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El señor GARCÍA .-
Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional viene a llenar un vacío que existe en nuestro ordenamiento procesal, ya que, como bien se ha dicho aquí, no necesariamente los intereses perseguidos por el fiscal del Ministerio Público son coincidentes con los de la víctima. Muchas veces, más bien son complementarios.
Se trata de una reforma relevante, pues establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no poseen los medios económicos para contratar un abogado por sí mismas.
Aprovechando la presencia del señor Ministro Secretario General de la Presidencia -de quien, en definitiva, depende la agenda legislativa del Gobierno-, quiero consultar cuánto tiempo deberemos esperar para que se implemente el correspondiente proyecto de ley y, sobre todo, para que se contemplen fondos orientados a dar existencia a esta defensoría y asesoría jurídicas gratuitas.
Es muy importante que esta reforma constitucional no se quede en el espíritu ni en la letra, sino que se transforme en realidad. Y para ello necesitamos que el Ejecutivo disponga, mediante una iniciativa de ley, los recursos necesarios, porque, obviamente, su implementación requiere fondos públicos.
Por eso, señor Presidente, junto con votar a favor del proyecto, deseo, por su intermedio, formular estas consultas al Ministro señor Viera-Gallo.
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