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El señor CHADWICK .-
Señor Presidente, me gustaría mucho que las palabras del Senador señor Gómez me dieran tranquilidad, pero, lamentablemente, no es así, porque la responsabilidad no recae en él, sino en el Gobierno.
Creo que lo planteado por el Honorable señor García ha sido muy oportuno, pues ha generado este debate.
Haré una breve reseña de lo que estamos aprobando.
La Corte Suprema estableció que el número de nuevos jueces que se requerían para salir del colapso en que se encontraban los tribunales de familia era de 257. De esa forma se podría entrar en un régimen de mediana atención.
El proyecto original del Ejecutivo contemplaba una dotación de 30 nuevos magistrados frente a los 257 que señalaba la Corte Suprema.
El Senador señor Gómez lo ha recordado bien. Fue la Comisión de Constitución la que se negó a continuar tramitando el proyecto si no había por parte del Gobierno un cambio en su voluntad para ampliar el número de jueces. Y luego de conversar con el Máximo Tribunal se acordó adicionar 95 nuevos jueces.
La Corte Suprema señaló que estos 95 nuevos jueces vendrían a significar la sobrevivencia del sistema, la supervivencia del sistema, que con esa cantidad solo se lograba que el colapso no continuara, pero que no se daba ninguna solución real al problema que hemos enfrentado en los tribunales de familia.
Uno se pregunta cómo es posible que en una materia de esta naturaleza y de esta importancia el Gobierno proponga originalmente 31 nuevos jueces y después de algunos meses, frente a la presión de la Comisión, aumente a 95.
¿Por qué el Ejecutivo "pirquinea" en lo concerniente a los tribunales de familia, al nuevo sistema de justicia familiar, que está colapsado?
Se logran 95 nuevos jueces, pero cuando vamos al desglose nos encontramos con que para 41 no existe dotación funcionaria.
La Ministra Margarita Herreros , representante de la Corte Suprema durante el debate habido en la Comisión de Constitución, protestó de manera enérgica por ese hecho. Manifestó que los 95 nuevos jueces eran lo estrictamente indispensable para que el sistema siguiera funcionando, pero puntualizó que si 41 de ellos no tenían dotación funcionaria no se iba a solucionar ningún problema. Lo señaló expresamente y en nombre del Máximo Tribunal.
Señor Presidente , la experiencia nos indica que, en materia de implementación de sistemas judiciales, la Corte Suprema actúa -y lo ha demostrado- con mucha más eficacia, previendo los problemas, que el Ejecutivo .
Con el Senador señor Espina aprobamos en la Comisión la norma en debate -porque el Gobierno fue categórico en indicar que no iba a generar una nueva dotación y en esta materia solo tiene iniciativa el Poder Ejecutivo - como un mal menor, pero dejando expresa constancia en ella -y lo propio hacemos ahora en la Sala- de que lo que estamos despachando no resulta suficiente. Se trata de un paso extraordinariamente tímido, que solo evitará que el sistema siga colapsando, pero no significará mayor avance en términos reales.
Y dejamos ambas constancias a los efectos de que queden muy claras las responsabilidades. Porque no queremos que el día de mañana, cuando enfrentemos de nuevo un colapso en los tribunales de familia, nos vengan a decir que fue culpa del Congreso. ¡No, señor Presidente ! La responsabilidad corresponde exclusivamente al Gobierno, que tiene atribución exclusiva para dotar de recursos a los tribunales de justicia a fin de que funcionen correctamente.
He dicho.
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