todos los beneficios laborales adquiridos en los años trabajados.
Han pasado largos cinco años, y después de algunas resoluciones judiciales, los trabajadores, con justa razón, aún claman por justicia. Hoy, en los trámites que llevan a cabo en los tribunales de justicia a nivel nacional, están apoyados por la Central Unitaria de Trabajadores.
Esos trabajadores necesitan una respuesta de parte de la Corte Suprema. Su nuevo abogado presentó un recurso de casación en mayo de 2005, y esperan que exista una luz verde para la obtención de sus derechos.
Dada la injusticia cometida contra esos trabajadores, quienes fueron violentados en sus derechos y que hasta el día de hoy sufren graves problemas socioeconómicos junto a sus familias, sin poder recuperar la estabilidad que tenían -en la mayoría de los casos, son personas mayores de cuarenta años-, solicito se oficie al ministro del Trabajo y Previsión Social y al director del Trabajo , con el objeto de que nos informen sobre los mecanismos utilizados para proteger a esos trabajadores; el conocimiento que tienen sobre la materia y cómo la han abordado.
Asimismo, pido que se oficie al alcalde de la municipalidad de Puerto Varas, que actuó de manera bastante arbitraria, a fin de que informe a esta Cámara acerca de los criterios en que se basó para cometer una injusticia tan grande como la que acabo de exponer.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Alejandro Navarro.
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