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El señor CHADWICK .-
Señor Presidente, nosotros vamos a respaldar esta reforma constitucional, que consideramos extremadamente importante.
Al respecto, consideramos justo hacer un reconocimiento al Gobierno y a los parlamentarios que participaron en la Comisión donde se gestó el Acuerdo en materia de Seguridad Ciudadana, porque acogieron en forma inmediata y con muy buena disposición esta reforma, así como el proyecto destinado a implementarla, que esperamos que pueda ingresar en los próximos días al Parlamento.
Sin embargo, quienes estamos más incorporados en el tema hemos visto que académicos muy versados que participaron en la creación del nuevo sistema procesal penal han levantado voces críticas con respecto a la incorporación de un sistema de defensoría de las víctimas, señalando que introduciría un elemento de incoherencia e inconsistencia y que no sería necesario, ya que para ello estaría el Ministerio Público. Pero, como muy bien lo explicaron varios señores Senadores -entre ellos, el Honorable señor Espina -, el Ministerio Público cumple una función más global, que recae en el interés de la sociedad más que en la defensa de las víctimas.
Además, hay un punto que deseo recalcar y que, a mi juicio, motiva fuertemente la necesidad de impulsar esta reforma. Y es que no se puede crear un sistema judicial -en este caso, un procedimiento penal- que discrimine en función de los recursos de las personas. En efecto, si la víctima de un delito dispone de los medios necesarios, recurrirá a la contratación de un abogado, a todo evento. No conozco a nadie que, teniendo recursos y habiendo sido víctima de un delito grave, se haya quedado confiada esperando la acción del fiscal.
Los abogados penalistas siguen existiendo y cada vez que alguien enfrenta un problema y tiene cómo pagarlos recurre a ellos. ¿Por qué? Porque sabe que va a disponer de una mejor opción de defender sus derechos ante los tribunales de justicia si, además de la acción del fiscal, cuenta con la asesoría de un abogado contratado para actuar dentro del proceso.
Desde esa perspectiva, no es justo ni es bueno para el esclarecimiento de la acción de la justicia que las víctimas que carecen de medios económicos se hallen privadas de cualquier asistencia del Estado para los efectos de poder defender sus derechos en igual o mejor posición que la de quienes tienen recursos.
Por lo tanto, creo que esta reforma presenta un profundo sentido social respecto de personas de escasos recursos que son víctimas de delitos -lamentablemente, son muchas en el país- y que, a diferencia de quienes sí poseen medios, en la actualidad no pueden contar con un abogado que les permita una mejor defensa de sus derechos.
Por eso, señor Presidente , concurrimos con nuestros votos favorables a la aprobación de esta iniciativa, esperando que el proyecto de ley que haga posible la implementación del sistema sea enviado lo más pronto posible.
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