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El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
El Comité Independiente ha pedido el tiempo adicional de cinco minutos a que tiene derecho toda bancada una vez cada tres semanas.
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, con fecha 20 de octubre del presente año, nos enteramos por los medios de comunicación de que el Minsal reconocía un caso de tuberculosis en una niña de nueve años en un colegio de Chicureo.
Dicho ministerio llamó a la calma a la ciudadanía en el sentido de que se trataba de una tuberculosis extrapulmonar no contagiosa, y aunque algunos de sus compañeros salieron positivos en el examen, lo consideró normal.
El domingo recién pasado, gracias a una información entregada por la diputada María José Hoffmann , me enteré de que una de las clínicas de la Quinta Región había sido informada sobre el desabastecimiento de la vacuna contra la tuberculosis, y que no solo sería un problema de la Quinta Región, sino a nivel nacional.
Al día siguiente, el Ministerio de Salud reconoció problemas con el proveedor, que no cumplió con los plazos establecidos, debido a lo cual durante todo el mes de noviembre no hay ninguna posibilidad de vacunar a los niños. Al respecto, cabe precisar que la vacuna contra la tuberculosis se aplica a los neonatos o recién nacidos.
El Ministerio de Salud ha bajado el perfil de la situación al señalar que no hay problema alguno en administrar la vacuna con posterioridad al nacimiento. Efectivamente, eso se puede hacer, pero no corresponde.
Lo más sorprendente del caso es que en noviembre de 2013 se llevó a cabo un proceso de licitación para la provisión de 450.000 dosis de la vacuna contra la tuberculosis, que fue adquirida a un valor unitario aproximado de 251 pesos. En noviembre de 2014 se hizo una nueva licitación, la que fue declarada desierta, puesto que, a pesar de que se reconoció que los requisitos técnicos y administrativos de uno de los laboratorios se cumplían en forma satisfactoria, al parecer este no habría completado el documento correspondiente al anexo N° 9 del contrato, lo que habría impedido que se le adjudicara, no obstante que dicho laboratorio ofrecía el precio más bajo por las dosis de la vacuna: menos de 210 pesos por unidad.
Entonces, aunque un laboratorio ofrecía las mejores condiciones económicas y cumplía con las especificaciones técnicas y administrativas, la única razón por la que no le fue adjudicada la licitación fue que había llenado mal un documento.
Con posterioridad, en febrero de 2015, el Ministerio de Salud, mediante el proceso de trato o contratación directa con otro laboratorio, adquirió 280.000 dosis de la vacuna contra la tuberculosis, por un valor de 315 pesos la unidad, lo que significó un aumento de 30 por ciento del precio ofrecido por el otro laboratorio en la licitación anterior.
Por lo tanto, quiero que se entienda bien: no se llevó a cabo un proceso de licitación, la anterior fue declarada desierta por razones de forma y se llevó a cabo un proceso de trato directo, a raíz del cual las dosis de las vacunas adquiridas costaron 30 por ciento más caras, con la justificación de que eso se debía al cambio de cepa del bacilo de la vacuna antituberculosa, ya que el único laboratorio que disponía de ella la ofrecía a un precio mayor.
Sin embargo, la OMS ha declarado, a través de múltiples informes, que la cepa nueva que contiene la vacuna que adquirimos es una de las que provoca más efectos adversos, razón por la que no entendemos por qué se pagó más por ella, en especial si se considera que, además, es producida por un laboratorio que no ha cumplido con el plazo de envío de las partidas respectivas, lo que ha dejado a nuestros recién nacidos sin su administración.
¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud? Que está adoptando medidas para hacer frente a la situación. ¿Cuáles? Ha facilitado una aplicación computacional a los recintos de salud pública para que registren a los recién nacidos que egresen de ellos sin haber sido vacunados contra la tuberculosis. ¡Pero esa medida no constituye acción de salud pública en ninguna parte!
A pesar de que el contrato que el propio Ministerio de Salud elaboró para el proceso de contratación directa establece, en la letra b) de su cláusula 13, que por incumplimiento grave del proveedor se puede dar término anticipado al contrato, no hemos escuchado una sola palabra de ese organismo respecto de la sanción que aplicará a ese laboratorio por este delicado incumplimiento, que daña la salud pública. Bajar el perfil al problema no es la solución. Las autoridades de Salud han cometido una grave negligencia.
En consecuencia, pido que se oficie a la contralora general de la República subrogante, con copia de mi intervención, con el objeto de que, sobre la base de los antecedentes dados a conocer, disponga que se lleve a cabo una investigación por los problemas generados por un trato directo que no se justifica, que no corresponde, que cuesta más caro, que no se ha cumplido y que significó cambiar una cepa por otra que provoca mayores efectos adversos en la población.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado Jorge Sabag y de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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