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El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, al parecer, la iniciativa tiene las bondades que aquí se han expuesto. Sin embargo, creo que contribuirá a alimentar la frondosidad burocrática de la justicia chilena, que ya alcanza un nivel muy preocupante.
Por otro lado, el consumo de recursos públicos que esta institución está llevando a cabo también es una materia que debe inquietarnos.
Con el desarrollo de los diversos proyectos concernientes al ámbito de la justicia, no sé hasta qué punto el país va a estar en condiciones de resistir presupuestariamente todo el nuevo desafío que tiene por delante.
En lo personal, me surge una duda acerca del rol de los fiscales. Aquí se ha dicho que cumplen una función distinta de la que ahora se atribuye al abogado defensor de las víctimas.
Considero que los delitos que afectan a las personas son materia de interés público. Por lo tanto, la actuación del fiscal, en los hechos, va en resguardo de las víctimas. Y aquello que investiga y pondera y las conclusiones a que arriba naturalmente deberían constituir una defensa de las afectadas.
Vistas así las cosas, la introducción de una nueva institución luce como algo que no resulta una necesidad imperiosa, de acuerdo al examen que acabo de hacer.
Yo siento que es un defecto del funcionamiento actual del sistema el que las víctimas estén quedando desprotegidas, porque la actuación del Ministerio Público tendría que ser, necesariamente, el resguardo que cumple satisfactoriamente con el anhelo de esas personas.
Esta es una iniciativa que de hecho ya cuenta con el amplio apoyo del Congreso Nacional, y, por lo tanto, habrá que ver si de verdad logra la finalidad que aquí se ha descrito. Pero, de todos modos, no puedo dejar de hacer patente mi inquietud en cuanto al volumen que, desde el punto de vista burocrático, está adquiriendo la justicia en nuestro país.
He dicho.
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