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El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente , el año pasado, la Presidenta de la República nos convocó a una importante reunión en el Palacio de La Moneda, con participación de dirigentes agrícolas y representantes de la agricultura familiar campesina de los más diversos lugares.
En la ocasión, la Presidenta Bachelet manifestó su preocupación por la agricultura familiar campesina y dio a conocer su disposición de prestar su apoyo para que esos agricultores puedan seguir trabajando con tranquilidad y esperanzas en su mundo, allí junto a la tierra que heredaron de sus antepasados. Además, la jefa de Estado ofreció la condonación de multas e intereses a los deudores de Indap y la renegociación de las deudas existentes hasta esa época, lo que se haría caso a caso.
¡Qué decisión más importante y digna de aplauso en favor de los pequeños agricultores del país!
Pero cuando vemos cómo opera el sistema en el Instituto de Desarrollo Agropecuario nos asaltan muchas dudas.
Primero, cuando algún pequeño agricultor necesita hacer alguna inversión, personal externo a Indap llena un formulario y el agricultor accede a un crédito del orden de 450 mil o 500 mil pesos. Sin embargo, debe pagar 70, 80 ó 90 mil pesos a quien hace el proyecto, que no hace otra cosa sino llenar un simple formulario. Dicho personal externo, que no tiene culpa de ganar la plata con tanta facilidad, a lo menos hace 50 proyectos al mes. Por lo tanto, si se calcula sobre la base de cualquiera de los montos indicados, reciben una suma sideral.
¿Qué significa esto? Que, por un lado, se entrega un apoyo económico del Estado a esos pequeños agricultores, pero, por otro, se les quita 10, 15 o hasta 20 por ciento de esos recursos.
Por consiguiente, solicito oficiar a la Presidenta de la República , al señor ministro de Agricultura y al señor director nacional de Indap , para que vean la forma de terminar con esta impresentable situación. Porque, si queremos realmente ayudar a la pequeña agricultura -criterio que comparto plenamente-, a través de un organismo del Estado, no se justifica el cobro tan excesivo por un derecho. Ello habla mal de las políticas que estamos implementando. Es como quitarles parte del dinero a quienes se pretende beneficiar. Indap debería designar a un funcionario para que llene los formularios y revise los sencillos proyectos, lo que nunca va a significar más allá de 600, 700 u 800 mil pesos -si se paga bien- y evitará que los pequeños agricultores, los más modestos del mundo agrícola, asuman el pago mencionado a ese personal externo.
Asimismo, quiero que se envíe un oficio en ese sentido al señor intendente y al gobernador provincial del Biobío.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
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