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El señor ROMERO.-
Señor Presidente, resulta del todo satisfactorio constatar que se interpretan cabalmente las inquietudes y los requerimientos de las personas, particularmente de las más modestas, cuando se busca establecer un parámetro para que la gente sienta que de verdad se hace justicia.
Cada vez que nos encontramos con situaciones delicadas, producto de delitos violentos, las personas -en especial, en televisión- se desahogan y reclaman justicia. Yo no sé si es un hecho recurrente, pero la madre de un hijo asesinado suele decir: "Lo único que quiero es justicia". Todos andan detrás de ese espíritu de justicia tan humano.
Sin embargo, cuando las víctimas no tienen los recursos económicos para impetrar un proceso como corresponde, naturalmente se produce no solo un desasosiego y una perturbación respecto de lo que debe entenderse por justicia, sino una suerte de resistencia a aceptar que la hay para unos y no para otros.
Creemos que con este proyecto se restablecen situaciones fundamentales para el ser humano.
Además, se plantea acotar esta idea a dos requisitos, a mi juicio, muy importantes: en primer lugar, que las víctimas no estén en condiciones de contratar directamente a un defensor -esto resulta primordial-, porque justamente se trata de proveer a aquellas de los medios de defensa necesarios; y, en segundo término, que los delitos involucrados tengan un carácter violento, entre los cuales se identifican a modo de ejemplo el homicidio, el parricidio, el secuestro, la sustracción de menores, los delitos sexuales, el robo con violencia e intimidación y las lesiones graves, comunes o proferidas en el contexto de una situación de violencia intrafamiliar.
Estimo correcto que acotemos esta situación, pues no cabe la menor duda de que sería imposible satisfacer los requerimientos ciudadanos si quedara abierto el beneficio a cualquier tipo de delito.
Por eso, señor Presidente, quienes suscribimos la iniciativa de reforma constitucional agradecemos la acogida que el Senado le está dando.
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