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El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente, ahora voy a fundar mi voto. Quería reivindicar el derecho de los Senadores que presidimos las Comisiones a poder informar los proyectos que se someten a nuestro conocimiento.
Tal como lo manifestó el Honorable señor Espina , el proyecto obedece a un acuerdo político entre el Gobierno y los parlamentarios de la Concertación y de la Alianza, en términos de buscar la posibilidad de que las víctimas tengan defensa penal.
En ese sentido, la iniciativa nos parece correcta, desde el punto de vista de lo que significa para una persona que acude al Ministerio Público, organismo que posee todas las facultades del mundo para poder representarla, pero que en la práctica resguarda el interés público, no el del particular o querellante, en este caso.
Por lo tanto, es razonable que exista una instancia que represente a quienes son víctimas de delitos. En nuestra institucionalidad ya hay una para los imputados, que es la Defensoría Penal Pública.
En consecuencia, el proyecto presenta esa virtud, que me parece importante.
Sin embargo, leí el artículo de un abogado del Instituto Libertad y Desarrollo en el cual se señala que se debe poner especial cuidado en que la introducción de un nuevo participante en el proceso no signifique, en definitiva, más burocracia para el afectado. Se indica que ya hay graves problemas cuando el ofendido se acerca a un fiscal, porque este a veces lo atiende y a veces no; en algunas oportunidades le entrega información y en otras se la niega. Luego debe presentarse ante el juez. Y resulta que ahora tendría que recurrir a otra instancia más.
Por eso, hay que poner ojo, pues varios especialistas afirman que el agregar un abogado más no necesariamente agilizará el proceso. Estamos hablando de profesionales prestados por el Estado, no de profesionales particulares. Por tanto, no es que el abogado vaya a ir a la casa de la víctima, sino que esta tendrá que dirigirse a una tercera oficina pública para poder ser atendida. A eso me estoy refiriendo.
De ahí que debemos tener cuidado con lo que estamos haciendo. No obstante, como se trata de una reforma constitucional, muchos de los aspectos que aborda podrán ser mejorados en el proyecto de ley que más adelante se tendrá que presentar.
Sin duda, estamos ante una muy buena iniciativa, que, tal como lo hice en la Comisión, voy a apoyar, pues me parece indispensable que exista certeza de que quienes son objeto de delitos contarán también con alguien que los represente, haciendo la advertencia de que ojalá eso no se transforme en un tercer o cuarto lugar donde tengan que concurrir.
He dicho.
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